CE - Sentencia 11001031500020240646101

Consejo de Estado

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Detalles

Título
CE - Sentencia 11001031500020240646101
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación núm.: 11001-03-15-000-2024-06461-01

Accionante: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.

Accionado: CONSEJO DE ESTADO - SECCIÓN TERCERASUBSECCIÓN C Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Se revoca el fallo impugnado. Se declara improcedente el mecanismo de amparo por no cumplir con los requisitos generales de procedencia de relevancia constitucional y subsidiariedad.

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada por la accionante contra la sentencia de 6 de marzo de 2025, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. La Sociedad Hotelera Tequendama S.A. solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la igualdad, cuya vulneración le atribuyó a la providencia de 23 de agosto de 2024, proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado dentro del medio de control de controversias contractuales con radicado número 25000igualdad, cuya vulneración le atribuyó a la providencia de 23 de agosto de 2024, proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado dentro del medio de control de controversias contractuales con radicado número 2500023-36-000-2017-01007-00/01.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Indicó que celebró contrato de obra civil núm. SHT.210.014.48/47 de 1.º de octubre de 2014 con la sociedad Craing Ltda. para llevar a cabo la adecuación del SPA del edificio denominado suites Tequendama.

2.2. Adujo que el contrato fue adicionado por valor de $54.320.000 y se prorrogó el plazo hasta el 30 de diciembre de 2014.2

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Accionante: Sociedad Hotelera Tequendama S.A.

2.3. Relató que el 29 de diciembre de 2014 se suscribió el acta de entrega final de la obra y el 10 de agosto de 2015 se citó a la sociedad Craing Ltda., a efectos de suscribir el acta de liquidación bilateral del contrato.

2.4. Señaló que la sociedad Craing Ltda., a través de oficio del 28 de octubre, manifestó su desacuerdo con el contenido del acta de liquidación bilateral, razón por la cual procedió a liquidarlo unilateralmente mediante la Resolución núm.

2.4. Señaló que la sociedad Craing Ltda., a través de oficio del 28 de octubre, manifestó su desacuerdo con el contenido del acta de liquidación bilateral, razón por la cual procedió a liquidarlo unilateralmente mediante la Resolución núm. 2015204000118-4 de 4 de noviembre de 2015.

2.5. Refirió que la sociedad Craing Ltda. interpuso recurso de reposición contra el acto referido y mediante la Resolución núm. 2016204000009-4 de 3 de febrero de 2016 se dispuso no reponer el acto recurrido.

2.6. Expresó que la sociedad Craing Ltda. promovió el medio de control de controversias contractuales núm. 25000-23-36-000-2017-01007-00/01 en su contra para que se le declarara la nulidad de las resoluciones 2015204000118-4 de 2015 y 2016204000009-4 de 2016.

2.7. Informó que el conocimiento del asunto le correspondió a la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, autoridad judicial que mediante sentencia de 7 de junio de 2018, negó las pretensiones de la demanda.

2.8. Señaló que la sociedad Craing Ltda. apeló la anterior decisión y que la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado resolvió, a través de la sentencia de 23 de agosto de 2024, revocar el fallo de primera instancia y acceder a las pretensiones de la demanda.

2.9. Precisó que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la igualdad por

a las pretensiones de la demanda.

2.9. Precisó que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la igualdad por incurrir en un defecto sustantivo, en una decisión sin motivación y en un desconocimiento del precedente judicial.

2.10. Frente al defecto sustantivo indicó que se omitió aplicar el artículo 1609 del Código Civil que regula la excepción de contrato no cumplido, lo que conllevó a condenarla arbitrariamente al doble pago por unas obras no ejecutadas y por otras ejecutadas parcial y defectuosamente.

2.11. Mencionó que la “[…] ausencia de motivación por parte del Consejo de Estado, para desvirtuar la prosperidad de las excepciones previas y de mérito propuestas en el escrito de contestación de demanda, entre ellas, la EXCEPCION DEL CONTRATO NO CUMPLIDO - NON ADIMPLETI CONTRACTUSreconocida próspera en la sentencia de primera instancia, constituye una vía de hecho que genera necesariamente el amparo constitucional, ausencia de motivación que resulta ser violatoria al derecho constitucional fundamental de la Sociedad Hotelera Tequendama S.A. al debido proceso, defensa y contradicción, al omitir sin ninguna3

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Accionante: Sociedad Hotelera Tequendama S.A.

justificación las razones por las cuales se aparta de la sentencia de primer grado y en consecuencia, la obligatoria motivación respecto a las razones por las cuales rechaza las excepciones previas y de mérito propuestas en el escrito de contestación de demanda, para luego si, con fundamento en tal argumentación,

en consecuencia, la obligatoria motivación respecto a las razones por las cuales rechaza las excepciones previas y de mérito propuestas en el escrito de contestación de demanda, para luego si, con fundamento en tal argumentación, proceder a la revocatoria de la sentencia de primera instancia […]”.

2.12. Respecto de la decisión sin motivación señaló que se la autoridad accionada omitió pronunciarse sobre las razones por las que revocaba la sentencia de primera instancia y las excepciones propuestas en la contestación de la demanda, lo que llevó a que se les condenara arbitrariamente al pago de obras no ejecutadas o ejecutadas defectuosamente.

2.13. Sobre el desconocimiento del precedente, adujo que la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado desconoció el alcance del artículo 1609 del Código Civil, que respalda la obligatoria aplicación de la “[…] a EXCEPCION DEL

CONTRATO NO CUMPLIDO -NON ADIMPLETI CONTRACTUS- […]”.

2.14. Agregó que la Corte Constitucional y el Consejo de Estado han establecido la obligatoriedad de aplicar el artículo 1609 del Código Civil, haciendo referencia de las siguientes sentencias “ […] (i) SENTENCIA C269 DE 1999 DE LA CORTE

CONSTITUCIONAL; (ii) SENTENCIA T -537 DE 2009 DE LA CORTE

CONSTITUCIONAL; (iii) SENTENCIA T -451 DE 2018 - H. CORTE

CONSTITUCIONAL y (iv) SENTENCIA CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, DE FECHA MARZO 15 DE 2001 […]”.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, DE FECHA MARZO 15 DE 2001 […]”.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] 1. CONCEDER la presente acción de tutela en amparo de los derechos constitucionales fundamentales al Debido Proceso, Defensa y Contradicción; Acceso a la Administración de Justicia e Igualdad.

1. REVOCAR y dejar sin efecto alguno, la sentencia proferida por CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION TERCERA, SUBSECCION C - en pronunciamiento de fecha 23 de agosto de 2024 con ponencia del H. Magistrado JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS, mediante la cual REVOCÓ la sentencia de primera instancia proferida el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera SubSección B, de fecha junio 07 de 2018.

2. ORDENAR al CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION TERCERA, SUBSECCION C-, que en un plazo no superior a 48 horas, adopte las medidas para que se emita un nuevo pronunciamiento o se modifique el proferido, haciendo expresa motivación en cuanto a las razones por las cuales se aparta de la sentencia proferida en primera instancia, al igual que a la prosperidad o rechazo de las excepciones previas y de mérito propuestas en la contestación de la demanda, con especial énfasis en la excepción d e mérito denominada “DE LA EXCEPCION DEL4

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previas y de mérito propuestas en la contestación de la demanda, con especial énfasis en la excepción d e mérito denominada “DE LA EXCEPCION DEL4

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Accionante: Sociedad Hotelera Tequendama S.A.

CONTRATO NO CUMPLIDO -NON ADIMPLETI CONTRACTUS-“, de que trata el artículo 1609 del Código Civil y la cual fue declarada próspera en la sentencia revocada, en garantía de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y contradicción, acceso a la administración de justicia e igualdad […]”. [Mayúscula y negrilla original del texto].

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 29 de noviembre de 2024, el magistrado a cargo de la sustanciación del proceso de la Sección Cuarta del Consejo de Estado admitió la acción de tutela . Asimismo, ordenó vincular en calidad de tercero s con interés directo en el resultado del proceso a la sociedad Craing Ltda . y al Tribunal

Administrativo de Cundinamarca.

V. INTERVENCIONES

5. Una vez efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada y a las vinculadas,

se allegó el siguiente informe:

5.1. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado señaló que la excepción de contrato no cumplido solo podía ser alegada por la parte contratante que siendo simultáneamente acreedora y deudora se niega a cumplir con su prestación cuando su contraparte no ha cumplido con la suya, generando una situación de mutuo incumplimiento, sin que ninguna de las partes esté habilitada para reclamar perjuicios.

con su prestación cuando su contraparte no ha cumplido con la suya, generando una situación de mutuo incumplimiento, sin que ninguna de las partes esté habilitada para reclamar perjuicios.

5.2. Indicó que no están configurados los defectos propuestos por la ac cionante porque no hay lugar al estudio de la mencionada excepción en razón a los hechos y cargos expuestos en el recurso de apelación, conforme los artículos 320 y 328 de la Ley 1564 de 12 de julio de 20121.

VI. EL FALLO IMPUGNADO

6. Mediante fallo de tutela de 6 de marzo de 2025, la Sección Cuarta del Consejo de Estado negó las pretensiones de la acción de tutela, con base en lo siguiente:

“[…] Lo primero que se analizó en la sentencia cuestionada fue la naturaleza jurídica de la sociedad accionante, esto es, la Sociedad Hotelera Tequendama S.A. y encontró que se trataba de una sociedad anónima de economía mixta del orden nacional, vinculada al Ministerio de Defensa Nacional, de manera que, dado que el giro ordinario de sus negocios era la explotación de la industria hotelera y que esto se desarrollaba en competenc ia con el sector privado, el régimen de contratación que la regía era el derecho común y no las normas de la contratación estatal.

Dicho esto, se advierte que la decisión que se cuestiona encontró que las razones por las que la sociedad accionante liquidó unilateralmente el contrato

1 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.5

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razones por las que la sociedad accionante liquidó unilateralmente el contrato

1 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.5

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Accionante: Sociedad Hotelera Tequendama S.A.

no eran actos administrativos sino actos contractuales que no gozaban de presunción de legalidad ni dotaban a la Sociedad Hotelera Tequendama S.A. de poderes o facultades ejecutorias, de manera que, la Sección Tercera, Subsección C de esta Corporación, a p artir de allí, analizó si estaba o no facultada para hacer una liquidación unilateral en la que descontara con cargo al contrato, el saldo de obras que había omitido ejecutar la sociedad contratante o que había hecho de forma deficiente, esto es, Craing Ltda.

Después de un extenso análisis probatorio a la luz de la situación fáctica que rodeó el caso, encontró que el proceder de la accionante, Sociedad Hotelera Tequendama S.A., no había sido el adecuado y que por el contrario, había incumplido el contrato, al c obrarle a la contratista la totalidad del precio que tuvo que asumir para contratar con terceros las obras que quedaron faltando y demás reparaciones a que hubo lugar por el cumplimiento parcial que tuvo Craing Ltda. en la relación negocial, con fundamento en que, al ser un contrato de obra de régimen privado suscrito bajo la modalidad de precios unitarios, la parte contratante, hoy accionante, solo estaba habilitada para abstenerse de pagar los conceptos o ítems que no habían sido entregados o cuya ejecución había sido defectuosa, pero no para cobrar un daño emergente por haber

parte contratante, hoy accionante, solo estaba habilitada para abstenerse de pagar los conceptos o ítems que no habían sido entregados o cuya ejecución había sido defectuosa, pero no para cobrar un daño emergente por haber tenido que contratar con terceros para completar las obras no concluidas y la reparación de instalaciones.

Tales circunstancias, cambiaban sustancialmente la forma como debía abordarse el problema jurídico a resolver, pues el estudio que se hizo en la instancia de cierre tuvo un enfoque distinto al del tribunal que partió del supuesto de un contrato estatal en el que existieron unos actos administrativos dotados de presunción de legalidad y en un régimen de contratación en el que la parte contratante podía actuar de una manera distinta a la que se analizó en la sentencia de cierre y, por tanto, no podía hacer un pronunciamiento en es a misma línea, sin que esto implicara una ausencia de motivación en la decisión o un desconocimiento de las normas o del precedente aplicable, pues, de la revisión hecha a la decisión que se cuestiona a través de la presente acción, se advierte una motivac ión suficiente que permitió llegar a la conclusión de revocar lo resuelto por el tribunal de primera instancia y en su lugar, declarar el incumplimiento de la Sociedad Hotelera Tequendama S.A. respecto a su obligación de pago, al incluir en la liquidación unilateral que efectuó, saldos a su favor por obras no ejecutadas y obras ejecutadas deficientemente, sin seguir el procedimiento requerido para tal efecto.

No se desconoció en la sentencia, como lo afirma la parte actora, que existió un incumplimiento por parte de la sociedad contratista, Craing Ltda., de hecho

el procedimiento requerido para tal efecto.

No se desconoció en la sentencia, como lo afirma la parte actora, que existió un incumplimiento por parte de la sociedad contratista, Craing Ltda., de hecho se indicó que de acuerdo con el informe de interventoría y demás pruebas obrantes en el expediente, era posible determinar que unas obras no habían sido ejecutadas y otras lo habían sido pero sin la calidad esperada y que, la sociedad actora estaba habilitada contractualmente para descontar del precio pactado el saldo de las obras que la sociedad contratista no había ejecutado o lo había hecho defectuosamente, pero enfatizó la sentencia que la imprecisión estuvo en haber hecho el descuento como lo hizo, es decir, que se cobrara al contratista la totalidad del precio que había tenido que sufragar para con tratar con terceros mediante órdenes de servicio especial por obras no ejecutadas o reparaciones al haberse cumplido con obras de calidad deficiente, pues insistió la Sección Tercera, Subsección C de la Corporación, que esto debió realizarse de conformidad con las cantidades, especificaciones y valores unitarios fijados en el contrato para cada uno de los ítems.

[…]6

Radicación: 11001-03-15-000-2024-06461-01

Accionante: Sociedad Hotelera Tequendama S.A.

De acuerdo con lo anterior, advierte la Sala que la controversia se resolvió conforme a una situación concreta que fue la forma como la sociedad actora liquidó de manera unilateral el contrato de obra regido por el derecho común y, de acuerdo con los argumentos que fueron presentados por la parte recurrente que, en el caso fue la sociedad Craing Ltda., sin que allí se hiciera referencia a

liquidó de manera unilateral el contrato de obra regido por el derecho común y, de acuerdo con los argumentos que fueron presentados por la parte recurrente que, en el caso fue la sociedad Craing Ltda., sin que allí se hiciera referencia a la excepción de contrato no cumplido que dice la actora haber presentado al momento de contestar la demanda, pues como b ien lo indica la Sección Tercera en el informe rendido en la presente instancia, la competencia del juez estaba delimitada a los cargos del recurso de apelación conforme lo dispuesto en los artículos 320 y 328 del Código General del Proceso.

De manera que, no era posible dar aplicación a la figura de la mora en los contratos bilaterales contemplada en el artículo 1609 del Código Civil y que la sociedad insiste, debió analizarse como excepción de contrato no cumplido, así como tampoco a pronunciarse en relación con las demás excepciones y argumentos que estuvieran por fuera del contexto en el que se presentó el recurso de alzada, con la salvedad sí, de la posibilidad contemplada justamente en el artículo 328 del Código General del Proceso citado, en cuanto a la posibilidad de pronunciamientos de oficio por parte del juez bajo determinadas circunstancias. […]”. [Negrilla original del texto].

VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

7. La parte accionante impugnó el fallo de tutela de primera instancia, reiterando en términos generales los argumentos expuestos en el escrito de tutela.

8. Insistió en que la sentencia objeto de tutela incurrió en una decisión sin motivación, por cuanto no fundamentó debidamente el motivo por el cual se revocaba la sentencia apelada, especialmente, la excepción del contrato no

8. Insistió en que la sentencia objeto de tutela incurrió en una decisión sin motivación, por cuanto no fundamentó debidamente el motivo por el cual se revocaba la sentencia apelada, especialmente, la excepción del contrato no cumplido, y por emitir un fallo extra petita , en desconocimiento del principio de justicia rogada que rige en la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

9. Asimismo, reiteró que la sentencia tutelada desconoció el precedente judicial relacionado con la aplicación de la excepción de contrato no cumplido -non adimpleti contractus-, la cual fue propuesta como excepción de mérito y que fue declarada próspera en la sentencia de primera instancia.

VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VIII.1. Competencia de la Sala

10. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de noviembre de 19912, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm. 1069 de 26 de mayo de 20153, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333

2 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”. 3 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.7

Radicación: 11001-03-15-000-2024-06461-01

Accionante: Sociedad Hotelera Tequendama S.A.

de 6 de abril de 20214, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 20195.

Accionante: Sociedad Hotelera Tequendama S.A.

de 6 de abril de 20214, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 20195.

VIII.2. Problemas jurídicos

11. De acuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado debe ser confirmado, modificado o revocado6, la Sala debe establecer: a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello es así, se deberá: b) Determinar si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos fundamentales invocados por la parte accionante al haber incurrido, presuntamente, en un defecto sustantivo, en una decisión sin motivación y en un desconocimiento del precedente judicial.

12. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.

VIII.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad

13. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de 31 de julio de 20127, cambió su postura inicial y decidió asumir el estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias

13. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de 31 de julio de 20127, cambió su postura inicial y decidió asumir el estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

14. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

15. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los

4 “Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 5 Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado. 6 Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991. 7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio

6 Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991. 7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.8

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hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

16. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez constitucional dejar sin efectos una providencia judicial8, la sentencia C-590 de 2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución9.

17. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”10 que encaje en dichos parámetros.

18. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de

esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”10 que encaje en dichos parámetros.

18. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

19. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 1100103-15-000-2012-02201-01.

VIII.4. El caso concreto

20. La Sociedad Hotelera Tequendama S.A. solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la

8 Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio. 9 Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de jurisdicción o competencia para ello. Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido. Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma.

legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma. Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión. Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales. Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial. Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las normas establecidas en la Constitución Política. 10 Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo.9

Radicación: 11001-03-15-000-2024-06461-01

Accionante: Sociedad Hotelera Tequendama S.A.

igualdad, cuya vulneración le atribuyó a la providencia de 23 de agosto de 2024, proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado dentro del medio de control de controversias contractuales con radicado número 25000igualdad, cuya vulneración le atribuyó a la providencia de 23 de agosto de 2024, proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado dentro del medio de control de controversias contractuales con radicado número 2500023-36-000-2017-01007-00/01.

21. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, en especial, los requisitos de relevancia constitucional y subsidiariedad.

VIII.4.1. Del incumplimiento del requisito general de procedibilidad de subsidiariedad

22. La acción de tutela es un medio de defensa judicial que, de conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, tiene carácter subsidiario, excepcional y residual. Esto significa que por regla general este instrumento de protección de derechos fundamentales solo será procedente cuando se hayan agotado todos los medios de defensa judicial previstos por el legislador o cuando los mismos no sean idóneos para la protección de los derechos fundamentales que se consideran vulnerados.

23. Se destaca que este carácter excepcional y residual se encuentra previsto en el artículo 6º del Decreto Ley 2591 de 1991. La norma aludida dispone:

“[…] CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de tutela no procederá:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo l as circunstancias en que se encuentra el

aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo l as circunstancias en que se encuentra el solicitante […]”.

24. De acuerdo con lo anterior, para acudir a la acción de amparo el interesado debe agotar todos los medios que prevea el ordenamiento legal “[…] acción, recurso, incidente o cualquier mecanismo de defensa judicial cualquiera que sea su naturaleza […]”11, lo que significa que el solicitante tiene la obligación de interponer en tiempo los recursos establecidos en la ley o las acciones que estén a su alcanc

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