CE - Sentencia 11001031500020240697801

Consejo de Estado

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Detalles

Título
CE - Sentencia 11001031500020240697801
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B Bogotá DC, cinco (5) de mayo de dos mil veinticinco (2025). Magistrado Ponente (E): FREDY IBARRA MARTÍNEZ Expediente: 11001-03-15-000-2024-06978-01 Demandante: JAROL WILSON CARABALLO CASTRO Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA Y OTRO Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - CONTRATO REALIDAD - SE CONFIRMA LA AUSENCIA DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL Síntesis del caso: el demandante cuestionó las providencias judiciales que negaron las pretensiones de su demanda de nulidad y restablecimiento del derecho tendientes al reconocimiento de una relación laboral encubierta y el pago de las prestaciones sociales. La Sala confirmará la decisión de primera instancia que declaró la improcedencia de la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de relevancia constitucional. La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandante en contra de la sentencia de 21 de febrero de 2025 proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la que se decidió: “PRIMERO: DECLARAR improcedente la solicitud de tutela de Jarol Wilson Caraballo Castro contra el Tribunal Administrativo del Magdalena y el Juzgado Noveno Administrativo de Santa Marta.”. (índice 15 del expediente digital de primera instancia disponible en SAMAI – mayúsculas y negrillas del original). I. ANTECEDENTES 1. La demanda 1) El 17 de diciembre de 2024, el señor Jarol Wilson Caraballo Castro, por medio de apoderado judicial, promovió proceso de acción de tutela en contra del Tribunal

– mayúsculas y negrillas del original). I. ANTECEDENTES 1. La demanda 1) El 17 de diciembre de 2024, el señor Jarol Wilson Caraballo Castro, por medio de apoderado judicial, promovió proceso de acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo del Magdalena y el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de Santa Marta con el fin de que se protegieran sus derechos constitucionales fundamentales del debido proceso y acceso a la administración de justicia, y se accediera a las siguientes súplicas:2 Expediente: 11001-03-15-000-2024-06978-01 Demandante: Jarol Wilson Caraballo Castro Acción de tutela – Impugnación fallo “Se sirva dejar sin efecto las providencias adiadas 2 de diciembre de 2022, proferida por el JUZGADO NOVENO DEL CIRCUITO DE SANTA MARTA y 19 de junio de 2024, notificada el 14 de agosto de 2024, proferida por el H. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA, y en su lugar se disponga u ordene acceder a las pretensiones de la demanda, atendiendo el precedente judicial vigente y que dicho sea de paso fue una sentencia de unificación. En subsidio, solicito que el señor Juez de tutela dispense la protección que estime más conveniente de acuerdo con los hechos y argumentos expuestos, pero que, en todo caso, se le garantice a mi representado el amparo de todos los derechos constitucionales que le han sido transgredidos. Protéjase los demás Derechos Fundamentales Constitucionales, que el señor Juez de la Causa considere que además han sido violados por el Administrador de Justicia.”. (índice 2 del expediente digital de primera instancia disponible en SAMAI). 2. Hechos Como fundamento fáctico de la acción ejercida, la parte demandante señaló, en síntesis, lo siguiente: 1)

que además han sido violados por el Administrador de Justicia.”. (índice 2 del expediente digital de primera instancia disponible en SAMAI). 2. Hechos Como fundamento fáctico de la acción ejercida, la parte demandante señaló, en síntesis, lo siguiente: 1) El señor Jarol Wilson Caraballo Castro estuvo vinculado, a través de contratos de prestación de servicios sucesivos, como técnico administrativo en el área de apoyo tecnológico de la ESE Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche, desde el 11 de mayo de 2015 hasta el 31 de julio de 2019. 2) El demandante solicitó al hospital el reconocimiento de la relación laboral y el consecuente pago de las prestaciones sociales adeudadas, sin embargo, no recibió respuesta. 3) El 15 de diciembre de 2020 presentó demanda1 en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el objetivo de que se declarara la nulidad del acto ficto negativo suscitado por la falta de respuesta de la autoridad peticionada y se declarara la existencia de la relación laboral con el consecuente reconocimiento y pago de erogaciones prestacionales. 4) Dicha demanda correspondió por reparto al Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de Santa Marta2, quien, mediante sentencia de 2 de diciembre de 1 Índice 11 del expediente digital de primera instancia disponible en SAMAI 2 Radicado número 47001-3333-009-2020-00085-00.3 Expediente: 11001-03-15-000-2024-06978-01 Demandante: Jarol Wilson Caraballo Castro Acción de tutela – Impugnación fallo 20223, negó las pretensiones al determinar que no se demostró el elemento de subordinación y, por lo tanto, no se probó la existencia de una relación laboral. 5) El señor Caraballo Castro apeló esa decisión y sostuvo que en su caso sí estaban

fallo 20223, negó las pretensiones al determinar que no se demostró el elemento de subordinación y, por lo tanto, no se probó la existencia de una relación laboral. 5) El señor Caraballo Castro apeló esa decisión y sostuvo que en su caso sí estaban probados los tres elementos constitutivos de una relación laboral, en particular la subordinación, probada a través de los testimonios practicados en el proceso; además, hizo referencia a una sentencia de unificación proferida por el Consejo de Estado4 en la cual se establecieron tres reglas para determinar las relaciones laborales encubiertas. 6) El 19 de junio de 2024, el Tribunal Administrativo del Magdalena profirió sentencia de segunda instancia5 en la que confirmó la decisión de primer grado, tras encontrar que no se acreditó la existencia del elemento de subordinación por considerar que las únicas pruebas allegadas para su demostración fueron algunos contratos de prestación de servicios y dos testimonios, los cuales no evidenciaban de forma directa la subordinación; además, concluyó que la ejecución del objeto contractual se realizó de forma autónoma e independiente, lo cual resultaba propio de una relación contractual y no laboral. 3. El fundamento de la vulneración La parte demandante afirmó que la autoridad judicial demandada incurrió en el defecto de desconocimiento del precedente judicial. Alega que en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho se probó la concurrencia de los tres elementos constitutivos de una relación laboral, con las diferentes órdenes de prestación de servicios allegadas y lo dicho por los testigos en el proceso ordinario, de conformidad con el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. El demandante

se refirió a la sentencia de unificación de 9 de septiembre de 2021, por medio de la cual la Sección Segunda del Consejo de Estado unificó su jurisprudencia y estableció tres reglas referentes a la existencia de relaciones laborales subyacentes y sostuvo que “la actuación de las autoridades accionadas resulta desacertada y 3 Índice 11 del expediente digital de primera instancia disponible en SAMAI 4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de 9 de septiembre de 2021, CP Rafael Francisco Suárez Vargas, expediente radicado no. 05001-23-33-000-2013-01143-01. 5 Índice 11 del expediente digital de primera instancia disponible en SAMAI4 Expediente: 11001-03-15-000-2024-06978-01 Demandante: Jarol Wilson Caraballo Castro Acción de tutela – Impugnación fallo manifiestamente contraria, en tanto se inaplicó el precedente judicial, respecto al caso concreto objeto de impugnación, apartándose del mismo, sin manifestar o fundamentar los motivos, razones o argumentos para tal efecto.”. 4. Actuación de primer grado Mediante providencia de 16 de enero de 20256, la Subsección C de la Sección Tercera de esta Corporación admitió la acción de tutela, notificó a los magistrados del Tribunal Administrativo del Magdalena, al titular del Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de Santa Marta y vinculó, en condición de tercero con interés, a la ESE Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche, para que allegaran un informe sobre los hechos que motivaron el ejercicio de la acción. 5. Sentencia de primera instancia A través de sentencia de 21 de febrero de 20257, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró la improcedencia de la acción por incumplimiento del requisito de relevancia

los hechos que motivaron el ejercicio de la acción. 5. Sentencia de primera instancia A través de sentencia de 21 de febrero de 20257, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró la improcedencia de la acción por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional. El a quo consideró que los planteamientos del actor no evidenciaban una afectación real de derechos fundamentales, sino que reflejaban una discrepancia con la valoración probatoria y las conclusiones jurídicas adoptadas por los jueces ordinarios, quienes negaron las pretensiones por estimar que no se acreditaron los elementos que configuran una relación laboral; adicionalmente, señaló que la sustentación de la demanda para invocar la presunta existencia del defecto alegado no superó el umbral necesario de carga mínima argumentativa exigido por la jurisprudencia constitucional. 6. Impugnación La parte demandante presentó impugnación8 contra el fallo de primera instancia y le fue concedida en auto del 7 de abril de 20259.

6 Índice 6 del expediente digital de primera instancia disponible en SAMAI 7 Índice 15 del expediente digital de primera instancia disponible en SAMAI 8 Índice 19 del expediente digital de primera instancia disponible en SAMAI 9 Índice 21 del expediente digital de primera instancia disponible en SAMAI5 Expediente: 11001-03-15-000-2024-06978-01 Demandante: Jarol Wilson Caraballo Castro Acción de tutela – Impugnación fallo Como planteamiento en contra de lo decidido en primera instancia afirmó que la acción de tutela superó el requisito de relevancia constitucional porque lo pretendido con ella es cuestionar la falta de razones expuestas por las autoridades judiciales demandadas para explicar por qué se apartaron del precedente judicial del Consejo de Estado para tomar la decisión que negó las pretensiones de su demanda; además, sostuvo que la decisión de primera instancia no se ajustaba a los fundamentos fácticos y jurídicos expuestos en la acción de tutela y reiteró lo expuesto en la demanda relacionado con el desconocimiento del precedente judicial y el cumplimiento de los elementos constitutivos de una relación laboral. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA Cumplidos los trámites propios del proceso sin que exista causal alguna de nulidad que invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela, 2) delimitación del asunto y, 2) caso concreto. 1. Finalidad de la acción de tutela Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular. Sin embargo, este instrumento no puede ser utilizado

de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular. Sin embargo, este instrumento no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos ni para revivir términos precluidos o acciones caducadas. De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos fundamentales del demandante.6 Expediente: 11001-03-15-000-2024-06978-01 Demandante: Jarol Wilson Caraballo Castro Acción de tutela – Impugnación fallo 2. Delimitación del asunto Si bien la acción de tutela se dirigió indistintamente contra las providencias del Tribunal Administrativo del Magdalena y el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de Santa Marta, únicamente se resolverán los argumentos de reproche de la parte actora que se dirigieron a controvertir el contenido de la sentencia de segunda instancia, esto es, aquella que definió el marco de decisión de la presente providencia. En consecuencia, la Sala advierte que únicamente analizará los reparos formulados contra la sentencia de segunda instancia, por cuanto fue la que finalizó el proceso y ante la eventualidad de que deba accederse al amparo pretendido, la autoridad judicial encargada de cumplir la orden y dictar una de reemplazo sería el Tribunal Administrativo del Magdalena, por lo tanto, el análisis de la Sala se circunscribirá a lo decidido por dicha autoridad judicial. 3. El caso concreto En el asunto que ocupa la atención de la Sala se demanda por

y dictar una de reemplazo sería el Tribunal Administrativo del Magdalena, por lo tanto, el análisis de la Sala se circunscribirá a lo decidido por dicha autoridad judicial. 3. El caso concreto En el asunto que ocupa la atención de la Sala se demanda por esta vía constitucional al Tribunal Administrativo del Magdalena con el fin de que se protejan los derechos constitucionales fundamentales del debido proceso y acceso a la administración de justicia presuntamente vulnerados con ocasión de la sentencia proferida el 19 de junio de 2024 por dicha autoridad judicial. En la sentencia de primera instancia la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró la improcedencia de la acción de tutela por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, por cuanto consideró acreditado que la parte actora buscó reabrir el debate legal que ya había sido zanjado por el juez natural de la causa y porque no cumplió con la carga argumentativa mínima para alegar la configuración del defecto aducido. En el escrito de impugnación el demandante reiteró los argumentos expuestos en su demanda relacionados con la configuración de un desconocimiento del precedente judicial y con el cumplimiento de los elementos constitutivos de una relación laboral; además, agregó que la decisión de primera instancia no se ajustaba a los fundamentos fácticos y jurídicos expuestos en la acción de tutela. En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala confirmará la sentencia7 Expediente: 11001-03-15-000-2024-06978-01 Demandante: Jarol Wilson Caraballo Castro Acción de tutela – Impugnación fallo de primera instancia que declaró la improcedencia de la acción por el incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, por las razones que se expondrán a continuación: 1) Para determinar si una solicitud de amparo tiene o no relevancia constitucional, la Sala Plena del Consejo de Estado consideró necesario

que declaró la improcedencia de la acción por el incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, por las razones que se expondrán a continuación: 1) Para determinar si una solicitud de amparo tiene o no relevancia constitucional, la Sala Plena del Consejo de Estado consideró necesario examinar varios elementos, entre ellos que la parte actora cumpla con la carga de argumentar los fundamentos de la vulneración a sus derechos fundamentales y que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional a la del proceso ordinario en que fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo especial constitucional fue diseñado para proteger derechos fundamentales y no para discutir la discrepancia que un actor tenga frente a la decisión judicial10. 2) Revisada la acción de de tutela objeto de examen, la Sala advierte que es claro que los fundamentos empleados se dirigen de manera exclusiva a discutir argumentos que fueron debidamente debatidos, analizados y resueltos en el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. 3) En efecto, en el recurso de apelación que interpuso el señor Jarol Wilson Caraballo Castro en contra de la sentencia de 2 de diciembre de 2022 la parte actora alegó, en los mismos términos que ahora plantea, que de las pruebas practicadas en el proceso era evidente que sí se cumplían con los tres elementos que constituyen una relación laboral y se refirió de manera expresa a la sentencia de unificación del 9 de septiembre de 2021 proferida por la Sección Segunda de esta Corporación que invocó como desconocida en el presente trámite constitucional. 4) Esos planteamientos fueron objeto de estudio por parte del Tribunal Administrativo del Magdalena en la sentencia de 19 de junio de 2024 con las consideraciones que a continuación se transcriben: “En cuanto a este elemento esencial de la relación labora[l] [subordinación]l, se advierte que las únicas pruebas que

fueron objeto de estudio por parte del Tribunal Administrativo del Magdalena en la sentencia de 19 de junio de 2024 con las consideraciones que a continuación se transcriben: “En cuanto a este elemento esencial de la relación labora[l] [subordinación]l, se advierte que las únicas pruebas que se recaudaron con el propósito de su acreditación fueron algunos de los contratos de prestación de servicios, y los testimonios del señor Dimas Alfonso Barona Becerra y del señor Anuar Enrique Pertuz Barrios. 10 Sentencia de 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado, expediente 11001-03-15-000-2012-02201-01, MP Jorge Octavio Ramírez Ramírez.8 Expediente: 11001-03-15-000-2024-06978-01 Demandante: Jarol Wilson Caraballo Castro Acción de tutela – Impugnación fallo A juicio de esta Corporación, si bien el trabajo del actor fue de forma permanente y continua durante un razonable periodo de tiempo, lo cierto es, que de las pruebas obrantes dentro del plenario no se evidencia de manera directa el referido elemento, el cual es determinante para establecer la diferencia del contrato laboral y el de prestación de servicios […] De acuerdo con lo expuesto, para la Sala es irrebatible el hecho de que no se logró desvirtuar que la ejecución del objeto contractual no se hizo de manera independiente y autónoma como corresponde a una relación de carácter contractual soportada en la autonomía de la voluntad, razón por la cual no resulta oportuno asimilar dicha relación a una de carácter laboral.”. (índice 2 del expediente digital de primera instancia disponible en SAMAI).

  1. De conformidad con lo anterior, la autoridad judicial demandada sí analizó cada uno de los elementos determinantes para la configuración de una relación laboral y estudió las pruebas integrantes del expediente para determinar que en el trámite del proceso no se logró probar el elemento de subordinación; además, se refirió ampliamente a jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional para apoyar sus argumentos. 6) Para la Sala resulta claro que, si bien la autoridad judicial demandada en la providencia objeto de tutela no se pronunció puntual y expresamente frente a la providencia invocada como desconocida —en particular, la sentencia de unificación proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado el 9 de septiembre de 2021—, lo cierto es que ella se citó en la acción de tutela con el fin de que sirviera como fundamento para sustentar la existencia de una relación laboral encubierta en el caso concreto; análisis jurisprudencial que, en todo caso, el tribunal sí realizó con base en diferentes sentencias11 y a partir del cual estableció que el demandante no logró probar el elemento esencial de la subordinación, lo cual impedía reconocer la existencia de un contrato realidad. 7) Ahora, para sustentar la vulneración de los derechos invocados en el mecanismo constitucional, la parte demandante estructuró su acción en torno a la controversia relativa a la supuesta existencia de una relación laboral encubierta entre él y la ESE Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche, la cual —según sostuvo— fue acreditada en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con base en los elementos previstos en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo y conforme a los criterios fijados por la jurisprudencia unificada del Consejo de Estado. No obstante, 11 Sentencia de Unificación Jurisprudencial CE-SUJ2 No. 5 del 25 de agosto de 2016; Sentencia del Consejo de

Sustantivo del Trabajo y conforme a los criterios fijados por la jurisprudencia unificada del Consejo de Estado. No obstante, 11 Sentencia de Unificación Jurisprudencial CE-SUJ2 No. 5 del 25 de agosto de 2016; Sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, C.P.: Dr. Jesús María Lemos Bustamante, Bogotá D.C., veintitrés (23) de junio de dos mil cinco (2005).9 Expediente: 11001-03-15-000-2024-06978-01 Demandante: Jarol Wilson Caraballo Castro Acción de tutela – Impugnación fallo dicha argumentación fue evaluada y desestimada por el Tribunal Administrativo del Magdalena, que concluyó que las pruebas aportadas —en particular, algunos contratos de prestación de servicios y dos testimonios— no demostraban el elemento de subordinación, razón por la cual negó el reconocimiento de la relación laboral y, en consecuencia, negó las pretensiones de la demanda ordinaria. 8) A partir de lo expuesto, para la Sala es claro que los fundamentos que soportaron la interposición de la acción de tutela se dirigieron de manera exclusiva a discutir los argumentos que fueron debidamente debatidos en el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. 9) Así pues, si bien el demandante pretende darle el cariz de vicio o defecto a dicha situación es evidente que los fundamentos que soportan la interposición de la acción de tutela son una reproducción de los argumentos que fueron planteados en el recurso de apelación, los cuales fueron resueltos en el fallo de 19 de junio de 2024. 10) En ese orden de ideas, la Sala advierte que la acción de tutela de la referencia no reviste relevancia constitucional porque su objeto fue reabrir un debate jurídico propio del proceso ordinario y al juez constitucional le está vedado pronunciarse sobre

de 19 de junio de 2024. 10) En ese orden de ideas, la Sala advierte que la acción de tutela de la referencia no reviste relevancia constitucional porque su objeto fue reabrir un debate jurídico propio del proceso ordinario y al juez constitucional le está vedado pronunciarse sobre materias que desbordan su competencia. 9) En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia que declaró la improcedencia de la acción por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional. En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A : 1°) Confírmase la sentencia de primera instancia que declaró la improcedencia de la acción, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama, telefónica, electrónicamente o por cualquier medio expedito y eficaz.10 Expediente: 11001-03-15-000-2024-06978-01 Demandante: Jarol Wilson Caraballo Castro Acción de tutela – Impugnación fallo 3º) Comuníquesele este fallo a la Sala que resolvió la controversia en primera instancia y remítasele copia del mismo. 4º) Ejecutoriada esta providencia remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, con las respectivas anotaciones secretariales previas. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha. FREDY IBARRA MARTÍNEZ Magistrado (E) Firmado electrónicamente ALBERTO MONTAÑA PLATA Magistrado Firmado electrónicamente Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha. FREDY IBARRA MARTÍNEZ Magistrado (E) Firmado electrónicamente ALBERTO MONTAÑA PLATA Magistrado Firmado electrónicamente Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.

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