CE - Sentencia 11001031500020240669901
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 11001031500020240669901
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06699-01
Demandante: Alexandra María Borja Pinzón y otra
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
1
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., cinco (5) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06699-01
Demandante: ALEXANDRA MARÍA BORJA PINZÓN Y OTRA
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES PROFERIDAS EN EL TRÁMITE DE UN INCIDENTE DE DESACATO / Se deben acreditar los supuestos jurisprudenciales de procedencia – INMEDIATEZ / La solicitud de amparo no se interpuso en un término razonable, pues desde que se tuvo conocimiento de la providencia que resolvió la solicitud de inaplicación de la sanción , transcurrieron más de dos años hasta la fecha de interposición de la tutela , sin que se avizore circunstancia especial alguna que amerite la flexibilización del requisito.
La Sala1 decide la impugnación instaurada por la parte demandante contra el fallo de
interposición de la tutela , sin que se avizore circunstancia especial alguna que amerite la flexibilización del requisito.
La Sala1 decide la impugnación instaurada por la parte demandante contra el fallo de primera instancia, proferido el 14 de febrero de 2025, por la Sección Tercera, Subsección B, del Consejo de Estado, a través del cual declaró improcedente el amparo solicitado.
I. ANTECEDENTES
A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda de tutela
1. El 5 de diciembre de 2024, las señoras Alexandra María Borja Pinzón y Clelia Andrea Anaya Benavides interpusieron acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Antioquia y el Juzgado 28 Administrativo de Medellín, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, tutela judicial efectiva, buen nombre y patrimonio, con ocasión del Auto de 18 de noviembre de 2024, por medio del cual se negó la inaplicación de unas sanciones, dentro del incidente de desacato de la tutela No. 05001-33-33-028-2022-00313-01/02/03. Formularon las siguientes pretensiones (se
transcriben):
PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, buen nombre y patrimonio de las suscritas.
SEGUNDO: En consecuencia, se ORDENE al JUZGADO VEINTIOCHO
ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN y al TRIBUNAL
1 Se advierte que el 14 de marzo de 2025 el expediente ingresó al despacho de la magistrada ponente, para elaborar
ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN y al TRIBUNAL
1 Se advierte que el 14 de marzo de 2025 el expediente ingresó al despacho de la magistrada ponente, para elaborar el respectivo proyecto de sentencia.Radicado: 11001-03-15-000-2024-06699-01
Demandante: Alexandra María Borja Pinzón y otra
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
2
ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, Inaplicar las siguientes:
a. Sanción impuesta a través de auto calendado el 05 de septiembre de 2022 a la suscrita (ALEXANDRA MARIA BORJA PINZON), confirmada a través de auto del 08 de septiembre de 2022, consistente en multa de uno (01) S.M.M.L.V.
b. Sanción impuesta a través de auto calendado el 14 de octubre de 2022 a la suscrita (CLELIA ANDREA ANAYA BENAVIDES), modificada a través de auto del 20 de octubre de 2022, consistente en multa de uno (01) S.M.M.L.V.
TERCERO: Se ORDENE al JUZGADO VEINTIOCHO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN y al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, proferir una nueva decisión que estudie de fondo las solicitudes de inaplicación de la sanción, que fueran oportunamente presentadas por parte de la Unidad para las Víctimas, considerando los argumentos expuestos reiteradamente por las accionantes en el trámite de incidente de desacato, así como las subreglas
inaplicación de la sanción, que fueran oportunamente presentadas por parte de la Unidad para las Víctimas, considerando los argumentos expuestos reiteradamente por las accionantes en el trámite de incidente de desacato, así como las subreglas contenidas en la Sentencia SU - 034 de 2018 y el Auto 206 de 2017 de la C orte Constitucional.
CUARTO: ORDENAR al JUZGADO VEINTIOCHO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN o al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, que comunique a la autoridad encargada de la ejecución de las sanciones pecuniarias, que las mismas se han levantado con ocasión a la orden judicial de tutela.
QUINTO: CONMINAR al JUZGADO VEINTIOCHO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN o al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, a que acate y aplique los precedentes jurisprudenciales frente a la procedencia del levantamiento de la sanción, previa acreditación del cumplimiento de la orden, con base en la naturaleza persuasiva del incidente de desacato.
2. De la demanda de tutela y de las pruebas aportadas, la Sala extrae los siguientes
supuestos fácticos jurídicamente relevantes:
3. El señor Javier Augusto Guiral Arango interpuso acción de tutela contra la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas -en adelante UARIV -, con el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales por no haberle entregado al accionante una fecha, plazo o turno para el pago de la indemnización administrativo por el hecho victimizante de desplazamiento forzado, reconocida mediante la Resolución
obtener el amparo de sus derechos fundamentales por no haberle entregado al accionante una fecha, plazo o turno para el pago de la indemnización administrativo por el hecho victimizante de desplazamiento forzado, reconocida mediante la Resolución 04102019-564019 del 30 de abril de 2020.
4. En sentencia del 22 de julio de 2022, el Juzgado 28 Administrativo de Medellín declaró la carencia actual de objeto por hecho superado. Inconforme con la anterior decisión, la parte demandante la impugnó. Mediante sentencia del 10 de agosto de 2022, el Tribunal Administrativo de Antioquia revocó la providencia impugnada y, en su lugar, amparó el derecho fundamental de petición del actor y le ordenó a la UARIV que le indicara al accionante la fecha probable para el pago de la indemnización solicitada.
5. La UARIV, el 17 de agosto de 2022, puso en conocimiento del Juzgado 28
Administrativo de Medellín un informe de cumplimiento del fallo, no obstante, mediante el auto del 24 de agosto de 2022, aquel abrió el incidente de desacato correspondiente, por consid erar que la entidad no cumplió el fallo dentro de los tres días que se le otorgaron. Posteriormente, con proveído del 5 de septiembre de 2022 la autoridad judicial sancionó a la accionante Alexandra María Borja Pinzón, en su calidad de directora técnica de reparaciones de la UARIV, con multa de 1 s.m.l.m.v.Radicado: 11001-03-15-000-2024-06699-01
Demandante: Alexandra María Borja Pinzón y otra
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
Demandante: Alexandra María Borja Pinzón y otra
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
3
6. El 5 de septiembre de 2022, la UARIV radicó solicitud en «grado jurisdiccional de consulta», mediante la cual reiteró a las autoridades judiciales que «(…) de acuerdo al acto administrativo de reconocimiento, es decir, la Resolución No. 04102019-564019 del 30 de abril de 2020 y el resultado del método técnico de priorización, no era procedente materializar la entrega de la indemnización en la vigencia fiscal de los años 2021 y 2022 para JAVIER AUGUSTO GUIRAL ARANGO» . Por esa razón, se indicó que no era posible otorgar una fecha para la entrega de la medida indemnizatoria. Mediante auto del 8 de septiembre de 2022, el Tribunal Administrativo de Antioquia confirmó la sanción.
7. El 9 de septiembre siguiente, la UARIV solicitó la inaplicación de la sanción, y mediante auto del 14 de octubre de la misma anualidad, el Juzgado 28 Administrativo de Medellín sancionó a la funcionaria Clelia Andrea Anaya Benavides, en calidad de directora técnica de reparaciones de la UARIV, con 3 s.m.l.m.v. Contra la anterior decisión se solicitó la reconsideración en el grado jurisdiccional de consulta, resuelta por el Tribunal Administrativo de Antioquia con auto del 20 de octubre de 2022, en el sentido de reducir la sanción a 1 s.m.l.m.v. , cuya inaplicación pidió la señora Anaya Benavides , pero que fue denegada por auto del 21 de noviembre de 2022.
la sanción a 1 s.m.l.m.v. , cuya inaplicación pidió la señora Anaya Benavides , pero que fue denegada por auto del 21 de noviembre de 2022.
8. El 22 de octubre de 2024, la UARIV solicitó ante el Juzgado 28 Administrativo de Medellín la modulación del fallo de tutela y la inaplicación de la sanción impuesta.
Petición que se denegó mediante auto del 18 de noviembre de 2024.
9. A juicio de la parte actora, las autoridades judiciales demandadas incurrieron en defecto sustantivo, al desconocer el precedente la Corte Constitucional establecido en la sentencia SU -034 de 2018, que establece las pautas jurisprudenciales para que los jueces de tutela modulen el cumplimiento del fallo relacionado con el pago de la indemnización administrativa.
10. Sostuvo que también incurrió en defecto fáctico por valoración defectuosa del material probatorio, puesto que no tuvieron en cuenta las explicaciones dadas por la UARIV en relación con el debido proceso administrativo y lo dispuesto en la Resolución 1049 de 2019, sobre el procedimiento para la entrega de la indemnización administrativa a las víctimas del conflicto armado dentro de un marco de igualdad entre las demás víctimas.
11. Expuso que se encuentra en imposibilidad material de cumplir el fallo de tutela, por cuanto no es presupuestalmente viable indemnizar a las 9.758.045 víctimas al mismo tiempo, teniendo en cuenta que la UARIV se encuentra en una « crisis presupuestal reconocida por la Corte Constitucional en el auto 206 del 28 de abril de 2017 ». Por esa
tiempo, teniendo en cuenta que la UARIV se encuentra en una « crisis presupuestal reconocida por la Corte Constitucional en el auto 206 del 28 de abril de 2017 ». Por esa razón, señaló que las providencias censuradas incurrieron en desconocimiento del precedente constitucional.
B. Trámite impartido e intervenciones
12. Mediante auto de 9 de diciembre de 2024, el magistrado sustanciador en primera instancia admitió la acción de tutela y ordenó notificar a los magistrados que integran el Tribunal Administrativo de Antioquia y a la titular del Juzgado 28 Administrativo de Medellín, como parte demandada, y al señor Javier Augusto Guiral Arango y a la UARIV como terceros con interés. Asimismo, se negó la medida provisional solicitada.Radicado: 11001-03-15-000-2024-06699-01
Demandante: Alexandra María Borja Pinzón y otra
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
4
13. La jueza 28 Administrativo de Medellín se refirió al trámite surtido en la acción de tutela con radicado 2022 -00313-00 ejercida por el señor Javier Augusto Guiral Arango contra la UARIV, con el fin de destacar que negó el amparo en primera instancia, pero que, una vez impugnada la decisión, el Tribunal Administrativo de Antioquia la revocó, y en su lugar accedió a las pretensiones, en el sentido de ordenar a la entidad que emitiera una respuesta de fondo, en la que se indicara al accionante una fecha probab le en la
en su lugar accedió a las pretensiones, en el sentido de ordenar a la entidad que emitiera una respuesta de fondo, en la que se indicara al accionante una fecha probab le en la cual tendría acceso efectivo a la medida de indemnización administrativa.
14. Expuso que mediante auto del 5 de septiembre de 2022 sancionó por desacato a la señora Alexandra María Borja Pinzón, con multa de 1 s.m.l.m.v. 2; y con providencia del 14 de octubre de 2022 a la señora Clelia Andrea Anaya Benavides, con multa de 3 s.m.l.m.v., la cual se redujo en segunda instancia a 1 s.m.l.m.v.
15. Explicó que, aunque las accionantes solicitaron la inaplicación de la sanción, la petición se negó, porque lo cierto es que la UARIV brindó una respuesta genérica a la víctima, que no resuelve de fondo la petición en la forma indicada en el fallo de tutela.
16. Por lo anterior, solicitó que se declare la improcedencia de la acción, por cuanto, no se cumplen las exigencias generales consagradas en la jurisprudencia para la procedencia de la tutela contra providencias judiciales.
17. El Tribunal Administrativo de Antioquia se limitó a remitir los expedientes 05001 -3333-028-2022-00313-01/02/03, sin rendir informe sobre el particular.
18. La UARIV y el señor Javier Augusto Guiral Arango, a pesar de haber sido notificados del auto admisorio de la demanda, guardaron silencio.
C. Fallo impugnado
19. La Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado profirió sentencia de
del auto admisorio de la demanda, guardaron silencio.
C. Fallo impugnado
19. La Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado profirió sentencia de primera instancia el 14 de febrero de 2025 , a través de la cual declaró improcedente la solicitud de amparo, por considerar que no cumple con el requisito de inmediatez.
20. Expuso que, en el caso de la accionante Alexandra María Borja Pinzón , la sanción se impuso con auto del 8 de septiembre de 2022, notificad o por correo electrónico el 9 de septiembre de 2022; y en el caso de la accionante Clelia Andrea Anaya Benavides, la sanción se profirió el 20 de octubre de 2022 y se notificó por correo electrónico el 21 de octubre de 2022.
21. Como la acción de tutela se ejerció el 4 de diciembre de 2024, el a quo concluyó que no se satisfizo el requisito de inmediatez, pues trascurrieron más de 2 años desde que quedaron ejecutoriadas las decisiones que confirmaron las sanciones a la parte actora.
Adicionalmente, descartó la ocurrencia de alguna circunstancia que permita flexibilizar el requisito.
D. Impugnación
22. Las accionantes reiteraron los supuestos fácticos esgrimidos en el libelo inicial y frente al caso concreto señalaron que la UARIV respondió de fondo la petición
2 Confirmada por el Tribunal Administrativo de Antioquia con auto del 8 de septiembre siguiente.Radicado: 11001-03-15-000-2024-06699-01
Demandante: Alexandra María Borja Pinzón y otra
2 Confirmada por el Tribunal Administrativo de Antioquia con auto del 8 de septiembre siguiente.Radicado: 11001-03-15-000-2024-06699-01
Demandante: Alexandra María Borja Pinzón y otra
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
5
interpuesta por el señor Javier Augusto Guiral Arango mediante la Resolución 04102019564019 del 30 de abril de 2020, sin embargo, en aplicación del método técnico de priorización establecido en la Resolución 1049 de 2019, es imposible señalar una fecha probable en la que la víctima recibirá el pago de la indemnización.
23. En ese orden, expuso que para los años 2021, 2022, 2023 y 2024 la UARIV aplicó el método técnico de priorización, con el fin de determinar la orden de entrega de las indemnizaciones, de cara al presupuesto asignado a la entidad en cada vigencia, obteniendo como resultado que el señor Guiral Arango no al canzó el puntaje requerido para ser priorizado en el universo de víctimas pendientes por recibir tal beneficio.
24. Por lo anotado, es evidente la imposibilidad de la UARIV de señalar una fecha cierta en la que se va entregar la indemnización administrativa reconocida a favor del señor Javier Augusto Guiral Arango, no obstante que para la vigencia del 2025 se volverá a aplicar el método técnico de priorización, en aras de verificar si cumple el puntaje requerido para ser indemnizado en ese año. Esto, de conformidad con lo ordenado por la Corte Constitucional en el Auto 206 de 2017, y en concordancia con lo dispuesto en la
requerido para ser indemnizado en ese año. Esto, de conformidad con lo ordenado por la Corte Constitucional en el Auto 206 de 2017, y en concordancia con lo dispuesto en la Resolución 1049 de 2019.
25. Argumentó que la última actuación realizada por el despacho accionado fue del 18 de noviembre de 2024, que decidió no acceder a la inaplicación de las sanciones impuestas a las accionantes, motivo por el cual, a su juicio, la tutela se interpuso en término. Además, adujo que se debe considerar que se agotaron los recursos y trámites ordinarios a través de las solicitudes de inaplicación y por consiguiente, únicamente se acudió a la acción de tutela cuando se resolvieron dichas peticiones.
II. CONSIDERACIONES
E. Competencia
26. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de tutela de segunda instancia, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, en armonía con los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080 de 2019 (Reglamento Interno del
Consejo de Estado).
F. Problema jurídico
27. Corresponde a la Sala determinar si se debe confirmar, modificar o revocar la sentencia del 14 de febrero de 2025, proferida por la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado En primer lugar , la Sala deberá analizar si en el caso concreto la solicitud de amparo cumplió con los requisitos generales de la tutela, en especial el de
Consejo de Estado En primer lugar , la Sala deberá analizar si en el caso concreto la solicitud de amparo cumplió con los requisitos generales de la tutela, en especial el de inmediatez, que, según el a quo, no se satisfizo. Sólo en el evento de cumplirse, la Sala descenderá al análisis de fondo que corresponde , a fin de establecer si el Tribunal Administrativo de Antioquia y el Juzgado 28 Administrativo de Med ellín vulneraron o no los derechos fundamentales de las señoras Alexandra María Borja Pinzón y Clelia
Andrea Anaya Benavides.Radicado: 11001-03-15-000-2024-06699-01
Demandante: Alexandra María Borja Pinzón y otra
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
6
G. Análisis de la Sala
De la acción de tutela contra providencias dictadas en el marco de otra acción de tutela, incluidas aquellas proferidas en el trámite del incidente de desacato
28. La Corte Constitucional, en la sentencia SU -627 del 1° de octubre 2015, unificó el criterio en relación con la procedencia excepcional de la acción de tutela contra sentencias o actuaciones adelantadas en una acción de tutela. Al respecto, dijo lo
siguiente:
4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela, cuando se trata de un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si ésta se dirige contra la sentencia proferida dentro de él o contra una actuación previa o posterior a ella.
4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de
sentencia proferida dentro de él o contra una actuación previa o posterior a ella.
4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede.
4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisión de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional.
4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la República, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cu ando, además de cumplir con los requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acción de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situación.
4.6.3. Si la acción se (sic) de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si éstas acaecieron con anterioridad o con posterioridad a la sentencia.
4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la
tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si éstas acaecieron con anterioridad o con posterioridad a la sentencia.
4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisión del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que serían afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, la acción de tutela sí procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisión.
4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protección de un derecho fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional.
29. De lo anterior, se pueden puntualizar las tres excepciones en las que la acción de tutela procede contra sentencias o actuaciones adelantadas en procesos de tutela:
➢ Contra la sentencia de tutela proferida por un juez, diferente a la Corte Constitucional, siempre y cuando se demuestre que la nueva tutela no compartaRadicado: 11001-03-15-000-2024-06699-01
Demandante: Alexandra María Borja Pinzón y otra
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
7
Demandante: Alexandra María Borja Pinzón y otra
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
7
identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada, que la decisión adoptada fue producto de una situación de fraude, y que no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situación.
➢ Contra actuaciones del proceso de tutela anteriores a la sentencia, que puede consistir, entre otros, en no haber informado, notificado o vinculado a los terceros que serían afectados con la decisión.
➢ Contra actuaciones posteriores a la sentencia de tutela, cuando se trate de proteger un derecho fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato.
30. Sin embargo, para la Corte, en cualquiera de los anteriores escenarios, sigue siendo exigible el cumplimiento de los demás requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.
31. Con respecto a la procedencia específica de la acción de tutela contra decisiones proferidas en el trámite incidental de desacato, la Corte Constitucional, en sentencia de unificación 034 del 3 de mayo de 2018, manifestó que:
En suma, se tiene que la jurisprudencia trazada por esta Corporación sostiene que para enervar mediante acción de tutela la providencia que resuelve un incidente de desacato, es preciso que se reúnan los siguientes requisitos:
- La decisión dictada en el trámite de desacato se encuentre ejecutoriada; es decir que la acción de tutela es improcedente si se interpone antes de finalizado el
desacato, es preciso que se reúnan los siguientes requisitos:
- La decisión dictada en el trámite de desacato se encuentre ejecutoriada; es decir que la acción de tutela es improcedente si se interpone antes de finalizado el trámite –incluido el grado jurisdiccional de consulta, si es del caso–.
- Se acrediten los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y se sustente, por lo menos, la configuración una de las causales específicas (defectos).
- Los argumentos del promotor de la acción de tutela deben ser consistentes con lo planteado por él en el trámite del incidente de desacato, de manera que a) no debe traer a colación alegaciones nuevas, que dejó de expresar en el incidente de desacato, y b) no puede solicitar nuevas pruebas que no fueron pedidas en un principio dentro del desacato y que el juez no tenía que practicar de oficio.
Requisitos generales de procedibilidad en el caso concreto
Accionante Alexandra María Borja Pinzón
32. En la acción de la referencia, la señora Alexandra María Borja Pinzón cuestiona la sanción impuesta por el auto proferido el 5 de septiembre de 2022 por el Juzgado 28
Administrativo de Medellín, confirmado el 8 de septiembre siguiente, por el Tribunal Administrativo de Antioquia.
33. Al igual que el a quo, la Sala considera que la solicitud de amparo presentada por la señora Borja Pinzón no cumple con el requisito de inmediatez, dado que el proveído que resolvió el grado jurisdiccional de consulta se notificó el 9 de septiembre de 2022, y como
señora Borja Pinzón no cumple con el requisito de inmediatez, dado que el proveído que resolvió el grado jurisdiccional de consulta se notificó el 9 de septiembre de 2022, y como se desprende del caudal probatorio, pese a que la accionante presentó solicitud de inaplicación de la sanción, la autoridad judicial no resolvió nada frente a ella, de maneraRadicado: 11001-03-15-000-2024-06699-01
Demandante: Alexandra María Borja Pinzón y otra
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
8
que no se encuentra una circunstancia que justifique contar el plazo de la inmediatez desde una fecha posterior a esa.
34. En efecto, revisada la documental allegada al plenario, se advierte que, si bien mediante el memorial del 22 de octubre del año anterior, las señoras Alexandra María Borja Pinzón y Clelia Andrea Anaya Benavides solicitaron la inaplicación de las sanciones que les fueron impuestas mediante autos del 8 de septiembre de 2022 y del 20 de octubre de 202 2, respectivamente, lo cierto es que en el proveído del 18 de noviembre de 2024, la autoridad judicial únicamente se pronunció respecto de esta última
(la señora Anaya Benavides). Es decir, que el Juzgado 28 Administrativo de Medellín guardó silencio frente a la solicitud de inaplicación de la sanción por desacato presentada por la señora Alexandra María Borja Pinzón, contenida en el auto del 8 de septiembre de 2022, por lo cual, en principio, era menester que solicitara la adición de dicha providencia,
por la señora Alexandra María Borja Pinzón, contenida en el auto del 8 de septiembre de 2022, por lo cual, en principio, era menester que solicitara la adición de dicha providencia, a fin de provocar un pronunciamiento del juez frente a su situación particular.
35. Aunado a lo anterior , la Sala considera que, contrario a lo argumentado en la impugnación, la solicitud de amparo no se interpuso en un término razonable, pues desde que tuvo conocimiento de la providencia del 8 de septiembre de 2022 —notificada por correo electrónico el 9 de septiembre siguiente—, que resolvió el grado jurisdiccional de consulta, la parte actora pudo acudir al juez constitucional con el fin de que se protegieran sus derechos fundamentales.
36. Así pues, la carga de acudir oportunamente al juez constitucional no resulta desproporcionada, ya que en el proceso no está acreditado que la accionante, se encontrara en una situación especial que le impidiera ejercer la acción de tutela oportunamente, máxime si se tiene en cuenta que esta no requiere de formalidades para su presentación.
37. Frente a los criterios valorativos de la inmediatez, debe advertirse que no está acreditado en el expediente: (i) que la accionante pertenezca a un grupo vulnerable y que en razón de esa situación les hubiese sido imposible acudir con antelación al juez de tutela, (ii) la existencia de especiales circunstancias que impidieran acudir al juez de tutela, (iii) el aislamiento geográfico, (iv) la vulnerabilidad económica, (v) la afectación de derechos de terceros y, por último, (vi) no se advierte diligencia en la presentación de la
tutela, (iii) el aislamiento geográfico, (iv) la vulnerabilidad económica, (v) la afectación de derechos de terceros y, por último, (vi) no se advierte diligencia en la presentación de la solicitud de amparo por parte de la accionante, ni que (vii) la presente acc ión de tutela represente una seria afectación a la seguridad jurídica.
38. Así las cosas, como la solicitud de amparo se radicó el 6 de febrero de 2025, y la providencia en la que se resolvió el grado jurisdiccional de consulta frente a la sanción por desacato impuesta por el juzgado se profirió el 8 de septiembre de 2022 y se notificó al día siguiente , es claro que superó ampliamente el término de 6 meses que la jurisprudencia ha considerado como razonable para cuestionar providencias judiciales.
Accionante Clelia Andrea Anaya Benavides
39. Como acertadamente concluyó el a quo, la Sala considera que la solicitud de amparo presentada por la señora Clelia Andrea Anaya Benavides no cumple con el requisito de inmediatez.Radicado: 11001-03-15-000-2024-06699-01
Demandante: Alexandra María Borja Pinzón y otra
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
9
40. Para la Subsección la acción de tutela no se presentó en un plazo razonable, dado que la providencia que sancionó por desacato a la accionante se profirió el 14 de octubre de 2022 y el grado jurisdiccional de consulta se resolvió mediante auto del 20 de octubre siguiente3.
que la providencia que sancionó por desacato a la accionante se profirió el 14 de octubre de 2022 y el grado jurisdiccional de consulta se resolvió mediante auto del 20 de octubre siguiente3.
41. Posteriormente, la señora Anaya Ben
Estás viendo una vista previa
Lee el documento completo con Ariel
Este es un fragmento de uno de los más de 1.2 millones de documentos de la biblioteca de Ariel. Crea tu cuenta para leerlo completo, descargarlo y consultarlo con Ariel, que siempre te lleva a la fuente exacta: Ariel NO alucina.