CE - Sentencia 11001031500020240647701

Consejo de Estado

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Detalles

Título
CE - Sentencia 11001031500020240647701
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06477-01

Demandantes: Pilar Ester Góngora Vásquez

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., cinco (5) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06477-01

Demandantes: PILAR ESTER GÓNGORA VÁSQUEZ

Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Improcedencia por falta de relevancia constitucional / AUSENCIA DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – Se pretende usar la tutela como instancia adicional del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

La Sala1 resuelve la impugnación presentada por la parte accionante contra la sentencia del 13 de febrero de 2025, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado.

I. ANTECEDENTES

A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda de tutela

1. El 25 de noviembre de 2024, la señora Pilar Ester Góngora Vásquez instauró acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Magdalena, a fin de obtener el

1. El 25 de noviembre de 2024, la señora Pilar Ester Góngora Vásquez instauró acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Magdalena, a fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, a l trabajo y al debido proceso.

2. En ese sentido, solicitó «anular» la sentencia de segunda instancia proferida por esa autoridad judicial el 17 de abril de 2024, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado 47-001-3331-008-2014-0001101 y, en consecuencia, pidió que se ordene adoptar una nueva decisión, en la que se confirme el fallo de primera instancia proferido por el Juzgado Octavo Administrativo de Santa Marta el 30 de noviembre de 2022, que accedió a sus pretensiones.

3. De la demanda de tutela y de los medios probatorios aportados con ella, se extraen los siguientes hechos y argumentos jurídicamente relevantes:

4. La señora Góngora Vásquez ingresó a trabajar en la Dirección Seccional de Administración Judicial de Santa Marta el 22 de mayo de 2000, en virtud del nombramiento provisional realizado mediante la Resolución 581 de 2000.

1 Se advierte que el 2 de abril de 2025 ingresó el expediente al despacho de la magistrada ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.Radicado: 11001-03-15-000-2024-06477-01

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5. Durante más de 9 años se desempeñó en el cargo de profesional universitario, grado 20. Inicialmente, prestó sus servicios en la Oficina de Apoyo Judicial del Circuito de Ciénaga, y posteriormente, en el año 2007 , fue trasladada a la Oficina de Apoyo adscrita a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Santa Marta.

6. Mediante Acuerdo PSAA09-6198 de septiembre 2 de 2009, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura reestructuró la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Santa Marta y determinó su planta de personal, sin reducir el número de cargos de jefe de oficina.

7. Como consecuencia de la reestructuración, se declaró insubsistente el nombramiento de la actora, a su juicio, sin razón y con evidente desconocimiento de sus derechos y garantías laborales.

8. Por lo anterior, la señora Góngora Vásquez promovió el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, del que conoció en primera instancia el Juzgado Octavo Administrativo de Santa Marta, que accedió a las pretensiones mediante sentencia del 30 de noviembre de 2022.

9. Apelada la decisión, el Tribunal Administrativo del Magdalena la revocó con fallo del 17 de abril de 2024 y, en su lugar, negó las pretensiones.

10. Tras afirmar que la tutela cumple a cabalidad los requisitos generales señalados

del 17 de abril de 2024 y, en su lugar, negó las pretensiones.

10. Tras afirmar que la tutela cumple a cabalidad los requisitos generales señalados por la jurisprudencia para efectos de cuestionar providencias judiciales, sostuvo que la sentencia objeto de reproche fue expedida con violación directa de la Constitución , dado que la autoridad judicial accionada desconoció los artículos 1, 2, 4, 53, 93 y 228 de

la Carta Superior.

11. Lo anterior, teniendo en cuenta que , a su modo de ver , «se limitó a verificar la existencia del estudio técnico que llevó a que la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura reestructurará la planta de personal de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Santa Marta, sin valorar los efectos reales de la decisión, lo que la torna arbitraria y abusa, vici ando toda la actuación administrativa y, en consecuencia, la misma desvinculación de la suscrita».

12. Aunado a ello, adujo que en la sentencia no se consideró que los actos administrativos demandados son manifiestamente contrarios a la Constitución y a la ley porque carecen de motivación, por lo que la reestructuración que ocasionó la supresión masiva de cargos es abiertamente arbitraria y se efectuó con abuso de poder.

13. Insistió en que la forma precaria de vinculación no puede justificar arbitrariedades ni abusos de poder y que, durante su permanencia en el cargo ejerció sus labores con eficiencia, decoro, honradez, y transparencia, razón por la cual, debió ser reincorporada a la nueva planta de personal. No obstante, sostuvo que en su lugar, se designó a una

eficiencia, decoro, honradez, y transparencia, razón por la cual, debió ser reincorporada a la nueva planta de personal. No obstante, sostuvo que en su lugar, se designó a una persona que no ostenta derechos de carrera, ni tiene la experiencia «directa» para ejercer las labores propias del cargo.Radicado: 11001-03-15-000-2024-06477-01

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B. Trámite impartido e intervenciones

14. Mediante auto del 2 de diciembre de 2024, el despacho sustanciador en primera instancia admitió la acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de l Magdalena.

Además, como terceros con interés, vinculó al Juzgado Octavo Administrativo de Santa Marta, al Consejo Superior de la Judicatura, a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Santa Marta y al señor Alejandro Eliécer Pinedo Córdoba.

15. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Santa Marta se pronunció sobre los hechos de la tutela y se opuso a la pretensión de amparo, dado que: i) la acción es improcedente porque la parte actora busca revivir la controversia resuelta en el proceso ordinario y no satisface el requisito de inmediatez; y ii) no existe vulneración alguna que se reproche a esa entidad. Por esta última razón, también solicitó su desvinculación.

16. El Tribunal Administrativo de l Magdalena y los demás terceros con interés

vulneración alguna que se reproche a esa entidad. Por esta última razón, también solicitó su desvinculación.

16. El Tribunal Administrativo de l Magdalena y los demás terceros con interés guardaron silencio, pese a que se les notificó el auto admisorio de la demanda.

C. Fallo impugnado

17. Mediante sentencia del 13 de febrero de 2025, la Sección Primera del Consejo de Estado negó la desvinculación de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Santa Marta y declaró improcedente la acción de tutela, por falta de relevancia constitucional.

18. A su juicio, la accionante acudió a la acción de tutela con el propósito de reabrir el debate resuelto en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, dado que las inconformidades esgrimidas se encaminan a cuestionar los fundamentos invocados por el juez natural de la causa para negar las pretensiones en la sentencia censurada.

19. Resaltó que la accionante afirmó que la providencia objeto de reproche desconoció la re iterada jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, y citó a pie de página algunas referencias, sin embargo , no expuso con detalle los problemas jurídicos expuestos en esas oportunidades.

D. Impugnación

20. Estimó que, contrario a lo decidido por el a quo, la tutela es procedente, dado que la jurisprudencia de la Corte Constitucional instituyó la violación de la Constitución como causal autónoma para censurar providencias judiciales, y por consiguiente, por esta vía es procedente reclamar la protección de las garantías superiores, cuando se desconocen

la jurisprudencia de la Corte Constitucional instituyó la violación de la Constitución como causal autónoma para censurar providencias judiciales, y por consiguiente, por esta vía es procedente reclamar la protección de las garantías superiores, cuando se desconocen por los operadores judiciales en ejercicio de sus competencias y al resolver los asuntos sometidos a su consideración.

21. Insistió en que, pese a que la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura se encontraba habilitada para reestructurar la planta de personal de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Santa Marta, en su criterio, el juez natural de la causa debió examinar las circunstancias particulares de cada una de las personas que resultaron desvinculadas de la administración, con ocasión de laRadicado: 11001-03-15-000-2024-06477-01

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reestructuración de las plantas de personal, proceder que no llevó a cabo la autoridad accionada.

22. Adujo que , si bien la supresión de cargos se justificó con un robusto estudio técnico, ello no es óbice para desconocer las garantías fundamentales de los servidores públicos que resultaron afectados por la reestructuración.

23. Reiteró los motivos expuestos en la demanda, por los que considera que la autoridad judicial accionada desconoció los artículos 1, 2, 4, 53, 93 y 228 de la Constitución Política, e insistió que la precariedad de la vinculación no puede justificar

autoridad judicial accionada desconoció los artículos 1, 2, 4, 53, 93 y 228 de la Constitución Política, e insistió que la precariedad de la vinculación no puede justificar las arbitrariedades cometidas en el proceso de supresión.

II. CONSIDERACIONES

E. Competencia

24. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de tutela de segunda instancia, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, en armonía con los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080 de 2019 (Reglamento Interno del

Consejo de Estado).

F. Problema jurídico

25. La Sala deberá determinar si confirma, modifica o revoca la sentencia del 13 de febrero de 2024, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante la cual se declaró improcedente la acción de tutela.

26. Para ello, establecerá si el asunto reviste relevancia constitucional, en atención a los reparos expuestos en la impugnación. Sólo en caso afirmativo, también definirá si se cumplieron las demás exigencias para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial y si la autoridad judicial accionada incurrió en algún defecto que haya vulnerado los derechos fundamentales de la accionante.

G. Análisis de la Sala

Alcance de la exigencia de relevancia constitucional

27. Mediante sentencia del 5 de agosto de 20142, la Sala Plena de esta Corporación estableció que dicha exigencia tiene como finalidad (i) proteger la autonomía e

Alcance de la exigencia de relevancia constitucional

27. Mediante sentencia del 5 de agosto de 20142, la Sala Plena de esta Corporación estableció que dicha exigencia tiene como finalidad (i) proteger la autonomía e independencia judicial, y (ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos cuya resolución corresponde a otras jurisdicciones. De ahí que, para determinar si una solicitud de amparo tiene relevancia constitucional, sea necesario examinar dos

elementos:

2 Proceso identificado con el radicado 11001 -03-15-000-2012-02201-01 (IJ) (MP: Jorge Octavio Ramírez Ramírez).Radicado: 11001-03-15-000-2024-06477-01

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28. Primero, que el actor cumpla una carga argumentativa mínima y justifique con suficiencia la vulneración de los derechos fundamentales. Es decir, no basta simplemente con invocar los derechos, sino que es necesario que se ofrezcan serias y amplias razones en clave constitucional que le permitan al juez de tutela adentrarse en el estudio de las causales específicas de procedibilidad que han sido invocadas y debidamente sustentadas.

29. Segundo, que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional del proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, pues ese valioso mecanismo de estirpe constitucional —la acción de tutela — fue creado para proteger derechos

29. Segundo, que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional del proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, pues ese valioso mecanismo de estirpe constitucional —la acción de tutela — fue creado para proteger derechos fundamentales, no para que las partes de un proceso judicial ventilen sus discrepancias con las providencias que allí se dicten.

30. En resumen, el requisito de relevancia constitucional no se agota con señalar los derechos fundamentales vulnerados e identificar los defectos de la providencia. Por el contrario, se requiere que la solicitud de amparo (i) contenga una carga argumentativa mínima y (ii) no sea utilizada como una instancia adicional a las establecidas por el legislador.

31. La tesis expuesta se ajusta al precedente reiterado de la Corte Constitucional 3, que, de manera consistente y consolidada, ha sostenido que la acción de tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos ordinarios, ni en el escenario para discutir aspectos de mera legalidad o de índole patrimonial, o la interpretación propia de los jueces naturales. Por consiguiente, aquella es inidónea si lo pretendido es que el juez constitucional se adentre en juicios de corrección, de rectificación o de interpretación propios de las especialidades de cada jurisdicción.

32. Finalmente, la Corte Constitucional4 ha establecido que, si la acción de tutela se dirige contra una providencia de una alta corte, además de satisfacer las exigencias expuestas en precedencia, debe evidenciar, a primera vista, una afectación desproporcionada de derechos fundamentales, derivada de una actuación judicial arbitraria.

Caso concreto y solución del problema jurídico

expuestas en precedencia, debe evidenciar, a primera vista, una afectación desproporcionada de derechos fundamentales, derivada de una actuación judicial arbitraria.

Caso concreto y solución del problema jurídico

33. De entrada, la Sala advierte que la tutela no cumple con la carga argumentativa mínima exigida para censurar providencias judiciales y, además, tiene la intención de revivir la controversia plantea da en sede ordinaria, tal como lo señaló el a quo en el fallo impugnado.

34. En efecto, aunque l a actora se encuentra inconforme con la providencia judicial emitida en la segunda instancia del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho c on radicado 47-001-3331-008-2014-00011-01, lo cierto es que no explicó suficientemente en qué consiste la vulneración de los derechos fundamentales invocados, dado que los argumentos esgrimidos resultan generales y no concretan alguna situación particular de donde se derive la transgresión alegada.

3 Sobre este aspecto pueden consultarse las sentencias SU-128 de 2021, T-131 de 2021, SU-103 de 2022 y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional. 4 Sentencia de unificación 215 de 2022.Radicado: 11001-03-15-000-2024-06477-01

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35. Nótese que la accionante se limitó a señalar que la sentencia cuestionada

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35. Nótese que la accionante se limitó a señalar que la sentencia cuestionada desconoció los artículos 1, 2, 4, 53, 93 y 228 de la Carta Superior , porque no valoró los efectos reales de la reestructuración de la planta de personal de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Santa Marta , realizada mediante el Acuerdo PSAA09-6198 de septiembre 2 de 2009. Además, sostuvo que el fallo objeto de reproche no analizó las circunstancias particulares de cada servidor que fue desvinculado , en su caso, no tuvo en cuenta su experiencia en el cargo, la idoneidad, eficacia, eficiencia, honradez y demás virtudes con que desempeñó sus funciones por más de 7 años.

36. Asimismo, sostuvo que en la sentencia objeto de reproche no se consideró que los actos administrativos demandados son manifiestamente contrarios a la Constitución y a la ley porque carecen de motivación, por lo que la reestructuración que ocasionó la supresión masiva de cargos es abiertamente arbitraria y se efectuó con abuso de poder.

37. Es decir, que pese a que el desacuerdo con la providencia judicial es evidente, los argumentos expuestos no cuentan con la suficiente carga para que el juez de tutela realice el estudio de fondo, pues, como se dijo, la parte actora no se preocupó por detallar las razones por las cuales considera que la providencia judicial que censura a través de esta acción constitucional incurrió en las falencias que alega, que , finalmente, se encaminan a atacar los actos administrativos que soportaron la reestructuración de la

las razones por las cuales considera que la providencia judicial que censura a través de esta acción constitucional incurrió en las falencias que alega, que , finalmente, se encaminan a atacar los actos administrativos que soportaron la reestructuración de la entidad, la supresión de cargos y su consecuente retiro del servicio, aspectos que ya fueron analizados por el juez natural de la causa, como se expondrá más adelante.

38. Recuérdese que esta Corporación ha señalado que quien ejerce la acción de tutela contra una providencia judicial no puede conformarse con identificar de manera escueta alguna de las causales específicas de procedencia, sino que es necesario que tal señalamiento se sustente amplia y razonablemente, que sea producto de un discernimiento y, por supuesto, que se aterrice al caso concreto. Como se sabe, detrás de las causales específicas de prosperidad que ha fijado la Corte Constitucional existen fuertes razones para limitar el uso abusivo y desmesurado de la acción de tutela contra las providencias judiciales5.

39. Amén de lo anterior, para la Subsección es evidente que la señora Góngora Vásquez pretende reabrir el debate zanjado por el Tribunal Administrativo del Magdalena, que en segunda instancia abordó el estudio del proceso de reestructuración de la entidad demandada, y concluyó que se hizo conforme las normas vigentes en la materia.

40. Verbigracia, frente a la motivación de los actos que suprimieron la planta de personal de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Santa Marta,

en la sentencia del 17 de abril de 20246, señaló:

40. Verbigracia, frente a la motivación de los actos que suprimieron la planta de personal de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Santa Marta,

en la sentencia del 17 de abril de 20246, señaló:

5 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 29 de abril de 2015, expediente No. 2015 -00380-00, M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. 6 Notificada mediante edicto del 21 de mayo de 2024, desfijado el 23 de mayo siguiente.Radicado: 11001-03-15-000-2024-06477-01

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(…)

41. El análisis de las circunstancias particulares, que echa de menos la parte accionante, también se realizó en la sentencia cuestionada, toda vez que en esa oportunidad la autoridad judicial accionada se refirió no solo al hecho de que el retiro de la servidora judicial no hubiera estado precedido de un acto particular y concreto, sino que también hizo alusión a la inexistencia del empleo ocupado por la demandante en la

nueva planta de personal. Así discurrió:

(…)Radicado: 11001-03-15-000-2024-06477-01

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42. Tal y como se observa del aparte transcrito, la autoridad judicial accionada analizó en forma concreta la situación particular de la servidora demandante, dado que luego del análisis probatorio concluyó que el cargo desempeñado por ella (profesional universitario grado 20) se suprimió totalmente, ya que en la planta nueva no se creó uno igual oRadicado: 11001-03-15-000-2024-06477-01

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equivalente, pues, si bien se estableció un empleo de profesional universitario, grado 12, se avizora que este no solamente es de menor grado (m enor remuneración), sino que tiene un perfil distinto al empleo que desapareció, por cuanto exige requisitos académicos y experiencia diferentes, que dicho sea de paso, la accionante no acreditó.

43. Así las cosas, resulta evidente el propósito de la accionante de utilizar el presente trámite de tutela como una instancia adicional del proceso contencioso administrativo.

Debido a esto, la Subsección necesariamente coincide con el a quo en que la solicitud de amparo carece de relevancia constitucional.

44. Con fundamento en todo lo explicado, se confirmará la sentencia de la Sección Primera de esta Corporación, que declaró improcedente la acción de tutela presentada

de amparo carece de relevancia constitucional.

44. Con fundamento en todo lo explicado, se confirmará la sentencia de la Sección Primera de esta Corporación, que declaró improcedente la acción de tutela presentada por la señora Pilar Ester Góngora Vásquez.

45. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO. Confirmar la sentencia del 13 de febrero de 2025, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado.

SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito y eficaz.

TERCERO. Por Secretaría General, envíese el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente

JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

VF

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