CE - Sentencia 05001233300020250021001

Consejo de Estado

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Título
CE - Sentencia 05001233300020250021001
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

Radicación: 05001 23 33 000 2025 00210 01

Accionante: Hospital Francisco Luis Jiménez Martínez E.S.E

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá D.C., dos (2) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 05001 23 33 000 2025 00210 01

Accionante: HOSPITAL FRANCISCO LUIS JIMÉNEZ MARTÍNEZ E.S.E.

Accionado: JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO DE TURBO

Tesis: No es procedente la acción de tutela que se interpone en contra de la decisión que tiene por no contestada la demanda dentro de un proceso de reparación directa que se encuentra en curso

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra el fallo del 11 de marzo de 2025, dictado por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión.

I. SÍNTESIS DEL CASO

1.1. El Hospital Francisco Luis Jiménez Martínez E.S.E.1, por intermedio de su representante legal, solicitó el amparo de los derechos fundamentales a la igualdad, a la defensa, de acceso administración de justicia y al debido proceso, que estima vulnerados con ocasión del auto

de su representante legal, solicitó el amparo de los derechos fundamentales a la igualdad, a la defensa, de acceso administración de justicia y al debido proceso, que estima vulnerados con ocasión del auto del 1° de noviembre de 2024 , proferid o por el Juzgado Sexto Administrativo d e Turbo , que tuvo por no contestada la demanda de reparación directa promovida en su contra y de la Promotora Clínica Zona Franca de Urabá S.A.S. 2; y del auto del 28 de noviembre de 2024, que resolvió desfavorablemente el recurso de reposición y rechazó el de queja, interpuestos contra la anterior decisión.

1 En adelante la E.S.E. 2 Proceso que se identificó con el radicado 05837-33-33-003-2023-00482-00.Radicación: 05001 23 33 000 2025 00210 01

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1.2. El referido medio de control fue presentado por Rafaela Coa Blanquicet y otros 3 con el objeto de que se declar e patrimonialmente responsable a la parte demandada y se indemnice por los perjuicios sufridos con ocasión de la muerte de la gestante Daniela Patricia González Coa y de su hijo, por una presunta falla en la atención médica prestada por la E.S.E. y la Promotora Clínica Zona Franca de Urabá S.A.S.

1.3. La demanda correspondió al Juzgado Te rcero Administrativo de

Coa y de su hijo, por una presunta falla en la atención médica prestada por la E.S.E. y la Promotora Clínica Zona Franca de Urabá S.A.S.

1.3. La demanda correspondió al Juzgado Te rcero Administrativo de Turbo, quien, en proveído del 13 de diciembre de 2023, la admitió. Luego, por lo dispuesto en el Acuerdo CSJANTA24-204 del 18 de julio de 2024 , el proceso fue remitido a l Juzgado Sexto Administrativo de Turbo, autoridad que, mediante auto del 1° de noviembre de 2024, tuvo por no contestada la demanda por parte de la E.S.E., al considerar extemporáneo el memorial radicado el 9 de mayo de 2024, y fijó fecha para adelantar la audiencia inicial.

1.4. La demandante informó que, contra la anterior providencia, presentó recurso de reposición y en subsidio el de queja, alegando que la demanda fue notificada el 15 de marzo de 2024 , por lo que el término para contestarla transcurrió entre el 20 de marzo y el 9 de mayo de 2024, teniendo en cuenta que , por la vacancia judicial de semana santa , se suspendieron los términos judiciales del 25 al 29 de marzo del mismo año. Luego, por fallas en el sistema eléctrico en el sector de Urabá, los servicios de los juzgados administrativos de la región fueron suspendidos el 24 de abril de 2024 y se restableci eron el día siguiente. Y que, finalmente, la contestación de la demanda fue radicada el 9 de mayo de 2024, es decir, dentro del término.

1.6. Manifestó que, en proveído del 28 de noviembre de 2024, el Juzgado

contestación de la demanda fue radicada el 9 de mayo de 2024, es decir, dentro del término.

1.6. Manifestó que, en proveído del 28 de noviembre de 2024, el Juzgado Sexto Administrativo de Turbo resolvió no reponer la decisión, porque el

3 Luis Guillermo Rivas Coa, Shirley Vanesa González Coa, Jorge Luis González Coa, Javier Esteban González Coa, Olga Patricia González Coa y Rafael Santos González Coa.Radicación: 05001 23 33 000 2025 00210 01

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auto admisorio de la demanda fue notificado a la E.S.E. el 14 de marzo de 2024 por el Juzgado Tercero Administrativo de Turbo 4. Sin embargo, argumentó que el 15 de marzo de 2024 fue reenviado el mensaje de datos que contenía el enlace del expediente digital en la plataforma OneDrive de Microsoft, el cual no podía tomarse como notificación de la demanda o como una modificación de tal actuación, pues “el expediente en Onedrive es una herramienta de apoyo para la gestión de los expedientes por parte de los Juzgados sin que este implique per se su obligatoriedad o sustituya la notificación que estaba perfeccionada. De hecho, según la Circular PCSJC24-1 del 11 de enero de 2024, los juzgados de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo deben hacer uso del aplicativo Samai”, y a la E.S.E se le otorgó acceso al expediente alojado en SAMAI desde la fecha

PCSJC24-1 del 11 de enero de 2024, los juzgados de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo deben hacer uso del aplicativo Samai”, y a la E.S.E se le otorgó acceso al expediente alojado en SAMAI desde la fecha en la que se notificó.

Frente al recurso de queja, señaló que su procedencia se limita ba a los eventos en los que no se conced ía el recurso de apelación o los extraordinarios de revisión y de unificación de jurisprudencia, y que en el caso concreto no se adoptó ninguna de tales decisiones . Por lo tanto, lo rechazó por improcedente. Además, consideró que el recurso que debió interponer la parte demandada en primera medida era el de apelación.

1.7. La parte accionante manifestó en la tutela que las decisiones controvertidas afectan su derecho fundamental al debido proceso , al cimentarse en interpretaciones restrictivas de los plazos procesales , sin considerar las suspensiones legales y la confusión presentada con el envío de los correos por parte del juzgado con la notificación de la demanda el 14 de marzo de 2024 y el reenvío del mensaje de datos el 15 del mismo mes y año, siendo la última fecha la que tuvo en cuenta para presentar la contestación.

Lo anterior, a su juicio, la deja en situación de indefensión y afecta sus garantías constitucionales, al impedirle ejercer el derecho a la defensa,

4 Visible en los índices 6 y 30 del proceso de reparación directa en SAMAI.Radicación: 05001 23 33 000 2025 00210 01

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4 Visible en los índices 6 y 30 del proceso de reparación directa en SAMAI.Radicación: 05001 23 33 000 2025 00210 01

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pues en la contestación propuso las excepciones de “ausencia de falta o falla en el servicio”, falta de legitimación en la causa por pasiva, “ausencia de título jurídico de imputación frente al departamento de Antioquía” y “ausencia de nexo de causalidad”, y solicitó como pruebas los testimonios de los médicos Julio Cesar Martínez Montero y Marcos Márquez Arabia , médicos de la E.S.E. , con lo que pretendía ejercer su derecho de contradicción.

1.8. Con fundamento en los anteriores argumentos, formuló las siguientes pretensiones5:

“1. Se conceda el amparo constitucional del derecho fundamental al debido proceso y acceso a la administración de justicia en favor de la E.S.E. HOSPITAL

FRANCISCO LUIS JIMENEZ MARTINEZ.

2. Se decrete la nulidad del auto interlocutorio No. 428 del 28 de noviembre de 2024, donde el Juzgado Sexto Administrativo de Turbo rechazo admitir la procedencia del recurso de queja, por las razones antes expuesta, en favor de

la E.S.E. HOSPITAL FRANCISCO LUIS JIMÉNEZ MARTÍNEZ.

3. Se decrete la nulidad del auto interlocutorio No. 82 del 1 de noviembre de 2024, donde el Juzgado Sexto Administrativo de Turbo, considero y deja la

3. Se decrete la nulidad del auto interlocutorio No. 82 del 1 de noviembre de 2024, donde el Juzgado Sexto Administrativo de Turbo, considero y deja la constancia que la ES.E. Hospital Francisco Luis Jiménez Martínez, contesto la demanda en forma extemporánea.

4. Que se declare la nulidad de la audiencia inicial, desarrollada el 11 de febrero de 2025, a partir de las 2:00 P.M, teniendo en cuenta los argumentos y razones antes expuesto.

5. Que, una vez reconocidos y tutelados los derechos vulnerados, se ordene al Juzgado Sexto Administrativo de Turbo que, mediante providencia motivada, acepte la contestación de la demanda realizada por E.S.E. Hospital Francisco

Luis Jiménez Martínez.

6. Se adopten las medidas necesarias para evitar que situaciones similares vulneren el debido proceso de otras entidades o partes procesales”.

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN

2.1. Mediante auto del 28 de febrero de 2025, el juez de primera instancia admitió la tutela . Luego, en proveído del 3 de marzo del mismo año , ordenó vincular como terceros con interés a los señores Rafaela Coa Blanquicet, Luis Guillermo Rivas Coa, Shirley Vanesa González Coa, Jorge Luis González Coa, Javier Esteban González Coa, Olga Patricia González

5 Se transcribe del texto original, incluso con posibles errores.Radicación: 05001 23 33 000 2025 00210 01

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Coa y Rafael Santos González Coa, y a las sociedades Promotora Clínica Zona Franca de Urabá S.A.S. y Chubb Seguros Colombia S.A.

2.2. El Juzgado Sexto Administrativo de Turbo hizo un resumen de las actuaciones adelantadas dentro del proceso, y argumentó que la decisión objeto de debate se dictó teniendo en cuenta las normas procesales, las pruebas obrantes en el expediente y las que se recaudaron para resolver el recurso.

Además, adujo que el escrito de tutela no cumple con el requisito de relevancia constitucional, pues los argumentos presentados se refieren a un debate estrictamente legal sobre el cómputo de términos , no fundamenta con suficiencia por qué la providencia es arbitraria, irracional o cap richosa, y pretende convertir la acción constitucional en una instancia adicional.

III. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante fallo del 11 de marzo de 2025 , el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión, estudió de fondo el asunto y denegó el amparo al considerar que las actuaciones adelantadas por la accionada fueron conforme a derecho, pues , una vez revisado el expediente, observó que el auto admisorio de la demanda fue notificado a la E.S.E. el 14 de marzo de 2024 y que los términos para contestar empezaron a correr desde el 19 del mismo mes y año; sin embargo, teniendo en cuenta

observó que el auto admisorio de la demanda fue notificado a la E.S.E. el 14 de marzo de 2024 y que los términos para contestar empezaron a correr desde el 19 del mismo mes y año; sin embargo, teniendo en cuenta la suspensión de términos del día 24 de abril de 2024, el último día que tenía la entidad para contestar era el 8 de mayo de ese año , y lo hizo al día siguiente.

Además, consideró que no se acreditó que el reenvío del mensaje de datos realizado el 15 de marzo de 2024 hubiese estado motivado en alguna solicitud de la parte demandada , con lo que se pudiera confirmar que efectivamente las partes no pudieron acceder a la información contenida en el hipervínculo que remitía a la plataforma OneDrive . Y que, aunqueRadicación: 05001 23 33 000 2025 00210 01

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se lograra probar que dicho enlace presentaba problemas, el reenvío del correo no constituye una modificación de la notificación o una nueva actuación, pues la E.S.E. tenía conocimiento de la demanda y tuvo acceso al contenido de esta antes de su admisión , ya que, en el folio 318 del archivo de demanda y anexos, obra la constancia de envío de esos archivos por la parte demandante, vía correo electrónico.

Por otro lado, sostuvo que , una vez verificado el aplicativo SAMAI , encontró que los archivos relacionados con el escrito de la demanda, su admisión, la notificación , las contestaciones y las constancias

archivos por la parte demandante, vía correo electrónico.

Por otro lado, sostuvo que , una vez verificado el aplicativo SAMAI , encontró que los archivos relacionados con el escrito de la demanda, su admisión, la notificación , las contestaciones y las constancias secretariales, han sido de acceso público desde su radicación, por lo tanto, podían ser visualizados en cualquier momento por la entidad accionante.

IV. IMPUGNACIÓN

La parte accionante impugnó la sentencia de primera instancia y reiteró los argumentos de la demanda . Agregó que la accionada incurrió en un defecto procedimental absoluto al rechazar el recurso de queja interpuesto contra el auto que tuvo por no contestada la demanda, pues no hizo un análisis de fondo sobre el asunto, y dicho error fue validado por el juez de tutela en primera instancia, al no tener en cuenta que “De acuerdo con el artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), el recurso de queja procede cuando se rechaza un recurso de apelación o cuando no se concede un recurso ordinario (sic)”.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

5.1. COMPETENCIA

De conformidad con lo previsto por el numeral 5º del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021, y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que asigna aRadicación: 05001 23 33 000 2025 00210 01

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de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que asigna aRadicación: 05001 23 33 000 2025 00210 01

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esta Sección el conocimiento de estas acciones constitucionales, esta Sala es competente para conocer del presente asunto.

5.2. HECHOS

5.2.1. La señora Rafaela Coa Blanquicet y otros 6 presentaron demanda de reparación directa contra el Hospital Francisco Luis Jiménez Martínez E.S.E. y la Promotora Clínica Zona Franca de Urabá S.A.S., con el fin de obtener la indemnización de perjuicios sufridos con ocasión de la muerte de la gestante Daniela Patricia González Coa y su hijo a causa de una presunta falla en la atención médica prestada por las demandadas.

5.2.2. Mediante auto del 1° de noviembre de 2024, el Juzgado Sexto Administrativo de Turbo fijo fecha para adelantar la audiencia inicial y tuvo como no contestada la demanda por parte de la E.S.E., al considerar que el memorial radicado el 9 de mayo de 2024 fue extemporáneo. Contra tal decisión, la E.S.E. presentó recurso de reposición y en subsidio de queja.

5.2.3. El Juzgado Sexto Administrativo de Turbo, mediante auto del 28 de noviembre de 2024, resolvió no reponer la decisión recurrida y rechazó el recurso de queja por considerarlo improcedente.

5.2.3. El Juzgado Sexto Administrativo de Turbo, mediante auto del 28 de noviembre de 2024, resolvió no reponer la decisión recurrida y rechazó el recurso de queja por considerarlo improcedente.

5.3. ANÁLISIS DE LA SALA

5.3.1. Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

El análisis de las acciones de tutela contra providencias judiciales exige una cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin de evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios constituc ionales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial.

6 Ver nota al pie 3.Radicación: 05001 23 33 000 2025 00210 01

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5.3.1.1. El requisito de la subsidiariedad de la acción de tutela contra providencias judiciales

Conforme el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 7, la acción de tutela es un recurso subsidiario y residual para la protección de los derechos fundamentales, lo que implica que sólo será procedente cuando se agoten todos los mecanismos de defensa judicial principales de los que se disponga ante la conducta activa u omisiva de las autoridades, o no exista en el ordenamiento jurídico un

que sólo será procedente cuando se agoten todos los mecanismos de defensa judicial principales de los que se disponga ante la conducta activa u omisiva de las autoridades, o no exista en el ordenamiento jurídico un medio idóneo y eficaz para el amparo judicial de esa categoría de derechos.

Respecto al requisito de subsidiariedad cuando se atacan decisiones judiciales, la Corte Constitucional8 ha señalado que se pueden presentar dos escenarios: i) cuando el proceso ha concluido, y ii) cuando el proceso se encuentra en curso. En el segundo de los escenarios, ha precisado que la intervención del juez constitucional está vedada en principio, toda vez que la acción de tutela no constituye un mecanismo alternativo o paralelo para resolver problemas jurídicos que deben ser resueltos al interior del trámite ordinario. Posición que se ha reiterado por el Tribunal Constitucional y que se ha acogido por e sta Sección, al señalar que la acción de tutela contra providencia judicial es improcedente por no cumplir con el requisito de subsidiariedad cuando: “(i) el asunto está en trámite; (ii) no se han agotado los medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios; y (iii) se usa para revivir etapas procesales en donde se dejaron de emplear los recursos previstos en el ordenamiento jurídico9”.

7 Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política 8 Posición que se desarrolló en sentencia T-113 de 2013 y que se reiteró en sentencia T-103 de 2014 9 En la Sentencia T-396 de 2014 al respecto se afirma lo siguiente: “Es reiterativa la posición de la Corte en

8 Posición que se desarrolló en sentencia T-113 de 2013 y que se reiteró en sentencia T-103 de 2014 9 En la Sentencia T-396 de 2014 al respecto se afirma lo siguiente: “Es reiterativa la posición de la Corte en cuanto a la improcedencia de la tutela cuando en desarrollo de un proceso judicial las partes pudieron valerse de los recursos judiciales ordinari os pero estos no fueron empleados oportunamente, ya que no puede constituirse en la vía para discutir situaciones jurídicas consolidadas que adquirieron firmeza por la caducidad de los recursos y acciones que no fueron utilizados oportunamente por los inte resados. Entonces, por vía de tutela, no es viable revivir términos de caducidad agotados, en la medida que se convertiría en un mecanismo que atentaría contra el principio de seguridad jurídica y se desnaturalizaría el propósito mismo de la acciónRadicación: 05001 23 33 000 2025 00210 01

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No obstante, lo anterior, se han establecido dos excepciones al principio de subsidiariedad de la acción de tutela, a saber: i) cuando el mecanismo ordinario de defensa no es idóneo ni eficaz para la protección inmediata de los derechos fundamentales, y ii ) cuando se pretende evitar un perjuicio irremediable. En este último evento, se debe demostrar que el perjuicio es inminente y grave, que requiere de la adopción de medidas de carácter urgente para superar el daño y, por lo tanto, que la protección constitucional es impostergable10.

perjuicio es inminente y grave, que requiere de la adopción de medidas de carácter urgente para superar el daño y, por lo tanto, que la protección constitucional es impostergable10.

5.3.2. Caso concreto

5.3.2.1. La Sala recuerda que, de acuerdo con lo expuesto en la solicitud de amparo y en la impugnación, los argumentos de la parte actora giran en torno a sus inconformidades con la s decisiones del 1° de noviembre de 2024, que tuvo como no contestada la demanda de reparación directa presentada en su contra, y del 28 del mismo mes y año, que resolvió el recurso de reposición presentado contra el anterior proveído y rechazó el de queja por improcedente . Además, se advierte que la entidad accionante pretende que, por vía de tutela , se declare la nulidad de la audiencia inicial adelantada por el Juzgado Sexto Administrativo de Turbo el 11 de febrero de 2025.

5.3.2.2. Ahora bien, de la revisión de las actuaciones del proceso ordinario, la Sala advierte que, para la fecha de presentación de la tutela, el proceso ante el Juzgado Sexto Administrativo de Turbo se encontraba a la espera del desarrollo de la audiencia de pruebas establecida en el artículo 181 del CPACA, para la cual se fijaron los días 18 y 19 de marzo de 2025.

constitucional de protección de los derechos fundamentales. Es necesario que quien alega la vulneración de sus derechos fundamentales haya agotado los medios de defensa disponibles en la legislación para el efecto. Esta exigencia responde al principio de s ubsidiariedad de la tutela, que pretende asegurar que la acción

sus derechos fundamentales haya agotado los medios de defensa disponibles en la legislación para el efecto. Esta exigencia responde al principio de s ubsidiariedad de la tutela, que pretende asegurar que la acción constitucional no sea considerada en sí misma una instancia más en el trámite jurisdiccional, ni un mecanismo de defensa que reemplace aquellos otros diseñados por el legislador. Menos aún, qu e resulte ser un camino excepcional para solucionar errores u omisiones de las partes o para corregir oportunidades vencidas en los procesos jurisdiccionales ordinarios.”. En igual sentido, Sentencia T -103 de 2014, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. 10 Sentencia T-150 de 2016Radicación: 05001 23 33 000 2025 00210 01

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Luego, el 18 de marzo del 2025 , se declaró precluido el periodo probatorio, se prescindió de la audiencia de alegaciones y juzgamiento y se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión11.

5.3.2.3. Así las cosas, la sala advierte que la presente solicitud de amparo no cumple con el requisito de la subsidiariedad, toda vez que el proceso ordinario en el que se profirió la decisión censurada se encuentra aún en trámite, situación en la que, como se señaló en precedencia, se configura uno de los supuestos que, según el criterio de la Corte Constitucional,

ordinario en el que se profirió la decisión censurada se encuentra aún en trámite, situación en la que, como se señaló en precedencia, se configura uno de los supuestos que, según el criterio de la Corte Constitucional, impide al juez constitucional inmiscuirse en el asunto.

La referida postura también ha sido reiterada por esta corporación y en particular por esta Sección, al señalar que, “por regla general, cuando el proceso se encuentra en curso la acción de tutela no es procedente para cuestionar cualquier decisión adversa las partes, aún luego de agotados los recursos que contra ellas proceden dentro del proceso, si el desarrollo del medio de control no ha finalizado y, por tanto, no se puede tener certeza de la trascendencia de esa pre sunta irregularidad procesal en la decisión que pone fin al proceso”12.

La anterior re gla tiene su razón de ser en que: (i) es el juez ordinario quien debería corregir, si las hay, las irregularidades que se llegaren a presentar en el curso del proceso, de manera oficiosa o a solicitud de parte, a efecto de dictar una sentencia que materialice el derecho a la tutela judicial efectiva y sea el resultado de una actuación conforme a las garantías procesales; y (ii) la acción de tutela tiene carácter residual y subsidiario con la finalidad, justamente, de evitar que se vacíen las competencias de los operadores judiciales ordinarios, al constituirse en

11 Visible en índice 55 del expediente de reparación directa en SAMAI. 12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 1º de febrero de 2018, proferida dentro del expediente con número único de radicación 11001-03-15-000-2017-02930-00(ac),

12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 1º de febrero de 2018, proferida dentro del expediente con número único de radicación 11001-03-15-000-2017-02930-00(ac), Roberto Augusto Serrato ValdésRadicación: 05001 23 33 000 2025 00210 01

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una instancia adicional de las decisiones que éstos emitan o en un mecanismo paralelo a los medios de control establecidos en la ley, lo que ocurriría de permitirse en esta instancia la revisión de cada una de las actuaciones que se profieran al interior de dichos asuntos.

En este sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia de unificación13, indicó:

“El derecho procesal en general y el ordenamiento nacional, en particular, prevén diversos mecanismos procedimentales, entre los que se encuentran los recursos, las nulidades procesales y el poder -deber del juez de corregir las irregularidades o equivocaciones que ocurran durante el proceso en virtud del principio que reza que “lo interlocutorio no ata al juez” .

Cada uno de estos medios opera en determinadas circunstancias, esto es, antes, durante y después del proceso legalmente concluido.

Durante el proceso las irregularidades se subsanan mediante los recursos ordinarios, y las nulidades procesales. Después de dictada la sentencia, a través de los recursos ordinarios o extraordinarios, la adición o corrección de sentencia

durante y después del proceso legalmente concluido.

Durante el proceso las irregularidades se subsanan mediante los recursos ordinarios, y las nulidades procesales. Después de dictada la sentencia, a través de los recursos ordinarios o extraordinarios, la adición o corrección de sentencia y, de manera residual y excepcional, en caso de que se afecten derechos fundamentales de las partes, se encuentra la acción de tutela.

En otras palabras, de manera residual, esto es, cuando no haya otro medio de defensa judicial efectivo y se vean afectados derechos fundamentales por decisiones de los jueces, las partes pueden acudir a la acción constitucional de tutela, pues es lo que se infiere del texto constitucional y de lo discutido en la Asamblea Nacional Constituyente”.

Sobre el particular, resulta pertinente poner de presente que, si bien la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha considerado que la acción de tutela procede tanto contra las decisiones tomadas en autos como frente a sentencias, ello no implica que se pueda promover el amparo para atacar todas las decisiones que se emitan mientras el medio de control se encuentra en curso.

Para delimitar las oportunidades en las que resulta admisible atacar por vía de este mecanismo excepcional las decisiones interlocutorias

13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta Sentencia de 5 de agosto de 2014, Consejero Ponente Dr. Jorge Octavio Ramírez - Radicado: 11001 -03-15-000-2012-02201-01 (IJ), Demandante Alpina Productos Alimenticios S.A., Demandado: Consejo de Estado – Sección Primera.Radicación: 05001 23 33 000 2025 00210 01

Accionante: Hospital Francisco Luis Jiménez Martínez E.S.E

Demandante Alpina Productos Alimenticios S.A., Demandado: Consejo de Estado – Sección Primera.Radicación: 05001 23 33 000 2025 00210 01

Accionante: Hospital Francisco Luis Jiménez Martínez E.S.E

12 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

proferidas al interior de los procesos judiciales que estén en trámite, la referida corporación fijó las siguientes condiciones14.

“[…] en materia de decisiones adoptadas en autos, la Corte ha señalado que éstas, por regla general, deben ser discutidas por medio de los recursos ordinarios que el legislador ha dispuesto para el efecto. La acción de tutela procederá solamente i) cuando se evidencie una vulneración o amenaza de los derechos fundamentales de las partes que no puede ser reprochada mediante otros medios de defensa judicial . Por tanto, la acción constitucional no será procedente cuando han vencido los términos para interponer los recursos ordinarios y la parte afectada no hizo uso de ellos, o cuando fueron utilizados, pero en forma indebida; ii) cuando a pesar de que existen otros medios, éstos no resultan idóneos para proteger los derechos afectados o amenazados ; o iii) cuando la protección constitucional es urgente para evitar un perjuicio irremediable . En el primer caso, para que proceda la tutela, deberán reunirse los requisitos generales de procedencia y pr

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