CC - Auto A. 1327 26 de 2026

Corte Constitucional

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Detalles

Título
CC - Auto A. 1327 26 de 2026
Autor
Corte Constitucional
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Constitucional
Año
2026

TEMAS-SUBTEMAS

Auto A-1327/26

CONFLICTO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Los únicos factores de competencia en materia de tutela son el territorial, el subjetivo y el funcional

CONFLICTO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Remisión del proceso al juez a quien se repartió en primer lugar para que decida de forma inmediata

REPÚBLICA DE COLOMBIA

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CORTE CONSTITUCIONAL

Sala Plena

AUTO 1327 DE 2026

Referencia: expediente ICC-5596

Asunto: conflicto aparente de competencia suscitado entre la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia y la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de

Estado

Magistrado ponente:

Carlos Camargo Assis

Bogotá D.C., treinta (30) de septiembre de dos mil veintiséis (2026).

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de la prevista en el literal e) del artículo 5º de su Reglamento Interno, profiere el siguiente:

AUTO

I.

ANTECEDENTES

AUTO

I.

ANTECEDENTES

1. Acción de tutela. La señora Yina Mayorga Zuleta presentó una acción de tutela contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar[[1]](#_ftn1), al considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al trabajo digno, al mínimo vital, a la seguridad social y a la estabilidad laboral reforzada. La actora cuestionó la Resolución No. 0100 del 25 de junio de 2026, mediante la cual la autoridad judicial accionada nombró en propiedad al único integrante de una lista de elegibles como juez primero penal del circuito especializado de Valledupar, cargo en el que la actora se encontraba nombrada en provisionalidad. Sostuvo que la lista comprendía cuatro juzgados de esa especialidad y que el tribunal accionado no explicó por qué el nombramiento debía efectuarse específicamente en su despacho ni valoró sus circunstancias personales, familiares, laborales y pensionales.

2. En consecuencia, solicitó que se suspendiera transitoriamente la Resolución No. 0100 del 25 de junio de 2026, en lo relacionado con el nombramiento efectuado en el Juzgado 001 Penal del Circuito Especializado de Valledupar, y que se ordenara a la autoridad judicial accionada adoptar una nueva decisión debidamente motivada. Asimismo, pidió que se valoraran sus condiciones particulares y la posibilidad de adoptar medidas menos lesivas, como su reubicación o permanencia temporal en un cargo equivalente, sin desconocer los derechos del integrante de la lista de elegibles.

3. Primera autoridad en conflicto. Mediante Auto del 6 de julio de 2026[[2]](#_ftn2), la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia declaró su falta de competencia para conocer el asunto. Consideró que, debido a que la accionante es una funcionaria judicial perteneciente a la jurisdicción ordinaria, el conocimiento del asunto corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, de conformidad con el inciso segundo del numeral 8º del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021. En consecuencia, ordenó remitir el expediente al Consejo de Estado.

4. Segunda autoridad en conflicto[[3]](#_ftn3). Efectuado el nuevo reparto, el conocimiento del asunto le correspondió a la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. Mediante Auto del 9 de julio de 2026[[4]](#_ftn4), sostuvo que de acuerdo con el numeral 5º del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, el conocimiento del asunto correspondía a la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, por ser el superior funcional del Tribunal Superior de Valledupar.

Explicó que las disposiciones contenidas en ese artículo constituyen pautas de reparto que no pueden invocarse para declarar la falta de competencia y que el inciso segundo de su numeral 8º solo resultaba aplicable cuando la acción de tutela, además de ser promovida por un funcionario o empleado de la jurisdicción ordinaria, estuviera dirigida contra el Consejo Superior de la Judicatura o la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. En consecuencia, ordenó devolver el expediente a la Corte Suprema de Justicia para que continuara con el trámite de la acción de tutela.

5. Recibido nuevamente el expediente, mediante Auto del 6 de agosto de 2026[[5]](#_ftn5), la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia mantuvo su postura. Reiteró que, por tratarse de una acción de tutela presentada por una funcionaria perteneciente a la jurisdicción ordinaria, su conocimiento correspondía al Consejo de Estado, de conformidad con el inciso segundo del numeral 8º del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015.

Indicó que se había configurado un conflicto negativo de competencia que debió ser propuesto por la autoridad de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. No obstante, en atención al principio de celeridad, ordenó remitir las diligencias a la Corte Constitucional para que lo dirimiera.

6. Remisión a la Corte Constitucional. El 13 de agosto de 2026, el expediente se repartió al magistrado ponente y se envió al despacho para su sustanciación el mismo día[[6]](#_ftn6).

II.

CONSIDERACIONES

II.

CONSIDERACIONES

7. Competencia. Esta Corporación ha sostenido que, por regla general, la solución de los conflictos de competencia en materia de tutela les corresponde a las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996[[7]](#_ftn7). Asimismo, ha explicado que la competencia de esta Corporación para conocer y dirimir esta clase de conflictos debe ser interpretada de manera residual[[8]](#_ftn8). En consecuencia, solo se activa en aquellos casos en que las normas de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia no prevén la autoridad encargada de asumir el trámite o en asuntos en los que, a pesar de encontrarse prevista, se requiere dar aplicación a los principios de celeridad y sumariedad que rigen la acción de tutela con el fin de brindar a los ciudadanos un acceso oportuno a la administración de justicia y evitar la dilación en la adopción de una decisión[[9]](#_ftn9).

8. En este caso, la Corte Constitucional está facultada para resolver el conflicto de la referencia porque las autoridades judiciales involucradas en esta controversia, -Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia y la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado-, a pesar de integrar funcionalmente la jurisdicción constitucional, desde una perspectiva orgánica, carecen de una autoridad designada por la Ley 270 de 1996 que esté facultada para solucionar la colisión suscitada.

9. Factores de competencia. De conformidad con los artículos 86 y 8º transitorio del título transitorio de la Constitución[[10]](#_ftn10) y los artículos 32 y 37 del Decreto Ley 2591 de 1991, esta Corporación ha reiterado que existen tres factores de asignación de competencia en materia de tutela. El factor territorial, en virtud del cual son competentes a prevenciónlos jueces con competencia territorial en el lugar donde: i) ocurre la vulneración o la amenaza que motiva la presentación de la solicitud o ii) donde se produzcan sus efectos[[11]](#_ftn11). El factor subjetivo, que opera en las acciones de tutela interpuestas en contra de: i) los medios de comunicación, cuyo conocimiento fue asignado a los jueces del circuito de conformidad con el factor territorial y ii) las autoridades de la Jurisdicción Especial para la Paz, cuya resolución le corresponde al Tribunal para la Paz. Por último, el factor funcional que debe ser verificado por las autoridades judiciales al momento de asumir el conocimiento de la impugnación de una sentencia de tutela. Esto implica que únicamente pueden conocer de aquella las autoridades judiciales que ostentan la condición de superior jerárquico correspondiente en los términos establecidos en la jurisprudencia[[12]](#_ftn12).

10. Reglas de reparto.

Según la jurisprudencia pacífica de esta Corporación, las disposiciones contenidas en el Decreto 1069 de 2015 -modificado por el Decreto 333 de 2021no constituyen reglas de competencia de los despachos judiciales, sino pautas de reparto de las acciones de tutela. El parágrafo segundo del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015 dispone que “las anteriores reglas de reparto no podrán ser invocadas por ningún juez para rechazar la competencia o plantear conflictos negativos de competencia”. Esta forma de proceder se opone principalmente al derecho al acceso a la administración de justicia, dado que no existe fundamento alguno para asumir este conjunto normativo como un mandato procesal del que dependa la resolución del asunto en sede de instancia[[13]](#_ftn13).

11. Al respecto, este Tribunal ha señalado que “en el caso de que dos autoridades judiciales promuevan un conflicto de competencia por este motivo, el expediente será remitido a aquella a quien se repartió en primer lugar con el fin de que la acción de tutela sea decidida inmediatamente, sin que medien consideraciones adicionales”[[14]](#_ftn14).

III.

CASO CONCRETO

12. Configuración de un conflicto aparente de competencia. La Sala Plena constata que en el presente asunto se configuró un conflicto aparente de competencia, pues la controversia se originó exclusivamente en la interpretación de los numerales 5º y 8º del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021.

13. Al apartarse del conocimiento del asunto, la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia otorgó un alcance inexistente a las reglas de reparto y desconoció la jurisprudencia reiterada y vinculante de esta Corte, según la cual, estas no constituyen mandatos procesales en materia de competencia, pues solo son pautas de asignación de expedientes de tutela. Esta actuación afectó los principios de celeridad y eficacia de la administración de justicia, así como la naturaleza de la acción de tutela como mecanismo constitucional para la protección inmediata de los derechos fundamentales.

14. Aunque la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado sostuvo que la Corte Suprema de Justicia debía conocer el asunto por ser el superior funcional del tribunal accionado, su argumento se fundó en la regla de reparto prevista en el numeral 5º de la disposición citada. Por lo tanto, esa referencia no implica que la controversia involucre el factor funcional previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, aplicable para determinar la autoridad competente para resolver la impugnación de un fallo de tutela. En consecuencia, la Sala Plena concluye que corresponde a la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia conocer la acción de tutela presentada por la señora Yina Mayorga Zuleta contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, por ser la primera autoridad judicial con competencia a la que se asignó el asunto.

15. Órdenes por proferir. La Corte dejará sin efectos el Auto del 6 de julio de 2026, proferido por la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, mediante el cual se apartó del conocimiento de la acción de tutela y ordenó remitir el expediente al Consejo de Estado. En consecuencia, remitirá el expediente ICC-5596 a dicha autoridad judicial para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión que corresponda respecto de la solicitud de amparo.

IV.

DECISIÓN

Con base en las consideraciones expuestas, la Sala Plena de la Corte Constitucional,

RESUELVE

PRIMERO. DEJAR SIN EFECTOS el Auto del 6 de julio de 2026, proferido por la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acción de tutela presentada por la señora Yina Mayorga Zuleta contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar.

SEGUNDO. REMITIR el expediente ICC-5596 a la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión que le corresponda respecto de la presente acción de tutela.

TERCERO. Por intermedio de la Secretaría General, COMUNICAR la decisión adoptada en esta providencia a la parte accionante y a la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Presidenta

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

Ausente con permiso

CARLOS CAMARGO ASSIS

Magistrado

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Presidenta

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

Ausente con permiso

CARLOS CAMARGO ASSIS

Magistrado

HECTOR ALFONSO CARVAJAL LONDOÑO

Magistrado

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

LINA MARCELA ESCOBAR MARTÍNEZ

Magistrada

VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE

Magistrado

Ausente con comisión

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Magistrado

MIGUEL POLO ROSERO

Magistrado

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General

[[1]](#_ftnref1) Expediente digital, archivo “0012Auto (3)”.

[[2]](#_ftnref2) En el escrito de tutela, la accionante también señaló como vinculados al Consejo Seccional de la Judicatura, al Juzgado 002 Penal del Circuito Especializado de Valledupar, al Juzgado 003 Penal del Circuito Especializado de Valledupar, al Juzgado 004 Penal del Circuito Especializado de Valledupar y al señor Oscar Armando García Barrios.

[[3]](#_ftnref3) De forma paralela, la misma acción de tutela se radicó ante la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. Mediante Auto del 6 de julio de 2026, esa autoridad consideró que existía una duplicidad en la radicación, pues el asunto ya había sido asignado a la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia. En consecuencia, ordenó remitir los memoriales recibidos al expediente que cursaba ante esa corporación y archivar las diligencias adelantadas en el Consejo de Estado. La accionante interpuso recurso de reposición contra la anterior decisión. Sostuvo que el Consejo de Estado debía asumir el conocimiento de la solicitud de amparo, debido a que, mediante providencia de la misma fecha, la Corte Suprema de Justicia había declarado su falta de competencia y ordenado remitirle el expediente. Mediante Auto del 9 de julio de 2026, resolvió no reponer la decisión recurrida. Explicó que esta se había adoptado con fundamento en la información disponible en ese momento, cuando aún no conocía la providencia proferida por la Corte Suprema de Justicia.

[[4]](#_ftnref4) Expediente digital, archivo “0008Auto (2)”.

[[5]](#_ftnref5) Expediente digital, archivo “0012Auto (3)”.

[[6]](#_ftnref6)El 25 de agosto de 2026, el magistrado ponente presentó manifestación de impedimento para conocer del presente asunto. Sin embargo, aquella fue declarada infundada.

[[7]](#_ftnref7) Corte Constitucional, autos 244 de 2011, 218 de 2014, 492 de 2017, 565 de 2017, 178 de 2018, 057 de 2019, 268 de 2019, 026 de 2020 139 de 2020, 021 de 2021, 079 de 2021 y 598 de 2021, 846 de 2022, 2752 de 2023, 597 de 2024, entre otros.

[[8]](#_ftnref8) Corte Constitucional, autos 411 y 412 de 2020 y 018 y 021 de 2021, 2752 de 2023, 597 de 2024, entre otros.

[[9]](#_ftnref9) Corte Constitucional, autos 184 de 2019, 431 de 2020 y 021 de 2021, 2752 de 2023, 597 de 2024.

[[10]](#_ftnref10) Incorporado por el Acto Legislativo 01 de 2017 que dispone: “las peticiones de acción de tutela deberán ser presentadas ante el Tribunal para la Paz, único competente para conocer de ellas”. Auto 021 de 2018.

[[11]](#_ftnref11) Corte Constitucional, autos 493 de 2017, 131 de 2018, 057 de 2019, 018 de 2019, 304 de 2020, 016 de 2021 y 018 de 2021, entre otros.

[[12]](#_ftnref12) Corte Constitucional, autos 655 de 2017 y 225 de 2018.

[[13]](#_ftnref13) Corte Constitucional, autos 105 de 2016, 157 de 2016, 007 de 2017, 028 de 2017, 030 de 2017, 052 de 2017, 059 de 2017, 059A de 2017, 061 de 2017, 063 de 2017, 064 de 2017, 066 de 2017, 067 de 2017, 072 de 2017, 086 de 2017, 087 de 2017, 106 de 2017, 152 de 2017, 171 de 2017, 197 de 2017, 332 de 2017, 325 de 2018, 242 de 2019 y 193 de 2021.

[[14]](#_ftnref14) Corte Constitucional, autos 481 y 495 de 2019, 026, 159, 347 y 398 de 2020.

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