CE - Sentencia 11001031500020240665301

Consejo de Estado

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Título
CE - Sentencia 11001031500020240665301
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06653-01

Demandantes: Luis Gerardo Giraldo Orozco y otros

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá D.C., treinta (30) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2024-06653-01

Demandantes: LUIS GERARDO GIRALDO OROZCO, MARÍA AURORA

GARZÓN DE GIRALDO Y REINEL GIRALDO GARZÓN

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAQUETÁ

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de reparación directa en el que se debatió los perjuicios por aspersión con glifosato.

Defecto fáctico, por desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación presentada por la parte accionante, quien actúa mediante apoderad a, contra la sentencia de 23 de enero de 2025, dictada por la Sección Primera del Consejo de Estado, en la que se declaró la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir

presentada por la parte accionante, quien actúa mediante apoderad a, contra la sentencia de 23 de enero de 2025, dictada por la Sección Primera del Consejo de Estado, en la que se declaró la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir con el requisito de la relevancia constitucional.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 3 de diciembre de 2024, los señores Luis Gerardo Giraldo Orozco, María Aurora Garzón de Giraldo y Reinel Giraldo Garzón , por conducto de apoderada judicial, instauraron acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Caquetá , por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia.

En consecuencia, formulan las siguientes pretensiones:

“PRIMERO: Tutelar los derechos fundamentales al debido proceso, derecho de contradicción, acceso a la administración de justicia y los demás derechos fundamentales que se consideren vulnerados extrapetita al estudio de la presente acción.

SEGUNDO: En consecuencia, ordenar al H. Tribunal Administrativo del Caquetá, valorar todas y cada una de las pruebas en todo su contexto y en forma íntegra, a efectos de establecer la responsabilidad de las demandadas, tal como se indicó en los hechos de la tutela.

TERCERO: Se tomen las medidas y ordenes que se consideren necesarias para que cese la vulneración de los derechos invocados.

CUARTO: Se ordene al H. Tribunal Administrativo del Caquetá sala segunda de decisión que, en un término de 48 horas, de cumplimiento al fallo de tutela”.

2. HechosRadicado: 11001-03-15-000-2024-06653-01

que, en un término de 48 horas, de cumplimiento al fallo de tutela”.

2. HechosRadicado: 11001-03-15-000-2024-06653-01

Demandantes: Luis Gerardo Giraldo Orozco y otros

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2 Los demandantes relataron que, en ejercicio del medio de control de reparación directa, presentaron demanda contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, con el fin de que se declarara la responsabilidad del Estado por los daños causados en la finca “El Paraíso”, ubicada en la vereda Las Acacias del municipio El Paujil, Caquetá, por la aspersión aérea con glifosato que afectó los “cultivos de café, yuca y plátano” que tenían en el predio en mención.

Afirmaron que el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Florencia en fallo de 31 de enero de 2020, accedió a las pretensiones de la demanda, “con fundamento en que se acredito el daño, esto es, la destrucción de los cultivos y el nexo de causalidad e imputabilidad, en consecuencia, condenó al pago de los perjuicios materiales causados (Daño emergente y lucro cesante)”.

Finalmente, manifestaron que contra la anterior decisión la parte demandada interpuso recurso de apelación. El Tribunal Administrativo del Caquetá mediante sentencia de 5 de junio de 2024 la revocó y, en su lugar, negó las pretensiones de

Finalmente, manifestaron que contra la anterior decisión la parte demandada interpuso recurso de apelación. El Tribunal Administrativo del Caquetá mediante sentencia de 5 de junio de 2024 la revocó y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda con fundamento en que no se acreditó que las aspersiones con glifosato se efectuaron cerca o sobre el predio de la parte actora, no se aportó prueba científica que demuestre que la destrucción de los cultivos fue como consecuencia de la aspersión con el mencionado químico y, finalmente, los testimonios no acreditan el daño, dado que sus declaraciones fueron muy generales.

2. Fundamentos de la acción

La parte actora se refir ió de manera general al cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y mencionó que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto fáctico, por la indebida valoración de las pruebas documentales, testimoniales y periciales, de las cuales se podía acreditar el daño.

Indicó que en oficio No. 0210046 SURAN ARECI-29.25 de 27 de marzo de 2015 se observa que el jefe de Área de Erradicación de Cultivos Ilícitos de la Policía Nacional manifestó que el 13 de abril de 2011 se realizaron aspersiones con glifosato en el municipio de El Paujil.

Agregó que en la orden de servicio No. 063/DIRAN -ARECI-38.16 y el acta de aspersión No. 027, se desprende que se realizó aspersión con glifosato a cultivos ilícitos en la jurisdicción del departamento del Caquetá.

aspersión No. 027, se desprende que se realizó aspersión con glifosato a cultivos ilícitos en la jurisdicción del departamento del Caquetá.

Aseguró que “de estas pruebas documentales, se considera que prueba claramente que el Tribunal Administrativo del Caquetá dio por no probado que en el municipio de El Paujil se ejecutaran labores de aspersión de glifosato para el día 13 de abril de 2011 circunstancia que emerge clara y objetivamente de dichas pruebas”.

Sostuvo que del dictamen pericial y el registro fotogr áfico anexo al mencionado dictamen, se observan “los daños que presentó el predio como consecuencia de la fumigación aérea con sustancias químicas por parte de aeronaves adscritas a la Policía Nacional e indicar en qué consisten esos daños”.

Resaltó que de los testimonios rendidos por la señora Ana Matilde Gómez y el señor Nicanor García Calderón se demuestra la presencia de aeronaves de la Policía Nacional sobre el predio afectado y que estas realizaron la fumigación que conllevó que se marchitaran los cultivos.

Señaló que si bien no se aportó prueba técnica sobre el tipo de cultivo y estado actual de la tierra, lo cierto es que de las demás pruebas valoradas en conjunto yRadicado: 11001-03-15-000-2024-06653-01

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3 bajo los criterios de la sana crítica permit ía inferir, mediante prueba indiciaria, el daño causado.

Por otro lado, afirmó que en la sentencia objetada se incurrió en defecto “sustantivo por desconocimiento del precedente judicial ”, toda vez que no aplicó la sentencia de 20 de febrero de 2014 1 de la Sección Tercera, Subsección “B” del Consejo de Estado, en la que se concluyó que “por tratarse de una actividad riesgosa para el medio ambiente, el Estado le asiste un deber de guarda material sobre este tipo de sustancia que opera, en consecuencia bajo el título de imputación en estos asuntos se debe analizar bajo el régimen objetivo de riesgo excepcional”.

Para terminar, manifestó que el Tribunal accionado incurre en defecto por violación directa de la Constitución , pues al “no aplicar la sentencia bajo radicado No: 23001-23-31-000-200800107-01(41467), del 02 de noviembre de 2016 en su caso del Consejo de Estado, sección Tercera, Subsección B, supuso la vulneración del derecho fundamental al debido proceso que le asiste a mis poderdantes”.

4. Pruebas relevantes

En correo electrónico de 1 3 de diciembre de 2024, el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Florencia remitió el vínculo para ingresar al expediente digital No. 18001-33-33-001-2013-00555-01, correspondiente al medio de control de reparación directa que adelantaron los demandantes contra la Nación, Ministerio

Administrativo del Circuito de Florencia remitió el vínculo para ingresar al expediente digital No. 18001-33-33-001-2013-00555-01, correspondiente al medio de control de reparación directa que adelantaron los demandantes contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional.

5. Oposición

5.1. Respuesta de la Policía Nacional

La asesora del área jurídica de la institución solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela, toda vez que no se evidencia la vulneración de los derechos fundamentales de los demandantes.

Afirmó que el Tribunal accionado determinó que las pruebas aportadas al proceso no eran suficientes para establecer que los daños alegados por los accionantes fueran producto de la aspersión realizada por la Policía Nacional, más aún cuando el dictamen pericial carecía de sustento demostrativo y científico.

Finalmente, mencionó que los accionantes no demostraron la configuración de un perjuicio irremediable que permita la procedencia de la acción de tutela como mecanismo transitorio.

5.2. El Tribunal Administrativo de l Caquetá y el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Florencia , a pesar de que fueron notificados en debida forma, guardaron silencio.

6. Sentencia de tutela impugnada

La Sección Primera del Consejo de Estado por sentencia de 23 de enero de 2025, declaró la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional.

Afirmó que si bien la parte accionante aduce que le fueron desconocidos sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia

relevancia constitucional.

Afirmó que si bien la parte accionante aduce que le fueron desconocidos sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia

1 Radicado No. 41001-23-31-000-2000-02956-01, C.P.: Ramiro de Jesús Pazos Guerrero.Radicado: 11001-03-15-000-2024-06653-01

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4 y a la igualdad, lo cierto es que la inconformidad se basa en el criterio de la autoridad judicial accionada para determinar que no se acreditó la operación con glifosato de 13 de abril de 20 11 y mucho menos que el daño a los cultivos fue producido por alguna aspersión realizada en la zona.

Agregó que los accionantes no ponen de presente que en la providencia censurada se haya incurrido en una arbitrariedad judicial, sino que el motivo que fundamenta su inconformidad se sustenta en que la decisión adoptada en la sentencia de segunda instancia revocó la decisión favorable de primera instancia y negó las pretensiones de la demanda.

Sostuvo que el debate planteado en esta sede constitucional fue analizado por el juez natural del asunto y no se observa que la decisión proferida hubiese sido arbitraria o que desconociera los derechos fundamentales de la parte accionante en el trámite del proceso contencioso administrativo.

Por último, indicó que la autoridad judicial accionada analizó las pruebas obrantes

arbitraria o que desconociera los derechos fundamentales de la parte accionante en el trámite del proceso contencioso administrativo.

Por último, indicó que la autoridad judicial accionada analizó las pruebas obrantes en el expediente y concluyó que ninguna de estas acreditaba que el daño presuntamente causado a los cultivos de los demandantes fuera imputable a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional.

7. Escrito de impugnación

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la parte actora impugnó la sentencia de primera instancia y solicit ó que se revoque el fallo que declaró la improcedencia de la acción por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional y, en consecuencia, que se acceda a las pretensiones de la solicitud de tutela.

Afirmó que la acción de tutela cumple con el requisito de la relevancia constitucional, toda vez que el Tribunal Administrativo del Caquetá desconoce garantías constitucionales y restringe derechos fundamentales, al desconocer los daños causados por la asp ersión con glifosato que realizó la Policía Nacional sobre el predio de los demandantes.

Resaltó que en la solicitud de amparo lo que se debate es el contenido, alcance y goce de sus derechos fundamentales, lo que no involucra un debate eminentemente legal y económico.

Para terminar, manifestó que en la sentencia impugnada solo se refirió de manera superficial al defecto “procedimental por desconocimiento del precedente”, a pesar de que en el escrito de tutela se señaló la regla jurisprudencial aplicable en la sentencia invocada. Adicionalmente, aseguró que “si bien no obra en el plenario un

de que en el escrito de tutela se señaló la regla jurisprudencial aplicable en la sentencia invocada. Adicionalmente, aseguró que “si bien no obra en el plenario un dictamen técnico que confirme que la destrucción de las plantaciones residió en los efectos de la fumigación de los cultivos ilícitos cercanos al predio, en el expediente obran elementos procesales que permiten construir la imputación de responsabilidad en cabeza del Estado”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente impugnación.Radicado: 11001-03-15-000-2024-06653-01

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2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar, en los términos del escrito de impugnación, si se debe revocar la sentencia de 23 de enero de 2025 de la Sección Primera del Consejo de Estado que declaró la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir el presupuesto general de relevancia constitucional , y en caso afirmativo y que cumpla con los demás requisitos generales de procedencia, si la autoridad judicial accionada incurrió en la vulneración de los derechos fundamentales al

cumplir el presupuesto general de relevancia constitucional , y en caso afirmativo y que cumpla con los demás requisitos generales de procedencia, si la autoridad judicial accionada incurrió en la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia de los accionantes.

3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública” , mandato que materializa las obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos2 y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos Civiles y Políticos 3, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud del bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).

Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 2012 4, acogió la tesis de admitir la procedencia excepcional de la solicitud de tutela contra providencias judiciales, cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.

Más adelante, la misma Sala en sentencia de unificación del 5 de agosto de 20145, precisó el ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias judiciales, lo que llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también, respecto “de sus máximos tribunales” , en tanto se trata de autoridades públicas que “pueden

precisó el ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias judiciales, lo que llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también, respecto “de sus máximos tribunales” , en tanto se trata de autoridades públicas que “pueden eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas” . En la misma decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación que sistematizó la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 20056.

Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.

Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C -590 de 2005, son los

2 Aprobada por el Congreso de la República medio de la Ley 16 de 1972.

Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C -590 de 2005, son los

2 Aprobada por el Congreso de la República medio de la Ley 16 de 1972. 3 Aprobado por el Congreso de la República medio de la Ley 74 de 1968. 4 Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González. 5 Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 6 M. P. Jaime Córdoba Triviño.Radicado: 11001-03-15-000-2024-06653-01

Demandantes: Luis Gerardo Giraldo Orozco y otros

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

6 siguientes: (i) Defecto orgánico7; (ii) Defecto procedimental absoluto8; (iii) Defecto fáctico9; (iv) Defecto material o sustantivo 10; (v) Error inducido11; (vi) Decisión sin motivación12; (vii) Desconocimiento del precedente13 y (viii) Violación directa de la Constitución14.

Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del

examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo15 y de la Corte Constitucional16.

En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa juzgada y a los principios constitucionales de autonomía e independencia del juez natural, atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al momento de estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. Contrario a lo sostenido por el a quo, se cumple con el requisito de la relevancia constitucional y los demás requisitos generales de procedencia

La Sala encuentra que, contrario a lo resuelto en la sentencia impugnada, los requisitos generales de procedencia están cumplidos en el asunto bajo estudio, por cuanto (i) goza de relevancia constitucional, en tanto se debe determinar si en la decisión de s egunda instancia proferida en el marco del medio de control de reparación directa, mediante la cual el Tribunal Administrativo del Caquetá revocó la decisión favorable de primera instancia y negó la pretensiones tendientes a la declaratoria de responsabili dad del Estado por los supuestos daños causados en un predio por la aspersión con glifosato , realizó una indebida valoración de las pruebas y no tuvo en cuenta el precedente judicial , limitó el contenido, alcance y goce de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso

un predio por la aspersión con glifosato , realizó una indebida valoración de las pruebas y no tuvo en cuenta el precedente judicial , limitó el contenido, alcance y goce de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia, a lo que se agrega que la solicitud de amparo no se propone como una instancia adicional, ni se plante a con la intención de reabrir el debate o se desarrollan unos argumentos de naturaleza legal. Por el contrario, cuenta con la suficiente carga argumentativa por lo que se trata de un genuino debate constitucional, en el que se deberá determinar si la autoridad judicial accionada, desconoció los derechos fundamentales invocados por la parte actora.

7 Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello. 8 Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. 9 Que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. 10 Como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. 11 Que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. 12 Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. 13 Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una

decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. 13 Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. 14 Esas consideraciones se han reiterado por la Corte Constitucional en las sentencias SU -114 de 2023 y SU-061 de 2023,

M. P. Diana Fajardo Rivera y SU-241 de 2024, M.P. Cristina Pardo Schlesinger. 15 Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016 00134-01), Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº 2016-02213-01), Sentencia del 24 de noviembre de 2016, C.

P. Lucy Jean nette Bermúdez Bermúdez (exp. Nº 2016 -02568-01, Sentencia del 27 de noviembre de 2016, C. P. Roberto Augusto Serrato Valdés, entre otras.

16 Cfr., Sentencias SU-556 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa, SU -542 de 2016, M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado, SU-490 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU-659 de 2015, M. P. Alberto Rojas Ríos y SU-874 de 2014, M.

P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre otras.Radicado: 11001-03-15-000-2024-06653-01

Demandantes: Luis Gerardo Giraldo Orozco y otros

P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre otras.Radicado: 11001-03-15-000-2024-06653-01

Demandantes: Luis Gerardo Giraldo Orozco y otros

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Igualmente, (ii) contra la providencia objetada los demandantes no cuentan con otro mecanismo de defensa judicial; (iii) la solicitud de amparo se instauró dentro de los seis (6) meses 17 establecidos como plazo razonable precisado por esta Corporación y la Corte Constitucional 18; (iv) los hechos y las pretensiones fueron desarrollados de manera clara y (v) la acción no es contra un fallo de la misma naturaleza.

4.2. La autoridad judicial accionada no incurrió en los defectos fáctico y por desconocimiento del precedente judicial19

La Sección Primera del Consejo de Estado en sentencia de 23 de enero de 2024, declaró la improcedencia de la acción de tutela por falta del requisito de la relevancia constitucional, al considerar que la solicitud de amparo se utilizó para insistir en el mismo debate legal y económico desarrollado por el juez natural del asunto.

Los demandantes impugnaron la anterior decisión, para lo cual insistieron en que la acción de tutela cumple con el requisito de la relevancia constitucional y que en la sentencia impugnada solo se hizo un estudio superficial del defecto por desconocimiento del precedente judicial.

La Sala anticipa que revocará la sentencia impugnada que declaró la

acción de tutela cumple con el requisito de la relevancia constitucional y que en la sentencia impugnada solo se hizo un estudio superficial del defecto por desconocimiento del precedente judicial.

La Sala anticipa que revocará la sentencia impugnada que declaró la improcedencia de la acción de tutela y, en su lugar, negará las pretensiones de la solicitud de amparo . Con el fin de respaldar esa determinación, se realizará un breve recuento de la sentencia objetada, así:

El Tribunal Administrativo del Caquetá en sentencia de 5 de junio de 2024, revocó la decisión de 31 de enero de 2020 del Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Florencia y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda, toda vez que no se probó el elemento daño.

En primer lugar, el Tribunal precisó que el título de imputación aplicable al asunto era el régimen objetivo o los denominados “sin culpa” o “sin falta”, específicamente el del riesgo excepcional por el despliegue de actividades peligrosas.

En segundo lugar, se refirió al marco probatorio, para lo cual mencionó l os diferentes medios de convicción allegados y practicad os en el curso del proceso ordinario, como: i) la Resolución No. 01815 de 27 de octubre de 1986, por medio de la cual se adjudicó definitivamente a l señor Luis Genaro Giraldo Orozco el terreno baldío denominado “El Paraíso”, ii) certificado de tradición de la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos de Florencia con matrícula inmobiliaria No 42032977, en el que figura como propietario el señor Luis Genaro Giraldo Orozco , iii)

Registro e Instrumentos Públicos de Florencia con matrícula inmobiliaria No 42032977, en el que figura como propietario el señor Luis Genaro Giraldo Orozco , iii) oficio No. S-2014-012009/ARECI-GRUAQ-29 de 29 de febrero de 201420, iv) orden de servicios No. 063 DIRAN –ARECI-38.16 de 5 de marzo de 2011 21, v) oficio No.

S-2015-021046/SURAN-ARECI-29.25 de 27 de marzo de 201522, vi) prueba pericial

17 La providencia objetada se profirió el 5 de junio de 2024, cuya notificación se surtió el 26 de junio de 2024, mientras que la acción de tutela se instauró el 3 de diciembre de 2024, es decir, dentro del plazo razonable de los seis (6) meses. 18 Expediente: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A. Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez y sentencia T -619 de 2019, Corte Constitucional, M.P.: Antonio José Lizarazo Ocampo. 19 Si bien los demandantes también invocan el defecto por violación directa de la Constitución, lo cierto es que los argumentos que lo sustenta se encuadran en el desconocimiento del precedente judicial, razón por la cual será abordado en conjunto, pero bajo la caracterización del desconocimiento del precedente judicial. 20 Mediante el cual el jefe del Grupo de Atención a Quejas por Aspersión indicó que “no se encontró reclamación de la señora antes en mención, por presuntas afectaciones en cultivos lícitos a causa de las operaciones de Aspersión Aérea con Herbicida

20 Mediante el cual el jefe del Grupo de Atención a Quejas por Aspersión indicó que “no se encontró reclamación de la señora antes en mención, por presuntas afectaciones en cultivos lícitos a causa de las operaciones de Aspersión Aérea con Herbicida Glifosato”. 21 La que tuvo la finalidad de impartir instrucciones para “realizar aspersión e interdicción en los departamentos del Caquetá y Putumayo”. 22 Por medio del cual el Jefe de Erradicación de Cultivos Ilícitos manifestó que “para las operaciones de aspersión aérea con glifosato, que se realizaron el 13 de abril del año 2011 en municipio del Paujil departamento del Caquetá, de igual forma meRadicado: 11001-03-15-000-2024-06653-01

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

8 aportada por la parte actora y elaborado por el señor Angelino Gualtero Gómez, vii) acta de aspersión No. 27 de 13 de abril de 2011 , viii) O ficio No. S -2014012012/ARECI-GRUAQ-29 de 26 de febrero de 2014 23 y ix) los t estimonios de la señora Ana Matilde Gómez Vargas y el señor Nicanor Ga

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