CC - Auto A. 1324 26 de 2026

Corte Constitucional

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Detalles

Título
CC - Auto A. 1324 26 de 2026
Autor
Corte Constitucional
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Constitucional
Año
2026

REPÚBLICA DE

COLOMBIA

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CORTE CONSTITUCIONAL

Sala Plena

AUTO 1324 DE 2026

Referencia: expediente CJU-7893

Asunto: conflicto de competencia entre jurisdicciones suscitado por el Tribunal Administrativo de Caldas yel

Juzgado 005 Laboral del Circuito Judicial de Manizales

Magistrado Ponente: Jorge Enrique

Ibáñez Najar

Bogotá D.C., treinta (30) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de la prevista en el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, profiere el siguiente

AUTO

I. ANTECEDENTES

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de la prevista en el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, profiere el siguiente

AUTO

I. ANTECEDENTES

1. Hechos.[[1]](#_ftn1) El 20 de agosto de 2021, las señoras Laura Alejandra Gómez Giraldo y Diana Sofía Gómez Giraldo, en calidad de hijas y causahabientes del señor Juan Bernardo Gómez Posada, por conducto de apoderado judicial, presentaron demanda contra el municipio de Belalcázar, la Personería Municipal de Belalcázar y la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. (Porvenir S.A.). A través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho buscaron obtener la nulidad del Oficio MB-DA-062-2021 del 22 de abril de 2021, expedido por la alcaldía municipal de Belalcázar, y de los oficios PMB-158 del 9 de diciembre de 2020 y PMB-163 del 16 de diciembre de 2020, expedidos por la Personería Municipal de Belalcázar, mediante los cuales no se accedió al reconocimiento y pago de las acreencias pensionales faltantes del causante.

2. De acuerdo con la demanda, el señor Juan Bernardo Gómez Posada fue elegido personero municipal de Belalcázar para el periodo 2001-2004 y desempeñó dicho cargo entre el 5 de enero de 2001 y el 31 de diciembre de 2004. La parte actora sostuvo que el causante se afilió al fondo de pensiones Porvenir S.A. desde marzo de 2001 y que, durante el tiempo en que ejerció como personero municipal, no se registró la totalidad de los pagos correspondientes a aportes pensionales. Por esa razón, la parte actora solicitó que se ordenara a las entidades demandadas reconocer y pagar los aportes faltantes, estimados en $13.458.016, con el fin de tramitar la prestación pensional correspondiente a favor de sus causahabientes ante la entidad pensional.

3. El Juzgado 006 Administrativo del Circuito Judicial de Manizales declaró su falta de competencia por el factor cuantía.[[2]](#_ftn2)Mediante Auto del 6 de septiembre de 2021, esa autoridad judicial consideró que, conforme al artículo 155.2 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), contenido en la Ley 1437 de 2011, los jueces administrativos conocen en primera instancia de los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral que no provengan de un contrato de trabajo, siempre que la cuantía no exceda de 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En consecuencia, ordenó remitir el expediente al Tribunal Administrativo de Caldas, con fundamento en el artículo 168 del CPACA.

4. El Tribunal Administrativo de Caldas declaró su falta de jurisdicción.[[3]](#_ftn3)Mediante Auto del 5 de noviembre de 2021, esa autoridad judicial señaló que, si bien el artículo 104.4 del CPACA atribuye a la jurisdicción de lo contencioso administrativo el conocimiento de las controversias relativas a la seguridad social de los empleados públicos cuando el régimen esté administrado por una persona de derecho público, el artículo 2.4 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social (CPTSS), contenido en el Decreto Ley 2158 de 1948, asignó a la jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de la seguridad social, las controversias referentes al Sistema de Seguridad Social Integral que se susciten entre afiliados, beneficiarios o usuarios, empleadores y entidades administradoras o prestadoras, cualquiera que sea la naturaleza de la relación jurídica o de los actos controvertidos.

5. Al descender al caso concreto, el Tribunal Administrativo advirtió que las demandantes, en calidad de hijas herederas del señor Gómez Posada, pretendían que el municipio de Belalcázar y la Personería Municipal de Belalcázar pagaran los aportes pensionales dejados de cancelar al causante con destino a Porvenir S.A. Además, precisó que, aunque la demanda hacía referencia a una indemnización sustitutiva, el causante estaba afiliado a un fondo privado de pensiones y, por tanto, la pretensión se relacionaba con la devolución de saldos prevista para el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad. Con apoyo en jurisprudencia del Consejo de Estado[[4]](#_ftn4) sobre bonos pensionales y controversias propias del Sistema General de Seguridad Social, concluyó que el litigio correspondía a la jurisdicción ordinaria laboral y de la seguridad social.

6. El Juzgado 001 Laboral del Circuito Judicial de Manizales admitió la demanda y dio trámite al proceso ordinario laboral. El asunto fue repartido inicialmente al Juzgado 001 Laboral del Circuito de Manizales, autoridad judicial que, luego de revisar la demanda, la inadmitió y ordenó su subsanación, en particular, ordenó a la parte actora adecuar el escrito de demanda al proceso laboral.[[5]](#_ftn5)

7. En el escrito de adecuación, la parte actora estableció como pretensión principal el reconocimiento de las acreencias pensionales presuntamente adeudadas por la alcaldía de Belalcázar, la Personería Municipal de Belalcázar y Porvenir S.A., esta última en calidad de tercero interviniente en la relación de recaudo. Lo anterior, en favor de las señoras Laura Alejandra y Diana Sofía Gómez Giraldo, como causahabientes del señor Gómez Posada, por el periodo en que este se desempeñó como personero municipal de Belalcázar, esto es, entre el 5 de enero de 2001 y el 30 de diciembre de 2004. La finalidad de la reclamación consistía en obtener los aportes necesarios para tramitar la respectiva indemnización sustitutiva pensional.[[6]](#_ftn6)

8. Mediante Auto del 6 de junio de 2022, el Juzgado 001 Laboral del Circuito Judicial de Manizalesadmitió la demanda promovida por las señoras Gómez Giraldo.[[7]](#_ftn7) Posteriormente, por medidas de redistribución judicial adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura, el expediente fue remitido al Juzgado 004 Laboral del Circuito de Manizales, con fundamento en el Acuerdo PCSJA22-12028 del 19 de diciembre de 2022, relacionado con la creación de ese despacho judicial.[[8]](#_ftn8) Más adelante, por la misma razón, fue remitido al Juzgado 005 Laboral del Circuito de Manizales, con fundamento en el Acuerdo PCSJA23-12124 del 19 de diciembre de 2023, relativo a la creación de esa célula judicial.[[9]](#_ftn9)

9. El Juzgado 005 Laboral del Circuito Judicial de Manizales declaró su falta de jurisdicción.[[10]](#_ftn10) Mediante Auto del 30 de septiembre de 2025, esa autoridad judicial ejerció control de legalidad sobre la actuación, al estimar que existía una nulidad insaneable por falta de jurisdicción y remitió el asunto a los jueces administrativos del circuito judicial de Manizales para su reparto. Para sustentar su decisión, invocó los artículos 16 y 138 del Código General del Proceso (CGP), contenido en la Ley 1564 de 2012, aplicables por remisión normativa a la especialidad laboral, y sostuvo que la jurisdicción constituye un presupuesto esencial de validez del proceso, cuya ausencia no podía ser saneada por la voluntad de las partes ni por el transcurso del tiempo. En el caso concreto, el juez laboral advirtió que la demanda podía relacionarse, en principio, con el pago de aportes pensionales y el Sistema de Seguridad Social Integral. Sin embargo, señaló que el municipio de Belalcázar no reconoció los extremos temporales en los que el señor Gómez Posada habría ejercido como personero municipal.

10. Por ello, esa autoridad judicial estimó que era necesario determinar previamente la existencia y alcance de una relación legal y reglamentaria con una entidad pública, asunto que correspondería a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, conforme al artículo 104.4 del CPACA. Finalmente, agregó que el cargo de personero municipal era de naturaleza pública, se proveía mediante acto administrativo y estaba sujeto al régimen de la Ley 136 de 1994, lo que excluiría la existencia de un contrato de trabajo. Para sustentar su postura, citó el Auto 710 de 2021 de la Corte Constitucional, según el cual la competencia en asuntos de seguridad social depende de la calidad del trabajador y de la naturaleza de la administradora del régimen.

11. El Juzgado 005 Administrativo del Circuito Judicial de Manizales remitió el asunto al Tribunal Administrativo de Caldas.[[11]](#_ftn11) Recibido el asunto, el 20 de octubre de 2025, esa autoridad judicial ordenó remitir el proceso al Tribunal Administrativo de Caldas, por considerar que esa corporación había conocido previamente del asunto bajo el radicado 17001-23-33-000-2021-00239-00 y había dispuesto su remisión a la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral y de la seguridad social.

12. El Tribunal Administrativo de Caldas señaló que no podía asumir el conocimiento del proceso ni proponer directamente el conflicto.[[12]](#_ftn12) Mediante Auto del 5 de mayo de 2026, explicó que, conforme al artículo 139 del CGP, cuando la autoridad judicial que recibe un expediente también se declara incompetente, debe solicitar que el conflicto sea resuelto por la autoridad correspondiente, de acuerdo con el trámite legal previsto. En consecuencia, ordenó devolver el expediente al Juzgado 005 Laboral del Circuito de Manizales, para que ajustara la actuación y promoviera el conflicto en debida forma.

13. El Juzgado 005 Laboral del Circuito Judicial de Manizales promovió conflicto negativo entre jurisdicciones con el Tribunal Administrativo de Caldas.[[13]](#_ftn13) En Auto del 31 de julio de 2026, el juzgado laboral reiteró que la controversia debía ser conocida por la jurisdicción de lo contencioso administrativo y remitió el asunto a la Corte Constitucional para dirimir la colisión suscitada. Insistió en que, al no existir reconocimiento por parte del municipio de Belalcázar sobre los extremos de la relación legal y reglamentaria del causante como personero municipal, el proceso exigía determinar durante qué periodos existió dicha vinculación y, a partir de ello, si había lugar al pago de los aportes pensionales reclamados. Por esa razón, invocó nuevamente el artículo 104.4 del CPACA y señaló que el asunto escapaba de la competencia de la jurisdicción ordinaria laboral.

14. El 4 de agosto de 2026, el expediente fue remitido a la Corte Constitucional.[[14]](#_ftn14) En sesión virtual del 11 de agosto de 2026, fue repartido al despacho y el mismo día se le remitió para su sustanciación.[[15]](#_ftn15)

II. CONSIDERACIONES

A.Competencia

15. De conformidad con lo previsto en el artículo 241.11 de la Constitución Política, adicionado por el artículo 14 del Acto Legislativo 02 de 2015,[[16]](#_ftn16) la Sala Plena de la Corte Constitucional está facultada para dirimir los conflictos de competencia entre jurisdicciones.

B.Presupuestos para la configuración de un conflicto de jurisdicciones. Reiteración Auto 155 de 2019

16. Esta Corporación ha señalado que los conflictos de competencia entre jurisdicciones se presentan cuando “dos o más autoridades que administran justicia y pertenecen a distintas jurisdicciones se disputan el conocimiento de un proceso, bien sea porque estiman que a ninguna le corresponde (negativo), o porque consideran que es de su exclusiva incumbencia (positivo)”.[[17]](#_ftn17) En Auto 155 de 2019, la Sala Plena precisó que se requieren tres presupuestos para que se configure un conflicto de competencia entre jurisdicciones, respectivamente: subjetivo, objetivo y normativo.[[18]](#_ftn18) La Sala observa que se cumplen los tres presupuestos para la configuración de un conflicto de competencia entre jurisdicciones. Esto, ya que dos autoridades de jurisdicciones distintas (jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de la seguridad social, y la jurisdicción de lo contencioso administrativo) declararon su falta de competencia para conocer el proceso, existe una causa judicial que suscitó la controversia y ambas autoridades judiciales citaron disposiciones normativas para sustentar su falta de competencia.[[19]](#_ftn19)

C.La jurisdicción de lo contencioso administrativo para conocer controversias sobre acreencias derivadas de relaciones legales y reglamentarias. Reiteración de los Autos 315 y 326 de 2023

17. El artículo 104.4 del CPACA atribuye a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo el conocimiento de los procesos relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado. La misma disposición también le asigna las controversias de seguridad social de dichos servidores, siempre que el régimen correspondiente sea administrado por una persona de derecho público. Por su parte, el artículo 105.4 del CPACA excluye de esa jurisdicción los conflictos laborales surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales.

18. A partir de estas disposiciones, la Corte Constitucional ha señalado que, para determinar si una controversia laboral promovida contra una entidad pública corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, deben verificarse, prima facie, dos criterios: el orgánico, relativo a la naturaleza jurídica de la entidad demandada, y el funcional, referido a la calidad jurídica del servidor, determinada por la naturaleza de su vínculo y por las funciones desempeñadas. Así, cuando el litigio involucra a una entidad estatal y a quien, en principio, tuvo la condición de empleado público, el asunto corresponde a esta jurisdicción.

19. Esta regla ha sido aplicada por la Corte Constitucional en controversias promovidas contra entidades territoriales por el reconocimiento y pago de aportes pensionales presuntamente omitidos durante la vinculación del servidor. En el Auto 326 de 2023, esta Corporación estudió una demanda laboral presentada contra la alcaldía municipal de Pitalito (Huila), en la que se alegaba que la entidad no había realizado los aportes a pensión, pese a haber efectuado los descuentos correspondientes durante la relación laboral. En esa oportunidad, concluyó que, respecto de quienes prima facie tenían la condición de empleados públicos, se satisfacían los criterios orgánico y funcional para asignar la controversia a la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

20. En el mismo sentido, en el Auto 1223 de 2023, la Corte reiteró el Auto 315 de 2023 al resolver una controversia promovida, igualmente, contra el municipio de Pitalito, relacionada con el reconocimiento y pago de aportes que debían haberse efectuado al fondo de pensiones durante el tiempo laborado. La Corte sostuvo que, cuando concurren una entidad territorial demandada y servidores que, prima facie, desempeñaron funciones propias de empleados públicos, el conocimiento del asunto corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, conforme al artículo 104.4 del CPACA.

21. En suma, la jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer las demandas dirigidas contra entidades públicas en las que se reclame el reconocimiento y pago de acreencias causadas durante una relación legal y reglamentaria, incluidas aquellas relativas a aportes pensionales presuntamente omitidos, siempre que, prima facie, el servidor haya tenido la calidad de empleado público.

D.Caso concreto

22. La Corte Constitucional concluye que la competencia para conocer el proceso promovido por Laura Alejandra Gómez Giraldo y Diana Sofía Gómez Giraldo, en calidad de causahabientes del señor Juan Bernardo Gómez Posada, corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Lo anterior, en aplicación de la regla de decisión fijada por esta Corporación en el Auto 315 de 2023.

23. En el presente caso, las demandantes pretenden que se ordene el reconocimiento y pago de los aportes pensionales que, según afirman, fueron dejados de cancelar durante el periodo en el que el señor Juan Bernardo Gómez Posada se habría desempeñado como personero municipal de Belalcázar, esto es, entre el 5 de enero de 2001 y el 31 de diciembre de 2004. Aunque dichos aportes tendrían incidencia en el régimen pensional del causante, las pretensiones de condena se dirigen, en lo sustancial, contra el municipio de Belalcázar y la Personería Municipal de Belalcázar, entidades a las que se atribuye la omisión en el pago de las sumas reclamadas.

24. Por ello, el proceso no tiene por objeto principal controvertir una decisión de Porvenir S.A., ni obtener de esa administradora privada el reconocimiento, liquidación o pago de una prestación pensional. Si bien Porvenir S.A., fue mencionada en la demanda y comparece al trámite por su relación con el recaudo y eventual destino de los aportes, las pretensiones sustanciales no se dirigen a controvertir una decisión de esa administradora, ni a obtener de ella el reconocimiento, liquidación o pago de una prestación pensional. La controversia esencial consiste en determinar si las entidades públicas demandadas tenían la obligación de realizar los pagos reclamados durante el periodo en el que el causante ejerció el cargo de personero municipal. En consecuencia, su intervención en el proceso no desplaza el análisis hacia la regla de competencia aplicable a las controversias principales de seguridad social administradas por entidades privadas.

25. La Corte advierte, además, que el cargo de personero municipal corresponde, preliminarmente, a un empleo público. Lo anterior, por cuanto la Constitución prevé que los personeros hacen parte del Ministerio Público y que son elegidos por los concejos municipales. A su vez, la Ley 136 de 1994 regula su elección, funciones y régimen salarial y prestacional, y dispone que sus salarios y prestaciones, en cuanto empleados de los municipios, se pagan con cargo al presupuesto municipal. Por consiguiente, el vínculo entre el personero municipal y el ente territorial corresponde a una relación legal y reglamentaria.

26. Bajo este contexto, se cumplen los criterios orgánico y funcional que habilitan la competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. El criterio orgánico se satisface porque las pretensiones principales se dirigen contra entidades públicas: el municipio de Belalcázar y la Personería Municipal de Belalcázar. El criterio funcional también se cumple porque el señor Juan Bernardo Gómez Posada habría ejercido el cargo de personero municipal, esto es, un empleo público sometido a una relación legal y reglamentaria.

27. Finalmente, la Corte Constitucional encuentra que la conclusión no se altera por el hecho de que, durante el trámite, la parte actora hubiera adecuado la demanda al proceso ordinario laboral de primera instancia en materia de seguridad social. La denominación procesal dada por la parte demandante no define, por sí sola, la jurisdicción competente. Para estos efectos, lo relevante es el contenido material de las pretensiones y la causa que las sustenta. En este caso, incluso después de la adecuación, la reclamación se mantuvo dirigida a obtener de las entidades públicas el reconocimiento y pago de aportes presuntamente omitidos durante el ejercicio de un empleo público.

28. En estos eventos, la sola circunstancia de que la acreencia reclamada tenga incidencia en el Sistema General de Seguridad Social en Pensiones no convierte, por sí misma, la controversia en un litigio de seguridad social asignado a la jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de la seguridad social. Para definir la competencia es necesario identificar el objeto principal del proceso. Si la pretensión se dirige contra la administradora de pensiones para obtener el reconocimiento, liquidación, reliquidación o pago de una prestación del sistema, el asunto se ubica en el ámbito propio de la seguridad social. En cambio, si lo pretendido es que una entidad pública empleadora reconozca y pague sumas causadas durante una relación legal y reglamentaria, incluso si estas corresponden a aportes pensionales, el núcleo del litigio recae sobre los efectos económicos de la vinculación pública.

29. Por tanto, de conformidad con el artículo 104.4 del CPACA, y lo dispuesto por esta Corporación en el Auto 315 de 2023, la Corte Constitucional dirimirá el conflicto negativo de jurisdicciones en el sentido de declarar que el Tribunal Administrativo de Caldas es la autoridad competente para conocer la demanda promovida por Laura Alejandra Gómez Giraldo y Diana Sofía Gómez Giraldo, en calidad de causahabientes del señor Juan Bernardo Gómez Posada, contra el municipio de Belalcázar, la Personería Municipal de Belalcázar y Porvenir S.A.

30. Regla de decisión. Reiteración Auto 315 de 2023. “Corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo conocer las demandas laborales presentadas por trabajadores que, en principio, desempeñaron labores propias de un empleado público en una entidad territorial, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 104.4 del CPACA”.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional,

RESUELVE:

PRIMERO. DIRIMIR el conflicto negativo de jurisdicciones suscitado por el Tribunal Administrativo de Caldas y el Juzgado 005 Laboral del Circuito Judicial de Manizales, en el sentido de DECLARAR que el Tribunal Administrativo de Caldas es la autoridad competente para conocer del proceso judicial promovido por las señoras Laura Alejandra Gómez Giraldo y Diana Sofía Gómez Giraldo.

SEGUNDO. Por medio de la Secretaría General de esta Corporación, REMITIR el expediente CJU-7893 al Tribunal Administrativo de Caldas para que adelante las funciones de su competencia y para que comunique lo pertinente a los interesados.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Presidenta

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

Ausente con permiso

CARLOS CAMARGO ASSIS

Magistrado

HECTOR ALFONSO CARVAJAL LONDOÑO

Magistrado

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

LINA MARCELA ESCOBAR MARTÍNEZ

Magistrada

VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE

Magistrado

Ausente con comisión

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

LINA MARCELA ESCOBAR MARTÍNEZ

Magistrada

VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE

Magistrado

Ausente con comisión

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Magistrado

MIGUEL POLO ROSERO

Magistrado

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General

[[1]](#_ftnref1) Expediente CJU-7893, archivo “004ED\_Expediente\_03Demanda.pdf”.

[[2]](#_ftnref2) Expediente CJU-7893, archivo “007ED\_Expediente\_06AutoDeclaraIncompe.pdf”

[[3]](#_ftnref3) Expediente CJU-7893, archivo “011ED\_Expediente\_10AutoDeclaraIncompe.pdf”

[[4]](#_ftnref4) En concreto, el Tribunal Administrativo de Caldas reseñó la decisión adoptada por la Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado, con ponencia del consejero César Palomino Cortés, del 5 de junio de 2020, con radicado 05001-23-33-000-2015-01196-01 (0750-17).

[[5]](#_ftnref5) Expediente CJU-7893, archivo “14AutoInadmiteDemanda.pdf”

[[6]](#_ftnref6) Expediente CJU-7893, archivos “016ED\_Expediente\_15EscritoSubsanacion.pdf” y “018ED\_Expediente\_17EscritoSubsanacion.pdf”

[[7]](#_ftnref7) Expediente CJU-7893, archivo “18AutoAdmiteDemanda.pdf”

[[8]](#_ftnref8) Expediente CJU-7893, archivo “25AutoRemiteProceso.pdf”

[[7]](#_ftnref7) Expediente CJU-7893, archivo “18AutoAdmiteDemanda.pdf”

[[8]](#_ftnref8) Expediente CJU-7893, archivo “25AutoRemiteProceso.pdf”

[[9]](#_ftnref9) Expediente CJU-7893, archivo “34AutoOrdenaRemitirProcesos.pdf”

[[10]](#_ftnref10) Expediente CJU-7893, archivo “47AutoDeclaraFaltaCompetenciaRemiteJuzgadosAdtivo.pdf”

[[11]](#_ftnref11) Expediente CJU-7893, archivo “051Recibememorial\_Remitecom\_51\_Autoordenaenviare.pdf”

[[12]](#_ftnref12) Expediente CJU-7893, archivo “49CorreoJuzgado5AdmitivoDevuelveProceso.pdf”

[[13]](#_ftnref13) Expediente CJU-7893, archivo “51ProponeConflictoNegativoCompetenciaPorJuridicción.pdf”

[[14]](#_ftnref14) Expediente CJU-7893, archivo “02CJU-7893 Correo Remisorio.pdf”.

[[15]](#_ftnref15) Expediente CJU-7893, archivo “03CJU-7893 Constancia de Reparto.pdf”.

[[16]](#_ftnref16) “Artículo 241. A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las siguientes funciones: (…) 11. Numeral adicionado por el artículo 14 del Acto Legislativo 2 de 2015: Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones”.

[[17]](#_ftnref17) Cfr., Corte Constitucional, autos 345 de 2018, 328 de 2019, 452 de 2019 y 608 de 2019.

[[18]](#_ftnref18) Al respecto, se sugiere revisar el Auto 155 de 2019 para comprender el significado de cada presupuesto para la configuración de un conflicto de competencia entre jurisdicciones.

[[19]](#_ftnref19) La Sala señala que estos presupuestos fueron acreditados y se evidencian en el subtítulo de “Antecedentes” del presente Auto.

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