CE - Sentencia 11001031500020240613101
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 11001031500020240613101
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06131-01
Demandante: Agencia Nacional de Minería
1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., treinta (30) de abril de dos mil veinticinco (2025) Referencia Acción de tutela Radicación 11001-03-15-000-2024-06131-01
Demandante AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA
Demandado TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO DEL CENTRO DE ARBITRAJE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ Temas Acción de tutela. Tutela contra laudo arbitral. Contrato de Concesión. Defectos sustantivo, fáctico, por violación directa de la Constitución Política y orgánico. Requisitos de procedencia: la inmediatez. SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia de 7 de febrero de 2025 , proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, que dispuso lo siguiente: «PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado por la Agencia Nacional de Minería, de acuerdo con lo razonado en la parte motiva de esta providencia».
ANTECEDENTES
1. Pretensiones El 12 de noviembre de 2024 1, la Agencia Nacional de Minería, por conducto de
Minería, de acuerdo con lo razonado en la parte motiva de esta providencia».
ANTECEDENTES
1. Pretensiones El 12 de noviembre de 2024 1, la Agencia Nacional de Minería, por conducto de apoderado, interpuso acción de tutela contra el Tribunal de Arbitramento del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá por considerar vulnerado su derecho fundamental al debido proceso.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones: «PRIMERA: Se ampare el derecho fundamental al debido proceso vulnerado a la ANM por parte del accionado que se concretó al emitir el laudo con defectos de carácter sustantivo, fáctico y orgánico.
SEGUNDA: Se deje sin efectos el Laudo Arbitral proferido dentro del trámite con radicado 122.959 del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá por el TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO integrado por los Árbitros MARCEL TANGARIFE TORRES, JESÚS M. CARRILLO BALLESTEROS y CONSUELO SARRIA OLCOS el once (11) de mayo de dos mil veintidós (2022).
TERCERO: Se disponga que la ANM continúe con la actuación administrativa de fiscalización conforme a sus funciones y competencias hasta proferir el acto definitivo respectivo».
2. Hechos En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes: 2.1. El 30 de marzo de 1963 la Nación, a través del entonces Ministerio de Minas y Petróleos y, Richmond Petroleum Company of Colombia, Chevron Petroleum Company of Colombia, celebraron el Contrato de Concesión Minera Nro. 886 cuyo objeto consistió en el aprove chamiento económico de níquel y demás
y Petróleos y, Richmond Petroleum Company of Colombia, Chevron Petroleum Company of Colombia, celebraron el Contrato de Concesión Minera Nro. 886 cuyo objeto consistió en el aprove chamiento económico de níquel y demás
1 Fecha de presentación del escrito de tutela de acuerdo con el acta de reparto remitida por la Corte Suprema de Justicia donde fue radicada inicialmente la demanda.Radicado: 11001-03-15-000-2024-06131-01
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2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co minerales que se encontraran en una parte de terreno delimitado y señalado en la respectiva minuta contractual. 2.2. Posteriormente, el 22 de julio de 1970 se perfeccionó el traspaso de los derechos y obligaciones que la so ciedad Chevron Petroleum Company of Colombia realizó a favor de la Compañía de Níquel Colombiano S.A. y el Instituto de Fomento Industrial en un porcentaje. 2.3. El 8 de marzo de 1971 la Nación, a través del Ministerio de Minas y Petróleos, el Instituto de Fomento Industrial y la Com pañía de Níquel Colombiano S.A. celebraron contrato de concesión minera cuyo objeto consistió en el aprovechamiento de los yacimientos de níquel en un globo de terreno debidamente determinado en el contrato. 2.4. El 13 de noviembre de 1996, Minerales de Colombia S.A. y la Nación, a través del Ministerio de Minas y Petróleos suscribieron con Cerro Matoso S.A. contrato de exploración y explotación cuyo objeto fue el derecho temporal y
del Ministerio de Minas y Petróleos suscribieron con Cerro Matoso S.A. contrato de exploración y explotación cuyo objeto fue el derecho temporal y exclusivo por su cuenta y riesgo de la e xploración, explotación y procesamiento de mineral de níquel y de los minerales asociados de dicho mineral en el área de las concesiones que fueron debidamente delimitadas. 2.5. Este contrato fue objeto de varios otrosí, siendo el otrosí 4 el último suscrito entre las partes el 27 de diciembre de 2012 que modificó el objeto del contrato inicial para incluir la exploración, explotación y procesamiento del mineral de níquel y de los demás minerales asociados o que se obtuvieran como subproductos de dicho mineral, así como también para realizar la exploración, montaje, explotación de carbón en el área contratada, así como los minerales asociados y que igualmente resultaran como subproductos de su explotación. 2.6. Sostuvo la parte accionante que, las regalías que Cerro M atoso S.A. pagaba al Estado a través suyo, esto es, de la Agencia Nacional de Minería, correspondía al pago del mineral que extraía del área titulada a su favor, mas no del producto industrial de ferroníquel. 2.7. El 26 de agosto de 2019 y el 11 de marzo de 202 0 la Agencia Nacional de Minería, parte actora, a través de actos administrativos, requirió a Cerro Matoso S.A. la liquidación, declaración y pago de las regalías por la extracción de los minerales de níquel y hierro que extraía junto con los respectivos intereses moratorios. 2.8. La sociedad Cerro Matoso S.A. convocó a tribunal de arbitramento y solicitó la
de los minerales de níquel y hierro que extraía junto con los respectivos intereses moratorios. 2.8. La sociedad Cerro Matoso S.A. convocó a tribunal de arbitramento y solicitó la declaratoria de nulidad de los actos por los que habían sido requeridos, así como la devolución, a título de restitución de $3.037.789.285 que habían sido pagados bajo protesto por parte de la sociedad el 27 de abril de 2020. Trámite arbitral adelantado por el tribunal de arbitramento del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá, radicación Nro. 122.959 2.9. El tribunal de arbitramento se instaló el 5 de octubre de 2022, la demanda se admitió el 26 de noviembre de 2020. 2.10. En audiencia llevada a cabo 11 de mayo de 2022 se profirió laudo arbitral contenido en el Acta Nro. 27, (notificado a las partes en la misma diligencia y remitida la decisión por correo electrónico a las partes el mismo 11 de mayo de 2022), el en el que se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. Consideraron los árbitros de una parte, que les asistía competencia para pronunciarse en relación con los actos administrativos proferidos por la Agencia Nacional de Minería por los que se hizo requerimiento a la sociedadRadicado: 11001-03-15-000-2024-06131-01
Demandante: Agencia Nacional de Minería
3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Cerro Matoso S.A. al tratarse de actos administrativos definitivos de naturaleza contractual que podían ser analizados por el tribunal en sede arbitral.
www.consejodeestado.gov.co Cerro Matoso S.A. al tratarse de actos administrativos definitivos de naturaleza contractual que podían ser analizados por el tribunal en sede arbitral. De otro lado, indicaron que de acuerdo con las cláusulas del contrato y su otro sí, no existía pacto o convenio alguno que determinara la obligación de pagar regalías por cada uno de los minerales presentes en el material laterílico y que, debía tenerse en cuenta como lo confirmaban las partes, que el hierro era un material presente que no podía separarse del níquel y que, aun pudiéndose, ese proceso resultaría excesivamente oneroso e inviable, por lo que tal mineral no era explotado de manera separada por Cerro Matoso. Que no se había probado que la sociedad Cerro Matoso hubiera explotado de manera separada el hierro separadamente del níquel, por lo que no se podía concluir que debían pagar regalías por una explotación separada el hierro. 2.11. La Procuraduría Séptima Judicial II Administrativa solicitó adición y aclaración del laudo arbitral, al que se sumó la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y la Agencia Nacional de Minería. 2.12. En audiencia llevada a cabo el 23 de mayo de 2022, contenida en el Acta Nro. 29, el tribunal arbitral resolvió negó la solicitud de aclaración y adición del laudo arbitral, decisión que se notificó en la misma diligencia a las partes y les fue enviado correo electrónico ese mismo día con el acta respectiva. 2.13. El 7 de julio de 2022 la Agencia Nacional de Minería, hoy parte accionante, y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado presentaron recurso
enviado correo electrónico ese mismo día con el acta respectiva. 2.13. El 7 de julio de 2022 la Agencia Nacional de Minería, hoy parte accionante, y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado presentaron recurso extraordinario de anulación co ntra el laudo arbitral , por considerar que se estructuraban las causales 22, 73 y 94 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012. Trámite recurso extraordinario de anulación, expediente Nro. 11001-03-26-0002022-00155-00 2.14. Correspondió conocer al Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B que, en providencia del 12 de abril de 2024 (notificada por correo electrónico a las partes el 8 de mayo de 2024) , declaró infundado el recurso de anulación propuesto contra el laudo arbitral. En relación con el cargo relacionado con la competencia del tribunal arbitral, encontró que este sí contaba con la competencia para analizar los actos emitidos en la ejecución contractual y, luego d e verificar el clausulado del contrato, concluyó que las partes de manera expresa habían otorgado tal facultad a los árbitros sin ningún tipo de restricción. Del cargo de un posible fallo en conciencia, dijo que no era posible atender a ese argumento, en la medida que la decisión estuvo fundada en el contenido del contrato de concesión con base en el que definieron el contenido y alcance de cada una de las obligaciones de las partes, además de basarse en las normas y las pruebas y no en criterios axiológicos como lo bueno y lo malo. Del estudio de los aspectos de la controversia en el laudo, indicó que se había cumplido con el principio de congruencia y que se había resuelto sobre todos
normas y las pruebas y no en criterios axiológicos como lo bueno y lo malo. Del estudio de los aspectos de la controversia en el laudo, indicó que se había cumplido con el principio de congruencia y que se había resuelto sobre todos los aspectos de la litis, independientemente de que se estuviera de acuerdo o no con la decisión.
2 Caducidad de la acción, falta de jurisdicción o de competencia. 3 Haberse fallado en conciencia o equidad, debiendo ser en derecho, siempre que esta circunstancia aparezca manifiesta en el laudo. 4 Haber recaído el aludo sobre aspectos no sujetos a la decisión de los árbitros, haber concedido más de lo pedido o no haber decidido sobre cuestiones sujetas al arbitramento.Radicado: 11001-03-15-000-2024-06131-01
Demandante: Agencia Nacional de Minería
4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En ese orden de ideas, concluyó que lo que se buscaba era volver sobre el análisis del fondo del asunto, para lo que no estaba instituido el recurso extraordinario de anulación.
3. Fundamentos de la acción El accionante consideró que el laudo arbitral del 11 de mayo de 2022 proferido por el Tribunal de Arbitramento del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá (identificado con el Nro. 122.959) incurrió en los defectos sustantivo, por violación directa de la Constitución Política, fáctico y orgánico. Las razones fueron las siguientes: 3.1. Defecto sustantivo. Señaló que no interpretó la relación jurídica entre las
violación directa de la Constitución Política, fáctico y orgánico. Las razones fueron las siguientes: 3.1. Defecto sustantivo. Señaló que no interpretó la relación jurídica entre las partes tomando como fundamento la Constitución Política de 1991, lo que generó un yerro en la interpretación jurídica del laudo. Concretamente, que no fue tenido en cuenta el otrosí 4 al contrato de concesión inicialmente suscrito entre las partes en armonía con las normas tanto de orden constitucional como legal. Advirtió que el hecho de que el tribunal asegurara que la regalía no se pactó ni tenía su causa en la mera extracción de los minerales como recursos naturales no renovables, desconocía los artículos 322 y 360 de la Constitución Política, además de las normas que reglamentaban las especificidades de esa contraprestación económica en la Ley 141 de 1994, modificada parcialmente por la Ley 756 de 2002 y la Ley 1530 de 2012, posteriormente derogada por la Ley 2056 de 2020 que era el marco regulatorio vigente fr ente a la facultad del Estado de percibir los pagos de regalías que, en todo caso tenía su soporte en la Carta Política. Citó puntualmente en relación con las regalías por la actividad minera, la Ley 685 de 2001, lo que incluso dijo, no había variado en relación con lo que frente a las regalías se señalaba en la norma vigente al momento de la suscripción del contrato de concesión respectivo. 3.2. Defecto por violación directa de la Constitución Política. Dijo que el hecho de que el tribunal hubiera decidido modificar la forma en la que las regalías se causaban y se cancelaban a favor del Estado, para entender que no se
3.2. Defecto por violación directa de la Constitución Política. Dijo que el hecho de que el tribunal hubiera decidido modificar la forma en la que las regalías se causaban y se cancelaban a favor del Estado, para entender que no se causaban debido a la sola extracción sino que se debían tener en consideración también unas actividades propias de la comercialización de los minerales por parte de los particulares titulares mineros, vulneraba directamente la Constitución Política tanto por desconocimiento del régimen de regalías colombiano, como por haber realizado una interpretación parcial de los elemento probatorios allegados en el trámite arbitral. Que la declaración del tribunal en el sentido que Cerro Matoso S.A. no estaba obligada a liquidar, declarar y pagar la regalía por la explotación de hierro de forma independiente, atentaba con la estabilidad fiscal del Estado, ya que los recursos provenientes de las regalías se destinaban al gasto público social por expreso mandato del artículo 361 de la Constitución Política. 3.3. Defecto fáctico. Que estructuró sobre el supuesto de habérsele dado valor probatorio a un documento que había perdido todo tipo de validez para regular la relación entre las partes , concretamente el contrato de concesión suscrito en el año 1996 ya que este se había modificado integralmente por las partes con el otrosí suscrito el 27 de diciembre de 2012. 3.4. Defecto orgánico. Por cuanto, en criterio de la Agencia Nacional de Minería, el tribunal de arbitramento sin existir acto administrativo definitivo dentro del procedimiento administrativo por el que se hicieron unos requerimientos a la sociedad Cerro Matoso, actuó al margen de su competencia y sustrajo laRadicado: 11001-03-15-000-2024-06131-01
procedimiento administrativo por el que se hicieron unos requerimientos a la sociedad Cerro Matoso, actuó al margen de su competencia y sustrajo laRadicado: 11001-03-15-000-2024-06131-01
Demandante: Agencia Nacional de Minería
5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co competencia de la agencia ya que al momento en que se presentó la demanda arbitral, la entidad no había agotado el procedimiento para resolver la situación de Cerro Matoso y no había adoptado una decisión de fondo al respecto que fuera susceptible de control judicial.
4. Trámite impartido 4.1. Inicialmente el escrito de tutela fue radicado ante la Corte Suprema de Justicia y repartido a la Sala Civil de esa Corporación que, por auto del 13 de noviembre de 2024 ordenó la remisión por competencia del asunto al Consejo de Estado. 4.2. Remitido a esta Corporación, el magistrado ponente de primera instancia por auto del 22 de noviembre de 2024, previo admitir la presente acción, requirió al abogado que presentó la demanda de tutela, para que allegara poder especial que lo facultara para instaurar y tramitar la presente acción. 4.3. Cumplido lo anterior, por auto del 10 de diciembre de 2024, se admitió la demanda de tutela, se ordenó notificar a las partes demandante, demandada y como terceros con interés, pidió notificar a la sociedad Cerro Matoso S.A. y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, quienes intervinieron y fueron parte en el trámite arbitral.
5. Intervenciones
y como terceros con interés, pidió notificar a la sociedad Cerro Matoso S.A. y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, quienes intervinieron y fueron parte en el trámite arbitral.
5. Intervenciones 5.1. La Cámara de Comercio de Bogotá, allegó escrito en el que indicó que revisadas las pretensiones de la demanda de tutela, la parte accionada estaba conformada por los árbitros que integraron el tribunal de arbitramento al que se hacía referencia en la respectiva demanda, por lo que se había procedido a la notificación del presente trámite a los árbitros y al secretario del tribu nal de arbitramento respectivo para que rindieran el respectivo informe. 5.2. Los Árbitros integrantes del Tribunal de Arbitramento del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá, por conducto del presidente del tribunal arbitral, rindió informe en el que indicó que la tutela no cumplía con los requisitos de procedencia de la acción de tutela contra ya que los argumentos que presentaba eran la reiteración de los cargos presentados en el recurso extraordinario de anulación , lo que incluso era aceptado por la misma Agencia Nacional de Minería en la tutela, de manera que, lo que pretendía era un nuevo análisis legal de lo ya resuelto en el laudo , por lo que no se cumplía con el requisito de relevancia constitucional.
Además, sostuvo que no se cumplía con el requisito de inmediatez, ya que la agencia pretendía que el término para presentar la tutela dentro del término de 6 meses estimado como razonable, debía contabilizarse desde la fecha en que se emitió la decisión del recurso extraordinario d e anulación resuelto por el
agencia pretendía que el término para presentar la tutela dentro del término de 6 meses estimado como razonable, debía contabilizarse desde la fecha en que se emitió la decisión del recurso extraordinario d e anulación resuelto por el Consejo de Estado el 12 de abril de 2024, cuando la decisión que se cuestionaba en la demanda de tutela no era esa sino el laudo arbitral. En ese orden de ideas, sostuvo que el fallo se dictó en audiencia llevada a cabo el 11 de mayo de 2022, notificado en la misma diligencia, por lo que estaba ampliamente superado este término. A continuación, se refirió a los defectos propuestos por la parte actora y los desestimó fundamentado en la decisión arbitral en la que se soportaban las razones por las que no se había incurrido en ninguno de ellos. 5.3. La Sociedad Cerro Matoso S.A. , presentó informe en el que hizo una serie de precisiones en relación con los defectos formulados por la parte actora.Radicado: 11001-03-15-000-2024-06131-01
Demandante: Agencia Nacional de Minería
6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co De un lado, hizo un análisis de las razones por las que el tribunal de arbitramento sí tenía competencia para pronunciarse en relación con los actos administrativos expedidos en su momento por la Agencia Nacional de Minería y que se trataba de actos autónomos susceptibles de control. En relación con las regalías, dijo que no podía inferirse que el laudo indicara que no era posible pagar las regalías que ordenaba la Constitución Política por
y que se trataba de actos autónomos susceptibles de control. En relación con las regalías, dijo que no podía inferirse que el laudo indicara que no era posible pagar las regalías que ordenaba la Constitución Política por la explotación de minerales, y que tampoco se había dicho que se pagaran por procesar el mineral y no por explotarlo, pues que lo resuelto por el laudo era que las regalías por la explotación del yacimiento del mineral laterítico ya estaban pagadas con base en la fórmula acordada. Del otrosí 4 al contrato de concesión ini cial dijo que en modo alguno se desconoció por parte del tribunal arbitral, que, por el contrario, se reconocía que en este se había sustituido enteramente el mismo texto contractual y que era el momo contrato inicial de concesión. Frente a la procedencia de la presente acción, advirtió que se trataba de una instancia adicional al buscar la entidad actora que se hiciera un pronunciamiento de lo ya resuelto en el laudo y que, presentaba los mismos argumentos propuestos en su momento en el recurso extraordin ario de anulación también resuelto de manera desfavorable a sus intereses.
6. Providencia impugnada Mediante sentencia de l 7 de febrero de 2025 , el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, declaró improcedente la solicitud de amparo solicitada por la parte actora.
Consideró que no se cumplía con el requisito de inmediatez, pues que la decisión que se cuestionaba era el laudo arbitral proferido el 11 de mayo de 2022, decisión con respecto a la que se había resuelto una solicitud de adi ción y aclaración resuelta el 23 de mayo de 2022, por lo que el término debía contabilizarse a partir
con respecto a la que se había resuelto una solicitud de adi ción y aclaración resuelta el 23 de mayo de 2022, por lo que el término debía contabilizarse a partir de esta última decisión, encontrando que el plazo razonable para la presentación de la tutela iba hasta el 24 de noviembre de 2022 y que, la tutela se había radicado hasta el 12 de noviembre de 2024, esto es, transcurridos más de 2 años, lo que denotaba la inexistencia de una situación inminente que ameritara la protección del juez constitucional. Dijo que la entidad pretendía partir para la contabilización del término, la fecha en la que había quedado en firme la sentencia por la que se resolvió el recurso extraordinario de anulación, al indicar que una de las causales de anulación que se alegó en esa ocasión, concretamente, la de falta de competencia, guar daba identidad con el defecto orgánico que presentaba ahora en la tutela, con respecto a lo que dijo el a quo no era de recibo, en tanto que el recurso extraordinario de anulación comportaba un litigio independiente que tenía por finalidad controvertir las decisiones arbitrales únicamente por las específicas causales legales. En ese orden de ideas, sostuvo que la acción de tutela no era el medio para insistir en los argumentos presentados en el recurso extraordinario de anulación y que, tampoco podía considerarse este recurso como una instancia adicional del proceso arbitral.
7. Impugnación La parte actora impugnó la sentencia de primera instancia.
Manifestó que el juez de tutela de primera instancia tomó como punto de partida para hacer el conteo del término de inmediatez, el 11 de mayo de 2022, fecha en
7. Impugnación La parte actora impugnó la sentencia de primera instancia.
Manifestó que el juez de tutela de primera instancia tomó como punto de partida para hacer el conteo del término de inmediatez, el 11 de mayo de 2022, fecha en que se emitió el laudo arbitral, sin tomar en cuenta que la tutela se presentó dentroRadicado: 11001-03-15-000-2024-06131-01
Demandante: Agencia Nacional de Minería
7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de los 6 meses siguient es desde la ejecutoria de la providencia proferida por el Consejo de Estado por medio de la cual se resolvió el recurso extraordinario de anulación del laudo arbitral, esto es, el 16 de mayo de 2024 , fecha en la que había cobrado ejecutoria la decisión de anulación. Así, sostuvo que las fechas eran las siguientes: 11 de mayo de 2022 Firmeza del laudo arbitral 7 de julio de 2022 Presentación del recurso extraordinario de anulación ante el Consejo de Estado 16 de mayo de 2024 Consejo de Estado resuelve recurso extraordinario de anulación 12 de noviembre de 2024 Presentación acción de tutela Dijo que se desconoció que las decisiones de los tribunales de arbitramento tienen por ley una instancia ante el Consejo de Estado para solicitar vía recur so extraordinario de anulación de la decisión arbitral, lo que se había agotado ya que de no haberse hecho, la tutela hubiera sido improcedente por no agotamiento de los recursos procedentes. En ese sentido, precisó que no se indicaron las razones por las que la primera
de no haberse hecho, la tutela hubiera sido improcedente por no agotamiento de los recursos procedentes. En ese sentido, precisó que no se indicaron las razones por las que la primera instancia se apartaba del criterio de tener como término razonable el de 6 meses para la presentación de la acción de tutela, pues que conforme lo descrito, la tutela se había presentado dentro del mencionado término. Por lo demás, insistió en el argumento de la falta de competencia que constituía un defecto orgánico y en los demás defectos propuestos en la demanda de tutela.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y reglamentada por el Decreto 2591 de 1991 5, fue concebida como un mecanismo para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales, ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. Planteamiento del problema jurídico Teniendo en cuenta la demanda de tutela , los antecedentes del caso y el recurso de impugnación , corresponderá a la Sala analizar si asistió razón al Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A en declarar improcedente la solicitud de amparo por no cumplir con el requisito de inmediatez.
De encontrar superado el anterior requisito, corresponderá determinar si el Tribunal de Arbitramento del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá en el
amparo por no cumplir con el requisito de inmediatez. De encontrar superado el anterior requisito, corresponderá determinar si el Tribunal de Arbitramento del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá en el laudo arbitral emitido el 11 de mayo de 2022 dentro del proceso arbitral identificado con el Nro. 122.959, incurrió en los defectos sustantivo, fáctico, por violación directa de la Constitución Política y orgánico, en los términos propuestos por la Agencia Nacional de Minería.
5 Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”.Radicado: 11001-03-15-000-2024-06131-01
Demandante: Agencia Nacional de Minería
8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
3. La justicia arbitral y de la procedencia de la acción de tutela contra laudos arbitrales La Sala6 ha sido del criterio de establecer que, conforme lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución Política es posible que los particulares sean investidos transitoriamente de la función pública de administrar justicia, en condición de árbitros habilitados por las partes para que decidan, en d erecho o en equidad, conflictos que involucren derechos transigibles.
transitoriamente de la función pública de administrar justicia, en condición de árbitros habilitados por las partes para que decidan, en d erecho o en equidad, conflictos que involucren derechos transigibles. El arbitramento es un mecanismo alternativo de solución de conflictos que permite a las partes sustraerse voluntaria y libremente de la función pública de justicia que presta el Estado para que, en cambio, un particular decida el conflicto mediante un laudo que tiene efectos definitivos y vinculantes. El arbitramento representa un fenómeno de descentralización de una función pública que se transfiere en ciertas condiciones a los particulares. De acuerdo con la jurisprudencia ha sido aceptado que las decisiones que producen los árbitros son auténticas providencias judiciales, pues estas se adoptan previo el desarrollo de un procedimiento que se asimila al proceso judicial y quienes la imparten son particulares que ejercen transitoriamente la función de administrar justicia. Como proceso judicial especial que es, está sujeto a las normas y principios que rigen el procedimiento, como la oportunidad para presentar las pruebas, la oportunidad con la que cuentan las partes para ejercer su derecho de defensa, así como los poderes de los que está investido el juez como director del proceso. Es así como al tratarse de providencias judiciales, la regla general es que la acción de tutela es improceden te, salvo que se cumplan los requisitos generales y específicos que ha fijado la Corte Constitucional para la pro
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