CE - Sentencia 11001031500020240652401

Consejo de Estado

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Detalles

Título
CE - Sentencia 11001031500020240652401
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

Radicación: 11001-03-15-000-2024-06524-01

Demandante: Alimentos Saludables del Valle SAS

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá D.C., treinta (30) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2024-06524-01

Demandante: ALIMENTOS SALUDABLES DEL VALLE SAS

Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCION TERCERA, SUBSECCION

“B”

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el fin de demandar el acto administrativo que adjudicó un contrato en un proceso de selección por concurso de méritos. Ausencia del requisito de subsidiariedad

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación presentada por la sociedad accionante contra la sentencia de 7 de febrero de 2025, dictada por la Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado, en la que declaró la improcedencia de la solicitud por falta del requisito de relevancia constitucional.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

declaró la improcedencia de la solicitud por falta del requisito de relevancia constitucional.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 26 de noviembre de 2024, la sociedad Alimentos Saludables del Valle SAS, quien actúa a través de apoderado judicial, instauró acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

“PRIMERO: Tutelar los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia de quien represento, vulnerados por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado; como consecuencia de la materialización de los defectos sustantivo y desconocimiento del precedente judicial con que fue proferida la sentencia de fecha 17 de junio de 2024, en el asunto Nulidad y restablecimiento del derecho bajo el radicado, No. 52-001-2333-000-2020-01139-00.

SEGUNDA. Que como consecuencia de la anterior, se deje sin efecto el fallo de segunda instancia proferido el 17 de junio de 2024 por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado dentro del expediente 52001 -23-33-000-2020-0113901 (69809), por haber incurrido esta Subsección en vías de hecho por (i) por defecto sustantivo o material, al haber decidido con base en una interpretación errónea de la ley y el pliego de condiciones del proceso, ii) por falta de motivación y, iii) desconocimiento del precedente.

TERCERA. Que, como consecuencia de las anteriores declaraciones, y ante las

ley y el pliego de condiciones del proceso, ii) por falta de motivación y, iii) desconocimiento del precedente.

TERCERA. Que, como consecuencia de las anteriores declaraciones, y ante las evidentes vías de hecho en que incurrió la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, se ordene al accionado vuelva a estudiar y proferir sentencia de segunda instancia, teniendo en cuenta la salvaguarda constitucional.Radicación: 11001-03-15-000-2024-06524-01

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CUARTA. Ordene la vinculación a este trámite al Municipio de Pasto, por encontrarse interesado en los resultados de esta acción”.

2. Hechos

La sociedad accionante afirmó que el municipio de Pasto, a través de la oficina de contratación, adelantó el proceso de selección por concurso de méritos CM -2019009, cuya finalidad fue contratar la interventoría integral del contrato de operación del PAE-2019, mismo que le fue adjudicado a Alimentos Saludables del Valle SAS, mediante Resolución No. 027 de 7 de febrero de 2020.

Sostuvo que dicho acto de adjudicación fue demandado a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho por el proponente Germán Montenegro Fajardo Auditores & Asesores S.A.S, GMF, proceso que se tramitó en primera instancia ante el Tribunal Administrativo de Nariño , y en el cual Alimentos

control de nulidad y restablecimiento del derecho por el proponente Germán Montenegro Fajardo Auditores & Asesores S.A.S, GMF, proceso que se tramitó en primera instancia ante el Tribunal Administrativo de Nariño , y en el cual Alimentos Saludables del Valle SAS fue vinculada como litisconsorte necesario por haber sido adjudicataria del contrato.

Indicó que las pretensiones de la demanda fueron que “1.- se declare la nulidad del acto administrativo de adjudicación N.º 027 del 7 de febrero de 2020, emitido por la entidad demandada dentro del concurso de méritos CM -2019-009, por subvertir normas superiores en las que debía fundarse, al no haberle adjudi cado el correspondiente contrato de interventoría a GERMÁN MONTENEGRO FAJARDO AUDITORES & ASESORES S.A.S, a pesar de haber sido su oferta la más favorable para la Entidad, y 2.- Que en virtud de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, el Municipio de Pasto repare los perjuicios causados a mi Mandante, por el hecho irregular de no haberle adjudicado el contrato de interventoría PAE 2020 siendo que era la mejor propuesta, reconociéndole y pagándole a mi Representada el valor de la utilidad esperada (…)”.

Refirió que e l Tribunal Administrativo de Nariño , Sala Segunda de Decisión , por sentencia de 18 de octubre de 2022, decidió negar las pretensiones de la demanda y condenar en costas a la parte demandante, tras considerar que en el pliego de condiciones se definió con claridad que en las ofertas se debía incluir una persona para ocupar el cargo de director del proyecto con una dedicación del 100%, y por

y condenar en costas a la parte demandante, tras considerar que en el pliego de condiciones se definió con claridad que en las ofertas se debía incluir una persona para ocupar el cargo de director del proyecto con una dedicación del 100%, y por esta razón se estableció la causal de rechazo 16 “ cuando se compruebe que el equipo de trabajo propuesto por el oferente se encuentra comprometido y por lo tanto no cuenta con la disponibilidad de tiempo requerida ”, por lo que el municipio actuó en debida forma cuando rechazó la propuesta de la sociedad demandante, una vez constató que el director ofertado tenía un vínculo de contratación vigente con el departamento de Nariño, con ocasión de un contrato que estaba en ejecución a la fecha del vencimiento del plazo para presentar las ofertas.

Por último, a dujo que luego de que la parte demandante apelara esa decisión, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, en sentencia de 17 de junio de 2024, dispuso revocar el fallo de primera instancia y , en su lugar, accedió a las pretensiones de la demanda , tras considerar que la resolución demandada había sido expedida de manera irregular y con infracción del principio de selección objetiva, pues, consideró, el municipio no debió rechazar la propuesta de la sociedad demandante, pues no comprobó que se configuró la mencionada causal de rechazo, en tanto el profesional ofertado para el cargo de director , si bien tuvo una vinculación en otro contrato con el departamento de Nariño, esta finalizó para la fecha en la que se realizó la audiencia de adjudicación, por lo que las exigencias relacionadas con la disponibilidad de tiempo contenidas en el pliego no debían

una vinculación en otro contrato con el departamento de Nariño, esta finalizó para la fecha en la que se realizó la audiencia de adjudicación, por lo que las exigencias relacionadas con la disponibilidad de tiempo contenidas en el pliego no debían interpretarse en el sentido en el que se exigiera al equipo de trabajo contar con laRadicación: 11001-03-15-000-2024-06524-01

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3 referida disponibilidad al momento de la presentación de la oferta, sino al momento del inicio de la ejecución del contrato.

3. Fundamentos de la acción

A juicio de la sociedad actora, el fallo objetado incurre en i) desconocimiento del precedente judicial de la Sección Tercera del Consejo de Estado sobre la intangibilidad del pliego de condiciones, expuesto en las sentencias de 7 de diciembre de 2017 1 , 5 de marzo de 2020 2 , 14 de agosto de 2013 3 y 4 de mayo de 2011 4 , conforme con la cual este s ólo puede ser interpretado cuando tenga puntos oscuros, lo cual, alega, no sucedió en el caso, en el que la providencia cuestionada acogió una tesis expuesta en una sentencia de esa misma Sección de 24 de julio de 2013, según la cual “el pliego de condiciones, en su naturaleza de acto administrativo y como todo instrumento jurídico, puede ser objeto de interpretación”.

Sobre el particular, afirmó que el objeto de la litis en el proceso ordinario se centró

de 2013, según la cual “el pliego de condiciones, en su naturaleza de acto administrativo y como todo instrumento jurídico, puede ser objeto de interpretación”.

Sobre el particular, afirmó que el objeto de la litis en el proceso ordinario se centró en determinar si el rechazo de la oferta del proponente G MF Auditores y Asesores S.A.S fue legal , y s i a este le asistía el derecho a ser adjudicatario por haber presentado la mejor oferta , frente a lo que el juez de primera instancia “cuestionó que dentro de la propuesta del oferente GMF Auditores y Asesores, se ofertó a un profesional para acreditar el requisito del director de interventoría, REQUISITO que al momento de la presentación y cierre de la oferta no contaba con el 100% de disponibilidad para el proyecto, pues éste se encontraba vinculado en otro proyecto con una dedicación del 80%, aspecto que fue requerido en el pliego de condiciones, acto administrativo legal y vinculante, y que está claramente probado en la misma propuesta y el informe de evaluación preliminar ”, lo que, afirma, pasó por alto la autoridad judicial accionada.

Adujo que en el caso el pliego de condiciones no fue demandado, por lo que es legal y vinculante para la administración, los administrados “e incluso para la judicatura”, de m odo que su interpretación, aplicación e inaplicación debe supeditarse a las reglas previstas en este y en la ley.

Indicó que, en ese sentido , con fundamento en una sentencia que desconoce el precedente judicial sobre la materia, la autoridad accionada interpretó el pliego de condiciones, el cual era claro y no fue demandado en lo referente a la exigencia de disponibilidad del equipo de trabajo, desconociendo así su literalidad y derivando

precedente judicial sobre la materia, la autoridad accionada interpretó el pliego de condiciones, el cual era claro y no fue demandado en lo referente a la exigencia de disponibilidad del equipo de trabajo, desconociendo así su literalidad y derivando una regla inexistente, lo que vulneró al principio de igualdad.

Por otra parte, la accionante sostuvo que el fallo objetado incurre en ii) defecto sustantivo, por el desconocimiento del artículo 30, numeral 8, de la Ley 80 de 1993, según la cual una vez presentada la propuesta por el licitador esta es inmodificable, lo que i ncluye la prohibición de que, con posterioridad al cierre del proceso de selección, los proponentes no p uedan modificar, complementar o mejorar sus ofrecimientos, “regla prohibitiva que es desarrollo del principio de igualdad y legalidad”.

Finalmente, refirió que estas circunstancias configuran una iii) decisión sin motivación, en tanto en su sentir dicho “defecto se concreta con la indebida valoración de la prueba 5 dentro de la sentencia objetada que varió la evaluación de

1 Rad. 25000232600020070005901. 2 Rad. 25000232600020050109201. 3 Rad. 05001-23-31-000-1998-00833-01. 4 Rad. 25000-23-26-000-1997-03924-01 / 18293. 5 Sobre la indebida valoración de la prueba, el demandante indicó que “el razonamiento empleado para resolver el caso concreto deslegitima la providencia, puntualmente el referido a la doble carga que le asiste a quien acude a demandar laRadicación: 11001-03-15-000-2024-06524-01

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concreto deslegitima la providencia, puntualmente el referido a la doble carga que le asiste a quien acude a demandar laRadicación: 11001-03-15-000-2024-06524-01

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4 la propuesta de la demandante presentada en curso del proceso de selección de concurso de méritos, que como se expuso, no logró acreditar el requisito habilitante y por tanto no debía resultar adjudicatario, de modo que, NO LE ASISTE DERECHO a ser indemnizado”.

4. Oposición

4.1. Respuesta del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”

El ponente de la decisión objetada rindió informe en el que indicó que la providencia cuestionada y el expediente ordinario contienen los elementos necesarios para que el juez de tutela adopte su decisión.

4.2. Respuesta de la Secretaría de Educación Municipal de Pasto

El asesor jurídico de la secretaría rindió informe en que señaló que coadyuva las pretensiones de la sociedad accionante, por cuanto, considera, con la providencia cuestionada se vulneraron los derechos invocados.

Señaló que en el pliego de condiciones se estableció i) que el mismo debía ser interpretado como un todo; ii) que la administración podía verificar la información suministrada en las ofertas y en caso de inconsistencias, estas podían ser rechazadas; y, iii) se f ijaron l as condiciones del equipo de trabajo , incluida la

interpretado como un todo; ii) que la administración podía verificar la información suministrada en las ofertas y en caso de inconsistencias, estas podían ser rechazadas; y, iii) se f ijaron l as condiciones del equipo de trabajo , incluida la disponibilidad, como requisitos habilitantes, y que en respuesta a una observación al pliego se precisó que el director general de la propuesta debía contar con exclusividad para el proyecto.

Indicó que, en tal sentido, es claro que el GMF conocía de esa exigencia, así como de la causal de rechazo, por lo que la actuación de la administración se ajustó a la legalidad, pues ese requisito de disponibilidad debía acreditarse al culminar el término para presentación de ofertas, no en una fecha posterior, pues ello implicaba aceptar una mejora de la propuesta, lo que riñe con el principio de igualdad.

4.3. Respuesta del municipio de Pasto

El jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica del despacho del alcalde municipal rindió informe en el que manifestó coadyuvar las pretensiones de la acción, en tanto, señaló, se han afectado verdaderas garantías fundamentales al haber expedido la decisión objetada, pues en esta se configuran defectos sustanciales que ponen en riesgo la seguridad jurídica ante el claro desconocimiento del precedente judicial.

Afirmó que, en los hechos que originaron la controversia, dentro del pliego de condiciones se estableció claramente cual debía ser el cargo, el porcentaje de dedicación, el perfil y la acreditación de la experiencia espec ífica del equipo de trabajo que llevaría a cabo la supervisión del contrato de alimentación escolar PAE 2019, en el que se indicó que el Director General de Proyecto debía contar con

dedicación, el perfil y la acreditación de la experiencia espec ífica del equipo de trabajo que llevaría a cabo la supervisión del contrato de alimentación escolar PAE 2019, en el que se indicó que el Director General de Proyecto debía contar con 100% de disponibilidad, lo cual fue reafirmado en la respuesta que se brindó al señor Carlos Arturo Rodríguez Romero el 13 de enero de 2020, en donde se informó que “Efectivamente es necesario que la persona que sea postulado como parte del equipo de p rofesionales tenga disponibilidad del 100% de su tiempo ya que la actividad de interventoría que se pretende contratar por este concurso de méritos así́ lo exige, es decir que es una actividad que requiere de exclusividad”.

nulidad del acto de adjudicación, que es precisar que su propuesta era la mejor, circunstancia que no se cumple en este caso, toda vez que; al no haberse probado que la decisión de adjudicación se encontraba viciada de ilegalidad, no le era posible a la Sala analizar el derecho a ser indemnizado de quien demando”Radicación: 11001-03-15-000-2024-06524-01

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5 Sostuvo que, en ese sentido, si bien la jurisprudencia del Consejo de Estado establece que es dable realizar una interpretación de los pliego de condiciones de los procesos contractuales, esto se puede dar si y solo si el sentido gramatical del pliego no fuese claro o literal, y “para el caso sub examine es claro y se entiende

establece que es dable realizar una interpretación de los pliego de condiciones de los procesos contractuales, esto se puede dar si y solo si el sentido gramatical del pliego no fuese claro o literal, y “para el caso sub examine es claro y se entiende que al momento de presentación de las ofertas se debe contar con el personal con total disposición al proyecto situación presente en los otros oferentes y más aun teniendo conocimiento por parte del proponente que fue rechazado que después de que se le brind ó respuesta a sus observaciones por el pliego se le inform ó de primera mano que se debía contar con ese requisito situación que más adelante fue objeto de rechazo, situación que entiende que no acató sus propias observaciones y dudas que tenía sobre el pliego de condiciones , y lo que más se debe hacer hincapié, teniendo tiempo para subsanarlo y no lo realiz ó, situación que conlleva a contemplar su propia determinación de no cumplir con dicho requisito”.

4.4. Respuesta de la sociedad Germán Montenegro Fajardo Auditores y Asesores S.A.S.

El apoderado de la sociedad demandante en el proceso ordinario que originó la controversia, rindió informe en el que solicitó que se nieguen las pretensiones de la acción, por cuanto, sostuvo, la autoridad judicial accionada no incurrió en los defectos señalados por la sociedad accionante, pues no es cierto que se desconociera el principio de intangibilidad de los pliegos de condiciones, ya que lo que se cuestionó en el proceso ordinario no fue el contenido de los mismos, sino la indebida aplicación que de los mismos hizo la entidad, lo que determinó el rechazo irregular de su propuesta, que era la más favorable a la entidad.

Refirió que no es cierto que quien considere verse afectado por una decisión pública

indebida aplicación que de los mismos hizo la entidad, lo que determinó el rechazo irregular de su propuesta, que era la más favorable a la entidad.

Refirió que no es cierto que quien considere verse afectado por una decisión pública dentro de un proceso de contratación, específicamente con la adjudicación de un contrato, deba demandar los pliegos de condiciones, en razón a que la nulidad que se alega, al menos en el sumario en el que s e debatió la legalidad de los actos administrativos demandados en nulidad y restablecimiento del derecho, no fue respecto del contenido de los pliegos, sino de la decisión de adjudicación tomada por la administración municipal, toda vez que la irregularida d no se encontraba en los lineamientos de los pliegos de condiciones, sino en la aplicación errada que de ellos hizo el municipio de Pasto, al excluir a la sociedad GMF bajo un criterio contrario a la ley y a los mismos pliegos de condiciones.

Finalmente, arguyó que no puede pasarse por alto el hecho de que la ahora accionante no elevó ningún argumento en defensa de sus propios intereses dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, a pesar de habérsele otorgado las oportunidades procesales , pues n o actuó en primera instancia, tampoco lo hizo en segundo grado “y ahora, cuando existe un fallo judicial, debidamente sustentado, que no subvierte ningún precedente jurisprudencial y que no adolece de los defectos sustantivos y materiales alegados por la Accionante, ésta acude al trámite tutelar, como si fuera una tercera instancia, reclamando circunstancias que no tienen ninguna razón de ser y que eventualmente debió argumentarlas dentro del proceso judicial, como argumentos torales de su defensa,

ésta acude al trámite tutelar, como si fuera una tercera instancia, reclamando circunstancias que no tienen ninguna razón de ser y que eventualmente debió argumentarlas dentro del proceso judicial, como argumentos torales de su defensa, con base en las reclamaciones y fundamentos del escrito de demanda”.

5. Sentencia de tutela impugnada

La Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado, por medio de sentencia de 7 de febrero de 2025, resolvió:

“PRIMERO: RECONOCER COMO COADYUVANTE DE LA DEMANDANTE al municipio de Pasto.Radicación: 11001-03-15-000-2024-06524-01

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SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia.

TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. (…)”.

Sostuvo que la solicitud carece del requisito de relevancia constitucional, pues, indicó, los reproches formulados, más allá de dar cuenta de una discrepancia respecto a lo resuelto por el juez natural, no se perfilan como yerros con incidencia constitucional que demanden de la intervención del juez de tutela , ni están acompañados con una carga argumentativa que ilustre en forma clara su relevancia constitucional, y la intención de la sociedad actora es que se haga un nuevo estudio sobre la legalidad del acto administrativo de adjudicación, como si la tutela se tratara

acompañados con una carga argumentativa que ilustre en forma clara su relevancia constitucional, y la intención de la sociedad actora es que se haga un nuevo estudio sobre la legalidad del acto administrativo de adjudicación, como si la tutela se tratara de una tercera instancia del medio de control.

Posteriormente, adujo que la autoridad judicial accionada adoptó la decisión de segunda instancia que accedió a las pretensiones bajo la consideración de que “las exigencias relacionadas con la disponibilidad de tiempo contenidas en el pliego no debían interpretarse en el sentido en el que se exigiera al equipo de trabajo contar con la referida disponibilidad al momento de la presentación de la oferta, sino al momento del inicio de la ejecución del contrato”, ratio decidendi de la providencia, lo que descarta la relevancia constitucional del defecto por desconocimiento del precedente judicial, formulado por la sociedad accionante, pues, señala, la consideración de que el pliego de condiciones puede interpretarse es un obiter dictum, y en manera alguna es contraria a la tesis de intangibilidad que la accionante defiende.

Por otra parte, descartó la configuración de la alegada decisión sin motivación, pues, sostuvo, la accionante la sustenta en la certeza de una de las premisas de su defensa, y a partir de ello construye un argumento circular, esto es, da por sentado que la exigencia de disponibilidad del personal era un requisito no sólo habilitante, sino también ponderable; y sobre esa afirmación , que presenta como incontrovertible cuando se supone es un punto en controversia , cuestiona que se declarara la nulidad y el restablecimiento del derecho, “precisando que lo primero era inviable en tanto el acto de adjudicación se ajustó a la legalidad por reconocer

incontrovertible cuando se supone es un punto en controversia , cuestiona que se declarara la nulidad y el restablecimiento del derecho, “precisando que lo primero era inviable en tanto el acto de adjudicación se ajustó a la legalidad por reconocer la incontrovertible naturaleza habilitante del requisito; y como la propuesta se rechazó, no se podía decir que se est aba ante la oferta con más puntaje, pues no cumplir un requisito habilitante determinaba la disminución en la calificación”.

En cuanto al defecto sustantivo, sostuvo que carece de relevancia constitucional, en tanto i) no expone sustentación clara sobre la forma en que la providencia censurada afectó los derechos fundamentales de la sociedad actora, pues si bien fue vinculada como tercero con interés, en estricto sentido la parte vencida en el proceso fue el municipio de Pasto, a quien se dirigió la orden de restablecimiento del derecho, ii) la decisión judicial se adoptó el 17 de junio de 2024 y se supone que el contrato de interventoría finalizó en 2020, por lo que se intuye que ya incluso debió haberse liquidado , y iii) la declaratoria de nulidad se refirió sólo al acto administrativo de adjudicación y no incluyó al contrato.

Finalmente, llamó la atención sobre la desidia de la sociedad demandante en defender sus intereses ante el juez natural , pues, señaló, la vinculación al proceso ordinario como tercero con interés se hizo justamente para que ejerciera sus derechos de contradicción y defensa en una causa que eventualmente podía implicar una afectación, como la suspensión o declaratoria de nulidad del

ordinario como tercero con interés se hizo justamente para que ejerciera sus derechos de contradicción y defensa en una causa que eventualmente podía implicar una afectación, como la suspensión o declaratoria de nulidad del contrato,durante su ejecución , a pesar de lo cual guardó silencio y no contestó la demanda en el proceso ordinario, ni formuló ningún tipo de excepción respecto a las pretensiones de la sociedad GMF, y su única intervención en el proceso ordinario se dio en la etapa de alegatos de primera instancia, en la que señaló falenciasRadicación: 11001-03-15-000-2024-06524-01

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7 técnicas de la demanda, destacó que el rechazo de la oferta de GMF fue atribuible a su proceder y cuestionó la expectativa indemnizatoria del demandante.

6. Escrito de impugnación

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la sociedad accionante impugnó el fallo de 26 de noviembre de 2024, proferido por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “ A” y solicitó que se revocara, en escrito en el que sostuvo que la solicitud cuenta con total relevancia constitucional y cada tema abordado en esta se desarrolla de cara los defectos en que se sustenta la vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

en el que sostuvo que la solicitud cuenta con total relevancia constitucional y cada tema abordado en esta se desarrolla de cara los defectos en que se sustenta la vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

Agregó que, si bien el a quo calificó como novedoso el argumento conforme con el cual la controversia alrededor de la verificación de l requisito habilitante no fue puesto a consideración, ni analizado en la sentencia objetada, esto no es así, pues en la demanda se abordó como tema de prueba propuesto desde los hechos y sustentado probatoriamente con el acta de la audiencia de adjudicación, “tan es así que, el Tribunal Administrativo de Nariño si realizó un estudio al respecto”.

Sobre el particular, añadió que “ en segunda instancia yerra la judicatura en el análisis y alcance que le dio a la causal de rechazo y por conducto de ella al desconocimiento de la regla del pliego de condiciones respecto a la verificación del requisito habilitante. De este modo, infundada resulta la decisión que declaró la nulidad del acto administrativo”.

Por otra parte, sostuvo que el fallo objetado desconoce la buena fe y confianza legítima depositada por las personas que a la fecha de la convocatoria al proceso consultaron sobre la interpretación o entendimiento de la causal de rechazo , y que por tal motivo no se presentaron, o que de haberse presentado vaticinaban que no podrían cumplir con los requisitos del pliego de condiciones; “de ahí que sólo los oferentes que se presentaron conocían y tenían la regla clara para la participación, de suerte que el incumplimiento del requisito no puede servir de excusa y mucho menos de justificación para que a través de la decisión judicial se entienda cumplido

oferentes que se presentaron conocían y tenían la regla clara para la participación, de suerte que el incumplimiento del requisito no puede servir de excusa y mucho menos de justificación para que a través de la decisión judicial se entienda cumplido un requisito que a la fecha de la presentación de la oferta no reunió las condiciones exigidas en el pliego”.

Concluyó indicando que , en el caso , se debe determinar si el Consejo de Estado puede, vía interpretación, cambiar el pliego de condiciones “tal como se hizo en el caso concreto, pues, no puede perderse de vista que la regla que el pliego fijó es el sustento jurídico del acto administrativo que fue irregularmente revocado, situación que claramente reviste una gran relevancia constitucional, porque no existe ninguna decisión que así lo establezca, siendo importante que el Consejo de Estado fije un criterio frente el tema aquí develado”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente impugnación.Radicación: 11001-03-15-000-2024-06524-01

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