CE - Sentencia 11001031500020250642200
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 11001031500020250642200
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Bogotá D.C., trece (13) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2025-06422-00
Accionante: SANDRA CATALINA SANTOS PILONIETA
Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN
B Y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA ,
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN E
Temas: Tutela contra providencia judicial . Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Auto por el que se rechaza el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia . Incumplimiento de los requisitos objetivo de inmediatez y de relevancia constitucional
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela promovida por la señora Sandra Catalina Santos Pilon ieta, quien actúa por intermedio de apoderado judicial , contra la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado y la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
del Consejo de Estado y la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 14 de octubre de 2025, la parte accionante acudió al juez constitucional con el fin de que proteja sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la seguridad social, así como a los principios de seguridad jurídica y confianza legítima, supuestamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“Respetuosamente solicito al Honorable Consejo de Estado amparar los derechos fundamentales invocados y todos aquellos que establezca en el examen del presente caso y, como consecuencia de este amparo:
9.1 Revoque las providencias judiciales tercera a sexta;
9.2. Revoque parcialmente las providencias judiciales primera y segunda y ordenar que, en cuanto a que el restablecimiento del derecho de la actora, se debe observar la regla de unificación (precedente judicial) de la Sentencia de Unificación de la Sala Plena del Consejo de Estado, del 9 de agosto de 2022, C.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez, Rad. 11001 -03-25-000-2017-00151-00, Número Interno: 0892 -2017.
Demandante: Sonia Yamile Rondón Tasco, Demandado: Municipio de San Gil
(Santander).Radicado: 11001-03-15-000-2025-06422-00
Accionante: Sandra Catalina Santos Pilonieta
(Santander).Radicado: 11001-03-15-000-2025-06422-00
Accionante: Sandra Catalina Santos Pilonieta
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9.3 Ordenar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “E”, M. P. Dr. Jaime Alberto Galeano Garzón, para que rehaga la sentencia en lo relativo al restablecimiento del derecho, por cuanto la actora tiene derecho, a título de re stablecimiento, al reintegro y al pago indexado de sueldos y prestaciones sociales dejados de percibir, así como del pago de los aportes a las entidades de seguridad social, sin solución de continuidad y hasta la fecha efectiva de su reintegro, descontando únicamente “las sumas de dinero recibidas por la parte demandante a título de salarios, prestaciones sociales percibidos de relaciones de trabajo en el sector público, por incurrirse en la prohibición constitucional de doble erogación con cargo al erario”.
2. Hechos
De la lectura de la demanda de tutela y de las piezas procesales que obran en el expediente, se destacan los siguientes hechos relevantes:
La señora Sandra Catalina Santos Pilon ieta fue nombrada en provisionalidad mediante la Resolución n.° 3848 de 7 de septiembre de 2010, en el cargo de secretaria ejecutiva, código 4210, grado 20, de la planta global del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Mediante Resolución n.° 6422 de 13 de octubre de 2015, la ministra de Relaciones
secretaria ejecutiva, código 4210, grado 20, de la planta global del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Mediante Resolución n.° 6422 de 13 de octubre de 2015, la ministra de Relaciones Exteriores declaró la insubsistencia de su nombramiento, y por medio de la Resolución n.° 7019 de 6 de noviembre del mismo año se nombró en provisionalidad a la señora Yudi Esmeralda Parra Castellanos.
Con fundamento en lo anterior, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación, Ministerio de Relaciones Exteriores, con la pretensión de que se declarara la nulidad de la Resolución n.° 6422 del 13 de octubre de 2015, mediante la cual se declaró la insubsistencia de su nombramiento como secretaria ejecutiva.
El asunto fue asignado por reparto al Juzgado Veintitrés Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, bajo el radicado n.° 11001 -33-35-023-2016-00143-00, que por sentencia de 11 de mayo de 2020 declaró la nulidad del acto administrativo acusado por falsa motivación , al considerar que, de manera previa a su expedición no se verificó que existiera un empleado en carrera con derecho preferencial de ser encargado y la provisión del cargo no se dio a una persona con mejores requisitos de estudio o experiencia. A título de restablecimiento del derecho ordenó el reintegro de la demandante al cargo, siempre y cuando se encuentre vacante, así como el pago indexado de los sueldos y prestaciones sociales dej ados de percibir. Contra dicha decisión, ambas partes interpusieron recurso de apelación.
de la demandante al cargo, siempre y cuando se encuentre vacante, así como el pago indexado de los sueldos y prestaciones sociales dej ados de percibir. Contra dicha decisión, ambas partes interpusieron recurso de apelación.
Los recursos de alzada fueron resueltos en segunda instancia por la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que mediante sentencia de 23 de junio de 2023 confirmó la decisión apelada.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06422-00
Accionante: Sandra Catalina Santos Pilonieta
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Mediante memorial de 6 de julio de 2023, la parte actora solicitó la aclaración de la sentencia, al considerar que en el recurso de apelación se insistió en la aplicación de la sentencia SU -354 de 2017, en preferencia a la SU -556 de 2014. Posteriormente, mediante escrito de 11 de enero de 2024, solicitó la aplicación de la sentencia de unificación de la Sala Plena del Consejo de Estado de 2 de agosto de 2022.
Por auto de 2 de febrero de 2024, la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó la solicitud de aclaración, al considerar que no se ajustaba a los parámetros establecidos en el artículo 285 de la Ley 1564 de 2012.
En virtud de lo anterior, el 16 de febrero de 2024, la parte accionante presentó
considerar que no se ajustaba a los parámetros establecidos en el artículo 285 de la Ley 1564 de 2012.
En virtud de lo anterior, el 16 de febrero de 2024, la parte accionante presentó recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia contra la sentencia del 23 de junio de 2023, el cual fue concedido por la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante auto del 5 de abril de 2024. El asunto fue asignado por reparto a la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que mediante auto del 30 de mayo de 2024 inadmitió el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia. En consecuencia, mediante memorial radicado el 1° de agosto de 2024, se presentó escrito de subsanación.
El 26 de septiembre de 2024 por medio de la Resolución n.º 9185, el Ministerio de Relaciones Exteriores dio cumplimiento a la sentencia judicial y efectuó la liquidación de la condena en los términos de la sentencia SU -556 de 2014, por veinticuatro meses comprendidos entre el 17 de octubre de 2015 a l 16 de octubre de 2017, y negó el reintegro al cargo tras exponer que no existe la vacante de secretario ejecutivo, código 4210, grado 20.
Por auto del 5 de diciembre de 2024, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado rechazó el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, al considerar que no se subsanaron los yerros indicados.
Contra dicha decisión, el 15 de enero de 2025, la parte demandante interpuso
Consejo de Estado rechazó el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, al considerar que no se subsanaron los yerros indicados.
Contra dicha decisión, el 15 de enero de 2025, la parte demandante interpuso recurso de reposición y, en subsidio de súplica. Mediante auto del 19 de mayo del presente año se resolvió no reponer la decisión y conceder la súplica.
Finalmente, por auto del 31 de julio de 2025, se confirmó el auto del 5 de diciembre de 2024, mediante el cual se rechazó el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, al considerar que no se realizó un ejercicio de confrontación entre la sentencia de unificación de 9 de agosto de 2022 y la emitida por la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
3. Fundamentos de la acción
La parte actora señaló que la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca omitió la aplicación del precedente judicial , al no acoger la regla de unificación establecida en la sentencia del 9 de agosto de 2022 proferida por el Consejo de Estado. Indicó que tiene derecho al pago indexadoRadicado: 11001-03-15-000-2025-06422-00
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de los sueldos y prestaciones sociales dejados de percibir, sin solución de continuidad hasta la fecha efectiva de su reintegro, descontando de la liquidación
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de los sueldos y prestaciones sociales dejados de percibir, sin solución de continuidad hasta la fecha efectiva de su reintegro, descontando de la liquidación únicamente las sumas recibidas por concepto de salarios y prestaciones sociales derivadas de relaciones laborales en el sector público, en virtud de la prohibición de doble erogación con cargo al erario.
Asimismo, manifestó que la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado vulneró su derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, al rechazar el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia bajo el argumento de que no se indicaron las razones que lo fundamentaban, interpretación que se basó en el numeral 4º del artículo 262 de la Ley 1437 de 2011.
Indicó que no era procedente realizar un ejercicio de comparación entre la ratio decidendi de la sentencia de unificación y la decisión adoptada por el Tribunal accionado, toda vez que el análisis del caso se centró en la aplicación de las sentencias SU-556 de 2014 y SU -354 de 2017, sin que existiera justificación para apartarse del precedente obligatorio. Además, precisó que en el recurso se expusieron razonadamente los argumentos que lo sustentaban.
Sostuvo que la sentencia de unificación de 9 de agosto de 2022 aborda una situación fáctica análoga, relacionada con los descuentos aplicados a la condena derivada del fallo que resolvió el litigio dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral. Por tanto, el recurso extraordinario de revisión tenía como finalidad demostrar el desconocimiento del precedente vigente y obligatorio.
restablecimiento del derecho de carácter laboral. Por tanto, el recurso extraordinario de revisión tenía como finalidad demostrar el desconocimiento del precedente vigente y obligatorio.
Señaló que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en los defectos fáctico y sustantivo, para lo cual e xpuso que el Tribunal accionado, tanto en la sentencia del 23 de junio de 2023 como en el auto del 2 de febrero de 2024, omitió pronunciarse sobre la aplicación del precedente judicial establecido en la sentencia de unificación de 9 de agosto de 2022, a pesar de que dicha decisión fue puesta de presente.
Indicó que se demostró la subsanación de las falencias señaladas por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado en el auto que inadmitió el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, y que se desconoció la obligación del Tribunal de aplicar el fallo de unificación en segunda instancia. Además, aclaró que no existe como requisito legal la “comparación de las ratio decidendi de las sentencias”, ya que la norma exige textualmente “las razones de fundamento”.
Refirió que “la exigencia de ese numeral 4, del artículo 262, no es otra que el de argumentar razonadamente la contradicción y oposición de la sentencia impugnada frente a una sentencia de unificación del Consejo de Estado, requisito que se cumplió desde un inicio como se ha explicado en los párrafos precedentes”.
Mencionó que “la afirmación del auto -que acoge la decisión del M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar - en el sentido que la parte demandante “no demostró que se
cumplió desde un inicio como se ha explicado en los párrafos precedentes”.
Mencionó que “la afirmación del auto -que acoge la decisión del M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar - en el sentido que la parte demandante “no demostró que se encontraba en condiciones fácticas similares a las de la sentencia de unificación niRadicado: 11001-03-15-000-2025-06422-00
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que recibió un trato diferente e injustificado” no corresponde a la verdad, es falsa esa afirmación y no atiene lo que expresamente consta tanto en el escrito de recurso, como en memorial de corrección”.
A su vez, aludió que “en cuanto a las condiciones fácticas, reitero lo afirmado en el objeto del recurso (hecho 11) para que se asegure “la unidad de la interpretación del derecho, su aplicación uniforme” y se garantice el derecho de la demandante a la igualdad y a la tutela efectiva ante la justicia ordinaria, respecto a los descuentos salariales a la condena que declara la nulidad del acto de su retiro como funcionaria pública en provisionalidad y ordena su reintegro al cargo que estaba ejerciendo sin solución de continuidad”.
Relató que el trato recibido fue diferente e injustificado, al punto que la indemnización se reconoció únicamente por veinticuatro meses, por el período comprendido entre el 17 de octubre de 2015 al 16 de octubre de 2017 y desconoció
Relató que el trato recibido fue diferente e injustificado, al punto que la indemnización se reconoció únicamente por veinticuatro meses, por el período comprendido entre el 17 de octubre de 2015 al 16 de octubre de 2017 y desconoció el lapso transcurrido entre el 17 de octubre de 2017 al 26 de septiembre de 2024, fecha en la que se dio cumplimiento a la orden judicial. Señaló que no procede ningún tipo de descuento, toda vez que durante dicho lapso no recibió salarios ni prestaciones sociales derivadas de una relación laboral en el sector público.
Finalmente, expuso que “la omisión jurisdiccional en la que incurre el Tribunal Administrativo, a la actora se le ha negado la posibilidad, sin justificación razonada, para que el Consejo de Estado ejerza su función de control sobre la sentencia de segunda instancia a través del recurso extraordinario y se abrogue la sentencia recurrida para ser reemplazada por la regla de unificación en lo relativo a los descuentos salariales a la condena que declara la nulidad del acto de su retiro como funcionaria pública en provisionalidad y ordena su reintegro al cargo que estaba ejerciendo sin solución de continuidad”.
4. Trámite procesal
Por auto del 2 0 de octubre de 2025, se admitió la demanda de tutela y ordenó notificar a la demandante, así como a la s autoridades judiciales demandadasSubsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado y la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca -. A su vez, se dispuso a vincular al Ministerio de Relaciones Exteriores y al Juzgado Veintitrés
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado y la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca -. A su vez, se dispuso a vincular al Ministerio de Relaciones Exteriores y al Juzgado Veintitrés Administrativo del Circuito de Bogotá, como terceros con interés. De igual modo, se dispuso a notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios Nos. 1 56339 a 156344 de 22 de octubre de 2025, con el fin de notificar a las partes y terceros.
5. Oposición
5.1. Respuesta de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado
El magistrado sustanciador de las decisiones objeto de reproche constitucional señaló que el asunto carece de relevancia constitucional, ya que se trata de un desacuerdo con el resultado del trámite del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, a pesar de que se agotó el recurso de súplica.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06422-00
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Indicó que la acción de tutela está concebida como un juicio de validez y no de corrección, lo que implica que no debe existir una intervención injustificada del juez constitucional que conduzca a invadir la órbita competencial del juez natural.
corrección, lo que implica que no debe existir una intervención injustificada del juez constitucional que conduzca a invadir la órbita competencial del juez natural.
Solicitó que, en caso de efectuar un estudio de fondo del asunto, se nieguen las pretensiones de la acción de tutela, por cuanto no se han vulnerado los derechos fundamentales de la accionante, ya que la decisión se fundamentó en la inexistencia de un trato injustificado o diferenciado respecto de la situación planteada.
5.2. Respuesta de la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
El magistrado sustanciador de las decisiones cuestionadas indicó que el asunto carece del requisito de inmediatez, toda vez que la sentencia que se pretende controvertir data del 23 de junio de 2023, y el auto que negó la solicitud de aclaración fue proferido el 2 de febrero de 2024.
Adujo que, en el proceso ordinario, se concluyó que debía confirmarse la sentencia de primera instancia, al considerar acertado ordenar el pago indexado de los sueldos y prestaciones sociales dejados de percibir, descontando de dicho monto las sumas que la parte accionante hubiese devengado por cualquier concepto laboral. Señaló que lo pretendido por la accionante no era una aclaración sobre un punto oscuro que generara dudas, sino una modificación de la decisión con el fin de obtener el restablecimiento de sus derechos en los términos propuestos en la demanda. En esa medida, solicitó declarar improcedente la acción de tutela y, de manera subsidiaria, negar el amparo invocado.
5.3. Respuesta del Juzgado Veintitrés Administrativo del Circuito de Bogotá
demanda. En esa medida, solicitó declarar improcedente la acción de tutela y, de manera subsidiaria, negar el amparo invocado.
5.3. Respuesta del Juzgado Veintitrés Administrativo del Circuito de Bogotá
La titular del despacho judicial hizo un recuento de las actuaciones surtidas en el trámite de primera instancia del proceso ordinario, y solicitó su desvinculación de la acción de tutela, al considerar que no ha vulnerado los derechos fundamentales invocados por la accionante, además de que las pretensiones no están dirigidas en su contra.
5.4. Respuesta del Ministerio de Relaciones Exteriores
La coordinadora del grupo de acciones constitucionales mencionó que no se han vulnerado los derechos fundamentales alegados por la accionante. Asimismo, señaló que el pago derivado de la sentencia condenatoria se realizó conforme a los lineamientos estable cidos en el proceso ordinario, y en atención a que las providencias se encuentran ejecutoriadas.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del Decreto 2591 de 1991 y 13 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), laRadicado: 11001-03-15-000-2025-06422-00
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7
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto de estudio.
2. Cuestión preliminar
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7
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto de estudio.
2. Cuestión preliminar
En el escrito de contestación, el Juzgado Veintitrés Administrativo del Circuito de Bogotá solicitó la desvinculación del trámite constitucional, al considerar que no está llamado a atender las pretensiones de la demanda.
Conforme lo disponen los artículos 86 de la Constitución Política, el 5 del Decreto 2591 de 1991 y en atención a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en la que al estudiar la falta de legitimación en la casa por pasiva ha explicado que este requisito “hace referencia a la aptitud legal de la entidad contra quien se dirige la acción, de ser la llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental, en caso de que la transgresión del derecho alegado resulte demostrada” 1 , la Sala negará la solicitud de desvinculación, teniendo en consideración que fue la autoridad judicial que conoció el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en primera instancia, por lo que su vinculación en el presente asunto se dio en calidad de tercero con interés.
3. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala establecer si es procedente la acción de tutela promovida por la señora Sandra Catalina Santos Pilon ieta de conformidad con los requisitos generales de procedencia contra providencia judicial y, en caso afirmativo, si las autoridades judiciales accionadas vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la seguridad social, así como a los principios de
generales de procedencia contra providencia judicial y, en caso afirmativo, si las autoridades judiciales accionadas vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la seguridad social, así como a los principios de seguridad jurídica y confianza legítima , al haber incurrido en los defectos fáctico, sustantivo y por desconocimiento del precedente judicial.
4. Requisito de la inmediatez como presupuesto general de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
El artículo 86 de la Constitución Política establece que “toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales” . Ahora bien, aun cuando la Carta Política hace uso de la expresión “ en todo momento y lugar” , lo que podría dar a entender que la acción de amparo puede solicitarse en cualquier tiempo, sin importar la urgencia, ni la relevancia de los derechos vulnerados, lo único cierto es que se trata de un requisito que se debe valorar en cada caso concreto.
Sin embargo, la Corte Constitucional 2 ha señalado que si bien no es posible establecer un término de caducidad que limite el ejercicio de la acción de la tutela, ésta no puede presentarse en cualquier tiempo y por lo tanto debe existir un término
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Sentencia T-005 de 2022.
2 Corte Constitucional, sentencia T123 de 2007, M.P. Álvaro Tafur Galvis.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06422-00
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razonable entre la ocurrencia de la vulneración o puesta en riesgo de los derechos fundamentales del actor y la presentación de la demanda, en la medida en que la naturaleza misma de este medio de defensa judicial no sólo tiene que ver con la urgencia en la protección de las garantías constitucionales de una persona, sino también con el respeto de la seguridad jurídica y de los derechos de los terceros afectados.
En este orden de ideas, la inmediatez es más bien una condición que busca que la acción se presente en un término razonable contado desde el momento en que se tuvo conocimiento de la violación o amenaza de los derechos fundamentales y no un término de cadu cidad. Justamente, porque la acción de tutela es un medio excepcional para la protección pronta y eficaz, es que se requiere que se ejerza en un tiempo prudencial. Por ello, el presupuesto de la inmediatez constituye un requisito para habilitar el estudio de fondo de la acción de tutela, pues se evita “el uso de este mecanismo constitucional como herramienta que consienta la negligencia o indiferencia de los actores, o que propicie la inseguridad jurídica.” 3
La jurisprudencia constitucional ha identificado cinco criterios orientadores para que el juez de tutela pueda determinar4, en cada caso, si se ha cumplido con el requisito de la inmediatez. Tales criterios se precisaron en la sentencia SU -391 de 2016 5,
La jurisprudencia constitucional ha identificado cinco criterios orientadores para que el juez de tutela pueda determinar4, en cada caso, si se ha cumplido con el requisito de la inmediatez. Tales criterios se precisaron en la sentencia SU -391 de 2016 5, así: “(i) La situación personal del peticionario: debe analizarse la situación personal del peticionario, pues en determinados casos esta hace desproporcionada la exigencia de presentar la acción de tutela en un término breve; (ii) El momento en el que se produce la vulneración: pueden existir casos de vulneraciones permanentes a los derechos fundamentales. En estos casos, para analizar la inmediatez el juez de tutela no debe contar el término desde el momento en el que la vulneración o amenaza inició hasta la f echa de presentación de la tutela, sino que debe tomar en cuenta el tiempo por el que esta se prolongó; (iii) La naturaleza de la vulneración: existen casos donde se presenta un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acción de tutela y la vulneración de los derechos de los interesados. De acuerdo con este criterio, el juez debe analizar si la demora en la presentación de la tutela guard a relación con la situación de vulneración de derechos fundamentales que alega el peticionario; (iv) La actuación contra la que se dirige la tutela: la jurisprudencia constitucional ha señalado que el análisis de la inmediatez puede variar dependiendo de la actuación que se identifica como vulneratoria de los derechos invocados en la tutela. Específicamente, ha señalado que este análisis debe ser más estricto tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales y (v) Los efectos de la tutela: la Corte ha considerado que,
vulneratoria de los derechos invocados en la tutela. Específicamente, ha señalado que este análisis debe ser más estricto tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales y (v) Los efectos de la tutela: la Corte ha considerado que, aún si se encuentra un motivo que justifique la demora en la interposición de la tutela, el juez debe tener en cuenta los efectos que esta tendría en los derechos de terceros si se declarara procedente”6
3 Ibídem. 4
Ver al respecto: Corte Constitucional, sentencia SU 391 de 2016 M.P. Alejandro Linares Cantillo, sentencia T246 de 2015 M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez, sentencia T -594 de 2008 M.P. Jaime Córdoba Triviño, sentencia T -158 de 2006 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, sentencia T -1110 de 2005 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, sentencia SU-961 de 1999 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
5 Corte Constitucional. M. P. Alejandro Linares Cantillo. 6
Ibídem.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06422-00
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En igual sentido, la Corte Constitucional en sentencia T -372 de 2024, reiteró los anteriores criterios para analizar las particulares de cada caso en torno a la presentación de la acción de tutela dentro de un término oportuno y recordó que no
En igual sentido, la Corte Constitucional en sentencia T -372 de 2024, reiteró los anteriores criterios para analizar las particulares de cada caso en torno a la presentación de la acción de tutela dentro de un término oportuno y recordó que no toda manifes tación de una circunstancia especial habilita la procedencia del mecanismo constitucional, puesto que no basta con la simple afirmación de que el interesado no pudo ejercer la solicitud de amparo en un plazo razonable. Al respecto, sostuvo que “pretender establecer la inmediatez a partir de un hito diferente al de la fecha de la sentencia de condena y su notificación, como es la respuesta negativa a una solicitud de libertad, como lo hace el actor, carece de justificación, pues lo que pretende cuestionarse es la condena y no la negativa de la libertad”.
Específicamente, en torno a la verificación de este presupuesto cuando la tutela que se analiza está dirigida contra una providencia judicial, la Sala Plena de esta Corporación mediante sentencia de unificación de 5 de agosto de 20147 estableció, como regla general, que el mecanismo de amparo debe promoverse en un plazo máximo de seis (6) meses contados a partir de la notificación de la sentencia o providencia objeto de reproche constitucional, límite temporal que también ha sido acogido por la Corte Constitucional8.
5. El presupuesto de la relevancia constitucional
Esta condición de procedencia precisada en la jurispru
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