CE - Sentencia 11001031500020240636301
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 11001031500020240636301
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06363-01
Demandante: Uriel Panadero Romero y otros
1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., ocho (8) de mayo de dos mil veinticinco (2025) Referencia Acción de tutela Radicación 11001-03-15-000-2024-06363-01 Demandante URIEL PANADERO ROMERO Y OTROS Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Causales generales y especiales de procedibilidad. Relevancia constitucional. Medio de control de reparación directa. Privación injusta de la libertad. Razonabilidad de la medida de aseguramiento. Defecto fáctico. SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide la impugnación interpuesta por Uriel Panadero Romero y otros contra la sentencia del 13 de febrero de 2025, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que dispuso: «PRIMERO: Niegáse (sic) la solicitud de falta de legitimación en la causa por pasiva presentada por la Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial.
SEGUNDO: Declárase improcedente la acción de tutela de la referencia, por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional»1.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones El 20 de noviembre de 2024 2, por intermedio de apoderado especial, los señores
el requisito de relevancia constitucional»1.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones El 20 de noviembre de 2024 2, por intermedio de apoderado especial, los señores Uriel Panadero Romero, Yuly Alexandra Panadero Castañeda, Uriel Panadero Molina, María Romero Duarte, José Benito Panadero Romero, Olga Lucia Panadero Romero, María Consuelo Panadero Romero y Brayan Stiveen Panadero Castañeda interpusieron acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Meta por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, con ocasión a la sentencia del 11 de julio de 2024 proferida en segunda instancia en el medio de control de reparación direc ta nro. 50001-33-33-001-201400069-01.
En consecuencia, formularon las siguientes pretensiones: «1. DECLARAR que EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META, ha vulnerado los derechos incoados por mis representados.
2. CONCEDER la tutela del derecho al debido proceso de mis prohijados.
3. DEJAR SIN EFECTO la sentencia proferida el 11 de julio de 2024, proferida por EL
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META.
4. Que, en consecuencia, se le ORDENE al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META, que dentro de los 40 días siguientes a la notificación de la providencia, emita una decisión de remplazo, en el sentido de acceder a las súplicas de la demanda, analizando el caso también bajo el régimen de DAÑO ESPECIAL, valorando todas y cada una de las pruebas obrantes en el expediente»3.
1 Página 11 del fallo de tutela de primera instancia. Expediente digitalizado.
también bajo el régimen de DAÑO ESPECIAL, valorando todas y cada una de las pruebas obrantes en el expediente»3.
1 Página 11 del fallo de tutela de primera instancia. Expediente digitalizado. 2 Samai, índices 1 y 2. 3 Página 12 de la acción de tutela. Samai, índice 2.Radicado: 11001-03-15-000-2024-06363-01
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2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
2. Hechos En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes: 2.1. El 8 de octubre de 2011, el señor Uriel Panadero Romero se dirigía al municipio de Villavicencio (Meta) en un vehículo de servicio público, cuando él y el conductor fueron requeridos por un retén de la Policía Nacional en el peaje ubicado en la entrada del municipio de Acacías (Meta). En la inspección, la autoridad encontró once paquetes con base de coca e n el baúl del vehículo.
Por ese motivo el accionante y otra persona fueron detenidos y puestos a disposición de la Fiscalía 11 Local del municipio de Guamal (Meta). En audiencia del 10 de octubre de 2011, el juez Promiscuo Municipal de Castilla La Nueva con funciones de Control de Garantías legalizó la captura, imputó los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y les impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario. El 2 de diciembre de 2011, La Fiscalía 12 Especializada de Villavicencio
imputó los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y les impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario. El 2 de diciembre de 2011, La Fiscalía 12 Especializada de Villavicencio solicitó la preclusión de la investigación a favor del señor Uriel Panadero Romero ante la imposibilidad de desvirtuar la presun ción de inocencia, dado que no encontró elementos probatorios que justificaran seguir con la investigación en su contra. Posteriormente, el 6 de enero de 2012, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Villavicencio declaró la preclusión de la investigación y dispuso la inmediata libertad del señor Panadero Romero. El hoy accionante estuvo privado de la libertad en establecimiento carcelario desde el 8 de octubre de 2011 hasta el 6 de enero de 2012 (2 meses y 26 días). 2.2. Como consecuencia de lo anterior, el señor Uriel Panadero Romero y otros promovieron medio de control de reparación directa contra la Nación, Fiscalía General de la Nación y la Nación, Rama Judicial para que se declarara su responsabilidad administrativa y patrimonial, y se les condenara al pago de los perjuicios ocasionados por la privación de la libertad en virtud del escenario fáctico descrito. 2.3. El conocimiento del asunto, en primera instancia, correspondió al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Villavicencio, bajo e l radicado nro. 50001-33-33-001-2014-00069-00. En sentencia del 6 de mayo de 2016, el juez declaró la responsabilidad de las demandadas por la privación injusta de la libertad del señor Panadero Romero y las condenó al pago de indemnización
50001-33-33-001-2014-00069-00. En sentencia del 6 de mayo de 2016, el juez declaró la responsabilidad de las demandadas por la privación injusta de la libertad del señor Panadero Romero y las condenó al pago de indemnización por concepto de perjuicios materiales e inmateriales y por costas. Como fundamento de su decisión, expuso que el procesado estuvo privado de su libertad por cuenta de una investigación penal que terminó con decisión de preclusión debido a que las pruebas recaudadas no j ustificaban continuar la investigación contra el procesado Panadero Romero. A ese respecto, precisó que no corresponde al juez de lo contencioso administrativo revalorar el acervo probatorio recaudado en el proceso penal, sino únicamente verificar si la medida privativa de la libertad devino en injusta como consecuencia de una decisión absolutoria o de preclusión. Por lo anterior, concluyó configurada la responsabilidad del Estado bajo el régimen objetivo de imputación. 2.4. La Fiscalía General de la Nación, l a Rama Judicial y la parte demandante recurrieron la sentencia de primera instancia.Radicado: 11001-03-15-000-2024-06363-01
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3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co La primera de las entidades argumentó que el caso concreto no debía analizarse bajo el régimen objetivo de responsabilidad, sino bajo el título de imputación de falla en el servicio, comoquiera que el proceso penal se tramitó en aplicación de la Ley 906 de 2004. En todo caso, advirtió que la entidad que
analizarse bajo el régimen objetivo de responsabilidad, sino bajo el título de imputación de falla en el servicio, comoquiera que el proceso penal se tramitó en aplicación de la Ley 906 de 2004. En todo caso, advirtió que la entidad que impuso la medida de aseguramiento fue la Rama judicial, por lo que la eventual responsabilidad debía recaer únicamente en esa entidad. La Rama Judicial manifestó que no era la llamada a responder por las indemnizaciones reclamadas en la demanda, dado que la facultad de solicitar la preclusión de la investigación está exclusivamente en la Fiscalía General de la Nación quien evidenció la imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia, circunstancia que acaeció con posterioridad a la medida de aseguramiento, que en su momento fue autorizada por el juez, porque la evidencia física y elementos probatorios la mostraban como necesaria. La parte demandante se mostró en desacuerdo con el reconocimiento de los perjuicios y la tasación de las agencias en derecho. 2.5. En sentencia del 11 de julio de 2024, el Tribunal Administrativo del Meta revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda. En la parte motiva de la providencia, expuso que la imposición de la medida de aseguramiento vista desde la óptica del régimen subjetivo de responsabilidad, estuvo debidamente fundamentada en el marco procesal penal aplicable (Ley 906 de 2004) y en la evidencia física y medios de convicción con los que contaba la Fiscalía al momento de solicitar la medida y el juez penal con función de control de garantías al momento de adoptar la decisión. Aclaró que no era pertinente aplicar el régimen objetivo de responsabilidad por
con los que contaba la Fiscalía al momento de solicitar la medida y el juez penal con función de control de garantías al momento de adoptar la decisión. Aclaró que no era pertinente aplicar el régimen objetivo de responsabilidad por daño especial al caso particular, pues la absolución no se produjo porque el hecho no existió, la persona no lo cometió o la conducta no constituye delito, sino que se dio por la ruptura de la unidad procesal derivada de la posterior declaración de su primo Marco Antonio Ramírez (conductor del vehículo) quien afirmó que el señor Panadero Romero no estaba enterado del cargamento que transportaba. En consecuencia, expuso que la privación de la libertad fue proporcional, razonable y necesaria. La decisión registró salvamento de voto del magistrado Carlos Enrique Ardila Obando quien rec onoció que la medida de aseguramiento fue legal y no configuró falla en el servicio, pero advirtió que lo anterior no excluye de tajo la responsabilidad del Estado, ya que puede fundamentarse en un régimen objetivo cuando se demuestra la inocencia material del procesado.
3. Fundamentos de la acción La parte accionante alegó que la sentencia del 11 de julio de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad porque incurrió en defecto sustantivo, defecto fáctico y desconocimiento del precedente judicial. 3.1. En cuanto al defecto fáctico, argumentó que el Juzgado Promiscuo Municipal de Castilla La Nueva, con funciones de control de garantías, impuso la medida de aseguramiento sin con tar con pruebas que permitieran inferir razonablemente la participación del señor Uriel Panadero Romero en el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Indicó que no se valoró
de aseguramiento sin con tar con pruebas que permitieran inferir razonablemente la participación del señor Uriel Panadero Romero en el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Indicó que no se valoró adecuadamente la versión del implicado, quien explicó que desco nocía el contenido del baúl del vehículo en el que se transportaba y que solo estaba acompañando al conductor a realizar una diligencia.Radicado: 11001-03-15-000-2024-06363-01
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4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co El actor advirtió que su vínculo con la sustancia hallada en el vehículo fue apenas ocasional, y que el informe policial no constituía prueba idónea para justificar la imposición de la medida de aseguramiento, conforme a la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado. También destacó que la medida no atendió a los requisitos de la Ley 906 de 2004, comoquiera que no se demostró que en el procesado confluyera riesgo de fuga, de alteración probatoria o que constituyera un peligro para la sociedad. En suma, advirtió que no hubo un análisis de proporcionalidad y razonabilidad de la medida de aseguramiento. Agregó que la imposición de la medida de aseguramiento careció de respaldo probatorio, porque según la normatividad legal y la jurisprudencia a plicable4, los informes de policía no constituyen prueba idónea para respaldarla. Por lo tanto, la medida privativa de la libertad se adoptó sin tener «certeza sobre la participación del señor Uriel Panadero Romero en el ilícito a él endilgado».
los informes de policía no constituyen prueba idónea para respaldarla. Por lo tanto, la medida privativa de la libertad se adoptó sin tener «certeza sobre la participación del señor Uriel Panadero Romero en el ilícito a él endilgado». 3.2. Respecto del defecto sustantivo, afirmó que el juez de instancia aplicó indebidamente el régimen subjetivo de responsabilidad, pues el caso debía analizarse bajo una óptica objetiva en la que era suficiente demostrar el daño antijurídico y su imputabilidad a las entidades demandadas. 3.3. Finalmente, en relación con el defecto por desconocimiento del precedente judicial, los accionantes consideraron desconocida la regla contenida en la sentencia SU -072 de 2018 en la que se admitió la aplicación del régimen objetivo de responsabilidad cuando se acredita que el procesado no cometió el delito y por ello recobra su libertad.
4. Trámite impartido e intervenciones 4.1. En auto del 5 de diciembre de 2024, la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró infundada la manifestación de impedimento promovida por el magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez. 4.2. En auto del 12 de diciembre de 2024, el despacho sustanciador de la primera instancia admitió la acción de tutela interpuesta por Uriel Panadero Romero,
Yuly Alexandra Panadero Castañeda, Uriel Panadero Molina, María Romero Duarte, José Benito Panadero Romero, Olga Lucia Panadero Romero, María Consuelo Panadero Romero y Brayan Stiveen Panadero Castañeda, a través de apoderado judicial, en contra del Tribunal Administrativo del Meta. Asimismo, ordenó que se comunicara el auto admisorio al juez Primero
Consuelo Panadero Romero y Brayan Stiveen Panadero Castañeda, a través de apoderado judicial, en contra del Tribunal Administrativo del Meta. Asimismo, ordenó que se comunicara el auto admisorio al juez Primero Administrativo del Circuito Judicial de Villavicencio, a la fiscal General de la Nación y a la directora Ejecutiva de Administración Judicial; así como a los señores Ana Rocío Castañeda Pérez, Ana Mercedes Panadero Romero, Ana Delia Panadero Romero y Norbey Fernando Panadero Romero. Lo anterior, en atención a su calidad de sujetos procesales en el medio de control de reparación directa nro. 50001-33-33-001-2014-00069-00/01. También, se requirió al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Villavicencio para que remitiera en medio digital el expediente contentivo del proceso de reparación directa sub examine. 4.3. En auto del 22 de enero de 2025, el despacho ponente requirió al abogado Virgilio Leiva Sánchez para que allegara los poderes especiales para representar a los accionantes en este proceso de tutela, acreditando los requisitos establecidos en el artículo 74 del Código General del Proceso.
4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 7 de octubre de 2020. Radicación nro. 54001-23-31-000-2008-00361-01, C. P. Nicolás Yepes Corrales.Radicado: 11001-03-15-000-2024-06363-01
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5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Posteriormente, el abogado cumplió con el requerimiento según los solicitado por el despacho de primera instancia. 4.4. El Tribunal Administrativo del Meta , por conducto del magistrado ponente de la sentencia cuestionada, solicitó que se nieguen las pretensiones de la acción de tutela porque la providencia no incurrió en los defectos endilgados, ya que en la parte motiva se expusieron los argumentos fácticos y jurídicos que sirvieron de soporte a la decisión de negar las pretensiones de la demanda de reparación directa. 4.5. La Fiscalía General de la Nación, a través de la profesional especializada de la Dirección de Asuntos Jurídicos, expuso que el asunto no cumple con los requisitos generales de procedibilidad de subsidiariedad y de relevancia constitucional. En relación con el primero, reprochó la interposición de la acción de tutela a pesar de que el actor contaba con otros mecanismos de defensa judicial. Relativo a la relevancia, argumentó que la parte actora no sustentó las causales especiales de procedencia de la acción de tutela. De otra parte, pidió que se tomara en consideración que a esa entidad no le asiste responsabilidad frente a la vulneración de derechos cuyo origen son sentencias, pues no existe relación de conexidad entre las actuaciones de la Fiscalía y las decisiones adoptadas por los jueces de la reparación directa. 4.6. El Consejo Superior de la Judicatura , Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, por conducto de abogada adscrita a la Unidad de
Fiscalía y las decisiones adoptadas por los jueces de la reparación directa. 4.6. El Consejo Superior de la Judicatura , Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, por conducto de abogada adscrita a la Unidad de Asistencia Legal, solicitó que se declare su falta de legitim ación en la causa por pasiva, debido a que no profirió la sentencia que se alega vulneradora de los derechos fundamentales del accionante ni tiene como función dejar sin efectos las decisiones de los jueces de la República. Como argumento subsidiario indic ó que la parte accionante busca revivir un litigio que se tramitó en aplicación de las reglas y garantías propias del debido proceso. 4.7. El Juzgado Primero Administrativo de Villavicencio y demás terceros vinculados a esta acción de tutela no se pronunciaron , aunque fueron notificados de su existencia.
5. Providencia impugnada En sentencia del 13 de febrero de 2025, la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró la improcedencia de la acción de tutela por incumplir con el requisito general de relevancia constitucional, al considerar que la argumentación de la solicitud de amparo se basó en la interpretación subjetiva de los accionantes sobre la forma como debían valorarse los medios de prueba, sin exponer las razones por las que estima que el juicio probatorio fue irrazonable o caprichoso. Tampoco expuso por qué consideró errada la aplicación del régimen subjetivo a la controversia o cual fue la regla de decisión jurisprudencial que desconoció la autoridad judicial accionada.
Advirtió que la controversia planteada en la tutela no evidencia una afectación real de los derechos fundamentales de los accionantes, sino que evidencia la pretensión
la regla de decisión jurisprudencial que desconoció la autoridad judicial accionada. Advirtió que la controversia planteada en la tutela no evidencia una afectación real de los derechos fundamentales de los accionantes, sino que evidencia la pretensión de obtener una nueva valoración probatoria que sea favorable a sus intereses litigiosos y de tomar el mecanismo constitucional como una instancia adicional al proceso ordinario. En conclusión, consideró que el reclamo expuesto en la tutela carece de relevancia constitucional porque no expone un proceder de la autoridad judicial que pueda ser calificado como arbitrario o que afecte los derechos fundamentales invocados.Radicado: 11001-03-15-000-2024-06363-01
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6. Impugnación La parte actora impugnó el fallo de tutela de primera instancia e insistió en que el tribunal accionado incurrió en defecto fáctico al proferir la sentencia del 11 de julio de 2024.
Advirtió que en el escrito de tutela explicó punto a punto cómo se conf iguraba el mencionado defecto, pero el juez constitucional de primera instancia se limitó a exponer un análisis general del caso y dejó de lado el estudio de fondo sobre la inobservancia o ausencia de valoración de algunas pruebas del expediente. Evidenció su desacuerdo con la consideración del a quo de que tomó la acción de tutela como una instancia adicional y precisó que lo que busca es reprochar que en el proceso contencioso administrativo se discuta la decisión que ya se había adoptado en el proceso p enal sobre la inocencia del señor Panadero Romero. En
tutela como una instancia adicional y precisó que lo que busca es reprochar que en el proceso contencioso administrativo se discuta la decisión que ya se había adoptado en el proceso p enal sobre la inocencia del señor Panadero Romero. En esa vía, reprochó que la autoridad accionada hubiere emitido juicios de valor sobre la intervención del procesado en los hechos por los que se le investigó, pues no es de recibo que se convierta el proc eso de reparación directa en otra instancia del proceso penal. De acuerdo con lo anterior, solicitó que en la impugnación se estudien de manera íntegra los argumentos en los que se sustentó el defecto fáctico y retomó algunos cargos de la acción de tutela, así: (i) El Tribunal Administrativo del Meta valoró indebidamente varios medios de prueba relevantes para decidir sobre la legalidad y razonabilidad de la medida de aseguramiento, los cuales tuvieron incidencia directa en la decisión adoptada. Así pues, la conclusión probatoria según la cual la medida de aseguramiento impuesta al señor Panadero Romero se ajustó a los requisitos previstos en el Código Procesal Penal aplicable al caso resultó arbitraria, pues carece de soporte jurídico y probatorio. En el escrito de impugnación señaló que «De manera evidentemente parcial y errada, sin realizar un análisis conjunto de la prueba, de manera sesgada, el Tribunal Administrativo del Meta, inexplicablemente llega a la conclusión de que en el caso la imposición de la medida de aseguramiento (…), se ajustó a los requisitos exigidos por la normatividad y que resultó injusta y debía ser soportada.» Reprochó que las entidades demandadas del proceso de reparación directa impusieran una medida de aseguramiento a un pasajero de un vehículo de
injusta y debía ser soportada.» Reprochó que las entidades demandadas del proceso de reparación directa impusieran una medida de aseguramiento a un pasajero de un vehículo de transporte público solo por el hecho de viajar en él, sin considerar que este desconocía la mercancía ilícita que se transportaba en ese vehículo. Advirtió que la única persona que debió ser capturada era el conductor, quien ocultó la sustancia ilícita en los parlantes del carro, circunstancia que el pasajero no podía advertir ni prever. Asimismo, indicó que el señor Panadero Romero fue víctima de un procedimiento irregular, pues no resulta razonable tener como indicio de participación delictiva el solo hecho de ser pasajero de un vehículo en el que se transportaba sustancias ilícitas de manera oculta. (ii) La medida de aseguramiento se solicitó y decretó con fundamento en un insuficiente material probatorio que solo se analizó con rigurosidad al momento de precluir la investigación. Advirtió, que contrario a lo indicado por la accionada, las piezas del proceso penal dan cuenta de que Uriel Panadero Romero no participó en la comisión del delito que se le endilgó.Radicado: 11001-03-15-000-2024-06363-01
Demandante: Uriel Panadero Romero y otros
7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co De acuerdo con lo anterior concluyó que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto fáctico por indebida interpretación y valoración de la prueba, lo que le llevó a concluir erradamente que la medida de aseguramiento fue justificada y razonable,
De acuerdo con lo anterior concluyó que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto fáctico por indebida interpretación y valoración de la prueba, lo que le llevó a concluir erradamente que la medida de aseguramiento fue justificada y razonable, pero se abstuvo de analizar los fundamentos de la medida de aseguramiento. Asimismo, reprochó que se tomara el proceso contencioso como una instancia adicional al proceso penal para juzgar la supuesta intención delictiva del señor Panadero Romero. Finalmente, en la impugnación, indicó «que la interpretación, valoración y razonamiento de la prueba por parte del Tribunal Administrativo del Meta, configuraron vía de hecho notoria por defectos fácticos que vulneraron a los accionantes el derecho fundamental al de bido proceso.»
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y reglamentada por el Decreto 2591 de 1991 5, fue concebida como un mecanismo para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales, ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo, es subsidiaria a otras herram ientas judiciales, salvo cuando se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales, y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales6
La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales, y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales6 y especiales7 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos especiales de la acción. De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional 8 ha indicado que cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad, cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido proceso. Por lo anterior, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judic ial objeto de tutela y que el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso
5 Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”. 6 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judic iales son: i) que el actor
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”. 6 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judic iales son: i) que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsid iariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada. 7 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii) defecto por violación directa de la Constitución. 8 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU -686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No. 11001 -03-15-000-201202201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.Radicado: 11001-03-15-000-2024-06363-01
Demandante: Uriel Panadero Romero y otros
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Demandante: Uriel Panadero Romero y otros
8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
3. Planteamiento del problema jurídico Conforme a los antecedentes del caso, debe la S ala analizar, en primer lugar, si le asistió razón al a quo al declarar la improcedencia de la acción de tutela por incumplir con el presupuesto general de relevancia constitucional. En caso de estimar que la petición de amparo tiene relevancia constitucional, se continuará con el análisis de los demás requisitos de procedibilidad.
Si la tutela supera el examen general de procedencia, esta Sección establecerá si el Tribunal Administrativo del Meta incurrió en defecto fáctico por omisión e indebida valoración probatoria al proferir la sentencia del 11 de julio de 2024 en el proceso de reparaci
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