CE - Sentencia 11001031500020240681801

Consejo de Estado

Icono de documento PDFDescargar PDFDisponible

Detalles

Título
CE - Sentencia 11001031500020240681801
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06818-01

Demandante: Wilson Reyes Aldana

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., quince (15) de mayo de dos mil veinticinco (2025) Referencia Acción de tutela Radicación 11001-03-15-000-2024-06818-01 Demandante WILSON REYES ALDANA

Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN

TERCERA, SUBSECCIÓN B Y JUZGADO TREINTA Y UNO ADMINISTRATIVO DE BOGOTÁ Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Causales generales y especiales de procedibilidad. Relevancia constitucional: carga argumentativa y argumentos de instancia adicional. Defecto procedimental, defecto fáctico y defecto sustantivo. Medio de control de reparación directa. La caducidad de la a cción. Suspensión y reanudación del término. SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide la impugnación interpuesta por Wilson Reyes Aldana contra el fallo de tutela del 7 de febrero de 2025, proferido por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en el que se dispuso lo siguiente: «PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por Wilson Reyes

de tutela del 7 de febrero de 2025, proferido por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en el que se dispuso lo siguiente: «PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por Wilson Reyes Aldana en contra del Juzgado Treinta y Uno Administrativo Oral del Circuito de Bogotá, y de la Sección Tercera – Subsección B del Tribunal Administrativo de Cundinamarca».

ANTECEDENTES

1. Pretensiones El 12 de diciembre de 2024 1, Wilson Reyes Aldana, actuando en nombre propio, interpuso acción de tutela contra la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado 31 Administrativo del Circuito de Bogotá por considerar vulnerado su derecho fundamental al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, co n ocasión de las sentencias del 12 de octubre de 2023 y del 27 de septiembre de 2024, proferidas en el medio de control de reparación directa nro. 110013336-031-2017-00167-00/01.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones: «1.- Es claro su señoría que he sido vulnerado en los derechos fundamentales invocados, amén de los que su Honorable Despacho avisore (sic) en este escrito y en demás medios probatorios. 2.- Por lo anteriormente expuesto, ruego a su Señoría ordenar a las entidades fallar de fondo mi grave situación en atención a la acción de control de Reparación Directa impetrada y acceder a las pretensiones de la demanda.»2

2. Hechos En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

mi grave situación en atención a la acción de control de Reparación Directa impetrada y acceder a las pretensiones de la demanda.»2

2. Hechos En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

1 Consultado a través del sistema de gestión judicial del Consejo de Estado: Samai (índices 1 y 2). 2 Página 12 del escrito de tutela. Expediente digitalizado. Samai, índice 2.Radicado: 11001-03-15-000-2024-06818-01

Demandante: Wilson Reyes Aldana

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.1. En los antecedentes y anexos de la acción de tutela se indica que, el 6 de julio de 2017 el señor Wilson Reyes Aldana promovió el medio de control de reparación directa contra el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), el Jardín Botánico de Bogotá «José Celestino Mutis» , la Empresa Aguas de Bogotá SA ESP, la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá, la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá ESP (EAAB-ESP) y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP). Solicitó la reparación de los daños que habría sufrido por la presunta falla en el servicio derivada de la omisión en el mantenimiento, poda y vigilancia del árbol que cayó sobre su vehículo. El actor precisó que el vehículo tipo taxi de su propiedad fue destruido por la caída de un árbol, el 7 de abril de 2015, en el barrio Álamos Sur de Bogotá.

El actor precisó que el vehículo tipo taxi de su propiedad fue destruido por la caída de un árbol, el 7 de abril de 2015, en el barrio Álamos Sur de Bogotá. 2.2. El actor manifestó que el trámite de conciliación prejudicial se surtió ante la Procuraduría 191 Judicial I para Asuntos Administrativos, entidad que estimó que la solicitud fue presentada en oportunidad. 2.3. El conocimiento del asunto, en primera instancia, correspondió al Juzgado Treinta y Uno Administrativo del Circuito de Bogotá, bajo el radicado nro. 11001-33-36-031-2017-00167-00. En la audiencia inicial, el juez resolvió las excepciones propuestas por los demandados, despachando desfavorablemente, entre otras, la relativa a la caducidad de la acción. Esta decisión fue recurrida ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca; per o, en sede de súplica, la Sala dual declaró la nulidad de lo resuelto por el magistrado que conoció la apelación en relación con la caducidad y, luego se ordenó devolver el expediente al juez para que continuara con el trámite del proceso. Posteriormente, en sentencia del 12 de octubre de 2023, el Juzgado Treinta y Uno declaró de oficio la caducidad de la acción, con fundamento en que esta figura procesal puede ser declarada en cualquier momento del proceso por el juez competente. En la parte considerativa de la sentencia, se indicó lo siguiente sobre la caducidad de la acción: «En conclusión, operó la caducidad respecto de todos los demandados. Respecto de los 5 primeros3, porque la conciliación se declaró fallida desde el 26 de mayo de 2017 , y el

caducidad de la acción: «En conclusión, operó la caducidad respecto de todos los demandados. Respecto de los 5 primeros3, porque la conciliación se declaró fallida desde el 26 de mayo de 2017 , y el demandante solo presentó la demanda hasta el 06 de julio de 2017, cuando ya había operado el fenómeno. Y respecto del IDU, pues la solicitud de vinculación de este se llevó a cabo el 27 de mayo de 2017, es decir, cuando también ya había operado el fenómeno de caducidad. (…) el apoderado de la demandante en el proceso de conciliación extrajudicial, de un lado no la solicitó respecto de todos, y no puede hacerse extensiva la citación al Distrito Capital, como si se hubiera hecho al IDU, pues como ya se explicó este tiene personería jurídica propia, por lo que se debió hacer la solicitud de conciliación de este demandante desde el inicio, sin embargo, como se observa lo hizo ya extinta la oportunidad procesal. Ahora bien, respecto de los otros demandados se reitera que la suspensión del término de caducidad cesó cuando no se arribó a acuerdo conciliatorio , y no hasta los 3 meses, pues es lo que ocurra primero, y lo que primero ocurrió fue la celebración de la fallida audiencia.» (Subraya la Sala) 2.4. La parte actora apeló la sentencia e indicó que la caducidad de la acción debía analizarse atendiendo a las siguientes circunstancias4:

3 «SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE DE BOGOTA, EL ACUEDUCTO, AGUAS DE BOGOTA, LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS, DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ Y EL JARDIN BOTANICO

CELESTINO MUTIS»

ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS, DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ Y EL JARDIN BOTANICO CELESTINO MUTIS» 4 Expediente digitalizado de medio de control de reparación directa, archivo denominado «54Recurso», página 5.Radicado: 11001-03-15-000-2024-06818-01

Demandante: Wilson Reyes Aldana

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

2.5. En sentencia del 27 de septiembre de 2024, la subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó la decisión de caducidad. El ad quem precisó que el hecho dañoso ocurrió el 7 de abril de 2015, por lo que el término para interponer la demanda vencía el 8 de abril de 2017 . Sin embargo, como la solicitud de conciliación prejudicial se presentó el 31 de marzo de 2017, el término se suspendió respecto de las entidades demandadas, salvo del IDU. El tribunal indicó que, la audiencia de conciliación se celebró el 26 de mayo de 2017 y se declaró fallida, por lo que el término de caducidad se reanudó el 27 de mayo de 2017 y el plazo vencía el 5 de junio de 2017 ; sin embargo, la demanda de reparación directa se radicó el 6 de julio de ese año, es decir, por fuera del término legal. En cuanto al IDU, advirtió que no fue convocado inicialmente a la conciliación, sino que su vinculación ocurrió el 26 de mayo de 2017, cuando ya había vencido la oportunidad de la acción. Precisó que frente a esta entidad no operó

En cuanto al IDU, advirtió que no fue convocado inicialmente a la conciliación, sino que su vinculación ocurrió el 26 de mayo de 2017, cuando ya había vencido la oportunidad de la acción. Precisó que frente a esta entidad no operó la suspensión del plazo. La sentencia se notificó a través de mensaje de datos remitido a las partes del proceso el 8 de octubre de 20245.

3. Fundamentos de la acción El señor Wilson Reyes Aldana argumentó que las providencias impugnadas vulneraron el principio de seguridad jurídica al desconocer tanto la intervención del Ministerio Público durante la etapa de conciliación extrajudicial como lo decidido por el Juzgado 31 en la audiencia inicial, e n donde se concluyó que la demanda fue presentada oportunamente.

Indicó que «existe contradicción en el fallo con la misma decisión en firme decretada en audiencia inicial, esto es que el Juzgado 31 Administrativo Oral de Bogotá y el mismo Tribunal en resolución a la apelación de la audiencia en primera instancia frente a esta exc eptiva ya habían determinado NO PROBADA LA EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD FRENTE AL IDU NI DE NINGUNA OTRA ENTIDAD DEMANDADA.» Asimismo, manifestó que no operó la caducidad de la acción. En su concepto, el término se suspendió con la radicación de la solicitud de conciliación el 31 de marzo de 2017 y se reanudó el 1° de julio de 2017, vencido el plazo de tres meses previsto en la Ley. Así, advirtió que como la demanda fue presentada el 6 de julio de 2017, esta se interpuso atendiendo al término legal, por lo que la declaratoria de caducidad fue arbitraria.

en la Ley. Así, advirtió que como la demanda fue presentada el 6 de julio de 2017, esta se interpuso atendiendo al término legal, por lo que la declaratoria de caducidad fue arbitraria.

5 Samai para tribunales administrativos, índice 22. Proceso nro. 110013336-031-2017-00167-02.Radicado: 11001-03-15-000-2024-06818-01

Demandante: Wilson Reyes Aldana

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Se relaciona el aparte relevante de la demanda de tutela sobre este asunto: «Como en el presente trámite no hubo acuerdo conciliatorio, las causales primera y segunda [del artículo 21 de la Ley 640 de 2001] , se encuentran descartadas. Las únicas que pudieron haber reanudado el término que nos ocupa fueron la tercera y cuarta, pero como la constancia que resolvió “dar por agotado el requisito de procedibilidad exigido para acudir a la jurisdicción de lo conte ncioso administrativo” se expidió el 6 de julio de 2017, lapso posterior a los tres meses de que trata la causal tercera, la misma no tuvo la virtud de reanudar los términos el 6 de julio, sino que los mismos se encontraban contabilizándose desde el 1 de j ulio de 2017, como bien lo establece el análisis realizado frente al IDU.» De acuerdo con lo anterior, consideró que las sentencias cuestionadas vulneran su derecho fundamental al debido proceso porque «desconocen el procedimiento legal establecido y porque dichos fallos no tienen fundamentación probatoria».

como bien lo establece el análisis realizado frente al IDU.» De acuerdo con lo anterior, consideró que las sentencias cuestionadas vulneran su derecho fundamental al debido proceso porque «desconocen el procedimiento legal establecido y porque dichos fallos no tienen fundamentación probatoria». Finalmente, afirmó que en el proceso se acreditaron los elementos de la responsabilidad del Estado, por lo que en lugar de declarar de oficio la caducidad de la acción, los jueces de instancia debieron acceder a las pretensiones de la demanda.

4. Trámite impartido e intervenciones 4.1. El despacho ponente admitió la acción de tutela interpuesta por Wilson Reyes Aldana contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B y el Juzgado Treinta y Uno Administrativo Oral del Circuito del

Bogotá. Además, vinculó, en calidad de terceros, a las siguientes entidades: al IDU, al Jardín Botánico de Bogotá, a la Empresa Aguas de Bogotá SA ESP, a la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá, a la EAAB -ESP, a la UAESP, a Allianz Seguros S.A y a la Alcaldía Mayor de Bogo tá, dada su calidad de sujetos procesales en el medio de control de reparación directa nro. 11001-3336-031-2017-00167-00/01/02. 4.2. La Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por conducto de la magistrada ponente de la sentencia acusada, defendió la validez de la sentencia de segunda instancia, señalando que se fundamentó en la normativa aplicable y en un análisis razonado de las pruebas. Justificó que el tribunal podía pronunciarse sobre la caducidad de la

acusada, defendió la validez de la sentencia de segunda instancia, señalando que se fundamentó en la normativa aplicable y en un análisis razonado de las pruebas. Justificó que el tribunal podía pronunciarse sobre la caducidad de la acción, incluso si ya había sido decidida en la audiencia inicial celebrada en primera instancia, de conformidad con lo establecido en el artículo 328 del Código General del Proceso. Añadió que, en la etapa de decisión de fondo, el juez cuenta con mayores elementos probatorios que en etapas previas, por lo que el planteamiento del actor sobre la imposibilidad de abordar excepciones mixtas en la sentencia carece de sustento jurídico. Frente a la inconformidad por ausencia de pronunciamiento sobre el fondo del asunto, la magistrada explicó que tal análisis era innecesario, toda vez que se acreditó la caducidad frente a todas las entidades demandadas. Además, sostuvo que durante el trámite de la segunda instancia se garantizaron todas las prerrogativas del derecho al debido proceso de las partes. Finalmente, consideró que la acción de tutela carece de relevancia constitucional, ya que el accionante pretende reabrir un debate jurídico sin aportar razones que justifiquen la intervención del juez de tutela. 4.3. La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá ESP, por conducto de apoderada judicial, se opuso a las pretensiones de la acción de tutela.Radicado: 11001-03-15-000-2024-06818-01

Demandante: Wilson Reyes Aldana

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Wilson Reyes Aldana

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Argumentó que esa entidad carecía de legitimación en la causa por pasiva debido a que no le correspondía inmiscuirse en las providencias emitidas por los jueces de la República. En todo caso, manifestó que la determinación sobre la caducidad de la acción e n el caso particular ya había sido decidida en las dos instancias por los jueces naturales de la causa, en decisiones acertadas en tanto razonables. 4.4. El Jardín Botánico de Bogotá- «José Celestino Mutis», por conducto de la jefe de la Oficina Asesora Jurídica, solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela por incumplir con los requisitos generales de procedibilidad de subsidiariedad y de relevancia constitucional. Frente al primer presupuesto, advirtió que no se han agotado los recursos extraordinarios contra la decisión cuestionada. En relación con el segundo presupuesto, indicó que la intención del actor es la de retomar un debate jurídico que fue resuelto en el curso del proceso ordinario por los jueces naturales de la causa. 4.5. La Secretaría de Ambiente del Distrito de Bogotá , por conducto de apoderado judicial, solicitó su desvinculación de la acción de tutela porque no tiene legitimación en la causa por pasiva para satisfacer las pretensiones de la acción de amparo, ya que no fue la entidad que adoptó las decisiones judiciales cuestionadas. De manera complementaria, expuso que la acción de tutela es improcedente por incumplir el presupuesto de subsidiariedad de la acción, pues existen otros

la acción de amparo, ya que no fue la entidad que adoptó las decisiones judiciales cuestionadas. De manera complementaria, expuso que la acción de tutela es improcedente por incumplir el presupuesto de subsidiariedad de la acción, pues existen otros mecanismos judiciales para pretender la protección de los derechos fundamentales invocados como vulnerados en la tutela. 4.6. La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, por conducto de apoderada judicial, manifestó su falta de legitimación en la causa por pasiva debido a que no tuvo injerencia en las decisiones judiciales cuestionadas. En esa línea, manifestó que el actor no acreditó el nexo entre la actuación de la entidad y la supuesta vulneración de sus derechos, por lo que no podía ser vinculada como responsable en ese trámite constitucional. También alegó que la acción de tutela no cumple con los requisitos generales de procedibilidad para cuestionar decisiones judiciales, en particular con el de subsidiariedad, dado que existen otros mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios adecuados para la defensa de los derechos alegados. Finalmente, argumentó que la controversia tiene un contenido patrimonial y legal sin trascendencia constitucional.

5. Providencia impugnada La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en fallo de tutela del 7 de febrero de 2025, declaró la improcedencia de la acción de tutela por incumplir con el requisito general de relevancia constitucional, en particular, porque no satisfizo la carga argumentativa para discutir providencias judiciales y porque se toma la acción de tutela como una instanci a adicional para discutir una cuestión procesal ya definida en el curso del proceso ordinario de reparación directa.

satisfizo la carga argumentativa para discutir providencias judiciales y porque se toma la acción de tutela como una instanci a adicional para discutir una cuestión procesal ya definida en el curso del proceso ordinario de reparación directa. Relativo a la carga argumentativa mínima, manifestó que el accionante se limitó a afirmar que la declaración de caducidad vulneró el principio de seguridad jurídica por contrariar pronunciamientos anteriores del conciliador y del juez de la primera instancia. No obstante, no explicó con claridad cuáles fueron los defectos en que incurrieron las autoridades judiciales ni expuso las razones que justificaban laRadicado: 11001-03-15-000-2024-06818-01

Demandante: Wilson Reyes Aldana

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co intervención del juez de tutela. Además, el contenido de la tutela reproduce los mismos argumentos que fueron analizados en el proceso ordinario, lo cual refuerza su carácter reiterativo. De otra parte, advirtió que el accionante pretende utilizar la tutela como una instancia adicional para reabrir un debate ya resuelto por los jueces naturales de la causa, quieres concluyeron que la demanda fue extemporánea. En las dos instancias se determinó que la caducidad operó respecto de todas las demandadas, incluso, respecto del IDU, debido a que no fue convocado oportunamente al trámite conciliatorio.

6. Impugnación y actuaciones posteriores 6.1. El señor Wilson Reyes Aldana impugnó la sentencia de tutela. Señaló que no interpuso la acción de tutela como una instancia adicional, sino que acude a

6. Impugnación y actuaciones posteriores 6.1. El señor Wilson Reyes Aldana impugnó la sentencia de tutela. Señaló que no interpuso la acción de tutela como una instancia adicional, sino que acude a este mecanismo constitucional por ser el único medio disponible para procurar la protección de sus derechos fundamentales, presuntam ente vulnerados por las autoridades judiciales de instancia.

Solicitó que se realice el cómputo de la caducidad de manera adecuada, lo cual, a su juicio, evidenciará que en el caso particular no se materializó este fenómeno procesal, como lo declararon erradamente los jueces de instancia, en clara vulneración de sus derechos fundamentales. Insistió en que la caducidad no se configuró, puesto que el término para su conteo estaba suspendido por la solicitud de conciliación que se presentó el 31 de marzo de 2017. Explicó que, como no hubo acuerdo, no eran aplicables las causales primera y segunda del artículo 2.2.4.3.1.1.3 del Decreto 1069 de 2016, y que, conforme a la causal tercera de dicha norma, el término de suspensión se extendió por tres meses, reanudándose el conteo a partir del 1° de julio de 2017. Finalmente, recordó que esta interpretación sobre la suspensión del término de caducidad fue respaldada por el agente del Ministerio Público en las audiencias celebradas los días 27 de junio y 6 de julio de 2017. 6.2. Mediante auto del 4 de abril de 2025, el despacho ponente solicitó al Juzgado 31 Administrativo del Circuito de Bogotá la remisión de varias piezas procesales del expediente ordinario de reparación directa sub examine, entre

6.2. Mediante auto del 4 de abril de 2025, el despacho ponente solicitó al Juzgado 31 Administrativo del Circuito de Bogotá la remisión de varias piezas procesales del expediente ordinario de reparación directa sub examine, entre ellas, las constancias de conciliación fallida y demás documentos relacionados con el trámite de conciliación extrajudicial adelantado ante el Ministerio Público. También se requirió al señor Wilson Reyes Aldana para que informara si había allegado al proceso las mencionadas constancias y para que las aportara en copia digitalizada si las tenía en su poder. 6.3. En respuesta al requerimiento, el despacho judicial remitió algunas piezas procesales del cuaderno nro. 1 del expediente ordinario. Dentro del material enviado se encuentran las actas de las audiencias de conciliación prejudicial celebradas los días 26 de mayo, 27 de junio y 6 de julio de 2017. Por su parte, el señor Reyes Aldana aseguró que aportó las constancias de conciliación fallida correspondiente a cada una de las audiencias realizadas, como pruebas dentro del proceso de reparación directa. Además, destacó que el auto admisorio de la deman da hizo referencia a esas constancias, con la debida indicación de la foliatura en la que reposan.Radicado: 11001-03-15-000-2024-06818-01

Demandante: Wilson Reyes Aldana

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y

www.consejodeestado.gov.co

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y reglamentada por el Decreto 2591 de 1991 6, fue concebida como un mecanismo para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales, ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales, y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales7 y especiales8 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos especiales de la acción.

De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional 9 ha indicado que cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad, cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido proceso. Por tanto, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial

cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido proceso. Por tanto, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial objeto de tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso.

3. Planteamiento del problema jurídico Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, le corresponde a la Sala establecer si le asistió razón al juez de tutela de primera instancia al declarar la improcedencia de la acción de tutela, por considerar que no se encontró satisfecho el requisito de la relevancia constitucional.

En caso de superar dicho análisis, y de cumplirse los demás requisitos de procedibilidad, se determinará si la sentencia del 27 de septiembre de 2024, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la cual se confirmó la decisión de declarar la caducidad de la acción en el proceso de reparación directa nro. 110013336-031-2017-00167-00/02, incurrió en los defectos alegados por la parte actora.

6 Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”.

inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”. 7 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada. 8 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii) defecto por violación directa de la Constitución. 9 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU -686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No. 11001 -03-15-000-201202201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.Radicado: 11001-03-15-000-2024-06818-01

Demandante: Wilson Reyes Aldana

8

02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.Radicado: 11001-03-15-000-2024-06818-01

Demandante: Wilson Reyes Aldana

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En este punto se precisa que, aunque el actor no invocó expresamente las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, estas pueden inferirse del contenido del escrito de tutela. En efecto, el actor alegó que las providencias vulneraron su derecho al debido proceso al desconocer el procedimiento legal aplicable y carecer de fundamentación probatoria. En particular, cuestionó que se hubiera declarado la caducidad de la acción pese a que esta ya había sido descartada en la audiencia inicial (defecto procedimental), y sostuvo que los jueces interpretaron de forma incorrecta las reglas sobre la suspensión del término de caducidad previstas en la Ley 640 de 2001 y desconoció las particularidades del proceso frente a ese aspecto, en particular que el término se reanudó cuando se cumplieron tres meses desde la radicación de la solicitud, debido a que ese evento ocurrió antes de que se emitieran las constancias de las que trata el artículo 2° de la Ley 640 (defectos fáctico y sustantivo). Tales defectos serán analizados de manera conjunta por la Sala.

4. Análisis de los presupuestos generales de procedibilidad en el caso particular La solicitud de amparo se promovió dentro de un plazo razonable dado que la providencia objeto de amparo se notificó formalmente a través de mensaje de datos

4. Análisis de los presupuestos generales de procedibilidad en el caso particular La solicitud de amparo se promovió dentro de un plazo razonable dado que la providencia objeto de amparo se notificó formalmente a través de mensaje de datos remitido a las partes el 8 de octubre de 2024 10 y la acción de tutela fue radicada el 12 de diciembre de ese año11.

Adem

Estás viendo una vista previa

Lee el documento completo con Ariel

Este es un fragmento de uno de los más de 1.2 millones de documentos de la biblioteca de Ariel. Crea tu cuenta para leerlo completo, descargarlo y consultarlo con Ariel, que siempre te lleva a la fuente exacta: Ariel NO alucina.

Consultar sobre este documento ...