CE - Sentencia 05001233300020150167402
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 05001233300020150167402
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., cinco (5) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 05001-23-33-000-2015-01674-02 (70.864)
Actor: Universidad de Antioquia Demandado: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República Referencia: Medio de control de reparación directa
Temas: PROCESO DE JURISDICCIÓN COACTIVA - De conformidad con los artículos 68 y 79 del Código Contencioso Administrativo, las entidades públicas del orden nacional tenían jurisdicción coactiva para hacer efectivos los créditos exigibles a favor de la Nación / AUTOTUTELA EJECUTIVA - Se predica únicamente en obligaciones de contenido económico, lo que hace que no todo acto de la administración sea autotutelable ejecutivamente / OPERACIÓN ADMINISTRATIVA - Comprende las medidas de ejecución de una o varias decisiones administrativas, sin que puedan considerarse desligadas de estas en su alcance o contenido / DAÑO – Indisponibilidad de la suma de dinero embargada mientras se tramitaba el proceso de jurisdicción coactiva / FALLA EN EL SERVICIO – Se configura por retardo, por irregularidad, por ineficiencia, por omisión o por ausencia de éste / IRREGULARIDAD - Se configura cuando se presta el servicio en forma diferente a como debe hacerse en condiciones normales, contrariando las normas, reglamentos u órdenes que lo regulan – Para que comprometa la responsabilidad del Estado no puede ser cualquier
IRREGULARIDAD - Se configura cuando se presta el servicio en forma diferente a como debe hacerse en condiciones normales, contrariando las normas, reglamentos u órdenes que lo regulan – Para que comprometa la responsabilidad del Estado no puede ser cualquier tipo de irregularidad, sino que debe ser de tal entidad que, teniendo en cuenta las concretas circunstancias en que debía prestarse el servicio, la conducta de la adminis tración pueda considerarse como “anormalmente deficiente”.
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia que negó las pretensiones de la demanda.
Se solicita la reparación de los perjuicios causados por la pérdida de l poder adquisitivo de un dinero que fue retenido como consecuencia de una medida cautelar de embargo proferida en el marco de un proceso de jurisdicción coactiva, el cual concluyó con sentencia que declaró probada la excepción de “falta de título ejecutivo” y dispuso el levantamiento de la medida cautelar.
I. SENTENCIA APELADA
1. Corresponde a la proferida el 29 de noviembre de 2023, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de decisión, negó las pretensiones de la demanda presentada el 6 de agosto de 20151 por la Universidad de Antioquia – en adelante UdeA –, en contra del Fondo de Previsión Social del Congreso de la República –en adelante FONPRECON–, con el fin de que se le declare responsable por los perjuicios caus ados con la medida cautelar de embargo que decretó en el
en adelante UdeA –, en contra del Fondo de Previsión Social del Congreso de la República –en adelante FONPRECON–, con el fin de que se le declare responsable por los perjuicios caus ados con la medida cautelar de embargo que decretó en el marco de un proceso de jurisdicción coactiva por la suma de $3.797’172.386 , lo que
1 Folio 1, c. 1.Radicación: 05001-23-33-000-2015-01674-02 (70.864) Actor: Universidad de Antioquia Demandado: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República –FONPRECON– Referencia: Medio de control de reparación directa
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generó la pérdida de su poder adquisitivo desde el 14 de marzo de 2007, fecha en la que se hizo efectiva la medida y hasta el 11 de septiembre de 2013 cuando se reintegró el dinero. Como consecuencia, solicitó el reconocimiento de $4.257’605.333 a título de lucro cesante, correspondiente al rendimiento financiero que hubiera producido la suma embargada durante el tiempo que estuvo vigente la cautela y $617’352.773, por concepto de intereses legales generados sobre la anterior suma “del 11 de septiembre de 2013 a la fecha de reforma de la demanda ”, al tiempo que solicitó indexar las condenas.
2. De manera subsidiaria, solicitó la “corrección monetaria” de la suma embargada y los rendimientos financieros que debió producir durante el tiempo que rigió la medida; así como los intereses legales desde el momento en que el dinero fue reintegrado hasta la fecha de presentación de la demanda , “de conformidad con el peritaje financiero que el despacho decrete”.
así como los intereses legales desde el momento en que el dinero fue reintegrado hasta la fecha de presentación de la demanda , “de conformidad con el peritaje financiero que el despacho decrete”.
3. Los fundamentos de hecho y de derecho sobre los que se pronunció el tribunal
fueron los siguientes:
4. FONPRECON, a través de proveído del 5 de junio de 2006, avocó conocimiento del expediente 06 -0067, por medio del cual se inició el trámite de un proceso de jurisdicción coactiva en contra de la UdeA por concepto de cuotas partes pensionales2 y libró mandamiento de pago con fundamento en el título ejecutivo complejo conformado por las distintas resoluciones y documentos que reconocían las pensiones a siete personas distintas , más los intereses moratorios que se causaran hasta que se efectuara el pago total de la obligación.
5. La Universidad, en su defensa, formuló las excepciones de “pérdida de fuerza ejecutoria de los actos administrativos que sirven de soporte para elaborar el título ejecutivo complejo”; “Cobro de lo no debido. Inexistencia de la obligación. Ausencia de título ejecutivo”; e “Inexistencia de fundamento legal para el cobro de intereses moratorios”. Mediante decisión del 14 de febrero de 2007, FONPRECON declaró no probadas las excepciones propuestas y ordenó seguir adelante la ej ecución.
Contra esa decisión, la ejecutada presentó recurso de apelación.
6. Por medio de Oficio JCF -CCS-N11 del 9 de marzo de 2007 , FONPRECON ordenó la medida cautelar consistente en el embargo y retención de los saldos existentes en cuentas corrientes, cuentas de ahorro, certificados de depósito, entre
ordenó la medida cautelar consistente en el embargo y retención de los saldos existentes en cuentas corrientes, cuentas de ahorro, certificados de depósito, entre otros, a nombre de la UdeA. Dicho embargo se limitó a la suma de $3.797’172.386.
7. Al resolver el recurso de apelación, el Tribunal Administrativo de Antioquia : (i) revocó “el fallo de excepciones JCF -CCS Nro. 061 del 14 de febrero del 2007 proferido por… FONPRECON dentro del proceso por jurisdicción coactiva seguido contra la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA” y, en su lugar, (ii) declaró probada la excepción de falta de título ejecutiv o; (iii) declaró terminado el proceso de jurisdicción coactiva y, (iv) ordenó la cancelación de las medidas cautelares decretadas en el marco de ese proceso.
2 Corresponden a los porcentajes que cada entidad debe aportar para financiar la pensión de un trabajador. Se calculan con base en el tiempo que el trabajador laboró o cotizó en la respectiva entidad o empresa.Radicación: 05001-23-33-000-2015-01674-02 (70.864) Actor: Universidad de Antioquia Demandado: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República –FONPRECON– Referencia: Medio de control de reparación directa
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8. Señaló que la manera como culminó el proceso de jurisdicción coactiva evidenciaba la falla del servicio en que incurrió la demandada, puesto q ue los argumentos propuestos por la UdeA en la fase primigenia de la ejecución fueron desatendidos y FONPRECON continuó con el trámite y decretó el embargo de una
evidenciaba la falla del servicio en que incurrió la demandada, puesto q ue los argumentos propuestos por la UdeA en la fase primigenia de la ejecución fueron desatendidos y FONPRECON continuó con el trámite y decretó el embargo de una suma considerable, por lo que ocasionó un daño antijurídico, traducido en la pérdida del poder adquisitivo del dinero3.
La defensa
9. FONPRECON se opuso a la prosperidad de las pretensiones, para lo cual adujo que el decreto de la medida cautelar de embargo cumplió con los requisitos legales para su imposición, ya que resultaba razonable y necesaria, al tiempo que se fijó conforme al límite legal, pues se dispuso en el marco de un proceso de jurisdicción coactiva, con base en unos actos administrativos que contenían unas obligaciones claras, expresas y exigibles a favor de dicho fondo, sin que existiera una intención dañosa de su parte. Indicó que al concederse el recurso de apelación en ese proceso perdió compete ncia, por lo que su resolución le correspondía al Tribunal Administrativo de Antioquia, el cual se demoró 6 años para proferir sentencia , de ahí que, ante una eventual condena, el llamado a responder sería el ad quem, pues no adoptó una decisión de fondo dentro de un término razonable.
10. Agregó que el referido fallo no determinó la inexistencia de la obligación cobrada, sino que advirtió la ausencia de mérito ejecutivo del título complejo por la falta de notificación de las resoluciones que asignaron las cu otas partes pensionales a sus deudores , notificación que de todas maneras la ley no exig ía,
cobrada, sino que advirtió la ausencia de mérito ejecutivo del título complejo por la falta de notificación de las resoluciones que asignaron las cu otas partes pensionales a sus deudores , notificación que de todas maneras la ley no exig ía, pues el Decreto 1848 de 1969 no establec ía esa obligación y el Decreto 2921 de 1948 solo dispuso que se comunicaran dichos actos, lo que tuvo lugar desde que se presentaron las cuentas de cobro a la U deA, momento a partir del cual tuvo oportunidad de controvertirlos , por lo que estaba llamada a soportar el daño causado dada su mora en el pago. Con fundamento en lo anterior, propuso las excepciones que denominó: (i) falta de causa jurídica para pedir; (ii) buena fe, diligencia manifiesta del demandado y ausencia de culpa; (iii) imposibilidad de prever el hecho dañoso; (iv) inexistencia de responsabilidad aquiliana y, (v) falta de integración del contradictorio, por cuanto consideraba necesaria la vinculación de la Rama Judicial – Tribunal Administrativo de Antioquia4.
Los alegatos de conclusión
11. Celebrada la audiencia inicial 5 y concluido el debate probatorio 6 , en la oportunidad para alegar de conclusión, la parte actora afirmó que los medios de
3 Folios 1 a 23, c. 1 (demanda) y folios 485 a 492, c. 2. (reforma de la demanda). 4 Folios 920 a 935, c. Ppal. 5 En esta audiencia, el Tribunal declaró no probada la excepción de “falta de integración del contradictorio” propuesta en la contestación de la demanda, toda vez que ent re la Rama Judicial y el dema ndado no se
4 Folios 920 a 935, c. Ppal. 5 En esta audiencia, el Tribunal declaró no probada la excepción de “falta de integración del contradictorio” propuesta en la contestación de la demanda, toda vez que ent re la Rama Judicial y el dema ndado no se presentaba una relación jurídica sustancial que ameritara la comparecencia de aquella al proceso; además, le correspondía al interesado determinar a cuál sujeto le endilgaba responsabilidad y en el presente asunto n ada dijo respecto de dicha entidad (folios 1.416 y 1.417, c. Ppal.). Contra esa decisión, el demandando presentó recurso de apelación y mediante auto del 2 de octubre de 2018, el Consejo de Estado la confirmó (folios 1.434 a 1.437, c. Ppal). 6 En la continuación de la audiencia inicial -llevada a cabo el 14 de marzo de 2019se decretaron las siguientes pruebas: Documentales: 1. Copia íntegra del expediente 0500123310002007700754. 2. Documento queRadicación: 05001-23-33-000-2015-01674-02 (70.864) Actor: Universidad de Antioquia Demandado: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República –FONPRECON– Referencia: Medio de control de reparación directa
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prueba acredit aban el daño antijurídico, el cual resultaba imputable a FONPRECON, ya que fue la entidad quien decretó la cautela de embargo; agregó que los perjuicios ocasionados se soportaban en el peritaje que decretó el ponente7. Por su parte, FONPRECON sostuvo que el daño no podía calificarse como
que los perjuicios ocasionados se soportaban en el peritaje que decretó el ponente7. Por su parte, FONPRECON sostuvo que el daño no podía calificarse como antijurídico, puesto que tenía el deber legal de iniciar el cobro coactivo de las obligaciones a cargo de los cuotapartistas pensionales y el Tribunal ni siquiera puso en tela de juicio la legalidad de las medidas cautelares, ya que el embargo no fue excesivo, no tuvo como objeto recursos inembargables y se decretó conforme a la ley8.
La decisión del tribunal
12. El Tribunal Administrativo de Antioquia negó las pretensiones de la demanda.
Consideró que el proceso de cobro coactivo fue llevado a cabo conforme a la ley y bajo el amparo de las facultades que le fueron otorgadas a FONPRECON, las cuales lo habilitaban para decretar medidas cautelares preventivas con el fin de asegurar la solvencia del ejecutado.
13. Agregó que aunque el Tribunal en sentencia del 29 de julio de 2013 dispuso revocar la decisión adoptada por FONPRECON y ordenar el levantamiento de la medida cautelar, lo cierto era que en ningún momento dicho fallo calificó el embargo como ilegal, ni siquiera tocó el fondo de ese asunto, sino que se centró en señalar que los actos administrativos que conformaban el título ejecutivo complejo nunca fueron notificados a la deudora –UdeA–. Con base en lo anterior, concluyó que el daño probado -pérdida del poder adquisitivono era imputable a FONPRECON.
14. Indicó que le estaba vedado pronunciarse sobre la responsabilidad de la Rama Judicial por su demora en resolver la apelación, ya que esa entidad no había sido
14. Indicó que le estaba vedado pronunciarse sobre la responsabilidad de la Rama Judicial por su demora en resolver la apelación, ya que esa entidad no había sido vinculada como demandada al proceso9.
II. EL RECURSO INTERPUESTO
15. La parte actora expuso que nunca controvirtió que FONPRECON no tuviera competencia para adelantar el proceso ejecutivo y decretar las medidas cautelares, sino que su disenso giraba en torno a que el procedimiento de estructuración de la cuota parte pensional adelantado por el demandado, cuyo recobro pretendía a través del proceso de jurisdicción coactiva, fueron abiertamente ilegales, de ahí que no estaba llamada a soportar el embargo y, en esa medida, el daño resultaba imputable a FONPRECON.
16. Señaló que el Tribunal Administrativo de Antioquia al resolver la apelación revocó el mandamiento de pago porque “nació viciado”, tal y como oportunamente lo alegó la ejecutada , a pesar de lo cual la entidad desestimó de plano sus argumentos y decretó unas medidas cautelares que carecían de soporte y que
contiene la liquidación de los intereses causados. Dictamen pericial: se decretó con el objeto de determinar el rendimiento financiero que hubiera producido la suma de $3.797’172.386, desde el 14 de marzo de 2007 hasta el 11 de septiembre de 2013 (folios 1.441 y 1.442 c. Ppal). 7 Folios 1.533 a 1.557, c. Ppal. 8 Folios 1.558 a 1.565, C. Ppal.
el 11 de septiembre de 2013 (folios 1.441 y 1.442 c. Ppal). 7 Folios 1.533 a 1.557, c. Ppal. 8 Folios 1.558 a 1.565, C. Ppal. 9 SAMAI: Expediente digital: “ED_003SENTENCIAPRIMER(.pdf) NroActua 2”.Radicación: 05001-23-33-000-2015-01674-02 (70.864) Actor: Universidad de Antioquia Demandado: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República –FONPRECON– Referencia: Medio de control de reparación directa
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vulneraron los principios que gobiernan su procedencia. Lo anterior, dado que no existía apariencia de buen derecho, ya que era evidente que la obligación que se pretendía satisfacer a través del proceso de jurisdicción coactiva era abiertamente ineficaz, puesto que no se notificaron los proyectos de resolución al tenor de lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto 3135 de 1968 y así lo advirtió la ejecutada en varias etapas del proceso y lo reconoció el ad quem al dictar sentencia.
17. Añadió que FONPRECON debió observar con mayor prudencia la estructuración del título ejecutivo , puesto que no se necesitaba de un profundo análisis para advertir que la obligación allí contenida no podía cobrarse, en tanto que las resoluciones por medio de las cuales se reconocía el pago de varias pensiones formada s por cuotas de distintas entidades -con las que pretendía repetirno se encontraban en firme; de ahí que la materializ ación del embargo no constituyera una medida necesaria ni razonable10.
pensiones formada s por cuotas de distintas entidades -con las que pretendía repetirno se encontraban en firme; de ahí que la materializ ación del embargo no constituyera una medida necesaria ni razonable10.
18. Como no se decretaron pruebas en segunda instancia, no hubo lugar a correr traslado para alegar de conclusión en los términos previstos en el numeral 5 del artículo 247 de la Ley 1437 de 201111. El Ministerio Público guardó silencio12.
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA
19. Surtido el trámite procesal, sin que se observe causal de nulidad o vicio que impida dictar sentencia, procede la Sala a resolver el recurso interpuesto.
El objeto de la apelación
20. De cara a la ratio decidendi del fallo apelado y los argumentos expuestos por la parte recurrente , el análisis de la Sala se circunscribe a determinar si el daño alegado en la demanda le resulta imputable a FONPRECON.
21. De acuerdo con las pretensiones formuladas por la parte actora, el daño cuya indemnización se solicita corresponde a la indisponibilidad de la suma de $3.797’172.386 del 14 de marzo de 2007 hasta el 11 de septiembre de 2013 , circunstancia que consideró acreditada el Tribunal y que no fue cuestionada en la alzada.
22. Sobre la causa en que sustenta tal daño, cabe precisar que la parte actora la fundamentó en la imposición de la medida cautelar de embargo y como soporte de la imputación, en la demanda, alegó que FONPRECON adelantó un procedimiento de cobro coactivo ilegal, lo que configuró una falla del servicio, circunstancia que
fundamentó en la imposición de la medida cautelar de embargo y como soporte de la imputación, en la demanda, alegó que FONPRECON adelantó un procedimiento de cobro coactivo ilegal, lo que configuró una falla del servicio, circunstancia que
10 SAMAI: Expediente digital: “ED_007MEMORIALRECUR(.pdf) NroActua 2”. 11 Modificada por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021. Dado que el recurso de apelación se interpuso el 15 de diciembre de 2023, al presente asunto le resultan aplicables las disposiciones del CPACA con las reformas introducidas por la Ley 2080 de 2021; ello, en atención a lo previsto en el artículo 86 de la misma norma. Artículo 247. “Trámite del recurso de apelación contra sentencias. El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento: “(…) “5. Si fuere necesario decretar pruebas, una vez practicadas, el superior autorizará la presentación de alegatos por escrito, para lo cual concederá un término de diez (10) días. En caso contrario, no habrá lugar a dar traslado para alegar. El secretario pasará el expediente al despacho para dictar sentencia dentro de los diez (10) días siguientes de concluido el término para alegar o de ejecutoria del auto que admite el recurso” (negrilla fuera del texto). 12 SAMAI: índice 10.Radicación: 05001-23-33-000-2015-01674-02 (70.864) Actor: Universidad de Antioquia Demandado: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República –FONPRECON– Referencia: Medio de control de reparación directa
Actor: Universidad de Antioquia Demandado: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República –FONPRECON– Referencia: Medio de control de reparación directa
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se encontraba acreditaba por la manera como finalizó dicho proceso, pues la excepción de “falta de título ejecutivo” que propuso oportun amente se declaró probada por el Tribunal al resolver la apelación.
23. En el recurso de apelación , la parte demandante cuestiona la procedencia de la medida cautelar y aduce una falla en su decreto, por estimar que no cumplía con los presupuestos de razonabilidad y necesidad, al tiempo que no satisfizo el requisito de “apariencia de buen derecho”, puesto que las resoluciones que conformaban el título ejecutivo complejo le eran inoponibles y, por ende, no contenían obligaciones exigibles que soportaran el cuantioso embargo . Estos argumentos que cuestionan la legalidad de la medida cautelar, así como su procedencia, y ya no como lo planteó la actora en la demanda , la ilegalidad en general del proceso de cobro coactivo, solo se formularon hasta la interposición del recurso de apelación, lo que constituye una modificación de la causa para pedir.
24. Si bien las medidas cautelares son instrumentales, es decir, que solo tienen sentido si se dictan en el marco y función de un proceso, también es cierto que tienen un objeto y fin distinto al de éste , aun cuando su eficacia dependa de la prosperidad de la pretensión principal -accesoriedad de la cautelay, por tanto, el análisis de su procedencia, necesidad o, incl uso, las irregularidades que se presenten respecto de cada uno deben alegarse y examinarse de manera
prosperidad de la pretensión principal -accesoriedad de la cautelay, por tanto, el análisis de su procedencia, necesidad o, incl uso, las irregularidades que se presenten respecto de cada uno deben alegarse y examinarse de manera autónoma. Como se indicó, en la demanda ningún reproche se realizó en relación con la legalidad de la medida cautelar decretada en contra de la UdeA 13, pues dichos cuestionamientos se manifestaron únicamente en el escrito contentivo del recurso de apelación.
25. Al respecto, debe recordarse que los hechos configuran la causa jurídica en que se fundamenta el derecho objeto de las pretensiones y, por ende, desde el punto de vista procesal, su afirmación constituye un acto jurídico que tiene la trascendencia y alcance de definir los términos de la controversia, así como delinear la competencia del juez en función del contenido de la sentencia bajo reglas de congruencia, los cuales deben ser objeto del debate durante el proceso14.
26. En ese sentido, la Sala se abstendrá de considerar el nuevo reproche introducido por vía de la impugnación, pues ello supondría una vulneración de los principios de congruencia, imparcialidad y, correlativamente, del derecho al debido proceso de la parte demandada, ya que la apelación no es una instancia para mejorar la demanda o para reforzarla con hechos nuevos, ni mucho menos una oportunidad procesal para modificar la causa petendi, sino para abogar por que lo
13 Ni siquiera en el trámite de ejecución adelantado la UdeA apeló esa decisión, siendo procedente tal recurso, lo que razonablemente permite inferir que no consideró ilegal, por sí misma, la medida cautelar impuesta. De
13 Ni siquiera en el trámite de ejecución adelantado la UdeA apeló esa decisión, siendo procedente tal recurso, lo que razonablemente permite inferir que no consideró ilegal, por sí misma, la medida cautelar impuesta. De conformidad con lo dispuesto en el CCA -estatuto aplicable para el momento en que ocurrieron los hechos -, capítulo v, artículo 252, “En la tramitación de las apelaciones e incidentes de excepciones en juicios ejecutivos por jurisdicción coactiva se aplicarán las disposiciones relativas al juicio ejecutivo del Código de Procedimiento Civil” y los artículos 513 y 514 de este último estatuto procesal establecía que: “El auto que decrete o niegue las medidas cautelares y el que las revoque por vía de reposición, son apelables en el efecto devolutivo”. 14 Conforme lo dispone el artículo 281 del Código General del Proceso (aplicable en virtud de la remisión contemplada en el artículo 306 del CPACA), la sentencia debe guardar coherencia con “ los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades” a las que se refiere ese código, por lo que el demandado no puede ser condenado por “objeto distinto del pretendido en la demanda, ni por causa diferente invocada en ésta”.Radicación: 05001-23-33-000-2015-01674-02 (70.864) Actor: Universidad de Antioquia Demandado: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República –FONPRECON– Referencia: Medio de control de reparación directa
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decidido se revoque o modifique, conforme a la postura que previamente esbozaron
República –FONPRECON– Referencia: Medio de control de reparación directa
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decidido se revoque o modifique, conforme a la postura que previamente esbozaron las partes; además, el Tribunal nada dijo sobre la licitud o no de la medida cautelar, de hecho, señaló que el fallo que revocó la decisión de continuar adelante con la ejecución en ningún momento calificó el embargo como ilegal, pues ni siquiera tocó el fondo de ese asunto.
27. Así las cosas, la responsabilidad que se endilgó en la demanda respecto de FONPRECON está circunscrita a la materialización de l a medida cautelar de embargo que le fue impuesta a la UdeA en el marco del proceso de cobro coactivo que calificó de ilegal , el cual tuvo como fin recobrar las cuotas partes pensionales que habían sido previamente definidas en un trámite administrativo . En estas condiciones es dable emprender el estudio de fondo de la censura por reunirse los presupuestos fácticos del medio de control de rep aración directa, pues no se cuestiona la legalidad de un acto administrativo en particular, sino que el reproche efectuado se encuadra en el supuesto relativo a la generación del daño por la ejecución de una decisión administrativa, para lo cual se alega una falla del servicio proveniente de las irregularidades presentadas en la ejecución por las cuotas partes pensionales contra la aquí demandante, a través del proceso de jurisdicción coactiva -en el que decretó un embargoque culminó con la cancelación del referido embargo y puso en evidencia la ausencia del título ejecutivo para cobrar las supuestas obligaciones adeudadas por la ejecutada.
-en el que decretó un embargoque culminó con la cancelación del referido embargo y puso en evidencia la ausencia del título ejecutivo para cobrar las supuestas obligaciones adeudadas por la ejecutada.
28. Con el fin de dilucidar el problema jurídico planteado, resulta importante recordar que la falla del servicio constituye la fuente principal y común para desencadenar la obligación indemnizatoria de la administración. Por tanto, si al juez administrativo le compete una labor de control de la acción o inacción del Estado y si la falla del servicio tiene el contenido final del incumplimiento o desconocimiento de una obligación a su cargo o, en términos generales, la violación de la ley, no hay duda que es ella el mecanismo más idóneo para asentar la responsabilidad patrimonial de naturaleza extracontractual.
29. La falla del servicio o la falta en la prestación del mismo se configura por retardo, por irregularidad, por ineficiencia, por omisión o por ausencia de éste. La irregularidad, en cuanto importa al asunto, se configura cuando se presta el servicio en forma diferente a como debe hacerse en condiciones normales, contrariando las normas, reglamentos u órdenes que lo regulan. Cabe precisar que la falla de la administración, para que pueda considerarse verdaderamente como causa del daño que se alega y comprometa su responsabilidad, no puede consistir en cualquier tipo de irregularidad, sino que debe ser de tal entidad que, teniendo en cuenta las concretas circunstancias en que debía prestarse el servicio, la conducta de la administración pueda considerarse como “anormalmente deficiente”.
30. En ese sentido, cuando la irregularidad que se alega se presenta en el marco de un procedimiento, que por virtud del agotamiento de la vía administrativa o cualquier
administración pueda considerarse como “anormalmente deficiente”.
30. En ese sentido, cuando la irregularidad que se alega se presenta en el marco de un procedimiento, que por virtud del agotamiento de la vía administrativa o cualquier otro mecanismo de control o autocontrol terminó en favor de quien demanda, habrá de demostrarse que la acción propia de iniciar, cursar o tramitar el proceso estuvo desprovista de cualqui er fundamento jurídico, configurándose una vía de hecho capaz de comprometer la responsabilidad de las entidades que lo adelantaron, puesRadicación: 05001-23-33-000-2015-01674-02 (70.864) Actor: Universidad de Antioquia Demandado: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República –FONPRECON– Referencia: Medio de control de reparación directa
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si el trámite y las medidas que se adoptan para su adecuado desarrollo se llevan a cabo dentro de márgenes razonables, son cargas que cualquier ciudadano está en la obligación de soportar hasta que se agoten ambas instancias.
31. Precisado lo anterior y con el objetivo de determinar si el daño invocado por la demandante resulta imputable a FONPRECON bajo el título jurídico de imputación de falla en el servicio, l a Sala procede a reseñar los hechos probados relevantes para los fines de esta instancia.
32. Los medios de convicción acreditan que mediante proveído No. 265 del 5 de junio de 2006, FONPRECON avocó conocimiento del expediente No. 06 -0067, a través del cual se inició el proceso de jurisdicción coactiva en contra de la UdeA, a efectos
de 2006, FONPRECON avocó conocimiento del expediente No. 06 -0067, a través del cual se inició el proceso de jurisdicción coactiva en contra de la UdeA, a efectos de cobrar las cuotas partes que le correspondían frente a siete (7) pensionados en este fondo 15 y libró mandamiento de pago conforme al trámite de un proceso ejecutivo de mayor cuantía, por las siguientes sumas de dinero:
1. Respecto de la cuota parte del pensionado Echeverri Mejía José Hernando, la suma de $74
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