CE - Sentencia 11001031500020240657301
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 11001031500020240657301
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., siete (7) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela Radicación: 11001-03-15-000-2024-06573-01
Accionante: Beatriz Elena Hernández Naranjo
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad
Tema: Tutela contra providencia judicial proferida dentro del proceso de reparación directa
Decisión: Revocar la decisión de primera instancia que declaró la improcedencia del mecanismo constitucional para, en su lugar, negar el amparo porque no se demostró el defecto deprecado
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
I. ASUNTO
1. La Subsección A, de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la impugnación formulada por la parte accionada contra la sentencia del 13 de febrero de 2025, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado mediante la cual declaró improcedente la acción de tutela por falta del requisito de relevancia constitucional.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos
2. La señora Beatriz Elena Hernández Naranjo junto con su grupo familiar en ejercicio del medio de control de reparación directa demandaron a la Nación –
constitucional.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos
2. La señora Beatriz Elena Hernández Naranjo junto con su grupo familiar en ejercicio del medio de control de reparación directa demandaron a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, para que se les declararan patrimonialmente responsables por los perjuicios derivados de la muerte de los señores John Faber Osorio Hernández y Wilder Osorio Hernández, como consecuencia de disparos propinados por el patrullero Rubén Darío Moreno Suarez con su arma de dotación oficial, el 26 de marzo de 2011, en el sector de la “Pola” del Municipio de Rionegro.
3. El proceso correspondió al Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Medellín, despacho judicial que, mediante sentencia del 29 de junio de 2016 resolvió acceder parcialmente a las súplicas de la demanda . Por lo tanto, ordenó el reconocimiento de los perjuicios morales y lucro cesante a favor de los familiares de las víctimas.
4. En sede de apelación, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad a través de la sentencia del 22 de mayo de 2024 revocó la anterior decisión y, en consecuencia , negó las súplicas de la demand a, al encontrarAcción De Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2024-06573-01
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2 demostrado que la conducta de las víctimas constituyó una amenaza ilegítima a la integridad y vida del patrullero Rubén Darío Moreno Suarez, quién para preservar su vida y repeler una amenaza hizo uso de su arma de dotación oficial de forma lícita, lo que provocó finalmente el desenlace fatal.
2.2. Fundamento jurídico
5. La parte actora señaló que en la providencia objeto de la acción de tutela se configuró un defecto fáctico por indebida valoración del material probatorio allegado al proceso, particularmente hizo referencia a las declaraciones «de quienes se encontraban en compañía de los fallecidos», lo que, a su juicio, permitía inferir que los policías actuaron en contravía de los deberes impuestos.
6. Por otra parte, manifestó que no se valoró el expediente disciplinario que, da cuenta de las sanciones que les fueron impuestas «a los policías que adelantaron el procedimiento policial».
7. Ahora bien, es menester señar que, si bien la parte actora alega qu e la decisión cuestionada adolece de un defecto sustantivo, lo cierto es que no argumentó de qu é manera la autoridad judicial accionada incurrió en tal defecto, por lo que de conocer de fondo el presente asunto la Sala se abstendrá de pronunciarse al respecto.
2.3. Pretensiones
8. Con fundamento en lo anterior, solicitó:
«(…)
por lo que de conocer de fondo el presente asunto la Sala se abstendrá de pronunciarse al respecto.
2.3. Pretensiones
8. Con fundamento en lo anterior, solicitó:
«(…) PRIMERO. Amparar los derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia y debido proceso, a la verdad justicia y reparación afectados de los tutelantes.
SEGUNDO. Que como consecuencia de lo anterior, ordene que el Tribunal Administrativo de Antioquia, dicte una nueva sentencia dentro del proceso administrativo medio de control de reparación directa, radicado con el número 05001 33 33 022 2016 00117 01; par a que, de acuerdo con su valoración, podamos satisfacer los derechos fundamentales lesionados.» (Sic)
2.4. Intervenciones
9. La acción de tutela de la referencia fue admitida por la Sección Primera del Consejo de mediante auto del 14 de enero de 2025 a través del cual ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad como accionado y al Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Medellín, a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional y a los señores Diego Osorio Hernández, Serafín de Jesús Hernández, Alba Nelly Naranjo, Oscar Montoya, José Luis Suárez Torres, Juliana Vanesa Gil Flórez y Elizabeth Gil Flórez, en calidad de terceros interesados en el resultado del proceso.
10. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad manifestó que la acción de tutela no cumple con los requisitos generales de procedencia, particularmente, el de inmediatez porque ha transcurrido más de 6Acción De Tutela
10. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad manifestó que la acción de tutela no cumple con los requisitos generales de procedencia, particularmente, el de inmediatez porque ha transcurrido más de 6Acción De Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2024-06573-01
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3 meses desde que se profirió la sentencia objeto de cuestionamiento en esta sede. Así como también, el de relevancia constitucional, toda vez qu e pretende es un a instancia adicional.
11. De otra parte, indicó que las pruebas aportadas al proceso fueron valoradas de manera conjunta, lo que conllevó a que la decisión fuera adversa a sus pretensiones, con fundamento en el ordenamiento jurídico y precedente jurisprudencial aplicable al asunto.
12. El Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional pidió que se declare improcedente el mecanismo constitucional por inexistencia de vulneración a los derechos fundamentales invocados en protección.
13. No se rindieron más informes.
2.5. Sentencia impugnada
14. La Sección Primera del Consejo de Estado mediante sentencia del 13 de febrero de 2025 declaró la improcedencia de la acción de tutela por falta del requisito de relevancia constitucional.
15. Al respecto, señaló que lo que se pretende con la solicitud de amparo es reabrir un debate que ya fue resuelto por el juez natural que se escapa de la órbita
requisito de relevancia constitucional.
15. Al respecto, señaló que lo que se pretende con la solicitud de amparo es reabrir un debate que ya fue resuelto por el juez natural que se escapa de la órbita del juez constitucional , pues , si bien la parte actora aleg ó la vulneración de los derechos fundamentales, lo cierto es que el criterio de la relevancia constitucional, no se determina con su mera enunciación, sino mediante la acreditación expresa y razonable de una presunta amenaza o vulneración de este, lo cual no aconteció en el caso sub examine.
2.6. Impugnación
16. La parte actora después de insistir en los argumento s expuestos en la demanda de tutela manifestó que el presente asunto es de relevancia constitucional porque la decisión objeto de cuestionamiento es violatorio de los derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia y debido proceso.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
17. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes.
3.2. Problema jurídico
18. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a determinar, inicialmente, si la presente acción de tutela supera el requisito general de relevancia constitucional. En caso afirmativo y previa la verificación de los demás requisitos generales de procedencia , deberá establecer la Sala si el TribunalAcción De Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2024-06573-01
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requisitos generales de procedencia , deberá establecer la Sala si el TribunalAcción De Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2024-06573-01
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4 Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad al proferir la sentencia del 22 de mayo de 2024 , vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y reparación integral, al incurrir en el defecto fáctico.
3.3. Procedencia de la acción de tutela
19. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015. Fue creada para proteger los derechos constitucionales fundamentales de las personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados por parte de las autoridades o por particulares en los casos expresamente señalados en el primer decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de otro medio de defensa judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede afirmar que aquella tiene el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a operar cuando no exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
20. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
20. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los valores, principios y derechos que la propia C onstitución establece, y en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia, es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando desborda los límites que la Carta le impone.
21. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración jurisprudencial, los requisito s generales y especiales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.
22. Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son:
(i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia
22. Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son:
(i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia constitucional; (ii) Que en el proceso se hayan agotado todos los medios de defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio irremediable; (iii) que la presentación de la ac ción cumpla con el requisito de inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechosAcción De Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2024-06573-01
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5 fundamentales de la parte actora.; (v) que se identifique la situación fáctica que devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias de tutela.
3.3.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia, que habilitan su interposición.
3.3.1.1. En efecto, esta Sala considera que los hechos que generaron la vulneración de sus derechos fundamentales se encuentran plenamente individualizados.
que habilitan su interposición.
3.3.1.1. En efecto, esta Sala considera que los hechos que generaron la vulneración de sus derechos fundamentales se encuentran plenamente individualizados.
3.3.1.2. Así mismo se advierte que la providencia objeto de tutela carece de recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional.
3.3.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo constitucional se dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues no han transcurrido más de 6 meses desde la notificación de la última providencia cuestionada , teniendo en cuenta que la decisión objeto de cuestionamiento en esta sede fue notificada el 27 de mayo de 2024, quedó ejecutoriada 4 de junio del mismo año y la acción de tutela se presentó 28 de noviembre de la misma anualidad.
3.3.1.4. Contrario a lo indicado en la primera instancia, el asunto a resolver sí es de marcada relevancia constitucional, en la medida que se centra en establecer una posible vulneración de los derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia y debido proceso consecuencia del defecto fáctico por indebida valoración del material probatorio allegado al proceso del cual podía se inferir que el daño era atribuible al Estado, particularmente hizo referencia a las declaraciones «de quienes se encontraban en compañía de los fallecidos », lo que, a su juicio, permitía inferir que los policías actuaron en contravía de los deberes impuestos . Además, que no se valoró el expediente disciplinario que, da cuenta de las sanciones que les fueron impuestas «a los policías que adelantaron el procedimiento policial».
Además, que no se valoró el expediente disciplinario que, da cuenta de las sanciones que les fueron impuestas «a los policías que adelantaron el procedimiento policial».
23. Sobre el particular, se advierte que la Corte Constitucional ha delineado un conjunto de reglas que dan a entender cuándo una controversia tiene relevancia constitucional. Así, en la sentencia SU 215 de 2022 determinó que se cumple con este requisito en los siguientes eventos: «(i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversi a no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acció n de tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales»1.
24. En ese sentido, para la Sala se encuentran acreditados los requisitos mencionados en precedencia, en la medida que se determinó el alcance de un posible vulneración de los derechos fundamentales de acceso a la administración
1 Corte Constitucional, sentencia SU 215 de 16 de junio de 2022, magistrada ponente: Natalia Ángel Cabo.Acción De Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2024-06573-01
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6 de justicia y debido proceso consecuencia del defecto fáctico; asimismo, se tiene que el presente asunto no se limita a un asunto meramente legal o de carácter económico y se justificó de manera razonable una posible afectación por omisión e indebida valoración del material probatorio.
25. Por lo anterior, se procederá a revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se realizará el estudio de fondo de la acción de tutela en cuestión, a efectos de identificar si se incurrió en la vulneración de los derechos fundamentales invocados.
26. Visto lo anterior, la Sala procede a resolver el fondo de la controversia.
3.4. El defecto fáctico como causal de procedibilidad de tutela contra providencia judicial
27. De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico se configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Sobre el particular la Corte Constitucional2 ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse:
a. Una dimensión negativa 3, que ocurre cuando el juez niega o valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración y sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente. Esta dimensión, compr ende las omisiones en la valoración de pruebas determinantes para identificar la
sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente. Esta dimensión, compr ende las omisiones en la valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez.
b. Una dimensión positiva 4, que se presenta generalmente cuando el juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar.
28. Ahora bien, en virtud del principio de autonomía judicial, la intervención del juez de tutela en relación con el manejo dado por el juez natural es, y debe ser, de
carácter extremadamente reducido, toda vez que:
«[…] las diferencias de valoración en la apreciación de las pruebas no constituyen defecto fáctico pues, si ante un evento determinado se presentan al juez dos interpretaciones de los hechos, diversas pero razonables, le corresponde determinar al funcionario, en el ámbito su especialidad, cuál resulta más convincente después de un análisis individual y conjunto de los elementos probatorios»5.
29. En ese sentido, no es procedente la acción constitucional cuando se encamina a obtener una nueva valoración de la actividad evaluativa realizada por el juez que ordinariamente conoce de un asunto.
3.4.1. Análisis de la presunta configuración del defecto fáctico
2 Véase: Corte Constitucional, sentencias SU -632 de 2017, SU-195 de 2012, T -143 de 2011, T-456 de 2010,
T-567 de 1998, T-456 de 2010, T-311 de 2009, entre otras. 3 Corte Constitucional, sentencia T-576 de 1993, magistrado ponente: Jorge Arango Mejía. 4 Corte Constitucional, sentencia T-538 de 1994, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz. 5 Corte Constitucional, sentencia SU-222 de 2016, magistrada ponente: María Victoria Calle Correa.Acción De Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2024-06573-01
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30. La parte accionante sostuvo que la decisión objeto de cuestionamiento adolece de un defecto fáctico por indebida valoración del material probatorio allegado al proceso, particularmente , hizo referencia a las declaraciones «de quienes se encontraban en compañía de los fallecidos», lo que, a su juicio, permitía inferir que los policías actuaron en contravía de los deberes impuestos.
31. Además, alega una omisión en la valoración del expediente disciplinario que da cuenta de las sanciones que les fueron impuestas «a los policías que adelantaron el procedimiento policial».
32. Sobre el particular, se observa que el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad a través de la sentencia del 22 de mayo de 2024 se
pronunció al respecto en los siguientes términos:
«(…) Observa esta Sala que tal como lo consideró el a -quo, las declaraciones de los
Sala Séptima de Oralidad a través de la sentencia del 22 de mayo de 2024 se pronunció al respecto en los siguientes términos:
«(…) Observa esta Sala que tal como lo consideró el a -quo, las declaraciones de los señores John Jairo Hernández Naranjo y John Mario Suarez Ocampo, varían en el relato de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos, y además que sus dichos resultan sospechosos al tener ambos relación de parentesco y cercanía con las víctimas. En contraste, los testimonios de las señoras Sonia Arbeláez y Lina Marcela Suarez Valencia resultan creíbles, en cuanto fueron testigos presenciales de la riña entre las víctimas y los miembros de la Policía Nacional, ya que fueron ellas quienes tuvieron el primer acercamiento con las víctimas, puesto que les negaron la entrada a una fiesta de 15 años, y fue la señora Lina Marcela Suarez quién al identificar a lo s señores Rubén Darío Moreno Suarez y Ramiro Martínez Capacho como miembros de la Policía Nacional, les solicitó su intervención ante la insistencia de los señores John Faber Osorio Hernández y Wilder Osorio Hernández, de ingresar al lugar pese a la negativa de las precitadas señoras.
De igual manera, al presenciar los hechos, las declarantes afirman haber visto que las víctimas sacaron una navaja e intentaron con dicho elemento agredir al patrullero Rubén Darío Moreno Suarez y al Subintendente Ramiro Martínez Capacho. (…) Considera esta Sala de Decisión, que en la valoración de los testimonios, el Juez de Primera Instancia se ajustó a un juicio razonable, puesto que las señoras Sonia Arbeláez y Lina Marcela Suarez fueron testigos directos, mientras que del
(…) Considera esta Sala de Decisión, que en la valoración de los testimonios, el Juez de Primera Instancia se ajustó a un juicio razonable, puesto que las señoras Sonia Arbeláez y Lina Marcela Suarez fueron testigos directos, mientras que del testimonio de los señores John Jairo Hernández Naranjo y John Mario Suarez Ocampo no se desprende que se encontraran en el mismo lugar cuando las víctimas se enfrentaron a los miembros de la Policía Nacional, y además en cuanto resulta cierta su falta de objetividad, la cual se deriva del lazo de consanguinidad entre estos y las víctimas, de igual manera no existe otra prueba que sustente la versión de que las víctimas no portaban una navaja. (…)
Debe anotarse que tal como lo indicó el Juez de Primera Instancia, en el presente no consta que en las declaraciones rendidas en el proceso penal y disciplinario, que los Policías se hayan presentado como miembros de la autoridad, tal como lo exige la Resolución 014 de 1990 de las Naciones Unidas, por el contrario lo que afirma una de las declarantes era que en el momento de los hechos, distinguió a uno de los Poli cías porque lo había visto en un local donde ella atendía en Marinilla, y que por ello le solicitó el favor de que intervini era, por el contrario la versión de los Policías implicados en los hechos, es que sí se identificaron como miembros de la Policía Nacional y solicitaron a las hoy víctimas y sus acompañantes calmar los ánimos.
De igual manera, se encuentra probado que las víctimas tenían en su poder armas blancas, y que al momento en el que los Policías de la SIJIN intervinieron, una deAcción De Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2024-06573-01
blancas, y que al momento en el que los Policías de la SIJIN intervinieron, una deAcción De Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2024-06573-01
Accionante: Beatriz Elena Hernández Naranjo
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8 las víctimas intentó herirlos con dicho objeto, a lo que los Policías respondieron con disparos al aire. Lo anterior, en tanto de la investigación adelantada por la Policía Judicial una vez se ocurrieron los hechos, consta que como elemento material probatorio recuperaron una “navaja, la cual era portada por el occiso John Faber Osorio Hernández, la cual era portada por este, en el Bolsillo delantero derecho de su pantalón”. (f. 65, C.1.)
Advierte esta Sala, que tal como se ha narrado, la causa de la muerte de los señores John Faber Osorio Hernández y Wilder Osorio Hernández por disparo de arma de fuego de dotación oficial, tiene su génesis en la persecución que las víctimas emprenden en contra del patrullero Rubén Darío Moreno Suarez, ambas víctimas con navajas y abalanzándose en contra del referido policía. Las circunstancias de modo en las que ocurrió la persecución también constan en el relato de las señoras Dori Mabel Garcés López, Sonia Arbeláez Aristizábal y Lina Marcela Suarez Valencia, el de los Policías implicados, incluso de los testigos de la parte actora, quienes rindieron entrevista al Investigador de la Fiscalía según consta a folios 481 a 496 del C.2), lo anterior quiere decir que contrario a lo
Marcela Suarez Valencia, el de los Policías implicados, incluso de los testigos de la parte actora, quienes rindieron entrevista al Investigador de la Fiscalía según consta a folios 481 a 496 del C.2), lo anterior quiere decir que contrario a lo percibido por el Juez de Primera Instancia, en el presente caso las dos víctimas persiguieron de forma amenazante al patrullero Rubén Darío, viéndose este abocado a realizar disparos en principio al aire y luego al piso, puesto que la intención de las víctimas en todo momento fue atacar con sus armas cortopunzantes al referido miembro de la Policía, sin que el uso de forma preventiva del arma de fuego por parte del Policía, les haya aplacado sus ímpetus amenazantes. (…) Lo que se advierte entonces en el presente caso es la ocurrencia de la culpa exclusiva de la víctima como causal eximente de responsabilidad, puesto que se encuentra probado que los Policías si bien eran miembros adscritos de la SIJIN, solicitaron apoyo a la central para que fuera enviada una patrulla de vigilancia, y que fueron las agresiones de las hoy víctimas quienes portaban armas blancas, las que desencaderon su muerte, ya que persistieron en sus amenazas en contra del patrullero Rubén Darío Moreno Su árez, quién finalmente en defensa propia hizo uso de su arma de dotación oficial.»
33. De las transcripciones relacionadas previamente se advierte que la autoridad judicial accionada sustentó la decisión en un análisis probatorio integral en consonancia con las reglas de la sana crítica , lo que le permitió concluir que en el presente asunto se debía revocar la decisión , para en su lugar , negar las
judicial accionada sustentó la decisión en un análisis probatorio integral en consonancia con las reglas de la sana crítica , lo que le permitió concluir que en el presente asunto se debía revocar la decisión , para en su lugar , negar las pretensiones de la demanda de reparación directa , al encontrar demostrado el eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima.
34. Lo anterior, teniendo en cuenta que, para el Tribunal la causa de la muerte de los señores John Faber Osorio Hernández y Wilder Osorio Hernández por disparo de arma de fuego de dotación oficial, tuvo su génesis en la persecución que las víctimas empre ndieron en contra del patrullero Rubén Darío Moreno Suarez, ambas víctimas con navajas y abalanzándose en contra del policía.
35. Al respecto, es de advertir que la decisión estuvo fundamentada en las pruebas efectivamente decretadas y practicadas incluso con algunas que echa de menos en la demanda de tutela, lo que le permitió inferir que se configuró la causal de eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima.
36. Por lo expuesto, se puede observar un análisis íntegro del material probatorio aportado al proceso a la luz de las reglas de la sana crítica, lo que le permitió concluir a la autoridad judicial accionada que se debían negar las pretensiones porque se acreditó el eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima, hecho que no puede ser calificado como violatorio de los derechos fundamentales, en respeto de los principios de autonomía e independencia judicial, y no se advierteAcción De Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2024-06573-01
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en respeto de los principios de autonomía e independencia judicial, y no se advierteAcción De Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2024-06573-01
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9 que el estudio realizado por la autoridad judicial sea contraevidente, arbitrario o caprichoso.
37. Así las cosas, se recuerda que el defecto fáctico se configura únicamente en los eventos en los que se advierta que la valoración de la prueba fue arbitraria o ir
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