CE - Sentencia 05001233300020250129301
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 05001233300020250129301
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., siete (7) de noviembre de dos mil veinticinco (2025) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 05001-23-33-000-2025-01293-01
Referencia: Acción de tutela
Actor: SUMIT GADDH
TESIS: SE CONFIRMA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA QUE DENEGÓ LA
SOLICITUD DE AMPARO. LA AUTORIDAD JUDICIAL ACCIONADA NO
VULNERÓ LOS DERECHOS FUNDAMENTALES INVOCADOS. ADEMÁS, LA
SOLICITUD DE AMPARO ES IMPROCEDENTE POR CUANTO NO CUMPLE CON
EL REQUISITO GENERAL DE LA SUBSIDIARIEDAD. EL MEDIO DE CONTROL
CUESTIONADO SE ENCUENTRA EN CURSO.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO Y ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia de 10 de octubre de 2025, mediante la cual la SALA OCTAVA DE DECISIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA1 decidió la acción de tutela de la referencia.
1 En adelante el Tribunal.2
Número único de radicación: 05001-23-33-000-2025-01293-01
Actor: SUMIT GADDH
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Actor: SUMIT GADDH
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I. ANTECEDENTES
I.1.- La Solicitud
El señor SUMIT GADDH, actuando en nombre propio , en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia , los cuales estima vulnerados por el JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN 2, por l os presuntos obstáculos e irregularidades que le han impedido ejercer su defensa dentro de l medio de control de reparación directa identificado con el número único de radicación 2025-00187-00.
I.2.- Hechos
Señaló que la CORPORACION DULAZAR PROVIVIENDA DIGNA3, promovió demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa en su contra y del DISTRITO DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN 4, con el fin de
2 En adelante Juzgado. 3 En adelante Dulazar. 4 En adelante Distrito.3
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obtener el pago de los perjuicio s de orden materia l debido a las presuntas afectaciones que sufrió un bien de propiedad de la aludida corporación, con ocasión a una obra de construcción que adelantó en su inmueble que colinda con el presuntamente afectado.
Aseveró que a la demanda le fue asignado el número único de radicación 2025-00187-00 y le correspondió por reparto en primera instancia al JUZGADO que, a su juicio, le ha impedido ejercer su derecho a la defensa al ejecutar actos de “obstrucción institucional”, remitiendo notificaciones judiciales a correos no autorizados y obligándolo a contestar una demanda que se sustenta en pruebas ilegales y fraudulentas.
I.3. Fundamentos de derecho
A juicio d el actor, el JUZGADO incurrió en la vulneración de sus derechos fundamentales, por cuanto ha rechazado cada una de las solicitudes que ha presentado a nombre propio y a través de apoderado judicial dentro del proceso judicial censurado, sin que se explique de manera alguna los motivos.4
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Aseguró que de manera consistente e inequívoca informó como único correo electrónico autorizado para comunicaciones judiciales el siguiente: datos6565@gmail.com; y pesar de la revocatoria de l poder de su anterior apoderado, el JUZGADO continuó remitiéndole a este las notificaciones, desatendiendo los escritos en l os que refiere a dicho canal digital como única dirección para notificaciones.
Mencionó que “[…] al diluir la autoridad del canal expresamente autorizado con notificaciones paralelas a cuentas no autorizadas, el tribunal violó el debido proceso constitucional e internacional, haciendo ilusorias las reparaciones […]”.
I.4.- Pretensiones
El actor solici tó el amparo de su s derechos fundamentales invocados como vulnerados y, en consecuencia:
“[…] 1. Declaración de Violación.
Declarar que Juzgado Octavo ha violado los derechos fundamentales del peticionario a debido proceso (Constitución Política, art. 29) y acceso a la justicia (Constitución Política, artículo 229).
2. Canal de Notificación Exclusiva.5
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Orden Juzgado Octavo reconocer y respetar datos6565@gmail.com, el correo electrónico corporativo designado expresa y reiteradamente por el peticionario y su apoderado, como el canal exclusivo para todas las notificaciones judiciales y cesar inmediatamente el envío de notificaciones a cualquier cuenta no autorizada o paralela.
3. Pretensión – Corporación Dulazar
Orden Juzgado Octavo Emitir una certificación jurada especificando:
3a. Si ha mantenido alguna comunicación, directa o indirectamente, con el abogado Juan Felipe Trespalacios, Corporación Dulazar, o sus representantes.
3b. Si mantiene algún conflicto de intereses con Corporación Dulazar.
3c. ¿Cuántos casos ha presidido que involucran? Corporación Dulazar como demandante o demandado, incluida la divulgación de los resultados.
4. Pretensión – Alcaldía de Medellín
Orden Juzgado Octavo Emitir una certificación jurada especificando:
4a. Si ha mantenido alguna comunicación, directa o indirectamente, con la Alcaldía de Medellín o sus representantes.
4b. Si mantiene algún conflicto de intereses con la Alcaldía de Medellín.
4c. ¿Cuántos casos ha presidido en los que la Alcaldía de Medellín fue parte (demandante o demandado), incluida la divulgación de los resultados.
Medellín.
4c. ¿Cuántos casos ha presidido en los que la Alcaldía de Medellín fue parte (demandante o demandado), incluida la divulgación de los resultados.
5. Pretensión – DAGRD Orden Juzgado Octavo Emitir una certificación jurada
especificando:
5a. Si ha mantenido alguna comunicación, directa o indirectamente, con DAGRD o sus representantes.6
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5b. Si mantiene algún conflicto de intereses con con DAGRD.
5c. ¿Cuántos casos ha presidido en los que DAGRD fue parte (demandante o demandado), incluida la divulgación de los resultados.
5d. ¿Cuántos casos ha presidido en los que Informes del DAGRD se presentaron como prueba y si dichos informes fueron admitidos, impugnados o tomados como base de sus decisiones.
6. Pretensión – Casos que involucran a extranjeros
Orden Juzgado Octavo para proporcionar una certificación jurada especificando cuántos casos ha presidido en los que un ciudadano extranjero fue parte (demandante o demandado), incluida la divulgación de los resultados, para garantizar la transparencia y evaluar si el peticionario está siendo sometido a un trato discriminatorio o adverso por motivos de nacionalidad.
7. Divulgación de tutelas previas
incluida la divulgación de los resultados, para garantizar la transparencia y evaluar si el peticionario está siendo sometido a un trato discriminatorio o adverso por motivos de nacionalidad.
7. Divulgación de tutelas previas
Orden Juzgado Octavo para proporcionar una certificación jurada enumerando todas las tutelas en las que ha sido nombrado como demandado, incluyendo:
7a. El números y fechas de tutela.
7b. El razones o causas para el cual se presentó cada tutela, incluyendo si el peticionario buscó protección contra ocultamiento, obstrucción o confianza en evidencia falsificada o irregular.
7c. Cuando corresponda, la Prueba falsificada específica impugnada en cada caso.
7d. El respuestas o resultados judiciales expedidas en cada tutela.
8. Recordatorio de responsabilidad judicial.
Ordene que Juzgado Octavo Se le recuerda expresamente que, a pesar de su condición de tribunal superior, es no exento de límites constitucionales y legales, y que su conducta está sujeta a la supervisión de ambos control constitucional interno y autoridades internacionales de derechos humanos, quienes están siendo alertados sobre el presente asunto.7
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9. Pretensión – Justificación conforme al ordenamiento jurídico interno
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9. Pretensión – Justificación conforme al ordenamiento jurídico interno
Ordenar al Juzgado Octavo que exponga, con razonamiento jurídico preciso y completo, por qué considera que su conducta no vulnera la Constitución Política de Colombia, arts. 29 (debido proceso) y 229 (acceso a la justicia), indicando el soporte normativo, jurisprudencial y los actos procesales en que se sustenta.
10. Justificación del derecho internacional.
Orden Juzgado Octavo para explicar, con un razonamiento jurídico preciso, por qué considera que su conducta no viola la Convención Americana sobre Derechos Humanos, arts. 8(1) y 25(1), ni la jurisprudencia vinculante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cantoral Benavides v. Peru, ¶146;Barrios Altos vs. Perú, ¶41).
11. Recordatorio de supervisión internacional.
Ordene que Juzgado Octavo Se le recuerda expresamente que sus respuestas serán revisadas y, en su caso, presentado ante las autoridades internacionales de derechos humanos, incluida la Comisión y la Corte Interamericanas, como parte de la búsqueda continua de protección del peticionario
12. Base razonada para las denegaciones.
Orden Juzgado Octavo explicar, con un razonamiento claro, tanto jurídico como fáctico, por qué ha negó todas las presentaciones presentadas por el peticionario y su abogado, y precisar los fundamentos de cada denegatoria con
Orden Juzgado Octavo explicar, con un razonamiento claro, tanto jurídico como fáctico, por qué ha negó todas las presentaciones presentadas por el peticionario y su abogado, y precisar los fundamentos de cada denegatoria con arreglo a derecho, a fin de que el peticionario pueda ejercer el derecho de defensa en condiciones de transparencia y certeza.
13. Tono judicial, sanciones e imparcialidad
Orden Juzgado Octavo a abstenerse de utilizar un lenguaje que amenace con sanciones o transmita parcialidad, irritación o intimidación contra el peticionario por ejercer el derecho constitucional de presentar pruebas de falsificación y obstrucción, y en su lugar Abordar dichas pruebas sobre el fondo con explicaciones neutrales y razonadas , de acuerdo con Constitución Política, art. 29 (debido proceso) y Decreto 25918
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de 1991, art. 6(b) (admisibilidad de la tutela contra actos judiciales que violen derechos fundamentales).
14. Reclamación – Garantía de Acceso Directo
Orden Juzgado Octavo restablecer y garantizar de inmediato la capacidad del peticionario de presentar peticiones y comunicaciones directamente a través del Sistema en línea SAMAI, independientemente de que se designe defensor, de modo que los derechos constitucionales al debido proceso (C.P .
capacidad del peticionario de presentar peticiones y comunicaciones directamente a través del Sistema en línea SAMAI, independientemente de que se designe defensor, de modo que los derechos constitucionales al debido proceso (C.P . art. 29) y al acceso a la justicia (C.P . art. 229) no se vean obstruidos por barreras técnicas o administrativas.
15. Supervisión por parte de la Autoridad Judicial Superior
Solicitar al juez de tutela notifique al Consejo Seccional de l a Judicatura (órgano disciplinario) de la conducta descrita, por lo que es objeto de seguimiento independiente para una posible investigación disciplinaria.
16. Admisión y Acceso.
Ordenar que se declare la presente tutela admitido formalmente de acuerdo con Decreto 2591 de 1991, art. 17, y que se le conceda al peticionario acceso inmediato y completo al expediente electrónico a través de un enlace SharePoint funcional (o medio digital equivalente), para que el peticionario pueda ejercer efectivamente el derecho de defensa y seguir el proceso en tiempo real.
17. Pretensión – Respuesta completa y razonada al fraude
Orden Juzgado Octavo emitir una Respuesta completa, razonada y fundamentada legalmente a cada uno de los 20 pasos del fraude estructural (22.1–22.20) identificado en la denuncia del peticionario ante la Fiscalía y presentada a través de SAMAI. El peticionario y su abogado solicitó explícitamente que el tribunal abordará cada paso individualmente , dada la abrumadora naturaleza de la evidencia. De acuerdo con la Constitución Política, art. 29, y jurisprudencia vinculante —
El peticionario y su abogado solicitó explícitamente que el tribunal abordará cada paso individualmente , dada la abrumadora naturaleza de la evidencia. De acuerdo con la Constitución Política, art. 29, y jurisprudencia vinculante — Tribunal Constitucional, SU -1184/01 (las autoridades judiciales deben proporcionar una motivación clara y suficiente), T -377/16 (las decisiones deben abordar las pruebas presentadas), y IACHR, Cantoral Benavides v. Peru (18 de agosto de 2000, ¶146 — la notificación efectiva y el compromiso con las pruebas son esenciales) —Juzgado Octavo hay que recordar que no puede9
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emitir respuestas incompletas o evasivas, sino que debe responder a cada paso en su totalidad para satisfacer el debido proceso constitucional.
18. Pretensión - Efecto Jurídico de Respuestas Incompletas o Engañosas
Ordenar al Juzgado Octavo que se le recuerde expresamente que, conforme a la jurisprudencia vinculante (Corte Constitucional, Sent. SU-1184/01; T-377/16; Corte IDH, Cantoral Benavides vs. Perú, Sent. 18 de agosto de 2000, ¶146; Barrios Altos vs. Perú, Sent. 14 de marzo de 2001, ¶ 41), una respuesta incompleta,
Perú, Sent. 18 de agosto de 2000, ¶146; Barrios Altos vs. Perú, Sent. 14 de marzo de 2001, ¶ 41), una respuesta incompleta, evasiva o deshonesta constituye una violación del debido proceso y es jurídicamente equivalente a la falta de respuesta. En consecuencia, cualquier contestación del Juzgado Octavo debe ser plena, razonada y congruente con las pruebas aportadas.
19. Medidas correctivas.
Adoptar cualquier medida adicional que se considere necesaria para salvaguardar el derecho del peticionario a notificación judicial clara, directa y exclusiva, asegurando el goce efectivo de las garantías constitucionales […]”. (Destacado pertenece al texto).
I.5. Defensa
I.5.1.- El JUZGADO señaló que las pretensiones de la acción constitucional deben despacharse de manera desfavorable, en tanto no se evidencia ninguna vulneración de los derechos fundamentales del actor , p or el contrario, ha respetado el ordenamiento jurídico con sustento en la norma procesal aplicable al asunto.10
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Indicó que las actuaciones judiciales adelantadas dentro del medio de control de reparación directa censurado se han proferido de conformidad con las normas procesales, garantizando la intervención y defensa del actor , quien ha promovido varias
Indicó que las actuaciones judiciales adelantadas dentro del medio de control de reparación directa censurado se han proferido de conformidad con las normas procesales, garantizando la intervención y defensa del actor , quien ha promovido varias solicitudes tendientes a obtener su nulidad, el rechazo y la suspensión del trámite procesal, peticiones que han sido debidamente atendidas y notificadas a los correos electrónicos autorizados por la parte actora.
Resaltó que frente a los argumentos de la valoración y exclusión probatoria, no es procedente dicha pretensión en la medida que en la actualidad el proceso no se encuentra en la etapa probatoria y que tales argumentos deben ser planteados en la contestación de la demanda, una vez se resuelva la admisión de la reforma de la demanda que está pendiente de resolución.
Aseveró que el actor en otra oportunidad promovió una acción de tutela en su contra , en la que solicitó , entre otros, la exclusión de unas pruebas y resaltó que dicho trámite constitucional fue declarado improcedente por falta de relevancia constitucional5.
5 Acción de tutela, expediente identificado con el numero único de radicación 05001 23 33 000 2025 01024 00, Tribunal Administrativo de Antioquia, Magistrada ponente Irina del Rosario Meza Rhenais.11
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I.5.2.- El DISTRITO DE MEDELLÍN manifestó que la solicitud de amparo es improcedente, comoquiera que la vulneración se imputa única y exclusivamente contra la autoridad judicial accionada, por lo que no se le puede atribuir algún tipo de responsabilidad por acción u omisión.
I.5.3.- DULAZAR mencionó que no se evidencia irregularidades en el trámite del medio de control de reparación directa y que tales afirmaciones carecen de sustento fáctico y jurídico, pues el actor de forma temeraria ha promovido memoriales en los que invoca nulidades sin fundamento, entorpeciendo el curso normal del proceso y comprometiendo la seriedad y lealtad procesal.
II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
El TRIBUNAL mediante sentencia de 10 de octubre de 2025, denegó y rechazó por improcedente la solicitud de amparo al considerar que los reparos formulados contra el JUZGADO por presunta vulneración al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, no se encontraron probados.12
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En primer lugar, señaló que al actor no se le restringió el acceso a la administración de justicia ya que la petición de nulidad que presentó directamente fue resuelta por el Juzgado que, de manera categórica le explicó que la solicitud no podía tramitarse por cuanto no compareció al proceso por intermedio de apoderado judicial , por lo tanto, no evidenció ningún tipo de irregularidad.
En segundo lugar, respecto a los reparos relacionados con las notificaciones judiciales , no evidenció alguna práctica irregular, ya que, conforme a las constancias obrantes en el expediente , todas las decisiones adoptadas por el despacho fueron remitidas a los correos electrónicos autorizados por el actor y por la apoderada judicial que lo representa, garantizando así la validez de las notificaciones y el pleno ejercicio del derecho de defensa.
En tercer lugar , frente a las pretensiones relacionadas con la respuesta detallada a una serie de cuestionamientos, señaló que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para exigir ese tipo de actuaciones.
Igualmente, señaló que frente los tr ámites adelantados ante la13
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Fiscalía General de la Nación con ocasión a la denuncia formulada por el actor, deberá acudir directamente a dic ha autoridad, a fin de agotar los mecanismos de defensa dispuestos en la norma tiva para cuestionar las irregularidades que invoca, pues la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para obtener respuestas e intervenciones en otros escenarios judiciales.
Finalmente, aseguró que el medio de control de reparación directa cuestionado se encuentra en trámite, por lo que no se cumple con el requisito de subsidiariedad y, resaltó que “[…] de surgir inconformidad por parte del accionante con las decisiones que se adopten al interior de dicho proceso, podrá ejercitar los recursos que contra ellas procedan de acuerdo con el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”.
III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
La parte actora impugnó la sentencia proferida por el TRIBUNAL manifestando su desacuerdo con la motivación de la decisión, pues, a su juicio, el a quo omitió con pleno conocimiento la existencia de14
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las pruebas falsificadas y fraudulentas que obran en la actuación judicial cuestionada.
Manifestó que el TRIBUNAL omitió adoptar medidas preventivas o de protección desconociendo sus deberes constitucionales para salvaguardar su vida e integridad física , además respaldó la narrativa del juzgado negándose a suspender los efectos de los actos administrativos ilegales a fin de sanear el proceso.
Indicó que el TRIBUNAL ratificó el fraude procesal del JUZGADO al continuar este notificando las actuaciones a su anterior apoderado y autorizando al apoderado del DISTRITO DE MEDELLÍN continuar defendiendo el caso basado en pruebas fraudulentas.
IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en15
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concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de
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concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de negocios entre las secciones.
Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley 2591 de 19 de noviembre de 1991. Dicha acción se establece como instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el afectado no dispone de otros medios de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio irremediable.
Caso concreto
En el presente caso, el actor instauró la acción de tutela con el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido16
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proceso y al acceso a la administración de justicia , los cuales
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proceso y al acceso a la administración de justicia , los cuales estima vulnerados por el JUZGADO, debido a las presuntas irregularidades que le han impedido ejercer su defensa dentro del medio de control de reparación directa identificado con el número único de radicación 2025-00187-00.
La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por el TRIBUNAL que, mediante sentencia de 10 de octubre de 2025, denegó la solicitud de amparo al considerar que los reparos formulados contra el JUZGADO por presunta vulneración al debido proceso y al acceso a la administración de justicia , no se encontraron probados.
Frente a las demás pretensiones relacionadas con las presuntas irregularidades dentro del medio de control de reparación directa en lo que respecta a la valoración de unas pruebas y las actuaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación frente a una denuncia penal formulada por el actor, determinó que no se cumplió con el requisito de subsidiariedad, en la medida que el interesado deberá acudir directamente ante dichas autoridades, a fin de agotar los mecanismos defensa dispuestos en la norma para cuestionar las17
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denomina fraudulentas y la indebida notificación de las actuaciones judiciales a correos no autorizados, no sin antes advertir que , los argumentos relacionados con la adopción de medidas preventivas o de protección para salvaguardar su vida e integridad física y la suspensión de los efectos de unos actos administrativos que denominó ilegales, son inconformidades que no fue ron expuestas desde el escrito primigenio de la solicitud de amparo, por lo que no es de recibo traer argumentos nuevos a esta instancia constitucional que no fueron debatidos por el juez de primera instancia, por lo que se relevará de su estudio.
Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe confirmar, modificar o revocar la decisión de l a quo, para lo cual se verificará si se cumplen los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela; y, de ser así, se establecerá si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos deprecados.
En ese orden, se examinará i) el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, en especial, el requisito de la subsidiariedad y, ii) las actuaciones relacionadas19
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requisito de la subsidiariedad y, ii) las actuaciones relacionadas19
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con el envío de las notificaciones al correo electrónico autorizado por el actor.
De la improcedencia de la acción de tutela por carencia del requisito de subsidiariedad
El artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 prevé como causal de improcedencia que « existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable . La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante» (Subrayas y negrillas fuera del texto).
Lo anterior significa, que este mecanismo de amparo ostenta un carácter excepcional y subsidiario , pues solo es procedente cuando el interesado no cuenta con otros medios jurisdiccionales para que sus peticiones sean examinadas, a menos que, existiendo tales mecanismos, esta acción se instaure en forma transitoria, en aras de obtener una protección urgente e inmediata de sus derechos.20
Número único de radicación: 05001-23-33-000-2025-01293-01
Actor: SUMIT GADDH
aras de obtener una protección urgente e inmediata de sus derechos.20
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Actor: SUMIT GADDH
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Así pues, el no atender dicho carácter excepcional y subsidiario, afecta el ordenamiento jurídico, habida cuenta que la garantía de los derechos fundamentales no sería examinada por su juez natural idóneo para resolver las controversias jurídicas de acuerdo con las competencias establecidas por el legislador.
No obstante, solo en caso de que se vislumbre la ocurrencia de un perjuicio irremediable, el juez constitucional podría intervenir, pero únicamente para la protección de los derechos fundamentales que encuentre amenazados o vulnerados, de lo contrario «deberá declarar la improcedencia de la acción de amparo y en consecuencia se exhortará a los tutelantes para que se dirijan ante el juez ordinario que de manera preferente debe conocer del fondo del asunto .»6 (Subrayas y negrillas fuera del texto).
Precisado lo anterior, la Sala evidencia que las inconformidades planteadas por el actor en el escrito de impugnación recaen en que la autoridad judicial accionada vulner ó sus derechos fundamentales, al continuar el trámite de la actuación judicial sin
6 Corte Constitucional, sentencia T -175 de 14 de marzo de 2011, Magistrado Ponente doctor Jorge Iván Palacio Pal
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