CE - Sentencia 11001031500020240656901

Consejo de Estado

Icono de documento PDFDescargar PDFDisponible

Detalles

Título
CE - Sentencia 11001031500020240656901
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., siete (7) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela Radicación: 11001-03-15-000-2024-06569-01

Accionante: Jorman Jair García Figueroa Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, y otro

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial. Caducidad reparación directa .

Conocimiento del daño. CONFIRMA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte accionante en contra de la sentencia del 12 de febrero de 2025 proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, a través de la cual negó el amparo solicitado.

ANTECEDENTES

El señor Jorman Jair García Figueroa, mediante apoderada, pretende que se protejan sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, así como el principio de favorabilidad , los cuales considera vulnerados por el Juzgado Cincuenta y Nueve Administrativo del Circuito de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,

administración de justicia, así como el principio de favorabilidad , los cuales considera vulnerados por el Juzgado Cincuenta y Nueve Administrativo del Circuito de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, con ocasión de l os autos del 11 de diciembre de 2023 y el 23 de mayo de 2024 proferidos, respectivamente, en el medio de control de reparación directa con radicado 11001-33-43-059-2023-00235-00/01.

HECHOS

La solicitud de tutela se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que el 5 de julio de 2023, junto con sus familiares, instauró demanda de reparación directa en contra de la Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Ejército Nacional, porRadicado: 11001 -03 -15 -000 -2024 -06569 -01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2

los perjuicios que le fueron causados debido a las lesiones que sufrió el 7 de junio de 2020 por herida de arma de fuego en la zona genital.

Que el 11 de diciembre de 2023 el Juzgado Cincuenta y Nueve Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá rechazó la demanda por caducidad del medio de control, por lo cual interpuso recurso de apelación.

Que el 23 de mayo de 2024 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, confirmó la decisión recurrida.

por lo cual interpuso recurso de apelación.

Que el 23 de mayo de 2024 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, confirmó la decisión recurrida.

Que el Juzgado referido incurrió en defecto fáctico porque aplicó taxativamente el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 sin valorar integral y objetivamente el acta de la Junta Médico Laboral de la Dirección de Sanidad del Ejército, la cual evidenciaba la causación de padecimientos que no fueron inmediatos al ataque subversivo del que fue víctima y la disminución de la capacidad laboral del 93 .30 %, por lo que debía contabilizar el término de caducidad desde ese momento, esto es, desde el 2 de agosto de 2022, cuando tuvo plena certeza de la configuración del daño.

Que se desconoció el precedente judicial de la Corte Constitucional, según el cual el inicio de dicho término debe contarse de acuerdo con el conocimiento del daño causado, por lo que tratándose de lesiones que se agravan con el tiempo o cuyas repercusiones se manifiestan posteriormente, la demanda no puede ser rechazada porque el conocimiento o manifestación de esos daños no concurra con su origen. En relación con la materia, aludió a las sentencias T-334 de 2018 y SU-659 de 2015.

Que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en defecto sustantivo por no haber acogido una interpretación sobre el término de caducidad del medio de control con un enfoque constitucional y teniendo en cuenta las circunstancias especiales del asunto, lo que les hubiera permitido evidenciar que, junto con su familia, estaba empeñado en la recuperación de su salud.

con un enfoque constitucional y teniendo en cuenta las circunstancias especiales del asunto, lo que les hubiera permitido evidenciar que, junto con su familia, estaba empeñado en la recuperación de su salud.

PRETENSIONES

Que se deje sin valor ni efecto los autos del 11 de diciembre de 2023 y del 23 de mayo de 2024 proferidos por el Juzgado Cincuenta y Nueve Administrativo de l Circuito de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, y se les ordene dar el trámite correspondiente a la demanda de reparación directa.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

El 13 de enero de 2025 el magistrado sustanciador de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado admitió la acción y vinculó a la Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Ejército Nacional y a los demandantes del medio de control de reparación directa como terceros con interés.Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2024 -06569 -01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3

POSICIÓN DE LOS ACCIONADOS

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, por conducto del magistrado ponente de la providencia cuestionada, expuso que la acción es improcedente porque i) no se configura un perjuicio irremediable que justifique la intervención del juez de tutela; ii) carece de relevancia constitucional; iii)

por conducto del magistrado ponente de la providencia cuestionada, expuso que la acción es improcedente porque i) no se configura un perjuicio irremediable que justifique la intervención del juez de tutela; ii) carece de relevancia constitucional; iii) no cumple con el requisito de inmediatez y iv) no se fundamentó en la vulneración de los derechos fundamentales, sino que se orientó a controvertir los argumentos que esgrimió en el auto del 23 de mayo de 2024, esto es, la legalidad de la decisión, con el fin de crear una tercera instancia del proceso ordinario. Por lo tanto, solicitó así declararlo.

El Juzgado Cincuenta y Nueve Administrativo de Bogotá, a través de su titular, afirmó que el hecho de que la decisión adoptada no se ajust ara al criterio de las partes no implicaba una vulneración de algún derecho fundamental, máxime cuando aquella se circunscribió a criterios de razonabilidad y a lo probado en el proceso y no incurrió en un defecto fáctico o sustantivo, sino que, por el contrario, garantizó al accionante todos los derechos que le asistían como sujeto procesal.

Que para la contabilización del término de caducidad tuvo en cuenta la fecha en que la víctima directa tuvo conocimiento del hecho dañoso, conforme a los pronunciamientos judiciales del Consejo de Estado.

Que no está demostrada la relevancia constitucional del asunto ni un perjuicio irremediable que pudiese ser evitado con la tutela. Pidió, en consecuencia, negar el amparo pedido.

POSICIÓN DE LOS VINCULADOS

El Ejército Nacional, por intermedio de apoderado, indicó que en las providencias

irremediable que pudiese ser evitado con la tutela. Pidió, en consecuencia, negar el amparo pedido.

POSICIÓN DE LOS VINCULADOS

El Ejército Nacional, por intermedio de apoderado, indicó que en las providencias discutidas se aplicó la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, por lo cual no existen fundamentos jurídicos validos que permitan cuestionar la legalidad o legitimidad de aquellas , lo que demuestra la falta de relevancia constitucional, máxime cuando lo pretendido es utilizar este mecanismo para reabrir el análisis jurídico efectuado por el juez natural en el proceso de reparación directa.

Que en casos como el presente la fecha de inicio del cómputo de la caducidad corresponde a aquella en que se produjo la lesión o el fallecimiento y no a cuando se identifica o determina la cuantía del daño, interpretación que está respaldada en diversos pronunciamientos y estudios constitucionales.

Que no se incurrió en los defectos sustantivo o fáctico, ya que se valoró en su totalidad la historia clínica de forma detallada, ni en desconocimiento del precedente judicial, pues la sentencia a la que aludió el actor tiene efectos inter partes.

Concluyó que el auto proferido no fue arbitrario ni caprichoso, así como tampoco carece de una motivación razonable que permita colegir que se vulneraron lasRadicado: 11001 -03 -15 -000 -2024 -06569 -01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4

garantías fundamentales reclamadas en protección, por lo cual solicitó declara r improcedente la acción.

Los demás vinculados guardaron silencio.

SENTENCIA IMPUGNADA

El 12 de febrero de 2025 la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado negó el amparo solicitado porque determinó que la autoridad judicial accionada de segunda instancia estableció que la calificación del porcentaje de invalidez constituía una valoración de la magnitud del daño y sus secuelas, pero no su concreción, por lo cual esa situación no podía modificar la contabilización del término de caducidad, lo que evidenciaba que la decisión fue adoptada acorde con el ordenamiento jurídico , la jurisprudencia aplicable del Consejo de Estado y la autonomía funcional.

IMPUGNACIÓN

El accionante impugnó la sentencia, para lo cual manifestó que se pasó por alto la posición reiterada del Consejo de Estado consistente en que el término de caducidad debe computarse desde que el afectado adquiere conocimiento cierto y real del daño, y que este puede no ser plenamente conocido por la víctima desde la ocurrencia de los hechos, especialmente tratándose de daños, cuya configuración depende de procesos posteriores de diagnóstico o evolución , como ocurre en los casos d e salud. Al respecto, ci tó la s providencias del 13 de junio de 2013, exp.

ocurrencia de los hechos, especialmente tratándose de daños, cuya configuración depende de procesos posteriores de diagnóstico o evolución , como ocurre en los casos d e salud. Al respecto, ci tó la s providencias del 13 de junio de 2013, exp. 07001-23-31-000-2001-01356-01 (25712) y del 12 de agosto de 2014, exp. 1800123-33-000-2013-00298-01.

Que la Corte Constitucional también ha sostenido que dicho término debe contabilizarse desde que la víctima adquiere certeza razonable de la existencia del daño, su alcance y el nexo causal con la conducta estatal, lo que conlleva la flexibilización del pl azo, acorde con la sentencia SU -659 de 2015 , y, además, ha sostenido que frente a la duda sobre el inicio del término , deben preferirse las interpretaciones que favorezcan el acceso a la administración de justicia, conforme con la sentencia C-091 de 2022.

Que debido a que su caso involucra heridas sufridas en combate con secuelas físicas y posibles daños colaterales que pudieron manifestarse progresivamente, el conocimiento cierto del daño no ocurrió con el hecho lesivo, sino que debía considerarse el momento en el que sus consecuencias fueron establecidas y comprendidas mediante diagnóstico médico , tratamiento, informes periciales y evolución, en atención al principio pro actione.

Que las lesiones no solo fueron devastadoras físicamente, sino que generaron implicaciones complejas desde el punto de vista psíquico, emocional, social y laboral que solo se concretaron con posterioridad a los hechos, por lo cual no podían

Que las lesiones no solo fueron devastadoras físicamente, sino que generaron implicaciones complejas desde el punto de vista psíquico, emocional, social y laboral que solo se concretaron con posterioridad a los hechos, por lo cual no podían ser completamente valoradas desde el momento mismo del hecho , sino hasta queRadicado: 11001 -03 -15 -000 -2024 -06569 -01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5

adquirieran dimensión definitiva y jurídica, lo cual ocurrió con la valoración de la Junta Médico Laboral, conforme al Decreto 1796 de 2000 , situación que no fue debidamente analizada, por lo que se incurrió en un defecto fáctico.

Que el término no podría contarse desde que sufrió las lesiones iniciales, ya que en ese momento no solo estaba en condiciones críticas, debido a la gravedad de sus heridas, sino que también estaba inconsciente y sometido a múltiples cirugías y tratamientos médicos intensivos, que le impedían conocer la verdadera dimensión del daño sufrido, por lo cual la decisión discutida contradice los principios de justicia material y razonabilidad procesal.

En consecuencia, solicitó revocar la decisión recurrida.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes temáticas: i) generalidades de la acción de tutel a; ii) procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales y iii) caso concreto.

Generalidades de la acción de tutela

temáticas: i) generalidades de la acción de tutel a; ii) procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales y iii) caso concreto.

Generalidades de la acción de tutela

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o particular y procederá cuando el afec tado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales

La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590/052. Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU128/21, estas se enlistaron así:

«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. El juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional, so pena de involucrarse en asuntos que corresponde d efinir a otras jurisdicciones. (...).

1 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.

involucrarse en asuntos que corresponde d efinir a otras jurisdicciones. (...).

1 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013. 2 M.P. Jaime Córdoba Triviño.Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2024 -06569 -01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable. (...)

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción de tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. (...)

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse que esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido posible.

f. Que no se trate de sentencias de tutela. (...)»

Ahora, para que proceda la tutela contra una decisión judicial esta tiene que haber incurrido en al menos una de las siguientes causales:

«a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que

Ahora, para que proceda la tutela contra una decisión judicial esta tiene que haber incurrido en al menos una de las siguientes causales:

«a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello. (…)

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. (…)

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela pr ocede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido

ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela pr ocede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2024 -06569 -01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7

  1. Violación directa de la Constitución.»3

En la misma línea, el Alto Tribunal Constitucional, en Sentencia SU -215 de 2022, enfatizó en el respeto que debe tenerse por los principios de autonomía e independencia judicial, la cosa juzgada y de la seguridad jurídica y expresó:

«… Basada en lo anterior, esta Corporación ha indicado que cuando la tutela se dirige en contra de las providencias de las altas cortes, como órganos de cierre, su examen sobre la procedencia de la tutela debe ser especialmente exigente pues la sustentación de tales requisitos requiere de una argumentación cualificada4.

(…) “el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”5. Esto implica que el juez de tutela debe restringir su análisis únicamente a los argumentos propuestos por el accionante, (…). Si el juez constata alguna irregularidad debe comprobar que sea grave y de una entidad tal

Esto implica que el juez de tutela debe restringir su análisis únicamente a los argumentos propuestos por el accionante, (…). Si el juez constata alguna irregularidad debe comprobar que sea grave y de una entidad tal que amerite la intervención urgente del juez de tutela6»

En ese orden de ideas, al juez constitucional le corresponde examinar las exigencias generales de procedibilidad cuando se discuten providencias judiciales y, de encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto de los señalados, si este es determinante en la decisión y si su gravedad es tal que habilite la intervención del juez constitucional.

Caso concreto

En síntesis, e l accionante impugnó la sentencia porque consider ó que las autoridades judiciales accionadas i) desconocieron las providencias del 13 de junio de 2013, exp. 07001 -23-31-000-2001-01356-01 (25712) , y del 12 de agosto de 2014, exp. 18001 -23-33-000-2013-00298-01, del Consejo de Estado y SU-659 de 2015, según las cuales la contabilización del término de caducidad debe efectuarse desde que el afectado tiene conocimiento cierto y real del daño, el cual no puede ser plenamente conocido desde el día de los hechos, especialmente cuando se trata de menoscabos a la salud; ii) no tuvieron en cuenta la flexibilización del término de caducidad, conforme a la sentencia C-091 de 2022 de la Corte Constitucional; y iii) incurrieron en un defecto fáctico, porque pasaron por alto que solo con ocasión de la calificación de la Junta Médico Laboral tuvo conocimiento cierto del daño , pues

incurrieron en un defecto fáctico, porque pasaron por alto que solo con ocasión de la calificación de la Junta Médico Laboral tuvo conocimiento cierto del daño , pues solo con ella se establecieron y comprendieron las consecuencias físicas, psíquicas, emocionales, sociales y laborales de las lesiones, máxime cuando al momento de los hechos estuvo inconsciente y fue sometido a múltiples intervenciones

3 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño. 4 Sentencia SU-074 de 2022. 5 Sentencia SU-074 de 2022. 6 Sentencia SU-072 de 2018.Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2024 -06569 -01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8

quirúrgicas y tratamientos médicos que le impidieron conocer la verdadera dimensión del daño.

En iguales términos que se concluyó en primera instancia, esta Subsección encuentra cumplidos los requisitos generales de procedencia de la acción, pues i) la acción goza de relevancia constitucional; ii) se agotaron todos los mecanismos judiciales; iii) se presentó con inmediatez , pues la providencia discutida fue notificada el 28 de mayo de 2024 y la acción se instauró el 28 de noviembre de ese año y; iv) se identificaron claramente los hechos generadores de la vulneración y los derechos transgredidos; v) no se alegó una irregularidad procesal alegada, por lo que no hay lugar a analizar si podría tener un efecto decisivo en la providencia y

año y; iv) se identificaron claramente los hechos generadores de la vulneración y los derechos transgredidos; v) no se alegó una irregularidad procesal alegada, por lo que no hay lugar a analizar si podría tener un efecto decisivo en la providencia y vi) no se trata de una sentencia de tutela.

Corresponde, entonces , analizar los reparos expuestos frente al auto del 23 de mayo de 2024 por ser en el que se puso fin al litigio. Sin embargo, debe precisarse que varios de los argumentos expuestos en la impugnación únicamente fueron planteados hasta ese momento procesal, lo que impide a esta Sala pronunciarse sobre el particular, pues ello implicaría desconocer el derecho de defensa de las autoridades judiciales accionadas, quienes no contaron con la oportunidad para expresar sus argumentos frente a aquellos.

En efecto, en el escrito inicial el accionante no alegó el desconocimiento de las providencias del 13 de junio de 2013, exp. 07001 -23-31-000-2001-01356-01 (25712), y del 12 de agosto de 2014, exp. 18001 -23-33-000-2013-00298-01, del Consejo de Estado y C -091 de 2022 de la Corte Constitucional ni tampoco adujo que estuvo inconsciente después de ocurrido el daño, por lo cual no se examinarán esos disensos.

Aclarado ello, se tiene que en la providencia discutida el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, concluyó que no era posible contabilizar el término de caducidad desde que la parte demandante conoció el porcentaje de pérdida de capacidad laboral, ya que esa calificación constituía la

Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, concluyó que no era posible contabilizar el término de caducidad desde que la parte demandante conoció el porcentaje de pérdida de capacidad laboral, ya que esa calificación constituía la valoración sobre la magnitud del daño y sus secuelas, mas no su concreción, la cual ocurrió apenas fue diagnosticado de su lesión en la zona genital y sus extremidades inferiores, ya que desde ese momento el afectado podía percibir el alcance de las lesiones y los posibles efectos.

Los razonamientos de la autoridad judicial permiten evidenciar que aquella sí valoró el dictamen de la Junta Médico Laboral del 2 de agosto de 2022, en el que se determinó que el señor Jorman Jair García Figueroa tuvo una pérdida de capacidad laboral del 93.30 %, pero , dentro del marco de su autonomía e independencia judicial y conforme a las reglas de la sana crítica, consideró que la caducidad no podía computarse desde ese momento, dado que aquel tuvo conocimiento de la materialización del daño apenas se diagnosticó la lesión.

En esta sede el actor insiste en que solo hasta que se le efectuó todo el tratamiento y se le calificó por dicha Junta fue que conoció la real magnitud del daño; sinRadicado: 11001 -03 -15 -000 -2024 -06569 -01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9

embargo, ese argumento fue debidamente analizado por la Subsección que conoció el asunto, sin que se observe que la conclusión a la que llegó sea arbitraria o

www.consejodeestado.gov.co 9

embargo, ese argumento fue debidamente analizado por la Subsección que conoció el asunto, sin que se observe que la conclusión a la que llegó sea arbitraria o caprichosa, sino que, por el contrario, estuvo fundamentada en las particularidades del asunto y las pruebas recaudadas , las cuales daban cuenta que una vez se realizó el diagnóstico la víctima directa ya tenía pleno conocimiento del daño.

Conclusión que, además, es acorde a la postura actual de la Sección Tercera del Consejo de Estado sobre la imposibilidad de tener la fecha de la calificación de pérdida de capacidad laboral como el inicio del término de caducidad, tesis que se reiteró en la sentencia del 29 de noviembre de 2019, exp. 54001 -23-31-000-200301282-02, la cual resulta plenamente aplicable al caso bajo análisis.

Por lo tanto, no se observa la configuración del defecto fáctico invocado, sino un mero desacuerdo del solicitante del amparo con la decisión adoptada en el proceso de reparación directa, lo cual no habilita la intervención excepcional del juez constitucional.

Tampoco se encuentra estructurado el desconocimiento del precedente judicial, con fundamento en la Sentencia SU-659 de 2015 proferida por la Corte Constitucional, puesto que, primero, el caso allí analizado no versa sobre los mismos supuestos fácticos a los de este as unto, en la medida que en esa ocasión se analizó una demanda de reparación directa, en la que se pretendió la declaratoria de responsabilidad estatal por los perjuicios causados por los delitos cometidos sobre

fácticos a los de este as unto, en la medida que en esa ocasión se analizó una demanda de reparación directa, en la que se pretendió la declaratoria de responsabilidad estatal por los perjuicios causados por los delitos cometidos sobre una menor de edad por una agente de la Policía Nacional, y, segundo, la Subsección aquí accionada sí tuvo en cuenta las circunstancias del caso, el momento en que se consolidó el daño y cuándo se tuvo conocimiento de este.

En consecuencia, se confirmará la sentencia recurrida, mediante la cual la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, negó el amparo solicitado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. CONFIRMAR la sentencia del 12 de febrero de 2025, mediante la cual la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, negó el amparo solicitado, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

Segundo. Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2024 -06569 -01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 10

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 10

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO Firmado electrónicamente

Consultar sobre este documento ...