CE - Sentencia 11001031500020240570601
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 11001031500020240570601
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D. C., 28 de abril de 2025
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05706-01
Demandante: Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla SA y otro Demandado: Tribunal de Arbitramento del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá y Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL Y LAUDO ARBITRAL | Relevancia constitucional
Síntesis del caso: Los demandantes enjuiciaron el laudo arbitral y la sentencia que resolvió el recurso extraordinario de anulación que formuló en contra de aquel . Alegaron la existencia de un defecto sustantivo, por la interpretación irrazonable de las normas aplicables, y de un defecto fáctico, por la valoración deficiente de las pruebas.
De acuerdo con la competencia asignada 1, procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte demandante contra la Sentencia de 23 de enero de 2025, que declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional2.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
cumplir con el requisito de relevancia constitucional2.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Sentencia de primera instancia e impugnación.
1.1. Posición de la parte actora
1. El 2 3 de octubre de 2024 , la Sociedad Portuaria Regional de
Barranquilla SA (S PRB) y Barranquilla International Terminal Company SA (BITCO), por conducto de apoderado judicial, present aron una acción de tutela contra el Tribunal Arbitral de la Cámara de Comercio de Bogotá y la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por la presunta vulneración de sus derechos al debido proceso (defensa) y acceso a la administración de justicia, al considerar que el Laudo Arbitral de 24 de abril de 2023, dentro del proceso arbitral Rad. 117423 , y la Sentencia de 24 de abril de 2024, proferida en el proceso del recurso extraordinario de anulación
1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de 2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta corporación. 2 “PRIMERO: Declárase improcedente la acción de tutela de la referencia, por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional.”Radicación: 11001-03-15-000-2024-05706-01
Demandante: Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla SA y otro Demandado: Tribunal de Arbitramento y otro Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Demandante: Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla SA y otro Demandado: Tribunal de Arbitramento y otro Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia Decisión: Confirma – improcedencia ______________________________________________________________________________________________________________
2 de 16 Rad. 11001-03-26-000-2023-00115-00, incurrieron en los defectos sustantivo y fáctico.
2. A título de amparo constitucional, la parte demandante solicitó (se
trascribe):
“1. Que se declare que el Tribunal Arbitral vulneró los derechos fundamentales de las accionantes al debido proceso, a la defensa, y al acceso a la administración de justicia, con ocasión del Laudo Arbitral.
2. Que se declare que el Consejo de Estado vulneró los derechos fundamentales de las Accionantes al debido proceso, a la defensa y al acceso a la administración de justicia, con ocasión de la Sentencia de Anulación .
3.Que se amparen los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, y al acceso a la administración de justicia de las Accionantes.
4. Que se deje sin efectos el Laudo Arbitral.
5. Que se deje sin efectos la Sentencia de Anulación.
6. Que se adopte cualquier otra medida que el Consejo de Estado considere necesaria, conducente y pertinente con el fin de que se amparen, reparen y garanticen los derechos fundamentales de las Accionantes.”
3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se
identificaron los siguientes:
4. 1) El 12 de julio de 1993, la Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla SA (SPRB) y la Superintendencia General de Puertos, posteriormente
identificaron los siguientes:
4. 1) El 12 de julio de 1993, la Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla SA (SPRB) y la Superintendencia General de Puertos, posteriormente subrogada por Cormagdalena, celebraron el contrato de concesión 8 de 1993 sobre el canal de acceso al puerto de Barran quilla. Se pactó una contraprestación por el uso de infraestructura de la Empresa Puertos de Colombia, cuyo valor inicial se fijó para los 2 primeros años y se reajustaría con base en el área estimada y la proyección de carga.
5. 2) El 20 y 29 de septiembre de 1993, mediante otrosíes 2 y 4, se modificó el esquema de pago y se permitió la posibilidad de una contraprestación “plena” a partir del quinto año, siempre que se realizara una auditoría externa y se expidiera un acto administrativo con base en su resultado.
También se contempló la posibilidad de pagar de contado o anualmente , según el área estimada de utilización y las proyecciones de carga presentadas.
6. 3) El 24 de febrero de 2000, la Superintendencia General de Puertos expidió la Resolución 77, por la cual fij ó de manera unilateral la contraprestación plena por infraestructura en la suma de US$ 8.635.371 por la totalidad del plazo del contrato de concesión 8 o en US$1.163.240 por cada año de ejecución. Contra esta decisión, la SPRB interpuso recurso deRadicación: 11001-03-15-000-2024-05706-01
Demandante: Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla SA y otro Demandado: Tribunal de Arbitramento y otro
cada año de ejecución. Contra esta decisión, la SPRB interpuso recurso deRadicación: 11001-03-15-000-2024-05706-01
Demandante: Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla SA y otro Demandado: Tribunal de Arbitramento y otro Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia Decisión: Confirma – improcedencia ______________________________________________________________________________________________________________
3 de 16 reposición; sin embargo, el Ministerio de Transporte confirmó la decisión a través de la Resolución 310 de 2001.
7. 4) El 18 de diciembre de 2001, la SPRB presentó demanda en la que solicitó la nulidad de las Resoluciones 77 de 2000 y 310 de 2001 , debido a que se incumplieron los requisitos de los otrosíes al no haber contratado la auditoría externa y no haber efectuado la evaluación respectiva. No obstante, el 8 de febrero de 2006, la SPRB pagó la suma de US$13.034.719 en cumplimiento de los actos administrativos.
8. 5) El 16 de agosto de 2006, la SPRB presentó demanda arbitral por incumplimiento contractual contra Cormagdalena ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. Alegó que Cormagdalena realizó dragados insuficientes en el canal de acceso, lo que provocó restricciones en el paso de embar caciones con destino a los muelles explotados por la sociedad. Esta situación generó gastos imprevistos para la SPRB, entre otros, costos por la atención de naves en fondeo y el traslado de mercancía a otros puertos vecinos . Durante más de 10 meses
muelles explotados por la sociedad. Esta situación generó gastos imprevistos para la SPRB, entre otros, costos por la atención de naves en fondeo y el traslado de mercancía a otros puertos vecinos . Durante más de 10 meses asumió labores de dragado con recursos propios e incluso compró una draga para desarrollar esa labor.
9. 6) El 27 de diciembre de 2006, la Sociedad Portuaria del Norte S.A. y Cormagdalena firmaron el contrato de concesión portuaria 33 de 2006.
Dicho contrato otorgó terrenos ubicados en la misma zona del puerto que ya había sido desarrollada bajo el contrato de concesión 14 de 1994, con el objetivo de integrar esas áreas y conformar una única zona portuaria3.
10. 7) El 13 de septiembre de 2007, el Tribunal Arbitral profirió laudo arbitral, en el que determinó el incumplimiento contractual por la falta periódica y recurrente de dragado del canal. Ordenó el pago de $5.140.241.777 por los trabajos de dragado realizados. La parte accionante afirmó que la entidad continuó incumpliendo con sus obligaciones.
11. 8) El 22 de octubre de 2008, el Tribunal Administrativo de Atlántico declaró la nulidad de las Resoluciones 77 de 24 de febrero de 2000 y 310 de 25 de enero de 2001, al considerar que se expidieron con violación de las normas en las que debían fundarse y en desconocimiento del acuerdo entre las partes. Determinó que la contraprestación no debía ser plena y que el valor total correspondía al acordado en el contrato, es decir, la suma de
normas en las que debían fundarse y en desconocimiento del acuerdo entre las partes. Determinó que la contraprestación no debía ser plena y que el valor total correspondía al acordado en el contrato, es decir, la suma de
3 El 27 de septiembre de 1994, la Sociedad Carbonera Milpa S.A y la Superintendencia General de Puertos celebraron el contrato de concesión portuaria 14 de 1994 con el propósito de construir, administrar y operar unas instalaciones portuarias para movilizar carbón, entre otros, a cambio de una contraprestación económica en favor de la Nación y del Distrito de Barranquilla. El 20 de marzo de 2003, el Ministerio de Transporte autorizó la cesión de la posición contractual de la sociedad carbonera en favor de la Sociedad Portuaria del Norte S.A.Radicación: 11001-03-15-000-2024-05706-01
Demandante: Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla SA y otro Demandado: Tribunal de Arbitramento y otro Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia Decisión: Confirma – improcedencia ______________________________________________________________________________________________________________
4 de 16 US$2.610.590. Señaló que la contraprestación solo podía considerarse plena si se cumplía con el procedimiento pactado en el contrato.
12. 9) El 4 de febrero de 2010 se celebraron nuevos contratos de concesión con la Sociedad Portuaria del Norte S.A. (posteriormente cedidos a BITCO), que integraban las áreas portuarias existentes.
13. 10) El 16 de agosto de 2018, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado confirmó el fallo de primera instancia que declaró la
a BITCO), que integraban las áreas portuarias existentes.
13. 10) El 16 de agosto de 2018, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado confirmó el fallo de primera instancia que declaró la nulidad de las Resoluciones 77 de 24 de febrero de 2000 y 310 de 25 de enero de 2001. Sin embargo, no ordenó la devolución a la SPRB del pago en exceso efectuado, ya que no fue una pretensión formulada en el proceso y dicha decisión correspondía exclusivamente al juez del contrato.
14. 11) El 29 de julio de 2019, la SPRB presentó una segunda demanda arbitral contra Cormagdalena ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. El 7 de septiembre de 2020, reformó la demanda, la cual fue suscrita también por BITCO. Entre las pretensiones formuladas se incluyeron: (i) el incumplimiento por parte de Cormagdalena de la obligación de mantener los niveles de profundidad adecuados para la navegación y las actividades portuarias en el canal navegable de acceso al Puerto de Barranquilla, en el río Magdalena, así como la pérdida de ingresos por el de svío de motonaves debido a la restricción del calado del canal; y (ii) los pagos en exceso realizados por concepto de la contraprestación por infraestructura.
15. 12) El 24 de abril de 2023, el Tribunal de Arbitramento, mediante laudo, negó las pretensiones relacionadas con la restitución del valor pagado en exceso, al considerar que la SPRB no logró probarlo. Señaló que, para
15. 12) El 24 de abril de 2023, el Tribunal de Arbitramento, mediante laudo, negó las pretensiones relacionadas con la restitución del valor pagado en exceso, al considerar que la SPRB no logró probarlo. Señaló que, para efectuar dicho análisis, debía aplicarse lo previsto en el otrosí 4, el cual exigía “el porcentaje de utilización real de la infraestructura, la estimación de niveles de carga y tener como valor mínimo el pagado en los cuatro primeros años para compararlo con lo efectivamente pagado por la SPRB”.
Además, advirtió que realizar ese análisis implicaría emitir un fallo incongruente, ya que ello supondría pronunciarse sobre aspectos ajenos a la causa del litigio.
16. En relación con la obligación de mantener la profundidad del canal, el Tribunal Arbitral determinó que Cormagdalena no estaba obligada a conservar una profundidad específica en el canal navegable. Indicó que, en caso de existir dicha obligación, esta sería de medio y no de resultado.
Concluyó que la entidad actuó con diligencia y prudencia para preservar la navegabilidad en el canal de acceso al Puerto de Barranquilla.Radicación: 11001-03-15-000-2024-05706-01
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5 de 16 17. 13) El 2 de agosto de 2023, los accionantes presentaron recurso extraordinario de anulación contra la decisión anterior, con fundamento en las causales 5 y 7 del artículo 41 de la Ley 1563 de 20124.
17. 13) El 2 de agosto de 2023, los accionantes presentaron recurso extraordinario de anulación contra la decisión anterior, con fundamento en las causales 5 y 7 del artículo 41 de la Ley 1563 de 20124.
18. Argumentaron que se configuró la causal 5 porque, de un lado, el Tribunal Arbitral no tuvo en cuenta que Cormagdalena incumplió con la práctica de una prueba decretada al impedir la exhibición de documentos relevantes, eliminar archivos y omitir la entrega de otros con fuertes indicios de importancia para el caso. A pesar de que estos documentos estaban estrechamente relacionados con el presunto incumplimiento de su obligación de garantizar la navegabilidad y podían haber influido en la decisión del Tribuna l Arbitral, este no se pronunció ni reprochó dicha conducta, lo cual afectó la adecuada resolución del litigio.
19. De otro lado, el Tribunal concluyó, sin fundamento jurídico ni probatorio, que la obligación a cargo de Cormagdalena de realizar actividades de mantenimiento y encauzamiento que garantizaran una profundidad suficiente para la navegabilidad del canal - obligación ya reconocida en un laudo arbitral anterior - era de medio y no de resultado, desestimando pruebas claras sobre la relación entre el dragado y la navegabilidad. Su decisión resulta contradictoria, pues reconoce la obligación legal de garantizar una profundidad adecuada, pero a la vez sostiene que Cormagdalena no está obligada a mantener los canales, lo que permitiría frustrar el objeto de la concesión impidiendo el acceso de embarcaciones a los puertos, sin justificación jurídica.
20. Respecto de la causal 7, señalaron que el Tribunal Arbitral falló en
que permitiría frustrar el objeto de la concesión impidiendo el acceso de embarcaciones a los puertos, sin justificación jurídica.
20. Respecto de la causal 7, señalaron que el Tribunal Arbitral falló en conciencia y/o en equidad respecto de la disputa relacionada con el pago de la contraprestación por infraestructura , “pues inaplicó –principalmente– dos normas: (i) el artículo 1602 del Código Civil y (ii) la Cláusula Decimoprimera del Contrato de Concesión No. 008 de 1993. Igualmente, el Tribunal omitió completamente las pruebas aportadas por la parte demandante, aun cuando dichas pruebas ya habían sido valoradas por el Tribunal para declarar la prosperidad de pretensiones precedentes . Para desconocer dichas normas y pruebas, el T ribunal apeló a las consideraciones de una sentencia del Consejo de Estado (que el Tribunal mismo había resuelto que no constituía cosa juzgada respecto de este caso) y que lo llevó a la absurda conclusión de darle efectos a dos actos
4 “ARTÍCULO 41. CAUSALES DEL RECURSO DE ANULACIÓN. Son causales del recurso de anulación: 5. Haberse negado el decreto de una prueba pedida oportunamente o haberse dejado de practicar una prueba decretada, sin fundamento legal, siempre y cuando se hubiere alegado la omisión oportunamente mediante el recurso de reposición y aquella pudiera tener incidencia en la decisión. (…) 7. Haberse fallado en conciencia o equidad, debiendo ser en derecho, siempre que esta circunstancia aparezca manifiesta en el laudo.”Radicación: 11001-03-15-000-2024-05706-01
(…) 7. Haberse fallado en conciencia o equidad, debiendo ser en derecho, siempre que esta circunstancia aparezca manifiesta en el laudo.”Radicación: 11001-03-15-000-2024-05706-01
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6 de 16 administrativos que habían sido anulados por el Consejo de Estado con efectos ex tunc”.
21. Igualmente, falló en conciencia y/o equidad frente a la disputa relacionada con la obligación de navegabilidad , porque “inaplicó y desestimó (i) las disposiciones legales y contractuales que imponían a Cormagdalena la obligación de realizar actividades de mantenimiento y actividades de encauzamiento que garanticen una profundidad que permita la navegabilidad del Canal Navegable y (ii) desestimó los métodos de interpretación y las pruebas del proceso relacionadas con la naturaleza de la obligación de Cormagdalena”.
22. 14) El 24 de abril de 2024, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante sentencia, desestimó el recurso extraordinario de anulación. Concluyó que no se configuró la causal 5 de anulación, ya que el tribunal no negó el decreto de una prueba solicitada oportunamente, ni dejó de practicar una prueba decretada sin fundamento legal alguno. Además, la parte convocante no interpuso recurso de reposición contra el auto que ordenó el cierre de la etapa probatoria.
oportunamente, ni dejó de practicar una prueba decretada sin fundamento legal alguno. Además, la parte convocante no interpuso recurso de reposición contra el auto que ordenó el cierre de la etapa probatoria.
23. Además, señaló que las pretensiones no prosperaron por falencias probatorias de la parte demandante, en particular, a la cuantificación del monto de la contraprestación por infraestructura. Asimismo, señaló que los recurrentes no explicaron por qué entende r la contraprestación por infraestructura como un valor fiscal o de referencia implicaba el desconocimiento de las normas expuestas en el recurso.
24. Aunado a ello, estimó que tampoco se configuró la causal 7 de anulación en relación con el pago en exceso de la contraprestación por infraestructura, y la obligación de garantizar la navegabilidad en el canal de acceso al puerto de Barranquilla.
25. Afirmó que el tribunal arbitral falló conforme a derecho, al aplicar e interpretar las normas vigentes relacionadas con el objeto de la controversia, así como las cláusulas contractuales, y en particular, al basar su decisión en las pruebas allegadas al proceso. Resaltó que tuvo en cuenta la Sentencia de 16 de agosto de 2018 del Consejo de Estado para establecer que la suma de la contraprestación por infraestructura del contrato constituía una referencia, y que, para determinar su valor, era necesario aportar otros elementos adicionales, como el porcentaje de uso de la infraestructura. Sobre este aspecto, precisó que la parte demandante no probó la cuantificación del monto de la contraprestación por infraestructura, ni explicó por qué entender la contraprestación porRadicación: 11001-03-15-000-2024-05706-01
no probó la cuantificación del monto de la contraprestación por infraestructura, ni explicó por qué entender la contraprestación porRadicación: 11001-03-15-000-2024-05706-01
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7 de 16 infraestructura como un valor fiscal o de referencia implicaba el desconocimiento de las normas expuestas en el recurso.
26. Por lo tanto, concluyó que , e n realidad, lo que pretend ía la parte recurrente era manifestar su inconformidad con el razonamiento contenido en el laudo.
27. Como fundamento de la vulneración de sus derechos, la parte actora señaló que el Laudo Arbitral de 24 de abril de 2023, proferido por el Tribunal de Arbitramento de la Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, al acceder de manera parcial a las pretensi ones de la demanda arbitral incurrió en los defectos sustantivo y fáctico.
28. En relación con el defecto sustantivo, sostuvo que Tribunal Arbitral interpretó de manera irrazonable el contrato de concesión y normas como los artículos 1602 y 1620 del Código Civil, al desconocer que las partes habían pactado una contraprestación fija por infraestructura (US$2.610.590) y que su modificación requería una auditoría financiera y una evaluación de la autoridad competente, condiciones que no se cumplieron.
29. Asimismo, inaplicó lo pactado con base en una sentencia del Consejo
y que su modificación requería una auditoría financiera y una evaluación de la autoridad competente, condiciones que no se cumplieron.
29. Asimismo, inaplicó lo pactado con base en una sentencia del Consejo de Estado de 2018, que calificó dicha suma como valor fiscal. A su juicio, esa providencia no surtía efectos de cosa juzgada frente al proceso arbitral.
Recalcó que la contraprestación constituía un elemento esencial del contrato de concesión según los artículos 7 y 38 de la Ley 1 de 1991, y que no reconocer la suma pactada de US$ 2.610.590 implicaba desconocer la existencia del contrato de concesión.
30. También excluyó la existencia de una obligación contractual y legal de garantizar la profundidad del canal, sustentada en la cláusula décima primera del contrato, el artículo 34 y el parágrafo 2 del artículo 7 de la Ley 1 de 1991, y el parágrafo 3 del artículo 64 de la L ey 1242 de 2008. Sobre este aspecto, cuestionó que el tribunal hubiera calificado las obligaciones de Cormagdalena como obligaciones de medio y no de resultado, y, en ese orden, rechazó la interpretación del artículo 3 de la Resolución 664 de 1999, al considerar que el término “garantizar” implicaba un deber concreto de resultado, y no de medio como lo determinó el tribunal.
31. Aunado a ello, indicó que la ausencia de un pacto expreso sobre la existencia de una obligación de resultado no implicaba, por sí sola, que se tratara de una obligación de medio. El tribunal desconoció su deber de interpretar de conformidad con la intención de las partes, el sentido lógico
existencia de una obligación de resultado no implicaba, por sí sola, que se tratara de una obligación de medio. El tribunal desconoció su deber de interpretar de conformidad con la intención de las partes, el sentido lógico del contrato, su naturaleza, y una lectura sistemática de sus disposiciones.Radicación: 11001-03-15-000-2024-05706-01
Demandante: Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla SA y otro Demandado: Tribunal de Arbitramento y otro Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia Decisión: Confirma – improcedencia ______________________________________________________________________________________________________________
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32. Respecto del defecto fáctico, argumentó que, a pesar de haber probado el pago en exceso mediante comprobantes y dictámenes periciales, el Tribunal Arbitral concluyó, de forma contradictoria y sin justificación técnica, que no se demostró dicho exceso.
33. Sobre la obligación de de garantizar una profundidad mínima para la navegabilidad del canal, reprochó que el Tribunal hubiera descartado sin motivación los medios de prueba que respaldaban dicha obligación.
Adicionalmente, argumentó que el Tribunal omitió interpretar el alcance de las obligaciones de mantenimiento y encauzamiento, a pesar de contar con pruebas documentales, testimonios técnicos y peritajes que acreditaban el contenido obligacional y el incumplimiento.
34. La parte actora también señaló que el laudo desconoció la existencia de cosa juzgada respecto de un Laudo Arbitral de 2007, al no analizar adecuadamente la identidad de objeto y causa. Afirmó que, s i hubiera valorado adecuadamente los medios de prueba allegados, la conclusión habría sido distinta, pues resultaba evidente que la profundidad del canal
adecuadamente la identidad de objeto y causa. Afirmó que, s i hubiera valorado adecuadamente los medios de prueba allegados, la conclusión habría sido distinta, pues resultaba evidente que la profundidad del canal era indispensable para permitir el tránsito hacia los puertos.
35. Consideró que, al aplicar los métodos de interpretación contractual, habría comprobado que los demandantes celebraron otros contratos con terceros en los que se exigía expresamente una obligación de resultado respecto de la profundidad del canal navegable, como el contrato APP de 2014 y el contrato de obra 90907-001-2020. Además, indicó que, en distintos documentos, entre ellos el Conpes 3758 del 6 de agosto de 2013, Cormagdalena reconocía que la profundidad del canal constituía una obligación de resultado.
36. Por ello, reprochó que el Tribunal hubiera limitado su análisis a causas naturales de sedimentación para definir la naturaleza de la obligación, sin valorar el impacto comprobado de los dragados realizados. Añadió que desestimó sin justificación las pruebas que demostraban que las actividades de mantenimiento podían evaluarse como obligaciones de resultado.
37. Finalmente, la parte actora sostuvo que la Sentencia de 24 de abril de 2024, proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, incurrió en defectos sustantivo y fáctico. Alegó que no valoró debidamente el pago acreditado de la contraprestación, se limitó a reproducir los arg umentos del laudo y avaló la interpreta ción frente a la obligación de mantener los niveles de profundidad sin tener en cuenta la existencia de cosa juzgada. También afirmó que el análisis de la naturaleza
reproducir los arg umentos del laudo y avaló la interpreta ción frente a la obligación de mantener los niveles de profundidad sin tener en cuenta la existencia de cosa juzgada. También afirmó que el análisis de la naturaleza de las obligaciones fue superficial y no se sustentó ni en la ley ni en el acervo probatorio, lo que le impidió concluir que eran obligaciones de resultado.Radicación: 11001-03-15-000-2024-05706-01
Demandante: Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla SA y otro Demandado: Tribunal de Arbitramento y otro Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia Decisión: Confirma – improcedencia ______________________________________________________________________________________________________________
9 de 16 1.2. Sentencia de primera instancia e impugnación
38. Mediante Sentencia de 23 de enero de 2025 , la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional. Determinó que tanto el laudo arbitral como la decisión que resolvió el recurso extraordinario de anulación abordaron las controversias planteadas por los accionantes en relación con el contrato de concesión 8. Señaló que todos los argumentos presentados por los demandantes tenían un contenido netamente económico y legal, es decir, no requerían un análisis relacionado con derechos fundamentales presuntamente vulnerados por las decisiones judiciales.
39. Los defectos alegados en relación con el pago de la contraprestación contractual se limitaron a un aspecto patrimonial, ya que hacían referencia a una supuesta falta de valoración probatoria para obtener un reconocimiento económico, y se dirigieron a controvertir la apreciación realizada por la justicia arb itral. Lo mismo ocurrió con el presunto
a una supuesta falta de valoración probatoria para obtener un reconocimiento económico, y se dirigieron a controvertir la apreciación realizada por la justicia arb itral. Lo mismo ocurrió con el presunto desconocimiento de las obligaciones de Cormagdalena en cuanto al mantenimiento y encauzamiento del canal, pues los argumentos se centraron únicamente en cuestiones legales relativas a la interpretación del contrato y al análisis de sus cláusulas realizado por el tribunal arbitral.
40. En consecuencia, los accionantes basaron su argumentación en pretensiones de orden económico y en la discrepancia con la valoración de pruebas, la interpretación de las cláusulas contractuales y la aplicación de la normativa vigente. No demostraron que dic has circunstancias implicaran una afectación directa a un derecho de rango constitucional.
Por ello, el juez de tutela no podía entrar a estudiar lo alegado, al haber sido materia ya resuelta por el tribunal arbitral y conocida en sede del recurso extraordinario de anulación.
41. La parte accionante impugnó la decisión y sostuvo que la acción de tutela sí cumplía con el requisito de relevancia constitucional, dado que no pretendía convertir el amparo en una tercera instancia. Reiteró que se vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y al acceso a la admini
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