CE - Sentencia 11001031500020240689401

Consejo de Estado

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Título
CE - Sentencia 11001031500020240689401
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06894-01

Demandante: Margoth Lasso de Herrera

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., cinco (5) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06894-01

Demandante: MARGOTH LASSO DE HERRERA

Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN

B

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE - Aplicación sentencia de unificación SUJ -11S2 del 21 de junio de 2018, proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado – Pensión gracia - se debe acreditar vinculación de carácter territorial o nacionalizada antes del 31 de diciembre de 1980.

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia proferida el 27 de febrero de 2025 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante la cual se negó el amparo solicitado.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Pretensiones, hechos y argumentos de la tutela

mediante la cual se negó el amparo solicitado.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Pretensiones, hechos y argumentos de la tutela

1. El 16 de diciembre de 20241, la señora Margoth Lasso de Herrera , en nombre propio, interpuso demanda de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la seguridad social , con ocasión de la expedición de la sentencia del 6 de junio de 2024 , mediante la cual se revocó el fallo del 1º de diciembre de 2021, emitido por el Tribunal Administrativo de Nariño, que accedió al reconocimiento de la pensión gracia, y en su lugar, negó la prestación. Formuló la s siguientes pretensiones (transcripción

textual):

PRIMERA.- DECLARAR que en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, Expediente No. 52001-23-33-000-2019-0043201 (N.I.: 5249-2022) LA SUBSECCIÓN “B” DE LA SECCIÓN SEGUNDA DEL

1 Se advierte que el 2 de abril de 2025 ingresó el expediente al despacho de la magistrada ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.Radicado: 11001-03-15-000-2024-006894-01

Demandante: Margoth Lasso de Herrera

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2

HONORABLE CONSEJO DE ESTADO, Consejero Ponente Dr. Juan Enrique

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HONORABLE CONSEJO DE ESTADO, Consejero Ponente Dr. Juan Enrique Bedoya Escobar al revocar la sentencia del 01 de diciembre de 2021 emitida por el Tribunal Administrativo de Nariño y negar las pretensiones de la demanda encaminada al reconocimiento de mi pe nsión gracia, vulneró los derechos fundamentales a la igualdad frente a la ley y la jurisprudencia, el debido proceso judicial, el régimen especial de la pensión gracia, el acceso de la administración de justicia, los derechos adquiridos con justo título y demás que considere la Honorable Corporación.

SEGUNDA. - Declarar que el fallo de segunda instancia del 06 de junio de 2024, notificado el 08 de julio de 2024, con radicación No. 52001-23-33-0002019-00432-01 (N.I.: 5249-2022) carece de efectos legales.

TERCERAEn consecuencia, ordenar para que dentro de los términos que considere prudente el señor Juez Constitucional, la Corporación accionada profiera nueva sentencia evaluando de manera integral las pruebas documentales que obran en el expediente, especialmente lo relacionado con la correcta interpretación de la intervención del Delegado del Ministerio de Educación Nacional o Delegado del Fondo Educativo Regional (FER) en mis actos administrativos de nombramiento, mismo que debe estar acorde a la Sentencia Unificada de SUJ-11 –S2 junio 21 de 2018 emitida por el Consejo de Estado y la Sentencia Unificada SU014 de enero 22 de 2020 proferida por

actos administrativos de nombramiento, mismo que debe estar acorde a la Sentencia Unificada de SUJ-11 –S2 junio 21 de 2018 emitida por el Consejo de Estado y la Sentencia Unificada SU014 de enero 22 de 2020 proferida por la Corte Constitucional, donde se puede inferir que mi tipo de vinculación corresponde al tipo TERRITORIAL.

CUARTA. - Las declaraciones y ordenes que el Honorable Tribunal Corporativo considere necesarias para restablecer los derechos fundamentales vulnerados con el fallo de segundo grado, objeto de la controversia constitucional.

2. Como fundamentos fácticos, la señora Margoth Lasso de Herrera señaló que:

3. Laboró al servicio de la educación oficial, en el nivel territorial y/o nacionalizado, por más de 20 años y el 6 de febrero de 2003 alcanzó los 50 años de edad, razón por la cual presentó petición ante la UGPP para el reconocimiento de la pensión gracia. No obstante, mediante las Resoluciones RDP 014631 del 13 de mayo de 2019 y 020697 del 15 de julio de 2019 se denegó la prestación.

4. Por lo anterior, interpuso el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin de obtener la nulidad de los actos administrativos referidos y el consecuente reconocimiento de la pensión gracia.

5. Mediante sentencia del 1º de diciembre de 2021, el Tribunal Administrativo de Nariño profirió sentencia favorable a las pretensiones, que posteriormente fue revocada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, con fallo del 6 de junio de 20242 (providencia censurada), en el que se consideró que el servicio

Nariño profirió sentencia favorable a las pretensiones, que posteriormente fue revocada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, con fallo del 6 de junio de 20242 (providencia censurada), en el que se consideró que el servicio prestado por la accionante durante los años 1975 a 1977 (antes del 31 de diciembre de 1980) fue como docente del nivel nacional.

6. La señora Lasso de Herrera sostiene que la autoridad accionada incurrió en los

siguientes defectos:

7. Fáctico. El Tribunal valoró erróneamente la Resolución 404 del 4 de septiembre de 1975, por la cual se nombró a la actora como profesora de Educación de Adultos en el Centro «Fetrana» del municipio de Pasto, toda vez que indicó que la

2 Notificado el 8 de julio de 2024.Radicado: 11001-03-15-000-2024-006894-01

Demandante: Margoth Lasso de Herrera

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vinculación fue de orden nacional, porque el nombramiento se efectuó «por delegación del Ministerio de Educación» , cuando lo cierto es que el acto administrativo que se aportó completo al proceso, únicamente está suscrito por el Secretario de Educación Pública de Pasto y , por ende, con ello se acredita la vinculación territorial de la docente.

8. Lo mismo sucede con la Resolución 408 de 9 de septiembre de 1975, por la cual se trasladó a la actora como profesora al Centro «Bienestar Social» del municipio

vinculación territorial de la docente.

8. Lo mismo sucede con la Resolución 408 de 9 de septiembre de 1975, por la cual se trasladó a la actora como profesora al Centro «Bienestar Social» del municipio de Pasto, toda vez que se suscribió por el secretario de Educación – delegado del Ministerio de Educación y por el coordinador de Educación Adultos Nariño, y por lo tanto, a su juicio, la documental da cuenta de la vinculación territorial de la educadora.

9. Esto, teniendo en cuenta que conforme con la línea jurisprudencial sentada por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación SUJ -11-S2 de 21 de junio de 2018, por el solo hecho de que en el acto de vinculación intervenga el delegado permanente del Mi nisterio de Educación, no es factible inferir que el docente pertenece al nivel nacional.

10. Por las mismas razones, alega que la autoridad accionada erró al valorar las Resoluciones 209 de 3 de septiembre de 1976 y 356 del 16 de septiembre de 1977, por las cuales se vinculó a la actora como profesora al Centro «Bienestar Social» del municipio de Pasto, que también fue suscrito por el secretario de Educación – delegado del Ministerio de Educación y coordinador de Educación Adultos Nariño.

11. Desconocimiento del precedente. Afirmó que la Sala accionada no aplicó la sentencia SUJ-11-S2 de 21 de junio de 2018, que , entre las reglas de unificación, dispuso: «(…) no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación

dispuso: «(…) no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del Minis terio de Educación Nacional como miembro de la junta administradora del respectivo fond o educativo regional y asimismo, este último, certifica la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal54; y (ii) por el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación».

12. Igualmente, sostuvo que la providencia cuestionada se apartó de la sentencia de unificación SU-014 de 2020, proferida por la Corte Constitucional, en la que se afianzó el criterio fijado por el Consejo de Estado en la SUJ-11-S2 de 21 de junio de 2018.

13. Violación directa de la Constitución . Sostuvo que la sentencia objeto de reproche, mediante la cual se negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia, contradice lo dispuesto en los artículos 48 y 53 de la Carta Superior, y que menoscaba sus garantías como persona de la tercera edad (71 años).

B. Trámite impartido e intervenciones

14. Mediante auto del 13 de enero de 2025, el despacho sustanciador admitió la acción de tutela y dispuso que se notificara al Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B , como parte demandada. Como terceros con interés, se vinculó a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y ContribucionesRadicado: 11001-03-15-000-2024-006894-01

Demandante: Margoth Lasso de Herrera

vinculó a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y ContribucionesRadicado: 11001-03-15-000-2024-006894-01

Demandante: Margoth Lasso de Herrera

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Parafiscales de la Protección Social (UGPP), a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, al Ministerio Público, y al Tribunal Administrativo de Nariño.

15. El magistrado ponente de la providencia censurada solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela o en su defecto, que se niegue el amparo solicitado, dado que con la sentencia enjuiciada no se vulneró derecho fundamental alguno.

16. Concretamente señaló que la Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación concluyó que la vinculación que ostentó la docente antes del 31 de diciembre de 1980 fue del orden nacional, no con ocasión de la intervención del delegado permanente del Ministerio de Educación Nac ional, sino porque la designación fue efectuada por el secretario de Educación Pública en razón a la delegación de esa cartera ministerial.

17. En cuanto al defecto fáctico, adujo que en la sentencia se consideró el Decreto 793 de 2009, por el cual se aclaró que las Resoluciones 408 de 1975, 209 de 1976 y 356 de 1977 hacen referencia a la ratificación del cargo ocupado por la actora como docente de alfabetización, vinculación que se efectuó mediante un acto expedido por la Secretaría de Educación en ejercicio de las funciones delegadas

y 356 de 1977 hacen referencia a la ratificación del cargo ocupado por la actora como docente de alfabetización, vinculación que se efectuó mediante un acto expedido por la Secretaría de Educación en ejercicio de las funciones delegadas por el Ministerio de Educación Nacional, y por lo tanto, el nombramiento es del orden nacional.

18. Frente al desconocimiento del precedente invocado, reiteró que en la sentencia se concluyó que la vinculación de la docente en virtud de esos actos administrativos fue del nivel nacional, «no con ocasión de la intervención del delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional, sino porque la designación fue efectuada por el secretario de educación pública con ocasión de la delegación de esa cartera ministerial, lo que permite concluir que se trataba de una plaza del orden nacional».

19. El magistrado del Tribunal Administrativo de Nariño , ponente de la sentencia de primera instancia proferida el 1º de diciembre de 2021, sostuvo que la providencia se profirió siguiendo los precedentes de unificación fijados por el Consejo de Estado y, por consiguiente, no se vulneró derecho fundamental alguno.

20. La UGPP sostuvo que la tutela es improcedente porque se utiliza como tercera instancia del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, que siendo el mecanismo ordinario procedente ya se ejerció , sin que se avizore violación de las garantías fundamentales invocadas.

21. Aunado a ello, señaló que no se cumplen las exigencias de relevancia constitucional y subsidiariedad , ni se advierte la existencia de un perjuicio irremediable.

22. La Procuraduría Delegada de Intervención 8 Tercera ante el Consejo de

constitucional y subsidiariedad , ni se advierte la existencia de un perjuicio irremediable.

22. La Procuraduría Delegada de Intervención 8 Tercera ante el Consejo de Estado señaló que la acción de tutela no es procedente para reclamar prestaciones periódicas, y que su uso para ventilar esta clase de controversias la desnaturalizan.

23. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no intervino en esta oportunidad.Radicado: 11001-03-15-000-2024-006894-01

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C. Fallo impugnado

24. En sentencia del 27 de febrero de 2025 , la Sección Cuarta del Consejo de Estado negó el amparo solicitado por la señora Margoth Lasso de Herrera.

25. Señaló que no había lugar a estudiar el cargo de violación directa de la Constitución porque no se realizó una exposición del yerro invocado que permitiera el análisis de fondo.

26. En cuanto al defecto fáctico, adujo que se cimentó en el desconocimiento de la línea jurisprudencial sentada en la sentencia de unificación invocada, razón por la cual únicamente realizó el estudio de fondo en lo que atañe al cargo de desconocimiento del precedente.

27. Luego de revisar los argumentos invocados en la providencia censurada, señaló que no desconocieron las reglas de unificación señaladas por esta Corporación en

desconocimiento del precedente.

27. Luego de revisar los argumentos invocados en la providencia censurada, señaló que no desconocieron las reglas de unificación señaladas por esta Corporación en las sentencias SUJ11-S2 del 21 de junio de 2018 y 2016-00278-01 del 11 de agosto de 2022, sino que , por el contrario, se aplicaron, de manera que la autoridad accionada llegó a la conclusión de que el nombramiento realizado por delegación del Ministerio de Educación Nacional, dependía de la cartera ministerial y, por ende, originó una vinculación de carácter nacional.

28. Adicionalmente, de los medios de prueba analizados se destacó que en la historia laboral de la accionante se indica que prestó sus servicios como docente del nivel básica secundaria con vinculación nacional.

29. Resaltó que la regla jurisprudencial invocada por la parte actora se aplica cuando se encuentran en discusión los recursos con los cuales se sufragaban los gastos de funcionamiento de las plantas de personal de docentes, asunto que no se controvierte en el caso particular.

D. Impugnación

30. La parte actora dentro del término legal impugnó la decisión, y reiteró los argumentos esgrimidos para fundamentar el defecto fáctico alegado, insistiendo en que se estudie, toda vez que el a quo no abordó su análisis.

31. En cuanto al desconocimiento del precedente, afirmó que se presentó porque la autoridad accionada utilizó incorrectamente una expresión , dado que en la sentencia censurada hizo alusión a la «delegación», cuando en los actos administrativos de nombramiento y posesión de la docente se hace referencia a

«delegado».

la autoridad accionada utilizó incorrectamente una expresión , dado que en la sentencia censurada hizo alusión a la «delegación», cuando en los actos administrativos de nombramiento y posesión de la docente se hace referencia a «delegado».

32. En su concepto, el desconocimiento de la sentencia SUJ-SII-11-2018 obedece a que se ignoró la regla según la cual no es dable inferir que los docentes territoriales se convierten en nacionales cuando en el acto de vinculación interviene el delegado permanente del MEN como miembro de la junta asesora del FER

(Fondo Educativo Regional).

33. Todo lo anterior para reiterar que los nombramientos efectuados mediante las Resoluciones 408 de 1975, 209 de 1976 y 356 de 1977 originaron una vinculaciónRadicado: 11001-03-15-000-2024-006894-01

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territorial para la docente y no nacional, como erradamente lo consideró la providencia objeto de reproche.

34. Se refirió nuevamente al defecto de violación directa de la Constitución, esta vez ampliando los argumentos inicialmente señalados en la demanda.

II. CONSIDERACIONES

E. Competencia

35. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de tutela de segunda instancia, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 32 del Decreto

35. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de tutela de segunda instancia, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, en armonía con los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080 de 2019

(Reglamento Interno del Consejo de Estado).

F. Problema jurídico

36. Corresponde a la Sala determinar si se confirma, modifica o revoca la sentencia del 27 de febrero de 2025, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.

37. Para tal efecto, partiendo de los argumentos esgrimidos en la impugnación, la Sala examinará si la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos endilgados y, por ende, vulneraron los derechos fundamentales invocados por la accionante.

G. Análisis de la Sala

38. Frente al vicio de la violación a la Constitución invocado por la parte actora, la Sala concuerda con lo dicho por el a quo, dado que los argumentos expuestos por el libelista para cimentar el defecto no cuentan con la carga argumentativa necesaria para tener por satisfecho el requisito de relevancia constitucional.

39. No bastaba , pues, con citar las disposiciones de orden superior que se consideraran desconocidas, sino que era indispensable que el actor expusiera con claridad en qué consiste el supuesto yerro, a fin de que el juez de tutela pueda examinar de fondo del asunto.

40. Ahora bien, es cierto que en la impugnación la parte actora amplió los argumentos esgrimidos en la demanda original para cimentar los supuestos

examinar de fondo del asunto.

40. Ahora bien, es cierto que en la impugnación la parte actora amplió los argumentos esgrimidos en la demanda original para cimentar los supuestos defectos alegados; sin embargo, la Sala advierte que ese mecanismo no puede utilizarse para mejorar los cargos inicialmente planteados y, por ende, mal haría en emitir pronunciamiento de fondo al respecto, porque ello supondría desconocer las garantías de defensa y contradicción de la contraparte, cuya intervención se circunscribió a los defectos y argumentos expuestos en la solicitud de amparo.

41. Con relación al defecto fáctico , al igual que el a quo, para la Subsección está estrechamente relacionado con el desconocimiento del precedente alegado, dado que la parte actora reclama que la interpretación del medio de prueba, concretamente de los actos administrativos de vinculación (Resoluciones 408 de 1975, 209 de 1976 y 356 de 1977 ), se efectúe a la luz de la jurisprudencia que invoca.Radicado: 11001-03-15-000-2024-006894-01

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42. En ese orden, la parte demandante considera que , si bien es cierto los actos fueron suscritos por la autoridad local correspondiente y el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional en el Fondo Educativo Regional (FER), también lo es que, en contraste con lo señalado por el Consejo de Estado en la

fueron suscritos por la autoridad local correspondiente y el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional en el Fondo Educativo Regional (FER), también lo es que, en contraste con lo señalado por el Consejo de Estado en la sentencia SUJ-11-S2 de 21 de junio de 2018 , no solamente por ello debe entenderse que la vinculación fue de orden nacional, toda vez que, según la tesis que sostiene dicha providencia, debe consid erarse que los nombramientos emanaron de la Secretaría de Educación del ente territorial y , además, que los recursos destinados para el sostenimiento del nombramiento eran territoriales.

43. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, mediante sentencia del 6 de junio de 2024, revocó el fallo del 1º de diciembre de 2021, emitido por el Tribunal Administrativo de Nariño, que accedió al reconocimiento de la pensión gracia y, en su lugar, negó la prestación , tras considerar que la señora Lasso de Herrera no cumple con los requisitos exigidos en la normativa aplicable para acceder a la pensión.

44. Concretamente, según la tesis de la autoridad judicial accionada, la actora no acredita la vinculación a la docencia oficial, del nivel territorial o nacionalizado, antes del 31 de diciembre de 1980 , por cuanto la vinculación que data de fecha anterior fue de carácter nacional. En efecto, en la sentencia censurada, el alto tribunal

analizó lo siguiente:

En este sentido, la Sala procederá a verificar si Margoth Lasso de Herrera acreditó una vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980, según lo descrito en el párrafo anterior. Al respecto, en el expediente se encuentra acreditado

En este sentido, la Sala procederá a verificar si Margoth Lasso de Herrera acreditó una vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980, según lo descrito en el párrafo anterior. Al respecto, en el expediente se encuentra acreditado que fue vinculada como profesora de alfabetización mediante la Resolución 404 del 4 de septiembre de 1975, el 9 de septiembre fue trasladada al Centro “Bienestar Social”, a través de las resoluciones 408 de 1975, 209 del 3 de septiembre de 1976 y 356 del 16 de septiembre de 1977 , fue nombrada en igual calidad en el Centro “Fetrane” de Pasto (Nariño) y en el Centro “Bienestar Social” de Pasto (Nariño).

No obstante, el gobernador de Nariño mediante el Decreto 793 de 2009 aclaró las resoluciones 408 del 9 de septiembre de 1975, 209 de 1976 y 356 del 16 de septiembre de 1977, en el sentido de indicar que entre ellas no existió solución de continuidad, puest o que no correspondieron a nuevos nombramientos, sino a ratificaciones en el cargo de alfabetizadora. En la parte considerativa señaló que el nombramiento sin solución de continuidad de la demandante se realizó por delegación del Ministerio de Educación.

En relación con esa vinculación, se advierte que fue del orden nacional, por cuanto la designación se efectuó por delegación del Ministerio de Educación Nacional como consta en el acto de aclaración y en las firmas de varias de las resoluciones antes mencionadas. En suma, en consideración a la naturaleza de la plaza en la que fue designada la docente, contrario a lo concluido por el a quo, no es posible computar ese tiempo de servicios, por cuanto, pese a

resoluciones antes mencionadas. En suma, en consideración a la naturaleza de la plaza en la que fue designada la docente, contrario a lo concluido por el a quo, no es posible computar ese tiempo de servicios, por cuanto, pese a que el acto fue expedido por el secretario de educac ión pública del departamento de Nariño, este dependía de la cartera ministerial, de acuerdo con las normas expuestas.

Lo anterior, en línea con lo reiterado por la Sección Segunda de esta Corporación en sentencia de unificación 28, según la cual «[e]n cuanto al personal nacional la regla es clara. Tanto el marco jurídico que rige la aludida prestación como la doctrina legal en la materia son explícitos en advertir que los docentes nacionales no tienen derecho a su reconocimiento, y que el tiempo laborado en esa condición no se puede computar con el servido en calidad de educador nacionalizado o territorial».Radicado: 11001-03-15-000-2024-006894-01

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Asimismo, de acuerdo con las pruebas aportadas al expediente, se advierte que no se acreditó otra vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980, por lo que, concluye esta Subsección que Margoth Lasso de Herrera no es acreedora del reconocimiento de la pe nsión gracia, por cuanto no acreditó todos los requisitos para el reconocimiento de esta prestación. Por lo expuesto se revocará la sentencia proferida el 1° de diciembre de 2021 por el Tribunal Administrativo del Nariño, y en su lugar se negarán las pretensiones.

todos los requisitos para el reconocimiento de esta prestación. Por lo expuesto se revocará la sentencia proferida el 1° de diciembre de 2021 por el Tribunal Administrativo del Nariño, y en su lugar se negarán las pretensiones.

45. Como se observa, la autoridad judicial accionada desentrañ ó el origen de la vinculación nacional, no sólo partiendo de los actos de nombramiento sino también del Decreto 793 de 2009, que permitió aclarar la situación particular de la actora. Al respecto, al momento de analizar el material probatorio allegado al plenario, señaló:

En el Decreto 793 de 2009 el gobernador de Nariño aclaró las resoluciones 408 del 9 de septiembre de 1975, 209 de 1976 y 356 del 16 de septiembre de 1977, en el sentido de indicar que entre ellas no existe solución de continuidad, puesto que no corresponden a nuevos nombramientos, sino a ratificaciones en el cargo de alfabetizadora. En la parte considerativa señaló que el nombramiento sin solución de continuidad de la demandante se realizó en delegación del Ministerio de Educación (Resalta la Sala).

46. Nótese que la autoridad judicial accionada al analizar el Decreto 793 de 2009 determinó que el mismo se suscribió por un servidor que actuó por delegación del MEN, y por ello la plaza a ocupar fue del orden nacional, distinto si el firmante hubiera sido el delegado permanente del MEN ante el FER, pues en este último caso la jurisprudencia de unificación fue clara al determinar que por ese sólo hecho no se cambia la calidad del docente territorial o nacionalizado.

47. Por lo expuesto, no se encuentra ajustada a la realidad la afirmación que hace

caso la jurisprudencia de unificación fue clara al determinar que por ese sólo hecho no se cambia la calidad del docente territorial o nacionalizado.

47. Por lo expuesto, no se encuentra ajustada a la realidad la afirmación que hace la parte actora respecto de la inobservancia de la sentencia de unificación invocada en la demanda, toda vez que en la providencia censurada se hizo expresa alusión a este precedente, que sustentó la decisión acogida por la Corporación . En efecto,

en el fallo censurado se discurrió:

Aunado a lo anterior, para determinar la plaza docente que permite obtener el beneficio pensional en comento, en este punto, se recuerdan las reglas que fijó esta Corporación en sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, así:

«(i) los recursos del antiguo situado fiscal, regulados tanto en la Constitución de 1886 como en la de 1991, que transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales para atender al sostenimiento de los fondos educativos regionales, una vez ingresaban a los presupuestos locales, le pertenecían de forma exclusiva a los entes territoriales;

(ii) la calidad de docente territorial o nacionalizado es otorgada por la ley, y no se pierde, o cambia a nacional, cuando en el acto de vinculación del docente haya intervenido el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el respectivo fondo educativo regional o haya certificado la disponibilidad presupuestal o la vacancia definitiva del cargo;

(iii) en consecuencia, lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la aludida prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues en lo que respecta a los

(iii) en consecuencia, lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la aludida prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas de la respectiva localidad, o de las -situado fiscal - cuando se sufragaban los gastos a través de los endógenas exógenas fondos educativos regionales, y en lo que tiene que ver con los educador es nacionalizados, lasRadicado: 11001-03-15-000-2024-006894-01

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erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones; y

(iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los a

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