CE - Sentencia 11001031500020240693501
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 11001031500020240693501
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06935-01
Accionante: Paula Andrea Castaño Palacio
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela Radicación: 11001-03-15-000-2024-06935-01
Accionante: Paula Andrea Castaño Palacio
Accionados: Juzgado Veintiséis (26) Administrativo de Bogotá y
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por el apoderado de la accionante contra la sentencia de tutela de l 31 de enero de 2025, proferida por la Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación, mediante la cual se declaró improcedente la solicitud de amparo de los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad de la accionante.
I. LA SOLICITUD
La señora Paula Andrea Castaño Palacio, actuando a través de su apoderado, promovió acción de tutela contra el Juzgado Veintiséis (26) Administrativo de Bogotá1 y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F2, con el fin de que se protegieran sus derechos fundamentales
promovió acción de tutela contra el Juzgado Veintiséis (26) Administrativo de Bogotá1 y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F2, con el fin de que se protegieran sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, presuntamente vulnerados por las providencias de 28 de mayo y 17 de septiembre de 2024, mediante las cuales el Juzgado negó una solicitud de medida cautelar y el Tribunal confirmó la decisión, respectivamente.
Como fundamento de la soli citud de tutela, la parte actora i ndica que el Consejo Superior de la Judicatura, mediante el Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018, convocó un concurso de méritos (Convocatoria 27) con el fin de proveer cargos de funcionarios de la Rama Judicial , en el cual la accionante se inscribió para el cargo de juez promiscuo del circuito. Manifiesta que e l 24 de julio de 2022 se llevó a cabo la prueba de conocimientos y aptitudes, cuyos resultados fueron publicados en la Resolución CJR22-351 del 1º de septiembre de 2022, en la que obtuvo un puntaje no aprobatorio de 795,16.
1 En adelante el Juzgado. 2 En adelante el Tribunal.Radicación: 11001-03-15-000-2024-06935-01
Accionante: Paula Andrea Castaño Palacio
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Señala que interpuso recurso de reposición contra dicho acto administrativo, argumentando que algunas preguntas presentaban errores. Indica que
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Señala que interpuso recurso de reposición contra dicho acto administrativo, argumentando que algunas preguntas presentaban errores. Indica que solicitó información sobre las preguntas que respondió correctamente y que, como consecuencia de dicha solicitud fue citada a la jornada de exhibición del 30 de octubre de 2022, donde tuvo la oportunidad de verificar la prueba, su hoja de respuestas y las preguntas consideradas correctas.
Aduce que presentó una ampliación del recurso de reposición, en la que explicó los motivos por los cuales, a su juicio, varios interrogantes presentaban inconsistencias. Sin embargo, la Unidad de Administración de la Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, mediante la Resolución CJR23-41 del 16 de enero de 2023, desestimó sus argumentos y confirmó la decisión contenida en la Resolución CJR22 -351 del 1º de septiembre de 2022.
Adujo que, por lo anterior, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Universidad Nacional de Colombia (expediente 11001 -33-35-026-2024-00134-01), con el fin de que se declare la nulidad de las Resoluciones CJR22-351 del 1º de septiembre de 2022 y CJR23-41 del 16 de enero de 2023. Precisa que dentro del citado trámite solicitó el decreto de una medida cautelar de urgencia, que le per mitiera ingresar a la segunda fase del concurso, que incluye el curso-concurso y otras pruebas, con el fin de integrar la lista de elegibles
del citado trámite solicitó el decreto de una medida cautelar de urgencia, que le per mitiera ingresar a la segunda fase del concurso, que incluye el curso-concurso y otras pruebas, con el fin de integrar la lista de elegibles para el cargo de juez del circuito conforme a la Ley 270 de 1996 y la convocatoria mencionada.
Sostuvo que mediante auto del 28 de mayo de 2024 se negó el Juzgado la medida cautelar , al estimar que las actuaciones derivadas del concurso deben ser cuestionadas de fondo en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho y que en el proceso se determinará la legalidad de los actos y las decisiones adoptadas, incluidas las respuestas a los recursos interpuestos sobre los resultados obtenidos en las pruebas de conocimientos y aptitudes, especialmente en lo relacionado con las inconsistencias señaladas en algunas preguntas.
Asegura que i nconforme con la anterior decisión interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto el 17 de septiembre de 2024 por el Tribunal, en el sentido de confirmar la decisión del Juzgado , al estimar que "de la lectura del escrito cautelar no se advierte una debida sustentación que permita entender los argumentos que apremian su declaratoria".
Resalta que las providencias impugnadas desconocen el precedente que considera similar, en el cual, a pesar de haberse solicitado medidas cautelares, se concedió una y no la otra, lo que, a su juicio, constituye una violación grave al principio de igualdad y al precedente horizontal del despacho.Radicación: 11001-03-15-000-2024-06935-01
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violación grave al principio de igualdad y al precedente horizontal del despacho.Radicación: 11001-03-15-000-2024-06935-01
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II. TRÁMITE DE LA TUTELA
2.1. Mediante auto de 19 de diciembre de 2024, el magistrado sustanciador admitió la acción de tutela y ordenó notificar a las partes.
2.2. El Juzgado Veintiséis (26) Administrativo de Bogotá presentó informe en el que manifiesta que la acción de tutela resulta improcedente, toda vez que la parte accionante, en el marco del proceso ordinario, no logró acreditar los requisitos jurídicos, argumentativos, fácticos y probatorios necesarios para justificar la concesión de la medida cautelar solicitada.
2.3. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial presentó informe en el que solicita se de clare probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva . Adicionalmente, solicita se declare improcedente la acción de tutela por cuanto dicho mecanismo no está diseñado para convertirse en una instancia adicional de los procesos judiciales, pues , a su juicio , los principios de seguridad jurídica y de coherencia del ordenamiento jurídico no permiten la revisión permanente y a perpetuidad de las decisiones de los jueces.
Aduce que, el presente caso no se configuró un perjuicio irremediable que amerite la procedencia de la acción como mecanismo transitorio.
a perpetuidad de las decisiones de los jueces.
Aduce que, el presente caso no se configuró un perjuicio irremediable que amerite la procedencia de la acción como mecanismo transitorio.
2.4. El Consejo Superior de la Judicatura – Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla presentó informe en el que solicita declarar la improcedencia o negar el amparo solicitado por cuanto no se cumplen los requisitos de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Señaló que, tras el análisis del contenido de las decisiones cuestionadas a través de la acción de tutela, se concluye que tanto el Juzgado como el Tribunal, actuaron con respeto y garantía de los derechos fundamentales de la accionante, toda vez que: (i) las providencias fueron emitidas por autoridades competentes ; (ii) se siguió el procedimiento legalmente previsto para este tipo de actuaciones ; (iii) se aplicó el marco normativo pertinente con base en el material probatorio incorporado al expediente ; (iv) no se evidencia contradicción entre los fundamentos y el contenido de las decisiones; (v) no se advierte la existencia de error inducido ; (vi) las decisiones están debidamente motivadas en hechos y en derecho; y (vii) no se presenta vulneración de precedente judicial alguno.
2.5. La Universidad Nacional de Colombia presentó informe en el que manifiesta que dicha entidad participó en el proceso de selección de la Convocatoria 27 únicamente en calidad de operador técnico y consultor, de conformidad con lo estipulado en el Contrato No. 096 de 2018. Indica que sus funciones se limitaron al diseño, estructuración, impresión y aplicación de pruebas psicotécnicas, de conocimientos, competencias y aptitudes,
conformidad con lo estipulado en el Contrato No. 096 de 2018. Indica que sus funciones se limitaron al diseño, estructuración, impresión y aplicación de pruebas psicotécnicas, de conocimientos, competencias y aptitudes, siguiendo las directrices impartidas por la Unidad de Administración de Carrera Judicial, por lo que la intervención de dicha institución se restringióRadicación: 11001-03-15-000-2024-06935-01
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exclusivamente al ámbito técnico, sin que haya tenido injerencia alguna en decisiones administrativas, valoraciones o resoluciones adoptadas por la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, ni en las determinaciones proferidas por los despachos judiciales que motivan la presente acción de tutela, entre otros aspectos.
Asegura que carece de competencia para intervenir o cumplir órdenes relacionadas con la incorporación de la accionante al curso, ya que los reclamos exceden sus funciones. En virtud de ello, solicitó se declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva y ordenar su desvinculación del proceso, a fin de que la tutela se dirija contra la entidad verdaderamente competente, conforme al marco legal aplicable.
Adujo que, la accionante no demostró la inminente ocurrencia de un perjuicio irremediable por parte de la Universidad Nacional , lo cual es requisito para que la acción de tutela sea tramitada como garantía de derechos fundamentales.
2.6. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
perjuicio irremediable por parte de la Universidad Nacional , lo cual es requisito para que la acción de tutela sea tramitada como garantía de derechos fundamentales.
2.6. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, presenta informe en que solicita se niegue la solicitud de amparo. Afirma que no es procedente el argumento del accionante sobre el desconocimiento del precedente horizontal, aclarando que una decisión previa del Juzgado no constituye precedente obligatorio para esa instancia.
Agrega que la solicitud de medida cautelar fue negada debido a la falta de una argumentación sólida y específica, ya que el escrito del apoderado contenía afirmaciones generales que no se relacionaban con la situación concreta de la accionante. Señal a que la decisión no se basó en razones formales, sino en la ausencia de fundamentos materiales suficientes, tal como lo respalda la jurisprudencia del Consejo de Estado.
Agrega que, aun si se aceptara la sustentación presentada, la medida sería improcedente por razones prácticas y jurídicas: (i) el curso ya se encontraba avanzado; (ii) la solicitud se presentó tardíamente; y (iii) otorgar la medida vulneraría el principio de igualdad frente a otros participantes en situaciones similares.
Concluye que no se configura el defecto alegado por la parte actora, ya que la decisión fue debidamente motivada y fundada en pruebas, sin desconocer los precedentes aplicables.
III. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación , mediante sentencia de 31 de enero de 2025, declaró improcedente, por no cumplir el
los precedentes aplicables.
III. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación , mediante sentencia de 31 de enero de 2025, declaró improcedente, por no cumplir el requisito de subsidiariedad, la solicitud de amparo de los derechosRadicación: 11001-03-15-000-2024-06935-01
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fundamentales al debido proceso e igualdad de la accionante , con fundamento en las siguientes consideraciones:
Adujo que, la jurisprudencia establece que antes de promover una tutela, se deben agotar otros mecanismos de defensa judicial disponibles. Además, de que dicho mecanismo no es procedente si el afectado tiene otras herramientas legales eficaces para defender sus derechos, salvo que se enfrente a una situación de perjuicio irremediable , el cual debe cumplir ciertos criterios, como ser inminente, grave, urgente e impostergable.
Indicó que, e n el caso concreto, la actora busca que se le conceda una medida cautelar para poder ingresar a la segunda fase de l concurso de méritos (Convocatoria 27). Sin embargo, la tutela no es procedente porque el proceso judicial ordinario aún está pendiente de sentencia de primera instancia, y no se ha demostrado un perjuicio irremediable que justifique el uso de la acción de tutela.
IV. LA IMPUGNACIÓN
Inconforme con la anterior decisión, la accionante presentó impugnación, con fundamento en los siguientes argumentos:
uso de la acción de tutela.
IV. LA IMPUGNACIÓN
Inconforme con la anterior decisión, la accionante presentó impugnación, con fundamento en los siguientes argumentos:
Señaló que la providencia impugnada no tuvo en cuenta elementos probatorios fundamentales para una adecuada valoración de la situación planteada, en particular, la finalidad de la medida cautelar dentro de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. Resalta que la ausencia de un análisis riguroso de estos elementos condujo a una conclusión que podría traducirse en un grave menoscabo de los derechos en disputa.
Asimismo, advierte que la interpretación dada a las normas aplicables podría dar lugar a una línea jurisprudencial que, si bien podría ser válida en otros contextos, no se ajusta a las particularidades del caso concreto. En este sentido, resalta la relevancia de las acciones de tutela en el contexto de los concursos de méritos, especialmente frent e a las decisiones de improcedencia que remiten el asunto a la jurisdicción contenciosa, la cual, en ocasiones, niega medidas cautelares sin considerar los efectos positivos que podría generar una eventual sentencia favorable al demandante.
En ese orden, estima que la decisión no solo afecta derechos individuales, sino que también sienta un precedente que podría tener consecuencias negativas para otros ciudadanos que se encuentren en situaciones similares.
V. CONSIDERACIONES DE LA SALA
5.1. CompetenciaRadicación: 11001-03-15-000-2024-06935-01
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De conformidad con lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1 º del Decreto 333 de 2021 y el artículo 25 del Acuerdo nro. 80 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto.
5.2. Cuestión previa
De la revisión del expediente se observa que tanto la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial como la Universidad Nacional de Colombia solicitaron, en sus respectivos informes, que se declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva. Sin embargo, estos planteamientos no fueron objeto de análisis por parte del juez de primera instancia.
En ese contexto, a la Sala le corresponde pronunciarse sobre dichas solicitudes. Por parte de la Dirección Ejecutiva, se señaló que:
“los derechos alegados por parte actora como vulnerados, no son consecuencia de una acción u omisión atribuible a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, por lo que debe prescindirse de librar cualquier orden de apremio en este sentido, dirigida a la entidad que represento toda vez que dentro de la atribuciones de la entidad no se encuentra la de dar órdenes a los despachos judiciales”.
Por su parte, la Universidad Nacional manifestó:
cualquier orden de apremio en este sentido, dirigida a la entidad que represento toda vez que dentro de la atribuciones de la entidad no se encuentra la de dar órdenes a los despachos judiciales”.
Por su parte, la Universidad Nacional manifestó:
“En ese sentido, la Universidad Nacional de Colombia no tiene competencia para influir, modificar o pronunciarse sobre dichas decisiones, ni tampoco para dar cumplimiento a una eventual orden del despacho relacionada con la incorporación de la accionante al curso. En consecuencia, los reclamos planteados desbordan las facultades de esta institución”.
El artículo 13 del Decreto 2591 establece lo siguiente respecto a la legitimación en la causa por pasiva:
“(...)Articulo 13. Personas Contra Quien se Dirige la Acción e Intervinientes. La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.
Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud. (...)”Radicación: 11001-03-15-000-2024-06935-01
Accionante: Paula Andrea Castaño Palacio
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
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De igual manera la Corte Constitucional, mediante sentencia T -1001 de 30 de noviembre de 20061, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva en los siguientes términos:
“(…) En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la Sentencia T -416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia f avorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de manera que, en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios
la brevedad y celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de manera que, en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.
Y más adelante, en sentencia T -519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que inflige el daño (…)”. (Destaca el Sala)
Pues bien, en el caso concreto, no se configura la falta de legitimación en la causa por pasiva alegada por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y por la Universidad Nacional de Colombia , por cuanto dichas autoridades fueron vinculadas al presente trámite , en razón a que obran como entidades demandadas en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el cual se profirieron las providencias cuestionadas mediante la presente acción constitucional y, por tanto, les asiste interés en las resultas del proceso.Radicación: 11001-03-15-000-2024-06935-01
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5.3. Hechos relevantes
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5.3. Hechos relevantes
5.3.1. La accionante participó en el concurso de méritos convocado mediante el Acuerdo PCSJA18 -11077 del 16 de agosto de 2018 (Convocatoria 27), expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, con el propósito de proveer cargos de funcionarios de la Rama Judicial.
5.3.2. En el desarrollo del proceso, la accionante obtuvo un puntaje no aprobatorio de 795,16 en la prueba de conocimientos y aptitudes, cuyos resultados fueron publicados mediante la Resolución No. CJR22 -351 del 1º de septiembre de 2022 , decisión contra la cual interpuso recurso de reposición, que fue decidido mediante la Resolución No. CJR23-41 del 16 de enero de 2023, en el sentido de confirmar los resultados inicialmente publicados.
5.3.3. La accionante promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con el propósito de obtener la declaración de nulidad de los actos administrativos previamente mencionados, la cual se tramitó bajo radicado número 11001-33-35-026-2024-00134-00/01, y en la que la parte actora solicitó el decreto de una medida cautelar de urgencia la cual fue negada por el Juzgado el 28 de mayo de 2024.
5.3.4. Contra la anterior decisión, se interpuso recurso de apelación el cual fue decidido el 17 de septiembre de 2024 en el sentido de confirmar la decisión de primera instancia.
5.3.4. Contra la anterior decisión, se interpuso recurso de apelación el cual fue decidido el 17 de septiembre de 2024 en el sentido de confirmar la decisión de primera instancia.
5.4. Análisis de la Sala
5.4.1. De acuerdo con lo expuesto, la parte accionante busca la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso, a raíz de las providencias de 28 de mayo y 17 de septiembre de 2024, mediante las cuales el Juzgado y el Tribunal denegaron el decreto de una medida cautelar y confirmaron la providencia apelada, respectivamente, en el marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación 11001-33-35-026-2024-00134-00/01.
La Sección Segunda de esta Corporación , en la sentencia de primera instancia, declaró improcedente la acción de tutela, al estimar que la actora solicita que se le conceda una medida cautelar que le permita acceder a la segunda fase del concurso de méritos (Convocatoria 27) ; no obstante, el proceso judicial ordinario aún se encuentra pendiente de sentencia de primera instancia, y no se acredita un perjuicio irremediable que justifique el uso de este mecanismo excepcional.
En su escrito de impugnación la accionante argumenta que la providencia impugnada no consideró elementos probatorios clave, como la finalidad de la medida cautelar en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. A su juicio, esta omisión llevó a una conclusión que podría perjudicarRadicación: 11001-03-15-000-2024-06935-01
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A su juicio, esta omisión llevó a una conclusión que podría perjudicarRadicación: 11001-03-15-000-2024-06935-01
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gravemente los derechos en disputa. Además, señala que la interpretación de las normas podría generar una jurisprudencia válida en otros contextos, pero inapropiada para el caso específico. Destaca la importancia de las tutelas en concursos de méritos y la necesidad de que la jurisdicción contenciosa considere los efectos positivos de una eventual sentencia favorable al demandante. En resumen, considera que la decisión no solo afecta derechos individuales, sino que también podría establecer un precedente negativo para casos similares.
5.4.2. Para decidir lo pertinente, es preciso señalar que, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, debe realizarse una cuidadosa verificación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin de evitar que este mecanismo excepcional se convierta en una vía para desconocer principios constitucionales como la cosa juzgada, el debido proceso, la seguridad jurídica y la independencia judicial.
En relación con los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, se tiene lo siguiente:
El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela solo procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable3.
El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela solo procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable3.
A su vez, el artículo 6 del Decreto Ley 2591 de 1991 dispuso que “la acción de tutela no procederá: cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante”.
Por lo tanto, uno de los requisitos que se debe cumplir es el de subsidiariedad, en la medida que solo resulta procedente cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, a no ser que busque evitar un perjuicio irremediable4.
Sobre el particular, la Corte Constitucional ha explicado que el requisito general de subsidiariedad envuelve tres eventos que conducen a la improcedencia de la acción de tutela contra providencia judicial5: (i) cuando el asunto está en trámite; (ii) en el evento en que no se han agotado los medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios, y (iii) si se usa para revivir etapas procesales en donde se dejaron de emplear los recursos previstos en el ordenamiento jurídico. (Destaca el Despacho)
3 Artículo 86 C.P.: “(…) Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable (…)”
3 Artículo 86 C.P.: “(…) Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable (…)” 4 Corte Constitucional. Sentencia T-441 de 2015. 5 Corte Constitucional. Sentencia T – 396 de 2014.Radicación: 11001-03-15-000-2024-06935-01
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No obstante, el Tribunal Constitucional ha establecido dos excepciones al requisito de subsidiariedad de la acción de tutela: (i) cuando el mecanismo ordinario de defensa no es idóneo ni eficaz para la protección inmediata de los derechos fundamentales, y (ii) cuando se pretende evitar la configuración de un perjuicio irremediable, el cual debe ser inminente y grave, que requiere de la adopción de medidas de carácter urgente para superar el daño y, por lo tanto, que la protección constitucional sea impostergable6.
5.4.3. En el caso concreto, se observa que el punto de controversia se centra en lo decidido mediante los autos 28 de mayo y 17 de septiembre de
2024. En el primero, el Juzgado resolvió denegar la solicitud de medida cautelar de urgencia elevada por la aquí accionante y, en el segundo, el Tribunal confirmó la decisión de primera instancia.
Ahora bien, de la revisión del proceso ordinario a través de la sede
cautelar de urgencia elevada por la aquí accionante y, en el segundo, el Tribunal confirmó la decisión de primera instancia.
Ahora bien, de la revisión del proceso ordinario a través de la sede electrónica de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo (SAMAI), la Sala observa que el proceso con número único de radicación 11001-33-35026-2024-00134-007 —dentro del cual se profirieron las decisiones objeto de controversia - se encuentra vigente y aún no se ha dictado decisión definitiva.
En ese sentido, la Sala comparte la decisión adoptada por el juez de tutela de pr
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