CE - Sentencia 11001031500020240644800

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Título
CE - Sentencia 11001031500020240644800
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., siete (7) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela Radicación: 11001-03-15-000-2024-06448-00

Accionante: Ericsson Ernesto Mena Garzón Accionados: Presidencia de la República – Secretaría de Transparencia y otros

Tema: Acción de tutela por la presunta vulneración de los derechos fundamentales de petición, al debido proceso, acceso a la administración de justicia, vida, salud e igualdad en conexidad con un ambiente sano.

Decisión: Se concede el amparo respecto de las entidades que no resolvieron la petición dentro del término dispuesto. Se declara la carencia actual de objeto por hecho superado y se niega el amparo en relación con las entidades que dieron respuesta a la solicitud dentro del plazo establecido.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

I. ASUNTO

1. Encontrándose la acción de tutela de la referencia al despacho para conceder las impugnaciones formuladas por la parte demandada, se tiene que la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca y la Procuraduría General de Nación solicitaron que se declarara la nulidad de lo actuado; razón por la que a

las impugnaciones formuladas por la parte demandada, se tiene que la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca y la Procuraduría General de Nación solicitaron que se declarara la nulidad de lo actuado; razón por la que a través de los autos del 21 de febrero de 2025 y 12 de marzo de 2025, se corrió traslado de dicha nulidad.

2. Con ocasión de lo anterior, se expidió el proveído del 4 de abril de los corrientes en el que se declaró la nulidad de todo lo actuado a partir de la fecha en que se profirió la sentencia del 23 de enero de 2025, teniendo en cuenta que se incurrió en la causal contemplada en el numeral 8.° del artículo 133 de CGP, disposición normativa aplicable a la acción de tutela por remisión expresa del artículo 2.2.3.1.1.3 del Decreto 1069 de 2015, pues no se notificó del auto admisorio a la Procuraduría General de la Nación y a la Corporación Autónoma Regional del Cauca, a la Secreta ría de Medio Ambiente de Medellín y a la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá.Acción de Tutela Radicación: 11001-03-15-000-2024-06448-00

Accionante: Ericsson Ernesto Mena Garzón

www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia

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3. En cumplimiento de lo anterior, una vez realizadas las respectivas notificaciones, y otorgando a las referidas entidades la posibilidad de pronunciarse

Bogotá D.C. – Colombia

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3. En cumplimiento de lo anterior, una vez realizadas las respectivas notificaciones, y otorgando a las referidas entidades la posibilidad de pronunciarse respecto de las pretensiones, la Sala de Subsección A, de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela instaurada por el señor Ericsson Ernesto Mena Garzón , quien actúa en nombre propio, en contra de la Presidencia de la República y otros1, por la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, petición, vida, salud e igualdad en conexidad con un ambiente sano, ocurrida con ocasión de la falta de respuesta a la petición presentada el 28 de octubre de 2024.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos

4. El señor Ericsson Ernesto Mena Garzón presentó una petición el 28 de octubre de 2024 ante la Presidencia de la República y otros, con la finalidad de que se adopten las medidas de protección de los derechos fundamentales e intereses colectivos. Sin embargo, señaló que a la fecha de radicación de la acción de tutela, esto es, el 25 de noviembre de 2024, las entidades accionadas no habían dado respuesta a su solicitud.

2.2. Fundamento jurídico

5. La parte actora sostuvo que las entidades accionadas vulneraron los derechos fundamentales de petición, debido proceso, acceso a la información pública, la vida y salud en conexidad con un ambiente sano, al no responder la solicitud presentada el 28 de octubre de 2024 , de manera oportuna, clara, precisa y congruente.

fundamentales de petición, debido proceso, acceso a la información pública, la vida y salud en conexidad con un ambiente sano, al no responder la solicitud presentada el 28 de octubre de 2024 , de manera oportuna, clara, precisa y congruente.

1Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Organización Nacional Indígena de Colombia, Fiscalía General de la Nación – Cuerpo Técnico de Investigación, Policía Nacional, Consejo Superior de la Judicatura, Unidad Desarrollo y Análisis Estadístico – Seccional Nivel Central, Corte Suprema de Justicia, Jurisdicción Especial para la Paz, Procuraduría General de la Nación, Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca Corporación Autónoma Regional de Risaralda, Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique Corporación Autónoma Regional de Sucre, Corporación Autónoma Regional de Santander, Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico, Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meset a de Bucaramanga, Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó, Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia, Corporac ión para El Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare, Corporación Autónoma Regional del Magdalena, Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia, Corpor ación Autónoma Regional de Boyacá, Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corporación Autónoma Regional del Cesar,

del Magdalena, Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia, Corpor ación Autónoma Regional de Boyacá, Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corporación Autónoma Regional del Cesar, Corporación Autónoma Regional de Chivor, Corporación Autónoma Regional de la Guajira, Corporación Autónoma Regional del Guavio, Corporación Para el Desarrollo Sostenible de La Mojana y el San Jorge, Corporación Autónoma Regional de Nariño, Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental, Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia, Corporación Para El Desarrollo Sostenible del Urab á, Corporación Autónoma Regional del Tolima, Corporación Autónoma Regional del Atlántico, Corporación Autónoma Regional del Cauca, Corporación Regional del Quindío, Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar, Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge, Parques Nacionales Naturales de Colombia, Establecimiento Público Ambiental de Barranquilla, Establecimiento Público Ambiental de Cartagena, Departamento Administrativo Distrital para la Sostenibilidad Ambiental, Secretaría de Medio Ambiente De Medellín, Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá, Defensoría del Pueblo, Consejo de Estado y Contraloría General de la República.Acción de Tutela Radicación: 11001-03-15-000-2024-06448-00

Accionante: Ericsson Ernesto Mena Garzón

www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700

Accionante: Ericsson Ernesto Mena Garzón

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3 2.3. Pretensiones

6. Con fundamento en lo anterior, solicitó:

«(…) PRIMERA: Que se declare la vulneración del derecho fundamental de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, así como de los derechos fundamentales conexos al debido proceso (art. 29), la vida (art. 11), la salud (art. 49), el ambiente sano (art. 79), la igualdad (art. 13) y el acceso a la justicia (art. 229), por parte de las entidades accionadas al no dar respuesta oportuna, clara y congruente a la solicitud presentada el 28 de octubre de 2024.

SEGUNDA: Que se ordene a las entidades accionadas responder de manera inmediata en un término de 12 horas, clara, precisa y congruente la solicitud realizada mediante el escrito radicado el 28 de octubre de 2024, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política y la Ley 1755 de 2015. ». (Sic a toda la cita)

2.4. Trámite procesal

7. La acción de tutela de la referencia fue admitida mediante auto del 27 de noviembre de 2024, a través del cual se ordenó notificar a la Presidencia de la Republica y al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Organización Nacional Indígena de Colombia, Fiscalía General de la Nación – Cuerpo Técnico

de Investigación, Policía Nacional, Consejo Superior de la Judicatura, Unidad

Republica y al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Organización Nacional Indígena de Colombia, Fiscalía General de la Nación – Cuerpo Técnico de Investigación, Policía Nacional, Consejo Superior de la Judicatura, Unidad Desarrollo y Análisis Estadístico – Seccional Nivel Central, Corte Suprema de Justicia, Jurisdicción Especial para la Paz, Pro curaduría General de la Nación, Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca Corporación Autónoma Regional de Risaralda, Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique Corporación Autónoma Regional de S ucre, Corporación Autónoma Regional de Santander, Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico, Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó, Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia, Corporación para El Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial de la Corpo ración Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare, Corporación Autónoma Regional del Magdalena, Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia, Corporación Autónoma Regional de Boyacá, Corporación Autónoma Regional de Calda s, Corporación Autónoma Regional del Cesar, Corporación Autónoma Regional de Chivor, Corporación Autónoma Regional de la Guajira, Corporación Autónoma Regional del Guavio, Corporación Para el Desarrollo Sostenible de La Mojana y el San Jorge, Corporación A utónoma

Corporación Autónoma Regional de Chivor, Corporación Autónoma Regional de la Guajira, Corporación Autónoma Regional del Guavio, Corporación Para el Desarrollo Sostenible de La Mojana y el San Jorge, Corporación A utónoma Regional de Nariño, Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental, Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia, Corporación Para El Desarrollo Sostenible del Urabá, Corporación Autónoma Regional del Tolima, Corporación Autónoma Regiona l del Atlántico, Corporación Autónoma Regional del Cauca, Corporación Autónoma Regional del Quindío, Corporación Autónoma Regional delAcción de Tutela Radicación: 11001-03-15-000-2024-06448-00

Accionante: Ericsson Ernesto Mena Garzón

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4 Sur de Bolívar, Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge, Parques Nacionales Naturales de Colombia, Establecimiento Público Ambiental de Barranquilla, Establecimiento Público Am biental de Cartagena, Departamento Administrativo Distrital para la Sostenibilidad Ambiental, Secretaría de Medio Ambiente de Medellín, Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá, Defensoría del Pueblo, Consejo de Estado y Contraloría General de la República.

8. Sin embargo, después de proferida la sentencia del 23 de enero de 202 5, la

Defensoría del Pueblo, Consejo de Estado y Contraloría General de la República.

8. Sin embargo, después de proferida la sentencia del 23 de enero de 202 5, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca pidió que se declarara la nulidad de lo actuado, al considerar que la decisión adoptada era incongruente.

Por lo tanto, mediante auto del 21 de febrero de 2025 corrió traslado de la nulidad propuesta por dicha entidad.

9. Asimismo, l a Procuraduría General de Nación solicitó que se declar ara la nulidad contemplada en el numeral 8.° del artículo 133 del CGP , teniendo en cuenta que no le fue notificado en debida forma el auto admisorio de la acción de tutela. En ese sentido, a través de proveído del 12 de marzo de 2025, se corrió el respectivo traslado.

10. Con ocasión de lo anterior, se expidió el proveído del 4 de abril de los corrientes en el que se declaró la nulidad de todo lo actuado a partir de la fecha en que se profirió la sentencia del 23 de enero de 2025, teniendo en cuenta que se incurrió en la causal contemplada en el numeral 8.° del artículo 133 de CGP, disposición normativa aplicable a la acción de tutela por remisión expresa del artículo 2.2.3.1.1.3 del Decreto 1069 de 2015, pues no se notificó del auto admisorio a la Procuraduría General de la Nación y a la Corporación Autónoma Regional del Cauca, a la Secretaría de Medio Ambiente de Medellín y a la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá. Además, se negó la solicitud

admisorio a la Procuraduría General de la Nación y a la Corporación Autónoma Regional del Cauca, a la Secretaría de Medio Ambiente de Medellín y a la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá. Además, se negó la solicitud propuesta por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca.

2.5. Intervenciones

2.5.1. La Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVO, la Corporación Para el Desarrollo Sostenible del Sur de La Amazonia – CORPOAMAZONIA, la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia CORPORINOQUIA y los Parques Nacionales Naturales de Colombia solicitaron que se declarara la improcedencia de la acción de tutela por inexistencia de la vulneración de los derechos fundamentales invocados en protección. Asimismo, indicaron que, de conocer de fondo el presente asunto se debe declarar la carencia actual de objeto por hecho superado, en la medida que dieron respuesta a lo solicitado por el actor.

2.5.2. La Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico del Consejo Superior de la Judicatura manifestó que dio respuesta a la petición de forma clara, precisaAcción de Tutela Radicación: 11001-03-15-000-2024-06448-00

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5 y congruente a la petición formulada por la parte actora, razón la que se debe declarar carencia actual de objeto por hecho superado.

Bogotá D.C. – Colombia

5 y congruente a la petición formulada por la parte actora, razón la que se debe declarar carencia actual de objeto por hecho superado.

2.5.3. La Presidencia de la República señaló que respondió a la solicitud a Través del oficio OFI24 -00226551 / GFPU 13130001 del 18 de noviembre de 2024, por lo que no vulneró los derechos fundamentales invocados en protección. En consecuencia, requirió que se niegue el amparo.

2.5.4. Las Corporaciones Autónomas Regionales del Tolima , Boyacá, Atlántico, Santander, Cauca, las Cuencas de los Ríos Negro y Nare y de los Valles del Sinú y San Jorge; la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó, la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Establecimiento Público Ambiental – EPA, solicitaron que se declare la improcedencia del mecanismo constitucional por carencia actual de objeto por hecho superado, toda vez q ue dieron respuesta a la petición objeto de la acción de tutela.

2.5.5. El Área Metropolitana del Valle de Aburrá, la Corporación Autónoma Regional de Sucre, la Corporación Autónoma para el Desarrollo Sostenible del Urabá – CORPOURABÁ, las Corporaciones Autónomas Regionales del Alto Magdalena-CAM, Cundinamarca, Risaralda – CARDER y Canal del Dique -CARDIQUE, la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado , la Corporación Autónoma Regional del Guavio –CORPOGUAVIO, la

Alto Magdalena-CAM, Cundinamarca, Risaralda – CARDER y Canal del Dique -CARDIQUE, la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado , la Corporación Autónoma Regional del Guavio –CORPOGUAVIO, la Jurisdicción Especial para la Paz y la Secretaría de Medio Ambiente de Medellín señalaron que resolvieron de manera oportuna la petición presentada por el accionante, razón por la que no vulneraron los derechos fundamentales invocados en protección. En consecuencia, solicitaron que se niegue el amparo.

2.5.6. La Fiscalía General de la Nación , la Contraloría General de la República, y la Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Mojana y el San Jorge - CORPOMOJANA pidieron que se rechace por improcedente la acción de tutela por falta de legitimación en la causa por pasiva. Asimismo, solicitaron ser desvinculadas del presente proceso.

2.5.7. La Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC manifestó que no puede entregar información «porque no la poseemos, sumado a información que son propias de las entidades públicas, desde donde existe la competencia para tal fin.»

2.5.8. Las Corporaciones Autónomas Regionales de Calda, la Frontera Nororiental, Guajira - Corpoguajira y Cesar solicitaron que se declare la improcedencia de la acción de tutela por inexistencia de la vulneración de los derechos fundamentales invocados en protección.

2.5.9. El Departamento Administrativo Distrital para la Sostenibilidad Ambiental y la Procuraduría General de la Nacional pidieron que se niegue elAcción de Tutela

derechos fundamentales invocados en protección.

2.5.9. El Departamento Administrativo Distrital para la Sostenibilidad Ambiental y la Procuraduría General de la Nacional pidieron que se niegue elAcción de Tutela Radicación: 11001-03-15-000-2024-06448-00

Accionante: Ericsson Ernesto Mena Garzón

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6 amparo porque no vulneraron los derechos fundamentales en protección, teniendo en cuenta que el accionante no presentó la petición ante el canal dispuesto para tal fin.

2.5.10. No se rindieron más informes.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

11. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda, del Consejo de Estado, es competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes.

3.2. Cuestión previa

12. De conformidad con el artículo 86 de la constitución política y el artículo 1.° del Decreto 2591 de 1991 la acción de tutela procede contra cualquier autoridad y, de manera excepcional, contra particulares.

13. Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado que la legitimación en la causa por pasiva en sede de tutela se refiere « a la aptitud legal de la persona contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental».2

por pasiva en sede de tutela se refiere « a la aptitud legal de la persona contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental».2

14. Sobre el particular, se tiene que, la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República, y la Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Mojana y el San Jorge solicitaron que se declare la falta de legitimación en la causa por pasi va por inexistencia de un nexo de causalidad entre la presunta vulneración de derechos fundamentales invocados en protección y dichas entidades.

15. Sin embargo, dentro del presente trámite se demostró que se radicó la petición incoada por el demandante a dichas entidades. En orden de ideas, se les notificó a dicha entidades de la acción de tutela por tener interés en el resultado del proceso con la finalidad de garantizar su derecho de defensa.

16. Por lo tanto, la Sala procederá a negar las solicitudes de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, de conformidad con las consideraciones anteriormente expuestas.

3.3. Problema jurídico

17. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a determinar si la Presidencia y las demás entidades accionadas vulneraron los

2 Sentencia T1051 de 2006, MP . Álvaro Tafur Galvis.Acción de Tutela Radicación: 11001-03-15-000-2024-06448-00

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7 derechos fundamentales de petición, al debido proceso, acceso a la administración de justicia, vida, salud e igualdad en conexidad con un ambiente sano, con ocasión de la petición presentada el 28 de octubre de 2024.

3.4. Generalidades de la acción de tutela

18. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1. ° del Decreto 2591 de 1991, reglamentario del artículo 86. ° de la Constitución Política, «toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimie nto preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad públic a o de los particulares en los casos que señala este decreto».

19. Este mecanismo fue concebido por el constituyente para la protección inmediata, oportuna y adecuada, ante situaciones de amenaza o vulneración, de los derechos fundamentales, por la acción u omisión de las autoridades públicas, o de los particulares en casos concretos y excepcionales.

3.5. Del derecho fundamental de petición

20. El derecho fundamental de petición, consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, permite el establecimiento de una comunicación efectiva entre la Administración y los ciudadanos, cuya fluidez y

3.5. Del derecho fundamental de petición

20. El derecho fundamental de petición, consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, permite el establecimiento de una comunicación efectiva entre la Administración y los ciudadanos, cuya fluidez y eficacia constituye una exigencia imp ostergable para los ordenamientos organizados bajo la insignia del Estado Democrático de Derecho.

21. Así mismo, las reglas consagradas en la Constitución y la ley y desarrolladas por la jurisprudencia, dan cuenta de la calidad que debe tener la respuesta que se brinde: la misma debe resolver el fondo del asunto, sin que ello implique la concesión o la negación de lo pedido; y debe ser coherente, entendiendo por ello la armonía entre lo solicitado por el peticionario y la decisión adoptada por la peticionada. Al respecto, la Corte Constitucional ha precisado:

«Al respecto, esta Corporación ha señalado que la respuesta de la autoridad debe ser: “(i) clara, esto es, inteligible y contentiva de argumentos de fácil comprensión; (ii) precisa, de manera que atienda directamente lo pedido sin reparar en información impertinente y sin incurrir en fórmulas evasivas o elusivas ; (iii) congruente, de suerte que abarque la materia objeto de la petición y sea conforme con lo solicitado; y además (iv) consecuente con el trámite que se ha surtido, de manera que, si la respuest a se produce con motivo de un derecho de petición formulada dentro de un procedimiento del que conoce la autoridad de la cual el interesado requiere la información, no basta con ofrecer una respuesta como si se tratara de una petición aislada o ex novo, sino que, si resulta relevante, debe darse cuenta del trámite que se

que conoce la autoridad de la cual el interesado requiere la información, no basta con ofrecer una respuesta como si se tratara de una petición aislada o ex novo, sino que, si resulta relevante, debe darse cuenta del trámite que se ha surtido y de las razones por las cuales la petición resulta o no procedente.”Acción de Tutela Radicación: 11001-03-15-000-2024-06448-00

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8 La respuesta de fondo no implica tener que otorgar necesariamente lo solicitado por el interesado, salvo cuando esté involucrado el derecho de acceso a la información pública (art. 74 C.P.), (…)

2.1.1. Notificación de la decisión. Finalmente, para que el componente de respuesta de la petición se materialice, es imperativo que el solicitante conozca el contenido de la contestación realizada. Para ello, la autoridad deberá realizar la efectiva notificación de su decisión, de conformidad con los estándares contenidos en el CPACA. El deber de notifica ción de mantiene, incluso, cuando se trate de contestaciones dirigidas a explicar sobre la falta de competencia de la autoridad e informar sobre la remisión a la entidad encargada».3

3.6. Caso concreto

22. El señor Ericsson Ernesto Mena Garzón sostuvo que la Presidencia de la República y otros 4 vulneraron los derechos fundamentales invocados en protección al no responder la petición presentada el 28 de octubre de 2024,

22. El señor Ericsson Ernesto Mena Garzón sostuvo que la Presidencia de la República y otros 4 vulneraron los derechos fundamentales invocados en protección al no responder la petición presentada el 28 de octubre de 2024, relacionada con la adopción de medidas de protección de los derechos fundamentales e intereses colectivos.

23. De las piezas procesales que reposan en el expediente, se observa que la parte actora, el 28 de octubre de 2024 5, requirió a las entidades demandadas lo

siguiente:

«(…) solicitar la adopción de medidas necesarias con el fin de evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre estos derechos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere

3 Corte Constitucional, Sentencia T-230 de 2020. 4 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Organización Nacional Indígena de Colombia, Fiscalía General de la Nación – Cuerpo Técnico de Investigación, Policía Nacional, Consejo Superior de la Judicatura, Unidad Desarrollo y Análisis Estadístico – Seccional Nivel Central, Corte Suprema de Justicia, Jurisdicción Especial para la Paz, Procuraduría General de la Nación, Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca Corporación Autónoma Regional de Risaralda, Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique Corporación Autónoma Regional de Sucre, Corporación Autónoma Regional de Santander, Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico, Corporación Autónoma Regional para la Defe nsa de la Meseta de Bucaramanga,

Corporación Autónoma Regional de Santander, Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico, Corporación Autónoma Regional para la Defe nsa de la Meseta de Bucaramanga, Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó, Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Corporación Autónoma Regional del Centro de Anti oquia, Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare, Corporación Autónoma Regional del Magdalena, Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la A mazonia, Corporación Autónoma Regional de Boyacá, Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corporación Autónoma Regional del Cesar, Corporación Autónoma Regional de Chivor, Corporación Autónoma Regional de la Guajira, Corporación Autónoma Regional del Guav io, Corporación Para el Desarrollo Sostenible de la Mojana y el San Jorge, Corporación Autónoma Regional de Nariño, Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental, Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia, Corporación para el Desarrollo Sost enible del Urabá, Corporación Autónoma Regional del Tolima, Corporación Autónoma Regional del Atlántico, Corporación Autónoma Regional del Cauca Regional del Quindío, Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar, Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge, Parques Nacionales Naturales de Colombia, Establecimiento Público Ambiental de Barranquilla, Establecimiento Público Ambiental de Cartagena, Departamento Administrativo Distrital para la

y del San Jorge, Parques Nacionales Naturales de Colombia, Establecimiento Público Ambiental de Barranquilla, Establecimiento Público Ambiental de Cartagena, Departamento Administrativo Distrital para la Sostenibilidad Ambiental, Secretaría de Medio Ambiente de Medellín, Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, Secretaría Distrital de Ambiente, Defensoría del Pueblo, Consejo de Estado y Contraloría General de la República 5 Ver documento EXT-2024-3218 ESCRITO.pdfAcción de Tutela Radicación: 11001-03-15-000-2024-06448-00

Accionante: Ericsson Ernesto Mena Garzón

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9 posible. Entre las medidas que se pueden solicitar para proteger dichos derechos se incluyen la aplicación de estos en los 1.102 municipios, 32 departamentos y 12 distritos del territorio Colombiano correspondientes (…).»

24. Igualmente se puede apreciar que la petición del 28 de octubre de 20246 fue remitida a las siguientes direcciones electrónicas:

«contacto@presidencia.gov.co , info@minambiente.gov.co , info@onic.org.co , ges.documentalpqrs@fiscalia.gov.co

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