CE - Sentencia 11001031500020240687401
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 11001031500020240687401
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06874-01
Demandante: Eduardo Richard Vargas Barrera
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
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CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06874-01
Demandante: EDUARDO RICHARD VARGAS BARRERA
Demandados: ESCUELA JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Temas: TEMERIDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA – Se configura en este caso porque, al tenor de lo previsto en el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, se constató que el demandante, quien además ostenta la calidad de abogado, omitió informar sobre la existencia de un do ble reparto de la acción de tutela y permitió que se adelantaran, de manera simultánea, dos trámites respecto de la misma petición de amparo , lo que para la Sala se asimila al hecho de que se hubieran instaurado dos acciones de tutela con identidad fáctica y jurídica, sin justificación alguna.
La Sala1 decide la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia del 30 de enero de 2025, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado.
La Sala1 decide la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia del 30 de enero de 2025, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado.
I. ANTECEDENTES
A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda de tutela
1. El 9 de diciembre de 20242, el señor Eduardo Richard Vargas Barrera , a nombre propio, interpuso acción de tutela contra la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla , por considerar vulnerado su derecho fundamental de petición , con ocasión de la falta de respuesta de fondo de la solicitud que presentó mediante el recurso de reposición que formuló contra la Resolución EJR24-298, mediante la cual se comunicaron los resultados de la evaluación de la subfase del IX Curso de Formación Judicial Inicial (Convocatoria
27). Formuló las siguientes pretensiones:
A partir de lo señalado como antecedentes y hechos, e inferencias de ausencia de respuesta de fondo, y las orientaciones determinadas en el precedente de la Corte Constitucional sobre la naturaleza de petición del recurso de reposición, el alcance y contenido de este derecho fundamental y su posibilidad de ampararlo ante la ausencia de mecanismo ordinario, solicito que se me proteja el derecho fundamental de petición que ejercí con la presentación recurso de reposición contra la RESOLUCION No. EJR24-298, y se ordene a la ESCUELA JUDICIAL “RODRIGO
1 Se advierte que el 20 de marzo de 2025 ingresó el expediente al despacho de la magistrada ponente , para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente. 2 Proveniente del Juzgado 30 Civil del Circuito de Bogotá, el presente trámite constitucional se sometió a
para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente. 2 Proveniente del Juzgado 30 Civil del Circuito de Bogotá, el presente trámite constitucional se sometió a reparto en esta Corporación el 13 de diciembre de 2024.Radicado: 11001-03-15-000-2024-06874-01
Demandante: Eduardo Richard Vargas Barrera
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LARA BONILLA como autoridad facultada por el Consejo Superior de la Judicatura mediante Acuerdo PCSJA1911400 del 19 de septiembre de 2019, dar respuesta de fondo y acorde con las cargas de claridad, efectividad, s uficiencia y congruencia, y por esto exprese:
1. Las razones por las jurídica y lógicamente no son correctos o válidos los argumentos expuestos en el recurso sobre la explicación y justificación de las elecciones hechas como respuestas a las preguntas particularmente identificadas en la impugnación y respecto de las que se repuso su calificación.
2. Analice comparativamente esos argumentos y los textos con el título de “Sustentación”, alusivos a indicar porqué las preguntas y respuestas dadas por el sistema como acertadas deben tenerse como correctas, y exprese las razones del porqué en ese esquema comparativo aquellos argumentos no son jurídicamente y lógicamente correctos o válidos o porqué si lo son las respuestas dadas por el sistema como acertadas deben tenerse como correctas.
2. De la solicitud de amparo y de las pruebas aportadas se extraen los siguientes
supuestos fácticos jurídicamente relevantes:
sistema como acertadas deben tenerse como correctas.
2. De la solicitud de amparo y de las pruebas aportadas se extraen los siguientes
supuestos fácticos jurídicamente relevantes:
3. Mediante Acuerdo PCSJA18-11077 del 16 de agosto de 2018 se convocó a concurso abierto de méritos para proveer los cargos de funcionarios de la Rama Judicial, al que se inscribió el señor Eduardo Richard Vargas Barrera – para el cargo de Magistrado en la especialidad civil.
4. En su calidad de discente , el ahora accionante , participó de manera efectiva en las jornadas de evaluación de la subfase general que se llevaron a cabo los días 19 de mayo y 2 de junio de 2024.
5. Mediante Resolución EJR24-298 del 21 de junio de 2024, la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, adscrita al Consejo Superior de la Judicatura, publicó los resultados obtenidos por los discentes que realizaron la evaluación de la subfase general del IX Curso de Formación Judicial, en el marco de la Convocatoria 27 . Según lo comunicado a través del referido acto administrativo, el señor Vargas Barrera obtuvo un puntaje final de 789,600, por lo cual, su estado era «reprobado».
6. Inconforme con el resultado que obtuvo, el discente presentó recurso de reposición, que fue resuelto por la entidad accionada mediante la Resolución EJR24 -1613 del 7 de noviembre de 2024, a través de la cual modificó la Resolución EJR24-298 del 21 de junio de 2024, en el sentido de asignar un puntaje total correspondiente a 795,85; no obstante, dado que el puntaje obtenido no superó los 800 puntos, se mantuvo su estado de
de 2024, en el sentido de asignar un puntaje total correspondiente a 795,85; no obstante, dado que el puntaje obtenido no superó los 800 puntos, se mantuvo su estado de «reprobado».
7. En el escrito de tutela, el señor Vargas Barrera afirmó que la entidad accionada no dio respuesta de fondo, suficiente, efectiva ni congruente a la petición que presentó mediante el recurso de reposición que formuló contra la Resolución EJR24-298 del 21 de junio de
2024.
B. Trámite impartido e intervenciones
8. Mediante auto del 19 de diciembre de 2024 3, el despacho sustanciador del proceso admitió la acción de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura, a la Escuela
3 SAMAI, índice 4 del expediente de tutela en primera instancia.Radicado: 11001-03-15-000-2024-06874-01
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Judicial Rodrigo Lara Bonilla, a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a la Unidad de Administración de Carrera Judicial, a la Unión Temporal Formación Judicial 2019, a la Universidad Pedagógica y Tecnológica y a la sociedad E. Distribution S.A.S. y vinculó a todos los discentes del IX Curso de Formación Judicial que se adelanta en el marco de la Convocatoria 27, en calidad de terceros con interés.
9. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial4 solicitó que se declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva, por considerar que no es la entidad competente
marco de la Convocatoria 27, en calidad de terceros con interés.
9. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial4 solicitó que se declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva, por considerar que no es la entidad competente
para administrar la carrera judicial, en tanto dicha función recae sobre la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial, por lo que es dicha entidad la llamada a responder por las pretensiones de la demanda de tutela y, además, la que expidió la Resolución censurada.
10. La Unidad de Administración de Carrera Judicial5 también solicitó que se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva o que se niegue el amparo solicitado. En cuanto a la legitimación, alegó que la controversia está relacionada con la competencia asignada a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bon illa, mediante los acuerdos PCSJA1811077 de 2018 y PCSJA19 -11400 de 2019, por lo que carece de competencia para proferir decisión o pronunciamiento alguno sobre el objeto de las pretensiones, circunstancia que, además, hace inviable afirmar que tuvo alguna injerencia en las actuaciones que se reprochan en la acción de tutela, por lo que, en su criterio, la supuesta vulneración de los derechos del accionante no existió.
11. La Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla6 pidió que se declarara improcedente la petición de amparo, pues el actor cuenta con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho como mecanismo judicial idóneo y eficaz para cuestionar el acto administrativo atacado. Adicionalmente, afirmó que en el caso en concreto no se
petición de amparo, pues el actor cuenta con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho como mecanismo judicial idóneo y eficaz para cuestionar el acto administrativo atacado. Adicionalmente, afirmó que en el caso en concreto no se acreditó la existencia de amenaza de un perjuicio irremediable y, en todo caso, no se advierte la vulneración del derecho fundamental de petición del accionante.
12. Por otro lado, informó que, el 16 de enero de 2025, rindió informe frente a la acción de tutela promovida por el señor Eduardo Richard Vargas Barrera, la cual fue admitida por la Sala de Decisión de Tutelas 3 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, bajo el radicado 142246 (CUI: 1 1001023000020240166200), trámite en el que en el que se encontraban vinculadas las mismas partes, bajo los mismos hechos y pretensiones, por lo que «se deduce que pudo suceder un doble reparto».
13. La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia – UPTC7 sostuvo que en el presente caso no se evidencia la vulneración de los derechos fundamentales del accionante, ni la existencia de un perjuicio irremediable. Adicionalmente, adujo que la Unión Temporal Formación Judicial 2019, el Consejo Superior de la Judi catura y la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” han actuado con observancia de las normas de orden constitucional y legal que regulan el IX Curso de Formación Judicial Inicial y precisó los actos administrativos proferidos en el marco de la actuación h an sido sustentados y difundidos ampliamente, garantizando la posibilidad de controvertirlos en ejercicio del
orden constitucional y legal que regulan el IX Curso de Formación Judicial Inicial y precisó los actos administrativos proferidos en el marco de la actuación h an sido sustentados y difundidos ampliamente, garantizando la posibilidad de controvertirlos en ejercicio del
4 SAMAI, índice 11 del expediente de tutela en primera instancia. 5 SAMAI, índice 12 del expediente de tutela en primera instancia. 6 SAMAI, índices 13 y 14 del expediente de tutela en primera instancia. 7 SAMAI, índice 17 del expediente de tutela en primera instancia.Radicado: 11001-03-15-000-2024-06874-01
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derecho a la defensa y corrigiendo las falencias detectadas en las distintas fases del concurso.
14. La Unión Temporal Formación Judicial 2019 y la sociedad E. Distribution S.A.S. no intervinieron, pese a que fue ron debidamente notificad as del auto admisorio de la demanda.
C. Fallo impugnado
15. En sentencia del 30 de enero de 2025, la Sección Quinta de esta Corporación negó la protección del derecho fundamental de petición del accionante8.
16. Argumentó que no le asistía razón al señor Vargas Barrera al afirmar que no fue atendida la petición que formuló a través del recurso de reposición contra la Resolución EJR24-298 del 21 de junio de 2024 , toda vez q ue la Escuela Judicial Rodrigo Lara
atendida la petición que formuló a través del recurso de reposición contra la Resolución EJR24-298 del 21 de junio de 2024 , toda vez q ue la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, mediante Resolución EJR24-1613 del 7 de noviembre del 2024, resolvió de fondo lo solicitado. Acto administrativo del cual tiene conocimiento el accionante, pues le fue debidamente notificado.
17. En ese sentido, s ostuvo que, en efecto, en el caso en concreto la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla expidió la Resolución EJR24-1613 del 7 de noviembre del 2024, por medio de la cual resolvió un recurso de reposición formulado por el señor Vargas Barrera.
De modo que, dado que contra la decisión anterior no procede recurso alguno, lo procedente era acudir al medio de defensa ordinario dispuesto en el ordenamiento jurídico para cuestionar la legalidad del referido acto administrativo.
D. Impugnación
18. Inconforme con la decisión, la parte actora presentó impugnación. Allí afirmó que en la providencia de primera instancia no se realizó un análisis concreto sobre el contenido de la Resolución EJR24-1613 en relación con los reproches planteados en el recurso de reposición, lo que le hubiera permitido concluir que no se dio una respuesta de fondo y, por ende, tampoco eficiente, efectiva ni congruente con lo solicitado mediante la impugnación.
19. Alegó que en el fallo impugnado tampoco se explicó cómo se concluyó que la respuesta fue de fondo, ni en que medida se cumplieron los parámetros constitucionales para que se pueda afirmar que no existió la vulneración del derecho. Asimismo, indicó
19. Alegó que en el fallo impugnado tampoco se explicó cómo se concluyó que la respuesta fue de fondo, ni en que medida se cumplieron los parámetros constitucionales para que se pueda afirmar que no existió la vulneración del derecho. Asimismo, indicó que la acción de tutela sí es el mecanismo idóneo para la protección de s u derecho fundamental, pues en el escrito de amparo no se propone discusión alguna sobre la validez jurídica del acto impugnado, sino que lo que se reprocha es la ausencia de pronunciamiento respecto de los argumentos propuestos como impugnación.
20. Asimismo, informó que, el 6 de febrero del año en curso, se le notificó el fallo de primera instancia del 23 de enero de 2025, proferido por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, por lo que, en ese momento, advirtió que la acción de tutela que presentó inicialmente también se tramitó de manera simultánea ante dicha Corporación, bajo el radicado CUI: 11001023000020240166200 (142246) y argumentó que desconoce la causa del doble trámite, pues interpuso la acción de amparo en una
8 SAMAI, índice 18 de expediente de tutela en primera instancia.Radicado: 11001-03-15-000-2024-06874-01
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única oportunidad y no tiene injerencia en el reparto asignación de las acciones de tutela a los despachos judiciales.
E. Trámite en segunda instancia
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única oportunidad y no tiene injerencia en el reparto asignación de las acciones de tutela a los despachos judiciales.
E. Trámite en segunda instancia
21. En atención a lo informado por la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla , en la contestación de la demanda, y por el accionante, en la impugnación del fallo en primera instancia, mediante auto del 10 de abril de 20259, el despacho sustanciador del proceso en segunda instancia requirió a la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia, para que allegara copia digital del expediente de tutela con radicado 11001 -02-30-0002024-01662-00/01, a fin de verificar la posible exi stencia de un doble reparto de la presente acción constitucional.
22. Mediante memorial allegado el 23 de abril del año en curso10, la Secretaría de la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia remitió repositorio digital del expediente requerido e informó que aquel fue remitido a la Corte Constitucional para eventual revisión, el pasado 25 de marzo.
II. CONSIDERACIONES
F. Competencia
23. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de tutela de segunda instancia, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, en armonía con los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080 de 2019 (Reglamento Interno del
Consejo de Estado).
G. Problema jurídico
24. En primer lugar, corresponde a la Sala verificar si el trámite simultáneo de la misma
Consejo de Estado).
G. Problema jurídico
24. En primer lugar, corresponde a la Sala verificar si el trámite simultáneo de la misma acción constitucional ante dos corporaciones distintas es atribuible al accionante y, de encontrarse demostrado, si aquello constituye una actuación temeraria en los térm inos del artículo 38 del Decreto 2591 de 1991. Evento en el cual, la petición de amparo se declarará improcedente.
25. De no existir una actuación temeraria, la Sala deberá determinar si se debe confirmar, modificar o revocar la sentencia del 30 de enero de 2025, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que negó la protección del derecho fundamental de petición del
señor Eduardo Richard Vargas Barrera.
H. Análisis de la Sala
Temeridad en materia de tutela
26. El artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 determina que se incurrirá en una conducta temeraria «cuando sin motivo expresamente justificado la misma acción de tutela sea
9 SAMAI, índice 4 del expediente de tutela en segunda instancia. 10 SAMAI, índice 9 del expediente de tutela en segunda instancia.Radicado: 11001-03-15-000-2024-06874-01
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presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes».
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presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes».
27. La Corte Constitucional, en sentencia SU -168 de 2017, precisó que la temeridad se configura cuando concurren los siguientes elementos: a) identidad de partes, b) identidad de hechos, c) identidad de pretensiones y d) la ause ncia de justificación en la presentación de la nueva demanda, vinculada a un actuar doloso y de mala fe por parte del libelista. Sobre la configuración del último de los elementos enunciados, manifestó:
El último de los elementos mencionados se presenta c uando la actuación del actor resulta amañada, denota el propósito desleal de obtener la satisfacción del interés individual a toda costa, deja al descubierto el abuso del derecho porque deliberadamente y sin tener razón, de mala fe se instaura la acción, o pretende a través de personas inescrupulosas asaltar la buena fe de quien administra justicia.
9. A contrario sensu, la actuación no es temeraria cuando aún existiendo dicha multiplicidad de solicitudes de protección constitucional, la acción de tutela se funda en: (i) la ignorancia del accionante; (ji) el asesoramiento errado de profesionales del derecho; o (iii) el sometimiento del actor a un estado de inde fensión, propio de aquellas situaciones en que los individuos obran por miedo insuperable o por la necesidad extrema de defender un derecho. En estos casos, si bien la tutela debe ser declarada improcedente, la actuación no se considera 'temeraria' y, por ende, no conduce a la imposición de una sanción en contra del demandante11.
necesidad extrema de defender un derecho. En estos casos, si bien la tutela debe ser declarada improcedente, la actuación no se considera 'temeraria' y, por ende, no conduce a la imposición de una sanción en contra del demandante11.
28. La Corte Constitucional también ha sostenido que bien puede configurarse la cosa juzgada, pero no la temeridad, cuando de buena fe se interpone una segunda tutela, «debido a la convicción fundada que sobre la materia no ha operado el fenómeno de la cosa juzgada, acompañada de una expresa manifestación en la demanda de la existencia previa de un recurso de amparo »12. Desprovisto de la mala fe propia de la temeridad, el fenómeno de la cosa juzgada se presenta cuando concurren los siguientes elementos: (i) que en el nuevo proceso exista identidad jurídica de partes; (ii) que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, o sea, sobre las mismas pretensiones; (iii) que el nuevo proceso se adelante por la misma causa que originó el anterior, es decir, por los mismos hechos, y (iv) que en el proceso de tutela anterior se hubiera surtido el trámite de selección ante la Corte Constitucional13.
29. En suma, la temeridad se relaciona con la cosa juzg ada constitucional en cuanto comparten los mismos elementos objetivos, esto es, requieren que se hayan presentado varias acciones de tutela por la misma persona, con fundamento en los mismos hechos y por iguales razones, pero la temeridad necesita que se constate que quien ha acudido ante los jueces constitucionales, lo hace de mala fe, en forma abusiva o con el propósito de obtener a toda costa un pronunciamiento favorable de los jueces, de suerte que,
y por iguales razones, pero la temeridad necesita que se constate que quien ha acudido ante los jueces constitucionales, lo hace de mala fe, en forma abusiva o con el propósito de obtener a toda costa un pronunciamiento favorable de los jueces, de suerte que, deliberadamente, somete su cuestión al escrutinio de v arios jueces para propiciar una decisión acorde a sus intereses.
11 Sentencia SU -168 de 2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. 12 Sentencia T-560 de 2009, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Criterio reiterado en la sentencia T280 de 2017, M.P. (e) José Antonio Cepeda Amarís. 13 Sentencia T-219 de 2018, M.P. Alejandro Linares Cantillo.Radicado: 11001-03-15-000-2024-06874-01
Demandante: Eduardo Richard Vargas Barrera
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30. La Corte Constitucional ha señalado que, aunque objetivamente se adviertan los requisitos de la temeridad, existen circunstancias que impiden que se configure o que
sea declarada por el juez:
Con todo, se configurará la temeridad solo cuando concurran los siguientes elementos: (i) identidad fáctica con otra acción de tutela; (ii) identidad de demandante y de accionado; (iii) identidad de pretensiones; y (iv) falta de justificación para interponer la nueva acción[52]. Esta situación supone un desgaste al sistema judicial por capricho del accionante y por desconocimiento del principio de buena fe. Con
y de accionado; (iii) identidad de pretensiones; y (iv) falta de justificación para interponer la nueva acción[52]. Esta situación supone un desgaste al sistema judicial por capricho del accionante y por desconocimiento del principio de buena fe. Con todo, la temeridad debe ser plenamente acreditada y no puede ser inferida tras una simple revisión formal de las acciones de tutela que llevan a suponer que se ha configurado dicha conducta.
Si hay concurrencia de los elementos citados, el j uez podrá, rechazar de plano la tutela o decidir negativamente la petición, cuando advierta que la actuación (i) envuelva una actuación amañada, en la que se reservan para cada acción los argumentos o pruebas que convaliden las pretensiones; (ii) denote un interés desleal de alcanzar un beneficio individual al perseguir una interpretación judicial favorable; (iii) evidencie el abuso del derecho al actuar abiertamente de mala fe; (iv) pretenda asaltar la buena fe de los administradores de justicia.[53]
Con todo, a pesar de la posible concurrencia de los citados elementos que dan estructura a la figura de la temeridad, debe verificarse las circunstancias particulares del caso concreto, en especial cuando se pueda advertir alguna de las siguientes circunstancias: (i) la condición del actor que lo coloca en estado de ignorancia o indefensión, propio de aquellas situaciones en que los individuos obran por miedo insuperable o por la necesidad extrema de defender un derecho y no por mala fe; (ii) en el asesoramiento errado de los profesionales del derecho; (iii) en la consideración de eventos nuevos que aparecieron con posterioridad a la interposición de la acción
insuperable o por la necesidad extrema de defender un derecho y no por mala fe; (ii) en el asesoramiento errado de los profesionales del derecho; (iii) en la consideración de eventos nuevos que aparecieron con posterioridad a la interposición de la acción o que se omitieron en el trámite de la misma, o cualquier otra situación que no se haya tomado como base para decidir la(s) tutela(s) anterior(es) que implique la necesidad de proteger los derechos fundamentales del demandante: y por último (iv) se puede resaltar la posibilidad de interponer una nueva acción de amparo cuando la Corte Constitucional profiere una sentencia de unificación, cuyos efectos hace explícitamente extensivos a un grupo de personas que se consideran en igualdad de condiciones, incluso si con anterioridad a dicha sentencia presentaron acción de tutela por los mismos hechos y con la misma pretensión.[54]14
I. Análisis de la temeridad en el caso concreto
31. La Sala advierte que, el 20 de marzo de 2025, ingresó el proceso al Despacho de la magistrada ponente para elaborar proyecto de sentencia de segunda instancia; no obstante, se observó que tanto la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, en la contestación de la demanda, como el accionante, en la impugnación, informaron que ante la Corte Suprema de Justicia se tramitó una acción de tutela con identidad fáctica y jurídica a la que aquí se revuelve , por lo que podría tratarse de un evento de dobl e reparto.
32. En efecto, revisado el expediente ordinario se encontró que, el 9 de diciembre de 2024, el señor Eduardo Richard Vargas Barrera quien afirmó ser discente del IX CursoConcurso de Formación Judicial, para proveer los cargos de funcionarios de la Rama
32. En efecto, revisado el expediente ordinario se encontró que, el 9 de diciembre de 2024, el señor Eduardo Richard Vargas Barrera quien afirmó ser discente del IX CursoConcurso de Formación Judicial, para proveer los cargos de funcionarios de la Rama Judicial (Convocatoria 27), interpuso acción de tutela contra la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, por considerar vulnerado su derecho fundamental de petición.
14 Corte Constitucional, sentencia T-579 de 2017.Radicado: 11001-03-15-000-2024-06874-01
Demandante: Eduardo Richard Vargas Barrera
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33. Inicialmente, al trámite se le asignó el radicado 11001 -31-03-030-2024-00468-00 y correspondió, por reparto, al Juzgado 30 Civil del Circuito de Bogotá, el que, mediante auto del 11 de diciembre de 2024 15, i) «rechazó por falta de competencia» la acción de tutela y ii) «remitió las diligencias a la Corte Suprema de Justicia o al Consejo de Estado», para que asumieran el conocimiento del asunto.
34. El 12 de diciembre siguiente, el referido Juzgado remitió las diligencias a las direcciones electrónicas de la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia y del
Consejo de Estado16.
35. En atención a ello, el 13 de diciembre de 2024 17, la Secretaría de esta Corporación le asignó el radicado 11001 -03-15-0002024-06874-00 y efectuó el reparto
Consejo de Estado16.
35. En atención a ello, el 13 de diciembre de 2024 17, la Secretaría de esta Corporación le asignó el radicado 11001 -03-15-0002024-06874-00 y efectuó el reparto correspondiente, según lo previsto en el Decreto 333 de 2020.
36. Mediante auto del 19 de diciembre posterior18, el despacho sustanciador del proceso en primera instancia admitió la acción de tutela contra la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y vinculó, en calidad de terceros con interés, al Consejo Superior de la Judicatura, a la Dirección Ejecutiva de Adm inistración Judicial, a la Unidad de Administración de
Carrera Judicial, la Unión Temporal Formación Judicial 2019, a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, a la sociedad E. Distribution S.A.S. y a «todos los discentes del IX Curso de Formaci ón Judicial que se adelanta en el marco de la Convocatoria 27».
37. La anterior decisión fue notificada, mediante mensaje de datos del 14 de enero de 2025, a la siguiente dirección electrónica: eduri2228@gmail.com19.
38. En la contestación de la demanda20, la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla informó que, el 16 de enero de 2025, rindió informe frente a la acción de tutela incoada por el señor Eduardo Richard Vargas Barrera, la cual fue admitida por la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Penal – Sala de Decisión de Tutelas n. 3, con radicado 142246 (CUI: 11001023000020240166200), trámite en el que se vinculó a las mismas partes, bajo los mismos supuestos de hecho y pretensiones, por lo que, afirmó, podría tratarse de un doble reparto.
142246 (CUI: 11001023000020240166200), trámite en el que se vinculó a las mismas partes, bajo los mismos supuestos de hecho y pretensiones, por lo que, afirmó, podría tratarse de un doble reparto.
39. En sentencia del 30 de enero de 202521, la Sección Quinta de esta Corporación negó el amparo solicitado por el señor Vargas Barrera, por considerar que la entidad accionada resolvió de fondo lo solicitado mediante el recurso de r eposición formulado por el accionante contra la Resolución EJR24 -298 del 21 de junio de 2024. Adicionalmente,
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