CE - Sentencia 08001233300020230011501
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 08001233300020230011501
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
Radicado: 08001-23-33-000-202300115 -01 (28994)
Demandante: Inversiones Oma Osio Mancini & CIA SCA
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá D.C., ocho (08) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 08001-23-33-000-202300115 -01 (28994)
Demandante: Inversiones Oma Osio Mancini & CIA SCA
Demandado: DIAN
Temas: Renta. 2016. Ingresos por la venta de inmuebles. Activos fijos o movibles.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación1 interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 05 de marzo de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que resolvió (índice 27):
Primero: Negar las pretensiones de la demanda.
Segundo: No condenar en costas.
ANTECEDENTES
Actuación administrativa
Mediante la Liquidación Oficial de Revisión 022622021000013, del 30 de noviembre de 2021 (ff. 422 a 441 vto. caa2), la demandada modificó la autoliquidación del impuesto
Actuación administrativa
Mediante la Liquidación Oficial de Revisión 022622021000013, del 30 de noviembre de 2021 (ff. 422 a 441 vto. caa2), la demandada modificó la autoliquidación del impuesto sobre la renta del año gravable 2016 efectuada por la actora mediante corrección voluntaria a la declaración del tributo (ff. 2 a 4 vto. caa). En concreto, reclasificó los ingresos por la venta de inmuebles declarados en el renglón « ingresos por ganancias ocasionales» al de «ingresos operacionales», pero prescindió de reclasificar el «costo por ganancias ocasionales» declarado y, en su lugar, determinó un menor valor como costo de venta de los bienes enajenados; por ende, liquidó un mayor impuesto a cargo e impuso sanción por inexactitud. Esa decisión fue confirmada por la Resolución 011264, del 02 de diciembre de 2022 (ff. 464 a 472 caa).
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011), la demandante formuló las siguientes pretensiones (índice 2):
1 El expediente entró al despacho sustanciador el 28 de junio de 2024 (índice 3. Esta y las demás menciones de «índices» aluden al historial de actuaciones registradas en el repositorio informático Samai).
1 El expediente entró al despacho sustanciador el 28 de junio de 2024 (índice 3. Esta y las demás menciones de «índices» aluden al historial de actuaciones registradas en el repositorio informático Samai). 2 El cuaderno de antecedentes administrativos se aportó por la demandada en los documentos digitales contenidos en el índice 11.Radicado: 08001-23-33-000-202300115 -01 (28994)
Demandante: Inversiones Oma Osio Mancini & CIA SCA
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2
1. Se declare la nulidad de la Liquidación Oficial de Revisión 022622021000013, del 30 de noviembre de 2021, que modifica la declaración privada del impuesto de renta y complementarios del periodo gravable 2016…
2. Se declare la nulidad de la Resolución 011264 , del 02 de diciembre de 2022 … por medio de la cual se resuelve el recurso de reconsideración y que confirmó la liquidación de revisión.
3. Que, como consecuencia de las declaraciones de nulidad contenidas en las anteriores pretensiones, a título de restablecimiento del derecho, se deje sin efecto los actos demandados y se exima a mi representada de cualquier cobro por estos conceptos.
4. En caso de que su despacho declare la nulidad parcial de los actos administrativos demandados, solicito respetuosamente se sirva establecer los conceptos y valores sobre los cuales es procedente conceder la nulidad parcial.
5. Teniendo en cuenta que los actos administrativos demandados contradicen el ordenamiento
solicito respetuosamente se sirva establecer los conceptos y valores sobre los cuales es procedente conceder la nulidad parcial.
5. Teniendo en cuenta que los actos administrativos demandados contradicen el ordenamiento jurídico en forma flagrante, se condene en costas a la parte demandada, como consecuencia de la declaratoria de nulidad absoluta. Las costas y agencias en derecho se solicitan de conformidad con el contenido normativo determinado en los artículos 361, 363, 364, 365, y 366 del Código General del Proceso, y en concordancia con el Acuerdo PSAA16 -10554, del 05 de agosto de 2016 del
Consejo Superior de la Judicatura.
A los anteriores efectos, invocó como normas vulneradas los artículos 6.º, 29 y 83 de la Constitución; 21-1 y 60 del ET (Estatuto Tributario); 3.º y 4.º de la Ley 1314 de 2009; 42 y 161 del CPACA; y 167 y 176 del CGP (Código General del Proceso, Ley 1564 de 2012), bajo el siguiente concepto de violación (índice 2):
Alegó que los actos demanda dos fueron proferidos con infracción al debido proceso y falsa motivación , ya que la demandada no se pronunció sobre cada uno de los argumentos expuestos en el recurso de reconsideración y omitió demostrar la naturaleza de cada uno de los activos enajenados, a efectos de establecer si la utilidad percibida por su venta estaba gravada con el impuesto sobre la renta o generaba ganancia ocasional.
Relató que, en 1974 y como medida de protección patrimonial, la socia gestora aportó al capital social un lote rural que le fue adjudicado en una sucesión. Explicó que dicho predio
Relató que, en 1974 y como medida de protección patrimonial, la socia gestora aportó al capital social un lote rural que le fue adjudicado en una sucesión. Explicó que dicho predio fue reclasificado a suelo urbano y, en 1977, se desagregó en tres lotes de menor extensión, los cuales, a su vez, se subdividieron en 256 predios en 1980. Defendió que contrario a lo señalado por la demandada, la utilidad percibida por la venta de dichos inmuebles estaba gravada con el impuesto de ganancias ocasionales y no con el impuesto sobre la renta, debido a q ue tenían la connotación de activos fijos y fueron conservados en su patrimonio por más de 40 años.
Sostuvo que el lapso entre la adquisición y la enajenación de los bienes evidenciaba que su venta no correspondía a la actividad económica habitual de la compañía, sino que se trataba de operaciones realizadas al detectar una oportunidad para obtener rentabilidad, tal como lo haría cualquier sujeto que gestione adecuadamente sus intereses. Asimismo, refutó la conclusión de la demandada de que la enajenación de inmuebles formaba parte del giro ordinario de sus negocios, conforme a las actividades descritas en su objeto social, p ues esa era una prueba formal que no reflejaba las labores efectivamente realizadas por la entidad, las cuales consistieron en la conservación del patrimonio de las tres familias que poseían el capital social y esto incluyó la realización de los actos jurídicos necesarios para la reclasificación y división del predio en cuestión.
Afirmó que en el expediente no existían pruebas que demostraran que la venta de inmuebles constituía su actividad económica habitual, lo que impedía considerar dichos
jurídicos necesarios para la reclasificación y división del predio en cuestión.
Afirmó que en el expediente no existían pruebas que demostraran que la venta de inmuebles constituía su actividad económica habitual, lo que impedía considerar dichos bienes como activos movibles. Señaló que, por el contrario, las declaraciones tributariasRadicado: 08001-23-33-000-202300115 -01 (28994)
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 de los años anteriores y los registros contables evidenciaban que estos estaban clasificados como activos fijos. Explicó que al tratarse de terrenos, su costo fiscal fue actualizado conforme a lo dispuesto en el artículo 73 del ET, más no determinado según el artículo 65 ibidem, el cual habría sido aplicable en caso de tratarse de inventario. Indicó que dichos terrenos no fueron objeto de depreciación y aseguró que ninguno de estos tratamientos fue cuestionado por la demandada antes del periodo en litigio.
Argumentó que los activos enajenados cumplían con la definición de «propiedad, planta y equipo» establecida en las NIIF (normas internacionales de información financiera), ya que se trataba de bienes que probablemente generarían beneficios económicos futuros, como efectivamente ocurrió con su venta, y cuyo costo podía medirse de manera fiable . Precisó que en cualquier caso, la autoridad tributaria reconoció que dichos bienes serían activos de inversión mantenidos en el patrimonio con el propósito de obtener una
como efectivamente ocurrió con su venta, y cuyo costo podía medirse de manera fiable . Precisó que en cualquier caso, la autoridad tributaria reconoció que dichos bienes serían activos de inversión mantenidos en el patrimonio con el propósito de obtener una rentabilidad por su valorización y no con la intención de ser vendidos en el corto plazo dentro del curso ordinario de las actividades del negocio. En consecuencia, dicha clasificación los ubicaba dentro de los activos fijos como propiedades de inversión y los excluía de la categoría de inventario atribuida en los actos acusados.
Planteó que aun si se considerara que estas normas no eran aplicables al per iodo debatido, los artículos 63 y 64 del Decreto 2649 de 1993 (vigentes antes) también permitían concluir que los activos objeto de la litis no podían clasificarse como inventario, de manera que su venta estaba gravada con el impuesto de ganancias ocasionales, como lo declaró. Agregó que la carga de probar la naturaleza de inventario recaía en la Administración, por ser la parte que lo alegaba a su favor, y defendió que era improcedente atribuirle al impuesto de ganancias ocasionales la connotación de beneficio tributario para invertir la carga de la prueba, independientemente de que su tarifa fuera inferior a la del impuesto sobre la renta ordinaria.
Por otra parte, aunque reconoció que en el recurso de reconsideración no cuestionó directamente la modificación al costo por ganancias ocasionales, rechazó que ello conllevara un indebido agotamiento de la vía administrativa respecto a esa glosa, como lo señaló su contraparte en el acto que resolvió dicho recurso, porque los planteamientos
conllevara un indebido agotamiento de la vía administrativa respecto a esa glosa, como lo señaló su contraparte en el acto que resolvió dicho recurso, porque los planteamientos expuestos conducían a mantener la utilidad percibida por la venta de inmuebles como ganancia ocasional, lo que, a su vez, implicaba conservar el costo de la ganancia ocasional autoliquidado en la declaración revisada.
Por lo expuesto, alegó que no incurrió en la conducta sancionable por inexactitud, ya que no incluyó datos falsos, erróneos, incompletos o alterados en su declaración del impuesto. Señaló que, en caso de haber incurrido en la infracción, esta habría resultado de un error en la comprensión de las normas aplicables, lo que justificaría su exoneración. Además, advirtió que el pago de la multa impuesta generaría un enriquecimiento sin causa por parte del Fisco, pues los actos acusados se basaron en una interpre tación errónea de la normativa vigente.
Contestación de la demanda
La demandada se opuso a las pretensiones de la actora (índice 11). Sostuvo que respetó el debido proceso porque surtió todas las etapas del procedimiento de revisión y se pronunció sobre cada uno de los planteamientos propuestos por la actora. Argumentó que en el curso de la actuación administrativa, quedó demostrado que la venta de inmuebles hacía parte del giro ordinario de los negocios de la actora, toda vez que dicha actividad estaba contemplada en su objeto social y coincidía con las «actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados » registradas como actividadRadicado: 08001-23-33-000-202300115 -01 (28994)
actividad estaba contemplada en su objeto social y coincidía con las «actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados » registradas como actividadRadicado: 08001-23-33-000-202300115 -01 (28994)
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 económica principal en el RUT (registro único tributario) desde el 30 de junio de 2009.
Además, señaló que la demandante ejecutó diversos actos jurídicos que evidenciaban que su actividad lucrativa se centra ba en la venta de inmuebles. En particular, explicó que desde su constitución, la actora adquirió un predio de una de sus socias gestoras con el propósito de desarrollar un proyecto de urbanización, el cual culminó con la venta sucesiva de los inmuebles resultantes. Puntualizó que esta actividad quedó acreditada mediante las autorizaciones administrativas obtenidas para ejecutar el plan de urbanización sobre el terreno y su posterior división jurídica en lotes destinados a la venta.
Planteó que dado que la enajenación de dichos predios se realizó dentro del giro ordinario de los negocios de la compañía, la utilidad generada debía gravarse con el impuesto sobre la renta, sin que el registro contable de esas operaciones ni el tiempo de permanencia de los bienes en el patrimonio de la actora fueran relevantes a efectos de establecer el tratamiento tributario aplicable.
Explicó que, por tratarse de la enajenación de activos movibles, resultaba improcedente
permanencia de los bienes en el patrimonio de la actora fueran relevantes a efectos de establecer el tratamiento tributario aplicable.
Explicó que, por tratarse de la enajenación de activos movibles, resultaba improcedente aplicar el artículo 72 del ET, referente al avalúo como costo fiscal . En su lugar, debían aplicarse los artículos 62 y 67 ibidem, relativos al sistema para establecer el costo de los inventarios enajenados y de los bienes inmuebles , respectivamente . Enfatizó que la actora no agotó la discusión en sede administrativa respecto del cálculo del costo realizado en los actos demandados, por lo que no procedía el control de legalidad sobre esa decisión.
Por lo anterior, defendió la imposición de la sanción por inexactitud, al considerar que la actora incurrió en la conducta sancionable al clasificar de manera errónea los ingresos y el costo fiscal de la enajenación de inmuebles, lo que resultó en un menor impuesto a cargo. Negó que se configurara la causal exculpatoria alegada y rechazó la existencia de un enriquecimiento sin causa por parte de la Hacienda Pública, pues la sanción impuesta se fundamentó en las disposiciones legales aplicables.
Finalmente, solicitó condenar en costas a su contraparte.
Sentencia apelada
El tribunal negó las pretensiones de la demanda sin condenar en costas a la demandante (índice 27). Desestimó la vulneración al debido proceso y la falsa motivación de los actos demandados, al considerar que estos expusieron las razones fácticas y jurídicas por las que procedía a modificar la declaración del impuesto sobre la renta de la actora.
demandados, al considerar que estos expusieron las razones fácticas y jurídicas por las que procedía a modificar la declaración del impuesto sobre la renta de la actora.
Estableció que los medios de prueba que obraban en el expediente demostraban que las ventas de inmuebles que originaron los ingresos de la litis correspondían al giro ordinario de los negocios de la contribuyente. En concreto, constató que las actividades desplegadas por la actora sobre el inmueble que compró a una de las socias indicaban que su propósito comercial era la enajenación de dicho bien, sin perjuicio del tratamiento contable y fiscal que le hubiere asignado . Precisó que, desde el momento de su adquisición, la demandante realizó los trámites administrativos necesarios para la urbanización del terreno y, tras su desagregación en 256 predios, conformó un inventario de inmuebles destinados a la venta. Aunado a ello, no desvirtuó que, al cierre del año gravable 2015, solo conservaba en su patrimonio 13 de esos predios, circunstancia que permitía inferir la enajenación de los restantes como parte del desarrollo de una actividad comercial habitual. Juzgó que esa misma conclusión se extraía de las declaraciones del impuesto sobre la renta de los años gravables anteriores , en las que la actora reportóRadicado: 08001-23-33-000-202300115 -01 (28994)
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 utilidades por la venta de inmuebles, aunque las clasificó como ganancias ocasionales.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 utilidades por la venta de inmuebles, aunque las clasificó como ganancias ocasionales.
Concluyó que, al estar comprobado que los inmuebles fueron enajenados en el marco del giro ordinario de los negocios de la demandante, estos debían ser calificados como activos movibles, conforme a lo dispuesto por el artículo 60 del ET, disposición que debía prevalecer sobre las normas contables invocadas por la actora. En consecuencia, consideró que las utilidades percibidas con ocasión de dichas operaciones estaban gravadas como renta ordinaria y no como ganancia ocasional, sin que resultara relevante el tiempo de posesión de los bienes enajenados, criterio aplicable exclusivamente para determinar el tributo causado por la venta de activos inmovilizados.
Finalmente, avaló la procedencia de la sanción por inexactitud, al encontrar acreditado que la contribuyente incurrió en la conducta sancionable y no acreditó la configuración de la causal eximente de responsabilidad que alegó.
Recurso de apelación
La actora apeló la decisión del tribunal (índice 38), reiterando que los actos impugnados –y la sentencia recurrida– vulneraron el debido proceso, al no haberse pronunciado sobre la totalidad de los cargos planteados. En particular, advirtió que se omitió el análisis individual de la naturaleza de cada activo enajenado, necesario para determinar si la utilidad obtenida por su venta estaba sujeta al impuesto sobre la renta o constituía una ganancia ocasional.
individual de la naturaleza de cada activo enajenado, necesario para determinar si la utilidad obtenida por su venta estaba sujeta al impuesto sobre la renta o constituía una ganancia ocasional.
Si bien reconoció que el tiempo de posesión de los bienes enajenados dentro del patrimonio no resulta ba determinante para establecer su naturaleza como activos movibles o fijos –ya que dicha calificación dependía de la destinación del bien, es decir, si su enajenación se realiza en el marco del desarrollo de la actividad ordinaria de la entidad–, sostuvo que, en el caso concreto, la posesión y uso de los inmuebles durante más de 40 años permitía inferir que no fueron vendidos como parte de su actividad habitual, pues ningún ciclo de negocio podría extenderse por un periodo tan prolongado. Insistió en que la parte demandada incumplió con la carga de probar que el terreno, cuya división jurídica dio origen a los predios enajenados durante el periodo en litigio, fue adquirido con la finalidad de ser vendido. Por lo tanto, resultaba improcedente concluir que dichos inmuebles fueron enajenados como parte del giro ordinario de sus negocios.
Alegó que ninguna de las pruebas obrantes en el expediente acreditaba que su actividad económica principal fuera la venta de inmuebles , pues las actividades descritas en el objeto social, a las que aludieron la demandada y el tribunal, resultaban insuficientes para ese propósito, ya que el objeto social no podía equipararse a la noción de giro ordinario de los negocios. Aseguró que la propia demandada reconoció que los inmuebles eran propiedades de inversión, pero, sin sustento alguno, negó su clasificación como activos fijos, pese a que dicho tratamiento era el aplicable conforme a las normas contables
propiedades de inversión, pero, sin sustento alguno, negó su clasificación como activos fijos, pese a que dicho tratamiento era el aplicable conforme a las normas contables vigentes. Añadió que, en todo caso, cualquier duda sobre la connotación de los activos enajenados debía resolverse a su favor, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 745 y 746 del ET.
Por otra parte, sostuvo que la demandada desconoció el principio de justicia tributaria al gravar los ingresos brutos percibidos por la venta de los inmuebles, siendo procedente su depuración con la inclusión de los costos y deducciones debidamente acreditados en el expediente. Alegó que el a quo desatendió el precedente jurisprudencial de esta Sección, según el cual la modificación de la liquidación privada del impuesto sobre la renta para adicionar ingresos implica, a su vez, el reconocimiento de los costos y gastosRadicado: 08001-23-33-000-202300115 -01 (28994)
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 que les sean atribuibles. Por ello, solicitó que, en caso de considerarse procedente la reclasificación de los ingresos como operacionales, se determine el costo de venta de los inmuebles enajenados conforme a lo dispuesto en los artículos 67 y 70 del ET, ajustando su valor desde la fecha de adquisición.
Por lo expuesto, adujo que debía anularse la sanción por inexactitud impuesta porque no
inmuebles enajenados conforme a lo dispuesto en los artículos 67 y 70 del ET, ajustando su valor desde la fecha de adquisición.
Por lo expuesto, adujo que debía anularse la sanción por inexactitud impuesta porque no incurrió en la conducta infractora e insistió en que, si lo hubiera hecho, sería como consecuencia de un error en la comprensión de las normas aplicables. Adicionalmente, reiteró que si se avalara la legalidad de los actos demandados habría un enriquecimiento sin causa del Fisco.
Pronunciamientos sobre el recurso
La demandada reiteró los argumentos expuestos en las anteriores etapas procesales y agregó que era improcedente emitir un pronunciamiento de fondo respecto a la estimación del costo de venta de los activos enajenados , formulado como cargo en el recurso de apelación, por cuanto no se planteó en sede administrativa ni con la demanda (índice 10). En cambio, el ministerio público guardó silencio.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Problema jurídico
1Juzga la Sala la legalidad de los actos acusados, atendiendo a los cargos formulados por la actora, en calidad de apelante única, contra la sentencia de primera instancia que negó sus pretensiones sin condenarla en costas . En consecuencia, se determinará si la demandante probó que los activos enajenados durante el periodo debatido tenían la naturaleza de activos fijos, lo cual implicaría que la utilidad percibida por su venta debía estar gravada con el impuesto de ganancias ocasionales y no con el impuesto sobre la renta determinado en los actos acusados . De ser necesario, se decidirá sobre la
naturaleza de activos fijos, lo cual implicaría que la utilidad percibida por su venta debía estar gravada con el impuesto de ganancias ocasionales y no con el impuesto sobre la renta determinado en los actos acusados . De ser necesario, se decidirá sobre la juridicidad de la sanción por inexactitud impuesta.
Análisis del caso concreto
2El tribunal consideró que las pruebas que obraban en el expediente demostraban que las ventas de inmuebles que originaron los ingresos controvertidos se efectuaron en el marco del giro ordinario de los negocios de la demandante, razón por la cual dichos bienes debían calificarse como activos movibles, conforme a lo dispuesto en el artículo 60 del ET , disposición que, en su criterio, prevalecía sobre las normas contables invocadas por la actora. Por ende , concluyó que las utilidades generadas por la enajenación de esos activos estaban gravadas como renta ordinaria y no como ganancias ocasionales, siendo irrelevante el tiempo de posesión de los bienes, puesto que e se criterio temporal era aplicable exclusivamente para establecer el tributo que se causaba por la venta de activos inmovilizados.
A esa decisión se opone la apelante única porque considera que la demandada infringió el debido proceso al no pronunciarse en forma individual sobre la naturaleza de cada inmueble. Por otra parte, aunque reconoce que el tiempo de posesión de estos por sí solo no resulta determinante para clasificarlos como activos movibles o fijos, sostiene que, en el caso concreto, la posesión y uso de los inmuebles durante más de 40 años permit e inferir que su venta estaría desligada del giro ordinario de sus actividades lucrativas ,
el caso concreto, la posesión y uso de los inmuebles durante más de 40 años permit e inferir que su venta estaría desligada del giro ordinario de sus actividades lucrativas , puesto que ningún ciclo de negocio podría prolongarse por tanto tiempo. Asegura que suRadicado: 08001-23-33-000-202300115 -01 (28994)
Demandante: Inversiones Oma Osio Mancini & CIA SCA
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 contraparte debía demostrar que el terreno –cuya división jurídica dio origen a los predios en litigio – fue adquirido con la finalidad de ser vendido, carga probatoria que no se cumplió pues, a su juicio, resultaba insuficiente la referencia a las actividades descritas en el objeto social en las que se basaron los actos demandados , por cuanto este no necesariamente coincide con el giro ordinario de los negocios de una entidad. Añade que la propia demandada reconoció que los inmuebles eran propiedades de inv ersión, pero negó su clasificación como activos fijos, pese a que esa era la calificación procedente conforme a las normas contables vigentes. Finalmente, sostiene que cualquier duda en torno a la connotación de los activos enajenados deb ía ser resuelta a su favor, con fundamento en lo previsto en los artículos 745 y 746 del ET.
En esos términos , se constata que el objeto del debate se circunscribe a decidir si la demandada incumplió la carga de demostrar que la enajenación de los inmuebles durante el periodo discutido constituyó una operación realizada en del giro ordinario de los
En esos términos , se constata que el objeto del debate se circunscribe a decidir si la demandada incumplió la carga de demostrar que la enajenación de los inmuebles durante el periodo discutido constituyó una operación realizada en del giro ordinario de los negocios de la demandante y, por el contrario, estaba comprobado que la venta de esos bienes no co rrespondía a su actividad económica habitual . Lo anterior, con el fin de establecer el tratamiento tributario que corresponde a la utilidad percibida por esa venta, puesto que las partes coinciden en que, de comprobarse que se realizó como parte del giro ordinario de los negocios, los bienes tendrían la connotación de activos movibles y la utilidad por su venta estaría gravada con el impuesto sobre la renta; en caso contrario, se trataría de activos fijos y el resultado correspondería a una ganancia ocasional . Se advierte que no hace parte de la controversia el monto de los ingresos percibidos por la venta de inmuebles ni su causación fiscal.
2.1De conformidad con el artículo 300 del ET se consideran ganancias ocasionales «las provenientes de la enajenación de bienes de cualquier naturaleza que hayan hecho parte del activo fijo del contribuyente por un término de dos años o más». Al respecto, el artículo 60 del ET prevé que «son activos fijos o inmovilizados los bienes corporales muebles o inmuebles y los incorporales que no se enajenan dentro del giro ordinario de los negocios del contribuyente». En contraposición, dispone que se consideran «activos movibles los bienes corporales muebles o inmuebles y los incorporales que se enajenan dentro del giro ordinario de los negocios del contribuyente e implican ordinariamente existencias al
del contribuyente». En contraposición, dispone que se consideran «activos movibles los bienes corporales muebles o inmuebles y los incorporales que se enajenan dentro del giro ordinario de los negocios del contribuyente e implican ordinariamente existencias al principio y al fin de cada año o período gravable».
Al contexto de los negocios ejecutados por el ente económico también alude el artículo 63 del Decreto 2649 de 1993 (vigente para la época de los hechos antes de la entrada en vigor de las NIIF) para clasificar como inventarios a los bienes corporales «destinados a la venta en el curso normal de los negocios, así como aquellos que se hallen en proceso de producción o que se utilizarán o consumirán en la producción de otros que van a ser vendidos». A su vez, el artículo 64 define como «propiedades, planta y equipo» a los activos adquiridos «con la intención de emplearlos en forma permanente, para la producción o suministro de otros bienes y servicios, para arrendarlos, o para usarlos en la administración del ente económico, que no están destinados para la venta en el curso normal de los negocios y cuya vida útil excede de un año ». Por su parte, e l artículo 61 ibidem establece que corresponden a inversiones los activos representados en « títulos valores y demás documentos a cargo de otros entes económicos, conservados con el fin de obtener rentas fijas o variables, de controlar otros entes o de asegurar el mantenimiento de relaciones con estos».
De la interpretación conjunta de las anteriores disposiciones se extrae entonces que la utilidad percibida por la venta de activos que no se enajenan dentro del giro ordinario de los negocios del contribuyente constituye una ganancia ocasional, siempre que dichos
De la interpretación conjunta de las anteriores disposiciones se extrae entonces que la utilida
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