CE - Sentencia 11001031500020240688201

Consejo de Estado

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Título
CE - Sentencia 11001031500020240688201
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

Demandante: Sebastián Álvarez Díaz Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C Radicado: 11001-03-15-000-2024-06882-01

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Ocho (8) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2024-06882-01

Demandante: SEBASTIÁN ÁLVAREZ DÍAZ

Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA,

SUBSECCIÓN C

Tema: Tutela contra providencia judicial – Relevancia constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala la impugnación presentada por la parte a ctora en cont ra de la sentencia del 5 de febrero de 2025 , dictada por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado , que negó la acción de tutela instaurada por el señor Sebastián Álvarez Díaz contra el Consejo de Estado, Se cción Tercera, Subsección C.

I. ANTECEDENTES

1.1. La petición de amparo

El señor Sebastián Álvarez Díaz, por intermedio de apoderada judicial,

Tercera, Subsección C.

I. ANTECEDENTES

1.1. La petición de amparo

El señor Sebastián Álvarez Díaz, por intermedio de apoderada judicial, interpuso acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C con el fin de que le sean protegidos sus derechos fundamentales al debido proceso, al libre acceso a la administración de justicia, a la defensa, a la igualdad, al reconocimiento y cumplimiento del precedente jurisprudencial y a la reparación integral de víctimas.

Consideró vulneradas dichas garantías constitucionales con ocasión de la sentencia de segunda instancia del 22 de mayo de 2024, que revocó el fallo proferido por el Tribunal Administrativo del Huila, dentro del proceso de reparación directa c on radicado número 41001-23-31-000-2011-00208-00, que adelantó el señor Sebastián Álvarez Díaz contra la Naci ón, Ministerio de Defensa – Policía Nacional y Ejército Nacional

1.2 Pretensiones

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

«PRIMERO: Que se Tutele los Derechos al D ebido Proceso, Libre Acceso a la Administración de Justicia, a la Defensa, a la Igualdad, al Reconocimiento yDemandante: Sebastián Álvarez Díaz Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C Radicado: 11001-03-15-000-2024-06882-01

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Cumplimiento del Precedente Jurisprudencial, Reparación Integral de las Víctimas y el Derecho a no ser revictimizado por la Rama Judicial y otros, consagrados en la Co nstitución Naci onal, vulnerados por el CONSEJO DE

ESTADO – SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – SECCION

TERCERA – SUBSECCIÓN C.

SEGUNDO: Que como consecuencia de la anterior declaración se CONSEJO DE ESTADO – SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – SECCION TERCERA – SUBSECCIÓN C revocar la sentencia de segunda instancia y acceder a las pretensiones de la demanda»1.

1.3. Hechos

El accionante manifestó que el día 29 de mayo de 2009 se presentó en el municipio de Garzón (Huila) una toma guerrillera por parte de las FARC E.P, en la que recibió un impacto de bala mientras se desplazaba por las inmediaciones de la alcaldía.

Indicó que, por lo anterior, presentó demanda dentro del medio de control de reparación directa contra la Nación, Ministerio de Defens a Nacional – Policía Nacional y Ejército Nacional , la cual le correspondió en primera instancia a l Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Neiva, autoridad que declaró su f alta de competencia en razón a la cuantía y lo remitió al Tribunal Administrativo del Huila, siendo asignada a la Sala Segunda de Decisión bajo radicado número 41001-23-31-000-2011-00208-00.

declaró su f alta de competencia en razón a la cuantía y lo remitió al Tribunal Administrativo del Huila, siendo asignada a la Sala Segunda de Decisión bajo radicado número 41001-23-31-000-2011-00208-00.

Mediante sentencia del 5 de octubre de 2016 el tribunal en mención accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, al considerar que las lesiones padecidas por el señor Álvarez Díaz se ocasionaron por la falla en el servicio de las entidades demandadas al omitir proteger a la población civil en la t oma guerrillera del Palacio de Justicia y la Alcaldía de Garzón.

La parte demandada interpuso re curso de apela ción contra la sentencia de primera instanci a, correspondiéndole su estudio a la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado , que mediante fallo profe rido el 22 de mayo de 2024, revocó lo resuelto por el a quo, manifestando que no se había acreditado falla en el servicio por las entidades demandadas y, por el contrario, se estableció como causa exclusiva y determinante del daño la acción de un tercero como lo eran las FARC E.P, de ntro del marco del co nflicto armado interno.

1.4. Sustento de la petición

En criterio de la parte accionante, con la decisión de segunda instancia se incurrió en defecto fác tico, ya que la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado valoró erróneamente las pruebas que llevaron en primera instancia a encontrar respo nsable a la parte demandada, tales como testimonios y diversos in structivos que mencionaban las posibles acciones

Consejo de Estado valoró erróneamente las pruebas que llevaron en primera instancia a encontrar respo nsable a la parte demandada, tales como testimonios y diversos in structivos que mencionaban las posibles acciones terroristas en el departamento de l Huila por parte de grupos al margen de la ley.

1 Cita del texto original con posibles erroresDemandante: Sebastián Álvarez Díaz Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C Radicado: 11001-03-15-000-2024-06882-01

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De igual maner a, manifestó que tampoco se tuvieron en cuenta las decisiones proferidas por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Neiva, el Juzgado Tercero Administrativo del mismo Circuito, el Tribunal Administrativo del Huila y el Tribunal Administrativo del Departamento Archipi élago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, por la muerte del agente de la Policía Henry Salazar Alarcón, los celadores Héctor Fabio Ruiz Aros y Carlos Andrés Artunduaga, así como por el secuestro de Armando Acuña Molina.

1.5. Trámite

Mediante auto del 19 de diciembre de 2024 , el despacho sustanciador admitió la acción de tutela y ordenó notificar a los magistrados del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsecc ión C , para que si lo consideraba n del caso intervinieran en el presente proceso en calidad de accionados.

Asimismo, dispuso vincular como terceros con interés al Tribunal Administrativo

Sección Tercera, Subsecc ión C , para que si lo consideraba n del caso intervinieran en el presente proceso en calidad de accionados.

Asimismo, dispuso vincular como terceros con interés al Tribunal Administrativo del Huila, a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional , Policía Nacional y Ejército Nacional y a Jacqueline Conta Márquez, Julieta Álvarez Conta, Sergio Álvarez Conta y O rnella Álvarez Cont a, así como a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 610 del CGP, para su eventual intervención.

1.6. Intervenciones

1.6.1 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C

Mediante oficio remitido el 20 de enero de 2025, el magistrado ponente de la decisión que se cuestiona solicitó que se decl arara la improcedencia de la acción de tutela en consideración a que esta no satisface los req uisitos generales para su procedencia, en especial el de relevancia constitucional.

Señaló que, en lo que respecta al defecto fáctico que aduce el accionante, este exige que el juez haya valorado inc orrectamente las pruebas u omitido pruebas clave determinantes para la resolución del caso, lo cual asevera no ocurrió ya que se realizó una apreciación probatoria conjunta que respeta las reglas d e la sana crítica y los principios que rigen la materia , de modo q ue se garantizó el derecho al debido proceso, pese a que la decisión fue adversa a lo s intereses del accionante.

Adujo que, en lo que respecta a la inobservancia de lo resue lto por los

derecho al debido proceso, pese a que la decisión fue adversa a lo s intereses del accionante.

Adujo que, en lo que respecta a la inobservancia de lo resue lto por los Juzgados Tercero y Cuarto del Circuito Judicial de Neiva, así como las providencias proferidas por los Tribunales Administrati vos del Huila y del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalin a, no configura defecto fáctico alguno ya que n o le corresponde al C onsejo de Estado seguir las direc trices de los juzgados o tribu nales, sino corregir sus providencias mediante las decisiones que resuelven los recursos de apelación que alcanzan esta instancia.

Por tanto, las sentencias condenatorias al Estado, dictadas por l os mismosDemandante: Sebastián Álvarez Díaz Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C Radicado: 11001-03-15-000-2024-06882-01

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hechos en los que resultó lesionado Sebastián Álvarez Díaz, no resultan vinculantes al Consejo de Estado, pues, po r un lado, no basta que los hechos sean los mismos, sino que, es neces ario que las pruebas acrediten las circunstancias fácticas que fundamentan las pretensiones.

1.6.2. Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional

Manifestó que no existen elementos de juicio que permitan señalar la configuración de la falla en el servicio, habida cuenta que la Policía Nacional

1.6.2. Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional

Manifestó que no existen elementos de juicio que permitan señalar la configuración de la falla en el servicio, habida cuenta que la Policía Nacional actuó con diligencia, empl eó adecuadamente los medios con que contaba y, a su vez, realizó coordinaciones co n el Ejército Nacional para perseg uir a los integrantes de las FARC E.P. y poner a salvo a los pobladores del municipio de Garzón (Huila), argumentos que se encuentran probados en el plenario.

Expresó que no existen pruebas que determinen la responsabilid ad de la institución en los hechos objeto de debate y, por consiguiente, imputarle el daño sufrido por el accionante, pues como lo señaló el ad quem en su decisión, éste fue causado por un tercero.

Alegó que no se está ante el acontecimiento de un perjuicio ir remediable o de una amenaza inminente e injustificada, que amerite la procedencia de la tutela como un mecanismo para acceder al reconocimiento de las pretensiones solicitadas por el accionante, máxime cuando se debatió a través de otras vías de protección jurisdiccional, siendo las i dóneas para resolv er la litis propuesta en la presente acción, lo cual genera su improcedencia.

1.6.3. Caja de Retiro de la Fuerzas Militares

Mediante comunicación enviada por la apoderada judi cial de dicha en tidad, solicitó que se declare improcedente la acción de tutela presentada por el señor Sebastián Álvarez Díaz, por cuanto no se le ha vulnerado derecho fundamental alguno al negarle la autoridad accionada las pretensiones de la demanda.

solicitó que se declare improcedente la acción de tutela presentada por el señor Sebastián Álvarez Díaz, por cuanto no se le ha vulnerado derecho fundamental alguno al negarle la autoridad accionada las pretensiones de la demanda.

Pidió a su vez su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, en la medida en que su objeto es el reconocim iento y pago de las asignaciones de retiro de oficiales y suboficiales de las fuerzas militares que acrediten tal derecho.

Los de más vinculados pese a ser noti ficados en de bida forma guard aron silencio.

1.7. Sentencia de Primera Instancia

Mediante prov idencia del 5 de febrero de 2025 2, la Sección Segunda, Subsección C del Consejo de Estado negó el amparo solicitado al considerar que no se configuró el def ecto fáctico alegado por el t utelante, pues el tribunal demandado valoró las pruebas y argumentos que extraña en esta oportunidad.

2 Notificada el 6 de marzo de 2025Demandante: Sebastián Álvarez Díaz Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C Radicado: 11001-03-15-000-2024-06882-01

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Indicó que lo que existe es una inconformidad con el resultado de la valoración probatoria efectuada por el juez natural que no es atacable vía de tutela, en la medida en que aquella visión de los hechos presentada por la autoridad judicial

Indicó que lo que existe es una inconformidad con el resultado de la valoración probatoria efectuada por el juez natural que no es atacable vía de tutela, en la medida en que aquella visión de los hechos presentada por la autoridad judicial demandada cuenta con soporte y está debidamente razonada y justificada, por lo que, este mecanismo no puede convertirse en una tercera instancia.

Por otra parte, en relación con la solicitud de desvinculación presentada por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, señaló que no había lugar a realizar pronunciamiento alguno sobre el particular en la medida en que no fue vinculada ni como deman dada ni como tercera interesada en las resultas del proceso.

1.8. Impugnación

A través de escrito enviado el 11 de marzo de 2025 al correo electró nico de la Secretaría General de esta Corporación , la parte demandante present ó impugnación contra la decis ión emitida por la Sección Primera del Consejo de Estado reiterando los argumento s expuestos en la tutela respect o a la valoración de los testimonios y los informes de inteligencia que daban cuenta la planeación de un posible atentado de las FARC E.P. cont ra el municip io d e Garzón y la fuerza pública.

Insistió en que , a pesar de las pruebas que daban cuenta del riesgo de seguridad que se tenía por la época de los hechos contra los alcaldes, concejales y demás representantes del poder ejecutivo, la Policía Nacional no tomó medidas eficaces de seguridad a favor de los amenazados y de todas las personas que trabajaban en los recintos, así como de los civiles y transeúntes.

Reiteró que la providencia censurada incurrió en defecto fáctico pues, aunque

tomó medidas eficaces de seguridad a favor de los amenazados y de todas las personas que trabajaban en los recintos, así como de los civiles y transeúntes.

Reiteró que la providencia censurada incurrió en defecto fáctico pues, aunque sí se tuv ieron en cu enta la s pruebas aportadas , estas se analizaron erróneamente pues la importancia de la asistencia de la fuerza pública no está en si llegaron pronto al momento de los hechos, sino que no se previno y no se tuvo el personal suficiente para así evitar lo que finalmente sucedió.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sección es competente para conocer de la impugnación pre sentada por la parte actora contra la providencia del 5 de febrero de 2025, de conformidad con lo establecido en el Decreto 2591 de 1991, el Decreto 1069 de 2015 modificado por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021 y, el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación. 2.2. Problema jurídico De conformidad con los antecedentes, corresponde a la sala det erminar si hay lugar a confirmar, revocar o modificar l a sen tencia impugnada conforme lo planteado por la parte actora.Demandante: Sebastián Álvarez Díaz Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C Radicado: 11001-03-15-000-2024-06882-01

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Para resolver este probl ema, se analizarán los siguientes aspectos: (i) la procedencia de la acción de tutela contra providencia judici al; (ii) los requisitos adjetivos de procedibilidad y f inalmente, de encontrarse superados se analizará, y iii) el caso concreto.

2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial La sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sente ncia de 31 de julio de 20123, unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción de tutela contra prov idencias judiciales, y en ella concluyó:

«…si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las di stintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC -10203), han abi erto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales f undamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que d ebe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en p resencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.»4 (Negrilla fuera de texto)

acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en p resencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.»4 (Negrilla fuera de texto)

Conforme al anterior precedente, es claro que la Corporación ha modificado su criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, conforme a él, es necesario estudiar las acciones de tutel a que se presenten contra providencia judicial y analiza r si ellas vu lneran algún derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de unificación.

Así, para la sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros s e hará ese estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «…fijados hasta el momento jurisprudencialmente…».

En efecto, sabido es que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la proceden cia de esta acción constitucional contra providencia judicial no puede ser ajena a esas características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos generales y otros esp ecíficos de p rocedencia de la acción de tutela, sin distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo – procedencia sust antiva– y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en e l fondo del asunto –procedencia adjetiva–.

En ese orden , primero se verificará que la solicitud de tutela cump la un os presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea

fondo del asunto –procedencia adjetiva–.

En ese orden , primero se verificará que la solicitud de tutela cump la un os presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)

3 Sala Plena del Con sejo de Estado, rad. 11001 -03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutelaImportancia jurídica. M.P. María Elizabeth García González. 4 Ibídem.Demandante: Sebastián Álvarez Díaz Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C Radicado: 11001-03-15-000-2024-06882-01

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inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotam iento de los requisitos ordinarios y extra ordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno d e esos presupuestos, la Sección declarará improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos funda mentales que se afirmen vulnerados, en donde para la pr osperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión

expuestos en la solicitud y de los derechos funda mentales que se afirmen vulnerados, en donde para la pr osperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

2.4. Examen de los r equisitos de procedencia adjetiva – Relevancia constitucional

Para comenzar por el estudi o de los parámetros esenciales de viabilidad de la tutela cuando se dirige contra providencias judiciales, la S ala encuentra que el caso objeto de estudio no es relev ante desde el punto de vista constitucional, por cuanto al revisar el escrito que dio orig en a la acción de tutela se puede colegir que la parte actora , pretende reabrir el debate zanjado por el juez ordinario, al no estar de acuerdo c on la valoración prob atoria aplicada por la autoridad judicial accionada respecto a los testimonios y fallos relacionados con el accionar guerrillero en la toma a las instalaciones del Palacio de Justicia y la alcaldía de Garzón – Huila .

Esto, de conformidad con la postura fijada por la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022, a través de la cual se unifica ron los criterios respecto del precitado presupuesto.

En el mencionado fallo de unificación la Corte ex plicó que, da do qu e la s

sentencia SU-215 de 2022, a través de la cual se unifica ron los criterios respecto del precitado presupuesto.

En el mencionado fallo de unificación la Corte ex plicó que, da do qu e la s providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de amparo constitucional contra una dec isión judicial «…el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada señal ados por el ac cionante, pues tiene ‘vedado adelan tar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada’. Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de procedencia debe ser más restr ictivo tenien do en cuenta q ue la decisión fue proferida por un órgano de cierre…».

El Alto Tribunal Constitucional consideró que la acción de tutela co ntra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección del fallo cuestionado, por lo que no se puede ut ilizar este instrumento como unaDemandante: Sebastián Álvarez Díaz Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C Radicado: 11001-03-15-000-2024-06882-01

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instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural.

A su vez, la citada Corporación precisó que las finalidades de este requisito son las siguientes:

instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural.

A su vez, la citada Corporación precisó que las finalidades de este requisito son las siguientes:

«(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la pro tección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como una instancia adicional de los proceso s adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal5» (Énfasis de la Sala).

Así mismo, luego de abo rdar los criterios que debe reunir una solicitud de amparo que reproche una decisión judic ial para superar el requisito de la relevancia constitucional, la Corte consideró que el mecanismo de tu tela no cumplía con este postulado, en estos eventos:

  1. Cuan do no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental,
  1. Cuando involucra un debate eminentemente legal,
  1. Cuando plantea una discusión preponderantemente económica y,
  1. Cuando no cumple con la carga argumentativa y explicativa rígida porque no se demostraba la grave violación de los derechos fundamentales invocados.

En el caso objeto de estudio, la accionante interpuso acción de tutela contra la sentencia proferida el 22 de mayo de 2024 por la S ección Tercera, Subsección

se demostraba la grave violación de los derechos fundamentales invocados.

En el caso objeto de estudio, la accionante interpuso acción de tutela contra la sentencia proferida el 22 de mayo de 2024 por la S ección Tercera, Subsección C del Conse jo de Estado, que revocó lo resuelto por e l Tribunal Administrativo del Huila, dentro del proceso de reparación directa promovido por el accionante y otros contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional , Ejército Nacional y Policía Nacional.

La discrepa ncia del accionante en su sentir, es que no se haya n tenido en cuenta los testimonios aportados al proceso y fallos emitidos por jueces y magistrados de diversos tri bunales dentro de procesos derivados de la acción guerrillera del 29 de mayo de 2009 por parte de las FARC E.P . y por la cual existió a su juicio, en una falla en el servicio , por no proteger a la p oblación civil.

Adujo, por tanto, que sus derechos fueron vulnerados por la autoridad judicial accionada al incurrir en defecto fáctico por indebida valoración probatoria.

Como se puede aprecia r, con el asunto bajo estudio se pretende abrir nuevamente el debate probatori o que ya fue surtido en el proceso ordinario, pues la inconformidad de la parte accionante se limita a cuestionar la tesis

5 Sentencia SU 573 de 2019.Demandante: Sebastián Álvarez Díaz Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C Radicado: 11001-03-15-000-2024-06882-01

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Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C Radicado: 11001-03-15-000-2024-06882-01

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adoptada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C respecto a la responsabilidad de las lesiones que le fueron ocasionadas y en la cual se le atribuyó a un tercero como lo son las FARC E .P., frente a la toma guerrillera antes mencionada y no al Estado.

Por consiguiente, l a Sala advierte que la controversia planteada por el señor Sebastián Álvarez Díaz contra el fallo del 22 de mayo de 2024 proferido por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Su bsección C, no impacta las garantías de los derechos fundamentales deprecados por el accionante, máxime si se tiene en cuenta que su inconformidad radica en la interpretación asumida en la sentencia d e segunda instancia f rente al responsable de las lesiones a él ocasionadas en los hechos ocurridos el 29 de mayo de 2009, así como frente a la valoración del material probatorio que, en su criterio, daba cuenta de la falla en el servicio por parte de las autoridades demandadas.

Cabe señalar que la Corte Constitucional precisó que la acreditación del requisito de la rele vancia constitucional “ supone justificar razonablemente la existencia de una restr icción prima facie desproporcionada a u n derecho fundamental, que no es lo mis mo que una simple relación con aquel” y que la relevancia constitucional tiene tres finalidades, a saber:

existencia de una restr icción prima facie desproporcionada a u n derecho fundamental, que no es lo mis mo que una simple relación con aquel” y que la relevancia constitucional tiene tres finalidades, a saber:

«(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitu cional6 y, por tanto, evitar que la acc ión de tutela se utilice para discutir asuntos de me ra legalidad7; (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales8 y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces9». (Destacado por la Sala)

Así las cosas, resulta claro para la Sala que los reparos de la parte actora con la valoración probatoria e fectuada en segunda instan cia, solo demuestran su inconformidad con lo resuelto por el ad quem por ser contrario a sus int ereses, mas no conducen a efectuar un estudio sobre el alcance de los derechos fundamentales presuntamente invocados frente a la providencia cuestionada.

Por lo tanto, al no estar acreditados los criterios fijad os por la Corte Constitucional en la sent encia SU -215 de 2022 para encontrar superado el requisito de relevancia constituciona l, ya que la solicitud de amparo solo pretende reabr ir el debate de instancia y no tiene la entidad para interpretar, aplicar, des arrollar la Constitución Política o deter minar el alcance de un derecho fundamental, se revocará la decisión de primera instancia, para en su lugar declarar su improcedencia.

aplicar, des arrollar la Constitución Política o deter minar el alcance de un derecho fundamental, se revocará la decisión de primera instancia, para en su lugar declarar su improcedencia.

Por lo expuesto, el Consej

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