CE - Sentencia 11001031500020240649501

Consejo de Estado

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Detalles

Título
CE - Sentencia 11001031500020240649501
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
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CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ Bogotá D. C., cinco (5) de mayo de dos mil veinticinco (2025). Radicado: 11001-03-15-000-2024-06495-01 Accionante: HENRY ANTONIO AYALA SEGURA Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Procedencia excepcional / FALTA DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – Se acudió a la acción de tutela con el propósito de reabrir la discusión definida en el medio de control de reparación directa. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Corresponde a la Sala resolver la impugnación interpuesta por la parte accionante en contra de la sentencia del 31 de enero de 2025, mediante la cual la Sección Tercera – Subsección C del Consejo de Estado declaró la improcedencia de la acción de tutela de la referencia1. I. A N T E C E D E N T E S La demanda 1. El 25 de noviembre de 2024, el señor Henry Antonio Ayala Segura presentó acción de tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, los cuales considera vulnerados por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Hechos relevantes 2. El 4 de marzo de 2007, en la vía que del municipio de Zarzal conduce a la localidad de Obando, se presentó un accidente de tránsito que dejó como resultado varias personas lesionadas, todas ellas familiares del señor Leonardo Gómez Castaño, quien conducía uno de los vehículos involucrados. 3. En ese contexto, los

del municipio de Zarzal conduce a la localidad de Obando, se presentó un accidente de tránsito que dejó como resultado varias personas lesionadas, todas ellas familiares del señor Leonardo Gómez Castaño, quien conducía uno de los vehículos involucrados. 3. En ese contexto, los familiares del señor Gómez Castaño manifestaron la pérdida de varios elementos personales, entre ellos dos computadores que 1 Que ingresó para fallo el 25 de marzo de 2025.Radicación: 11001-03-15-000-2024-06495-01 Accionante: Henry Antonio Ayala Segura Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Referencia: Acción de tutela (Segunda Instancia)

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contenían información relevante para una empresa en la que laboraban algunas de las personas lesionadas. 4. Para el momento de los hechos, se encontraba en el lugar una patrulla integrada por los agentes Henry Antonio Ayala Segura, Jesús Molina Álvarez y Leonardo Cabezas Segura, así como personal de la Policía de Zarzal, del cuerpo de Antinarcóticos, bomberos del municipio y ciudadanos que transitaban por la zona. A raíz de lo anterior, se inició una investigación penal militar contra el señor Henry Antonio Ayala Segura por el presunto delito de peculado por apropiación. 5. El Juzgado 158 de Instrucción Penal Militar del Valle del Cauca resolvió la situación jurídica del señor Ayala Segura mediante decisión del 9 de mayo de 2008, imponiendo medida de aseguramiento sin beneficio de excarcelación, la cual se hizo efectiva el 12 de mayo del mismo año. Posteriormente, el 7 de julio de 2008, la Fiscalía 147 Penal Militar del Departamento de Policía del Valle profirió resolución de acusación en su contra. Dicha decisión fue objeto de recurso, y el 30 de julio de 2008, la Fiscalía Cuarta Penal Delegada ante el Tribunal Superior Militar declaró la nulidad del trámite. El 9 de septiembre de 2008, se concedió la libertad condicional al investigado. 6. Tras la declaratoria de nulidad, el 29 de octubre de 2008, la Fiscalía 155 Penal Militar del Departamento de Policía del Valle del Cauca profirió un nuevo escrito de acusación, decisión que también fue apelada. El 26 de mayo de 2011, la Fiscalía Segunda Delegada ante el Tribunal Superior Militar decretó nuevamente la nulidad de la actuación. 7. Posteriormente, el 3 de julio de 2012, la Fiscalía 145 Penal Militar Delegada ante el Juzgado de Primera Instancia de la Inspección General de la

Segunda Delegada ante el Tribunal Superior Militar decretó nuevamente la nulidad de la actuación. 7. Posteriormente, el 3 de julio de 2012, la Fiscalía 145 Penal Militar Delegada ante el Juzgado de Primera Instancia de la Inspección General de la Policía Nacional formuló un nuevo escrito de acusación contra el señor Ayala Segura, el cual fue igualmente apelado. El 12 de abril de 2013, la Fiscalía Segunda Delegada ante el Tribunal Superior Militar revocó dicha decisión y ordenó la cesación del procedimiento adelantado en su contra. 8. El señor Ayala Segura interpuso demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa, en la que solicitó se declarara administrativamente responsable a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar por los perjuicios ocasionados con motivo del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, que dio lugar a la privación injusta de su libertad desde el 12 de mayo de 2008. También solicitó se condenara a dichas entidades al pago de perjuicios materiales y morales, subjetivos y objetivos, presentes y futuros. 9. La demanda fue asignada al Juzgado Catorce Administrativo Oral del Circuito de Cali, que mediante sentencia del 27 de junio de 2017: i) declaró no probada la excepción genérica e innominada propuesta por la parte demandada; y ii) declaró administrativamente responsable a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar por la privación injusta de la libertadRadicación: 11001-03-15-000-2024-06495-01 Accionante: Henry Antonio Ayala Segura Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Referencia: Acción de tutela (Segunda Instancia)

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del señor Henry Antonio Ayala Segura, condenando a dicha entidad al pago de la correspondiente indemnización por concepto de perjuicios. 10. Contra esta decisión, la parte demandada interpuso recurso de apelación. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca resolvió el recurso mediante sentencia del 29 de agosto de 2024, revocando la providencia de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda. 11. Fundamentó su decisión en que la acción penal contra el demandante culminó con la cesación del procedimiento debido a la imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia, lo que impedía aplicar un régimen de responsabilidad objetiva como lo hizo el a quo. Por el contrario, indicó que debía aplicarse un régimen subjetivo, ya que los hallazgos iniciales justificaban la vinculación del señor Ayala Segura y la imposición de la medida de aseguramiento, la cual cumplía con los requisitos del artículo 522 del Código Penal Militar, al estar sustentada en diversas declaraciones que sugerían su posible participación en el delito de peculado por apropiación, cometido en el marco de sus funciones y durante la atención de los hechos relacionados con el accidente de tránsito. Pretensiones 12. El accionante solicita lo siguiente (transcripción literal, con posibles errores incluidos): “Que se deje sin efectos la providencia cuestionada y en su lugar se ordene a la autoridad judicial tomar una nueva decisión de fondo que acceda a las pretensiones de la demanda, como mecanismo excepcional para salvaguardar derechos fundamentales vulnerados. (…) 1.Que se declare violado el derecho aludido

– IGUALDAD ANTE LA LEY – DEBIDO PROCESO y todo el concepto que ello enmarca toda vez que el juez de segunda instancia se apartó de los principios de apreciación y valoración racional de la prueba profiriendo un fallo contrario abiertamente sin duda alguna a lo demostrado según la prueba recaudada y aportada. 2.Que como consecuencia del anterior se tutele el derecho y se haga lo pertinente para salvaguardarlo dejando sin efecto el fallo de segunda instancia.” Fundamentos de la demanda de tutela 13. La parte accionante alegó la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, al considerar que el Tribunal no cumplió con los requisitos materiales, legales y constitucionales exigidos para proferir su decisión. Lo anterior, debido a que absolvió de responsabilidad administrativa a la entidad demandada, pese a que existía un acervo probatorio suficiente que demostraba lo contrario. Asimismo, el Tribunal omitió aplicar los criterios establecidos en el artículo 308 del Código de Procedimiento Penal (CPP) relativos a la necesidad yRadicación: 11001-03-15-000-2024-06495-01 Accionante: Henry Antonio Ayala Segura Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Referencia: Acción de tutela (Segunda Instancia)

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proporcionalidad de las medidas, análisis que tampoco fue efectuado por el Juzgado 158 de Instrucción Penal Militar (IPM) al momento de calificar el mérito sumarial, a pesar de que la Fiscalía 145 IPM resolvió la situación jurídica del señor Ayala Segura, quien podía comparecer mediante caución juratoria y diligencia compromisoria, sin necesidad de una medida privativa de la libertad. 14. Por otro lado, sostuvo que la acción de tutela cumple con los requisitos fijados por la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022, aclarando que no se pretende una corrección del fallo impugnado ni se está utilizando este mecanismo como una instancia adicional para reabrir debates probatorios o interpretativos ya resueltos por el juez natural. 15. En esa línea argumentativa, manifestó que la acción de tutela presenta elementos suficientes que evidencian una vulneración concreta de sus derechos fundamentales, cumpliendo con la carga argumentativa requerida para que el asunto sea estudiado de fondo. Indicó que los jueces competentes no abordaron los argumentos expuestos ni valoraron pruebas determinantes para esclarecer los hechos sometidos a su conocimiento. 16. Señaló que en el proceso penal militar seguido en su contra debió aplicarse la Ley 522 de 1999, vigente para la fecha de los hechos. No obstante, se desconocieron los principios que regulan la imposición de medidas de aseguramiento, ya que no se motivaron adecuadamente las razones por las cuales procedía la privación de la libertad, conforme a los requisitos establecidos en el artículo 308 del CPP. En su lugar, se basaron exclusivamente en la existencia de indicios graves de responsabilidad sustentados en los testimonios de otros policías que lo inculpaban, sin realizar un análisis riguroso sobre la necesidad y proporcionalidad de la medida. 17. Alegó que la ausencia de un estudio adecuado fue tan evidente que, finalmente, se le

de indicios graves de responsabilidad sustentados en los testimonios de otros policías que lo inculpaban, sin realizar un análisis riguroso sobre la necesidad y proporcionalidad de la medida. 17. Alegó que la ausencia de un estudio adecuado fue tan evidente que, finalmente, se le concedió la libertad por vencimiento de términos de manera oficiosa. En su criterio, dicha decisión pudo adoptarse desde el momento en que se resolvió su situación jurídica, evitando así la vulneración del derecho a la libertad. 18. En cuanto al material probatorio, destacó que no se demostró que las maletas hubiesen sido subidas al vehículo de la Policía de Carreteras bajo su mando, ni que estas contuviera un computador portátil. Por el contrario, afirmó que las declaraciones de los señores “Bolaños y Naranjo” fueron manipuladas para evadir sus propias responsabilidades en la investigación. Afirmó que esto podía constatarse con la declaración del ciudadano Javier Rojas Gutiérrez, quien aparece en una fotografía junto a las maletas que presuntamente desaparecieron en el lugar de los hechos. 19. Con fundamento en lo anterior, consideró indispensable valorar de manera detallada las declaraciones de los policiales AG Cabezas Segura Segundo Leonardo, AG Molina Álvarez Jesús Wilmar, SI Naranjo López Argelino y BolañosRadicación: 11001-03-15-000-2024-06495-01 Accionante: Henry Antonio Ayala Segura Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Referencia: Acción de tutela (Segunda Instancia)

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Agudelo Hugo Nelson, quienes estuvieron presentes al momento de los hechos y podrían aportar información clave sobre los elementos extraviados, permitiendo descartar su participación en el delito de peculado por apropiación. 20. Finalmente, sostuvo que el Tribunal debió analizar las declaraciones obrantes en el proceso penal y extraer de ellas cualquier elemento que comprometiera al señor Ayala Segura. A juicio del accionante, el Tribunal incurrió en error al justificar la legalidad de la medida de aseguramiento con fundamento en los artículos 522 y 529 del Código Penal Militar, sin realizar el estudio correspondiente al artículo 308 del CPP, norma que resultaba aplicable al caso concreto. Trámite de la demanda de tutela 21. Mediante auto del 28 de noviembre de 2024, se admitió la tutela, se ordenó notificar a la autoridad accionada y a los terceros con interés en las resultas del proceso. Asimismo, se requirió publicar la providencia en las páginas web de esta Corporación, de la Rama Judicial, del accionado y de las autoridades vinculadas. De último, ordenó al Juzgado Catorce Administrativo de Cali que remitiera el expediente 76001-33-33-014-2015-00220-00/01. Intervenciones 22. El Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de Cali dentro de su informe indicó que el accionante no está controvirtiendo las actuaciones surtidas en la primera instancia, por lo anterior esta Corporación es quien debe establecer de acuerdo con los criterios señalados por la Corte Constitucional si se da cumplimiento a los presupuestos generales y específicos para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. 23. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca2, el Ejército Nacional3, las señoras Dayana Andrea y Sadye Ayala Velandia4, el señor, el señor Luis Ayala Segura5 y las señoras Luz Mila Segura de Ayala6 y Magaly

contra providencia judicial. 23. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca2, el Ejército Nacional3, las señoras Dayana Andrea y Sadye Ayala Velandia4, el señor, el señor Luis Ayala Segura5 y las señoras Luz Mila Segura de Ayala6 y Magaly Ramírez Martínez7 no intervinieron. La sentencia de primera instancia 2 Se notificó el 2 de diciembre de 2024 a los correos electrónicos s01tadvalle@cendoj.ramajudicial.gov.co, s02tadvalle@cendoj.ramajudicial.gov.co, sgtadmincli@notificacionesrj.gov.co. Ver índice 7 de samai. 3 Se notificó el 2 de diciembre de 2024 al correo electrónico ceoju@buzonejercito.mil.co. Ver índice 7 de samai. 4 Se notificó el 9 de diciembre de 2024 al correo electrónico dayalaveland@uniminuto.edu.com, sadye200794@gmail.com, andresf.g08@hotmail.com. Ver índice 15 de Samai. 5 Se notificó el 9 de diciembre de 2024 al correo electrónico camaleonzc@gmail.com y andresf.g08@hotmail.com. Ver índice 15 de Samai. 6 Se notificó el 9 de diciembre de 2024 al correo electrónico luzmila190752@gmail.com y andresf.g08@hotmail.com. Ver índice 15 de Samai. 7 Se notificó el 9 de diciembre de 2024 al correo maggi.tyff@gmail.com y andresf.g08@hotmail.com. Ver índice 15 de Samai.Radicación: 11001-03-15-000-2024-06495-01 Accionante: Henry Antonio Ayala Segura Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Referencia: Acción de tutela (Segunda Instancia)

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24. Mediante sentencia del 31 de enero de 2025, la Subsección C – Sección Tercera del Consejo de Estado declaró improcedente el amparo constitucional invocado, por no satisfacer el requisito de relevancia constitucional. 25. Al respecto, consideró que para verificar si una solicitud de amparo tiene o no relevancia constitucional la Sala Plena del Consejo de Estado examina 2 elementos los cuales son que i) el actor cumpla con su carga argumentativa en la que justifique la relevancia constitucional porque no basta solo mencionar los derechos vulnerados y ii) que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional al proceso ordinario. Además, hizo mención a la sentencia SU-215 de 2022. 26. En ese sentido, puso de presente que si bien la parte accionante adujo que el Tribunal accionado no estudió de manera correcta los medios probatorios que obran en el expediente y no se justificó de manera adecuada la medida de aseguramiento de acuerdo con los presupuestos fijados en el artículo 308 del CPP. No obstante, tales argumentos no satisfacen el requisito de relevancia constitucional, ya que no fueron debidamente justificados y se trata de revivir el análisis jurídico efectuado por el juez natural. 27. Así las cosas, explicó el accionado sí analizó los requisitos legales vigentes para imponer la medida de aseguramiento y al momento de ocurrir la privación de la libertad existían elementos materiales probatorios que permitían dar cuenta de que existía un indicio grave en contra del procesado, pese a que después el testimonio en el que se sustentó la detención fue desvirtuado. 28.

Por lo anterior, concluyó que resulta claro que la acción de tutela se presentó como una instancia adicional con base en argumentos que ya fueron analizados por el juez natural de la causa. De otra parte, indicó que si bien el accionante hizo referencia a numerosos medios de prueba que acreditaban su inocencia, tal argumento no estaba debidamente justificado desde una perspectiva constitucional, pues se trata de un estudio propio del proceso penal militar y no del medio de control de reparación directa. Lo que demuestra que no basta con manifestar inconformidades respecto de diferentes decisiones judiciales objeto de censura, porque la discusión se restringe a asuntos de mera legalidad que no trascienden al plano constitucional. La impugnación 29. Contra la decisión precitada la parte accionante presentó escrito de impugnación, en el transcribió los mismos argumentos de la solicitud de amparo en diferente orden. II. C O N S I D E R A C I O N E S 30. La Subsección confirmará el fallo impugnado, porque considera que la acción de tutela carece de relevancia constitucional.Radicación: 11001-03-15-000-2024-06495-01 Accionante: Henry Antonio Ayala Segura Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Referencia: Acción de tutela (Segunda Instancia)

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31. Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido que el requisito de la relevancia constitucional tiene por lo menos tres finalidades: a) proteger la autonomía e independencia judicial y evitar que el juez de tutela invada la órbita de competencia del juez natural de la causa; b) restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten derechos fundamentales e c) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces8. 32. Por su parte, la Sala Plena del Consejo de Estado ha sostenido que para establecer si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia constitucional es necesario examinar dos elementos, a saber9: i) Que el actor cumpla su carga argumentativa de justificar suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales, pues no basta aducir la vulneración de estos derechos y ii) que la tutela no constituya una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, dado que este mecanismo especial constitucional está constituido para proteger derechos fundamentales y no discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. 33. En el caso bajo estudio, lo primero que advierte la Sala es que tanto en la impugnación como en la solicitud de amparo, se evidencia que sus pretensiones y fundamentos están inequívocamente dirigidos a cuestionar la valoración que efectuó el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca dentro del proceso de reparación directa identificado con número de radicado 76001-33-33-014-2015-00220-01, promovido en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional. 34. En el escrito de tutela, la parte actora hizo referencia a que i) se debía aplicar la Ley 522 de 1999 vigente para la fecha de los hechos para la imposición de la medida de aseguramiento; ii) no se demostró que

de Defensa – Ejército Nacional. 34. En el escrito de tutela, la parte actora hizo referencia a que i) se debía aplicar la Ley 522 de 1999 vigente para la fecha de los hechos para la imposición de la medida de aseguramiento; ii) no se demostró que el vehículo de policía de carreteras que comandaba fueron subidas la maletas o que en alguna de estas estuviera guardado un computador y iii) se debía analizar de manera más precisa las declaraciones de los policiales “AG CABEZAS SEGURA SEGUNDO LEONARDO, AG MOLINA ALVAREZ JESUS WILMAR, SI NARANJO LOPEZ ARGELINO, BOLAÑOS AGUDELO HUGO NELSON” puesto que estas personas se encontraban al momento de los hechos y podía indicar lo sucedido con las maletas y el respectivo computador. 35. La Sala advierte que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante providencia del 29 de agosto de 202410, abordó el estudio respectivo en los siguientes términos (transcripción literal): “(…) Debe precisar la Sala que, en el Código Penal Militar contenido en la ley 522 de 19992, no existe una norma especial en materia de responsabilidad 8 Corte Constitucional, Sentencia T–422 del 16 de octubre del 2018, M.P. Carlos Bernal Pulido. 9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado, radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

10 Ver índice 18 de Samai, expediente 76001-33-33-014-2015-00220-01.Radicación: 11001-03-15-000-2024-06495-01 Accionante: Henry Antonio Ayala Segura Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Referencia: Acción de tutela (Segunda Instancia)

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derivada de la privación injusta de la libertad de los miembros de la fuerza pública, sin embargo en su artículo 18 señala que para llenar sus vacíos debe acudirse al principio de integración normativa según el cual “ En aquellas materias que no se hallen expresamente reguladas, son aplicables las disposiciones de los códigos penal, procesal penal, civil, procesal civil y de otros ordenamientos, siempre que no se opongan a la naturaleza de este código”. Así pues, estima la Sala que en el presente caso resulta pertinente aplicar el artículo 68 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, por cuanto los hechos materia de demanda, ocurrieron en el año 2007, cuando ya había entrado en vigencia la Ley 906 de 2004, y la Ley 599 de 2000, los cuales no consagran una norma especial en materia de responsabilidad derivada de la privación injusta de la libertad, como en otrora lo establecía el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991. (…) 4. ANÁLISIS PROBATORIO Y RESOLUCIÓN DEL CASO En consideración a los argumentos de alzada presentados por la parte demandante, y teniendo en cuenta el marco normativo y jurisprudencial expuesto, deberá la Sala, inicialmente, determinar si para el decreto de la medida cautelar impuesta al actor, se analizaron los requisitos previstos el artículo 522 de la Ley 522 de 1999, que exigen como presupuesto la existencia de por lo menos un indicio grave contra el procesado, que se deduzca de las pruebas legalmente allegadas al proceso, de conformidad con los requisitos consagrados en el artículo 529 ibídem. Por lo anterior, la Sala analizará los hechos jurídicamente relevantes que están acreditados en el proceso y, luego, se abordará el estudio de los presupuestos de responsabilidad antes mencionados. (…) - DE LA LEGALIDAD DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO En aplicación del precedente jurisprudencial

la Sala analizará los hechos jurídicamente relevantes que están acreditados en el proceso y, luego, se abordará el estudio de los presupuestos de responsabilidad antes mencionados. (…) - DE LA LEGALIDAD DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO En aplicación del precedente jurisprudencial vigente, se tiene claro que, la antijuridicidad del daño -entendido como la privación de la libertad – depende de la legalidad de la medida de aseguramiento restrictiva de la libertad. En este contexto, si esa decisión preventiva cumplió con los requisitos normativos para su adopción, el daño que de allí resulte será jurídico; es decir, deberá ser soportado por el administrado; contrario a ello, si esa decisión desconoce los cánones legales, generará un daño antijurídico susceptible de ser indemnizado si resulta ser imputable al Estado. De igual forma, se tiene claro que, dependiendo de lo que resulte probado en el proceso, es posible que se dé la configuración de un daño especial, anormal y grave que pueda igualmente tornar antijuridico el daño padecido, a pesar de que la medida de aseguramiento impuesta goce de plena legalidad9 ; de allí que, el juez tenga la posibilidad de hacer uso del principio iura novit curia para determinar, según lo probado, el título de imputación a emplear. Por lo expuesto, corresponde a la Sala definir, en principio, si la decisión que privó de la libertad al señor Henry Antonio Ayala Segura se apartó de los criterios que gobiernan la imposición de medidas preventivas, lo que permitirá concluir si la misma fue injusta.Radicación: 11001-03-15-000-2024-06495-01 Accionante: Henry Antonio Ayala Segura Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Referencia: Acción de tutela (Segunda Instancia)

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La Ley 522 de 1999 (Código Penal Militar), vigente para la época de los hechos, disponía que la medida cautelar de privación de la libertad, era procedente en los siguientes eventos: “ ARTÍCULO 522. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO Y REQUISITOS SUSTANCIALES. Son medidas de aseguramiento para los imputables, la conminación, la caución y la detención preventiva, las cuales se aplicarán cuando contra el procesado resultares (sic) por los menos un indicio grave de responsabilidad con base en las pruebas legalmente producidas en el proceso.” “ARTÍCULO 529. DETENCIÓN PREVENTIVA. La detención preventiva procede en los siguientes casos: 1.- Cuando se proceda por delitos que tengan prevista pena de prisión cuyo mínimo sea o exceda de dos (2) años. 2.- Cuando se trate de delitos que atenten contra el servicio o la disciplina, cualquiera que sea la sanción privativa de la libertad. 3.- Cuando se hubiere realizado la captura en flagrancia por delito doloso o preterintencional que tenga prevista pena de prisión. 4.- Cuando el procesado, injustificadamente, se abstenga de otorgar caución prendaria o juratoria dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación del auto que la disponga, o del que resuelva el recurso de reposición, o cuando incumpla alguna de las obligaciones establecidas en el acta de caución, caso en el cual perderá también la caución prendaria que hubiere prestado…” De todo lo anterior, se establece que el Código Penal Militar vigente para la época de los hechos, establecía como requisito sustancial para la imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva, la existencia de por lo menos un indicio grave de responsabilidad con base en las pruebas legalmente producidas dentro del proceso, requisito que, a juicio de la Sala, estaba satisfecho en este caso. En efecto, se tiene que la

la imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva, la existencia de por lo menos un indicio grave de responsabilidad con base en las pruebas legalmente producidas dentro del proceso, requisito que, a juicio de la Sala, estaba satisfecho en este caso. En efecto, se tiene que la medida de aseguramiento impuesta por el Juzgado 158 de Instrucción Penal Militar al señor Henry Antonio Ayala Segura, cumplió con el requisito consagrado en el artículo 522 de la Ley 522 de 1999, toda vez que, se apoyó principalmente en la declaración del señor SI. ARGELINO NARANJO LÓPEZ, quien manifestó haber entregado al aquí demandante las cuatro maletas de las víctimas del accidente; así como en el testimonio del señor AG. SEGUNDO LEONARDO CABEZAS SEGURA, quien manifestó que el señor AYALA SEGURA lo llamó a su celular y le dijo que él tenía los computadores, información que fue corroborada por los señores CT. JHON FREDY SUAREZ GUERRERO, PT. EDWIN ERNESTO CAMARGO TIBADUIZA y PT. DANIEL GARCÍA GONZÁLEZ, quienes indicaron haber presenciado cuando el señor AYALA SEGURA al ser enfrentado por el AG.CABEZAS SEGURA, indicó que tenía conocimiento de dónde estaban los equipos, pero que, así lo retiraran de la Institución, no iba a decir cuál era su paradero. Ahora bien, encuentra la Sala que, con posterioridad a la imposición de la medida de aseguramiento, esto es, el 25 de agosto de 2008, se recibió declaración del señor AG. JAVIER ROJAS GUTIÉRREZ, quien manifestó

ser usuario de la vía, e informó que, él había llevado las dos maletas pequeñas hasta la patrulla comandada por el SI. NARANJO, a quien las entregó, declaración que sirvió de fundamento para que se pusiera en entredicho la declaración rendida por este último, y, en consecuencia, la Fiscalía Segunda ante el Tribunal Superior Militar, resolviera cesar el procedimiento adelantado contra el señor AYALA SEGURA.Radicación: 11001-03-15-000-2024-06495-01 Accionante: Henry Antonio Ayala Segura Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Referencia: Acción de tutela (Segunda Instancia)

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No obstante, en este punto, resalta la Sala que, debe tener en cuenta que ambas situaciones suceden en dos etapas procesales distintas, pues mientras la decisión sobre la medida de aseguramiento es adoptada en la etapa preliminar del proceso de forma cautelar, para lo cual se reitera, sólo se requiere de un indicio grave de responsabilidad, posteriormente, la decisión de acusar o no al imputado por parte de la Fiscalía, se adopta como mecanismo previo y necesario para dar paso al juicio oral, requiriéndose para ello que los elementos materiales probatorios permitan afirmar con probabilidad de verdad que el hecho punible existió y que el investigado fue responsable del mismo. Adicionalmente, debe señalar la Sala que, teniendo en cuenta que la acción penal adelantada contra el aquí demandante

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