CE - Sentencia 11001031500020240654301

Consejo de Estado

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Detalles

Título
CE - Sentencia 11001031500020240654301
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá DC, 5 de mayo de 2025

Radicación: 11001-03-15-000-2024-06543-01

Accionante: Sofía Rodríguez Cordero

Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera , Subsección A Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Revoca improcedencia – niega

Síntesis del caso: La parte actora enjuició el auto mediante el cual la autoridad judicial demandada revocó una sanción impuesta a la directora técnica de Reparaciones de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas , en grado jurisdiccional de consulta de incidente de desacato.

De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver, en segunda instancia, la impugnación presentada por la parte actora contra la Sentencia de 7 de febrero de 2025, por la cual la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró improcedente la solicitud de amparo por falta de relevancia constitucional2.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Sentencia de primera instancia e

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Sentencia de primera instancia e impugnación.

1.1. Posición de la parte actora

1. El 28 de noviembre de 202 4, Sofía Rodríguez Cordero presentó una acción de tutela contra la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca , por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales de petición, igualdad, debido proceso, acceso a la administración de justicia , dignidad humana e “indemnización administrativa”, con ocasión del Auto de 25 de septiembre de 2024 , mediante el cual la autoridad judicial accionada revocó la sanción impuesta a la directora técnica de Reparaciones de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Victimas – UARIV en el trámite

1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de 2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación. 2 “PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia por lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.”Radicación: 11001-03-15-000-2024-06543-01

Accionante: Sofía Rodríguez Cordero Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia Decisión: Revoca y niega _____________________________________________________________________________________________________________

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Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia Decisión: Revoca y niega _____________________________________________________________________________________________________________

2 de 11 incidental de desacato, grado jurisdiccional de consulta, que se adelantó en el marco de la acción de tutela No. 11001-33-42-055-2024-00192-00/01.

2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se trascribe):

“1. Solicito se me tutelen los derechos fundamentales invocados y aquellos del mismo rango que encuentre violados.

2. Subsidiariamente solicito, ORDENASE al Despacho accionado que en un término no superior de cuarenta y ocho (48) horas a partir de la notificación del respectivo fallo, profiera una nueva decisión que DEJE SIN EFECTOS EL AUTO del 25/09/2024, con el cual, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca decidió REVOCAR la providencia del 19 de septiembre de 2024, proferida por el

Juzgado Cincuenta y Cinco Administrativo de Bogo tá, D.C; que sancionó de manera pecuniaria por desacato a la se ñora Lilia María Rodríg uez Albarracín, directora técnica de reparación de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas (UARIV). En su lugar, proferir una nueva orden, que declare que se incurrió en los defectos aludidos, y como consecuencia de ello la violación sistemática de los derechos fundamentales protegido por la primera instancia, porque de acuerdo con los hechos acontecidos fáctica, jurídica y

declare que se incurrió en los defectos aludidos, y como consecuencia de ello la violación sistemática de los derechos fundamentales protegido por la primera instancia, porque de acuerdo con los hechos acontecidos fáctica, jurídica y jurisprudencial no existe ninguna IMPOSIBILIDAD para la UARIV fijar un plazo aproximado, fecha cierta o razonable para la entrega de la indemnización administrativa. Adicionalmente, para que se contin úe con el procedimiento que regula el grado de consulta, esto es, determinar que el fallo de tutela de 28/06/2024 se encuentra cumplido o no; y verificar si la multa equivalente a dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes impuesta por el Juzgado 5 5 Administrativo el 19/09/2024, resulta proporcional o no, de conformidad con los parámetros establecidos jurisprudencialmente por la Corte Constitucional”.

3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos,

fueron identificados los siguientes:

4. 1) Sofía Rodríguez Cordero presentó una acción de tutela 3 contra la UARIV, con el objetivo de que le dieran respuesta de fondo a la petición de 15 de mayo de 2024, mediante la cual había solicitado el puntaje y turno asignado para el pago de la indemnización por desplazamiento forzado.

5. 2) De la anterior acción de tutela conoció el Juzgado 55

Administrativo de Bogotá , el cual , en Sentencia de 28 de junio de 2024, decidió tutelar el derecho reclamado y ordenó a la entidad accionada dar una respuesta a la mencionada petición dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo, en lo que no fuera materia de reserva legal.

decidió tutelar el derecho reclamado y ordenó a la entidad accionada dar una respuesta a la mencionada petición dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo, en lo que no fuera materia de reserva legal.

6. 3) El 12 de julio de 2024, la señora Rodríguez Cordero radicó incidente de des acato ante el incumplimiento de la orden judicial por parte de la

UARIV.

7. 4) En Auto de 19 de septiembre de 2024, el Juzgado 55 Administrativo de Bogotá decidió sancionar a la directora técnica de la UARIV , Lilia María Rodríguez Albarracín, con multa de 2 SMLMV, pues estimó que pese a haber

3 Rad. 11001-33-42-055-2024-00192-00.Radicación: 11001-03-15-000-2024-06543-01

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3 de 11 otorgado nueva respuesta a la incidentante el 16 de septiembre de 2024, no había dado cumplimiento a la solicitud consistente en indicarle fecha cierta o plazo aproximado en el que efectuaría al pago de la indemnización.

8. 5) La decisión anterior fue objeto de grado jurisdiccional de consulta ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, el cual, mediante providencia de 25 de septiembre de 2024, revocó la sanción impuesta.

ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, el cual, mediante providencia de 25 de septiembre de 2024, revocó la sanción impuesta.

9. El tribunal consideró que la autoridad accionada había dado respuesta a la petición mediante el Oficio No. 2024-1464675-110, en donde informó que esa entidad no otorgaba turnos para pagar la indemnización a las víctimas en vigencias posteriores, ya que esa medida de reparación se entregaba en el marco del sistema de priorización establecido en la Resolución 1049 de 2019.

10. Por lo expuesto, la entidad accionada concluyó que la respuesta brindada por la UARIV fue dictada en observancia de los procedimientos establecidos para el desembolso de la indemnización administrativa; pues, si el beneficiario no acreditaba alguno de los supuestos establecidos por la ley para la priorización , la información sobre la fecha en que se dispond ría el giro de los recursos dependía de ser seleccionado en la aplicación anual del método de priorización.

11. Como fundamento de la vulneración , la parte actora indicó que la decisión de 25 de septiembre de 2024, proferida por la autoridad judicial

accionada incurrió en los siguientes defectos:

12. Defecto orgánico, ya que el tribunal accionado se alejó de su deber funcional respecto del cumplimiento de la decisión proferida el 28 de junio de 2024 y desconoció el procedimiento y el debido proceso, al reabrir el debate relacionado con la comunicación del plazo con el que se cuenta para hacer efectivo el pago de la indemnización administrativa, a pesar de que el momento procesal ya había precluido, pues la UARIV tuvo la

debate relacionado con la comunicación del plazo con el que se cuenta para hacer efectivo el pago de la indemnización administrativa, a pesar de que el momento procesal ya había precluido, pues la UARIV tuvo la oportunidad de defenderse en el trámite de la acción de tutela.

13. Defecto sustantivo porque, a su juicio, el tribunal desconoció las reglas establecidas por los artículos 27 y 52 del decreto 2591 de 1991 , para dar trámite y cumplimiento al incidente de desacato, en tanto no dio tramite al cumplimiento, a pesar de las reiteradas solicitudes y la renuencia de la entidad.

14. Defecto fáctico, debido a que la autoridad judicial demandada se apoyó exclusivamente en las respuestas que emitió la UARIV y en las cuales se limitó a decir que el pago de la reparación se realizaría conforme alRadicación: 11001-03-15-000-2024-06543-01

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4 de 11 Método Técnico de Priorización , sin consideración a otro material probatorio. En ese sentido, afirmó que con la apertura y valoración de las respuestas y pruebas que aportó de forma extemporánea la UARIV dentro del incidente de desacato, donde manifestó la imposibilidad de cumplimiento, sin soporte alguno, reabrió un debate probato rio que ya había prescrito procesalmente, dentro de la acción de tutela.

15. La accionante también alegó la configuración de un defecto

cumplimiento, sin soporte alguno, reabrió un debate probato rio que ya había prescrito procesalmente, dentro de la acción de tutela.

15. La accionante también alegó la configuración de un defecto procedimental porque las razones que tuvo en cuenta el tribunal para revocar la sanción impuesta al funcionario responsable del cumplimiento, fueron sustentadas en consideraciones que no son propias del incidente de desacato, y sin tener en cuenta que la definición de una fecha probable no es, ni puede ser en manera alguna una decisión de imposible cumplimiento, pues la entidad está facultada para hacerlo de conformidad con las Resoluciones 1049 de 2019 y 582 de 2021 y, en todo caso, el escenario para discutir el acatamiento era el trámite del desacato, y no la consulta. Adujo que, el tribunal fue permisivo con la incidentada al omitir requerirla para que cumpliera.

16. Además, indicó que desatendió la jurisprudencia que reconoce como válida la asignación de un turno y una fecha aproximada para la indemnización administrativa4.

1.2. Sentencia de primera instancia e impugnación

17. Mediante Sentencia de 7 de febrero de 2025, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró la improcedencia de la acción por falta de relevancia constitucional . Advirtió que no se cumplió con dicho requisito porque las objeciones de la accionante respecto de la providencia censurada daban cuenta de una discrepancia valorativa, con la intención de que se surtiera una suerte de instancia adicional en la que se juzgaran las razones de la autoridad para revocar la sanción por desacato.

providencia censurada daban cuenta de una discrepancia valorativa, con la intención de que se surtiera una suerte de instancia adicional en la que se juzgaran las razones de la autoridad para revocar la sanción por desacato.

18. Agregó que existían suficientes elementos para concluir que el tribunal, lejos de reabrir el debate que se surtió en el trámite de la tutela , consideró la orden impartida en la Sentencia de 28 de junio de 2024 y revisó todo el material probatorio obrante en el proceso, pero hizo hincapié en las respuestas dadas por la UARIV a la accionante, especialmente la última de 8 de mayo de 2024 y, con base en ello, determinó que la misma se ajustaba al procedimiento establecido para la entrega de las indemnizaciones administrativas, contenido en la Resolución 1049 de 2019, relativo con el método técnico de priorización.

4 Corte Constitucional, Autos 2016 de 2017 y 331 de 2019.Radicación: 11001-03-15-000-2024-06543-01

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19. Así mismo, puso de presente que de la simple lectura de la Resolución 1049 de 2019, no se podía dar como cierta la obligación de fijar una fecha aproximada, cierta o razonable de pago a todos los actos administrativos que reconocieran el derecho a la medida indemnizatoria, y que, por ende,

1049 de 2019, no se podía dar como cierta la obligación de fijar una fecha aproximada, cierta o razonable de pago a todos los actos administrativos que reconocieran el derecho a la medida indemnizatoria, y que, por ende, esta era una afirmación que la actora realizó sin ningún tipo de soporte.

20. En concordancia con lo anterior, determinó que la decisión judicial tenía sustento en la resolución aludida y en los artículos 27 y 52 del Decreto 2591 de 1991, normas aplicables al asunto para determinar que la respuesta otorgada por la UARIV había sido d e fondo, y que lo pretendido era seguir con el mismo debate de manera indefinida.

21. Inconforme con el fallo de primera instancia la parte actora presentó escrito de impugnación en el que manifestó que el Consejo de Estado, presuntamente incurrió en prevaricato al no pronunciarse de fondo sobre los cuestionamientos realizados y desconocer el precedente vertical y horizontal decantados por la Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia y la misma corporación, sobre el cual se sustentó la procedencia de la acción de tutela y su relevancia constitucional.

22. Expuso que, la relevancia constitucional en el caso se encontraba acreditada, especialmente por la afectación directa a los derechos fundamentales enunciados, y mas aún porque la accionante es un sujeto de especial protección constitucional, por su condición de v íctima de desplazamiento forzado.

23. Indicó que, en atención a dicha situación el Consejo de Estado y el tribunal accionado debieron tener en cuenta las circunstancias especiales y no dar prioridad a una norma administrativa como lo es la Resolución 1049

desplazamiento forzado.

23. Indicó que, en atención a dicha situación el Consejo de Estado y el tribunal accionado debieron tener en cuenta las circunstancias especiales y no dar prioridad a una norma administrativa como lo es la Resolución 1049 de 2019, sobre los derechos humanos de la accionante. Así mismo, adujo que el método técnico de priorización imponía restricciones a la indemnización administrativa, que contradecían el principio de reparación integral y resultaba violatorio de los derechos fundamentales de las víctimas al debido proceso, igualdad, no discriminación ante la ley y dignidad humana.

24. Por otro lado, concluyó que la UARIV, el tribunal y el Consejo de Estado, desconocieron la jurisprudencia de la Corte Constitucional que ha indicado que las limitaciones presupuestales no pueden justificar la negación o desnaturalización de los derechos de las víctimas , y que es fundamental la definición de plazos razonables frente a su indemnización.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido: 2.1. Identificación de derechos y defectos. 2.2. Fijación de la controversia . 2.3

Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias proferidas en elRadicación: 11001-03-15-000-2024-06543-01

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6 de 11 trámite del incidente de desacato. 2.4. Verificación de defectos y/o afectación a derechos

Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia Decisión: Revoca y niega _____________________________________________________________________________________________________________

6 de 11 trámite del incidente de desacato. 2.4. Verificación de defectos y/o afectación a derechos fundamentales. 2.4. Conclusión.

2.1. Identificación de derechos y defectos

25. A pesar de que la parte actora señaló en su solicitud de amparo como violados varios derechos constitucionales, esta Sala detendrá su estudio en los derechos al debido proceso y acceso a la administración de justicia, comoquiera que la presunta vulneración de las garantías constitucionales se produjo con ocasión de unas actuaciones judiciales. En tal sentido, cobra relevancia estudiar si en el marco del proceso fueron lesionados estas garantías.

26. Por otra parte, en relación con los defectos invocados, la Sala ha de precisar que, si bien la parte accionante alegó varios defectos, lo cierto es que la argumentación de cada uno confluye en el aparente desconocimiento normativo y jurisprudencial y la indebida valoración de pruebas, razón por la cual se analizarán los reparos, únicamente, de cara a los defectos sustantivo y fáctico.

2.2. Fijación de la controversia

27. Determinar, una vez sean verificados los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales dictadas en el marco de los incidentes de desacato de tutela, si la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al proferir el Auto de 25 de septiembre de 2024 , incurrió en el defecto sustantivo, por el presunto

de los incidentes de desacato de tutela, si la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al proferir el Auto de 25 de septiembre de 2024 , incurrió en el defecto sustantivo, por el presunto desconocimiento de normas relativas a l trámite del incidente de desacato y su consulta, así como jurisprudencia constitucional sobre el pago de indemnizaciones administrativas. Igualmente, si incurrió en defecto fáctico al valorar unas respuestas y pruebas que aportó la UARIV dentro del incidente de desacato.

2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales proferidas en el trámite del incidente de desacato

28. La Corte Constitucional, mediante Sentencia SU -34 de 2018, expres ó que, para que la acción de tutela sea procedente cuando se está ante decisiones adoptadas en el trámite del incidente de desacato, se requería la superación de los siguientes requisitos: (1) que se acreditaran los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y se sustentara, por lo menos, la configuración de una de las causales específicas (defectos), (2) que la decisión adoptada en el trámite de desacato se encontrara ejecutoriada, es decir, que la acción de tutela era improcedente si se interponía antes de finalizado el trámite, y (3) que losRadicación: 11001-03-15-000-2024-06543-01

Accionante: Sofía Rodríguez Cordero Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia

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7 de 11 argumentos del promotor de la acción de tutela debían ser consistentes con lo planteado por él en el trámite del incidente de desacato.

29. La Sala advierte que esta acción de tutela es procedente en la medida en que (1) se cumplieron los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, pues: no existe recurso judicial idóneo y eficaz que permita a la parte accionante alegar los reparos planteados vía tutela y procurar la defensa de los derechos presuntamente vulnerados. Hubo un plazo razonable entre la fecha de notificación de la providencia enjuiciada5 y la de interposición de la presente acción de tutela (28/11/2024). No se enjuici ó un fallo de tutela , pues la controversia se relaciona con la decisión, en grado de consulta, de un incidente de desacato de tutela. Se identificaron de manera clara, detallada y comprensible los hechos y la vulneración derivada de ellos.

30. La controversia tiene relevancia constitucional por las siguientes razones: (1) conlleva una aparente afectación a derechos fundamentales, con ocasión al posibl e desconocimiento normativo y jurisprudencial y a la indebida valoración de pruebas; (2) no discute un tema simplemente económico o de legalidad, sino que, por el contrario, pretende cuestionar la falta en la que incurrieron las autoridades judiciales al no aplicar normas

indebida valoración de pruebas; (2) no discute un tema simplemente económico o de legalidad, sino que, por el contrario, pretende cuestionar la falta en la que incurrieron las autoridades judiciales al no aplicar normas y jurisprudencia de carácter constitucional; (3) no pretende reabrir un pleito ya zanjado o debatido, sino que por el contrario se busca evitar una afectación inminente ante el desconocimiento de garantías fundamentales con ocasión de la consulta de un incidente de desacato de tutela; (4) la providencia enjuiciada se encuentra ejecutoriada y (5) los argumentos de la parte actora fueron consistentes con los planteados en el trámite del incidente de desacato.

2.4. Verificación de defectos y/o vulneración a los derechos fundamentales alegados

31. La Sala revocará la decisión de primera instancia que declaró la improcedencia de la acción por falta del requisito de relevancia constitucional y, en su lugar, negará la solicitud de amparo, de conformidad con las razones que a continuación se exponen.

32. De acuerdo con lo establecido por la parte actora, se observa que la tutela presentada busc ó dejar sin efecto el auto mediante el cual la autoridad judicial demandada revocó una sanción por desacato frente a una sentencia de tutela que le ordenó a la UARIV la información de un plazo y orden aproximados para acceder al pago de la indemnización reconocida por el hecho victimizante del desplazamiento forzado. La parte

5 La notificación del Auto de 25 de septiembre de 2024 se realizó mediante el envío de mensaje de datos, el 26 de

y orden aproximados para acceder al pago de la indemnización reconocida por el hecho victimizante del desplazamiento forzado. La parte

5 La notificación del Auto de 25 de septiembre de 2024 se realizó mediante el envío de mensaje de datos, el 26 de septiembre de 2024.Radicación: 11001-03-15-000-2024-06543-01

Accionante: Sofía Rodríguez Cordero Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia Decisión: Revoca y niega _____________________________________________________________________________________________________________

8 de 11 actora reprochó que en dicha providencia no se tuvo en consideración que la UARIV no dio respuesta de fondo a la petición radicada ante esa misma entidad en lo relativo al turno asignado y plazo estimado para el pago de la indemnización por el hecho victimizante de desplazamiento forzado, y que este era posible de determinar, de conformidad con la Resolución No. 1049 de 2019 de la UARIV, con lo cual era exigible el cumplimiento del fallo de tutela de 28 de junio de 2024.

33. Al respecto, el juez constitucional de primera instancia , a pesar de declarar la improcedencia de la acción por falta del cumplimiento de l requisito de relevancia constitucional, esgrimió argumentos de fondo (se

trascribe):

“30. La lectura del auto acusado permite a la Sala advertir que el análisis allí realizado encuentra sustento, no solo en las competencias funcionales otorgadas a dicha autoridad, sino en un ejercicio judicial responsable apegado a los lineamientos de la sana crítica y la libre apreciación probatoria.

realizado encuentra sustento, no solo en las competencias funcionales otorgadas a dicha autoridad, sino en un ejercicio judicial responsable apegado a los lineamientos de la sana crítica y la libre apreciación probatoria.

31. En el mentado proveído, conforme la petición presentada por la accionante el 15 de mayo de 2024, el amparo concedido en la decisión de 28 de junio de 2024 y las pruebas arrimadas a lo largo del incidente de desacato; s e logró determinar que la orden a la que se alude se encuentra en la actualidad cumplida, toda vez que la directora técnica de reparaciones de la UARIV, mediante comunicación con radicado 2024 -1464675-110, dio respuesta a la petición presentada por la accionante, informando que esa entidad no otorga turnos para pagar la indemnización a las víctimas en vigencias posteriores, ya que esa medida de reparación se entrega en el marco del sistema de priorización establecido en la Resolución 1049 de 2019.

Del mismo modo, estimó que en esa respuesta la autoridad accionada también se refirió al caso particular de la accionante y le informó que el 25 de agosto de 2023 aplicó el método técnico de priorización, con el propósito de establecer el orden de entrega de la indemnización reconocida a su favor; sin embargo, de la aplicación del referido método, se concluyó que no era procedente materializar la entrega de la indemnización reconocida en la vigencia presupuestal del año 2023.

Así como le indicó que el 8 de mayo de 2024, se aplicó nuevamente el método técnico de priorización para determinar la viabilidad de realizar el pago a todas aquellas víctimas que no obtuvieron resultado favorable en las vigencias 2021,

Así como le indicó que el 8 de mayo de 2024, se aplicó nuevamente el método técnico de priorización para determinar la viabilidad de realizar el pago a todas aquellas víctimas que no obtuvieron resultado favorable en las vigencias 2021, 2022 y 2023, y que la entidad está identificando el universo de víctimas que obtuvieron resultado favorable para recibir el pago con cargo a la vigencia fiscal 2024. (…)

36. Para la Sala, esos elementos permiten concluir que el Tribunal, lejos de reabrir el debate que se surtió en el trámite de la tutela o hacer un estudio parcializado del asunto, consideró la orden impartida en el fallo de 28 de junio de 2024 y revisó todo el material probatorio obrante en el proceso, pero hizo hincapié en las respuestas dadas por la UARIV a la accionante, especialmente la última y, con base en ello determinó que la misma se ajustaba al procedimiento establecido para la entrega de las ind emnizaciones administrativas, contenido en la Resolución 1049 de 2019, relativo con el método técnico de priorización .

Esta posición que tiene respaldo jurisprudencial, así como asidero jurídico; pues ante la existencia de un procedimiento específico para el pago de la indemnización administrativa, dispuesto en la Resolución 1049 de 2019, es claro resulta necesario agotar el mismo con el fin de determinar para cada vigencia las víctimas que cumplan con los criterios de priorización y de esa manera otorgarles el pago, motivo por el cual no puede ser motivo de censuraRadicación: 11001-03-15-000-2024-06543-01

Accionante: Sofía Rodríguez Cordero Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A

Accionante: Sofía Rodríguez Cordero Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia Decisión: Revoca y niega _____________________________________________________________________________________________________________

9 de 11 constitucional el razonamiento de la autoridad judicial, y mucho menos puede dar lugar a señalarlo como violatorio de garantías ius fundamentales como el derecho a la igualdad, la petición o el debido proceso. (…)”.

34. La Sala co mparte el análisis efectuado en primera instancia en relación con la razonabilidad de la decisión adoptada por el tribunal, toda vez que esta se dictó de conformidad con la normativa aplicable al caso como lo es la Resolución 1049 de 2019, en lo relativo al método técnico de priorización y con observancia de la normatividad aplicable al trámite del incidente de desacato.

35. Para la Sala, es importante poner de presente que la Corte Constitucional, mediante Auto 206 de 2017, resolvió, entre otros6, ordenar al director de la UARIV que, en coordinación con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y el Departamento Nacional de Planeación, reglamentara el procedimiento que debían agotar las personas desplazadas para la obtención de la indemnización administrativa, con criterios puntuale

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