CC - T446-2020

Sentencia T-446/20

ACCION DE TUTELA EN MATERIA DE LIBERTAD DE

EXPRESION EN REDES SOCIALES-Reglas de procedencia PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD FRENTE AL BUEN NOMBRE Y HONRA EN INTERNET Y REDES SOCIALES-Personas naturales El cumplimiento del principio de subsidiariedad de las acciones de tutela promovidas entre personas naturales para resolver controversias por publicaciones en redes sociales debe examinarse a partir de la verificación de: (i) la solicitud de retiro o enmienda ante el titular de la publicación; (ii) la reclamación ante la plataforma en la que se encuentra alojado el contenido difamador, y (iii) la relevancia constitucional del asunto. A su vez, este último requisito exige un análisis de contexto de: (a) la persona que emite el contenido (quién comunica), esto, con el fin de verificar si le asisten cargas o prerrogativas especiales; (b) respecto de quién se comunica, parámetro que permite determinar características o cualidades específicas que puedan llegar a incidir en una mayor o menor carga soportable sobre los derechos al buen nombre y la honra y, finalmente, (c) cómo se comunica, condición que pretende analizar las particularidades del mensaje (contenido y canal), así como su capacidad de difusión. DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESION DE FUNCIONARIOS PUBLICOS-Tiene limitaciones mayores a las que ostenta cuando lo ejerce un ciudadano del común De cara a la posibilidad de difundir informaciones y opiniones, los servidores públicos difieren de los particulares, en tanto desempeñan una actividad reglada y con un alto compromiso social; en ese orden, sus manifestaciones deben ser

incluso más prudentes y respetuosas de derechos como el buen nombre, la honra y la intimidad y, por tanto, las posibles extralimitaciones que puedan cometer serán objeto de un control más estricto, con mayor razón, cuando se expresan a través de medios de comunicación masiva, como las redes sociales. DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESION DE FUNCIONARIOS PUBLICOS-Puede tener un impacto mucho mayor en el imaginario colectivo Las declaraciones de los altos funcionarios del Estado sobre temas de interés general, más que al simple uso de su libertad de expresión, corresponden al ejercicio de un poder-deber de comunicación permanente con la ciudadanía, corolario de un sistema democrático en el que los actos o las omisiones de los representantes del poder público se encuentran sujetos a un examen detallado. En otras palabras, los pronunciamientos públicos de determinados agentes del Estado no entran exclusivamente en el ámbito de su libertad de expresión, sino que constituyen una forma de ejercer sus deberes frente a los administrados, y un mecanismo que facilita la conformación de una opinión pública libre e informada, presupuesto indispensable para la discusión y participación de los ciudadanos en la toma de las decisiones que los afectan y en el control del poder público. 2 DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESION DE FUNCIONARIOS PUBLICOS-Poder-deber de comunicación de los altos funcionarios del Estado En relación con el poder-deber de comunicación mediante discursos o intervenciones, ha entendido la jurisprudencia que los servidores públicos, en particular, los altos funcionarios estatales, tienen la facultad y, a su vez, la obligación de (a) informar sobre asuntos de su competencia, (b) fijar la posición

de la entidad frente a los mismos; (c) dar a conocer las políticas oficiales; (d) analizar, comentar, opinar y, defender el programa gubernamental que desarrolla, (e) responder a las críticas; y (f) fomentar el ejercicio de una participación ciudadana responsable, entre otros. PODER-DEBER DE COMUNICACION DE ALTOS FUNCIONARIOS DEL ESTADO-Reglas En virtud del poder-deber de comunicación con los administrados, los altos funcionarios deben garantizar al público la recepción de información lo más completa y ecuánime posible; por ello, la Corte ha señalado que la posibilidad de dirigirse a la ciudadanía no es libre, en tanto envuelve un deber correlativo de respeto por la objetividad, aun cuando los servidores públicos expresen su opinión. Para el efecto se han establecido las siguientes reglas: (i) Si el pronunciamiento se refiere a información que se presenta como auténtica, debe someterse a las cargas de “veracidad y objetividad”. (ii) Si el pronunciamiento no tiene la intención de transmitir información sino criterios personales sobre la política oficial de respectivo servidor, defiende su gestión, responde críticas, o expresa juicios sobre algún asunto, cabe la apreciación personal y subjetiva, no siendo exigible la estricta objetividad. No obstante, “para garantizar la formación de una opinión pública verdaderamente libre, estas opiniones no pueden ser formuladas sino a partir de mínimo de justificación fáctica real y de criterios de razonabilidad”. DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESION DE FUNCIONARIOS PUBLICOS-Jurisprudencia constitucional Los servidores públicos, al tomar posesión de su cargo, juran cumplir y defender

la Constitución y las leyes, de manera que su conducta tiene que precaver eventuales abusos a los derechos de la población y contribuir a la vigencia del ordenamiento jurídico. Por ello, en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, en general, se encuentran sometidos a cargas especiales y mayores restricciones que los demás ciudadanos. Asimismo, las declaraciones de los altos funcionarios del Estado no son absolutamente libres, pues es ne(i) se ciñan a estrictos parámetros de objetividad y veracidad cuando se trata de transmitir información; (ii) expresen sus opiniones a partir de mínimo de justificación fáctica real y de criterios de razonabilidad; (iii) actúen con máxima prudencia y cuidado, con mayor razón cuando cuestionan la rectitud de un ciudadano, y (iv) respeten, protejan y garanticen las prerrogativas de los asociados. cesario que en virtud de su poder-deber de comunicación: 3 PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD FRENTE AL BUEN NOMBRE Y HONRA EN INTERNET Y REDES SOCIALES-Parámetros para determinar relevancia constitucional ACCION DE TUTELA PARA PROTEGER EL DERECHO A LA INTIMIDAD, AL BUEN NOMBRE Y A LA HONRA EN REDES SOCIALES-Improcedencia por incumplir requisito de relevancia constitucional

Referencia: Expedientes T-7.235.254 y T7.248.658.

Acciones de tutela instauradas por Martha Cecilia Díaz Suárez (exp. T-7.235.254) y Carmen Cecilia Delgado Sierra (exp. T7.248.658), contra Rodolfo Hernández Suárez.

Magistrado Sustanciador:

JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS

Bogotá D.C., quince (15) de octubre dos mil veinte (2020). La Sala Octava de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Richard Ramírez Grisales, Alberto Rojas Ríos y José Fernando Reyes Cuartas, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, profiere la siguiente: SENTENCIA Dentro del trámite de revisión de los fallos dictados por: (i) el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Bucaramanga, que confirmó el fallo proferido por el Juzgado Cuarto Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bucaramanga el 18 de septiembre de 2018, dentro de la acción de tutela instaurada por Martha Cecilia Díaz Suárez contra el señor Rodolfo Hernández Suárez (expediente T-7.235.254); y (ii) el Juzgado Once Civil de Bucaramanga dentro de la acción de tutela instaurada por Carmen Cecilia Delgado Sierra contra el señor Rodolfo Hernández Suárez (expediente T-7.248.658).

I. ANTECEDENTES

Expediente T-7.235.254 La señora Martha Cecilia Díaz Suárez, promovió acción de tutela contra el señor Rodolfo Hernández Suárez, solicitando el amparo de sus derechos al buen nombre y a la honra. 4 Hechos y solicitud1

1. Explicó que el 27 de agosto de 2018, el señor Rodolfo Hernández Suárez2, quien para ese entonces se desempeñaba como alcalde del municipio de Bucaramanga, a

través del programa “Hable con el alcalde” transmitido en Facebook Live, profirió afirmaciones ofensivas, injuriosas y falsas que lesionan su buen nombre como presidenta de la Asociación Sindical Colombiana de los Servidores y de los Servicios Públicos -ASTDEMP-, Subdirectiva Bucaramanga, tales como: “Como segundo tema le quiero comentar a la ciudadanía lo siguiente: la politiquería que todavía sigue viva, porque está ahí en el Concejo, está en la Contraloría, está en la Personería, está en unos círculos que se beneficiaban de toda esa corrupción no hace sino metiéndome demandas penales, administrativas y fiscales. Tengo 24 demandas penales, aquí las tengo, aquí están totalmente relacionadas, son 24, me escribieron las últimas dos que fueron la semana pasada y, la gran mayoría son de Martha Cecilia Díaz la presidenta del sindicato, que tiene es un sindicato reivindicativo que es cobrarle y, por lo general, no cumplir con las obligaciones y no tienen un sindicato social que incluya realmente a la clase trabajadora que ella pertenece. Aquí están trabajando y lo que quieren es que no los toquen como venían haciéndole las administraciones anteriores que tenían compromisos con la politiquería, porque ¿qué hacían?, tomen lo que quieran señores del sindicato y los politiqueros se roban todo, ese era el pacto que tenían: denos a nosotros que nosotros no decimos nada, y nosotros aquí arrasamos con el patrimonio público. Entonces, aquí penales 24. Denuncias en la Procuraduría General de la Nación, total 64; mire: unas, tengo dos abogados dedicados a eso, ellos piensan que me asustan con

todas esas denuncias y me quieren arrodillar y a mí no le paro ni 5 de bolas a esto, estoy es concentrado en el hacer, en mejorar la eficiencia y la eficacia de la inversión de los recursos públicos que son de todos los bumangueses. Aquí tenemos otra que nos la lleva la Dra. Gloria Wilches, mire, 45 demandas en la Procuraduría, ellos creen que con esto me arrodillan y me asustan, pero, como les he dicho como les he venido diciendo, ustedes me han visto pero no me conocen, no le comemos cuento a esas acciones que hace la politiquería, y tengo que decir por qué las hacen, porque allá en la Contraloría Municipal tienen pura politiquería, los que se quedaron sin la Alcaldía que pretendían repetir el asalto que hicieron en, anteriormente, entonces el oficio es atacar, pero eso, mire que no han podido arrodillarme y no nos vamos a dejar. Ellos están sorprendidos de que yo no les como cuento a todos esos chantajes y acciones que hacen para poderme doblegar 1 Los hechos narrados por el accionante fueron integrados con las pruebas que obran en el expediente. 2 El demandado fungió como primer mandatario de la ciudad de Bucaramanga entre el 1º de enero de 2016 y el 16 de septiembre de 2019. 5 y que yo quede sumido o sumiso a todos los deseos que tiene la politiquería de poder tomarse la Alcaldía (…)”.

2. Consideró que los señalamientos del accionado resultan especialmente ofensivos y dañinos, no solo por hacer parte de un discurso de acusaciones de corrupción y

conspiraciones, sino también porque el video correspondiente a la transmisión se encuentra en las redes sociales Facebook y YouTube, situación que acarrea una mayor exposición.

3. Por lo anterior, solicitó la protección de sus derechos fundamentales al buen nombre y a la honra y, en consecuencia, se ordene al señor Hernández Suárez “retirar, retractarse y rectificar públicamente”3 las expresiones del 27 de agosto de 2018. Adicionalmente, como medida provisional de protección, pidió ordenar al accionado retirar la información presuntamente trasgresora de sus cuentas de Facebook, Twitter y YouTube, y de su página web.

Trámite procesal

4. El 11 de septiembre de 2018, el Juzgado Cuarto Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bucaramanga avocó la acción constitucional y corrió traslado al señor Hernández Suárez para que se pronunciara acerca de los hechos y pretensiones. De otro lado denegó la medida provisional solicitada, comoquiera que esta se refiere al mismo “objeto de la pretensión final”4.

Contestación

5. El 18 de septiembre de 2018, el señor Rodolfo Hernández Suárez indicó que en la transmisión “Hable con el alcalde” del 27 de agosto de agosto de 2018, se limitó a realizar algunos comentarios relacionados con las conductas de politiquería que se presentan al interior de la Alcaldía de Bucaramanga, las cuales obstaculizan la buena marcha de la administración municipal.

Aseguró que las afirmaciones censuradas solo tuvieron la finalidad de informar a la comunidad sobre la existencia de 24 denuncias penales interpuestas en su contra,

muchas de las cuales corresponden a investigaciones promovidas por la peticionaria. De otro lado, mencionó que la señora Díaz Suárez es funcionaria de carrera de la Alcaldía de Bucaramanga en el cargo de Auxiliar Administrativo, y que el 27 de octubre de 2017 procedió a denunciarla por los delitos de injuria y calumnia, toda vez que esta lo ha señalado en múltiples ocasiones como el autor de las amenazas de muerte que presuntamente ha recibido por su condición de líder sindical. Por último, expuso que la acción de tutela es improcedente, pues la peticionaria se abstuvo de solicitar la rectificación. Sentencias objeto de revisión

6. Primera instancia. El Juzgado Cuarto Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bucaramanga, en providencia del 18 de septiembre de 2018, 3 Cuaderno de tutela, folio 2. 4 Cuaderno de tutela, folio 12. 6 declaró improcedente la acción, al considerar que la accionante (i) cuenta con otras herramientas jurídicas para hacer efectivos sus derechos, y (ii) no solicitó al accionado retractarse de las expresiones presuntamente trasgresoras de su buen nombre y honra.

7. Impugnación. La accionante señaló que la decisión de primera instancia omitió analizar: (i) que las expresiones infractoras se dirigen contra una funcionaria pública –inspectora de policíay subalterna del accionado; (ii) la situación de indefensión en la que se encuentra frente al señor Hernández Suárez; y (iii) que el vídeo ha sido reproducido cerca de 214.000 veces y compartido otras 1400 ocasiones.

Enfatizó en que el accionado se ha valido de su condición de alcalde para emitir declaraciones infundadas y temerarias, pues no existen investigaciones o condenas judiciales en su contra por delitos contra el erario. Agregó que el vocablo “politiquería” tantas veces pronunciado en la alocución, hace referencia a quienes se dedican a la actividad política bajo criterios ruines y mezquinos; de manera que no se trata de un comentario imparcial, sino de una afrenta directa contra su buen nombre y honra.

8. Segunda instancia. El 24 de octubre de 2018, el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Bucaramanga, confirmó el fallo de primera instancia por razones diferentes. Explicó que la solicitud de rectificación solo opera frente a medios de comunicación, de manera que la señora Díaz Suárez sí estaba habilitada para acudir directamente a la acción de tutela; no obstante, consideró que el exalcalde no incurrió en la vulneración iusfundamental alegada, toda vez que las “opiniones”5 que emitió se encontraban respaldadas en hechos constatables, esto es, en las múltiples denuncias que habría formulado la accionante. De otro lado, expuso que la expresión “politiquería”, dada su vaguedad semántica, debía ser analizada en el marco de un proceso penal por los delitos de injuria y calumnia.

Pruebas

9. Las siguientes son las pruebas relevantes allegadas al expediente de tutela:

(i) Grabación de la transmisión efectuada por el accionado el 27 de agosto de 2018, por medio de la plataforma de Facebook (cuaderno de tutela, folio 64). (ii) Copia de la denuncia presentada por el señor Rodolfo Hernández Suárez en

contra de la accionante, por los delitos de injuria y calumnia (rad. 20170090665652)6 (cuaderno de tutela, CD 2). (iii) Copia del informe de la Fiscalía General de la Nación sobre las denuncias formuladas en contra del señor Hernández Suárez; se registran 21 noticias criminales (cuaderno de tutela, CD 2). 5 Cuaderno de tutela, folio 64. 6 En el escrito que formula la denuncia se precisó: “Me permito poner en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, que la presidente del sindicato ASTDEMP (…) realiza imputaciones falsas en contra del Alcalde de Bucaramanga, de ser el autor de las amenazas de muerte (…)”. 7 (iv) Copia de la respuesta emitida el 27 de noviembre de 2017 por la Dirección de Atención a Usuarios de la Fiscalía General de la Nación, en la que se indica que la señora Díaz Suárez ha presentado 7 denuncias frente al accionado por los delitos de secuestro simple, calumnia, amenazas, entre otros (cuaderno de tutela, CD 2). (v) Copia del comunicado emitido por ASTDEMP, en la que se exige al señor Hernández Suárez respetar los derechos de la accionante (presidenta) y los trabajadores afiliados al sindicato (cuaderno de tutela, folios 51 a 53). Expediente T-7.248.658 La señora Carmen Cecilia Delgado Sierra, promovió acción de tutela contra el señor Rodolfo Hernández Suárez, solicitando el amparo de sus derechos al buen nombre y a la honra. Hechos y solicitud7

10. Explicó que el 6 de noviembre de 2018, el señor Rodolfo Hernández Suárez8,

quien para ese entonces se desempeñaba como alcalde del municipio de Bucaramanga, a través del programa “Hable con el alcalde” transmitido en Facebook Live, profirió acusaciones calumniosas, injuriosas y falsas, que lesionan sus derechos al buen nombre y a la honra, tales como: “Aquí me pasan otra, vereda Los Angelinos, asentamiento La Gracia de Dios. Hay unos vendedores que se quieren ir a la cárcel. Octavio Delgado, cédula (…), Alberto Almeyda, cédula (…) y Carmen Cecilia Delgado debe ser pariente, hermana de Octavio el de arriba, cédula (…). Hay otro asentamiento que se llama Fuerza Alternativa Revolucionaria de Colombia, ¡ah, pero son los mismos vendedores! Están vendiendo lotes de 6 por 10 a $12.000.000 y a $20.000.000 sin urbanismo, ¡eso es penal! Entonces, luego se vienen y les compran a ellos y luego vienen aquí que los urbanicen. ¡No!, no le vamos a jalar a eso. Que se derrumba la ¡qué se derrumben las casas!, porque ellos ya están notificados, ellos saben que están es(sic) haciendo simplemente una compra que no reúne los requisitos legales. Repito, vereda Los Angelinos, asentamiento La gracia de Dios, y otro Fuerza Alternativa Revolucionaria de Colombia. Los vendedores son Octavio Delgado, cédula (…), Alberto Almeyda (…) y Carmen Cecilia Delgado (…) Estos simplemente están haciendo es estafas, les vamos a mandar ahoritica mismo las acciones a ver cómo es el cuento para hacerles la judicialización pertinente.

Sin embargo, uno de los que han comprado vienen y me dicen que ya tienen las demandas en la Fiscalía, yo no sé desde cuándo, que la Fiscalía no hace absolutamente nada. Voy a hablar con el director de fiscalías porque esto es 7 Los hechos narrados por el accionante fueron integrados con las pruebas que obran en el expediente. 8 Cfr. nota al pie n.° 2. 8 una estafa que se puede volver un Madoff como en los Estados Unidos. Lotes a $12.000.000 y a $20.000.000 sin ninguna obra de urbanismo. ¡Y lo más grave!, para aplanar el lote pa (sic) que se vea atractivo aplanan y no compactan, cuando hacen la casa, la casa se hunde. Entonces queda advertida la ciudadanía, vereda Los Angelinos, todos los que compren ahí saben que los están robando y luego no se vengan para acá a que les arreglen la irresponsabilidad que hicieron con respecto a una compra mal hecha”.

11. Refirió que es “sucesora legítima”9 de los terrenos de su fallecido cónyuge, los cuales habría mantenido en posesión de forma continua, quieta, pacífica y pública durante 30 años; por tal motivo, inició en el año 2016 un proceso de pertenencia que se adelanta ante el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Bucaramanga bajo el radicado 2016-00056.

12. Explicó que su hijo Octavio Delgado fundó en dichos predios el asentamiento denominado “La Gracia de Dios”10, habitado en la actualidad por cerca de 35 familias que compraron sus lotes y construyeron sus viviendas. Frente al señor

Alberto Almeyda Sánchez, indicó que es amigo y socio del señor Delgado y que son “personas ampliamente reconocidas en los barrios del norte de la ciudad por sus ejecutorias en el ámbito social, su capacidad de convocatoria y liderazgo (…)”11.

13. Consideró que el demandado no cuenta con sustento para señalar que son estafadores, que tampoco confirmó la información antes de realizar tales afirmaciones, y que actuó como fiscal y juez al amenazarlos “en vivo y en directo con enviarlos a la cárcel”12.

14. Así las cosas, solicitó la protección de sus derechos fundamentales al buen nombre y a la honra y, por consiguiente, se ordene al señor Hernández Suárez retractarse de las afirmaciones efectuadas el 6 de noviembre de 2018.

Trámite procesal

15. El 21 de noviembre de 2018, el Juzgado Once Civil Municipal de Bucaramanga avocó conocimiento y corrió traslado al demandado para que se pronunciara acerca de los hechos y pretensiones de la acción constitucional.

Adicionalmente, requirió a la señora Delgado Sierra para que informara si se encontraba actuando en calidad de agente oficiosa de los señores Octavio Delgado y Alberto Almeyda Sánchez. Contestación 9 Cuaderno de tutela, folio 1. 10 Ib. 11 Cuaderno de tutela, folio 2. 12 Ib. 9

16. El señor Hernández Suárez13 indicó que en la transmisión “Hable con el alcalde” del 6 de noviembre, advirtió a la comunidad sobre la venta sin requisitos legales de unos lotes en los asentamientos “La Gracia de Dios” y “Fuerza

Alternativa Revolucionaria de Colombia”, conducta que, en su criterio, configuraría el delito establecido en el artículo 318 del Código Penal14. Destacó que a la Administración Municipal no le consta sobre el proceso de pertenencia adelantado por la parte actora; por el contrario, sí tiene conocimiento de la compraventa de algunos lotes sin el cumplimiento de la normatividad respectiva. Refirió que como primera autoridad local tiene el deber de proteger a los ciudadanos en su vida, honra y bienes; de ahí que en la aludida transmisión estimó necesario informar a la comunidad acerca de las enajenaciones irregulares que se estaban efectuando. Agregó que dichos predios presentan fallas geológicas por lo que no son aptos para construir. En ese orden, adujo que no vulneró los derechos invocados por la accionante y requirió denegar las pretensiones del amparo.

17. De acuerdo con el requerimiento efectuado por el a quo, el 26 de noviembre de 2018 la accionante aclaró que actúa en nombre propio.

Sentencia objeto de revisión

18. Primera instancia. El Juzgado Once Civil Municipal de Bucaramanga, en providencia del 4 de diciembre de 2018, declaró improcedente la acción, tras argumentar que la peticionaria no demostró que se hubiere solicitado al alcalde de Bucaramanga la rectificación de las manifestaciones presuntamente trasgresoras de sus derechos. No se presentó impugnación.

Pruebas

19. Las siguientes son las pruebas relevantes allegadas al expediente de tutela:

(i) Grabación de la transmisión efectuada en Facebook Live por el accionado, el 6

de noviembre de 2018 (cuaderno de tutela, CD anexo en folio 5). (ii) Copia de los contratos de compraventa y de promesas de compraventa de “posesiones y mejoras” respecto de unos “lote[s] de terreno segregado[s] de otro de mayor extensión”, celebrados entre diferentes compradores y los señores Alberto Almeyda Sánchez, Octavio Delgado o la señora Carmen Cecilia Delgado Sierra en calidad de vendedores (cuaderno de tutela, folios 20, 29 a 31, 32 a 33, 34 a 36 y 44 a 46). (iii) Copia de la hoja de visita realizada por la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga -CDMBel 15 de agosto de 2017, a 13 En escrito allegado el 22 de noviembre de 2018. 14 “ARTICULO 318. URBANIZACIÓN ILEGAL. El que adelante, desarrolle, promueva, patrocine, induzca, financie, facilite, tolere, colabore o permita la división, parcelación, urbanización de inmuebles, o su construcción sin el lleno de los requisitos de ley, incurrirá por esta sola conducta, en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento veintiséis (126) meses (…)”. 10 un predio ubicado en el asentamiento La Gracia de Dios. Se registran los siguientes hallazgos “(…) Se identifica a los señores Octavio Delgado y Alberto Almeyda como los vendedores de las parcelas (…)” (cuaderno de tutela, folio 24). (iv) Copia de un recibo de caja menor por valor de $6.000.000 pagados al señor

Alberto Almeyda Sánchez el 19 de julio de 2016 por concepto de “compromiso de compraventa (…) barrio La Gracia de Dios” (cuaderno de tutela, folio 37). (v) Copia del escrito dirigido a la Inspección de Policía del “corregimiento Uno” el 13 de noviembre de 2018, suscrito por 12 ciudadanos, en el cual se exponen que las viviendas se están agrietando y a punto de colapsar, por lo cual esperan la actuación de la alcaldía en contra de quienes están vendiendo sin tener las respectivas licencias (cuaderno de tutela, folios 47 y 48).

II. ACTUACIONES EN SEDE DE REVISIÓN

1. Los asuntos llegaron a la Corte Constitucional por la remisión que hicieron los jueces de instancia en virtud de lo ordenado por el artículo 32 del Decreto 2591 de

1991. El 28 de marzo de 2019, la Sala de Selección de Tutelas número Tres de esta Corporación escogió los expedientes para su revisión y ordenó acumularlos entre sí por presentar unidad de materia, para que fueran fallados en una sola sentencia.

Auto del 16 de mayo de 2019, decreto de pruebas15

2. Revisado el expediente, el Magistrado Sustanciador advirtió la necesidad de ordenar la práctica de varias pruebas a fin de contar con mejores elementos de juicio para adoptar la decisión definitiva. Así pues, se solicitó: (i) a las partes dentro de los expedientes acumulados, ampliar los hechos que originaron la presentación de las acciones de tutela16; (ii) a las sociedades Facebook, Twitter y

Google (YouTube) inscritas en Colombia, certificar la actividad registrada en las redes (reproducciones, comparticiones, “me gusta”) en torno a los vídeos de las transmisiones del 27 de agosto y el 6 de noviembre de 2018; (iii) a la Fiscalía General de la Nación, informar acerca de la existencia de investigaciones penales adelantadas en contra de las señoras Martha Cecilia Díaz Suárez y Carmen Cecilia Delgado Sierra, por las presuntas conductas punibles referidas en las transmisiones objeto de análisis constitucional; y (iv) al Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Bucaramanga, indicar en qué estado se encuentra el proceso de pertenencia por prescripción extraordinaria de dominio, promovido por la señora Delgado Sierra contra Cemex Colombia S.A. (rad. 2016-00056-00). Respuestas Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Bucaramanga 15 Cuaderno de revisión, folio 21. 16 La señora Díaz Suárez debía indicar a través de qué otros medios de comunicación el accionado habría reproducido las afirmaciones del 27 de agosto de 2018. Por su parte, la señora Delgado Sierra respondería si solicitó y obtuvo la licencia de urbanismo para la parcelación, subdivisión o urbanización de los predios ubicados en el asentamiento La Gracia de Dios. Finalmente, el señor Hernández Suárez explicaría si denunció, o tuvo conocimiento de investigaciones penales adelantadas en contra de las respectivas accionantes. Adicionalmente, indicaría si difundió en las redes sociales Twitter y YouTube las alocuciones cuestionadas. 11

3. El 24 de mayo de 2019, la juez titular del despacho17 refirió que el proceso

declarativo identificado con el radicado n.° 2016-00056-00 se encontraba nuevamente en la etapa de admisión de la demanda (22 de mayo de 2019). Explicó que el 27 de marzo de 2019 se decretó la nulidad de todo lo actuado desde el auto admisorio (inclusive), toda vez que se incurrió en la causal prevista en el artículo 133.8 del Código General del Proceso18. Google LLC.

4. El 27 de mayo de 2019, el apoderado general de la entidad indicó que Google LLC es la única titular del servicio que presta la red social YouTube19. Expuso que los vídeos alojados en las diferentes plataformas (Twitter, Facebook, YouTube, etc.) se identifican con una URL20 específica, es decir, una secuencia de números y caracteres que se usan para nombrar y localizar contenido en Internet; en ese orden, para la recopilación de la información requerida mediante el auto del 16 de mayo de 2019, era necesario conocer las URL correspondientes. Así mismo, solicitó conceder un plazo mayor para emitir la respuesta de fondo, toda vez que la misma debía “procesarse” en la casa matriz de Google LLC, ubicada en Estados

Unidos. Secretaría Jurídica de la Alcaldía de Bucaramanga

5. El 30 de mayo de 2019, en relación con el expediente T-7.248.658, la secretaria jurídica de la Alcaldía de Bucaramanga expresó que algunos habitantes de la vereda Los Angelinos advirtieron a la Alcaldía sobre la venta de predios sin requisitos legales que la señora Carmen Cecilia Delgado Sierra estaría realizando en el sector, conducta que se adecúa al delito establecido en el artículo 318 del

Código Penal21. Sostuvo que las afirmaciones efectuadas por el exalcalde el 6 de noviembre de 2018 encuentran fundamento en el artículo 2º de la Constitución Política, según el cual las autoridades de la República están instituidas para proteger la vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades de todos los residentes en el territorio nacional. Por otra parte, frente al expediente T-7.235.25422, indicó que el exmandatario local en ningún momento profirió acusaciones infundadas, y que la señora Díaz Suárez tergiversó la declaración del 27 de agosto de 201823. 17 Cuaderno de revisión, folio 42. 18 “8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a personas determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes (…)”. 19 En sentido similar, Twitter Colombia, Facebook Colombia y Google Colombia, en escritos allegados el 28 y 29 de mayo de 2019, respectivamente, indicaron que las plataformas son operadas, soportadas y controladas por sus homólogas a nivel inter