CE - Sentencia 11001031500020240663801

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Título
CE - Sentencia 11001031500020240663801
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D. C., siete (7) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2024-06638-01

Accionante: Lina María Rondón Lizarazo Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre y otro

Temas: Impugnación. Tutela por acción u omisión de autoridad pública.

Derecho de petición. Debido proceso. Revoca.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. La Sala1 decide la impugnación presentada por Lina María Rondón Lizarazo contra la Sentencia de 21 de febrero de 2025 de la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante la cual declaró improcedente la acción de tutela presentada.

I. ANTECEDENTES

Solicitud de amparo

1. El 3 de diciembre de 2024, Lina María Rondón Lizarazo interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Sucre, la Procuraduría Provincial de Sincelejo y el Concejo Municipal de Morroa (Sucre), por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales de petición y debido proceso. La accionante sostuvo que el Tribunal Administrativo de Sucre anuló el acto administrativo mediante el cual

Sincelejo y el Concejo Municipal de Morroa (Sucre), por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales de petición y debido proceso. La accionante sostuvo que el Tribunal Administrativo de Sucre anuló el acto administrativo mediante el cual se designó a Yuranis Tovar Barragán como Personera municipal de Morroa - Sucre, y ella no ha sido nombrada en di cho cargo, a pesar de haberlo solicitado de forma expresa. Asimismo, señaló que ni el Concejo ni la Procuraduría han dado respuesta a sus peticiones. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó:

«1. Solicito al honorable Consejo de Estado ordenar la protección del derecho fundamental de las peticiones fechadas seis (6) y siete (7) de noviembre de 2024 al no haber sido resueltas o estar sin responder luego de pasados quince (15) días hábiles.

2. Solicito al honorable Consejo de Estado ordenar la protección del debido proceso en conexión con el derecho a peticionar en tanto a mí no se me notific ó de nada sobre la conformación de la lista de elegible que ordena el Tribunal Administrativo de Sucre adelante el concejo; pese a mis peticiones que fueron ignoradas en su totalidad donde pedí claramente transparencia en aras de un debido proceso administr ativo en la elección del personero municipal de Morroa (2024-2028)

1 De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No. 80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente para conocer del proceso de la referencia.Radicado: 11001-03-15-000-2024-06638-01

Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No. 80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente para conocer del proceso de la referencia.Radicado: 11001-03-15-000-2024-06638-01

Accionante: Lina María Rondón Lizarazo

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

3. A consecuencia de la violación del debido proceso de parte del Concejo Municipal de Morroa, y por tergiversar la orden judicial del Tribunal Administrativo de Sucre solicito se deje sin efecto la nueva elección para optar por el cargo de personero periodo 2024-2028 que hiciera dicho concejo para el mes de noviembre de 2024 donde de nuevo con violación al debido proceso administrativo se elige a la señora Yuranis Tovar Barragán como personera de Morroa, toda vez que a mí no se me notifico acerca de la lista de elegible ya que así fue ordenado por el tribunal sucreño, derecho este que me fue violado.

4. Dado a que se declara la nulidad del acto que elige a la señora Yuranis Tovar Barragán como Personera del Municipio de Morroa - Sucre para el periodo 2024-2028, contenido en el Acta No. 031 del 14 de mayo de 2024 corresponde ordenar al Tribunal Administrativo de Sucre aclarar su fallo el cual fue tergiversado incurriendo el concejo en una vía de hecho por mal interpretarlo nombrando de nuevo a la misma persona a la cual se le anulo la elección, sin convocar a un nuevo concurso público y de méritos.

en una vía de hecho por mal interpretarlo nombrando de nuevo a la misma persona a la cual se le anulo la elección, sin convocar a un nuevo concurso público y de méritos.

5. Si el Tribunal Administrativo de Sucre no responde o sigue sin responder a mis peticiones por ello solicito que sea el Concejo de Estado quien tome la rienda de la vulneración a mis derechos fundamentales al debido proceso y proceda a invalidar o DEJAR SIN EFECTO JURIDICO el acto por el cual se nombra de nuevo en el mes de noviembre de este año a la señora YURANIS TOVAR BARRAGAN ya que en ningún momento el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE ordena dar un plazo al concejo para subsanar los errores que comet ió el mismo concejo municipal de Morroa -Sucre.

Siendo que el concejo no es un órgano autorizado para interpretar la ley, pues quien debe aclarar es el mismo tribunal que profirió el fallo, por lo que el concejo incurre en una vía de hecho.

6. Al dejar sin efecto la elección que hace el concejo en el mes de noviembre de 2024, solicito se ordene se haga un nuevo concurso público y de méritos. Atendiendo también a la sentencia del Tribunal Administrativo que ordeno su anulación.»

2. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, fueron

identificados los siguientes:

3. Lina María Rondón Lizarazo participó en el concurso de méritos para elegir al personero de Morroa – Sucre 2024 – 2028, llevado a cabo por el Concejo Municipal.

Siendo elegida personera Yuranis Tovar Barragán.

4. El 27 de junio de 2024, Rosa Elena Ávila Zarza 2 presentó una demanda de

Siendo elegida personera Yuranis Tovar Barragán.

4. El 27 de junio de 2024, Rosa Elena Ávila Zarza 2 presentó una demanda de nulidad electoral frente a la elección de Yuranis Tovar Barragán como personera del mencionado municipio, para el periodo 2024 -2028. Esta demanda fue asignada al Tribunal Administrativo de Sucre, con radicado No. 70001-23-33-000-2024-0011000.

5. Mediante Sentencia de 25 de octubre de 2024 , el Tribunal Administrativo de Sucre declaró la nulidad de la elección de la señora Tovar Barragán, debido a que la elección no se basó en una lista de elegibles, lo cual e ra un requisito indispensable dentro del concurso de méritos3.

2 Una de las participantes dentro del concurso de méritos para elegir personero municipal 2024 – 2028 en Morroa – Sucre. 3 En la sentencia se expuso el desarrollo del concurso de méritos, dejando en evidencia que, conforme al procedimiento establecido, una vez aplicadas las pruebas, debía conformarse una lista de elegibles. No obstante, el Concejo Municipal procedió a posesionar directamente a la pers ona que obtuvo el mayor puntaje en el concurso (Yuranis Tovar Barragán) sin que previamente se hubiera conformado la referida lista de elegibles, requisito indispensable para garantizar la legalidad y transparencia del proceso.Radicado: 11001-03-15-000-2024-06638-01

Accionante: Lina María Rondón Lizarazo

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Accionante: Lina María Rondón Lizarazo

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6. El 6 de noviembre de 2024, Lina María Rondón Lizarazo presentó a través de correo electrónico un derecho de petición ante la Alcaldía y el Concejo Municipal en

el que solicitó:

«1. Con todo respeto le pido respetar la LISTA DE ELEGIBLES y considerarme a mí para ocupar el cargo de personera de Morroa, mientras se hace otro concurso ya que como saben el anterior fue anulado.

2. Si ustedes al violar la lista de elegibles entonces Le pido justificar por qué tienen que nombrar en el cargo de personero a otra persona que ni siquiera participo en el concurso y que no se lo merece. Solicito copia de tal apelación

3. Solicito notificarme si el concejo y la señora Barragán apelaron a tiempo la decisión que la perjudica. 4. Solicito notificar y motivar cualquiera que sea su decisión»

7. El 7 de noviembre de 2024 , la señora Rondón Lizarazo radicó un segundo derecho de petición en donde solicitó (1) al Concejo (i) copia de las hojas de vida para el nombramiento de la nueva personera, incluyendo la de Érica Patricia Ortega Barragán; (ii) copia del proceso de selección tras la nulidad de la elección de Yuranis Tovar Barragán; y (iii) copia del proceso de convocatoria y los medios utilizados .

Preguntó (i v) si Érica Patricia Ortega Barragán era familiar de Yuranis Tovar

Tovar Barragán; y (iii) copia del proceso de convocatoria y los medios utilizados . Preguntó (i v) si Érica Patricia Ortega Barragán era familiar de Yuranis Tovar Barragán y, de ser así, cuál era el grado de parentesco; y (v) cuántas personas se presentaron para el cargo después de la declaratoria de nulidad. (vi) Pidió que se remitiera el proceso a la Procuraduría para supervisión, así como (vii) la revocación del nombramiento de Érica Patricia Tovar por falta de objetividad y (viii) exhortó a los concejales a seguir la sentencia del Tribunal Administrativo de Sucre.

8. (2) A la Procuraduría Provincial de Sincelejo (i) investigar el grado de parentesco entre la personera entrante y la saliente; (ii) averiguar si la elección de Érica Patricia Ortega Barragán generó un conflicto de intereses; (iii) vigilar para que no se tergiverse la sentencia judicial relacionada con la elección de una nueva personera; y (iv) imponer una acción preventiva para que el Concejo Municipal de Morroa responda a la solicitud de manera adecuada y no evasiva . Aunado ello, mencionó que el Tribunal Administrativo de Sucre reconoc ió que la solicitante estaba en la lista de elegibles, pero no fue considerada por el concejo para el cargo de personera, sintiéndose ignorada. Expresó preocupación porque el concejo intentó hacer una nueva lista de elegibles para subsanar una nulidad. Aclaró que el tribunal anuló la elección de la señora Tovar Barragán y no ordenó su retorno al cargo, lo que implicaba que debía realizarse un nuevo concurso.

intentó hacer una nueva lista de elegibles para subsanar una nulidad. Aclaró que el tribunal anuló la elección de la señora Tovar Barragán y no ordenó su retorno al cargo, lo que implicaba que debía realizarse un nuevo concurso.

9. (3) Al Tribunal Administrativo de Sucre (i) aclarar su fall o y (ii) asegurar que dicha providencia no fuera ignorada ni malinterpretada por el Concejo Municipal de

Morroa.

10. Al momento de presentar la acción de tutela, manifestó que no había recibido ninguna respuesta.

11. Como fundamento de la vulneración, la parte actora afirmó que el Concejo Municipal de Morroa, la Procuraduría Provincial de Sincelejo y el TribunalRadicado: 11001-03-15-000-2024-06638-01

Accionante: Lina María Rondón Lizarazo

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Administrativo de Sucre vulneraron su derecho de petición al no responder las solicitudes que presentó el 6 y 7 de noviembre de 2024 . Señaló que se violó su derecho al debido proceso por parte del Concejo Municipal y el Tribunal Administrativo de Sucre, ya que la falta de respuesta y la no atención a las pretensiones planteadas en sus derechos de petición desatendió lo establecido en la Sentencia de 25 de octubre de 2024, Rad. 2024-00110-00.

Intervenciones

12. El Concejo Municipal de Morroa manifestó que respondió las peticiones al correo electrónico linamariarondonlizarzo@gmail.com4. Agregó que acató el fallo

Intervenciones

12. El Concejo Municipal de Morroa manifestó que respondió las peticiones al correo electrónico linamariarondonlizarzo@gmail.com4. Agregó que acató el fallo emitido dentro del proceso de nulidad electoral «y procedió adelantar la etapa fundamental respecto a la expedición del acto administrativo por medio de la cual se hace la publicación de la lista del concurso público y abierto de méritos para la elección de personero municipal de Morroa – Sucre, y se dictan otras disposiciones, la cual fue publicada a través de la resolución Nº 020 de fecha 21 de noviembre del año 2024 ». Indicó que d icho acto administrativo fue notificado a todos los interesados (incluso a la señora Rondón Lizarazo). Solicitó declarar im procedente la acción de tutela por no existir vulneración de los derechos de petición y debido proceso, y solicitó su desvinculación.

13. El Tribunal Administrativo de Sucre expresó que se oponía a la prosperidad de la acción de amparo, ya que conforme a la competencia establecida en el artículo 151 del CPACA, esa corporación declaró, mediante Sentencia de 30 de octubre de 2024, la nulidad del acto de elección de Yuranis Tovar Barragán como personera de Morroa (Sucre) para el periodo 2024 -2028. Manifestó que la competencia para conformar la lista de elegibles en el concurso de méritos para elegir al personero corresponde exclusivamente al concejo municipal. Además, indicó que el derecho de petición no e ra el mecanismo adecuado para pedir aclaraciones sobre decisiones judiciales, especialmente cuando quien lo solicita no hizo parte del proceso.

elegir al personero corresponde exclusivamente al concejo municipal. Además, indicó que el derecho de petición no e ra el mecanismo adecuado para pedir aclaraciones sobre decisiones judiciales, especialmente cuando quien lo solicita no hizo parte del proceso.

14. Rosa Elena Ávila Zarza adujo que participó en el concurso de méritos para la elección del personero municipal de Morroa, correspondiente al periodo 2024 –

2028. Señaló que actuó como demandante en la acción de nulidad electoral radicada bajo el No. 2024 -00110-00 y precisó que al haberse declarado la nulidad del acto administrativo que contenía dicha elección, también deben considerarse inválidos todos los actos desarrollados dentro del proceso de elección.

15. La Procuraduría Provincial de Sincelejo manifestó que no era responsable de la presunta vulneración de derechos alegada en la acción de tutela, ya que la competencia para llevar a cabo el concurso de méritos para la elección del personero de Morroa, para el periodo 2024 –2028, recaía en el concejo municipal.

Además, señaló que, en el marco de la acción preventiva con radicado P -20234 Anexó respuestas y prueba de su envío el 6 de diciembre de 2024 al correo electrónico linamariarondonlizarzo@gmail.comRadicado: 11001-03-15-000-2024-06638-01

Accionante: Lina María Rondón Lizarazo

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2974114, se realizó seguimiento al proceso de elección de los personeros en los

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2974114, se realizó seguimiento al proceso de elección de los personeros en los distintos municipios bajo su jurisdicción, incluyendo Morroa (Sucre). En ese contexto, se inició una actuación disciplinaria con radicaciones IUS E-2023-306998 e IUC D -2024-3456142, debido a presuntas irregularidades detectadas en aquel concurso de méritos.

16. Recalcó que la accionante presentó 2 escritos de queja, identificados con los radicados IUS-E-2024-685917 / IUC-D-2024-3874379 e IUS-E-2024-285969 / IUCD-2024-3639423, respectivamente. Indicó que dado que dichos asuntos se refieren al mismo objeto y a los mismos sujetos disciplinables involu crados en la actuación disciplinaria con radicado IUS-E-2023-306998 / IUC-D-2024-3456142, en aplicación del principio de economía procesal, ordenó su acumulación de oficio. Esta decisión fue adoptada mediante Autos de 14 y 28 de noviembre de 2024, los cuales fueron debidamente comunicados a la accionante, en su calidad de quejosa.

17. Finalmente, alegó su falta de legitimación por pasiva, ya que no e ra responsable de la presunta vulneración de derechos alegada en la acción e indicó que no se configuró violación o amenaza del derecho de petición, pues la accionante confundió la facultad de presentar quejas con el ejercicio del derecho fundamental de petición.

responsable de la presunta vulneración de derechos alegada en la acción e indicó que no se configuró violación o amenaza del derecho de petición, pues la accionante confundió la facultad de presentar quejas con el ejercicio del derecho fundamental de petición.

18. Yuranis Tovar Barragán explicó que participó en el concurso de méritos y fue elegida personera de Morroa, según el Acta No. 031 de 14 de mayo de 2024.

Sin embargo, su elección fue objeto de una demanda, y el Tribunal Administrativo de Sucre declaró su nulidad. En consecuencia, el Concejo Municipal de Morroa, mediante el Acta No. 021 de 21 de noviembre de 2024, elaboró una lista de elegibles de acuerdo con el concurso de méritos realizado, en la cual ella ocupó el primer lugar. Finalmente, como personera municipal, declaró que no reposa en su despacho «oficios, memoriales o derechos de peticiones radicados por la accionante para el seguimiento de las Garantías de sus Derechos Fundamentales, en el caso que nos atañe presentadas ante el Concejo Municipal de Morroa y otras entidades».

19. Las demás personas vinculadas como terceros , a pesar de haber sido notificados de la acción de tutela, guardaron silencio.

Sentencia impugnada

20. El 21 de febrero de 2025, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela.

21. De un lado, sostuvo que los reparos de la parte actora contra el Tribunal Administrativo de Sucre y el Concejo Mun icipal de Morroa estuvieron dirigidos a «censurar la conformación de la lista de elegibles que se dio con posterioridad a la

21. De un lado, sostuvo que los reparos de la parte actora contra el Tribunal Administrativo de Sucre y el Concejo Mun icipal de Morroa estuvieron dirigidos a «censurar la conformación de la lista de elegibles que se dio con posterioridad a la orden judicial emitida por el Tribunal, sumado a que Lina María Rondón Lizarazo no actuó de ninguna forma al interior de la nulidad electoral» punto sobre el cual (i) no se pronunció la Sentencia de 25 de octubre de 2024 y (ii) cursa una segundaRadicado: 11001-03-15-000-2024-06638-01

Accionante: Lina María Rondón Lizarazo

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co demanda de nulidad electoral cuya demandante fue la señora Rondón Lizarazo, la cual incluso se relaciona con la designación posterior de la señora Tovar Barragán (Rad. 70001-23-33-000-2024-00197-00).

22. Del otro, señaló que en el proceso quedó demostrado que, previa presentación de la acción de tutela, la Procuraduría Provincial de Sincelejo y el Concejo Municipal de Morroa dieron respuesta a las peticiones de 6 y 7 de noviembre de 2024. Frente a la petición ante el Tribunal, señaló que al tratarse del seguimiento de la sentencia de nulidad electoral, esta debe sujetarse a los términos y reglas propias del proceso judicial.

Impugnación

23. La accionante impugnó la decisión argumentando que las peticiones

seguimiento de la sentencia de nulidad electoral, esta debe sujetarse a los términos y reglas propias del proceso judicial.

Impugnación

23. La accionante impugnó la decisión argumentando que las peticiones presentadas los días 6 y 7 de noviembre de 2024 aún no han sido resueltas. En su escrito de impugnación reiteró los argumentos expuestos inicialmente en la acción de tutela.

II. CONSIDERACIONES

Problema jurídico

24. Corresponde a la Sala determinar, luego de verificados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, establecer si Tribunal Administrativo de Sucre, el Concejo Municipal de Morroa y la Procuraduría Provincial de Sincelejo vulneraron el derecho fundamental de petición y/o debido proceso de la señora Rondón Lizarazo.

Procedibilidad de la acción de tutela contra autoridad pública

25. La presente acción resulta procedente pues 1) se orientó a lograr el amparo de los derechos fundamentales de petición y debido proceso; 2) se tiene acreditada la legitimación, tanto por activa como por pasiva, puesto que la accionante es la titular de las garantías de constitucionales que se invocan como violadas y el Tribunal Administrativo de Sucre, el Concejo Municipal de Morroa y la Procuraduría Provincial de Sincelejo son las autoridades que presuntamente no contestaron sus peticiones; 3) no existe otro mecanismo judicial que permita a la parte actora procurar la defensa de sus derechos constitucionales; 4) hubo un plazo razonable en la presentación de la acción de tutela.

Análisis de la vulneración alegada

26. La Sala revocará la decisión de primera instancia emitida por la Subsección

en la presentación de la acción de tutela.

Análisis de la vulneración alegada

26. La Sala revocará la decisión de primera instancia emitida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las siguientes razones:

27. Frente al derecho fundamental de petición y en relación con las solicitudes presentadas ante el Concejo Municipal de Morroa, se encuentra acreditado en elRadicado: 11001-03-15-000-2024-06638-01

Accionante: Lina María Rondón Lizarazo

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co expediente que dichos requerimientos fueron resueltos durante el trámite de la primera instancia. En efecto, consta que la respuesta fue enviada el 7 de febrero de 2025 al correo electrónico linarondonlizarazo@gmail.com5. En ese orden , comoquiera que la acción de tutela fue presentada el 3 de diciembre de 2024, se configuró la carencia actual de objeto por hecho superado 6, toda vez que la autoridad accionada dio respuesta al derecho de petición antes de que el juez constitucional profiriera decisión de fondo sobre el asunto.

28. Por su parte , la Procuraduría Provincial de Sincelejo comunicó por correo electrónico a la accionante sobre la acumulación de quejas IUS-E-2024-685917

IUC-D-2024-3874379 e IUS-E-2023-306998 IUC-D-2024-2456142, ante la existencia de un proceso previo por las presuntas irregularidades en el concurso de méritos para elegir personero de Morroa – Sucre.

IUC-D-2024-3874379 e IUS-E-2023-306998 IUC-D-2024-2456142, ante la existencia de un proceso previo por las presuntas irregularidades en el concurso de méritos para elegir personero de Morroa – Sucre.

29. Aunado a ello, no puede perderse de vista que, con fundamento en la Resolución Interna No. 330 de 2021 , «[p] or la cual se establece el reglamento interno para el trámite del derecho de petición en la Procuraduría General de la Nación y se adoptan otras disposiciones», la queja de define como «[m]anifestación de protesta, censura, descontento o inconformidad que formula una persona en relación con una conducta que considera irregular de uno o varios servidores públicos o contratistas, en desarrollo de sus funciones y obligaciones contractuales»7. Dicho reglamento, da cuenta que la Procuraduría cuenta con un marco normativo claro para recibir y procesar las quejas, lo que garantiza un canal formal y reglado para que la ciudadanía pueda manifestar sus inconformidades frente a la actuación de los servidores públicos.

30. En ese orden de ideas , dado que el escrito presentado por Lina María Rondón Lizarazo no fue otra cosa que una queja y/o denuncia relativa a las presuntas irregularidades en el proceso de elección de personero municipal, ello no implica que deba darse inicio automático a una investigación disciplinaria, sino que habilita a dicha autoridad para evaluar su contenido, determinar si tiene mérito y, en caso afirmativo, decidir si procede iniciar las indagaciones preliminares que considere pertinentes8. En consecuencia, la queja debe ser tramitada y estudiada

habilita a dicha autoridad para evaluar su contenido, determinar si tiene mérito y, en caso afirmativo, decidir si procede iniciar las indagaciones preliminares que considere pertinentes8. En consecuencia, la queja debe ser tramitada y estudiada cuidadosamente, para determinar el inicio de una actuación disciplinaria. Llevando a concluir que la respuesta dada por la Procuraduría a la señora Rondón Lizarazo fue acorde con las competencias otorgadas por la ley a la entidad y con el procedimiento para tratar las mismas.

5 Correo electrónico indicado por la accionante para ser notificado de la respuesta al derecho de petición. 6 Sobre el concepto y categorías de la carencia actual de objeto puede consultarse: Corte Constitucional, Sentencia SU-522 de 2019. 7 Artículo 8. 8 Sobre el particular. Corte Constitucional, Sentencia C-430 de 1997: «no toda queja necesariamente origina una actuación disciplinaria, indagación preliminar o investigación, ya que desde el inicio puede descartarse si es descabellada o irrelevante. En este caso, no se considera como un requisito para iniciar una acción disciplinaria, lo que implica que el funcionario encargado del poder disciplinario no está obligado a ponerla inmediatamente en conocimiento del presunto infractor» .Radicado: 11001-03-15-000-2024-06638-01

Accionante: Lina María Rondón Lizarazo

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31. Por último, en lo que respecta a la solicitud presentada ante el Tribunal

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

31. Por último, en lo que respecta a la solicitud presentada ante el Tribunal Administrativo de Sucre, en el marco del proceso de nulidad electoral Rad. 7000123-33-000-2024-00110-00, debe indicarse que no se rige por las reglas del derecho de petición, sino por los lineamientos propios del proceso judicial. En ese sentido, la afirmación de la señora Rondón Lizarazo, según la cual el Tribunal presuntamente no ha dado respuesta a su solicitud, carece de fundamento, ya que dicha solicitud debe ser tramitada conforme a las reglas del proceso, resaltando que ella no es parte dentro del mismo9.

32. En otras palabras, no le asiste razón a la peticionaria, toda vez que la solicitud elevada ante el Tribunal Administrativo de Sucre se formuló en el marco de un proceso judicial, respecto del cual no ostenta la calidad de parte. Por tanto, dicha petición no se encuentra sujeta a las reglas de las actuaciones administrativas de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), sino a las disposiciones procesales que rigen el trámite del medio de control de nulidad electoral. En tal medida, no puede predicarse una vulneración por parte del despach o judicial, al haber actuado conforme a las competencias y procedimientos establecidos por la ley.

33. Ahora bien, esta Sala negará la acción de tutela respecto a la presunta vulneración del derecho al debido proceso , por cuanto no se advierte que dich a garantía constitucional haya sido afectada en relación con el ejercicio del derecho de petición. Del análisis efectuado se concluye que las entidades accionadas han

vulneración del derecho al debido proceso , por cuanto no se advierte que dich a garantía constitucional haya sido afectada en relación con el ejercicio del derecho de petición. Del análisis efectuado se concluye que las entidades accionadas han actuado conforme a sus competencias frente a las solicitudes presentadas por la señora Rondón Lizarazo. El hecho de que no se haya ac cedido a lo solicitado no constituye, por sí mismo, una vulneración de sus derechos fundamentales.

34. En efecto, del contenido de las solicitudes se infiere que la pretensión de fondo de la peticionaria era ser designada como personera Municipal de Morroa – Sucre. No obstante, es importante reiterar que las entidades no están obligadas a acceder favorablemente a lo solicitado. El núcleo esencial del derecho de petición consiste en: (i) brindar una respuesta de fondo, (ii) de manera clara y precisa, (iii) dentro de los términos legales, y (iv) comunicar oportunamente al peticionario 10. El cumplimiento de estas condiciones no implica una obligación de resolver positivamente la solicitud elevada.

35. En consecuencia, no se configura una vulneración del derecho de petición ni del debido proceso, toda vez que las autoridades competentes dieron respuesta

9 Así lo ha hecho ver esta corporación en decisiones anteriores en donde ha manifestado que las peticiones judiciales se tramitan por las reglas propias del proceso, así: «[L]a jurisprudencia constitucional ha insistido que las reglas del derecho fundamental de petición no son aplicables cuando se le solicita a un servidor judicial que cumpla sus funciones jurisdiccionales, ya que las peticiones sobre actuaciones judiciales se encuentran reguladas en procedimientos propios. Por

constitucional ha insistido que las reglas del derecho fundamental de petición no son aplicables cuando se le solicita a un servidor judicial que cumpla sus funciones jurisdiccionales, ya que las peticiones sobre actuaciones judiciales se encuentran reguladas en procedimientos propios. Por tanto, los memoriales y los recursos se rigen por los términos y etapas procesales previstos por el legislador, y en general, por las leyes procedimentales propias de cada mecanismo judicial. Esto significa que las peticiones y escritos que se interponen ante autoridades judiciales sobre aspectos relacionados con el litigio se regulan por las reglas propias de cada juicio. Por ende, las disposiciones que rigen el derecho de petición no son aplicables a las solicitudes que pretendan obtener pronunciamientos relacionados con procesos judiciales (…)» Consejo de Estado. Sección Cuarta. Rad. 11001-03-15-000-2020-04387-00. 10 Puede consultarse: Corte Constitucional. Sentencia T-095 de 2015.Radicado: 11001-03-15-000-2024-06638-01

Accionante: Lina María Rondón Lizarazo

9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (

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