CE - Sentencia 11001031500020240601401
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 11001031500020240601401
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
Radicación: 11001 03 15 000 2024 06014 01
Demandante: Jesús Robinson Murillo Rivas
1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., dos (2) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001 03 15 000 2024 06014 01
Demandante: JESÚS ROBINSON MURILLO RIVAS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL
CAUCA Y OTRO
Tesis: La acción de tutela es improcedente por ausencia de relevancia constitucional cuando el debate planteado por el demandante pretende reabrir la controversia ya resuelta por el juez natural
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra el fallo del 7 de febrero de 2025, dictado por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A.
I. SÍNTESIS DEL CASO
1.1. El accionante solicitó el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, la libertad, la dignidad humana, la igualdad , la libre locomoción y el “in dubio pro reo”, que estima vulnerados con ocasión de
1.1. El accionante solicitó el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, la libertad, la dignidad humana, la igualdad , la libre locomoción y el “in dubio pro reo”, que estima vulnerados con ocasión de las sentencias del 27 de septiembre de 2019 y del 28 de agosto de 2024, dictadas por el Juzgado Tercero Administrativo de Buga y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca , respectivamente, por medio de l as cuales se denegaron las pretensiones de la demanda de reparación directa promovida contra la Nación, Rama Judicial ; la Fiscalía General de la Nación y la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional1.
1 Proceso que se identificó con el radicado 76111 33 33 003 2016 0172 00/01.Radicación: 11001 03 15 000 2024 06014 01
Demandante: Jesús Robinson Murillo Rivas
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1.2. En la referida demanda, el señor Jesús Robinson Murillo Rivas y otros2 solicitaron que se declarara administrativamente responsable s a las demandadas por los perjuicios causados con ocasión de la privación injusta de la libertad que presuntamente sufrió Murillo Rivas entre el 10 de diciembre de 2012 y el 12 de mayo de 2015.
1.3. La demanda de reparación directa se fundamentó en que , el 31 de agosto de 2012, Jesús Robinson Murillo Rivas presentó denuncia en la Personería Municipal de Pradera (Valle del Cauca) por el presunto
1.3. La demanda de reparación directa se fundamentó en que , el 31 de agosto de 2012, Jesús Robinson Murillo Rivas presentó denuncia en la Personería Municipal de Pradera (Valle del Cauca) por el presunto hostigamiento que venía sufriendo por parte de la Policía Nacional, quienes lo agredían verbalmente y lo amenazaban con hacer creer que portaba armamento o elementos ilegales.
El 9 de diciembre de 2012, fue detenido por agentes de Policía que lo llevaron a una estación del Municipio de Pradera, donde se le realizó una requisa en la que, según los uniformados, le fue encontrada una granada de fragmentación, razón la cual fue capturado en flagrancia.
El 10 de diciembre de 2012, fue presentado ante el Juzgado 26 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Cali, quien legalizó la captura en flagrancia, le imputó cargos por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de uso privativo de las fuerzas armadas y le impuso medida de aseguramiento.
Mediante sentencia del 6 de julio de 2015, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Buga absolvió al señor Jesús Robinson Murillo Rivas en aplicación del principio de in dubio pro reo, teniendo en cuenta que la Fiscalía solicitó retirar los cargos al considerar que no existían los elementos probatorios necesarios para lograr una sentencia condenatoria.
1.4. La demanda de reparación directa correspondió al Juzgado Tercero Administrativo de Buga, quien profirió sentencia el 27 de febrero de 2019,
elementos probatorios necesarios para lograr una sentencia condenatoria.
1.4. La demanda de reparación directa correspondió al Juzgado Tercero Administrativo de Buga, quien profirió sentencia el 27 de febrero de 2019,
22 Berenice Gómez Núñez, Robinson Stiven Murillo Gómez, Digna Edifisa Rivas María, Jesús Edinson Murillo Rivas, Yuri Karina Murillo Caicedo, G.D.A.M, J.S.M.E y Jainev Echeverry Villada. (Se suprime la identidad de los menores de edad, como una medida de protección de los derechos de los niños. Ver al respecto la sentencia T-566 de 2023 de la Corte Constitucional).Radicación: 11001 03 15 000 2024 06014 01
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mediante la cual denegó las pretensiones , al considerar que las autoridades que dictaron las decisiones dentro del proceso penal de las que se derivó la medida de aseguramiento en contra del accionante , contaban con las pruebas necesarias para considerarlo autor del delito endilgado, por lo que no resultaron arbitrarias ni desproporcionadas.
1.5. L a parte demandante apeló la anterior decisión y, mediante providencia del 28 de agosto de 2024, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca la confirmó, al considerar que , con las pruebas arrimadas al expediente no era posible analizar si la imposición de la medida de aseguramiento impuesta al señor Jesús Robinson Murillo Rivas cumplió
del Cauca la confirmó, al considerar que , con las pruebas arrimadas al expediente no era posible analizar si la imposición de la medida de aseguramiento impuesta al señor Jesús Robinson Murillo Rivas cumplió con los principios de proporcionalidad y razonabilidad, y si estuvo justificada en los elementos de convicción que reposaban en el expediente para ese momento procesal, pues la parte actora omitió allegar el audio de la diligencia en la que fue impuesta, lo que estimó indispensable para establecer los fundamentos que llevaron al juez de control de garantías a ordenarla.
1.6. El accionante alegó en la tutela que las decisiones debatidas incurrieron en defecto fáctico por falta de valoración e indebida valoración de las pruebas aportadas al expediente , las cuales demostraban la responsabilidad objetiva de las demandadas.
En concreto, se refirió al análisis realizado sobre la denuncia presentada ante la personería municipal de Pradera, los certi ficados laborales , la solicitud de absolución realizada por la Fiscalía con fundamento en que no existió dolo en su conducta y los testimonios de los policías Eyder Gaviria, Eider Arturo Orejuela y Nicol ás Cómez, quienes afirmaron que al accionante no le fue encontrado ningún artefacto en los procedimientos policiales.
Además, alegó que se val oró indebidamente el informe de policía de vigilancia y los testimonios de los policías que realizaron el procedimiento,Radicación: 11001 03 15 000 2024 06014 01
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pues resultan contradictorios con los testimonios de los demás policías que se encontraban en la estación el día de los hechos.
Agregó que la captura en flagrancia no se cimentó en fundamentos fácticos ni en pruebas coherentes para que se considerara razonable, pues, a su juicio, todo se trató de un “falso positivo” montado por los policías que adelantaron el procedimiento en su contra , lo que no fue debidamente analizado en las providencias controvertidas.
1.7. Manifestó que el juez de segunda instancia incurrió en un error al no realizar el análisis del asunto con base en el régimen de responsabilidad objetiva, y que en el caso concreto aplicaba el principio de inversión de la carga de la prueba, pues, tratándose de un “falso positivo”, era el Estado quien debía demostrar que actuó correctamente.
1.8. Sostuvo que la accionada se extralimitó en la aplicación de la jurisprudencia, pues no tuvo en cuenta que, al momento de radicar la demanda, no se exigía la presentación de las grabaciones de las audiencias preliminares que supuestamente omitió aportar la parte demandante.
Dijo que, en todo caso, con la demanda se solicitó que se aportaran los archivos correspondientes a las audiencias de control de garantías y el trámite ante el juez de conocimiento que lo absolvió. Por tanto, el juez de segunda instancia incurrió en error al manifestar que la parte demandante no había cumplido con la carga de la prueba.
archivos correspondientes a las audiencias de control de garantías y el trámite ante el juez de conocimiento que lo absolvió. Por tanto, el juez de segunda instancia incurrió en error al manifestar que la parte demandante no había cumplido con la carga de la prueba.
1.9. Con fundamento en lo expuesto, formuló las siguientes pretensiones:
“Primero: Se amparen los derechos fundamentales del accionante y se declare la nulidad de las providencias de Primera y Segunda Instancia.
Segundo: Se corrija la sentencia de primera y segunda instancia para que respeten de manera integral los derechos fundamentales y el precedente jurisprudencial”.Radicación: 11001 03 15 000 2024 06014 01
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II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN
2.1. Mediante auto del 12 de noviembre de 2024, el a quo admitió la tutela y ordenó vincular en calidad de terceros con interés a la Nación, Rama Judicial, a la Fiscalía General de la Nación , a la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, y a Berenice Gómez Núñez, Robinson Stiven Murillo Gómez, Digna Edifisa Rivas María, Jesús Edinson Murillo Rivas, Yuri Karina Murillo Caicedo, G.D.A.M y J.S.M.E.
2.2. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca manifestó que se evidencia una indebida carga argumentativa para cuestionar las providencias judiciales y que el accionante pretende acceder a una
2.2. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca manifestó que se evidencia una indebida carga argumentativa para cuestionar las providencias judiciales y que el accionante pretende acceder a una instancia adicional al no estar de acuerdo con las decisiones atacadas, lo que configura la ausencia de relevancia constitucional de la acción de tutela.
2.3. El Juzgado Tercero Administrativo de Buga señaló que la s decisiones objeto de debate fueron dictadas con fundamento en la apreciación integral de todos los elementos probatorios allegados al expediente, conforme las reglas de la sana crítica , y que no constituyen actuaciones arbitrarias ni desconocen los derechos fundamentales de la parte accionante. Además, manifestó que la acción de tutela no se puede usar como una tercera instancia, ni para reabrir los debates de naturaleza meramente legal, so pena de carecer de relevancia constitucional.
2.4. La Fiscalía General de la Nación manifestó que carece de legitimación en la causa por pasiva. Además, sostuvo que en este caso no se cumplen los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, y que en todo caso, no se avizora que las sentencias atacadas hayan incurrido en algún defecto.
2.4. La Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, informó que carece de legitimación en la causa por pasiva. De igual manera, manifestó que la solicitud de amparo resulta improcedente al no satisfacer el requisito de relevancia constitucional,Radicación: 11001 03 15 000 2024 06014 01
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improcedente al no satisfacer el requisito de relevancia constitucional,Radicación: 11001 03 15 000 2024 06014 01
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pues se acude a ella con el fin de revivir un debate que ya fue agotado por el juez natural de la causa.
2.5. Los demandantes Berenice Gómez Núñez, Robinson Stiven Murillo Gómez, Digna Edifisa Rivas María, Jesús Edinson Murillo Rivas, Yuri Karina Murillo Caicedo, G.D.A.M y J.S.M.E guardaron silencio.
III. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
Mediante fallo del 7 de febrero de 2025, dictado por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A , declaró improcedente el amparo deprecado al considerar que no cumple con los requisitos de subsidiariedad y relevancia constitucional.
Frente a la subsidiariedad, advirtió que el accionante en la solicitud de amparo manifestó haber solicitado con el escrito de demanda que se allegara como prueba el proceso penal adelantado en su contra . Sin embargo, dicho expediente no se allegó , y frente a ello tuvo la oportunidad de oponerse o adicionar el material probatorio arri mado al proceso, pero se abstuvo de hacerlo sin presentar justificación al respecto, con lo que se consideraron avalados por su parte los elementos de prueba allegados al expediente.
Respecto al requisito de relevancia constitucional , observó que el
proceso, pero se abstuvo de hacerlo sin presentar justificación al respecto, con lo que se consideraron avalados por su parte los elementos de prueba allegados al expediente.
Respecto al requisito de relevancia constitucional , observó que el accionante cuestiona la interpretación y los argumentos con los que el Tribunal accionado negó las pretensiones de la demanda , pretendiendo revivir el debate que ya fue zanjado en el proceso de reparación directa y convertir la acción de amparo en una instancia adicional del proceso de reparación directa.
IV. IMPUGNACIÓN
La parte accionante impugnó la sentencia de primera instancia y sostuvo que la solicitud de amparo supera los requisitos de relevanciaRadicación: 11001 03 15 000 2024 06014 01
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constitucional y subsidiariedad, pues la decisión del Tribunal accionado le vulneró el derecho fundamental al debido proceso . Como sustento de lo anterior, reiteró los argumentos presentados en la tutela.
V. CONSIDERACIONES DE LA SALA
5.1. COMPETENCIA
De conformidad con lo previsto por el numeral 5º del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021, y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que asigna a
del Decreto 333 de 2021, y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que asigna a esta Sección el conocimiento de estas acciones constitucionales, esta Sala es competente para conocer del presente asunto.
5.2. HECHOS
5.2.1. El señor Jesús Robinson Murillo Rivas y otros 3 interpusieron demanda de reparación directa contra la Nación, Rama Judicial; la Fiscalía General de la Nación y la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, con la finalidad de obtener la indemnización del daño causado por la privación injusta de la libertad que sufrió entre el 10 de diciembre de 2012 y el 12 de mayo de 2015.
5.2.2. El Juzgado Tercero Administrativo de Buga, mediante sentencia del 27 de febrero de 2019 , denegó las pretensiones de la demanda , al considerar que la decisión de imponer medida de aseguramiento al demandante se basó en las pruebas que obraban en el expediente, de las cuales se podía considerar como presunto autor del delito imputado.
5.2.3. La parte demandante apeló la anterior decisión y, mediante providencia del 20 de febrero de 2024, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca la confirmó fundamentado en que la parte actora no había
3 Ver nota al pie 2.Radicación: 11001 03 15 000 2024 06014 01
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aportado las pruebas necesarias para analizar la p roporcionalidad y razonabilidad de la medida restrictiva de la libertad.
5.3. ANÁLISIS DE LA SALA
5.3.1. Cuestión previa
El consejero de Estado Oswaldo Giraldo López, mediante escrito del 19 de enero de 2025, manifestó impedimento para conocer el presente asunto, con base en las causales previstas en el numeral 1º del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal y en el numeral 3º del artículo 130 del CPACA.
Sin embargo, mediante auto del 3 de abril de 2025, la Sección Primera lo declaró infundado con fundamento en que:
“14. La Sala considera que no se configura la causal de impedimento prevista en el numeral 1. del artículo 56 de la Ley 906, porque aunque el hermano del consejero de estado, doctor Oswaldo Giraldo López, labora en la Fiscalía General de la Nación, no se advier te que con ocasión a dicha relación laboral tenga un interés en esta actuación procesal”.
5.3.2. De la legitimación en la causa por pasiva
La Sala estima que no es procedente acceder a la solicitud de desvinculación del trámite tutelar formulada por la Fiscalía General de la Nación y la Nación, Rama Judicial , pues integraron la parte demandada en el proceso de reparación directa que dio origen a la providencia debatida, razón por la cual las decisiones que resulten del presente
Nación y la Nación, Rama Judicial , pues integraron la parte demandada en el proceso de reparación directa que dio origen a la providencia debatida, razón por la cual las decisiones que resulten del presente trámite constitucional pueden incidir en sus intereses.
5.3.3. Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
El análisis de las acciones de tutela contra providencias judiciales exige una cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin de evitar que este instrumento excepcional se convierta en unaRadicación: 11001 03 15 000 2024 06014 01
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manera de desconocer principios constitucionales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial.
5.3.3.1. El requisito de la subsidiariedad de la acción de tutela contra providencias judiciales
Los artículos 86 de la Constitución Política y 6 º numeral 1º del Decreto 2591 de 1991 prevén que la tutela es improcedente cuando no se han agotado los mecanismos de protección que el ordenamiento jurídico ha dispuesto para la protección idónea y eficaz de los derechos fundamentales. Es allí donde radica la finalidad del requisito de subsidiariedad, que consiste en impedir que esta acción se convierta en un mecanismo principal de protección.
La Corte Constitucional ha manifestado que el medio judicial por
fundamentales. Es allí donde radica la finalidad del requisito de subsidiariedad, que consiste en impedir que esta acción se convierta en un mecanismo principal de protección.
La Corte Constitucional ha manifestado que el medio judicial por excelencia para la preservación de los derechos es el proceso 4. Por consiguiente, la acción de tutela no puede ser utilizada como una herramienta sustitutiva de los mecanismos ordinarios de defensa, salvo que éstos no sean idóneos o eficaces para proteger los derechos fundamentales controvertidos o cuando la petición de amparo se ejerza como un medio transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
Siendo así, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe, por lo menos, probar que se agotaron los recursos que tenía a su disposición, pues, de lo contrario, la tutela deviene improcedente.
5.3.3.2. Frente al requisito general de relevancia constitucional
La Corte Constitucional, en la sentencia C –590 de 2005, al sintetizar los requisitos generales y especiales de procedencia de la tutela contra decisiones judiciales, más tarde acogidos también por esta corporación 5, indicó que un asunto sometido al estudio del juez de tutela tiene
4 Sentencia C–543 de 1992 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo). 5 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de unificación julio 31 de 2012 (C. P. María Elizabeth García González).Radicación: 11001 03 15 000 2024 06014 01
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Contencioso Administrativo, sentencia de unificación julio 31 de 2012 (C. P. María Elizabeth García González).Radicación: 11001 03 15 000 2024 06014 01
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relevancia constitucional cuando “se plantea una confrontación de la situación suscitada por la parte accionada con derechos de carácter constitucional fundamental, por cuanto los debates de orden exclusivamente legal son ajenos a esta acción pública”.
Más recientemente, con la sentencia SU -215 de 2022 6, la Corte Constitucional hizo énfasis en “la necesidad de que la acción de tutela contra providencias judiciales satisfaga el requisito de relevancia constitucional, el cual encuentra su razón de ser en el carácter subsidiario de dicha acción y en la especialidad tanto de los jueces de tutela como de los jueces ordinarios”. Consideración a la cual agregó que:
“En esta línea, el simple alegato de la vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la justicia no es suficiente para cumplir con el requisito de relevancia constitucional, pues se requiere demostrar de manera razonable una restricción desproporcionada a los derechos mencionados”.
Por ello, corresponde a la Sala examinar, en primer término, si en este caso se encuentra cumplido el requisito de relevancia constitucional, y para ello se detendrá en los criterios que la jurisprudencia ha desarrollado para el efecto.
5.3.3.2.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha
caso se encuentra cumplido el requisito de relevancia constitucional, y para ello se detendrá en los criterios que la jurisprudencia ha desarrollado para el efecto.
5.3.3.2.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional
En la referida sentencia C–590 de 2005, la Corte Constitucional indicó que el primero de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales es que la cuestión que se discute resulte de evidente relevancia constitucional. En ese sentido, señaló que “el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
6 M. P. Natalia Ángel Cabo.Radicación: 11001 03 15 000 2024 06014 01
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expresa por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes”.
Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar claramente las razones por las cuales el asunto planteado tiene relevancia constitucional, pues si no lo hace, corre el riesgo de involucrarse en
fundamentales de las partes”.
Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar claramente las razones por las cuales el asunto planteado tiene relevancia constitucional, pues si no lo hace, corre el riesgo de involucrarse en aspectos que solo corresponde resolver al juez natural y, precisamente, esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de relevancia constitucional.
Así, en la sentencia C–590 de 2005, la Corte precisó que “los fundamentos de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra”.
A partir de esta sentencia, el concepto de la relevancia constitucional ha sido decantado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. En la sentencia SU–573 de 2019 7, el alto tribunal explicó que este requisito persigue tres finalidades:
(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales.
(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad.
(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
7 M. P. Carlos Bernal Pulido. Este criterio ha sido luego reiterado en las sentencias SU-128 de 2021 y SU-103 de 2022.Radicación: 11001 03 15 000 2024 06014 01
7 M. P. Carlos Bernal Pulido. Este criterio ha sido luego reiterado en las sentencias SU-128 de 2021 y SU-103 de 2022.Radicación: 11001 03 15 000 2024 06014 01
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Estas finalidades fueron también reiteradas por la Corte Constitucional en la citada sentencia SU-215 de 2022, decisión en la cual, además, expuso la clave que sirve al juez de tutela para aplicarlas, cual es “el correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico” 8.
5.3.3.2.2. La instancia adicional
La Sala analizará directamente si en este asunto se cumple con el tercero de los criterios de relevancia constitucional arriba referidos, con el cual se busca evitar que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces. Frente a este elemento, la Corte Constitucional ha dicho9:
“Tercero, la tutela no es una instancia o recurso adicional orientado a discutir asuntos de mera legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, ‘la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordi narios’, pues la competencia del juez de tutela se restringe ‘a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos [fundamentales] y no -se enfatiza - a problemas de carácter
reemplazar los recursos ordi narios’, pues la competencia del juez de tutela se restringe ‘a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos [fundamentales] y no -se enfatiza - a problemas de carácter legal’. En este orden de ideas, la tutela en cont ra de una sentencia dictada, en particular, por una Alta Corte, exige valorar, prima facie, si la decisión se fundamentó en una actuación arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial, violatoria de derechos fundamentales. Solo así se garantizaría ‘la ór bita de acción tanto de los jueces constitucionales, como de los de las demás jurisdicciones’, en estricto respeto a la independencia de los jueces ordinarios”.
En desarrollo de la finalidad comentada, en la sentencia SU-215 de 2022, y reiterando lo expuesto en la SU -128 de 2021, la Corte estableció que “la tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado” , pues, según explicó, solo de esa forma se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su competencia y se evita que el recurso de amparo sea utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial.
8 Dijo la Corte: “a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la a cción como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal”. 9 Cfr. la ya citada sentencia SU-573 de 2019 (M.P. Carlos Bernal Pulido).Radicación: 11001 03 15 000 2024 06014 01
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Frente al tercer presupuesto de la relevancia constitucional, además de lo dicho por la jurisprudencia citada, cabe destacar que en el fallo C-590 de 2005, la Corte Constitucional precisó que “los fundamentos de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra. No se trata entonces de un mecanismo que permita al juez constitucional ordenar la anulación de decisiones que no comparte o suplantar al juez ordinario en su tarea de interpretar el derecho legislado y evaluar las pruebas del caso. De lo que se trata es de un mecanismo excepcional, subsidiario y residual para proteger los derechos fundamentales de quien luego de haber pasado por un proceso judicial se encuentra en condición de indefensión y que permite la aplicación uniforme y cohe rente -es decir segura y en
De lo qu
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