CC - T467-2020

Sentencia T-467/20

CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR ACAECIMIENTO DE

UNA SITUACION SOBREVINIENTE-Configuración DEBERES DEL JUEZ FRENTE A LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO-Subreglas La carencia actual de objeto genera la extinción del objeto jurídico de la tutela e implica que cualquier orden proferida por el juez caería en el vacío.

Esta figura puede generarse por: i) el hecho superado; ii) el daño consumado; y, iii) la situación sobreviniente. En el daño consumado, surge para el juez de tutela el deber de pronunciarse de fondo y, si es del caso, adoptar medidas correctivas. En el caso del hecho superado y la situación sobreviniente, el juez podrá examinar el asunto con la finalidad de verificar la conformidad constitucional de la situación que dio origen al amparo, avanzar en la compresión de un derecho fundamental, realizar la función de pedagogía constitucional y garantizar la supremacía de la Carta, entre otros.

En estos eventos, también puede proferir remedios adicionales. CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR UNA SITUACION SOBREVINIENTE-Procuraduría eliminó del certificado de antecedentes, el registro de inhabilidad del accionante PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD COMO REQUISITO DE PROCEDENCIA DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Improcedencia por cuanto JEP es competente para resolver solicitud del accionante y no se acreditó perjuicio irremediable El amparo no cumple con el requisito de subsidiariedad porque el actor cuenta con otro mecanismo judicial ordinario para la protección de sus

derechos y la tutela fue utilizada como mecanismo alterno y paralelo al trámite judicial que adelantaba la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP. La Sala arriba a esta conclusión por dos razones: i) la eliminación del registro de la inhabilidad contenida en el inciso 1º del artículo 38 de la Ley 734 de 2002 y que se reflejaba en el certificado de antecedentes, con ocasión del sometimiento del actor a la JEP, era un asunto de competencia de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de esa jurisdicción. En tal sentido, el ordenamiento jurídico ha dispuesto un procedimiento específico para atender esos requerimientos; y, ii) para el momento de la interposición de la acción de tutela el 27 de agosto de 2019, la JEP ya tenía conocimiento de la situación jurídica del actor y estaba en curso el trámite judicial para resolver su sometimiento a esa jurisdicción. 2 SALA DE DEFINICION DE SITUACIONES JURIDICAS DE LA JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ-Competencia para resolver solicitud de eliminación de registro de inhabilidad en el certificado de antecedentes disciplinarios DERECHO A LA PARTICIPACION POLITICA-Materializa principio constitucional de participación ciudadana Los derechos políticos pueden clasificarse de múltiples formas; en el caso particular de la participación, aquellos pueden ser: i) de participación directa (iniciativa legislativa, referendos, entre otros); ii) de acceso a la función pública; y, iii) derecho al sufragio, tanto en su dimensión activa como pasiva. De esta suerte, conforme al artículo 40 de la Carta, entre otros, las

personas tienen la posibilidad de participar en la conformación, el ejercicio y el control del poder político, para lo cual pueden: i) elegir y ser elegidos; ii) tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de participación democrática; iii) constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin ninguna limitación; iv) interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y la ley; y, v) acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, entre otros DERECHO AL DESEMPEÑO DE CARGOS Y FUNCIONES PUBLICAS-Modalidad de derechos políticos Una de las principales expresiones de los derechos de participación en la conformación, el ejercicio y el control del poder político es la posibilidad de acceder a cargos o a funciones públicas, conforme al numeral 7º del artículo 40 de la Constitución. El derecho de acceso a cargos públicos ha sido entendido por la Corte como la protección del ciudadano contra las decisiones estatales que de manera arbitraria: i) le impiden el ingreso a un cargo público; ii) lo desvinculan del mismo; y, iii) una vez encuentra empleo, le obstaculizan injustificadamente cumplir con sus funciones. En conclusión, una de las principales expresiones de la democracia participativa es el derecho de acceso a cargos públicos, que protege al ciudadano de las decisiones estatales que, de manera injustificada y arbitraria, obstaculicen la posibilidad de ingresar y mantenerse en el ejercicio de cargos o de funciones públicas

DERECHO AL DESEMPEÑO DE CARGOS Y FUNCIONES

PUBLICAS-Límites/DERECHO AL DESEMPEÑO DE CARGOS Y

FUNCIONES PUBLICAS-Requisitos La Constitución y el Legislador pueden establecer condiciones, limitaciones y prohibiciones para su ejercicio. La finalidad de dichas restricciones es la de procurar la realización del interés general y de los principios que gobiernan el cumplimiento de la función pública. Dentro de las mencionadas circunstancias, se encuentran las inhabilidades. Aquellas son entendidas 3 como las reglas y exigencias que deben observarse para el acceso y ejercicio de funciones públicas.

INHABILIDADES-Clases Pueden ser: i) generales, porque operan para toda clase de servidores públicos; ii) específicas, ya que fueron establecidas para una determinada rama del poder, entidad, o cargo; iii) temporales, en el sentido de que tienen límite en el tiempo; iv) permanentes; v) absolutas; y, vi) relativas, entre otras.

De igual manera, en razón a su naturaleza y finalidad, la Corte ha manifestado que en el ordenamiento jurídico se han previsto dos grandes clases de inhabilidades: Las relacionadas directamente con la potestad sancionatoria del Estado y se aplican en el marco del derecho penal, disciplinario, contravencional, correccional y de punición por indignidad política. En estos eventos, una vez se incurra en la conducta que la ley considera reprochable, el Estado impone la sanción correspondiente y adiciona una más, la inhabilidad, que le impide al individuo investigado ejercer una determinada actividad pública. Aquellas restricciones que no tienen origen sancionador ni están relacionadas con delitos o faltas, sino que “(…) corresponden a modalidades diferentes de protección del interés general y obedecen a la efectividad de principios, derechos y valores

constitucionales, como son la lealtad empresarial, moralidad, imparcialidad, eficacia, transparencia o sigilo profesional, entre otros postulados” INHABILIDADES-Finalidad Las inhabilidades son circunstancias negativas que buscan asegurar que, quienes aspiran a acceder al ejercicio de la función pública, ostenten ciertas cualidades o condiciones que aseguren su gestión con observancia de criterios de igualdad, eficiencia, moralidad e imparcialidad y que, además, garanticen la prevalencia de los intereses generales de la comunidad sobre los personales. PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION-Ejercicio de la función de tratamiento de antecedentes disciplinarios La Procuraduría tiene la función de registrar los antecedentes disciplinarios de los servidores públicos. Dicha atribución está prevista en el artículo 174 del Código Disciplinario Único. Esa norma dispone la existencia de un registro unificado de sanciones e informaciones negativas a cargo de esa entidad. La referida base de datos contiene las sanciones penales y disciplinarias, las inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el Estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas penales proferidas contra servidores, exservidores públicos y particulares. Para la Sala, se trata de un instrumento que garantiza el principio de publicidad en el acceso al ejercicio de cargos públicos. Es una herramienta que permite conocer de 4 manera oportuna las restricciones, limitaciones y prohibiciones de quienes aspiran a acceder al ejercicio de la función pública. En otras palabras, permite verificar las cualidades, las condiciones y la idoneidad de las

personas en el ejercicio de sus derechos de participación política. Lo anterior, con la finalidad de asegurar que la gestión pública se desarrolle con base en los principios de igualdad, eficiencia, moralidad, imparcialidad y, además, el interés general. PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION-Garantía de habeas data, con base en ley 1581/12/PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION-Debe respetar el acceso, inclusión, exclusión, corrección, adición, actualización y certificación de los datos En el ejercicio de la función de registro de los certificados disciplinarios, la Procuraduría General de la Nación tiene la obligación de garantizar el derecho al habeas data de los ciudadanos con base en la Ley Estatutaria 1581 de 2012. Por tanto, debe respetar el acceso, inclusión, exclusión, corrección, adición, actualización y certificación de los datos, de conformidad con los principios que regulan el proceso de administración de datos personales SALA DE DEFINICION DE SITUACIONES JURIDICAS DE LA JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ-Aplicación parágrafo del artículo 122 de la Constitución En suma, el órgano de la JEP reiteró la regla de aplicación del parágrafo del artículo 122 de la Constitución, en el siguiente sentido: i) no ordenó que fueran borradas, suspendidas, desactivadas o canceladas la totalidad de inhabilidades del actor; ii) solicitó a la Procuraduría incluir una anotación en el registro de antecedentes que aclare la posibilidad del compareciente de ser empleado público, trabajador oficial o contratista del Estado. Además, indicó que dicha entidad debía informar sobre la prohibición de pertenecer a

organismos de seguridad, de defensa del Estado, a la Rama Judicial o a órganos de control y de reincorporación al servicio activo. Esta actuación iii) garantiza el principio de no repetición y es una medida de protección de las víctimas, pues separa de los cargos o posiciones de poder y jerarquía estatal a quienes participaron en la comisión de violaciones de derechos humanos. Seguidamente, la Sala verificará la actuación de la Procuraduría General de la Nación en el cumplimiento de la orden proferida por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP. La Corte insiste en que este análisis no pretende que la Corte funja como órgano encargado de verificar el cumplimiento de las decisiones de esa jurisdicción. En tal sentido, se limita a examinar la gestión de la entidad accionada en el marco del respeto por los postulados superiores. DERECHO AL DESEMPEÑO DE CARGOS Y FUNCIONES PUBLICAS-Vulneración por Procuraduría al no eliminar del certificado 5 de antecedentes, el registro de inhabilidad del accionante, ordenado por la JEP

Referencia: Expediente T-7.744.420.

Acción de tutela instaurada por Guillermo Rodríguez Rodríguez contra la Procuraduría General de la Nación.

Procedencia: Sala de Casación Penal de la

Corte Suprema de Justicia.

Asunto: Carencia actual de objeto por circunstancia sobreviniente.

Pronunciamiento de la Corte con fines pedagógicos y para garantizar la supremacía constitucional. Improcedencia de la acción de tutela por falta de subsidiariedad. Importancia constitucional de las inhabilidades en el marco de la

Jurisdicción Especial para la Paz. Advertencia a la Procuraduría General de la Nación.

Magistrada Sustanciadora:

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO.

Bogotá, D. C., tres (3) de noviembre de dos mil veinte (2020). La Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por el Magistrado José Fernando Reyes Cuartas y las Magistradas Cristina Pardo Schlesinger y Gloria Stella Ortiz Delgado, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente SENTENCIA En el trámite de revisión del fallo de segunda instancia emitido por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el 29 de octubre de 2019, que confirmó la sentencia proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, el 9 de septiembre 2019, que declaró improcedente la acción de tutela formulada por Guillermo Rodríguez Rodríguez en contra de la Procuraduría General de la Nación. 6 El asunto llegó a la Corte Constitucional, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, por remisión que efectuó la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. El 14 de febrero de 2020, la Sala de Selección de Tutelas Número Dos de esta Corporación escogió el presente caso para su revisión.

I. ANTECEDENTES El 27 de agosto de 2019, Guillermo Rodríguez Rodríguez formuló acción de tutela en contra de la Procuraduría General de la Nación. Invocó el amparo de sus derechos al trabajo, al habeas data, a la igualdad, a la paz, a la dignidad

humana, al mínimo vital, al debido proceso y “al cumplimiento y acatamiento de orden judicial”.

A. Hechos y pretensiones

1. El 22 de agosto de 2007, el Juzgado Penal del Circuito de Granada (Meta) profirió sentencia condenatoria en contra del actor por hallarlo responsable penalmente como determinador del delito de homicidio agravado. Le fue impuesta la pena principal de 25 años de prisión y la accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo. Ese despacho negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria1.

2. El tutelante expresó que, el 15 de junio de 2017, el Juzgado 13 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá le concedió la libertad transitoria y anticipada. El 22 de marzo de 2018, mediante Auto Interlocutorio No. 0332, ese despacho declaró la suspensión de la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas impuesta al actor. Precisó que el peticionario “Puede ser empleado público, trabajador oficial o contratista del Estado, en virtud de la suspensión de la pena accesoria de inhabilitación”.

Finalmente, ordenó comunicar la decisión a la Secretaría de la Jurisdicción Especial para la Paz -JEPy al Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilitación -SIRIde la Procuraduría General de la Nación2. La autoridad judicial consideró que el solicitante fue beneficiario de la Ley 1820 de 2016 y de sus decretos reglamentarios. Refirió que, al tener la libertad

transitoria, condicionada y anticipada desde el 17 de junio de 2017, podía ser nombrado como empleado público, trabajador oficial o contratista del Estado. Por lo anterior, resolvió que la pena accesoria debía suspenderse mientras la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz -JEPresuelve de fondo su situación3. 1 Folio 12 cuaderno principal. 2 Folios 12-16 cuaderno principal. 3 Folio 15 cuaderno principal. 7

3. Indicó que el mencionado juzgado profirió el Auto interlocutorio 0940 del 10 de agosto de 2018. Esa providencia declaró desiertos los recursos de reposición y de apelación presentados por el Ministerio Público contra la decisión del 22 de marzo de 2018. En consecuencia, mantuvo incólume la declaratoria de suspensión de la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas impuesta al tutelante4.

4. Expuso que en el certificado de antecedentes que expide la Procuraduría General de la Nación figura la anotación de inhabilidad para desempeñar cargos públicos hasta el 8 de octubre de 2023. Informó que presentó 2 peticiones a esa entidad para que actualizara la información personal en el SIRI con base en las providencias proferidas por el Juzgado 13 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá. La autoridad negó sus solicitudes. Particularmente, refirió que mediante Oficio No. CGS 939 MIB del 11 de abril de 20185, la institución manifestó lo siguiente:

“(…) aun es visible en su certificado una inhabilidad para desempeñar cargos públicos, que finalizará el 08/10/23, ya que su duración es de 10 años y se cuentan a partir de la fecha de ejecutoria. Al respecto, es pertinente aclarar que esta inhabilidad no fue impuesta como sanción por el juez, dentro del proceso penal que se adelantó en su contra, pues se genera automáticamente producto del quantum punitivo impuesto en la sanción penal, que recordemos en el caso concreto, fue de veinticinco (25) años, razón por la cual se cumplen los requisitos objetivos señalados en el Artículo 38, numeral 1 de la Ley 734 de 2002: haber sido condenado a pena privativa de la libertad mayor de cuatro años, y que haya sido por la comisión de un delito doloso.”6 De igual manera, manifestó que mediante oficio del 13 de agosto de 2019, la entidad le indicó que acusaba recibo de las providencias judiciales expedidas en el marco de la ejecución de la pena y que, además, las sanciones vigentes figuran en el certificado ordinario de antecedentes. De igual manera, las sanciones intemporales están inscritas en el certificado especial para cargos públicos especiales.

5. Según el actor, la Procuraduría General de la Nación vulneró sus derechos al trabajo, al habeas data, a la igualdad, a la paz, a la dignidad humana, al mínimo vital, al debido proceso y “al cumplimiento y acatamiento de orden judicial”. Insistió en que la inhabilidad que aparece vigente en los certificados ordinario y especial le impide vincularse laboralmente a entidades públicas o

privadas. Esta situación, presuntamente, le afecta la subsistencia propia y la de su familia7. Finalmente, solicitó una medida provisional para que en 24 horas 4 Folios 17-19 cuaderno principal. 5 Folios 21-23 cuaderno principal. 6 Folio 22 cuaderno principal. 7 Folio 3 cuaderno principal. 8 se ordene la actualización de la información sobre su inhabilidad, contenida en los certificados expedidos por la accionada.

B. Actuaciones en sede de tutela La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá avocó conocimiento de la acción de tutela mediante Auto del 27 de agosto de 20198.

En esa providencia, vinculó al Juzgado 13 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá y al Centro de Servicios Administrativos de la misma ciudad. Además, negó la medida provisional, al considerar que el peticionario no acreditó la configuración de un perjuicio inminente9. Intervención del Juzgado 13 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá La autoridad judicial relató las actuaciones procesales adelantadas y aseguró que “(…) desconoce el tratamiento que sobre el particular le la (sic) la Procuraduría General de la Nación a las decisiones judiciales, como la aquí referida (…)”10. Intervención de la Procuraduría General de la Nación La entidad accionada señaló que la anotación consignada en el certificado de antecedentes del demandante se sustenta en el numeral 1º del artículo 38 de la Ley 734 de 200211, el cual establece que: “(…) también constituyen inhabilidades para desempeñar cargos públicos, a partir de la ejecutoria del

fallo, las siguientes: 1. (…) haber sido condenado a pena privativa de la libertad mayor de cuatro años por delito doloso dentro de los diez años anteriores, salvo que se trate de delito político (…)”. En este sentido, explicó que se trata de una restricción legal que impide a la persona gozar de ciertos derechos y no de una pena o sanción impuesta por el juez o la Procuraduría12. Asimismo, adujo que no desconoció los derechos fundamentales invocados porque la información que consta en el certificado es veraz y comprobable y, además, se actualiza de conformidad con los reportes de la autoridad judicial. Agregó que los datos sobre antecedentes o inhabilidades sólo son exigibles para acceder al empleo público, por lo que dicha información no constituye un obstáculo para trabajar en el sector privado13. Intervención del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá 8 Folio 26 cuaderno principal. 9 Folios 31-35 cuaderno principal. 10 Folios 44-45 cuaderno principal. 11 “Por la cual se expide el Código Disciplinario Único”. 12 Folio 55 cuaderno principal. 13 Folio 56 cuaderno principal. 9 La entidad hizo un recuento de las actuaciones procesales adelantadas. Adicionalmente, manifestó que comunicó de forma oportuna a la Procuraduría la decisión del 22 de marzo de 2018, dictada por el juez de ejecución de penas que conoce de la situación del actor. Por esta razón, corresponde al ente de control actualizar las bases de datos respectivas14.

C. Decisiones objeto de revisión Fallo de tutela de primera instancia

Mediante fallo del 9 de septiembre de 201915, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá declaró improcedente el amparo. Consideró que la inhabilidad es una consecuencia de lo previsto en el numeral 1º del artículo 38 de la Ley 734 de 2002. Al respecto, resaltó que el actor fue condenado a 25 años de prisión y que la inhabilidad estaría vigente hasta el 8 de octubre de

2023. Esto último, en razón a que el fallo condenatorio cobró ejecutoria el 9 de octubre de 2013.

Agregó que la suspensión de la pena accesoria no incide en el dato negativo reprochado por el actor. De hecho, las decisiones judiciales relacionadas con el cumplimiento o la extinción de la condena no rehabilitan ni extinguen los efectos de la inhabilidad. Lo anterior, por cuanto se trata de una restricción legal que limita el acceso al empleo público y que no está condicionada al control de los jueces de conocimiento o de ejecución16. Por último, indicó que el peticionario no demostró que dicha circunstancia hubiese truncado una posible vinculación con el sector privado, escenario en el cual se encuentra plenamente habilitado para trabajar17. Impugnación El 13 de septiembre de 2019, el señor Guillermo Rodríguez Rodríguez impugnó la decisión de instancia. Argumentó que el a quo efectuó una interpretación errónea del artículo 122 de la Constitución. Resaltó que, con base en dicha norma, el juzgado de ejecución: (i) declaró la suspensión de la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas; ii) precisó que el actor podría desempeñarse como empleado

público, trabajador oficial o contratista del Estado; y, iii) ordenó comunicar la decisión a la Procuraduría. Por otro lado, el tutelante cuestionó la afirmación según la cual la inhabilidad es una consecuencia de lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 38 de la Ley 734 de 2002. A su juicio, tal interpretación desconoce el alcance del artículo 122 Superior. Con fundamento en lo expuesto, solicitó que se ordenara a la 14 Folio 65 cuaderno principal. 15 Folios 67-82 cuaderno principal. 16 Folio 78 cuaderno principal. 17 Folio 80 cuaderno principal. 10 Procuraduría actualizar el SIRI con base en lo decidido por el Juzgado 13 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá. Fallo de tutela de segunda instancia En sentencia del 29 de octubre de 2019, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la decisión de primera instancia. En concreto, consideró que la decisión del juez de ejecución está supeditada a la inhabilidad derivada de la sentencia condenatoria. De otra parte, agregó que la vigencia del reporte negativo responde a lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 38 de la Ley 734 de 2002. Con fundamento en lo anterior, precisó que: “(…) aunque la entidad encausada se negó a remover dicha inhabilidad de su base de datos, ello no implica desconocer la orden del juez de ejecución de penas pues, se insiste, ese funcionario en ningún momento se refirió a la causal objetiva establecida en el artículo 38 del Código Disciplinario Único, sino a la pena accesoria

impuesta en la sentencia condenatoria. En todo caso, el ciudadano Rodríguez Rodríguez tiene la posibilidad de solicitar a la Procuraduría General de la Nación la remoción del reporte negativo con fundamento en el artículo transcrito, para que esta entidad tenga la oportunidad de analizar dicho pedimento a la luz del artículo 122 de la Carta Política.”18

D. Actuaciones en sede de revisión Con ocasión de la emergencia de salud pública generada por la pandemia que provocó el COVID-19, mediante Acuerdo PCSJA20-11517 del 15 de marzo de 202019 el Consejo Superior de la Judicatura suspendió los términos judiciales en todo el país. Esta medida cobijó a las Altas Cortes20 y, específicamente, a los trámites de revisión eventual de tutelas en la Corte Constitucional21. La suspensión inicialmente fue prevista entre el 16 y el 20 de marzo del presente año. Sin embargo, fue prorrogada hasta el 30 de julio 18 Folio 12 cuaderno de impugnación. 19 Artículo 1º del Acuerdo PCSJA20-11517 del Consejo Superior de la Judicatura: “Suspender los términos judiciales en todo el país a partir del 16 y hasta el 20 de marzo de 2020, excepto en los despachos judiciales que cumplen la función de control de garantías y los despachos penales de conocimiento que tengan programadas audiencias con persona privada de la libertad, las cuales se podrán realizar virtualmente.

Igualmente se exceptúa el trámite de acciones de tutela”. 20 Artículo 1º, inciso 1º del Acuerdo PCSJA20-11518 del 16 de marzo de 2020 del Consejo Superior de la

Judicatura: “Suspensión de términos. Mantener las medidas de suspensión de términos procesales en los juzgados, tribunales y Altas Cortes, entre el 16 y el 20 de marzo. Se exceptúan las acciones de tutela y los habeas corpus”. 21 Artículo 1º del Acuerdo PCSJA20-11519 del 16 de marzo de 2020 del Consejo Superior de la Judicatura: “Se suspenden los términos de la revisión eventual de tutelas en la Corte Constitucional del 17 al 20 de marzo de 2020. // Parágrafo. Los despachos judiciales no remitirán los expedientes de acciones de tutela a la Corte Constitucional hasta tanto se levanten las medidas adoptadas”. 11 de 2020 en forma sucesiva e ininterrumpida, mediante posteriores acuerdos adoptados por esa misma institución22.

Levantada la suspensión de términos, el 3 de agosto de 2020, tras consultar el certificado de antecedentes del señor Guillermo Rodríguez Rodríguez en la base de datos de la Procuraduría, el despacho de la Magistrada Sustanciadora constató que tenía inscrita la inhabilidad objeto de reproche, y que su vigencia se extendía hasta el 8 de octubre de 2023. Para efectos de adoptar una decisión en el asunto de la referencia, ese mismo día, la Magistrada Ponente decretó pruebas de oficio. Particularmente, solicitó información a (i) Guillermo Rodríguez Rodríguez23; (ii) a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP24; y (iii) al Juzgado 13 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá25.

Intervención de Guillermo Rodríguez Rodríguez Mediante escrito enviado por correo electrónico el 11 de agosto de 2020, el tutelante indicó que la JEP aún no ha resuelto su situación jurídica. Esta situación, a su juicio, obedece a un criterio de priorización de casos. Agregó que: “(…) nunca he pedido la suspensión de la inhabilidad a esa instancia (JEP), por cuanto considero que la información suministrada por el Juzgado 13 EPMS y la misma ley en referencia (1820 de 2016), dan el suficiente sustento jurídico para que se tenga en cuenta mi solicitud reiterativa ante la Procuraduría, además, doy por hecho, la fluida comunicación entre las instituciones para la definición de asuntos del mismo carácter.” Finalmente, insistió en su petición a la Corte de conceder el amparo pretendido, a efectos de facilitar su inserción laboral en el sector privado. 22 Acuerdos PCSJA20-11521 del 19 de marzo, PCSJA20-11521 del 22 de marzo, PCSJA20-11532 del 11 de abril y PCSJA20-11546 del 25 de abril de 2020, PCSJA20-11567 de 2020 y PCSJA20-11581 del 27 de junio de 2020. 23 La solicitud de la Corte fue la siguiente: “(…) indique cuál es su situación actual ante la Jurisdicción Especial para la Paz-JEP. En tal sentido, deberá precisar si ha solicitado ante esa autoridad judicial la eliminación del registro de la inhabilidad contenida en el numeral 1º del artículo 38 de la Ley 734 de 2002. En caso afirmativo, expondrá si su petición fue resuelta o no, para lo cual remitirá copia digitalizada de las

actuaciones surtidas.” 24 En particular, se le pidió informar: “(…) el estado actual del proceso de definición de situación jurídica y de supervisión de la libertad transitoria y anticipada del señor Guillermo Rodríguez Rodríguez identificado con cédula 91.250. 492. También indicará si el actor ha solicitado la eliminación del registro de la inhabilidad contenida en el numeral 1º del artículo 38 de la Ley 734 de 2002 y, en caso afirmativo, manifestará si ha resuelto dicha petición. Finalmente, deberá remitir copia íntegra y digitalizada del expediente. Adicionalmente, deberá indicar si el beneficio de libertad transitoria y anticipada contenido en la Ley 1820 de 2016 cobija la inaplicación o suspensión, en los términos del artículo 31 de la Ley 1957 de 2019, de la inhabilidad para desempeñar cargos públicos contenida en el numeral 1º del artículo 38 de la Ley 734 de 2002.” 25 Específicamente, se le solicitó remitir: “(…) copia digitalizada de la providencia del 15 de junio de 2017, mediante la cual concedió la libertad transitoria y anticipada al señor Guillermo Rodríguez Rodríguez.” 12 Intervención de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz Mediante correo electrónico del 13 de agosto de 2020, ese despacho judicial informó lo siguiente: - En fallo del 22 de agosto de 2007, el Juzgado Penal del Circuito de Granada, Meta, declaró penalmente responsable al Mayor Guillermo Rodríguez Rodríguez, adscrito al Batallón de Contraguerrilla No. 42 de la División

Séptima del Ejército Nacional, por la comisión del delito de homicidio agravado en calidad de determinador. Por lo anterior, le impuso la pena principal de 25 años y la accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo. El 14 de diciembre de 2012, la Sala de Decisión Penal de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio confirmó la decisión. - El 1º de septiembre de 2014, el Juzgado 13 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá