CE - Sentencia 11001031500020240699300

Consejo de Estado

Icono de documento PDFDescargar PDFDisponible

Detalles

Título
CE - Sentencia 11001031500020240699300
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06993-00

Demandante: Gladis María Rodríguez Tolosa y otros

1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá D.C., treinta (30) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2024-06993-00

Demandantes: GLADIS MARÍA RODRÍGUEZ TOLOSA Y OTROS

Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B

Tema: Contra providencia que declaró la caducidad en demanda de reparación directa relacionada con desaparición forzada . Defecto fáctico. Ampara

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Gladis María Rodríguez Tolosa, Favian Andrés Munive Rodríguez, Eudes Ramón Munive Rodríguez, Hermes Jesús Munive Rodríguez y Geinys Tatiana Munive Rodríguez contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 18 de diciembre de 2024 1, en ejercicio de la acción de tutela y por conducto de apoderado, los demandantes pidieron la protección de sus derechos fundamentales al

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 18 de diciembre de 2024 1, en ejercicio de la acción de tutela y por conducto de apoderado, los demandantes pidieron la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la igualdad y a la reparación integral.

A juicio de los tutelantes, la vulneración de dichas garantías superiores se deriva de la sentencia del 20 de mayo de 2024, con la que el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, declaró de oficio la caducidad de la demanda de reparación directa 8500123-31-003-2011-00197-00/01 en segunda instancia y se inhibió de decidir de fondo las pretensiones allí formuladas.

2. Pretensiones

Los accionantes formularon las siguientes pretensiones:

PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la igualdad, a la seguridad jurídica y a la reparación integral de GLADIS MARÍA RODRÍGUEZ

TOLOSA, EUDES RAMÓN MUNIVE RODRÍGUEZ, FAVIAN ANDRÉS MUNIVE RODRÍGUEZ,

HERMES JESÚS MUNIVE RODRÍGUEZ Y GEINYS TATIANA MUNIVE RODRÍGUEZ.

SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia proferida por el Consejo de Estado el 20 de mayo de 2024, donde revocó la sentencia proferida el 20 de octubre de 2016 por el Tribunal Administrativo de Casanare y, en su lugar, declaró de oficio la caducidad de la acción y se inhibió de pronu nciarse sobre

2024, donde revocó la sentencia proferida el 20 de octubre de 2016 por el Tribunal Administrativo de Casanare y, en su lugar, declaró de oficio la caducidad de la acción y se inhibió de pronu nciarse sobre el mérito de las súplicas de la demanda el Radicado 85001-23-31-003-2011-00197-01 (58.788), la cual fue notificada el 21 de junio de 2024).

TERCERO: En concordancia con lo anterior, ORDENAR al Consejo de Estado - Sección TerceraSubsección A que, dentro de los 20 días siguientes a la notificación de la respectiva sentencia de tutela, expida una nueva decisión en reemplazo en la que se tengan en cuenta las consideraciones expuestas en este escrito de tutela y en la sentencia que proteja los derechos fundamentales alegados, resolviendo de fondo la controversia respectiva.

1 Índice 1 de Samai.Radicado: 11001-03-15-000-2024-06993-00

Demandante: Gladis María Rodríguez Tolosa y otros

2

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

3. Hechos

Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

3.1 Diligencias penales

A través de Resolución 2340 del 6 de noviembre de 2001, la Secretaría de Salud del Casanare nombró en provisionalidad como médico del municipio de Recetor (Casanare) a Geiner Antonio Munive Rodríguez.

El 20 de marzo de 2003 el padre del médico Geiner Antonio Munive Rodríguez denunció

Casanare nombró en provisionalidad como médico del municipio de Recetor (Casanare) a Geiner Antonio Munive Rodríguez.

El 20 de marzo de 2003 el padre del médico Geiner Antonio Munive Rodríguez denunció ante la Fiscalía Tercera Especializada de Yopal que el profesional de la salud había desaparecido junto con el chofer de la ambulancia del ente territorial, llamado Nairo Omero Chaparro, y que la última vez que se tuvo noticias de ellos fue el 27 de febrero de ese año, día en que movilizaban en motocicleta.

En las pesquisas se escuchó la declaración de la esposa del mencionado conductor, quien aseveró que al médico lo habían citado miembros de un grupo paramilitar en el área rural de Chámeza (Casanare) , sitio hasta donde su pareja lo llevó en la motocicleta de su propiedad.

Durante combates entre los paramilitares y tropas del Ejército Nacional, el 10 de abril de 2003 fue recuperada la motocicleta en la que se trasladaron los desaparecidos y en informe 211 RTAU del 7 de agosto de 2003, un funcionario del entonces DAS del Casanare le informó a la Fiscalía Tercera Especializada de Yopal que se había entregado en el Batallón 44 Ramón Nonato Pérez un miembro de las autodefensas llamado Yeison Andrés Torres Díaz, quien aseveró que Geiner Antonio Munive Rodríguez y Nairo Omero Chaparro habían sido ultimados por « el comandante 030» y sus cuerpos fueron desmembrados y enterrados en el área rural de Tauramena (Casanare).

El 10 de junio de 2003 , el comandante « de la contraguerrilla Los Acatadores del Bloque

enterrados en el área rural de Tauramena (Casanare).

El 10 de junio de 2003 , el comandante « de la contraguerrilla Los Acatadores del Bloque Casanare» de las autodefensas alias Fredy afirmó que los desaparecidos fueron asesinados por orden del comandante Alexander González Urbina, alias «careloco», por presuntamente ser colaboradores de la guerrilla en Chámeza y Recetor , aseveraciones que fueron confirmadas por el desmovilizado Leonardo Jovanny Zapata Osorio.

El 22 de octubre de 2004 fue capturado en Bogotá por el Gr upo Gaula de la Policía Nacional Alexander Gonzáles Urbina, alias «careloco», a quien el 19 de noviembre de ese año se le dictó medida de aseguramiento y el 20 de abril de 2007 rindió indagatoria, en la que aceptó «someterse a sentencia anticipada» por la comisión de l delito de desaparición forzada agravada, motivo por el cual el 14 de abril de 2008 el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Yopal lo condenó a 312 meses de prisión, dentro del proceso 85001-31-04-0022008-00021-00.

Por los mismos hechos, se surtió el proceso penal 11001 -31-04-056-2013-00066-00/01 contra Héctor José Buitrago Rodríguez y Héctor Germán Buitrago Parada, alias El Patrón y Martín Llanos, en su orden, quienes confesaron que fueron autores impropios de la desaparición de Geiner Antonio Munive Rodríguez y Nairo Omero Chaparro, porque el primero de ellos expresó su desacuerdo con el actuar de las autodefensas durante un

y Martín Llanos, en su orden, quienes confesaron que fueron autores impropios de la desaparición de Geiner Antonio Munive Rodríguez y Nairo Omero Chaparro, porque el primero de ellos expresó su desacuerdo con el actuar de las autodefensas durante un consejo de seguridad llevado a cabo en Yopal en febrero de 2003, por lo que fue citado y ultimado.

En las diligencias los precitados procesados indicaron que los desaparecidos fueron asesinados y sus cuerpos desmembrados y enterrados, sin embargo, después los exhumaron y los arrojaron a una quebrada para que una comisión de la fuerza pública y de la Cruz Roja Internacional y un desertor (quien era el guía) que se dirigían al lugar no encontraran los restos.Radicado: 11001-03-15-000-2024-06993-00

Demandante: Gladis María Rodríguez Tolosa y otros

3

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

El 31 de julio de 2013 , el Juzgado 56 Penal del Circuito de Bogotá les impuso penas privativas de la libertad a alias El Patrón y Martín Llanos de 20 años de prisión a cada uno, toda vez que aceptaron que fueron autores impropios de la desaparición forzosa de Geiner Antonio Munive Rodríguez y Nairo Omero Chaparro. En la parte resolutiva de la decisión, el despacho judicial ordenó a la Fiscalía General de la Nación que investigara la presunta participación en los hechos delictivos (i) de algunos confesos paramilitares , (ii) del

el despacho judicial ordenó a la Fiscalía General de la Nación que investigara la presunta participación en los hechos delictivos (i) de algunos confesos paramilitares , (ii) del personero de Yopal que presuntamente informó lo que el médico asesinado dijo en un consejo de seguridad celebrado en esa ciudad en febrero de 2003, (iii) del comandante de la base militar de Chámeza y (iv) de algunos otros miembros de la fuerza pública.

Por otra parte, en el expediente 11001 -31-04-056-2014-00173-00, el 11 de febrero de 2016, el Juzgado 56 Penal del Circuito de Bogotá también condenó a Yezid Farit Cachayas Quevedo, alias el rolo , a 40 años de prisión por la mencionada desaparición. En esa sentencia penal se consignó que el condenado era escolta de alias «careloco», quien, junto con otro desmovilizado, lo señaló de participar en la desaparición de los cuerpos de Geiner Antonio Munive Rodríguez y Nairo Omero Chaparro . Además, se ordenó a la Fiscalía General de la Nación adelantar investigaciones contra miembros de la fuerza pública y servidores públicos del Casanare, en aras de establecer si facilitaron el accionar de los grupos paramilitares en los municipios de Chámeza y Recetor «o en algún otro lugar del país».

3.2 Proceso de reparación directa

El 26 de noviembre de 2009 los actores formularon solicitud de conciliación prejudicial, la cual no se pudo llevar a cabo «por cuanto fue imposible […] citar a los convocados para adelantar la respectiva audiencia», de ahí que el 3 de marzo de 2010 la Procuraduría 53 Judicial II para

cual no se pudo llevar a cabo «por cuanto fue imposible […] citar a los convocados para adelantar la respectiva audiencia», de ahí que el 3 de marzo de 2010 la Procuraduría 53 Judicial II para Asuntos Administrativos de Yopal emitiera la respectiva constancia.

El 1º de diciembre de 20112 los tutelantes promovieron acción de reparación directa contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional y Policía Nacional (a la que se le asignó el número de radicación 85001 -23-31-003-2011-00197-00/01), con el fin de que se le declarara administrativamente responsable de la desaparición de Geiner Antonio Munive Rodríguez y se le ordenara indemnizar los correspondientes perjuicios , lo que debía incluir un acto público de conmemoración, en el que se les pidieran excusas públicas por el hecho dañoso, y se les garantizara el retorno al lugar en el que fueron desplazados por denunciar ese suceso.

En la demanda los accionantes afirmaron que la fuerza pública no le brindó la protección necesaria a Geiner Antonio Munive Rodríguez, pese a que laboraba en un municipio en el que el orden público estaba alterado y que se conocía que allí los paramilitares habían desaparecido a varias personas y desplazado a otras. Que en razón a la búsqueda de Geiner Antonio Munive Rodríguez, fueron amenazados por las autodefensas, motivo por el cual se encuentran asilados en Canadá desde el 7 de mayo de 2008.

El asunto contencioso-administrativo lo conoció el Tribunal Administrativo del Casanare, que, mediante sentencia del 20 de octubre de 2016, declaró administrativa y solidariamente

El asunto contencioso-administrativo lo conoció el Tribunal Administrativo del Casanare, que, mediante sentencia del 20 de octubre de 2016, declaró administrativa y solidariamente responsables a las entidades allí demandadas y les ordenó reconocerles a los demandantes 600 3 smlmv por concepto de violación de los bienes constitucional y convencionalmente protegidos y la misma cantidad por daños morales. También dispuso que la parte demandada debía reintegrar al departamento del Casanare los salarios que pagó luego de la desaparición de Geiner Antonio Munive Rodríguez y le ordenó a los Ministerios del Interior, de Justicia y del Derecho y de Defensa, pedir excusas públicas.

2 Es de advertir que en la providencia cuestionada se consignó de manera errada que la demanda se presentó el 1° de diciembre de 2010. 3 200 smlmv para Gladis María Rodríguez Tolosa (madre), 100 smlmv para Eudes Ramón Munive Rodríguez (hermano), 100 smlmv para Favian Andrés Munive Rodríguez (hermano), 100 smlmv para Ermes Jesús Munive Rodríguez (hermano) y 100 smlmv para Geinys Tatiana Munive Rodríguez (hermana).Radicado: 11001-03-15-000-2024-06993-00

Demandante: Gladis María Rodríguez Tolosa y otros

4

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

En la aludida providencia se indicó que la administración comprometió su responsabilidad

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

En la aludida providencia se indicó que la administración comprometió su responsabilidad en el asesinato y desaparición del médico Munive Rodríguez, comoquiera que era su deber garantizar los derechos de los habitantes del territorio nacional y el respeto por el derecho internacional humanitario, lo cual no hizo, pues los sucesos que motivaron la instauración de la demanda contencioso -administrativa acaecieron en el contexto de la violencia generalizada que aconteció en el país por la expansión de los grupos paramilitares , que actuaban en contubernio con la fuerza pública, como se evidenció en la sentencia penal emitida el 11 de febrero de 2016 por el Juzgado 56 Penal del Circuito de Bogotá contra Yezid Farit Cachayas Quevedo, alias el rolo.

El a quo sostuvo que no se configuró la caducidad, porque si bien la sentencia que condenó a Alexander Gonzáles Urbina, alias «careloco», fue emitida el 14 de abril de 2008 por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Yopal, hay otros sujetos involucrados en la desaparición de Geniter Antonio Munive Peralta sobre los cuales no se ha emitido condena, por tanto, «el proceso penal […] aún no ha terminado».

Contra la sentencia de primera instancia las entidades condenadas interpusieron recursos de apelación, al estimar que el médico Geiner Antonio Munive Rodríguez nunca denunció haber recibido amenazas de los grupos paramilitares y que resultó probado que los hechos acaecieron durante una cita a la cual acudió de manera voluntaria, bajo su propio riesgo y

haber recibido amenazas de los grupos paramilitares y que resultó probado que los hechos acaecieron durante una cita a la cual acudió de manera voluntaria, bajo su propio riesgo y de la que no informó a las autoridades, lo que impedía asumir que miembros de la fuerza pública participaron en el hecho dañoso, máxime cuando ello carecía de sustento probatorio. Asimismo, señalaron que acaeció la caducidad de la acción de reparación directa, dado que los demandantes tenían 2 años para promoverla luego de emitirse la sentencia condenatoria contra Alexander Gonzáles Urbina, alias « careloco», lo cual no aconteció.

La parte demandante también apeló la sentencia de primera instancia, al estimar que no era dable ordenar descuento alguno por concepto de salarios , dado que las sumas otorgadas tenían un carácter indemnizatorio, por tanto, no eran de naturaleza laboral, y el monto de la reparación debía ser superior.

Con sentencia del 20 de mayo de 2024, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, revocó la decisión de primera instancia, para declarar de oficio la caducidad de la acción e inhibirse de pronunciarse de fondo sobre las pretensiones4.

Explicó que el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo (CCA) preveía que la demanda de reparación directa relacionada con desaparición forzada deb ía promoverse dentro de los 2 años siguientes a la aparición de la víctima o a la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal, regla ratificada en la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, en la que se dijo que la caducidad también acaecía cuando la disputa

definitivo adoptado en el proceso penal, regla ratificada en la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, en la que se dijo que la caducidad también acaecía cuando la disputa concernía a crímenes de lesa humanidad, postura avalada por la Corte Constitucional en la sentencia SU-312 de 2020.

Que en la sentencia condenatoria del 14 de abril de 2008, emitida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Yopal contra Alexander Gonzáles Urbina, alias « careloco», se indicaron las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió el hecho dañoso, y como fue notificada al ente investigador el 15 de abril de 2008 y al Ministerio Público el 16 del mismo mes y añ o, se entendía ejecutoriada el 25 de abril de 2008 5, por ende, la demanda de reparación directa debió promoverse antes del 26 de abril de 2010, y aunque el término de los 2 años se suspendió con la solicitud de conciliación prejudicial entre el 26 de noviembre de 2009 y el 26 de abril de 2010, la demanda debió incoarse antes del 28 de

4 Uno de los integrantes de la Sala de decisión salvó voto, al considerar que las pruebas no permitían establecer la fecha de ejecutoria de la sentencia penal impuesta contra Alexánder Gonzáles Urbina, alias «careloco», por tanto, debió emitirse un auto de mejor proveer para dilucidar ello. 5 «[…] la fijación del edicto debía hacerse del 18 a 22 de abril de 2008 y, después, correría el término de ejecutoria, es

decir, entre el 23, 24 y 25 de abril de 2008. Por tanto, este último día habría quedado ejecutoriada la Sentencia absolutoria. Por tanto, este último día habría quedado ejecutoriada la sentencia penal».Radicado: 11001-03-15-000-2024-06993-00

Demandante: Gladis María Rodríguez Tolosa y otros

5

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

julio de 2010, sin embargo, ello ocurrió hasta el «1º de diciembre de 2010».

Que si bien se emitieron condenas con posterioridad en otros procesos penales, estas no tenían incidencia en el conteo de la caducidad, puesto que el «hecho de que existiera una ruptura de la unidad procesal y que en otros expedientes se investigaran penalmente a más sujetos no significa, en modo alguno, que la parte actora debía esperar a que se definiera la responsabilidad penal de todos ellos, pues, ello llevaría a que se extendiera indebidamente el plazo para presentar la demanda de reparación directa».

Uno de los integrantes de la Sala de decisión salvó voto, con el argumento de que no se tenía certeza de la fecha en que quedó ejecutoriada la sentencia penal del 14 de abril de 2008, por lo que lo procedente había sido emitir un auto de mejor proveer con el fin de determinarlo.

4. Fundamentos de la tutela

De manera preliminar, los tutelantes expusieron las razones por las que la acción de tutela cumplía los requisitos generales de procedibilidad contra providencia judicial.

determinarlo.

4. Fundamentos de la tutela

De manera preliminar, los tutelantes expusieron las razones por las que la acción de tutela cumplía los requisitos generales de procedibilidad contra providencia judicial.

En cuanto al fondo del asunto, los accionantes afirmaron que la sentencia cuestionada incurrió en defecto fáctico, ya que analizó de manera desacertada las pruebas que obraban en el proceso de reparación directa 85001-23-31-003-2011-00197-00/01, pues:

(i) Se declaró la caducidad pese a las piezas procesales aportadas no daban certeza de la fecha de ejecutoria de la sentencia penal emitida contra Alexánder Gonzáles Urbina, alias « careloco», lo que, dicen, se hubiera dilucidado con una prueba de oficio, como se advirtió en el salvamento de voto del fallo atacado, (ii) No se advirtió que los hechos allí discutidos concernían a graves violaciones de derechos humanos, (iii) Tampoco se observó que los demandantes sufrieron persecución, por lo que se les concedió asilo en Canadá, lo que les impidió acudir prontamente a la jurisdicción contencioso-administrativa; y (iv) No se tuvo en cuenta que la sentencia penal proferida contra alias «careloco» no contenía indicios de la participación de agentes del Estado en el hecho dañoso, pues fue con los fallos penales emitidos contra Héctor José Buitrago Rodríguez, alias «El Patrón», Héctor Germán Buitrago Parado, alias « Martín Llanos » y Yezid Farid Cachayas, alias « el rolo », que se advirtió la posible participación de servidores

Patrón», Héctor Germán Buitrago Parado, alias « Martín Llanos » y Yezid Farid Cachayas, alias « el rolo », que se advirtió la posible participación de servidores públicos en la desaparición de Geiner Antonio Munive Rodríguez, por tanto, era a partir de esos pronunciamientos que debió contabilizarse la caducidad por involucrar el elemento de la responsabilidad denominada nexo causal.

Sostuvieron que no había lugar a aplicar las normas de la caducidad en casos en que se discute la responsabilidad del Estado por graves violaciones de derechos humanos , en virtud de la Convención Americana de Derechos Humanos , de los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 6 y del artículo 7º del Estatuto de Roma, los cuales señalan que la desaparición forzada es un delito de lesa humanidad, por ende, resultaba imprescriptible, de ahí que no pudiere limitarse el tiempo con el que contaba n las víctimas para reclamar la reparación de los perjuicios, tal como también lo había dicho el Consejo de Estado7 en virtud del control de convencionalidad, el cual era de obligatoria observancia.

Que al aplicar la figura procesal de la caducidad, la autoridad accionada dejó a los demandantes sin el instrumento judicial adecuado para obtener la reparación de los daños que les produjo un delito de lesa humanidad, como lo fue la desaparición forzada

6 Caso órdenes guerra contra Chile. 7 Sección Tercera, sentencias (i) del 7 de septiembre de 2015, expediente 85001 -23-31-000-2010-00178-01, M. P.

6 Caso órdenes guerra contra Chile. 7 Sección Tercera, sentencias (i) del 7 de septiembre de 2015, expediente 85001 -23-31-000-2010-00178-01, M. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, (ii) del 9 de diciembre de 2019, expediente 85001 -33-33-002-2014-00144-01, M.

P. Ramiro Pazos Guerrero.Radicado: 11001-03-15-000-2024-06993-00

Demandante: Gladis María Rodríguez Tolosa y otros

6

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

de Geiner Antonio Munive Rodríguez, con lo que se incumplieron los compromisos internacionales que Colombia ha adquirido sobre resarcimiento de graves violaciones de los derechos humanos sufridos por las víctimas del conflicto armado interno , como el señalado en el artículo 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Adujeron que la providencia cuestionada también incurría en desconocimiento del precedente, toda vez que contrarió la postura jurisprudencial reiterada del Consejo de Estado fijada antes de que emitiera la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, consistente en que en casos como el debatido en el expediente 85001 -23-31-003-201100197-00/01 no era dable aplicar la figura de la caducidad, y los pronunciamientos posteriores8 en los que se indicó que las demandas de reparación directa concernientes a graves violaciones de derechos humanos formuladas antes de aquel fallo, debían decidirse

00197-00/01 no era dable aplicar la figura de la caducidad, y los pronunciamientos posteriores8 en los que se indicó que las demandas de reparación directa concernientes a graves violaciones de derechos humanos formuladas antes de aquel fallo, debían decidirse en aplicación de la postura jurisprudencia vigente al momento de su presentación.

Que también se desconoció la « robusta línea jurisprudencial» de la Corte Constitucional, en la que había señalado, luego de la sentencia SU-312 de 2020, que a los demandantes debía otorgársele la posibilidad de ajustar la demanda a los parámetros fijados en el fallo de unificación del 29 de enero de 2020 del Consejo de Estado, tal como lo reiteró en las sentencias T -354 de 2023 y SU -167 de 2023. Que la autoridad accionada también desconoció la postura del alto tribunal constitucional 9, de que ante las dudas de aplicar la caducidad, debía acudirse a la interpretación que garantizara en mayor medida los derechos de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos , tal como lo imponían los principios pro damato y pro actione.

Afirmaron que el fallo atacado también comportaba violación directa de la Constitución Política, comoquiera que les impedía acceder a la reparación integral de los perjuicios que les causó el hecho dañoso, pese a que es un derecho imprescriptible, de ahí que en virtud de los principios de razonabilidad y proporcionalidad no fuera dable declarar la caducidad en la demanda de reparación directa 85001-23-31-003-2011-00197-00/01, máxime cuando ello lo prohíbe los tratados internacionales que hacen parte del

caducidad en la demanda de reparación directa 85001-23-31-003-2011-00197-00/01, máxime cuando ello lo prohíbe los tratados internacionales que hacen parte del ordenamiento jurídico interno, en virtud del bloque de constitucionalidad , como la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

5. Trámite procesal

El asunto constitucional de la referencia fue repartido el 19 de diciembre de 2024 al despacho a cargo de la consejera de Estado Myriam Stella Gutiérrez Argüello, quien el 16 de enero de 2025 se declaró impedida para conocerlo por estar incursa en las causales consignadas en los numerales 1º y 3º del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal.

Mediante auto del 4 de febrero de 2025 el ponente de la presente providencia declaró fundado el aludido impedimento, por lo que el 14 del mismo mes y año admitió la acción de tutela de la referencia y, entre otras cosas, ordenó notificar a la autoridad accionada y vincular como tercero s con interés a los magistrados del Tribunal Administrativo del Casanare, al comandante del Ejército Nacional y al director de la Policía Nacional, toda vez que integraron la parte demandada en el proceso de reparación directa 85001-23-31003-2011-00197-00/01.

En cumplimiento de las anteriores órdenes, la Secretaría General del Consejo de Estado practicó las notificaciones correspondientes por correos electrónicos enviados el 19 de febrero de 2025.

003-2011-00197-00/01.

En cumplimiento de las anteriores órdenes, la Secretaría General del Consejo de Estado practicó las notificaciones correspondientes por correos electrónicos enviados el 19 de febrero de 2025.

8 Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de julio de 2022, M. P. Rafael Francisco Suárez Vargas, expediente 11001-03-15-000-2022-01694-01. 9 Sentencias T-026 de 2022, SU-168 de 2023, T-340 de 2023, T-269 de 2024, T-378 de 2024 y T-376 de 2024.Radicado: 11001-03-15-000-2024-06993-00

Demandante: Gladis María Rodríguez Tolosa y otros

7

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Por auto del 27 de marzo de 2025, se dispuso el sorteo de dos conjueces, y surtido el trámite en secretaría fueron designados Juan Camilo Serrano y Valenzuela Humberto Aníbal Restrepo Vélez.

6. Intervenciones

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, adujo que la acción de tutela era improcedente por no cumplir la exigencia general de procedibilidad de relevancia constitucional, pues los demandantes la emplea ban como una instancia adicional al proceso de reparación directa 85001-23-31-003-2011-00197-00/01 y pretendían obtener un nuevo pronunciamiento sobre aspectos jurídicos desestimados de manera razonable en la sentencia cuestionada.

proceso de reparación directa 85001-23-31-003-2011-00197-00/01 y pretendían obtener un nuevo pronunciamiento sobre aspectos jurídicos desestimados de manera razonable en la sentencia cuestionada.

Que el artículo 136 del CCA establecía que la demanda de reparación directa relacionada con desapariciones forzadas debía promoverse dentro de los 2 años siguientes a « la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal», exigencia que no cumplieron los demandantes, pues acudieron a la jurisdicción contencioso-administrativo más de 2 años después de que se condenó a Alexander González Urbina, alias «careloco».

Señaló que «aunque no se contó con la constancia de ejecutoria de la mencionada providencia, se revisó el sistema de consulta de procesos por los apellidos del señor Munive Rodríguez, en concreto en los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad, el cual da cuenta que solo fue el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Yopal (Casanare) quien conoció el expediente no. 85001-31-04-002-2008-0002114, de modo que respecto de la sentencia del 14 de abril de 2008 no hubo apelación y se acudió a las normas procesales para inferir la fecha de ejecutoria».

Que si bien se adelantaron varios procesos penales contra miembros de las autodefensas de Casanare por la muerte de Geiner Antonio Munive Rodríguez, no era dable «esperar la condena del último de ellos » para contar la caducidad, pues ello conllevaba ampliar indefinidamente el plazo dentro del cual se debía promover la demanda de reparación directa, cuanto más si en la sentencia penal emitida contra Alexander González Urbina,

condena del último de ellos » para contar la caducidad, pues ello conllevaba ampliar indefinidamente el plazo dentro del cual se debía promover la demanda de reparación directa, cuanto más si en la sentencia penal emitida contra Alexander González Urbina, alias «careloco», se establecieron las circunstancias de tiempo, modo y lugar en la que aconteció el hecho dañoso.

Concluyó que con la acción de tutela no se allegó prueba de la cual se infi riera que la sentencia penal contra Alexander González Urbina, alias « careloco» adquirió ejecutoria lue

Estás viendo una vista previa

Lee el documento completo con Ariel

Este es un fragmento de uno de los más de 1.2 millones de documentos de la biblioteca de Ariel. Crea tu cuenta para leerlo completo, descargarlo y consultarlo con Ariel, que siempre te lleva a la fuente exacta: Ariel NO alucina.

Consultar sobre este documento ...