CE - Sentencia 05001233300020250017501

Consejo de Estado

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Título
CE - Sentencia 05001233300020250017501
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

Radicado: 05001-23-33-000-2025-00175-01

Demandante: Jaime Alberto Lopera Quintero y otros

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS (E)

Bogotá D.C, ocho (8) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 05001-23-33-000-2025-00175-01

Demandante: JAIME ALBERTO LOPERA QUINTERO Y OTROS Demandado: JUZGADO VEINTISEIS ADMINISTRATIVO DE MEDELLÍN Tema: Tutela contra providencia judicial . Falta de cumplimiento del requisito general de subsidiariedad – acción popular.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por Andrés Felipe Arroyave Montoya, Jaime Alberto Lopera Quintero, Liliana Patricia Ramírez Flórez y Luis Enrique Bernal Vera| contra la providencia de 28 de febrero de 202 5, dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que resolvió:

«DENIÉGUESE la tutela promovida por JAIME ALBERTO LOPERA QUINTERO, LUIS

ENRIQUE BERNAL VERA, ÁNGELICA MARÍA ÁLVAREZ, OMAR ORLANDO MUÑETÓN,

SAMUEL CANO, JAQUELIN MATEUS, RUBIELA QUEJADA LEDESMA, HÉCTOR FABIO

ENRIQUE BERNAL VERA, ÁNGELICA MARÍA ÁLVAREZ, OMAR ORLANDO MUÑETÓN,

SAMUEL CANO, JAQUELIN MATEUS, RUBIELA QUEJADA LEDESMA, HÉCTOR FABIO

VARELA, BEATRÍZ SALADARRIAGA, ESTHER SALDARRIAGA, WALTER ALDANA y LILIANA RAMÍREZ en contra del JUZGADO VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.»

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 19 de febrero de 2025, el señor Jaime Alberto Lopera Quintero, Luis Enrique Bernal Vera, Angélica María Álvarez, Omar Orlando Muñetón, Samuel Cano, Jaquelin Mateus, Rubiela Quejada Ledesma, Héctor Fabio Varela, Beatriz Saladarriga, Esther Saldarriaga, Walter Aldana y Liliana Ramírez, en nombre propio, interpusieron acción de tutela contra el Juzgado Veintiséis Administrativo de Medellín por estimar vulnerado el derecho fundamental al debido proceso . En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

«1. Revocar la decisión del juez administrativo que negó la incorporación del documento aportado por el abogado coadyuvante de los accionantes (…)

2. Se integre y valore (…) el documento, “Análisis de las zonas geoeconómicas homogéneas entregadas por el Distrito de Medellín al Juzgado 26 Administrativo del Circuito en el proceso con radicado 050013333026202030034800”, Corporación Nacional de Lonjas de Propiedad Raíz CORALONJAS, agosto de 2024”.

homogéneas entregadas por el Distrito de Medellín al Juzgado 26 Administrativo del Circuito en el proceso con radicado 050013333026202030034800”, Corporación Nacional de Lonjas de Propiedad Raíz CORALONJAS, agosto de 2024”.

3. Se declare el Testimonio técnico (…) con el fin de que exponga ante el Despacho el documento allegado como prueba y declare sobre el mismo. (…).».

2. HechosRadicado: 05001-23-33-000-2025-00175-01

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De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

En el Juzgado Veintiséis Administrativo Oral del Circuito de Medellín se adelanta la acción popular con radicado número 2023-00348-00, promovida por la Defensora del Pueblo Regional Antioquia, en contra del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, el Metro de Medellín, la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín (ISVIMED) y la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín.

Entre otros aspectos, se cuestionó la falta de aplicación de la Política Pública de Protección a Moradores y Actividades Económicas y Productivas (PPPMAEP) prevista en el Decreto Municipal 818 de 2021, al existir una indebida aplicación de la metodología de avalúos en la ejecución del proyecto Metro Ligero de la 80.

Protección a Moradores y Actividades Económicas y Productivas (PPPMAEP) prevista en el Decreto Municipal 818 de 2021, al existir una indebida aplicación de la metodología de avalúos en la ejecución del proyecto Metro Ligero de la 80.

El 11 de septiembre de 2023, el Juzgado Veintiséis Administrativo de Medellín admitió la acción popular ; el 17 de octubre de 2023, el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín contestó la demanda y el 31 de enero de 2024, se celebró la audiencia de pacto de cumplimiento la cual resultó fallida.

El 28 de junio de 2024, el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín allegó el anexo técnico de las zonas geoeconómicas homogéneas utilizadas como referencia para los avalúos de los inmuebles objeto del proyecto de denominado Metro Ligero de la 80.

El 23 de julio de 2024, el coadyuvante Andrés Felipe Arroyave Montoya solicitó que se valorara el informe técnico denominado «Análisis de las zonas geoeconómicas homogéneas». Rendido por CORALONJAS y se recibiera el testimonio técnico del señor Oscar Hernán Cartagena Cartagena.

Al respecto, señaló que ese documento debía tenerse en cuenta como prueba sobreviniente, por su pertinencia y relevancia para el esclarecimiento de las irregularidades denunciadas, especialmente , respecto de la metodología de avalúo utilizada y su impacto en el valor de las compensaciones ofrecidas a los afectados por el proyecto.

Los días 9 y 20 de mayo, 21 de junio y 23 de julio de 2024 se llevó a cabo la audiencia

utilizada y su impacto en el valor de las compensaciones ofrecidas a los afectados por el proyecto.

Los días 9 y 20 de mayo, 21 de junio y 23 de julio de 2024 se llevó a cabo la audiencia de pruebas, en esta última sesión , la autoridad judicial demandada negó la solicitud probatoria por considerar que la etapa para solicitar y decretar pruebas se encontraba precluida. Dicha decisión no fue recurrida.

El 12 de agosto de 2024, la Defensoría del Pueblo solicitó la adopción de medidas cautelares, tendientes a suspender de manera retroactiva los procesos de notificación de enajenación voluntaria y de expropiación administrativa . Sobre el particular , mencionó que se omitió realizar avalúos de referencia , conforme con la Ley 388 de 1997 y el Decreto 2729 de 2012 y se usaron los valores de las zonas geoeconómicas homogéneas de los años 2008 al 2015, lo que afecta negativamente a los propietarios.

Además, la Defensoría del Pueblo solicitó el análisis elaborado por CORALONJAS y solicitó que se recibiera el testimonio técnico del señor Oscar Hernán Cartagena Cartagena, avaluador, comisionado de CORALONJAS. Esa solicitud fue apoyada por los coadyuvantes de la acción popular.Radicado: 05001-23-33-000-2025-00175-01

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El 14 de noviembre de 2024, el Juzgado Veintiséis Administrativo de Medellín negó la

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El 14 de noviembre de 2024, el Juzgado Veintiséis Administrativo de Medellín negó la solicitud de medidas cautelares , porque la medida cautelar no cumplía con los requisitos exigidos por la Ley 472 de 1998 y la Ley 1437 de 2011, en cuanto a que debe haber una relación directa entre la medida provisional y la protección efectiva del objeto del proceso, y, además, no se demostró la existencia de un perjuicio irremediable.

Asimismo, decidió no incorporar al expediente el documento denominado «Análisis de las zonas geoeconómicas homogéneas entregadas por el Distrito de Medellín al Juzgado Veintiséis Administrativo del Circuito », porque fue aportado de forma extemporánea al proceso.

En desacuerdo con dicha providencia, la Defensoría del Pueblo y varios de los coadyuvantes afectados por el proyecto , presentaron recursos de reposición y en subsidio apelación, en las que solicitaron reconsiderar la negativa de decretar las medidas cautelares y la exclusión del informe técnico de CORALONJAS.

El 3 de febrero de 2025, el Juzgado Veintiséis Administrativo de Medellín, resolvió no reponer el auto de 14 de noviembre de 2024 y confirmó la decisión negativa de decretar las medidas cautelares solicitadas y de no incorporar el estudio técnico aportado.

Respecto a esa última decisión , advirtió que «la solicitud de medidas cautelares no habilita a la parte actora a incorporar nuevas pruebas al proceso porque, como ya se mencionó, las oportunidades probatorias establecidas en el trámite de la acción popular son la demanda y su contestación».

habilita a la parte actora a incorporar nuevas pruebas al proceso porque, como ya se mencionó, las oportunidades probatorias establecidas en el trámite de la acción popular son la demanda y su contestación».

No obstante, indicó que, teniendo en cuenta la facultad oficiosa del juez administrativo para decretar pruebas que sirvan como medio de búsqueda de la verdad real y para el esclarecimiento de los hechos, de considerarlo necesario, previo a proferir la sentencia judicial, decretaría esa prueba en forma oficiosa.

Asimismo, rechazó por improcedente el recurso de apelación, al considerar que, en los términos de la Ley 472 de 1998, contra la decisión que resuelve sobre medidas cautelares dentro de una acción popular , únicamente procede el recurso de reposición.

3. Argumentos de la acción de tutela

Manifestó que la autoridad judicial accionada incurrió violación al derecho al debido proceso ante la negativa de incorporar al expediente de la acción popular el documento denominado « Análisis de las zonas geoeconómicas homogéneas entregadas por el Distrito de Medellín», elaborado por CORALONJAS.

A juicio del accionante, dicha prueba era relevante para acreditar las irregularidades cometidas en la determinación de los valores de los inmuebles afectados por el proyecto Metro Ligero de la 80, y su rechazo privó a los coadyuvantes de una oportunidad real de contradicción probatoria y de defensa de su patrimonio.

Asimismo, argumentó que la incorporación de dicha prueba debía ampararse en la figura de la prueba sobreviniente, en tanto el anexo técnico fue entregado por el

oportunidad real de contradicción probatoria y de defensa de su patrimonio.

Asimismo, argumentó que la incorporación de dicha prueba debía ampararse en la figura de la prueba sobreviniente, en tanto el anexo técnico fue entregado por el Distrito de Medellín solo después de múltiples requerimientos judiciales y, a partir deRadicado: 05001-23-33-000-2025-00175-01

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su conocimiento, surgió el análisis técnico elaborado por CORALONJAS, cuyo contenido no era previsible para los accionantes al momento de las oportunidades probatorias iniciales.

Para reforzar esa tesis, citó el criterio establecido en el Auto AP393-2019 dictado por la Corte Suprema de Justicia, según el cual la prueba sobreviniente puede ser admitida cuando surge en el curso del proceso por motivos no imputables a la parte interesada, tiene incidencia significativa en el caso y su incorporación no vulnera el derecho de defensa.

4. Trámite previo

El 19 de febrero de 2025, el Tribunal Administrativo de Antioquia admitió la acción de tutela interpuesta por los accionantes contra el Juzgado Veintiseis Administrativo de Medellín. Además, vinculó a la Defensoría del Pueblo – Regional Antioquia y, en condición de demandadas, al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, Metro de Medellín, Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), Instituto Social

condición de demandadas, al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, Metro de Medellín, Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín (ISVIMED) y la Lonja Medellín.

5. Oposiciones

El Juzgado Veintiséis Administrativo de Medellín pidió que se declare improcedente la acción de tutela, pues no vulneró el derecho fundamental al debido proceso.

Manifestó que la solicitud de incorporación del análisis técnico de CORALONJAS y la recepción del testimonio técnico fueron presentadas extemporáneamente, cuando ya había precluido la etapa probatoria. Afirmó que dichas solicitudes ya habían sido decididas de conformidad c on el marco legal aplicable y que los accionantes pretenden revivir un debate procesal ya resuelto.

Asimismo, sostuvo que en el trámite de la acción popular garantizó la protección del debido proceso de todas las partes, que no se configuraron las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y que, en consecuencia, se debía negar el amparo constitucional solicitado.

La Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada (Metro de Medellín) solicitó declarar improcedente la acción de tutela o, en su defecto, negar el amparo solicitado.

Explicó que no existe vulneración del derecho fundamental al debido proceso, dado que la solicitud de incorporación del análisis técnico elaborado por CORALONJAS fue realizada por fuera de las oportunidades procesales establecidas en la Ley 472 de 1998 y en el Código General del Proceso.

Además, p recisó que dicha solicitud fue elevada el 23 de julio de 2024, fuera del

realizada por fuera de las oportunidades procesales establecidas en la Ley 472 de 1998 y en el Código General del Proceso.

Además, p recisó que dicha solicitud fue elevada el 23 de julio de 2024, fuera del término probatorio previsto, y que ya había sido resuelta en audiencia del 29 de julio de 2024, en la que se negó su decreto por extemporaneidad, sin que dicha decisión hubiera sido recurrida en su momento.

Adicionalmente, mencionó que la solicitud de medidas cautelares no constituye una nueva etapa procesal para incorporar pruebas y que el trámite de las accionesRadicado: 05001-23-33-000-2025-00175-01

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populares impone reglas estrictas de preclusión, razón por la cual la prueba no podía ser decretada a instancia de parte ni por medio de mecanismos extraordinarios.

Sostuvo que no existe perjuicio irremediable que justifique el amparo, ya que el juez de conocimiento conserva la facultad de decretar pruebas de oficio si lo considera necesario antes de dictar sentencia.

El Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín (ISVIMED) solicitó su desvinculación del proceso, porque no existió alguna acción u omisión atribuible a dicha entidad que haya podido generar la presunta vulneración de derechos fundamentales alegada en la demanda.

Explicó que su participación en el proyecto Metro de la 80 se limitó a la ejecución de

dicha entidad que haya podido generar la presunta vulneración de derechos fundamentales alegada en la demanda.

Explicó que su participación en el proyecto Metro de la 80 se limitó a la ejecución de una prueba piloto de la Política Pública de Protección a Moradores, Actividades Económicas y Productivas (PPPMAEP) en el sector del Cerro El Volador, en virtud del contrato interadministrativo 4600087030 de 2020, sin tener injerencia en la planificación, disposición o ejecución general del proyecto.

El Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín pidió que se nieguen las pretensiones de la acción de tutela, porque la pretensión de incorporar el análisis técnico elaborado por CORALONJAS fue presentada por fuera de las oportunidades procesales previstas en el Código General del Proceso.

Además, señaló que el informe rendido por la administración el 28 de junio de 2024 , se trataba de una prueba por informe frente a la cual únicamente procedía su aclaración, complementación o ajuste, y no la incorporación de nuevas pruebas.

Adicionalmente, argumentó que el juez de conocimiento actuó conforme con la ley al negar el decreto de nuevas pruebas y la medida cautelar solicitada, explicando que las acciones populares no son el mecanismo adecuado para solicitar la suspensión o anulación de actos administrativos, ni para controvertir avalúos, lo cual correspondería a un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

La Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) solicitó que se nieguen las pretensiones de la acción de tutela toda vez que la solicitud de incorporación del análisis técnico de CORALONJAS fue realizada en una etapa procesal ya precluida, por lo que su

La Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) solicitó que se nieguen las pretensiones de la acción de tutela toda vez que la solicitud de incorporación del análisis técnico de CORALONJAS fue realizada en una etapa procesal ya precluida, por lo que su rechazo se ajustó al respeto de las reglas de procedimiento y al principio de igualdad procesal.

Señaló que el juez actuó conforme a su independencia judicial y que, en todo caso, la prueba podría ser decretada de manera oficiosa antes de proferirse sentencia si se estimaba pertinente.

Asimismo, sostuvo que, en gracia de discusión, la acción de tutela es improcedente, dado que los accionantes pretenden controvertir decisiones de trámite que no ponen fin al proceso, las cuales, conforme a la Ley 472 de 1998, no son apelables, ni configuran una vulneración autónoma de derechos fundamentales.

La Lonja de Medellín no se pronunció.

6. CoadyuvanciasRadicado: 05001-23-33-000-2025-00175-01

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El coadyuvante Andrés Felipe Arroyave Montoya intervino en la acción de tutela se adhirió a las pretensiones principales y solicitó, de manera subsidiaria, que se efectuara un test de proporcionalidad sobre la negativa de incorporación de la prueba aportada en la acción popular.

Explicó que el no tener en cuenta el análisis técnico configuró un defecto

efectuara un test de proporcionalidad sobre la negativa de incorporación de la prueba aportada en la acción popular.

Explicó que el no tener en cuenta el análisis técnico configuró un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, porque el juez aplicó de manera literal las reglas de preclusión previstas en la Ley 472 de 1998, sin considerar que el artículo 29 de la Constitución garantiza la facultad de presentar y controvertir pruebas en cualquier estado del proceso, especialmente cuando su surgimiento no es atribuible a la parte interesada.

Precisó que los anexos técnicos de las zonas geoeconómicas homogéneas no fueron publicados en la gaceta oficial, como lo exige el artículo 65 de la Ley 1437 de 2011, lo cual impidió su conocimiento oportuno y configuró una situación de prueba sobreviniente. De modo que, solo tuvo acceso a esa información el 28 de junio de 2024, esto es, cuando se encontraba vencido el término para pedir pruebas.

Además, indicó que el análisis técnico cumple con los requisitos jurisprudenciales para ser admitido como prueba sobreviniente, porque: (i) surgió del desarrollo del proceso, (ii) su falta de descubrimiento no era imputable a los accionantes, (iii) incide de forma significativa para demostrar las irregularidades en los avalúos prediales y , (iv) su admisión no afectaría el derecho de defensa de las entidades accionadas.

Por tanto, concluyó que el juez estaba obligado a valorar su admisión bajo un enfoque constitucional que privilegiara la búsqueda de la verdad material.

El coadyuvante Camilo Andrés Gómez Pérez manifestó su apoyo a las pretensiones de los accionantes.

constitucional que privilegiara la búsqueda de la verdad material.

El coadyuvante Camilo Andrés Gómez Pérez manifestó su apoyo a las pretensiones de los accionantes.

Reiteró que el análisis técnico elaborado por CORALONJAS constituye una prueba sobreviniente, surgida debido al incumplimiento del Distrito Especial de Medellín de su obligación legal de publicar los anexos técnicos de las zonas geoeconómicas, en desconocimiento del artículo 65 de la Ley 1437 de 2011.

Señaló que esa omisión dejó a los actores populares sin medios efectivos de debate y defensa, afectando gravemente su derecho al debido proceso.

Adicionalmente, sostuvo que el proceso de adquisición de los predios del Metro de la 80 se sustentó en actos irregulares, sin actualización económica real, desconociendo la situación subjetiva de los grupos familiares afectados, tratados como simples cifras en el trámite expropiatorio.

7. Sentencia de primera instancia

El 28 de febrero de 2025, el Tribunal Administrativo de Antioquia profirió sentencia de primera instancia en la que negó las pretensiones de la acción de tutela con fundamento en los siguientes argumentos:

Advirtió que, si bien , en el escrito de tutela los accionantes no desarrollaron expresamente alguna causal específica de procedencia, correspondía pronunciarseRadicado: 05001-23-33-000-2025-00175-01

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sobre el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto alegado por uno de los coadyuvantes.

Explicó que, de conformidad con los artículos 28 y 29 de la Ley 472 de 1998, en las acciones populares el período probatorio debe abrirse una vez fallida la audiencia de pacto de cumplimiento, y que la oportunidad para solicitar pruebas en la primera instancia está delimitada conforme al artículo 212 del CPACA, esto es, la demanda y su contestación.

En ese contexto , constató que la solicitud de incorporación de l informe técnico de CORALONJAS y testimonio del avaluado fueron presentados extemporáneamente en la audiencia de pruebas y reiterada posteriormente en la solicitud de la medida cautelar.

En consecuencia , encontró que la solicitud probatoria no se formuló en las oportunidades procesales establecidas, motivo por el cual el juzgado accionado actuó conforme a derecho al rechazar su incorporación.

En cuanto a la imposibilidad de controvertir en una etapa anterior los estudios de zonas geoeconómicas aportados por la administración, advirtió que la acción de tutela contra providencias judiciales no constituye una tercera instancia para reabrir debates probatorios ya resueltos, y que el juez constitucional no puede sustituir al juez natural en la valoración de la pertinencia o conducencia de las pruebas.

De otro lado, destacó que el Juzgado Veintiséis Administrativo de Medellín, si bien

probatorios ya resueltos, y que el juez constitucional no puede sustituir al juez natural en la valoración de la pertinencia o conducencia de las pruebas.

De otro lado, destacó que el Juzgado Veintiséis Administrativo de Medellín, si bien negó la incorporación de la prueba por extemporaneidad a solicitud de parte, no cerró la posibilidad de decretarla oficiosamente si, previo a dictar sentencia, la considera necesaria para la búsqueda de la verdad real, en ejercicio de su facultad oficiosa probatoria.

Finalmente, concluyó que no se configuró alguna otra causal específica de procedencia, como el defecto fáctico por omisión en la práctica de prueba indispensable, toda vez que aún subsiste la posibilidad de que el juez natural la decrete de oficio antes de dictar sentencia.

8. Impugnaciones

El señor Andrés Felipe Arroyave Montoya cuestionó la formulación del problema jurídico adoptada por el juez de primera instancia , al considerar que no reflejó adecuadamente el objeto de la controversia. En su criterio, la cuestión no debió centrarse en la decisión negativa de incorporar una prueba por extemporánea, sino en determinar si dicha negativa vulneró el derecho fundamental de los accionantes a controvertir las pruebas aportadas por la entidad demandada.

Aunado a lo anterior, afirmó que, más allá del debate sobre la prueba sobreviniente o la oportunidad para solicitarla, lo que se presentó fue una afectación directa al principio de contradicción, dado que la prueba controvertida fue introducida en una etapa procesal en la que los accionantes ya no podían ejercer su aportar nuevas pruebas.

la oportunidad para solicitarla, lo que se presentó fue una afectación directa al principio de contradicción, dado que la prueba controvertida fue introducida en una etapa procesal en la que los accionantes ya no podían ejercer su aportar nuevas pruebas.

Alegó que el juez de tutela no valoró de manera completa los antecedentes procesales que rodearon la solicitud probatoria, porque no evaluó la fecha en la que el Distrito de Medellín aportó los estudios técnicos, lo cual ocurrió después del decreto inicial deRadicado: 05001-23-33-000-2025-00175-01

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pruebas y como respuesta a requerimientos judiciales específicos. De ahí que, si bien la solicitud probatoria se hizo de forma extemporánea, no era atribuible a la parte actora, sino a la conducta omisiva de la entidad demandada.

Indicó que el a quo realizó un análisis de la legalidad de la actuación, sin considerar los principios constitucionales involucrados, pues se presentaba una colisión entre el principio de legalidad y los principios de debido proceso e igualdad material.

En consecuencia, sostuvo que era indispensable la aplicación de un test de proporcionalidad que permitiera ponderar si la aplicación irrestricta de la norma procesal resultaba razonable frente a la garantía efectiva de los derechos fundamentales comprometidos.

Por otro lado, cuestionó la afirmación según la cual la decisión que negó la prueba no constituía un pronunciamiento de fondo , pues esa determinación tiene efectos

procesal resultaba razonable frente a la garantía efectiva de los derechos fundamentales comprometidos.

Por otro lado, cuestionó la afirmación según la cual la decisión que negó la prueba no constituía un pronunciamiento de fondo , pues esa determinación tiene efectos sustanciales, en la medida en que: (i) impide controvertir una prueba aportada por la contraparte; (ii) limita el conocimiento del juez sobre hechos relevantes, como la existencia de ofertas de compra realizadas en 2022 con base en avalúos del año 2008; (iii) rompe el principio de igualdad procesal entre las partes, y; (iv) frustra la posibilidad de que se decreten medidas cautelares dentro del proceso de acción popular.

Al respecto, añadió que la expectativa de que el juez de conocimiento pueda decretar la prueba de oficio no constituye una garantía efectiva, pues se trata de una facultad discrecional del juzgador o una mera expectativa , no de un derecho exigible por los accionantes.

Finalmente, mencionó que las irregularidades advertidas en el trámite del proceso, la relevancia de la prueba solicitada y el precedente judicial contenido en la sentencia de 12 de julio de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, dentro de la acción popular con radicado 2021-00323-01, en la que se discutieron supuestos fácticos y jurídicos similares, justificaban una decisión de fondo favorable a los derechos colectivos invocados, o al menos, el decreto de la medida cautelar solicitada.

Los señores Jaime Alberto Lopera Quintero, Liliana Patricia Ramírez Flórez, Luis Enrique Bernal Vera sostuvieron que la prueba técnica fue solicitada por todos los

derechos colectivos invocados, o al menos, el decreto de la medida cautelar solicitada.

Los señores Jaime Alberto Lopera Quintero, Liliana Patricia Ramírez Flórez, Luis Enrique Bernal Vera sostuvieron que la prueba técnica fue solicitada por todos los accionantes, en virtud de su relevancia para acreditar afectaciones a derechos colectivos como la moralidad administrativa y el ordenamiento urbanístico y que, pese a su importancia, el juez de conocimiento no la decretó, incluso de oficio, en ninguna de las tres oportunidades en que se ha solicitado su incorporación.

Señalaron que, mientras se negó la incorporación del informe técnico, el juez sí admitió tener en cuenta para dictar sentencia unas compensaciones económicas ofrecidas por el Distrito con posterioridad al decreto de pruebas, lo que, en su criterio, quebranta el principio de igualdad procesal al permitir que sólo las pruebas aportadas por la parte accionada incidan en la decisión final, en perjuicio del derecho a la defensa de los moradores y actividades económicas afectadas.

En segundo lugar , resaltaron que la solicitud de incorporación de la prueba no fue extemporánea, puesto que el Distrito de Medellín incumplió su obligación legal de publicar en la gaceta oficial los anexos técnicos del Decreto 1760 de 2016, de conformidad con lo establecido en el artí culo 65 de la Ley 1437 de 2011. Y que, laRadicado: 05001-23-33-000-2025-00175-01

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información que se pretendía controvertir mediante la prueba fue allegada el 28 de julio de 2024.

Además, indicaron que el Distrito fue requerido en múltiples ocasiones por el juzgado demandado, incluso hasta en cuatro oportunidades durante las audiencias, para que allegara dichos estudios, los cuales finalmente fueron presentados de manera incompleta y sin las formalidades requeridas . De modo que, dicha circunstancia impidió que los accionantes tuvieran acceso oportuno al contenido técnico de los avalúos, haciendo imposible controvertirlos en las etapas procesales previstas.

Afirmaron que la administración, pese a ser conocedora de la inconformidad de la comunidad, ha guardado silencio ante las irregularidades denunciadas en la elaboración de los estudios de

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