CE - Sentencia 11001031500020240618901

Consejo de Estado

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Detalles

Título
CE - Sentencia 11001031500020240618901
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06189-01

Demandante: Gilberto Luis Ramírez Santiago y otra

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., cinco (5) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06189-01

Demandante: GILBERTO LUIS RAMÍREZ SANTIAGO Y OTRA

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – No procede estudio de fondo porque no se cumplió el requisito de relevancia constitucional / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – La demanda carece de carga argumentativa jurídica suficiente y coherente para discutir la razonabilidad de la decisión adoptada por la autoridad judicial accionada / Se pretende usar la tutela como instancia adicional del proceso de origen.

La Sala1 decide la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia del 13 de febrero de 2025, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Pretensiones, hechos y argumentos de la tutela

1. El 14 de noviembre de 2024, los señores Gilberto Luis Ramírez Santiago y Yudis Ramírez Santiago2, en calidad de sucesores procesales del señor Gilberto de Jesús

A. Pretensiones, hechos y argumentos de la tutela

1. El 14 de noviembre de 2024, los señores Gilberto Luis Ramírez Santiago y Yudis Ramírez Santiago2, en calidad de sucesores procesales del señor Gilberto de Jesús

1 Se advierte que el 20 de marzo de 2025 ingresó el expediente al despacho de la magistrada ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente. 2 En el escrito inicial se mencionó que los señores Shirley Vanessa Maza Unda y Andrés de Jesús Ramírez Maza también actuaban en calidad de accionantes; no obstante, mediante memorial radicado el 2 de diciembre de 2024 , el abogado de los demandantes allegó los poderes para adelantar el presente trámite constitucional conferidos únicamente por Gilberto Luis Ramírez Santiago y Yudis Ramírez Santiago. Por lo anterior, mediante auto del 9 de diciembre de 2024, el despacho sustanciador del proceso en primera instancia vinculó a los señores Maza Unda y Ramírez Maza, en calidad de terceros con interés.Radicado: 11001-03-15-000-2024-06189-01

Demandante: Gilberto Luis Ramírez Santiago y otra

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Ramírez Villanueva3, interpusieron acción de tutela contra la Sección C del Tribunal Administrativo del Atlántico y el Juzgado Tercero Administrativo de Barranquilla , por considerar vulnerado su derecho fundamental al debido proceso 4, con ocasión de la sentencia de segunda instancia proferida , el 13 de agosto de 2024, en el marco del

proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 08001-33-33-0032018-00093-02. Formuló las siguientes pretensiones (transcripción textual):

Primera: Se tutele el derecho fundamental al debido proceso, junto al derecho de defensa y contradicción, establecido en el artículo 29 de la Constitución Política, en cabeza de los sucesores procesales de Gilberto de Jesús Ramírez Villanueva†, esto es, su cónyuge supérstite Shirley Vanessa Maza Unda y sus hijos Gilberto Luis Ramírez Santiago , Yudis Ramírez Santiago y Andrés de Jesús Ramírez Maza, vulnerados por el Tribunal Administrativo del Atlántico al expedir la sentencia del 13 de agosto de 2024, media nte la cual se revocó el fallo de primera instancia que había sido proferido el 22 de marzo de 2024 por parte del Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Barranquilla.

Segunda: En consecuencia, que se ordene expedir una nueva decisión que disponga el reintegro de los aportes pensionales indebidamente girados a COLPENSIONES por parte de la Procuraduría General de la Nación en un 75% para dicha entidad y en un 25% para los sucesores procesales del accionante.

Tercera: Las demás disposiciones que considere el juez constitucional.

2. De la solicitud de amparo y de las pruebas aportadas se extraen los siguientes

supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

3. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el señor Gilberto de Jesús Ramírez Villanueva5 demandó a la Nación – Procuraduría General de la Nación y a la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, con el

Gilberto de Jesús Ramírez Villanueva5 demandó a la Nación – Procuraduría General de la Nación y a la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, con el fin de que se ejerciera el control de legalidad del Oficio BZ2016 398957 del 24 de marzo de 2017, por medio del cual la referida a dministradora negó la devolución de los aportes pensiones a favor del demandante, pese a que «confesó» haberlos recibido por error.

4. Como fundamento fáctico de las pretensiones, la parte actora indicó qu e se desempeñó como Procurador 47 Judicial II Penal de Barranquilla hasta el 4 de abril de 2003, fecha en la cual fue declarado insubsistente mediante el Decreto 745 de 2003; sin embargo, a través de providencia del 2 de mayo de 2013, la Subsección A

3 Los accionantes fueron reconocidos como sucesores procesales del señor Gilberto de Jesús Ramírez Villanueva, en el ordinal segundo de la sentencia de segunda instancia proferida, el 13 de agosto de 2024, por el Tribunal Administrativo del Atlántico. 4 Los accionantes estimaron desconocidas, específicamente, las garantías de defensa y contradicción. 5 Mediante mensaje de datos del 21 de julio de 2023 (obrante en el expediente del proceso ordinario), el apoderado de la parte actora informó que el señor Gilberto de Jesús Ramírez Villanueva falleció el 3 de abril de 2023 y solicitó que se reconociera a los señores Shirley Vanessa Maza Unda, Gilberto Luis Ramírez Santiago, Yudis Ramírez Santiago y Andrés de Jesús Ramírez Maza , como sucesores

3 de abril de 2023 y solicitó que se reconociera a los señores Shirley Vanessa Maza Unda, Gilberto Luis Ramírez Santiago, Yudis Ramírez Santiago y Andrés de Jesús Ramírez Maza , como sucesores procesales del demandante.Radicado: 11001-03-15-000-2024-06189-01

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de la Sección Segunda del Consejo de Estado declaró la nulidad del aludido decreto, dispuso su reintegro al cargo de ocupaba y ordenó el reconocimiento y pago de las acreencias que dejó de percibir.

5. La parte actora a firmó que, en cumplimiento de la referida orden judicial, la Procuraduría General de la Nación expidió el Oficio 1852 del 5 de mayo de 2014, por medio del que le comunic ó su reintegro al cargo que desempeñaba; no obstante, debió rechazarlo, porque, desde el 21 de noviembre de 2011, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Parafiscales de la Protección Social – UGPP lo incluyó en la nómina pensional.

6. E n consecuencia , mediante Resolución 748 del 27 de octubre de 2014, la Procuraduría General de la Nación dispuso el reconocimiento y pago de la condena impuesta por el Consejo de Estado a través de la providencia del 2 de mayo de 2013, pero descontó el dinero correspondiente a los aportes pensionales hasta el 12 de mayo de 2014, sin tener en cuenta que su obligación de realizar aportes cesó el 8 de junio de 2010, fecha en la que cumplió los requisitos de edad y tiempo de servicio para acceder al reconocimiento de su pensión de vejez.

mayo de 2014, sin tener en cuenta que su obligación de realizar aportes cesó el 8 de junio de 2010, fecha en la que cumplió los requisitos de edad y tiempo de servicio para acceder al reconocimiento de su pensión de vejez.

7. Según se narró en la demanda, la Procuraduría General de la Nación transfirió la suma de dinero que fue descontada por concepto de aporte s pensionales a Colpensiones, entidad que no tenía relación alguna con el demandante, pues su derecho a la pensión fue reconocido por la UGPP y era ésta la que se encontraba a cargo del pago de sus mesadas pensionales.

8. Así, luego de que el demandante presentara diversas peticiones , Colpensiones expidió el Oficio BZ2016 398957 del 24 de marzo de 2017, por medio del cual negó la devolución del dinero correspondiente a los aportes pensionales del demandante, pese a que «confesó» haberlos recibido por error. A juicio de la parte actora, el acto administrativo adolecía de falsa motivación, en tanto negó el reintegro de unos recursos que no le pertenecían a la entidad demandada.

9. Al proceso se le asignó el radicado 08-001-33-33-003-2018-00093-00 y correspondió, por reparto, Juzgado Tercero Administrativo de Barranquilla , que, mediante sentencia del 22 de marzo de 2024, accedió parcialmente a las súplicas de la demanda. Declaró la nulidad del acto administrativo demandado, bajo el argumento que adolecía de falsa motivación por negar el reintegro de unos recursos que no pertenecían a Colpensiones, pero dispuso: i) la redirección de los aportes pensionales

que adolecía de falsa motivación por negar el reintegro de unos recursos que no pertenecían a Colpensiones, pero dispuso: i) la redirección de los aportes pensionales del periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2003 (fecha en la que el demandante dejó de ejercer sus funciones) y el 21 de noviembre de 2011 (fecha en la que se reconoció la pensión) a la UGPP, con el fin de que se financie la prestación económicaRadicado: 11001-03-15-000-2024-06189-01

Demandante: Gilberto Luis Ramírez Santiago y otra

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que le reconocida al demandante y su eventual sustitución pensional y ii) el reintegro del dinero correspondiente a los aportes del periodo comprendido entre el 22 de noviembre de 2011 y el 31 de mayo de 2014 a la Procuraduría General de la Nación.

10. Inconformes con la decisión, Colpensiones y parte actora interpusieron recurso de apelación. La parte demandante insistió en que la obligación de cotizar al sistema de pensiones cesó el 8 de junio de 2010, pues la mesada pensional reconocida superaba 25 S.M.L.M.V. y aseguró que Colpensiones debía devolver el 75% de los aportes que le fueron indebidamente girados a la Procuraduría General de la Nación y el 25% del monto total de los mismos debían ser reintegrados a ella. Por su parte, Colpensiones reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda, especialmente, el relativo a la falta de legitimación del demandante para solicitar la devolución de los aportes.

11. Mediante sentencia del 13 de agosto de 2024, notificada el 26 del mismo mes y

especialmente, el relativo a la falta de legitimación del demandante para solicitar la devolución de los aportes.

11. Mediante sentencia del 13 de agosto de 2024, notificada el 26 del mismo mes y año, la Sección C del Tribunal Administrativo del Atlántico revocó la providencia apelada y, en su lugar, negó las súplicas de la demanda.

12. Para sustentar su decisión, el ad quem indicó que con la demanda se pretendía la declaratoria de nulidad del acto administrativo que negó la devolución de los emolumentos que se le descontaron al demandante, por concepto de aportes pensionales y no la transferencia de los mismos a la UGPP, por lo que la orden de reintegro a la referida entidad, dictada por el juez de primera instancia, desconocía el objeto de la litis y beneficia ba a una entidad que no hizo parte del proceso ni fue vinculada a él, si quiera como tercera interesada. Adicionalmente, sostuvo que no era procedente la declaratoria de nulidad del oficio censurado, en la medida en que en el caso de estudio no se configuró ninguno de los supuestos de hecho previstos en el artículo 40 del Decreto 2665 de 1988, para la procedencia de la devolución de aportes a favor del reclamante.

13. A juicio de los accionantes, la providencia del 13 de agosto de 2024 adolece de defecto material o sustantivo, pues avaló que la Procuraduría General de la Nación hubiera descontado unos recursos al señor Ramírez Villanueva, sin que existiera el deber legal y constitucional a su cargo de seguir cotizando al sistema de pensiones desde el 8 de junio de 2010. Afirmó que la decisión se fundamentó en la indebida

hubiera descontado unos recursos al señor Ramírez Villanueva, sin que existiera el deber legal y constitucional a su cargo de seguir cotizando al sistema de pensiones desde el 8 de junio de 2010. Afirmó que la decisión se fundamentó en la indebida interpretación y aplicación del artículo 40 del Decreto 2665 de 1998 , pues la referida disposición normativa se refería a los casos en los que «el emisor de los aportes y el destinatario de los mismos sí son los que legítimamente pueden participar en dicha operación».Radicado: 11001-03-15-000-2024-06189-01

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14. Además, precisó que la parte demandada «jamás propuso dentro de sus excepciones el aludido artículo 40 del Decreto 2665 de 1988 que sirvió de base para negar las pretensiones, pero que además no fue invocado en el recurso de apelación promovido por Colpensiones, lo que de suyo revela la violación del principio de congruencia en el marco del presente juicio, en el que, dicho sea de paso, dicho fondo confesó haber recibido ilegítimamente unos recursos de los que no era titular».

B. Trámite impartido e intervenciones

15. Mediante auto del 21 de noviembre de 2024 6, el despacho sustanciador del proceso inadmitió la demanda y, a través de providencia del 9 de diciembre siguiente7, luego de que se subsanaran los yerros que condujeron a la inadmisión inicial, la admitió contra la Sección C del Tribunal Administrativo del Atlántico y ordenó notificar al Juzgado Tercero Administrativo de Barranquilla, a la Procuraduría General

inicial, la admitió contra la Sección C del Tribunal Administrativo del Atlántico y ordenó notificar al Juzgado Tercero Administrativo de Barranquilla, a la Procuraduría General de la Nación, a la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones y a los señores Shirley Vanessa Maza Unda y Andrés de Jesús Ramírez Maza , en calidad de terceros con interés.

16. La Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones8 solicitó que se declarara la improcedencia de la acción de tutela, por considerar que en el caso de estudio no se cumplen los requisitos generales , ni se configuró causal específica de procedencia de la tutela contra providencias judiciales. Adicionalmente, sostuvo que la acción constitucional de amparo no es el mecanismo idóneo para la protección de los derechos de los accionantes, teniendo en cuenta que aquella no puede convertirse en una tercera instancia adicional al proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho.

17. La Procuraduría General de la Nación9 pidió que se negara el amparo solicitado, pues aquel no cumple con los requisitos generales y específicos de procedencia de la tutela contra providencias judiciales; así como tampoco se acreditó que la autoridad judicial accionada hubiera vulnerado los derechos fundamentales de los accionantes

18. El Tribunal Administrativo del Atlántico10, a través del magistrado ponente de la providencia atacada, solicitó que se declarara la improcedencia de la acción de tutela, porque carece de relevancia constitucional, y allegó copia del expediente digital del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 08001-33-33-0036 SAMAI, índice 4 del expediente digital del proceso de tutela en primera instancia.

del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 08001-33-33-0036 SAMAI, índice 4 del expediente digital del proceso de tutela en primera instancia. 7 SAMAI, índice 10 del expediente digital del proceso de tutela en primera instancia. 8 SAMAI, índice 15 del expediente digital del proceso de tutela en primera instancia. 9 SAMAI, índice 17 del expediente digital del proceso de tutela en primera instancia. 10 SAMAI, índice 18 del expediente digital del proceso de tutela en primera instancia.Radicado: 11001-03-15-000-2024-06189-01

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2018-00093-02. En su criterio, los accionantes pretenden controvertir la decisión censurada por medio de la petición de amparo, utilizándola como una tercera instancia del proceso ordinario y debatiendo nuevamente lo que ya fue objeto de pronunciamiento judicial.

19. El Juzgado Tercero Administrativo de Barranquilla 11, por medio de su titular, pidió que se declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva y allegó copia del expediente digital del proceso ordinario con radicado 08001-33-33-003-201800093-00. Argumentó que la petición de amparo estaba dirigida exclusivamente a cuestionar la decisión proferida en segunda instancia por el Tribunal Administrativo del Atlántico, por lo que debía ser desvinculada del presente trámite constitucional.

C. Fallo impugnado

20. En sentencia del 13 de febrero de 2025, la Sección Primera del Consejo de Estado declaró improcedente la solicitud de amparo.

C. Fallo impugnado

20. En sentencia del 13 de febrero de 2025, la Sección Primera del Consejo de Estado declaró improcedente la solicitud de amparo.

21. Argumentó que la acción de tutela carece de relevancia constitucional, por considerar que el asunto controvertido por los accionantes ya fue objeto de estudio por la autoridad judicial accionada. Además, sostuvo que la supuesta afectación del derecho fundamental al debido proceso alegada por la parte actora en últimas es un debate estrictamente legal y probatorio, el cual, insistió, fue expuesto y decidido en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

22. En consecuencia, concluyó que no corresponde al juez constitucional emitir un nuevo pronunciamiento sobre el fondo de la controversia , pues ello implicaría desconocer los principios de autonomía e independencia judicial y la naturaleza de la acción de tutela.

D. Impugnación

23. En la impugnación, la parte actora reiteró íntegramente los reparos de la demanda.

Especialmente, insistió en que se vulneraron los derechos fundamentales de los accionantes, porque al señor Gilberto de Jesús Ramírez Villanueva le descontaron unos aportes pensionales, sin considerar que no tenía del deber legal de cotizar y que dichos recursos fueron enviados a un fon do con el que no tenía ningún tipo de relación.

24. Afirmó que, pese a que la anterior situación fue sometida a la administración de justicia, se emitieron dos decisiones judiciales que, lejos de resolver el debate

11 SAMAI, índices 14 y 19 del expediente digital del proceso de tutela en primera instancia.Radicado: 11001-03-15-000-2024-06189-01

justicia, se emitieron dos decisiones judiciales que, lejos de resolver el debate

11 SAMAI, índices 14 y 19 del expediente digital del proceso de tutela en primera instancia.Radicado: 11001-03-15-000-2024-06189-01

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formulado, se limitaron a negar las pretensiones de la demanda con fundamento en un planteamiento totalmente ajeno al propuesto por las partes . Circunstancia que, a su modo de ver, soslaya el principio de congruencia de los procesos judiciales.

25. Señaló que el asunto sí tiene relevancia constitucional, pues, a su juicio, los reparos que existen frente a la providencia atacada no obedecen a una diferencia de criterios, sino a la indebida aplicación de garantías constitucionales. Alegó que el debate «no persigue recrear una tercera y cuarta instancia del caso ordinario, sino a que se profundice en las implicaciones constitucionales del tema, en la medida que la sentencia expedida por el Tribunal Administrativo del Atlántico sobrepasó las reglas del debido proceso».

II. CONSIDERACIONES

E. Competencia

26. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de tutela de segunda instancia, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, en armonía con los artículos 13 , 17 y 25 del Acuerdo 080 de 2019

(Reglamento Interno del Consejo de Estado).

F. Problema jurídico

27. Corresponde a la Sala determinar si se debe confirmar, modificar o revocar la

(Reglamento Interno del Consejo de Estado).

F. Problema jurídico

27. Corresponde a la Sala determinar si se debe confirmar, modificar o revocar la sentencia del 13 de febrero de 2025, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, que declaró improcedente el amparo solicitado por los señores Gilberto Luis

Ramírez Santiago y Yudis Margarita Ramírez Santiago.

28. Para ello, en primer lugar, se examinará si la petición de amparo satisface los requisitos generales de procedibilidad exigidos por la jurisprudencia constitucional.

Sólo en el evento de que se cumplan, se analizará si se encuentra configurado el defecto sustantivo atribuido por la parte demandante a la providencia del 13 de agosto de 2024.

G. Análisis de la Sala

Causales generales de procedibilidad

29. Inmediatez. Se cumple este requisito, toda vez que la sentencia de segunda instancia fue proferida el 13 de agosto de 2024 y notificada el 26 del mismo mes yRadicado: 11001-03-15-000-2024-06189-01

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año, mientras que la solicitud de amparo se presentó el 14 de noviembre de 2024, esto es, dentro de los seis meses siguientes. Este término resulta razonable.

30. La providencia cuestionada no fue proferida en un proceso de tutela.

31. Agotamiento de los mecanismos de defensa judicial (subsidiariedad) . La Sala estima que este requisito también está acreditado, por cuanto se agotaron los recursos disponibles en el proceso ordinario.

31. Agotamiento de los mecanismos de defensa judicial (subsidiariedad) . La Sala estima que este requisito también está acreditado, por cuanto se agotaron los recursos disponibles en el proceso ordinario.

32. Relevancia constitucional. Es necesario referirse brevemente al requisito de la relevancia constitucional de la acción de tutela, a fin de establecer si se cumple o no en el presente asunto.

33. En sentencia del 5 de agosto de 201412, la Sala Plena de esta Corporación señaló que tiene como finalidad (i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones. De ahí que, para determinar si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia constitucional, es necesario examinar dos elementos.

34. El primero de ellos consiste en que el actor cumpla su carga argumentativa, esto es, que justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta que para ello «[n]o basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales».

35. El segundo hace referencia que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, toda vez que este valioso mecanismo de estirpe constitucional fue creado para proteger derechos fundamentales y no para que las partes de un proceso judicial ventilen sus discrepancias con las providencias que allí se dicten.

36. En resumen, el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional no se agota al señalar los derechos fundamentales vulnerados y que se identifiquen los

discrepancias con las providencias que allí se dicten.

36. En resumen, el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional no se agota al señalar los derechos fundamentales vulnerados y que se identifiquen los defectos contra la providencia. Se requiere que la solicitud de amparo contenga (i) una carga argumentativa mínima y (ii) que no se utilice este instrumento como tercera instancia o instancia adicional a las establecidas por el legislador.

12 Expediente número: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.Radicado: 11001-03-15-000-2024-06189-01

Demandante: Gilberto Luis Ramírez Santiago y otra

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37. La tesis que viene de exponerse se ajusta al precedente 13 reiterado de la Corte Constitucional que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la acción de tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos ordinarios, ni en el escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índo le patrimonial o la interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este instrumento constitucional es inidóneo si lo pretendido es que el juez de tutela se adentre en juicios de corrección, de rectificación o de interpretación propios de cada especialidad.

Caso concreto y solución del problema jurídico

38. En primera instancia, la Sección Primera de esta Corporación declaró improcedente la petición de amparo, por considerar que los reparos expuestos por los accionantes ya fueron objeto de estudio por la autoridad judicial accionada, de manera que su verdadera intención era convertir la acción de tutela en una instancia adicional

improcedente la petición de amparo, por considerar que los reparos expuestos por los accionantes ya fueron objeto de estudio por la autoridad judicial accionada, de manera que su verdadera intención era convertir la acción de tutela en una instancia adicional del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

39. Revisada la demanda y sus anexos, la Sala encuentra que, como bien lo observó el juez constitucional de primer grado , la presente acción de tutela carece de relevancia constitucional, porque las inconformidades de los accionantes , expuestas ahora a modo de defecto sustantivo , comportan una reiteración de los argumentos que presentaron en el recurso de apelación , los que, valga decir, fueron estudiados de manera clara, suficiente, razonable y congruente con el objeto del litigio, por la Sección C del Tribunal Administrativo del Atlántico en la sentencia del 13 de agosto de 2024.

40. Ciertamente, a lo largo del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho el señor Gilberto de Jesús Ramírez Villanueva y, luego de su deceso, sus sucesores procesales insistieron en que la Procuraduría General de la Nación incurrió en un yerro al descontar de la liquidación del pago de una condena judicial, los aportes de pensión correspondientes al periodo comprendido entre el 8 de junio de 2010 y el 12 de mayo de 2014. A su juicio, la obligación de realizar aportes al sistema de pensiones cesó el 8 de junio de 2010, fecha en la que el demandante obtuvo los requisitos para el reconocimiento de la pensión de vejez.

41. Lo anterior, bajo la premisa de que el demandante no tenía la obligación legal o

cesó el 8 de junio de 2010, fecha en la que el demandante obtuvo los requisitos para el reconocimiento de la pensión de vejez.

41. Lo anterior, bajo la premisa de que el demandante no tenía la obligación legal o reglamentaria de seguir realizando aportes, en vista que la mesada pensional superaba los 25 S.M.L.M.V., es decir, no existía la posibilidad de incrementar el monto de la referida prestación.

13 Sobre este aspecto pueden consultarse las sentencias SU-128 de 2021, T-131 de 2021, SU-103 de 2022 y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.Radicado: 11001-03-15-000-2024-06189-01

Demandante: Gilberto Luis Ramírez Santiago y otra

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42. El argumento anterior, que, valga decir, fue transversal y ampliamente reiterado en el proceso ordinario, constituye, en el fondo, el reparo de los accionantes en la petición de amparo, s ólo que ahora presentado a modo de defecto sustantivo o material y un supuesto vicio por falta de congruencia de la providencia cuestionada.

43. En efecto, en el escrito de tutela, l os demandantes alegaron que la sentencia atacada adolece de defecto sustantivo y es «contraria a la ley», por cuanto en ella se avaló que la Procuraduría General de la Nación hubiera descontado irregularmente unos recursos que pertenecían al señor Ramírez Villanueva, sin que aquel se encontrara en el deber legal y constitucional de seguir realizando aportes al sistema de pensiones.

44. Por otro lado, precisaron que la providencia del 13 de agosto de 2024 se profirió

encontrara en el deber legal y constitucional de seguir realizando aportes al sistema de pensiones.

44. Por otro lado, precisaron que la providencia del 13 de agosto de 2024 se profirió con fundamento en la indebida interpretación y aplicación del artículo 40 del Decreto 2665 de 1988, pues tal disposición normativa sólo es aplicable en los eventos en los que «el emisor de los aportes y el destinatario de los mismos sí son los que legítimamente pueden participar en la dicha operación ». En otras palabras, para los demandantes resultaba inviable la aplicación de la norma ibidem al caso en concreto, habida cuenta de que el señor Ramírez V illanueva ni siquiera estaba afiliado a Colpensiones, de modo que no existía relación o vínculo alguno entre ellos.

45. Agregaron que a la irregularidad anterior se suma el hecho de que la controversia no fue propuesta en los términos de concurrencia de alguno de los supuestos de hecho previstos en el artículo 40 del Decreto 2665 de 1988 , su aplicación tampoco fue relacionada en las contestaciones de la demanda, ni formulada como excepción por las demandadas; es más, ni siquiera fue invocada como fundamento del recurso de apelación que presentó Colpensiones contra la sentencia de primera instancia, lo que, de suyo, revel a una violación al principio de congruencia que debe imperar en los procesos judiciales.

46. Nótese que, en esencia, las inconformidades de los accionantes, que acuden al presente proceso en calidad de sucesores procesales del demandante en el proceso ordinario, se circunscriben a reiterar la postura primigenia del actor en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. Específicamente, insisten en que la

presente proceso en calidad de sucesores procesales del demandante en el proceso ordinario, se circunscriben a reiterar la postura primigenia del actor en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. Específicamente, insisten en que la Procuraduría General de la Nación debitó injustificadamente una suma de dinero por concep

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