CE - Sentencia 11001031500020240631401

Consejo de Estado

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Título
CE - Sentencia 11001031500020240631401
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de abril de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-06314-01

Referencia: Acción de tutela

Actores: CARLOS OSNAIDER SERRANO PRIMERA Y OTRA.

TESIS: SE CONFIRMA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA QUE DECLARÓ

IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO, TODA VEZ QUE NO SE

CUMPLE CON EL REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA

CONSTITUCIONAL, LOS ARGUMENTOS DE LA TUTELA FUERON

OBJETO DE PRONUNCIAMIENTO POR PARTE DE LA AUTORIDAD

JUDICIAL ACCIONADA.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO , ACCESO A LA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y REPARACIÓN INTEGRAL.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia de 6 de febrero de 2025, mediante la cual la SECCIÓN QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO 1 declaró improcedente la solicitud de amparo.

1 En adelante la Sección Quinta.2

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I. ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

Los señores CARLOS OSNAIDER SERRANO PRIMERA Y DEUDELINA PRIMERA LÓPEZ actuando a través de apoderad o judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitaron la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso , al acceso a la administración de justicia y a la reparación integral, los cuales estima vulnerados por la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “C” - DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA2 al haber proferido la providencia de 24 de abril de 2024, dentro del medio de control de reparación directa identificado con el número único de radicación 11001-33-36-034-2020-00141-01.

I.2.- Hechos

Señalaron que el día 3 de septiembre de 2016 el señor CARLOS OSNAIDER SERRANO PRIMERA fue detenido por agentes de la

2 En adelante el Tribunal.3

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Policía Nacional en la entrada de su vivienda , por presuntamente poseer una bolsa con estupefacientes.

Indicaron que el 4 de septiembre de 2016, el JUZGADO 22 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTÍAS DE MEDELLÍN legalizó la captura en contra del citado señor , imputó cargos y profirió medida de aseguramiento en establecimiento carcelario como presunto responsable de los delitos d e tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Manifestaron que el 23 de junio de 2017 el JUZGADO 30 PENAL DE CONOCIMIENTO DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN profirió fallo absolutorio respecto del señor CARLOS OSNAIDER SERRANO PRIMERA y, en consecuencia, ordenó librar boleta de libertad.

Señalaron que la anterior decisión fue apelada ante el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN que, mediante sentencia de 13 de febrero de 2018, confirmó la decisión.

Aseguraron que, junto con los señores PEDRO MIGUEL

CONTRERAS HERRERA , DAYANNA SERRANO PRIMERA ,4

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HÉCTOR RAÚL YABUR PRIMERA , ANA JENNIFER PÁJARO IDÁRRAGA, YONEIS CECILIA QUINTERO PRIMERA y MARÍA CRISTINA YABUR PRIMERA presentaron demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra la RAMA JUDICIALFISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN 3, la RAMA JUDICIALDIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACIÓN JUDICIAL4 y la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL5 con el propósito de obtener el reconocimiento y pago de los perjuicios de orden moral y patrimonial ocasionados por la privación de la libertad de la que fue víctima el señor CARLOS OSNAIDER

SERRANO PRIMERA.

Aseveraron que, a la demanda le fue asignado el número único de radicación 11001-33-36-034-2020-00141-00 y le correspondió por reparto al JUZGADO 34 ADMINISTRATIVO DE BOGOTÁ6 que, mediante sentencia de 19 de diciembre de 202 2, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y, condenó a la FISCALÍA y a la DIRECCIÓN EJECUTIVA a reconocer y pagar a los demandantes los perjuicios de orden moral.

3 En adelante la Fiscalía.

parcialmente a las pretensiones de la demanda y, condenó a la FISCALÍA y a la DIRECCIÓN EJECUTIVA a reconocer y pagar a los demandantes los perjuicios de orden moral.

3 En adelante la Fiscalía. 4 En adelante la Dirección Ejecutiva 5 En adelante la Policía Nacional. 6 En adelante el Juzgado.5

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Indicaron que, inconformes con lo anterior , la DIRECCIÓN EJECUTIVA y la FISCALÍA formularon los respectivos recursos de apelación ante el TRIBUNAL que, mediante sentencia de 24 de abril de 2024, revocó la decisión del a quo y, en su lugar, denegó las pretensiones de la demanda.

I.3. Fundamentos de derecho

A juicio de los actores, la autoridad judicial accionada incurrió en el defecto fáctico, toda vez que omitió valorar las pruebas aportadas al proceso mediante las cuales era posible inferir que el señor CARLOS OSNAIDER SERRANO PRIMER A no participó en los delitos imputados, pues, a pesar de que la FISCALÍA contaba con la confesión de un tercero en la participación de los hechos, permitió la prolongación de la medida privativa de la libertad.

Aseguraron que, la confesión de un tercero como único responsable

confesión de un tercero en la participación de los hechos, permitió la prolongación de la medida privativa de la libertad.

Aseguraron que, la confesión de un tercero como único responsable del delito debió ser valorada de manera integral, pues, al ser desestimada dicha prueba no solo prolongó su situación de privación de la libertad sino que con ello se causó la vulneración de sus derechos fundamentales, en contravía de los principios de legalidad6

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y razonabilidad.

Asimismo, a firmaron que la decisión cuestionada incurrió en el defecto sustantivo, al efectuar una indebida aplicación del artículo 308 de la Ley 906 de 2004 7 que le impone al juez de control de garantías la obligación de decretar la medida de aseguramiento cuando de los elementos probatorios y la evidencia física se logre inferir razonablemente que el imputado pudo ser el autor o participe de la conducta delictiva.

Aseguraron que la medida de aseguramiento fue impuesta sin que mediara una base probatoria s ólida que justificara su imposición , vulnerando así el principio de legalidad y las garantías procesales que exige el debido proceso.

Igualmente, señalaron que la providencia judicial cuestionada fue proferida sin motivación dada la ausencia de una exposición clara,

vulnerando así el principio de legalidad y las garantías procesales que exige el debido proceso.

Igualmente, señalaron que la providencia judicial cuestionada fue proferida sin motivación dada la ausencia de una exposición clara, congruente y jurídicamente razonada para revocar la decisión de primera instancia, lo que les impidió comprender las razones del fallo,

7 "Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal. (Corregida de conformidad con el Decreto 2770 de 2004)".7

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generando incertidumbre jurídica y el ejercicio arbitrario de la función judicial.

Mencionaron que la autoridad judicial accionada incurrió en desconocimiento del precedente establecidos en la sentencia de unificación SU-072 de 5 de julio de 2018 proferida por la Corte Constitucional y la sentencia de unificación proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado el 15 de agosto de 2018 sobre la privación injusta de la libertad , en las que, a su juicio, sin importar el motivo de la preclusión o absolución debe identificarse la antijuricidad del daño y el régimen de imputación aplicable al asunto.

Resaltaron que el TRIBUNAL aplicó el régimen de responsabilidad subjetivo, sin considerar si se constituía o no una falla en el servicio

antijuricidad del daño y el régimen de imputación aplicable al asunto.

Resaltaron que el TRIBUNAL aplicó el régimen de responsabilidad subjetivo, sin considerar si se constituía o no una falla en el servicio a cargo de las entidades demandadas y, que de haberlo hecho, se hubiera inferido el error en la imposición de la medida de aseguramiento.

I.4.- Pretensiones8

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Los actores solicitan el amparo de su s derechos fundamentales invocados como vulnerados y, en consecuencia:

“[…] 3.1. PRIMERO: Amparar los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y a la reparación integral, así como cualquier otro derecho fundamental que se considere vulnerado –extrapetitapor el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con ocasión al contenid o de la decisión proferida en segunda instancia notificada el 14 de mayo de 2024, dentro del medio de control de reparación directa con radicado No. 11001333603420200014100 promovida por Deudelina Primera López y Otros.

3.2. SEGUNDO: Que, como consecuencia de lo anterior, se deje sin efecto la sentencia notificada el 14 de mayo de 2024, dentro del medio de control de reparación directa con radicado No. 11001333603420200014100 promovido por Deudelina Primera

sin efecto la sentencia notificada el 14 de mayo de 2024, dentro del medio de control de reparación directa con radicado No. 11001333603420200014100 promovido por Deudelina Primera López y otros.

3.3.TERCERO: Ordenar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria del fallo de tutela, profiera una nueva decisión en la cual se valoren en conjunto y de forma adecuada todos los medios de convicción oportunamente allegados y que fueron practicados en el trámite del proceso ordinario, de acuerdo con las reglas de la sana crítica y exponiendo razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba, atendiendo el precedente del Consejo de Estado y la Corte Constitucional y motivando de manera suficiente su proveído. […]”. (Destacado pertenece al texto).

I.5. Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL señaló que l a solicitud de amparo debe denegarse, por cuanto no se configuró el defecto fáctico alegado,9

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pues, en la sentencia cuestionada se valoraron todos los medios de prueba bajo las reglas de la sana crítica.

Aseguró que respecto del defecto sustantivo lo que pretenden los actores es reabrir el debate jurídico que se adelantó en sede

pues, en la sentencia cuestionada se valoraron todos los medios de prueba bajo las reglas de la sana crítica.

Aseguró que respecto del defecto sustantivo lo que pretenden los actores es reabrir el debate jurídico que se adelantó en sede ordinaria, circunstancia que resulta improcedente en el marco de la acción constitucional.

Indicó que, frente al desconocimiento del precedente, en la sentencia de segunda instancia se realizó un análisis del precedente aplicable a los casos de privación injusta de la libertad.

Finalmente, mencionó que en la providencia objeto de debate se explicaron las razones que llevaron a concluir porque no se configuró la responsabilidad de las entidades accionadas.

I.6.- Intervinientes

I.6.1 La RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, vinculada en calidad de tercera con interés directo en las resultas del proceso, solicitó declarar10

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improcedente la solicitud de amparo, por carencia del requisito de relevancia constitucional, por cuanto la solicitud de amparo se retrotrae a reabrir un debate que fue debidamente estudiado en sede ordinaria.

Asimismo, consideró que no se evidenció vulneración de los derechos fundamentales deprecados por parte del TRIBUNAL al resolver el

retrotrae a reabrir un debate que fue debidamente estudiado en sede ordinaria.

Asimismo, consideró que no se evidenció vulneración de los derechos fundamentales deprecados por parte del TRIBUNAL al resolver el recurso de alzada, por lo que consideró que no había lugar a emitir un pronunciamiento de fondo.

I.6.2.- La FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN , vinculada en calidad de tercer o con interés directo en las resultas del proceso, aseguró que no se evidencia vulneración de los derechos fundamentales de los actores, pues, a su juicio, se está implementando la acción de tutela como un mecanismo para reabrir el debate legal ya definido , por lo que el juez de tutela no puede usurpar la función del juez natural del asunto.

Igualmente, manifestó que no existe vulneración de los derechos fundamentales de la parte actora, en tanto la decisión cuestionada se profirió con respeto de las garantías constitucionales.11

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Finalmente, solicitó la desvinculación del presente trámite constitucional, por cuanto la entidad no tiene injerencia en las actuaciones judiciales y, por lo tanto, es claro que no cuenta con legitimación en la causa por pasiva para actuar.

I.6.3.- La POLICÍA NACIONAL, vinculada en calidad de tercero con

actuaciones judiciales y, por lo tanto, es claro que no cuenta con legitimación en la causa por pasiva para actuar.

I.6.3.- La POLICÍA NACIONAL, vinculada en calidad de tercero con interés directo en las resultas del proceso, señaló que la acción de tutela es improcedente, por cuanto la parte actora no demostró la existencia de un perjuicio irremediable derivado de la decisión adoptada por la autoridad judicial cuestionada.

Aseguró que en el asunto no se observa una amenaza inminente e injustificada que amerite el estudio del mecanismo constitucional para acceder a las pretensiones, máxime cuando el problema jurídico fue ventilado a través de otras vías jurídicas idóneas.

I.6.4.- El JUZGADO y los señores PEDRO MIGUEL CONTRERAS

HERRERA, DAYANNA SERRANO PRIMERA , HÉCTOR RAÚL

YABUR PRIMERA, ANA JENNIFER PÁJARO IDÁRRAGA, YONEIS CECILIA QUINTERO PRIMERA y MARÍA CRISTINA YABUR PRIMERA, vinculados en calidad de tercero s con interés directo en12

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las resultas del proceso, pese a ser notificados en debida forma, guardaron silencio.

II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

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las resultas del proceso, pese a ser notificados en debida forma, guardaron silencio.

II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

La SECCIÓN QUINTA mediante sentencia de 6 de febrero de 2025, denegó la solicitud de desvinculación de la Fiscalía General de la Nación, al considerar que la entidad fue llamada al proceso como tercera con interés directo y no como la autoridad contra la cual se encuentra dirigida la petición de amparo.

Asimismo, declaró improcedente la solicitud de amparo por carencia del requisito general de subsidiariedad frente a los cargos de incongruencia de la providencia cuestionada, esto, en consideración a que los actores no agotaron recurso extraordinario de revisión, mecanismo judicial idóneo para controvertir dichos señalamientos.

Finalmente, declaró improcedente el amparo al considerar que no se encontró satisfecho el requisito general de relevancia constitucional, ya que la controversia planteada obedece a un asunto probatorio en el marco de una inconformidad de la parte actora respecto a la13

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decisión adoptada por el juez que conoció la causa.

III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La parte actora impugnó la sentencia proferida por la SECCIÓN

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decisión adoptada por el juez que conoció la causa.

III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La parte actora impugnó la sentencia proferida por la SECCIÓN QUINTA, manifestando su desacuerdo con la motivación de la decisión, pues, a su juicio, el TRIBUNAL al revocar la sentencia que reconoció la indemnización de los perjuicios, ignoró de manera injustificada las pruebas que daban cuenta de la privación injusta de la libertad y que , de haber sido valoradas de manera correcta , se hubiera resuelto de manera distinta.

Resaltó que lo pretendido con la solicitud de amparo no pretende reabrir el debate probatorio, ni sustituir la competencia del juez natural del proceso, ya que, a su juicio, lo que se cuestiona es la configuración de un defecto fáctico evidente que vulneró sus derechos fundamentales.

Señaló que, “[…] es imperativo que el juez constitucional corrija la vulneración de derechos fundamentales causada por la indebida valoración probatoria del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.14

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La prolongación de la privación de la libertad del señor Carlos Osnaider Serrano no solo careció de sustento fáctico y jurídico , sino que además desconoció el estándar reforzado de valoración

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La prolongación de la privación de la libertad del señor Carlos Osnaider Serrano no solo careció de sustento fáctico y jurídico , sino que además desconoció el estándar reforzado de valoración probatoria exigido en materia penal […]”.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de negocios entre las secciones.

La acción de tutela contra providencias judiciales15

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Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González) , en un

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González) , en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundamen tales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corp oración o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).16

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En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

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En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes: a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes. b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última. c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una ab soluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.17

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d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora [7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C -591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad ,

con la doctrina fijada en la Sentencia C -591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad , la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio. e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afect ación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos. f. Que no se trate de sentencias de tutela [9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en vir tud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas. … Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican. a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello.18

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b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

fundamentos y la decisión. f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela pr ocede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

  1. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del texto)

En el presente asunto, la Sala advierte que la parte actora pretende que se deje sin efecto la providencia de 24 de abril de 202 4, proferida por el TRIBUNAL, dentro del medio de control de reparación directa identificado con el número único de radicación 11001-33-36-034-2020-00141-01.19

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-06314-01

Actores: CARLOS OSNAIDER SERRANO PRIMERA Y OTRA.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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A la citada providencia la parte actora le atribuye la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la reparación integral , habida cuenta que, a su juicio, la autoridad judicial accionada incurri ó en los defectos fáctico , sustantivo, decisión sin motivación y desconocimiento del precedente.

Los disensos de los actores, radican en que la autoridad judicial accionada incurrió en el defe

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