CE - Sentencia 11001031500020240253701

Consejo de Estado

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Título
CE - Sentencia 11001031500020240253701
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, cinco (5) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ Expediente: 11001-03-15-000-2024-02537-01

Demandante: MIGUEL ENRIQUE QUIÑONES GRILLO

Demandado: SUBSECCIÓN C DE LA SECCIÓN SEGUNDA DEL

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA Y

OTRO

Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA

Asunto: ACCÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL.

RELIQUIDACIÓN PENSIÓN DE VEJEZ. PRIMA ESPECIAL.

BONIFICACIÓN POR COMPENSACIÓN . MAGISTRADOS

AUXILIARES DE ALTA CORTE.

Síntesis del caso: el demandante consideró que la s autoridades judiciales demandadas vulneraron sus derechos fundamentales en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con ocasión de los fallos que negaron la reliquidación de la pensión de vejez , por cuanto, a su juicio , incurrieron en los defectos sustantiv o y fáctico . Sin embargo, l a Sala confirmará la providencia que declaró improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de relevancia constitucional frente a los defectos sustantivo y fáctico, y por el incumplimiento del requisito de subsidiariedad respecto de los argumentos en relación con la valoración del documento que se tituló “liquidación”.

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandante en contra de la

incumplimiento del requisito de subsidiariedad respecto de los argumentos en relación con la valoración del documento que se tituló “liquidación”.

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandante en contra de la sentencia de 28 de junio de 2024 proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado mediante la cual se dispuso:

“PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.”. (archivo disponible en medio magnético a través del aplicativo SAMAI, índice 19, proceso de primera instancia - negrillas y mayúsculas del original)

I. ANTECEDENTES

La demanda

El 21 de mayo de 2024, el señor Miguel Enrique Quiñones Grillo promovió proceso de acción de tutela en contra del Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Bogotá y Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca con2

Expediente: 11001-03-15-000-2024-02537-01

Demandante: Miguel Enrique Quiñones Grillo Acción de tutela

el fin de que se protegieran sus derechos constitucionales fundamentales del debido proceso y seguridad social y, por tanto, s e accediera a las siguientes súplicas :

“Primera. Que se disponga el amparo de los derechos fundamentales vulnerados y como medidas reparatorias se dejen sin efectos las sentencias de 1 de agosto de 2023, del Juzgado Séptimo Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá y confirmatoria de 23 de noviem bre de 2023, del Tribunal Administrativo de

medidas reparatorias se dejen sin efectos las sentencias de 1 de agosto de 2023, del Juzgado Séptimo Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá y confirmatoria de 23 de noviem bre de 2023, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda – Subsección “C” que negaron las suplicas de la demanda, Medio de Control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho de MIGUEL ENRIQUE QUIÑONES GRILLO contra COLPENSIONES, Expediente 1100133-35-007-2022-00257-01, ya que por los graves defectos fácticos y sustantivos que acusan dichos fallos se incurrió en grave desconocimiento y vulneración de los derechos fundamentales del suscrito accionante mencionados en la introducción del presente libelo.

Segunda. Que el juez de tutela ordene a la autoridad accionada, Tribunal Administrativo de Cundinamarca que como juez de segunda instancia en el proceso judicial mencionado, proceda, dentro de los diez (10) días siguientes al de comunicación del fallo de tutela, a revocar la sentencia del 1º de agosto de 2023 del Juzgado Séptimo Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá, en la parte de la misma que negó las súplicas de la demanda y a proferir en su lugar la sentencia de segunda instancia que en derecho corre sponda, la cual una vez superado el defectuoso análisis probatorio y sustancial del fallo del ad quem que se ataca, deberá pronunciarse sobre lo siguiente:

2.1. Si se causó y por cual cuantía a favor del suscrito accionante a partir del 1º de junio de 2000, una pensión mensual vitalicia de vejez por un valor muy

quem que se ataca, deberá pronunciarse sobre lo siguiente:

2.1. Si se causó y por cual cuantía a favor del suscrito accionante a partir del 1º de junio de 2000, una pensión mensual vitalicia de vejez por un valor muy superior al de $3.158.684, por el 75% de un salario Base de Cotización por 4.211.578; según los cálculos y liquidación errados de la Resolución 3135 de 11 de marzo de 2000 que hace parte del Acto administrativo complejo demandado.

2.2. Si los valores correspondientes al nuevo mayor valor de la mesada pensional de MIGUEL ENRIQUE QUIÑONES GRILLO por indexación como la ley dispone desde el 1 de junio de 2000 al 13 de septiembre de 2016, cuando se causó a su favor la primera diferencia pensional mensual no prescrita, entre lo realmente causado y lo percibido; lo mismo que el valor de las diferencias pensionales así determinadas y no pagadas desde la misma fecha hasta cuando se haga efectivo el pago, son superiores y en qué cuantía a los reconocidos por el mismo concepto, pero por valores exiguos, respecto de lo realmente causado, por la Resolución COLPENSIONES SUB 138478 del 30 de junio de 2020 que igualmente hace parte del acto administrativo demandado.

2.3. Si como consecuencia necesaria de lo anterior deberá ordenarse a la Administradora del Régimen Pensional de Prima media con Prestación definida COLPENSIONES, para que proceda al pago inmediato de la retroactividad realmente causada y exigible por las diferencias pensionales desde el 16 de septiembre de 2016 hasta la fecha del pago y para que continúe pagando las mesadas pensionales futuras por los valores realmente causados.

retroactividad realmente causada y exigible por las diferencias pensionales desde el 16 de septiembre de 2016 hasta la fecha del pago y para que continúe pagando las mesadas pensionales futuras por los valores realmente causados.

Tercera. Que si la autoridad accionada no procediere al proferimiento del fallo de segunda instancia como se solicita en la petición SEGUNDA y como procede que lo ordene el juez de tutela en este caso, proceda el Consejo de Estado a proferir directamente la sentenc ia que en derecho corresponde .”. (archivo3

Expediente: 11001-03-15-000-2024-02537-01

Demandante: Miguel Enrique Quiñones Grillo Acción de tutela

disponible en medio magnético a través del aplicativo SAMAI , índice 2negrillas y mayúsculas del original).

Hechos

Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo siguiente:

  1. El señor Miguel Enrique Quiñones Grillo nació el 15 de marzo de 1945 y laboró como servidor público en varias entidades del Estado, entre ellas la Rama Judicial, entre el 9 de febrero de 1993 y el 31 de enero de 1994.
  1. Cumplió el estatus de pensionado el 15 de marzo de 2000 y su última cotización al sistema la realizó el 31 de mayo de 2000.
  1. Por Resolución ISS 3135 del 11 de marzo de 2003, Colpensiones le reconoció una pensión mensual vitalicia de vejez (Ley 33 de 1985), a partir del 1 de junio de 2000 por haber cumplido con los requisitos de edad, 55 años y más de 20 años como servidor

pensión mensual vitalicia de vejez (Ley 33 de 1985), a partir del 1 de junio de 2000 por haber cumplido con los requisitos de edad, 55 años y más de 20 años como servidor público y por el 75% de un Ingreso Base de Liquidación IBL, por valor de $3.158.684, efectiva a partir del 1 de junio de 2000.

  1. El 13 de septiembre de 2019, el actor solicitó la reliquidación de su pensión 1, la cual fue negada m ediante la Resolución SUB-322984 de 26 de noviembre de 2019 , por cuanto consideró que, al realizar la nueva liquidación, el valor de la mesada disminuía en relación con la que venía percibiendo, decisión que fue confirmada por la Resolución SUB-35284 de 7 de febrero de 2020.
  1. A través de la Resolución SUB-138478 de 30 de junio de 2020 se reliquidó la mesada pensional a partir del 13 de septiembre de 2016 en la suma de $145.045 para un nuevo valor de $7.135.385, decisión que fue confirmada por la Resolución no. DEP 11123 del 14 de agosto del mismo año.
  1. Formuló demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de Colpensiones, con el fin de obtener la reliquidación de su pensión de vejez con el 75%

1 Solicitó el reajuste de su mesada pensional con el 75% del salario promedio indexado que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicios, o subsidiariamente con el 75% del salario promedio de lo devengado y cotizado durante el tiempo discontinuo trascurrido entre el 25 de enero de 1993 y el 30 de mayo de 2000.4

para los aportes durante el último año de servicios, o subsidiariamente con el 75% del salario promedio de lo devengado y cotizado durante el tiempo discontinuo trascurrido entre el 25 de enero de 1993 y el 30 de mayo de 2000.4

Expediente: 11001-03-15-000-2024-02537-01

Demandante: Miguel Enrique Quiñones Grillo Acción de tutela

“del promedio de lo devengado en el tiempo que hiciere falta para adquirir el derecho al 1 de abril de 1994”, es decir, 5 años, 11 meses y 15 días, con la inclusión de la prima especial y bonificación por compensación, devengados mientras estuvo al servicio de la Rama Judicial , y con la exclusión de los periodos en que estuvo desempleado, comprendidos entre el 1 de febrero al 4 de septiembre de 1998 y del 6 de octubre de 1998 al 15 de junio de 1999, aspectos que, a su juicio, cambiar ían el IBL sobre el cual se liquidó su pensión.

  1. El Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá2, mediante sentencia de 1 de agosto de 2023, declaró de oficio la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda3 y negó las pretensiones de la demanda, en la medida que el monto de la mesada pensional calculado para el año 2000, que para el demandante correspondía a $4.487.380.00, no deb ía indexarse hasta el 13 de septiembre de 2016, sino que anualmente ese valor ($4.487.380.00) debía ser incrementado con el IPC hasta el año 2016, en virtud de lo preceptuado en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, y teniendo en

anualmente ese valor ($4.487.380.00) debía ser incrementado con el IPC hasta el año 2016, en virtud de lo preceptuado en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, y teniendo en cuenta que por efectos de la prescripción la efectividad del pago de las diferencias se ordenó a partir del el 13 de septiembre de 2016.

  1. El demandante presentó recurso de apelación en el cual indicó que e n la determinación del IBL se desconoció que se debía tener en cuenta el promedio devengado y cotizado durante el tiempo que como beneficiario del régimen de transición le hacía falta a 1 de abril de 1994 para alcanzar el derecho pensional por el factor edad.
  1. Además, señaló que durante el periodo comprendido entre el 10 de mayo de 1994 y el 31 de enero de 1998 tan solo se incluyó lo devengado mensualmente en la Rama Judicial por concepto de asignación básica mensual y se desconoció que también percibió la prima especial mensual, sobre la cual además cotizó a la seguridad social en pensiones.
  1. La apelación fue desatada por la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en sentencia del 29 de noviembre de 20234, en la cual revocó la declaratoria de oficio de la excepción de ineptitud sustantiva parcial de la demanda y confirmó en lo demás el fallo de primera instancia, en atención a que la

2 Proceso con radicación no. 11001-33-35-007-2022-00257-00/01. 3 Por no haber acusado a proposición jurídica completa originada en la petición elevada por el accionante el día 13 de septiembre de 2019.

2 Proceso con radicación no. 11001-33-35-007-2022-00257-00/01. 3 Por no haber acusado a proposición jurídica completa originada en la petición elevada por el accionante el día 13 de septiembre de 2019. 4 Decisión que fue notificada el 5 de diciembre de 2023.5

Expediente: 11001-03-15-000-2024-02537-01

Demandante: Miguel Enrique Quiñones Grillo Acción de tutela

jurisprudencia unificada del Consejo de Estado establec ía que cuando se aplica ba el régimen de transición, los factores sobre los que se deb ían calcular los aportes o cotizaciones al sistema de pensiones eran los taxativamente previstos en el Decreto 1158 de 1994, dentro de los cuales no se enc ontraba la prima solicitada por el demandante.

  1. Si bien reconoció que la liquidación hecha en la resolución que concedió la pensión al demandante incurrió en algunos errores, afirmó que, mediante la Resolución no.

SUB138478 del 30 de junio de 2020, cuya liquidación e ra la que actualmente se encontraba incluida en nómina, Colpensiones corrigió esos yerros y reliquidó la pensión de vejez a partir del 13 de septiembre de 2016 , para lo cual tuvo en cuenta el IBL contemplado en el artículo 36 de la ley 100 de 1993, esto es, el promedio de lo cotizado durante todo el tiempo, al ser este superior, y excluyó los periodos en los que el demandante no tuvo vinculación laboral.

El fundamento de la vulneración

La parte demandante señaló que las autoridades judiciales demandadas vulneraron sus

durante todo el tiempo, al ser este superior, y excluyó los periodos en los que el demandante no tuvo vinculación laboral.

El fundamento de la vulneración

La parte demandante señaló que las autoridades judiciales demandadas vulneraron sus derechos constitucionales fundamentales antes mencionados, con ocasión de los fallos proferidos el 1 de agosto de 2023 y el 29 de noviembre de 2023, por cuanto, a su juicio, incurrieron en los defectos sustantivo y fáctico.

Frente al defecto sustantivo , señaló que las autoridades judiciales demandadas aplicaron el artículo 1 del Decreto 1158 de 1994, que es una norma general, y desconocieron las normas especiales que establecen los factores salariales a computar en el IBL pensional de los magistrados auxiliares de las Altas Cortes, a saber, el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 (prima especial de servicio) y el artículo 1 del Decreto 610 de 1998 (bonificación por compensación).

Agregó que no era cierto que en virtud de la sentencia del Consejo de Estado del 28 de agosto de 2018 perdieron vigencia y aplicabilidad los artículos 14 de la Ley 4 de 1992 y 1 del Decreto 610 de 1998, por cuanto aquella decisión no dispuso que en la liquidación del IBL pensional se excluyeran aquellos factores salariales contenidos en leyes especiales y porque no derogó expresa ni tácitamente aquellas normas legales.6

Expediente: 11001-03-15-000-2024-02537-01

Demandante: Miguel Enrique Quiñones Grillo Acción de tutela

En cuanto al defecto fáctico , manifestó que se hizo caso omiso de las pruebas del

Expediente: 11001-03-15-000-2024-02537-01

Demandante: Miguel Enrique Quiñones Grillo Acción de tutela

En cuanto al defecto fáctico , manifestó que se hizo caso omiso de las pruebas del expediente5, con las que se acreditó que la prima especial y la bonificación por compensación fueron devengadas por el actor y sufragadas oportunamente por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial durante todo el tiempo de sus servicios como magistrado auxil iar en el Consejo Superior de la Judicatura y en el Consejo de Estado.

El Tribunal incurrió en un error al entender que la Resolución SUB -138478 del 30 de junio de 2020 reliquidó la pensión de vejez con base en el documento llamado “liquidación”, porque aquel, a pesar de su nombre, no consignaba liquidación alguna por falta de las operaciones numéricas propias de ese documento , puesto que tan solo contenía un doble listado, el cual no podía tenerse en cuanta para adoptar esa decisión.

Actuación procesal

Por medio de auto de 27 de mayo de 2024, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado admitió la acción de tutela y ordenó la notificación a los magistrados que integran la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al titular del Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Bogotá y al presidente de Colpensiones, con el fin de que allegaran un informe sobre los hechos que motivaron el ejercicio de la acción.

Sentencia de primera instancia

La Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación6 en sentencia de 28 de junio de 2024 declaró improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del

que motivaron el ejercicio de la acción.

Sentencia de primera instancia

La Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación6 en sentencia de 28 de junio de 2024 declaró improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del

5 Liquidación pensión por aporte vejez que sirvió de base para la expedición de la Resolución 3135 de 11 de mayo de 2003 , constancia de la Directora Administrativa de la División de Tesorería de la Dirección Regional de Administración Judicial para Bogotá y Cundinamarca por sueldo mensual y prima especial mensual y descuentos a Cajanal, reporte de semanas cotizadas en pensiones actualizada al 17 de marzo de 2022, donde constan el reporte y pago de las cotizaciones a la seguridad social en pensiones efectuadas por la empleadora Rama J udicial entre el 30 de junio de 1999 y el 31 de mayo de 2000 y Documento COLPENSIONES “Liquidación” que contiene el listado de los valores nominales, columna IBL, de lo devengado por el suscrito por el concepto sueldo mensual y algunos factores salariales durante el tiempo faltante discontinuo entre el 15 de septiembre de 1993 y el 23 de abril de 2000. 6 Los consejeros Fernando Alexei Pardo Flórez y María Adriana Marín de esa sección presentaron impedimento por considerar que tenían interés en la actuación procesal por cuanto ellos se desempeñaban como magistrados auxiliares de altas cortes y la tutela se refería a una reclamación judicial que buscaba la inclusión de la prima especial y la bonificación por compensación judicial, como factores para la liquidación pensional a favor de magistrados de Tribunal y otros funcionarios, prestación que se

que buscaba la inclusión de la prima especial y la bonificación por compensación judicial, como factores para la liquidación pensional a favor de magistrados de Tribunal y otros funcionarios, prestación que se creó también para los magistrados auxiliares de altas cortes. El impedimento fue declarado infundado por auto del 28 de junio de 2024, que consideró que los magistrados no habían mostrado en forma específica cuál era su interés en los resultados de esta tutela, del cual pudiera derivar una afectación de su imparcialidad por cuanto, a pesar de que fueron magistrados auxiliares, no explicaron cómo, en concreto,7

Expediente: 11001-03-15-000-2024-02537-01

Demandante: Miguel Enrique Quiñones Grillo Acción de tutela

requisito de relevancia constitucional, en la medida que el demandante no esgrimió ninguna razón tendiente a explicar con rigor el motivo por el cual presuntamente la demandada erró al aplicar el Decreto 1158 de 1994, y no los artículos 14 de la Ley 4ª de 1992 y 1º del Decreto 610 de 1998, y al estudiar las pruebas obrantes en el expediente.

Asimismo, afirmó que los reparos relacionados con la inclusión en la liquidación de pensión de vejez de lo devengado mensualmente en la Rama Judicial por concepto de prima especial y bonificación por compensación fueron objeto de pronunciamiento en el proceso ordinario.

Impugnación

La parte demandante presentó impugnación contra el fallo de primera instancia , concedida en auto del 15 de julio de 2024.

Resaltó que en la acción de tutela se expusieron de manera clara las razones argumentativas por las cuales se vulneraron los derechos fundamentales invocados y

concedida en auto del 15 de julio de 2024.

Resaltó que en la acción de tutela se expusieron de manera clara las razones argumentativas por las cuales se vulneraron los derechos fundamentales invocados y se explicó de forma detallada el error que cometieron las autoridades judiciales demandadas cuando inaplicaron los artículos 14 de la Ley 4 de 1992 y 1 del Decreto 610 de 1998, pese a que esas disposiciones debían tomarse para computar en el IBL la prima especial y la bonificación por compensación.

La norma para la determinación del IBL pensional no era la general , aplicable a todos los servidores públicos (artículo 1º del Decreto 1158 de 1994), sino las disposiciones especiales que determina n expresamente los factores salariales computables al IBL pensional de los ex magistrados auxiliares de las Altas Cortes.

Por otra parte, sostuvo que los argumentos de la acción de tutela no son una reiteración de los ya estudiados en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, pues en este se planteó la nulidad de las resoluciones de Colpensiones que negaron el reajuste de la mesada pensional y retroactividad por las mesadas no prescritas, con base en las causales de falsa motivación y desconocimiento de las disposiciones legales en que deben fundarse los actos administr ativos; mientras que en el mecanismo de tutela se esbozó el mismo tema, pero desde el punto de vista estrictamente constitucional, por la

esa situación podría coincidir con un interés actual y real y pudiera entonces afectar la objetividad de su criterio al decidir.8

Expediente: 11001-03-15-000-2024-02537-01

Demandante: Miguel Enrique Quiñones Grillo

esa situación podría coincidir con un interés actual y real y pudiera entonces afectar la objetividad de su criterio al decidir.8

Expediente: 11001-03-15-000-2024-02537-01

Demandante: Miguel Enrique Quiñones Grillo Acción de tutela

discriminación de los funcionarios de alto rango de la Rama Judicial, a quienes solo se les tiene en cuenta un factor de liquidación, a saber, la asignación básica mensual del cargo, pero para los demás servidores públicos si concurren los otros factores de la enumeración taxativa, que en algunos casos puede significar un incremento significativo del IBL pensional.

Asimismo, afirmó que no está de acuerdo con que el a quo haya afirmado que la Resolución SUB-138478 contiene una “Liquidación”, pues allí lo que se consignó fue simplemente un resumen de esta, documento que no siguió el modelo metodológico de la “Liquidación pensión de jubilación aportes vejez (6v) de folios 122, 123 y 124 del expediente administrativo del suscrito en COLPENSIONES” en la cual mes a mes y a todo lo largo del periodo de labores debidamente actualizado se estableció el ingreso base mensual, el número de días laborados en cada mes, el número de semanas, el ingreso actualizado y el producto de días por ingreso actualizado.

En la Resolución SUB-138478 de 30 de junio de 2020, no se incorporó ningún ejercicio liquidatorio ajustado a la realidad , precisamente porque el reajuste reconocido por ella a partir del 13 de septiembre de 2016, fecha de la primera mesada no prescrita, no incluyó los valores devengados y cotizados a la seguridad social en pensiones por la Rama Judicial a través de las administradoras de pensiones CAJANAL e ISS hoy

a partir del 13 de septiembre de 2016, fecha de la primera mesada no prescrita, no incluyó los valores devengados y cotizados a la seguridad social en pensiones por la Rama Judicial a través de las administradoras de pensiones CAJANAL e ISS hoy Colpensiones y por los factores prima especial y bonificación por compensación.

No se puede sostener que el IBL pensional se liquida únicamente con base en los factores taxativamente enumerados por el Decreto 1158 de 1998 y, a la vez, que, en todo caso, la liquidación se hará únicamente con base en los valores cotizados porque si se cotizó puntualmente por la prima especial y la bonificación por compensación de la Rama Judicial pues, estas sobre -remuneraciones devienen en factores que inciden significativamente en el cómputo del IBL pensional y naturalmente en el nuevo valor o monto de la pensión y de la retroactividad.

Las autoridades judiciales accionadas omitieron el análisis y valoración de las pruebas demostrativas de los aportes a la seguridad social en pensiones por las sobreremuneraciones prima especial y bonificación por compensación, que hizo mi empleadora la Rama Judicial a todo lo largo del 97.2% del tiempo faltante y que por esa omisión incurrieron en el grave defecto fáctico.9

Expediente: 11001-03-15-000-2024-02537-01

Demandante: Miguel Enrique Quiñones Grillo Acción de tutela

Manifestación de impedimento

El 13 de agosto de 2024, los magistrados de la Subsección B de la Sección Tercera de esta Corporación manifestamos estar impedidos para conocer el asunto, por tratarse de una cuestión relacionada con el reconocimiento, como factor salarial, de la prima

El 13 de agosto de 2024, los magistrados de la Subsección B de la Sección Tercera de esta Corporación manifestamos estar impedidos para conocer el asunto, por tratarse de una cuestión relacionada con el reconocimiento, como factor salarial, de la prima especial de servicios y la bonificación por compensación, pues nos desempeñamos en el cargo de magistrado auxiliar, para el cual se crearon esos emolumentos, como factores para la liquidación pensional.

El 29 de agosto de 2024, se procedió al respectivo sorteo de conjueces, a través del cual fueron seleccionados los señores Rodrigo Uprimny Yepes, María Teresa Palacio Jaramillo y Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

El 17 de marzo de 20257, la Sala de Conjueces no aceptó el impedimento manifestado, en consideración a que no se cumplió con el requisito de actualidad, pues en el escrito no se explicó en forma específica cómo la decisión de la acción de tutela podría realmente afectar, positiva o negativamente, a los magistrados, en la actualidad o en un futuro cercano.

No se acreditó que alguno de los magistrados hubiese presentado una petición de liquidación de su pensión con argumentos semejantes a los del actor, o algún análisis específico de que el resultado de la tutela, positivo o negativo, pudiera afectarlos.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.

1. Finalidad de la acción de tutela

invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.

1. Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos

7 El proceso ingresó al despacho para fallo el 25 de abril de 2025.10

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Demandante: Miguel Enrique Quiñones Grillo Acción de tutela

constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este instrumento no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos ni para revivir términos precluidos o acciones caducadas.

De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos fundamentales del demandante.

2. El caso concreto

En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional al Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Bogotá y a la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca con el fin de que se proteja n los derechos

Administrativo del Circuito de Bogotá y a la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca con el fin de que se proteja n los derechos constitucionales fundamentales antes mencionados , presuntamente vulnerado s por motivo de los fallos proferidos el 1 de agosto de 2023 y el 29 de noviembre de 2023, por cuanto, a su juicio, incurrieron en los defectos sustantivo y fáctico.

La Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación en la sentencia de tutela de primera instancia declaró improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, en la medida que el demandante no esgrimió ninguna razón tendiente a explicar con rigor el motivo por el cual presuntamente la demandada erró al aplicar el Decreto 1158 de 1994, y no los artículos 14 de la Ley 4 de 1992 y 1 del Decreto 610 de 1998, y al estudiar las pruebas obrantes en el expediente.

En su escrito de impugnación la parte demandante insistió en que se cumple con el requisito de relevancia constitucional, debido a que se argumentó en debida forma las razones por las que se vulneraron los derechos fundamentales y se fundamentó de forma detallada en qué consistían los defectos fáctico y sustantivo.

En los términos en que fue propuesta la controversia, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, frente a los defectos fáctico y sustantivo, y por el11

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Demandante: Miguel Enrique Quiñones Grillo

requisito de relevancia constitucional, frente a los defectos fáctico y sustantivo, y por el11

Expediente: 11001-03-15-000-2024-02537-01

Demandante: Miguel Enrique Quiñones Grillo Acción de tutela

requisito de subsidiariedad, respecto de los argumentos dirigidos a cuestionar el documento denominado “liquidación”, por las razon

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