CE - Sentencia 11001031500020240059300

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Título
CE - Sentencia 11001031500020240059300
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

CONSEJO DE ESTADO

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SALA ESPECIAL DE DECISIÓN No.25

Consejero ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá, D. C., treinta (30) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2024-00593-00

Recurrente: Oher Hadith Hernández Roa Opositora: Nación-Fiscalía General de la Nación Referencia: Recurso extraordinario de revisión-Ley 1437 de 2011

Temas: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN – No es una instancia adicional para debatir aspectos propios que fueron resueltos en el proceso inicial – No es un mecanismo procesal por medio del cual se puedan subsanar las omisiones de las partes en el litigio ordinario / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA – Concepto y límites – Se desconoce cuándo el operador judicial toma un camino ajeno a lo debatido en la litis / MEJO R DERECHO - Hizo parte del petitum de la demanda – Análisis propio en casos de reintegro laboral por supresión de empleos / EXCESO RITUAL MANIFIESTO – El que el funcionario judicial no decrete pruebas de oficio , no constituye per sé alguna vulneración del debido proceso, sino que está sujeto a las particularidades de cada caso / CONDENA EN COSTAS – Criterio objetivo.

1. La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la señora Oher Hadith Hernández Roa contra la sentencia del 19 de enero de 2023, proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante la

1. La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la señora Oher Hadith Hernández Roa contra la sentencia del 19 de enero de 2023, proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante la cual se revocó el fallo condenatorio de primera instancia.

SÍNTESIS DEL CASO

2. La parte recurrente considera que , frente a la sentencia censurada , se configura la causal establecida en el numeral 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, dada la violación del debido proceso por: (i) desconocimiento del principio de congruencia, toda vez que la referida providencia se pronunció sobre aspectos ajenos a la apelación, sumado a ello, el ad quem la sorprendió al señalar que no acreditó que ella tenía un mejor derecho, cuando en realidad la solicitud de librar oficio a la Fiscalía para que allegara las correspondientes pruebas documentales fue negada en primera instancia, y (ii) exceso ritual manifiesto, porque el juez de segunda instancia “invirtió la carga de la prueba” al no decretar de oficio las pruebas que consideraba necesarias para demostrar que a ella le asistía un mejor derecho respecto de la nueva planta de personal de la referida entidad.

ANTECEDENTES

Proceso en el cual se profirió la sentencia objeto de l recurso extraordinario de revisión

3. El 29 de enero de 2018 1, la señora Oher Hadith Hernández Roa presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación -Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se declarara la nulidad de: (i) el artículo 1º

demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación -Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se declarara la nulidad de: (i) el artículo 1º

1 Folios 5 a 29 del cuaderno digital 1 que obra en el índice 34 de SAMAI.Radicación: 11001-03-15-000-2024-00593-00

Recurrente: Oher Hadith Hernández Roa Opositora: Nación-Fiscalía General de la Nación Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437 de 2011)

2 de la Resolución 2358 del 29 de junio de 2017, a través de la cual se distribuyeron los cargos de la nueva planta de personal del ente acusador, y (ii) el Oficio STH 35 del 30 de junio de esa misma anualidad, por medio del cual la mencionada entidad le informó a la señora Hernández Roa sobre la supresión de su empleo y la consecuente terminación de la relación laboral.

4. A título de restablecimiento del derecho, la parte actora pidió que se le ordenara a la Fiscalía que la reintegrara al cargo de Fiscal Delegada ante el Tribunal Superior de Distrito Judicial o a otro empleo de igual o superior categoría, pagara retroactivamente los salarios y demás prestaciones sociales dejados de percibir debidamente indexados y cumpliera la respectiva sentencia.

5. En la demanda se indicó que la señora Oher Hadith Hernández Roa se desempeñó como fiscal delegada ante el Tribunal Superior de Distrito Judicial, adscrita a la Dirección Especializada de Extinción de Derecho de Dominio, del 25 de mayo de 2001 al 30 de junio de 2017.

desempeñó como fiscal delegada ante el Tribunal Superior de Distrito Judicial, adscrita a la Dirección Especializada de Extinción de Derecho de Dominio, del 25 de mayo de 2001 al 30 de junio de 2017.

6. El 7 de junio de 2017, la señora Hernández Roa le informó a la entidad accionada sobre su condición de madre cabeza de familia “sin alternativa económica” y solicitó su inclusión en el “retén social” 2. Sin embargo, mediante Resolución 2358 del 29 de junio de ese mismo año , se excluyó su nombre de la nueva planta de personal y, por ende, se decidió suprimir el cargo que ella venía desempeñando, lo cual le fue comunicado a través del Oficio STH 35 del 30 de junio siguiente.

7. Como consecuencia, la accionante edificó la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho bajo tres ejes temáticos: (i) la Fiscalía desconoció la condición de “madre cabeza de familia sin alternativa económica”; (ii) la accionante contaba con amplia experiencia y, en todo caso, no todas las personas designadas

en la nueva planta de personal eran de carrera administrativ a, ni tampoco se trataban de sujetos de especial protección amparados en el “retén social”, y (iii) no se tuvo en cuenta el carácter de prepensionada que ella ostentaba.

8. Mediante sentencia del 9 de marzo de 20203, la Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la nulidad parcial de la citada resolución y, como consecuencia, ordenó reintegrar a la demandante, sin solución de continuidad, al cargo de fiscal delegado ante el Tribunal Superio r de

Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la nulidad parcial de la citada resolución y, como consecuencia, ordenó reintegrar a la demandante, sin solución de continuidad, al cargo de fiscal delegado ante el Tribunal Superio r de Distrito Judicial y pagarle los salarios y demás acreencias laborales generadas desde el 1º de julio de 2017 hasta la fecha en que fuera efectivamente reintegrada.

2 La Sala Plena de la Corte Constitucional, a través de sentencia C-795 del 4 de noviembre de 2009, definió retén social en los siguientes términos: “Mecanismo por medio de la cual se buscó que en los procesos de reforma institucional, se otorgara una protección más intensa que a los demás servidores públicos, en materia permanencia y estabilidad en el empleo a las madres cabeza de familia sin alternativa económica, a las personas con limitación física, mental, visual o auditiva, y a los servidores que al momento de la liquidación estuviesen próximos a obtener su pensión de jubilación o de vejez. De no contarse con tal protección, en virtud de la fusión, reestructuración o liquidación de las entidades públicas objeto del programa de renovación referido, esas personas quedarían desprotegidas y cesantes laboralmente, al igual que sus hijos menores o aquellas personas que dependieren económica o afectivamente de ellas”. M.P: Luis Ernesto Vargas Silva, exp: D-7725. 3 Providencia que obra en los folios 792 a 821 del cuaderno digital 1.Radicación: 11001-03-15-000-2024-00593-00

Recurrente: Oher Hadith Hernández Roa Opositora: Nación-Fiscalía General de la Nación Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437

Recurrente: Oher Hadith Hernández Roa Opositora: Nación-Fiscalía General de la Nación Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437 de 2011)

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9. El a quo consideró que, si bien la Ley 790 de 2002 habilitaba a la Fiscalía a reestructurar la planta de personal, lo cierto es que, de conformidad con jurisprudencia de la Corte Constitucional, a la referida entidad le asistía el deber de estudiar a fondo cuáles de sus servidores se trataban de sujetos de especial protección constitucional, con el fin de adoptar las medidas necesarias y garantizar la estabilidad laboral de cada uno de ellos.

10. Bajo ese contexto, el Tribunal señaló que, pese a que la señora Oher Hadith Hernández Roa previamente advirtió sobre la condición de madre cabeza de familia responsable de manera permanente de su hijo, la Fiscalía guardó silencio respecto de dicha petición y decidió suprimir el empleo de la demandante. Además, con base en los testimonios practicados en sede de nulidad y restablecimiento del derecho, era posible concluir que la c ondición de la accionante era “un hecho notorio al interior de la Fiscalía”4.

11. Aunado a ello , el hijo de la señora Hernández Roa tenía 21 años y era estudiante universitario activo para la época de los hechos, por lo que la situación de la actora encajaba en los presupuestos jurisprudenciales fijados por la Corte Constitucional mediante sentencia SU -388 de 2005 5 para que una mujer sea considerada madre cabeza de familia . Por lo anterior, determinó que el acto administrativo cuestionado era nulo por desconocimiento de las normas que rigen

Constitucional mediante sentencia SU -388 de 2005 5 para que una mujer sea considerada madre cabeza de familia . Por lo anterior, determinó que el acto administrativo cuestionado era nulo por desconocimiento de las normas que rigen la materia, toda vez que en el litigio ordinario la demandante probó que, a pesar de que era sujeto de especial protección , el ente acusador no la tuvo en cuenta en la nueva planta de personal.

12. La Fiscalía General de la Nación apeló la anterior determinación, para lo cual señaló que: (i) cuando se hizo el estudio de las hojas de vida de los servidores que habían acreditado alguna protección especial, la señora Oher Hadith Hernández Roa no probó que era madre cabeza de familia, lo cual tampoco se advertía de l a documentación que obraba en su historia laboral, calidad que debió demostrar antes de que se expidiera el decreto que definió la distribución de la nueva planta de personal de la referida entidad, y (ii) la accionante no manifestó alguna inexistencia de alternativa económica, por lo que, si bien no es exigible alguna prueba en específico al respecto, existe una carga mínima de acreditar las condiciones por las cuales se trataba de una madre cabeza de familia.

13. Mediante fallo del 19 de enero de 2023 6, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado revocó la decisión de primer grado y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda.

14. Esta Corporación precisó que, si bien la señora Oher Hadith Hernández Roa solicitó a la Fiscalía que se le incluyera en el denominado “reten social” luego de que fuera expedido el Decreto Ley 898 del 29 de mayo de 2017 7, lo cierto es que,

solicitó a la Fiscalía que se le incluyera en el denominado “reten social” luego de que fuera expedido el Decreto Ley 898 del 29 de mayo de 2017 7, lo cierto es que, desde el 18 de abril de esa misma anualidad, ella reportó que, para efectos

4 Folio 20 de la sentencia de primera instancia. 5 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia SU-388 del 13 de abril de 2005, M.P: Clara Inés Vargas Hernández. 6 Decisión que consta en los folios 873 a 900 del cuaderno digital 1. 7 Acto administrativo por medio del cual se modificó parcialmente la estructura de la Fiscalía General de la Nación, la planta de cargos de la entidad y se dictaron otras disposiciones.Radicación: 11001-03-15-000-2024-00593-00

Recurrente: Oher Hadith Hernández Roa Opositora: Nación-Fiscalía General de la Nación Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437 de 2011)

4 tributarios del año fiscal 2016 “respondía por los gastos de su hijo (…), documento suficiente para que la Administración pudiera inferir la situación invocada por la servidora, pues conforme lo ha dicho el máximo tribunal constitucional, la condición de madre cabeza de familia no depende de (…) formalidades, sino de los presupuestos fácticos, esto es cuando el grupo familiar está a su cargo” 8. En ese sentido, si la Administración consideraba que la información con la que contaba no era suficiente, pudo requerir a la demandante, de ahí que no es posible que en sede judicial el ente acusador pretenda alegar una supuesta omisión de la accionante, toda vez que ella fue “clara en exponer que tiene a su cargo la mantención y la de

judicial el ente acusador pretenda alegar una supuesta omisión de la accionante, toda vez que ella fue “clara en exponer que tiene a su cargo la mantención y la de su hijo”9.

15. El ad quem explicó que, durante los procesos de modificación de la planta de personal, a las entidades les asiste el deber de brindar especial protección laboral a los servidores públicos beneficiarios del llamado “reten social ”, sin que ello significara que la estabilidad laboral de dichos empleados es absoluta. Asimismo, consideró que los titulares de este tipo de protección pueden ser desvinculados cuando medie justa causa de terminación de la relación laboral , debidamente comprobada o incluso cuando existan razones objetivas del servicio que lo justifiquen.

16. En ese senti do, aunque la señora Hernández Roa acreditó la calidad de madre cabeza de familia para la época de los hechos, no aportó elemento probatorio alguno que demostrara que ella tenía un mejor derecho respecto de las personas que fueron asignadas al empleo de fiscal delegada en la nueva planta de personal de la Fiscalía.

17. De igual manera, en la segunda instancia se indicó que la parte demandante no probó que: (i) las personas reubicadas en la nueva planta de personal en el cargo de fiscal delegado ante Tribunal Superior de Distrito Judicial no eran empleados de

carrera administrativa; (ii) los servidores designados en la nueva planta de personal también estuvieran protegidos por el “reten social” , o (iii) que ellos tuvieran condiciones profesionales o académicas inferiore s, por lo que no se acreditaron circunstancias que impusieran garantizar la permanencia de la accionante en el servicio público.

18. Por lo anterior, el ad quem consideró que no se demostró que quienes

circunstancias que impusieran garantizar la permanencia de la accionante en el servicio público.

18. Por lo anterior, el ad quem consideró que no se demostró que quienes conservaron la vinculación laboral no tuvieron mayores méritos que la demandante "o colmaran las condiciones requeridas por la Administración para asegurar los propósitos previstos en el Decreto Ley 898 de 2017” 10, por lo que la accionante incumplió la carga procesal que le asistía de probar los hechos sobre los cuales edificó la demanda, según el artículo 167 del CGP.

19. Además, en lo concerniente a la supuesta condición de prepensionada alegada por la señora Oher Hadith Hernández Roa, se indicó que ese aspecto no fue objeto de discusión en sede administrativa y, en todo caso, no se aportaron las pruebas correspondientes para acreditarla.

8 Folio 20 de la sentencia de segunda instancia. 9 Ibidem. 10 Folios 25 y 26 de la sentencia objeto de revisión.Radicación: 11001-03-15-000-2024-00593-00

Recurrente: Oher Hadith Hernández Roa Opositora: Nación-Fiscalía General de la Nación Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437 de 2011)

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20. En suma, se concluyó que los actos administrativos objeto de la controversia no estaban viciados de irregularidad alguna, dado que la reestructuración de la planta de personal de la Fiscalía estuvo justificada en los respectivos estudios técnicos y se fundó en las necesidades del servicio.

Recurso extraordinario de revisión y su trámite

planta de personal de la Fiscalía estuvo justificada en los respectivos estudios técnicos y se fundó en las necesidades del servicio.

Recurso extraordinario de revisión y su trámite

21. El 9 de febrero de 2024 11, la señora Oher Hadith Hernández Roa interpuso recurso extraordinario de revisión contra el fallo de segunda instancia, para lo cual invocó la causal prevista en el numeral 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011nulidad originada en la sentencia -, porque, a su juicio , la referida sentencia trasgredió el derecho al debido proceso por: (i) desconocimiento del principio de congruencia, y (ii) exceso ritual manifiesto, porque el ad quem no ejerció las facultades oficiosas con el fin de obtener las pruebas que permitían concluir que ella tenía un mejor derecho, de ahí que “invirtió la carga de la prueba”.

22. La Fiscalía General de la Nación 12, se opuso al recurso extraordinario de revisión, en síntesis, señaló que la parte actora pretende promover una tercera instancia frente al litigio ordinario que finalizó en los términos que correspondían.

23. El Ministerio Público13 rindió concepto en el sub lite, para lo cual sostuvo que la sentencia objeto de revisión fue congruente con el petitum de la demanda, el recurso de apelación formulado por la Fiscalía y el marco normativo aplicable al caso. Además, la demandante omitió interponer los recursos pertinent es contra la decisión que negó la solicitud probatoria elevada en sede de nulidad y restablecimiento del derecho.

24. Mediante proveído del 22 de mayo de 2024 14, se resolvieron las solicitudes

decisión que negó la solicitud probatoria elevada en sede de nulidad y restablecimiento del derecho.

24. Mediante proveído del 22 de mayo de 2024 14, se resolvieron las solicitudes probatorias formuladas por las partes 15, determinación que no fue recurrida16. Por medio de auto del 3 de abril del año en curso17, se declaró infundado el impedimento manifestado por el consejero de estado Omar Joaquín Barreto Suárez.

CONSIDERACIONES

Delimitación de los problemas jurídicos y metodología de la decisión

25. La Sala resolverá el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la parte recurrente contra la sentencia de segunda instancia del 19 de enero de 2023, proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en cuanto no se advierte la configuración de causal de nulidad alguna que invalide lo

11 Índice 2 de SAMAI. 12 Índice 22 de SAMAI. 13 Índices 24 y 25 de SAMAI. 14 Índice 26 de SAMAI. 15 Al respecto, fueron decretados como pruebas los siguientes documentos: (i) sentencia objeto de revisión, junto con su constancia de notificación electrónica, y (ii) se libró oficio para que el Tribunal a quo allegara copia del expediente ordinario, piezas procesales que fueron enviadas en formato físico y digital el 27 de mayo de 2024. Índice 34 de SAMAI. 16 El expediente ingresó al despacho del magistrado ponente para dictar sentencia el 13 de junio de

2024. Índice 37 de SAMAI. 17 Índice 44 de SAMAI.Radicación: 11001-03-15-000-2024-00593-00

2024. Índice 37 de SAMAI. 17 Índice 44 de SAMAI.Radicación: 11001-03-15-000-2024-00593-00

Recurrente: Oher Hadith Hernández Roa Opositora: Nación-Fiscalía General de la Nación Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437 de 2011)

6 actuado, y se evidencia el cumplimiento de los presupuestos procesales de: competencia, recurso en tiempo y legitimación en la causa.

26. Para lo anterior, la Sala debe resolver los siguientes problemas jurídicos ¿el fallo censurado se encuentra viciado de nulidad por desconocimiento del principio de congruencia al supuestamente haberse extralimitado en el alcance de la segunda instancia y pronunciase sobre aspectos ajenos a los formulados en la apelación, así como por el hecho de sorprender a la accionante al considerar que no obraba prueba de circunstancias frente a las cuales ella formuló oportunamente la respectiva petición en primer grado?. Además, ¿el ad quem incurrió en exceso ritual manifiesto al no decretar de manera oficiosa los elementos de juicio que, en criterio de la recurrente, permitían concluir que a ella le asistía un mejor derecho respecto de las otras personas que fueron designadas en el empleo de fiscal delegada en la nueva planta de personal?

27. Con el fin de resolver los problemas jurídicos planteados, se analizará si el fallo censurado desconoció el principio de congruencia en segunda instancia por supuestamente decidir sobre aspectos que no fu eron planteados en sede de apelación. Finalmente, la Sala determinará si, de acuerdo con lo señalado por la recurrente, la sentencia censurada incurrió en exceso ritual manifiesto porque

supuestamente decidir sobre aspectos que no fu eron planteados en sede de apelación. Finalmente, la Sala determinará si, de acuerdo con lo señalado por la recurrente, la sentencia censurada incurrió en exceso ritual manifiesto porque injustificadamente “invirtió la carga de la prueba” en el litigio declarativo al dejar de decretar pruebas de oficio.

28. De manera previa, se presentarán algunas consideraciones generales frente a la figura de la madre cabeza de familia y la garantía de estabilidad laboral reforzada, la naturaleza del recurso extr aordinario de revisión y el alcance de la causal de revisión establecida en el numeral 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de

2011.

De la figura de la madre cabeza de familia como garantía de la estabilidad laboral reforzada

29. De conformidad con el artículo 43 de la Constitución Política, “(…) El Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia (…)” , lo cual permite, en determinadas circunstancias -madres trabajadorasinterpretar la existencia de una protección a través de la figura de la estabilidad laboral reforzada.

30. Mediante sentencia C-184 del 11 de junio de 200318, la Sala Plena de la Corte Constitucional explicó que la protección especial a las mujeres cabeza de familia “permite a la mujer desarrollar libre y plenamente sus opciones de vida sin que ser cabeza de familia se constituya en un obstáculo o una carga demasiado pesada para ello. Se trata de impedir, por ejemplo, que ser cabeza de familia le cierre opciones laborales a la mujer o que escoger una oportunidad de trabajo implique dejar de atender las responsabilidades que, tanto para los hombres como para las mujeres, significa ser cabeza de familia”.

opciones laborales a la mujer o que escoger una oportunidad de trabajo implique dejar de atender las responsabilidades que, tanto para los hombres como para las mujeres, significa ser cabeza de familia”.

18 M.P.: Alfredo Beltrán Sierra, exp: D-4364.Radicación: 11001-03-15-000-2024-00593-00

Recurrente: Oher Hadith Hernández Roa Opositora: Nación-Fiscalía General de la Nación Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437 de 2011)

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31. Adicionalmente, por medio de sentencia C-795 del 4 de noviembre de 200919, la Corte estableció que la estabilidad laboral de las mujeres cabeza de familia tiene un origen supralegal, erigido en los fines esenciales del Estado Social de Derecho20.

Así mismo, se ha sostenido que la protección a que se viene haciendo referencia, busca preservar las condiciones dignas de los hijos y de los dependientes21.

32. A través de sentencia SU -388 del 13 de abril de 2005 22, la Corte Constitucional estableció una serie de requisitos para acreditar la condición de mujer cabeza de familia, así: “i) que se tenga a cargo la responsabilidad de hijos menores o de otras personas incapacitadas para trabajar; (ii) que esa responsabilidad sea de carácter permanente; (iii) no sólo la ausencia permanente o abandono del hogar por parte de la pareja, sino que aquélla se sustraiga del cumplimiento de sus obligaciones como padre; (iv) o bien que la pareja no asuma la responsabilidad que le c orresponde y ello obedezca a un motivo verdaderamente poderoso como la incapacidad física, sensorial, síquica o mental o, como es obvio, la muerte; (v) por

le c orresponde y ello obedezca a un motivo verdaderamente poderoso como la incapacidad física, sensorial, síquica o mental o, como es obvio, la muerte; (v) por último, que haya una deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros de la familia, lo cual si gnifica la responsabilidad solitaria de la madre para sostener el hogar”.

33. Así las cosas, las mujeres que tienen bajo su cargo en forma permanente la responsabilidad de hijos menores propios o ajenos y de otras personas incapacitadas para trabajar y, que dependan de ella, tanto afectiva como económicamente, gozan de especial protección constitucional. No obstante, dicha estabilidad reforzada no constituye una protección absoluta ni automática, “pues en caso de existir una justa causa el empleador podrá des vincular al trabajador de su lugar de trabajo. Contrario a ello, si el empleado es apartado de su cargo sin tener en consideración su condición de mujer cabeza de familia y sin existir justa causa que lo amerite, se activa la protección laboral especial o reforzada, siempre y cuando se verifiquen circunstancias particulares tales como el retén social o una afectación al mínimo vital”23.

19 M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva, exp: D-7725. 20 Sostuvo la Corte: “(…) Aunque la protección laboral reforzada que el legislador otorgó a aquellas personas que se encontraban en las condiciones descritas por el artículo 12 de la ley 790 de 2002, se circuns cribió en su momento, a aquellos trabajadores que eventualmente pudieran verse afectados en desarrollo del programa de renovación de la administración pública, la Corte

personas que se encontraban en las condiciones descritas por el artículo 12 de la ley 790 de 2002, se circuns cribió en su momento, a aquellos trabajadores que eventualmente pudieran verse afectados en desarrollo del programa de renovación de la administración pública, la Corte Constitucional ha sentenciado6 que dicha protección, es de origen supralegal, la cual s e desprende no solamente de lo dispuesto en el artículo 13 de la Constitución que establece la obligación estatal de velar por la igualdad real y efectiva de los grupos tradicionalmente discriminados y de proteger a las personas en circunstancias de debili dad manifiesta, sino de los artículos 42, 43, 44 y 48 superiores; se trata en consecuencia de una aplicación concreta de las aludidas garantías constitucionales que están llamadas a producir sus efectos cuando quiera que el ejercicio de los derecho fundamentales de estos sujetos de especial protección pueda llegar a verse conculcado”. 21 Por medio de sentencia T -803 de 2013, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional consideró: “La categoría de mujer cabeza de familia busca entonces preservar cond iciones dignas de vida a los menores y personas que se encuentran en estado de debilidad manifiesta a cargo de ella, al tiempo que se pretende apoyar a la mujer a soportar la pesada carga que por razones, sociales, culturales e históricas han tenido que as umir, abriéndoles oportunidades en todas las esferas de su vida y de su desarrollo personal y garantizándoles acceso a ciertos recursos escasos. Tal condición encierra el cuidado de los niños y de personas indefensas bajo su custodia, lo que repercute en los miembros de la familia, e implica de igual manera, por vía de interpretación, la

Tal condición encierra el cuidado de los niños y de personas indefensas bajo su custodia, lo que repercute en los miembros de la familia, e implica de igual manera, por vía de interpretación, la protección hacia el hombre que se encuentre en situación similar”. M.P.: Nilson Pinilla Pinilla, exp: T-3918502. 22 M-P.: Clara Inés Vargas Hernández. 23 M.P.: Alejandro Linares Cantillo, exp: T-5.761.808.Radicación: 11001-03-15-000-2024-00593-00

Recurrente: Oher Hadith Hernández Roa Opositora: Nación-Fiscalía General de la Nación Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437 de 2011)

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34. Bajo ese contexto, la Sala Plena de la Corte Constitucional 24 ha señalado que, aún en los casos de sujetos de especial protección constitucional, no es posible desconocer el principio de la supremacía del mérito, por ende, es necesario que el respectivo servidor demuestre que le asiste un mejor derecho respecto de l as demás personas que ocuparon ese mismo cargo, para lo cual fijó las siguientes

reglas:

“En primer lugar, las personas nombradas en cargos de libre nombramiento y remoción, no gozan de estabilidad laboral reforzada, por la naturaleza del cargo que desempeñan. Esta misma regla es, en principio, aplicable a las personas nombradas en provisionalidad.

En segundo lugar, a juicio de la Sala Plena, a los cargos de provisionalidad o de libre nombramiento y remoción no le son aplicables reglas de prepensionados o de retén social, menos aún en el caso de profesiones liberales.

Ahora bien, en tercer lugar, cuando en la relación laboral una de las partes

de libre nombramiento y remoción no le son aplicables reglas de prepensionados o de retén social, menos aún en el caso de profesiones liberales.

Ahora bien, en tercer lugar, cuando en la relación laboral una de las partes la conforma un sujeto especialmente protegido inciso 2º del artículo 43 de la CP), como lo son las madres cabe za de familia que cumplen con los presupuestos establecidos en la sentencia SU-388 de 2005, puede llegar a reconocérseles la garantía de la estabilidad laboral reforzada, claro está, mientras no exista una causal justificativa del retiro del servicio, dado que la protección de la estabilidad laboral reforzada no debe confundirse con el otorgamiento de una inmunidad que exonere de las obligaciones a su cargo, desconozca principios superiores como el mérito que funda el sistema de carrera o que la proteja frente a las medidas disciplinarias, fiscales o penales que eventualmente puedan ejercerse en su contra ” (se destaca).

35. Así las cosas, la Corte Constitucional ha sido enfática en señalar que, aunque los derechos de los funcionarios nombrados en provisionalidad ceden frente a aquellas personas que ganaron el concurso de méritos, lo cierto es que existe un trato preferente frente a los sujetos de especial protección, como por ejemplo: (i) las madres y padres cabeza de familia; (ii) las personas próximas a pensionarse, o (iii)

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