CE - Sentencia 11001031500020240648601
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 11001031500020240648601
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06486-01
Demandante: Municipio de Itagüí
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CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., cinco (5) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06486-01
Demandante: MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN C
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – No procede estudio de fondo porque no se cumplió el requisito de relevancia constitucional / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – Los argumentos de la parte actora pretenden extender y continuar el debate planteado en el proceso ordinario, sin razones constitucionales que así lo justifiquen.
La Sala1 decide la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia del 6 de febrero de 2025 , proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
I. A N T E C E D E N T E S
A. Pretensiones, hechos y argumentos de la tutela
1. El 26 de noviembre de 2024, el municipio de Itagüí interpuso acción de tutela contra la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado , por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y a la tutela judicial
1. El 26 de noviembre de 2024, el municipio de Itagüí interpuso acción de tutela contra la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado , por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, con ocasión de la sentencia de segunda instancia proferida el 28 de octubre de 2024, en el marco del proceso de controversias contractuales con radicado 0500123-33-000-2014-00800-01. Formuló las siguientes pretensiones:
1 Se advierte que el 6 de marzo de la presente anualidad ingresó el expediente al despacho de la magistrada ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.Radicado: 11001-03-15-000-2024-06486-01
Demandante: Municipio de Itagüí
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1. TUTELAR los derechos constitucionales fundamentales al debido proceso y tutela judicial efectiva vulnerados al Municipio de Itagüí, con ocasión de la sentencia de segunda instancia proferida por el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Subsección C, el día 28 de octubre de 2024 y notificada vía correo electrónico el día 20 de noviembre de 2024.
2. Como consecuencia de lo anterior, se deje sin valor y efecto jurídico la sentencia de segunda instancia proferida por el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Subsección C. el día 28 de octubre de 2024, la cual fue notificada vía correo electrónico el día 20 de noviembre de 2024 y, consecuencialmente, solicito se dicte una nueva sentencia de reemplazo que ampare los derechos constitucionales invocados en la acción.
vía correo electrónico el día 20 de noviembre de 2024 y, consecuencialmente, solicito se dicte una nueva sentencia de reemplazo que ampare los derechos constitucionales invocados en la acción.
2. De la solicitud de amparo y de las pruebas aportadas se extraen los siguientes
supuestos fácticos jurídicamente relevantes:
3. En ejercicio del medio de control de controversias contractuales, el departamento de Antioquia demandó al municipio de Itagüí, con el fin de que se declarara el incumplimiento y liquidación del Convenio Interadministrativo 2011-SS-15-017, cuyo objeto consistía en «apoyar el proyecto con radicado número 2011050000199
Computadores Uno a Uno para potenciar el [sic] Mayor y mejor aprovechamiento de la cultura de los estudiantes de básica primaria en todas las instituciones educativas públicas del municipio, el cual bus ca incrementar la calidad educativa en las instituciones educativas del municipio de Itagüí».
4. Como fundamento fáctico de la demanda de controversias contractuales, el departamento de Antioquia indicó que para el desarrollo del referido convenio se obligó a entregar cuatro mil quinientos millones de pesos al municipio de Itagüí y que éste, a su vez, se comprometió a «invertir los recursos objeto del convenio únicamente en la adquisición de los bienes que hacen parte del proyecto mencionado».
5. El proyecto, que hacía parte integral del convenio suscrito, se describía como «[e]ntrega de portátiles OLPC para cada uno de los estudiantes de educación básica primaria de instituciones educativas oficiales del municipio de Itagüí» y constaba de las siguientes actividades previstas para el 2011:
«[e]ntrega de portátiles OLPC para cada uno de los estudiantes de educación básica primaria de instituciones educativas oficiales del municipio de Itagüí» y constaba de las siguientes actividades previstas para el 2011:
ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS: Acorde a lo proyectado en el año 2010 llegan las primeras 1000 máquinas donadas por una empresa, el 3 de junio se ha firmado el convenio de adquisición de 10.000 máquinas XO por un valor de $4.970.000.000 (cuatro mil millones de pesos) [sic] en razón al costo de entonces y a la TRM del momento, financiados con recursos propios del Municipio .
Estos computadores serán entregados en 90 días a partir de la firma del convenio.
Las otras 10.000 máquinas serán cofinanciadas por el Departamento de Antioquia con recursos no reembolsables que ha asignado laRadicado: 11001-03-15-000-2024-06486-01
Demandante: Municipio de Itagüí
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Administración Departamental, por un valor de $4.500.000.000 (cuatro mil quinientos millones de pesos).
6. Según se narró en la demanda, luego del desembolso de los recursos por parte del departamento de Antioquia la secretaría de educación y cultura (E) de Itagüí formuló una «propuesta de modificación del gasto del convenio interadministrativo» , frente a la cual, mediante oficio del 26 de diciembre de 2011, el departamento de Antioquia se
pronunció en los siguientes términos:
[…] la Gobernación de Antioquia ve viable seguir apoyando el convenio del asunto con la suma de dos mil cuatrocientos noventa y siete millones cuatrocientos treinta
pronunció en los siguientes términos:
[…] la Gobernación de Antioquia ve viable seguir apoyando el convenio del asunto con la suma de dos mil cuatrocientos noventa y siete millones cuatrocientos treinta y dos mil ciento noventa y dos pesos ($2.494.432.192) correspondientes al suministro de redes, servidores y otros determinado en el contrato de UNE necesarios para soportar la correcta operación de 10.000 equipos XO Laptop adquiridos previamente por el municipio, y con el fin de que estos puedan ser correctamente utilizados por beneficiarios del proyecto para lograr el propósito de este. La Gobernación se ratifica en que los recursos aportados no se pueden utilizar en terminar de pagar los 10.000 equipos adquiridos por la anterior administración del municipio, dado que esta compra fue realizada antes de la firma del convenio con la Gobernación, lo cual se convertiría en el pago de un acto cumplido. Por lo tanto, estos recursos no utilizados, equivalentes a DOS MIL DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS ($2.002.567.808), deben ser reembolsados a más tardar el día 28 de diciembre de 2011, […]»
7. A juicio de la entidad demandante, la manifestación anterior no constituía la suscripción de un convenio modificatorio, necesaria para que la destinación de los recursos para otro fin tuviera validez, por lo que debía declararse el incumplimiento del convenio interadministrativo y ordenarse su liquidación.
8. Al proceso de controversias contractuales se le asignó el radicado 05001-23-33000-2014-00800-00 y, correspondió, por reparto, a la Sala Primera de Oralidad del
del convenio interadministrativo y ordenarse su liquidación.
8. Al proceso de controversias contractuales se le asignó el radicado 05001-23-33000-2014-00800-00 y, correspondió, por reparto, a la Sala Primera de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia, que, mediante providencia del 26 de febrero de 2018, accedió a las pretensiones de la demand a. Declaró el incumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del municipio de Itagüí, bajo la consideración de que los recursos que le fueron entregados por el departamento de Antioquia debían haber sido dest inados para la compra de 10.000 computadores . Sin embargo, en realidad, fueron utilizados para terminar de financiar otros equipos adquiridos antes de la suscripción del convenio y para la adecuación de redes, servidores «y otros».
En consecuencia, ordenó la liquidación del negocio jurídico en los siguientes términos: (i) la restitución de cuatro mil quinientos millones de pesos y (ii) el pago de tres mil seiscientos cuarenta y tres millones doscientos cuarenta mil ciento cuarenta y nueve pesos, por concepto de intereses moratorios.Radicado: 11001-03-15-000-2024-06486-01
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9. Inconforme con la decisión, la parte actora interpuso recurso de apelación. Alegó que el objeto del convenio interadministrativo no se encontraba limitado a la adquisición de los equipos de cómputo, sino que implicaba «apoyar» el proyecto «Computadores Uno a Uno»; el cual constaba de varias etapas que, a su vez, tenían distintas actividades a desarrollar, entre las que se encontraba la adecuación de la
adquisición de los equipos de cómputo, sino que implicaba «apoyar» el proyecto «Computadores Uno a Uno»; el cual constaba de varias etapas que, a su vez, tenían distintas actividades a desarrollar, entre las que se encontraba la adecuación de la infraestructura para la conectividad, que hacía parte del ítem o categoría de «obra física».
10. Adicionalmente, sostuvo que las modificaciones en la matriz de inversión estuvieron respaldadas por la manifestación del secretario de Educación para la Cultura del departamento de Antioquia, quien, mediante oficio del 26 de diciembre de 2011, afirmó que veía «viable seguir apoyando el convenio del asunto con la suma de dos mil cuatrocientos noventa y siete millones cuatrocientos treinta y dos mil ciento noventa y dos pesos ($2.494.432.192) correspondientes al suministro de redes, servidores y otros determinado en el contrato de UNE».
11. Finalmente, sostuvo que el a quo pasó por alto el incumplimiento en que incurrió el departamento de Antioquia, pues de acuerdo con lo pactado, la referida entidad tenía la obligación de desembolsar el dinero una vez suscrita el acta de inicio. Sin embargo, pese a que ello ocurrió el 11 de julio de 2011, la entrega del dinero sólo se realizó hasta el 20 de octubre de ese año.
12. Mediante sentencia del 28 de octubre de 2024 , notificada el 20 de noviembre siguiente, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado modificó la sentencia de primera instancia. Declaró el incumplimiento contractual y la indebida utilización de los recursos aportados por el departamento de Antioquia, ejecutados
siguiente, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado modificó la sentencia de primera instancia. Declaró el incumplimiento contractual y la indebida utilización de los recursos aportados por el departamento de Antioquia, ejecutados fuera del plazo y sin autorización legal, en el Convenio Interadministrativo 2011 -SS15-017 y, en consecuencia, ordenó al municipio de Itagüí pagar al departamento de Antioquia la su ma de quince mil ciento veinticuatro millones ochocientos siete mil setecientos cuarenta y ochos pesos, por concepto de la suma entre el capital adeudado, es decir, los aportes entregados que no fueron reembolsados, más los intereses moratorios.
13. En el escrito de tutela, la parte actora adujo que la providencia censurada adolece de los defectos: fáctico y sustantivo. En cuanto al primer cargo, consideró que «no se valoró adecuadamente el convenio objeto de debate, ni el proyecto radicado ante en banco de programas y proyectos de la gobernación de Antioquia, que dio origen a la suscripción del convenio y que hacía parte integral del mismo, ni tampoco la solicitud de modificación a la matriz del convenio y su correlativa aceptación por el funcionario competente y debidamente delegado para contratar por parte del Departamento de Antioquia, como era el Secretario de Educación Departamental».Radicado: 11001-03-15-000-2024-06486-01
Demandante: Municipio de Itagüí
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14. Además, reiteró los argumentos expuestos en el recurso de alzada, especialmente en lo relativo al incumplimiento del objeto contractual de parte del departamento de Antioquia, a la interpretación restrictiva del objeto del convenio interadministrativo y a
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14. Además, reiteró los argumentos expuestos en el recurso de alzada, especialmente en lo relativo al incumplimiento del objeto contractual de parte del departamento de Antioquia, a la interpretación restrictiva del objeto del convenio interadministrativo y a la autorización del secretario de Educación para la Cultura del Departamento de Antioquia para la destinación de los recursos con otros fines. Asimismo, indicó que no se valoraron adecuadamente los testimonios de los señores David Fernando Aristizábal Serna y Oscar Enrique Patiño Pérez, quienes fungían como supervisores del convenio interadministrativo, que daban cuenta de que la «gobernación autorizó modificar la matriz de inversión de los recursos».
15. En cuanto al defecto sustantivo, argumentó que la autoridad judicial accionada interpretó y aplicó erróneamente el artículo 1609 del Código Civil, porque pasó por alto que el incumplimiento del convenio provino en primer lugar del departamento de Antioquia, de modo que no se encontraba en mora de cumplir a lo que se había comprometido.
B. Trámite impartido e intervenciones
16. Mediante auto del 6 de diciembre de 20242, el despacho sustanciador del proceso en primera instancia admitió la acción de tutela contra los magistrados que integran la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado . Allí también ordenó notificar al departamento de Antioquia , en calidad de tercero con interés y requirió copia digital del proceso de controversias contractuales con radicado 05001-23-33000-2014-00800-01.
17. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado 3, se opuso a las pretensiones de la demanda , por considerar que la providencia cuestionada no
000-2014-00800-01.
17. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado 3, se opuso a las pretensiones de la demanda , por considerar que la providencia cuestionada no incurrió en el defecto fáctico que se le endilga. Afirmó que, por el contrario, los argumentos de la entidad accionante son una mera inconformidad con la hermenéutica contractual realizada por el juez del contrato.
18. En ese sentido, manifestó que el accionante expuso de forma aislada el contenido semántico de algunas cláusulas del convenio en un sentido contrario al natural, desconociendo la labor hermenéutica realizada en la sentencia. Por otro lado, sostuvo que e l municipio de Itagüí pretende suplir la inexistencia de la prueba de un acto modificatorio del convenio para justificar las inversiones que realizó con fondos del departamento de Antioquia, a través de unos testimonios que no son prueba pertinente para acreditar la existencia de dicho acto jurídico.
2 SAMAI, índice 5 del expediente digital de primera instancia. 3 SAMAI, índice 9 del expediente digital de primera instancia.Radicado: 11001-03-15-000-2024-06486-01
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19. Finalmente, adujo que, en el análisis de la excepción de contrato no cumplido, propuesta por la entidad demandada, se razonó en torno a que aún en el hipotético caso de que se admitiera el incumplimiento de la obligación de consignar el dinero el mismo día que se suscribió el acta de inicio, lo cierto es que no puede afirmarse que tal inobservancia hubiera determinado la destinación indebida de los recursos que recibió.
mismo día que se suscribió el acta de inicio, lo cierto es que no puede afirmarse que tal inobservancia hubiera determinado la destinación indebida de los recursos que recibió.
20. El Tribunal Administrativo de Antioquia 4 remitió copia del expediente digitalizado del proceso de controversias contractuales con radicado 05001-23-33000-2014-00800-00/01, pero no se pronunció respecto de la petición de amparo.
21. Mediante escrito presentado el 30 de enero de 2025 5, el consejero Jorge Iván Duque Gutiérrez manifestó su impedimento para conocer del presente asunto, al advertir que suscribió la sentencia del 26 de febrero de 2018 proferida , en primera instancia, en el medio de control que dio lugar a la instauración de la petición de amparo.
C. Fallo impugnado6
22. En sentencia del 6 de febrero de 2025 , la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado declaró fundado i mpedimento manifestado por el consejero Jorge Iván Duque Gutiérrez para conocer la acción de tutela de la referencia y negó el amparo solicitado.
23. En su criterio , las consideraciones expuestas en la providencia censurada no resultan irracionales o caprichosas, pues no solo se razonó sobre la integridad de los elementos de juicio allegados al plenario, sino que a partir de un análisis suficiente de las mismas conclu yó que el municipio de Itagüí incurrió en un incumplimiento del convenio interadministrativo 2011-SS-15-017. Por el contrario, lo que se advierte es que la entidad accionante pretende utilizar la acción de tutela para plantear un análisis
convenio interadministrativo 2011-SS-15-017. Por el contrario, lo que se advierte es que la entidad accionante pretende utilizar la acción de tutela para plantear un análisis de la prueba que, a su juicio, es el que debe darse . Lo anterior, afirmó, está completamente vedado para el juez constitucional, toda vez que el mecanismo de amparo no es una instancia adicional para requerir una nueva revisión de las pruebas obrantes en el juicio ordinario.
D. Impugnación7
24. Inconforme con la decisión, la parte actora la impugnó . Insistió en que en el proceso resultó probado que el incumplimiento del convenio interadministrativo
4 SAMAI, índice 12 del expediente digital de primera instancia. 5 SAMAI, índice 14 del expediente digital de primera instancia. 6 SAMAI, índice 18 del expediente digital de primera instancia. 7 SAMAI, índice 22 del expediente digital de primera instancia.Radicado: 11001-03-15-000-2024-06486-01
Demandante: Municipio de Itagüí
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provino en primer lugar del departamento de Antioquia y relacionó una serie de pruebas documentales que, en su criterio, daban cuenta de ello.
25. Por otro lado, alegó que la autoridad judicial accionada incurrió en una interpretación caprichosa y contraevidente de los elementos de convicción obrantes en el expediente y reiteró en su integridad los argumentos expuestos en el escrito del amparo.
II. CONSIDERACIONES
E. Competencia
26. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de tutela de segunda instancia, de conformidad con lo
amparo.
II. CONSIDERACIONES
E. Competencia
26. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de tutela de segunda instancia, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, en armonía con los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080 de 2019
(Reglamento Interno del Consejo de Estado).
F. Problema jurídico
27. Corresponde a la Sala determinar si se debe confirmar, modificar o revocar la sentencia del 6 de febrero de 2025 , proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que negó la acción de tutela.
28. Para ello, en primer lugar, se examinará si la petición de amparo satisface los requisitos generales de procedibilidad exigidos por la jurisprudencia constitucional.
Sólo en el evento de que se cumplan, se analizará si se encuentran configurados los defectos fáctico y sustantivo o material atribuidos por la parte demandante a la providencia del 28 de octubre de 2024.
G. Análisis de la Sala: requisito de relevancia constitucional
29. En sentencia del 5 de agosto de 20148, la Sala Plena de esta Corporación señaló que esta exigencia tiene como finalidad (i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones. De ahí que, para determinar si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia constitucional, es necesario examinar dos elementos.
judicial y (ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones. De ahí que, para determinar si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia constitucional, es necesario examinar dos elementos.
30. El primero de ellos consiste en que el actor cumpla su carga argumentativa, esto es, que justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de
8 Expediente número: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.Radicado: 11001-03-15-000-2024-06486-01
Demandante: Municipio de Itagüí
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derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta que para ello «[n]o basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales». El segundo hace referencia que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, toda vez que este valioso mecanismo de estirpe constitucional fue creado para proteger derechos fundamentales y no para que las partes de un proceso judicial ventilen sus discrepancias con las providencias que allí se dicten.
31. En resumen, el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional no se agota al señalar los derechos fundamentales vulnerados y que se identifiquen los defectos contra la providencia. Se requiere que la solicitud de amparo contenga (i) una carga argumentativa mínima y (ii) que no se utilice este instrumento como tercera instancia o instancia adicional a las establecidas por el legislador.
defectos contra la providencia. Se requiere que la solicitud de amparo contenga (i) una carga argumentativa mínima y (ii) que no se utilice este instrumento como tercera instancia o instancia adicional a las establecidas por el legislador.
32. La tesis que viene de exponerse se ajusta al precedente 9 reiterado de la Corte Constitucional que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la acción de tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos ordinarios, ni en el escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índo le patrimonial o la interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este instrumento constitucional es inidóneo si lo pretendido es que el juez de tutela se adentre en juicios de corrección, de rectificación o de interpretación propios de cada especialidad.
H. Caso concreto y solución del problema jurídico
33. De entrada, la Sala observa que, como acertadamente señaló el a quo, la petición de amparo está dirigida a cuestionar la interpretación y razonamiento de los elementos de convicción que condujeron al juez del contrato a declarar el incumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del municipio de Itagüí, con la única finalidad de extender y continuar el debate que ya fue razonablemente zanjado en el proceso de controversias contractuales.
34. Revisado el expediente ordinario del proceso ordinario, la Sala advierte que a lo largo del proceso y, específicamente, en el recurso de apelación formulado contra la sentencia del 26 de febrero de 2018 , el municipio de Itagüí insistió en que el incumplimiento del convenio interadministrativo 2011-SS-15-017 provino, en primer
sentencia del 26 de febrero de 2018 , el municipio de Itagüí insistió en que el incumplimiento del convenio interadministrativo 2011-SS-15-017 provino, en primer lugar, del departamento de Antioquia, por no haber desembolsado su aporte para el proyecto el día que se suscribió el acta de inicio o, a más tardar, a partir del momento en que se le informó sobre la cuenta creada para el depósito del dinero.
9 Sobre este aspecto pueden consultarse las sentencias SU -128 de 2021, T-131 de 2021, SU-103 de 2022 y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.Radicado: 11001-03-15-000-2024-06486-01
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35. Además, sostuvo que la interpretación del objeto contractual fue restringida, en la medida en que comprendía no sólo la compra de 10.000 equipos de cómputo, sino en general el apoyo al proyecto «Computadores Uno a Uno» , lo que implicaba también la inversión en otros aspectos, como el de la obra física para la instalación y adecuación de las redes de conexión inalámbrica.
36. Finalmente, consideró que el secretario de Educación del departamento, mediante oficio E 201100100247 del 26 de diciembre de 2011, aceptó la solicitud de modificación a los recursos de inversión del convenio presentada por el municipio consistente en la utilización d el aporte para la adecuación de la infraestructura tecnológica de las sedes que albergan a los estudiantes beneficiarios del proyecto, la cual incluyó cableado estructurado y eléctrico, aps y switches, servidores y sistema operativo, PC móvil y mobiliario.
tecnológica de las sedes que albergan a los estudiantes beneficiarios del proyecto, la cual incluyó cableado estructurado y eléctrico, aps y switches, servidores y sistema operativo, PC móvil y mobiliario.
37. En vista de lo anterior, la Sala observa que los argumentos descritos que, se insiste, también fueron expuestos por la entidad accionante en el recurso de apelación que formuló contra la sentencia de primera instancia, constituyen justamente los cargos de la petición de ampar o, presentados ahora como defectos: (i) fáctico por indebida valoración probatoria y (ii) sustantivo o material, por indebida interpretación y aplicación del artículo 1609 del Código Civil. Lo que, de entrada, da cuenta de que la finalidad de la entidad demandante es convertir este valioso mecanismo constitucional en instancia adicional del proceso de controversias contractuales.
38. Para ilustrar lo anterior, la Sala confrontará los argumentos del recurso de alzada en relación con los cargos de la petición de amparo en el siguiente cuadro
comparativo:
Reparos del recurso de apelación Argumentos de la petición de amparo Cargo 1: Sobre la inexistencia de incumplimiento contractual por parte del municipio de Itagüí. «(…) considero que el Municipio de Itagüí no incumplió el convenio interadministrativo N° 2011-SS-15-017, celebrado con el Departamento de Antioquia por las siguientes razones: (…)
El objeto del convenio celebrado entre el Municipio de Itagüí y el Departamento de Antioquia en ningún momento se encontraba limitado exclusivamente a la adquisición de equipos de cómputo, de
(…)
El objeto del convenio celebrado entre el Municipio de Itagüí y el Departamento de Antioquia en ningún momento se encontraba limitado exclusivamente a la adquisición de equipos de cómputo, de hecho, el objeto era más amplio e integral porque se refería esp ecíficamente de apoyar el proyecto computadores uno a uno, para potenciar el mayor y mejor Defecto fáctico: «considero que el fallador de segunda instancia, no valoró las pruebas de manera integral, asignando un menor valor a las pruebas que aportó el Municipio, sin que exista justificación para ello.
El objeto del convenio celebrado entre el Municipio de Itagüí y el Departamento de Antioquia, en ningún momento se encontraba limitado exclusivamente a la adquisición de equipos de cómputo, de hecho, el objeto era más amplio e integral porque se refería es pecíficamente de apoyar el proyecto computadores unoRadicado: 11001-03-15-000-2024-06486-01
Demandante: Municipio de Itagüí
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aprovechamiento de la cultura de los estudiantes de básica primaria en las instituciones educativas públicas del Municipio, el cual busca incrementar la calidad educativa en las instituciones educativas oficiales del Municipio de Itagüi.». a uno, para potenciar el mayor y mejor aprovechamiento de la cultura de los estudiantes de básica primaria en las instituciones educativas públicas del Municipio, el cual, busca incrementar la calidad educativa en las instituciones educativas oficiales del Municipio de Itagüí. ». Cargo 2: Sobre la autorización
instituciones educativas públicas del Municipio, el cual, busca incrementar la calidad educativa en las instituciones educativas oficiales del Municipio de Itagüí. ». Cargo 2: Sobre la autorización para destinación de los recursos del departamento de Antioquia con otros fines. «Como se observa, en ningún momento el objeto del convenio estaba limitado única y exclusivamente a la adquisición de las máquinas como lo entiende el Tribunal, sino que el mismo tenía una connotación más amplia porque era apoyar un proyecto liderado por el Municipio, dentro del cual la adquisición de los equipos de cómputo era la actividad principal, pero no la única, como se explicó en líneas anteriores.
Lo anterior aparece corroborado en la respuesta dada por el Departamento de Antioquia el día 26 de diciembre de 2011 (Oficio E201100100247 del 26 de diciembre de 2011), cuando autoriza la utilización de DOS MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE
MILLONES CUATRO CIENTOS
TREINTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS ($2.497.432.192), para adecuación de infraestructura tecnológica (Contrato con UNE), atendiendo al proyecto presentado por el Municipio.» Defecto fáctico: «En ningún momento el objeto del convenio se limitó a la adquisición de los equipos de cómputo sino que de la redacción de su objeto se infiere que la voluntad de las partes era apoyar el proyecto en su integridad a tal punto que en un momento determinado el Secretario de Educación del De partamento de
sino que de la redacción de su objeto se infiere que la voluntad de las partes era apoyar el proyecto en su integridad a tal punto que en un momento determinado el Secretario de Edu
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