CE - Sentencia 11001032600020220001900
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 11001032600020220001900
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, veintiocho (28) de abril de dos mil veinticinco (2025).
Magistrado ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ Expediente: 11001-03-26-000-2022-00019-00 (67.930)
Actor: MARÍA ANTONIETA GRIJALBA APONTE
Demandado: AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA (ANM)
Medio de control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
– CPACA
Asunto: SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA – SOLICITUD
DE FORMALIZACIÓN DE MINERÍA TRADICIONAL
Síntesis del caso: el 9 de mayo de 2013, la demandante elevó ante la Agencia Nacional de Minería (ANM) una solicitud de formalización de minería tradicional con fundamento en lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 1382 de 2010, norma que salió del ordenamiento jurídico por virtud de la declaración de inexequibilidad efectuada por la Corte Constitucional en sentencia C -366 de 11 de mayo 2011, sin que para ese preciso momento la referida petición hubiese sido tramitada y decidida . En año 2019, la entidad demandada rechazó dicha petición con fundamento en lo dispuesto en el artículo 325 de la Ley 1955 de 2019 , según el cual “las personas naturales, grupos o asociaciones que presentaron solicitud de formalización de minería tradicional hasta el 10 de mayo de 2013 ante la autoridad minera
según el cual “las personas naturales, grupos o asociaciones que presentaron solicitud de formalización de minería tradicional hasta el 10 de mayo de 2013 ante la autoridad minera competente y que a la fecha de promulgación de esta ley se encuentran vigentes y en área libre, continuarán su trámite”, por estimar que no quedaba área susceptible de contratar en atención al “sistema de cuadrícula minera” adoptado en las leyes 1753 de 2015 y 1955 de 2019, así como en las resoluciones números 504 de 2018 y 505 de 2019 proferidas por la ANM; esta decisión fue confirmada posteriormente.
Decide la Sala en única instancia la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por la señora María Antonieta Grijalba Aponte, quien actúa por intermedio de apoderado judicial, en contra de la Ag encia Nacional de Minería (índice 2 SAMAI).
I. ANTECEDENTES
La demanda
En el escrito de la demanda la parte actora elevó las siguientes súplicas:2
Expediente: 11001-03-26-000-2022-00019-00 (67.930) Actor: María Antonieta Grijalba Aponte Nulidad y restablecimiento del derecho – CPACA Sentencia de única instancia
“1.-Que es nula la Resolución No.001016 de fecha octubre 22 de 2019, proferida por el Vicepresidente de Contratación y Titulación de la <<AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA >>, mediante la cual resuelve: RECHAZAR, la Solicitud de Formalización de Minería Tradiciona l No.OE9-14532, por las razones expuestas en la parte motiva del presente proveído.
<<AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA >>, mediante la cual resuelve: RECHAZAR, la Solicitud de Formalización de Minería Tradiciona l No.OE9-14532, por las razones expuestas en la parte motiva del presente proveído.
2.-Que es nula la Resolución No.000146 de 28 de febrero de 2020 proferida por el Vicepresidente de Contratación y Titulación Minera de la <<AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA>>, mediante la cual RESUELVE: CONFIRMAR lo dispuesto en la Resolución No.001016 de fecha octubre 22 de 2019 <<por medio de la cual se rechaza y se archiva la solicitud de minería tradicional No. OE9 -14532>>, lo anterior de conformidad con lo establecido en la parte motiva del precitado acto administrativo
3.-Que como consecuencia de las nulidades de los Actos Administrativos demandados y a título de Restablecimiento del Derecho conculcado, se proceda a dejar la solicitud de legalización de minería tradicional OE914532 en el estado en que se encontraba antes de la expedición de los actos administrativos (Resoluciones) demandadas, para que en su lugar se proceda a declarar como derecho adquirido la legalización OE9-14532 por parte del Consejo de Estado, conforme lo establecía el artículo 12 de la Ley 1382 de 2010 y las sentencias C-763 de 2002 y C-242 de 2009 de la Corte Constitucional y del mismo Consejo de Estado en donde claramente se establece que La (sic) ultraactividad de la ley es un problema de aplicación de la ley en el tiempo y está íntimamente ligada al principio de que todo hecho, acto o negocio jurídico se rige por la ley vigente al momento de su ocurrencia, realización o celebración. Dentro de
problema de aplicación de la ley en el tiempo y está íntimamente ligada al principio de que todo hecho, acto o negocio jurídico se rige por la ley vigente al momento de su ocurrencia, realización o celebración. Dentro de la Teoría General del Derecho, es clara la aplicación del principio "Tempus regit actus ",que se traduce en que la norma vigente al momento de sucederse los hechos por ella prevista es la que se aplica a esos hechos, aunque la norma haya sido derogada después. Todo en razón a que en la actualidad no hay normativ idad minera vigente relacionada con la legalización de minería tradicional por la declaratoria de inexequibilidad de la Ley 1382 de 2010, conforme lo estableció la sentencia C -366 de 2011 de la Corte Constitucional” (índice 2 SAMAI1 – mayúsculas fijas del original).
Hechos
Como fundamento fáctico de la demanda la parte actora narró, en síntesis, lo siguiente:
- El 9 de mayo de 2013 , presentó ante la ANM la solicitud de formalización de minería tradicional con radicación número OE9-14532 con base en lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 1382 de 2010, norma que salió del ordenamiento jurídico el día 11 de mayo de 2013 por razón de la declaración de inex equibilidad efectuada
1 Archivo: “ED_DEMANDA(.PDF) NroActua 2”.3
Expediente: 11001-03-26-000-2022-00019-00 (67.930) Actor: María Antonieta Grijalba Aponte Nulidad y restablecimiento del derecho – CPACA Sentencia de única instancia
Expediente: 11001-03-26-000-2022-00019-00 (67.930) Actor: María Antonieta Grijalba Aponte Nulidad y restablecimiento del derecho – CPACA Sentencia de única instancia
por la Corte Constitucional en sentencia C-366 de 11 de mayo 20112, sin que para ese momento hubiese sido tramitada y decidida.
- En el procedimiento administrativo la autoridad minera no requirió al solicitante ni realizó visitas técnicas para efectos de verificar la ubicación y antigüedad de las explotaciones mineras, el estado de la mina y el mineral objeto de explotación.
- Mediante la Resolución no. 001016 de 22 de octubre de 2019, la ANM rechazó la petición de formalización de minería tradicional objeto de la controversia con base en lo dispuesto en el artículo 325 de la Ley 1955 de 2019, según el cual “ las personas naturales, grupos o asociaciones que presentaron solicitud de formalización de minería tradicional hasta el 10 de mayo de 2013 ante la autoridad minera competente y que a la fecha de promulgación de esta ley se encuentran vigentes y en área libre, continuarán su trámite ”, toda vez que, para ese momento no quedaba área susceptible de contratar en el espacio objeto de la solicitud, de conformidad con el “ sistema de cuadricula minera ”3; esta decisión fue confirmada por la Resolución número 000146 de 28 de febrero de 2020, la cual fue noti ficada personalmente a la demandante el 10 de septiembre de 2021.
Normas violadas y concepto de la violación
La parte actora sostiene que los actos administrativos demandados deben
personalmente a la demandante el 10 de septiembre de 2021.
Normas violadas y concepto de la violación
La parte actora sostiene que los actos administrativos demandados deben declararse nulos por la violación de lo dispuesto en los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 29, 330 y 360 de la Constitución Política; 6 del Convenio no. 169 de la Organización Internacional del Trabajo y 12 de la Ley 1382 de 2010; de igual manera, los referidos actos administrativos desconocen lo dispuesto en los Decretos n úmeros 1970 de 2012 y 933 de 2013 proferidos por el Gobierno Nacional.
En explicación de ese quebranto normativo , la parte planteó con la demanda los siguientes cuatro motivos de censura:
2 Mediante esta providencia se declaró inexequible la Ley 1382 de 2010 con efectos diferidos por el término de dos (2) años por el hecho de haberse omitido el trámite de consulta previa a las comunidades indígenas y afrodescendientes. 3 Regulado por los artículos 21 de la Ley 1753 de 2015 y 24 de la Ley 1955 de 2019 y adoptado por la ANM mediante Resoluciones números 504 del 18 de septiembre de 2018 y 505 de 2 de agosto de 2019 proferidas por la ANM.4
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3.1 Primer cargo: ausencia de motivación
En sustento de esta acusación arguyó que l os actos administrativos cuestionados
Actor: María Antonieta Grijalba Aponte Nulidad y restablecimiento del derecho – CPACA Sentencia de única instancia
3.1 Primer cargo: ausencia de motivación
En sustento de esta acusación arguyó que l os actos administrativos cuestionados carecen de motivación porque las consideraciones allí efectuadas “ son abstractas, ausentes de razones y [de] justificaciones legales”.
3.2 Segundo cargo: falsa motivación y violación del derecho constitucional fundamental del debido proceso
Los fundamentos de estas censuras son los siguientes:
- No es jurídicamente viable aplicar de forma retroactiva lo dispuesto en los artículos 21 de la Ley 1753 de 2015 y 24 de la Ley 1955 de 2019, así como tampoco lo previsto en las Resoluciones números 504 del 18 de septiembre de 2018 y 505 de 2 de agosto de 2019 proferidas por la ANM para tramitar y decidir la solicitud de formalización de minería tradicional con radicación número OE9 -14532 de 9 de mayo de 20 13, toda vez, que la declaración de inexequibilidad de la Ley 1382 de 2010 contenida en la sentencia C-366 de 2011 tuvo por efecto la consolidación de un derecho adquirido en favor de la demandante por el hecho de no haberse cumplido la finalidad para la cual fue expedida, de conformidad con lo dispuesto en las sentencias C-242 de 2009 y C-259 de 2016.
- La petición de formalización de minería tradicional debió tramitarse con sujeción a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 1382 de 2010 y en los Decretos Reglamentarios números 1970 de 2012 y 933 de 2013 por ser las normas vigentes
a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 1382 de 2010 y en los Decretos Reglamentarios números 1970 de 2012 y 933 de 2013 por ser las normas vigentes al momento de su presentación; en consecuencia, se debió requerir a la demandante y realizar las visitas técnicas necesarias para verificar la ubicación y antigüedad de las explotaciones mineras, el estado de avance, el mineral objeto de la explotación y otras condiciones en la forma y términos previstos en dichas normas.
- Las normas del “ sistema de cuadrícula minera ” se aplican únicamente a los contratos de concesión, empero, no sucede lo mismo con las solicitudes de legalización de minería tradicional.5
Expediente: 11001-03-26-000-2022-00019-00 (67.930) Actor: María Antonieta Grijalba Aponte Nulidad y restablecimiento del derecho – CPACA Sentencia de única instancia
- Operó el fenómeno de la “ reviviscencia” respecto de las normas derogadas o modificadas por la Ley 1382 de 2010, motivo por el cual la petición de formalización de minería tradicional debió regirse por las disposiciones que “resurgieron” por virtud de la declaración de inexequibilidad contenida en la sentencia C -366 de 2011 proferida por la Corte Constitucional.
3.3 Tercer cargo: las normas de la Ley 1955 de 2019 no son aplicables para tramitar y decidir la petición de legalización de minería tradicional por el hecho de no surtir el trámite de la consulta previa
Como fundamento de este motivo de reproche de legalidad adujo que los artículos
tramitar y decidir la petición de legalización de minería tradicional por el hecho de no surtir el trámite de la consulta previa
Como fundamento de este motivo de reproche de legalidad adujo que los artículos 23, 24, 325 y 329 de la Ley 1955 de 2019 no eran aplicables para tramitar y decidir la petición de legalización de minería tradicional con radicación no. OE9 -14532, pues, de conformidad con lo estableci do en los artículos 330 constitucional y 6 del Convenio no. 169 de la OIT, “ las disposiciones que se refieran a la explotación de recursos naturales no renovables, en las zonas que se asientan las comunidades diferenciadas, son susceptibles de Consulta Pre via”, empero, las referidas disposiciones legales no surtieron dicho trámite.
3.4 Cuarto cargo: los actos acusados no podían fundarse en las Resoluciones números 504 de 2018 y 505 de 2019 proferidas por la ANM por ser improcedentes, ilegales y violatorias de l artículo 29 de la Constitución Política
Para explicar este cargo de nulidad manifestó que los actos administrativos objeto de debate no podían fundarse en las Resoluciones números 504 de 2018 y 505 de 2019 proferidas por la ANM, por cuanto estas “son improcedentes, ilegales y violatorias del artículo 29 de la Carta Política ”, por cuanto “no pueden hacer las veces de decretos reglamentarios ” de los artículos 23, 24, 325 y 329 Ley 1955 de 2018, en atención a lo dispuesto en el artículo 360 de la Constitución Política.
Trámite y contestación de la demanda
veces de decretos reglamentarios ” de los artículos 23, 24, 325 y 329 Ley 1955 de 2018, en atención a lo dispuesto en el artículo 360 de la Constitución Política.
Trámite y contestación de la demanda
- El 30 de enero de 2023 se admitió la demanda (índice 10 SAMAI), la cual fue notificada en forma personal a la autoridad demandada el 22 de marzo del mismo año (índice 20 SAMAI).6
Expediente: 11001-03-26-000-2022-00019-00 (67.930) Actor: María Antonieta Grijalba Aponte Nulidad y restablecimiento del derecho – CPACA Sentencia de única instancia
- En escrito presentado el 12 de mayo de 2023, l a ANM se opuso a las pretensiones de la demanda, en sustento de lo cual manifestó que i) la solicitud de formalización de minería tradicional con radicación no. OE9-14532 fue correctamente rechazada por no contar con área libre susceptible de ser otorgada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 24 y 325 de la Ley 1955 de 2019 y en las Resoluciones números 504 de 2018 y 505 de 2019 proferidas por esa misma autoridad en relación con el “sistema de cuadrícula minera”; ii) al decidir la solicitud de formalización minera tradicional con radicación no. OE9-14532 la entidad demandada aplicó de manera retrospectiva normas expedidas con posterioridad a su presentación por el hecho de que no estaba frente a una situación jurídica consolidada con base en una ley anterior sino ante una mera expectativa y, iii) los actos demandados están amparados por la presunción de legalidad y, además,
su presentación por el hecho de que no estaba frente a una situación jurídica consolidada con base en una ley anterior sino ante una mera expectativa y, iii) los actos demandados están amparados por la presunción de legalidad y, además, fueron debidamente motivados (índice 24 SAMAI).
- Por auto de 4 de octubre de 2024, i) se prescindió de la audiencia inicial y se dispuso el trámite de sentencia anticipada; ii) se incorporaron como pruebas los documentos allegados con la demanda y su respectiva contestación; ii) se fijó el litigio y, iv) se corrió traslado a las partes para presentar alegaciones de conclusión (índice 43 SAMAI); esta providencia no fue objeto de recursos.
Alegatos de conclusión
En esta etapa procesal las partes insistieron en los argumentos esgrimidos a lo largo del proceso (índices 48, 49 y 50 del aplicativo SAMAI); el Ministerio Público guardó silencio.
La petición de suspensión provisional de los actos administrativos demandados
Junto con la demanda la parte actora solicitó la suspensión provisional de los efectos de las resoluciones cuya nulidad se pretende (índice 2 SAMAI); mediante auto de 4 de octubre de 2024 se denegó la petición de la referida medida cautelar por estimarse que no existían en esa etapa procesal elementos suficiente s a partir de los cuales se pudiese concluir que los actos administrativos demandados desconocen las disposiciones invocadas como violadas (índice 42 SAMAI).7
Expediente: 11001-03-26-000-2022-00019-00 (67.930)
Actor: María Antonieta Grijalba Aponte
desconocen las disposiciones invocadas como violadas (índice 42 SAMAI).7
Expediente: 11001-03-26-000-2022-00019-00 (67.930) Actor: María Antonieta Grijalba Aponte Nulidad y restablecimiento del derecho – CPACA Sentencia de única instancia
II. CONSIDERACIONES
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que invalide lo actuado , la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el siguiente derrotero: 1) cuestión previa, 2 ) objeto de la controversia y anuncio de la decisión, 3) marco normativo de la controversia, 4) análisis de los cargos de nulidad, 5) conclusión y, 6) condena en costas.
Cuestión previa – no es necesario agotar el requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial cuando las súplicas de la demanda no tienen contenido económico
- El numeral 1 del artículo 161 del CPACA preceptúa que “[c]uando los asuntos sean conciliables, el trámite de la conciliación extrajudicial constituirá requisito de procedibilidad de toda demanda en que se formulen pretensiones relativas a nulidad con restablecimiento del derecho, reparación directa y controversias contractuales”; a su turno, el artículo 2 del Decreto Reglamentario no. 1716 de 2009 4 dispone que son conciliables “los conflictos de carácter particular y contenido económico” de los cuales conozca la jurisdicción de lo contencioso administrativo en el marc o de los referidos medios de control.
son conciliables “los conflictos de carácter particular y contenido económico” de los cuales conozca la jurisdicción de lo contencioso administrativo en el marc o de los referidos medios de control.
- Sobre el particular, esta Corporación ha señalado que la conciliación extrajudicial es requisito de procedibilidad en los medios de control de nulidad y restablecimiento del derecho, de reparación directa y de contr oversias contractuales siempre que la controversia sea de carácter particular y contenido económico , con indicación de que no todos los actos de contenido particular son susceptibles de ser conciliados, pues, en algunas ocasiones carecen de contenido económico5.
- Para este caso concreto, lo que se pretende es la declaración de nulidad de los actos administrativos demandados y, al propio tiempo, que se deje “ la solicitud de legalización de minería tradicional OE9 -14532 en el estado en que se encontraba
4 “Por el cual se reglamenta el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, el artículo 75 de la Ley 446 de 1998 y del Capítulo V de la Ley 640 de 2001”. 5 Al respecto ver: i) Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 15 de noviembre de 2012, exp. 2012 -00277-00, CP Marco Antonio Velilla Moreno; ii) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 21 de noviembre de 2022, exp. 2011 -01126-01 (59.512), CP Jaim e Enrique Rodríguez Navas y, iii) Consejo de Estado, Sección Primera, 2022 -00072-01, CP Nubia Margoth Peña Garzón.8
Expediente: 11001-03-26-000-2022-00019-00 (67.930)
Margoth Peña Garzón.8
Expediente: 11001-03-26-000-2022-00019-00 (67.930) Actor: María Antonieta Grijalba Aponte Nulidad y restablecimiento del derecho – CPACA Sentencia de única instancia
antes de la expedición de los actos administrativos demandadas (sic), para que en su lugar se proceda a declarar como derecho adquirido la legalización OE9-14532”, de lo cual no se desprende en forma palmaria que las súplicas de la demanda tengan por contenido y alcance un aspecto de naturaleza económica; en ese orden, de conformidad con lo expresa y puntualmente establecido en el artículo 2 del Decreto Reglamentario no. 1716 de 2009, la Sala advierte que no era necesario agotar el requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial.
Objeto de la controversia y anuncio de la decisión
- Presentada la demanda en término6, la parte actora pretende la declaración de nulidad de la Resolución número 001016 de 22 de octubre de 2019 proferida por la ANM a través de la cual “se rechaza y se archiva la solicitud de minería tradicional No. OE9 -14532”; asimismo, depreca la declaración de nulidad de la Resolución número 000146 de 28 de febrero de 2020 expedida por esta misma entidad “por la cual se resuelve un r ecurso de reposición dentro del trámite de la solicitud de formalización de minería tradicional No OE9-14532”.
De igual forma , deprecó el restablecimiento del derecho consistente en que se ordene a la entidad demandada “ dejar la solicitud de legalización de minería tradicional OE9-14532 en el estado en que se encontraba antes de la expedición de
De igual forma , deprecó el restablecimiento del derecho consistente en que se ordene a la entidad demandada “ dejar la solicitud de legalización de minería tradicional OE9-14532 en el estado en que se encontraba antes de la expedición de los actos administrativos (Resoluciones) demandadas, para que en su lugar se proceda a declarar como derecho adquirido la legalización OE9-14532”.
- Como fundamento de la demanda arguye que los actos demandados i) carecen de motivación; ii) desconocen el derecho constitucional fundamental del debido proceso y están viciados de falsa motivación; iii) los artículos 23, 24, 325 y 329 de la Ley 1955 de 2019 no surtiero n el trámite de la consulta previa y, por ende, no eran aplicables para decidir la petición de formalización de minería tradicional objeto de la controversia y, iv) no podían fundarse en las resoluciones nos. 504 de 2018 y
6 La Resolución número 000146 de 28 de febrero de 2020 se notificó el 10 de septiembre de 2021; en ese orden, el término de cuatro (4) meses para presentar la demanda corrió entre el 11 de septiembre de 2021 y el 11 de enero de 2022 , de conformidad con lo dispuesto en el literal d) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA; la demanda fue presentada en término el 16 de diciembre de 2021 (índice 2 SAMAI – archivos: “ ED_CAMSCANNER1216202.PDF NroActua 2 ” y “ED_CORREORECIBIDO.PDF NroActua 2”).9
Expediente: 11001-03-26-000-2022-00019-00 (67.930)
Actor: María Antonieta Grijalba Aponte
“ED_CORREORECIBIDO.PDF NroActua 2”).9
Expediente: 11001-03-26-000-2022-00019-00 (67.930) Actor: María Antonieta Grijalba Aponte Nulidad y restablecimiento del derecho – CPACA Sentencia de única instancia
505 de 2019 proferidas por la ANM por ser improcedentes, ilegales y violatorias del artículo 29 de la Constitución Política toda vez que “ no pueden hacer las veces de decretos reglamentarios”.
- Se negarán las pretensiones de la demanda porque la parte actora no logró desvirtuar la presunción de legalida d de la que están investidos los actos administrativos demandados.
Marco normativo de la controversia
- De conformidad con los artículos 3327 y 3608 de la Constitución Política, el Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, sin perjuicio de los derechos adquiridos y perfeccionados con arreglo a las leyes preexistentes, motivo por el cual su explotación causa a favor del Estado una contraprestación a título de regalía.
- En esta misma línea de análisis, el artículo 6 de la Ley 685 de 2001 1 expresamente determina que “[e]l derecho a explotar [los recursos naturales no renovables] solo se adquiere mediante el otorgamiento de los títulos enumerados en el artículo 14 de este Código. Ningun a actividad de prospección, exploración o explotación o de posesión material de dichos recursos, sea cual fuere la antigüedad, duración o características, conferirá derecho o prelación alguna para adquirir el título minero o para oponerse a propuesta de terceros”.
explotación o de posesión material de dichos recursos, sea cual fuere la antigüedad, duración o características, conferirá derecho o prelación alguna para adquirir el título minero o para oponerse a propuesta de terceros”.
- A su turno, el artículo 14 de ese mismo cuerpo normativo prevé que “[a] partir de la vigencia de este Código, únicamente se podrá constituir, declarar y probar el derecho a explorar y explotar minas de propiedad estatal, mediante el contrato de concesión minera, debidamente otorgado e inscrito en el Registro Minero Nacional”.
7 “ARTÍCULO 332. El Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, sin perjuicio de los derechos adquiridos y perfeccionados con arreglo a las leyes preexistentes”. 8 “ARTÍCULO 360. La explotación de un recurso natural no renovable causará, a favor del Estado, una contraprestación económica a título de regalía, sin perjuicio de cualquier otro derecho o compensación que se pacte. La ley determinará las condiciones para la explotación de los recursos naturales no renovables (…)”.10
Expediente: 11001-03-26-000-2022-00019-00 (67.930) Actor: María Antonieta Grijalba Aponte Nulidad y restablecimiento del derecho – CPACA Sentencia de única instancia
- En igual sentido, el artículo 16 ibidem establece que mientras la solicitud de concesión minera se halle en trámite “no confiere, por sí sola, frente al Estado, derecho a la celebración del contrato de concesión”, con indicación de que el único derecho que adquiere el solicitante es el de prelación o pre ferencia frente a otras
concesión minera se halle en trámite “no confiere, por sí sola, frente al Estado, derecho a la celebración del contrato de concesión”, con indicación de que el único derecho que adquiere el solicitante es el de prelación o pre ferencia frente a otras solicitudes o frente a terceros si reúne los requisitos legales para obtener dicha concesión.
Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia C-983 de 2010 precisó lo siguiente en relación con el momento en el que se considera q ue el explotador ostenta un derecho adquirido:
“En el caso de las propuestas presentadas que se encuentren en trámite, es claro para la Corte que no afecta ni el debido proceso administrativo, ni los derechos adquiridos. Lo anterior, por cuanto el Legisla dor, de una parte, fija un requisito para la prosperidad de la propuesta, con pleno respeto de las garantías inherentes al debido proceso administrativo, y de otra parte, si la propuesta se encuentra en trámite, es claro que no existe todavía una situación consolidada para el proponente que constituya un derecho adquirido, ya que mientras la propuesta se encuentre en trámite y no se haya perfeccionado el contrato de concesión minera, no existen derechos adquiridos de los proponentes. En este caso, encuentra la Corte que lo que hace el Legislador, es determinar que se concede un término de tres meses para que se pague el canon superficiario por parte del proponente, disposición que no puede considerarse violatoria del debido proceso administrativo, ni de dere chos adquiridos, por cuanto en este caso existen meras expectativas legítimas.
(…).
La jurisprudencia de esta Corporación se ha referido en múltiples
que no puede considerarse violatoria del debido proceso administrativo, ni de dere chos adquiridos, por cuanto en este caso existen meras expectativas legítimas.
(…).
La jurisprudencia de esta Corporación se ha referido en múltiples oportunidades al alcance de la protección a los derechos adquiridos, diferenciándolos de las expectativa s legítimas. A este respecto, ha sostenido que los derechos adquiridos constituyen derechos que son (i) subjetivos; (ii) concretos y consolidados; (iii) cumplen con los requisitos de ley; (iv) se pueden exigir plenamente; (v) se encuentran jurídicamente garantizados; (vi) se incorporan al patrimonio de la persona; (vii) son intangibles y en consecuencia, el legislador al expedir una nueva ley no los puede lesionar o desconocer; y (viii) se diferencian de las expectativas legítimas. Por su parte, estas últim as se caracterizan por no haber cumplido los presupuestos legales exigidos para la consolidación del derecho, aunque puedan llegar a perfeccionarse en el futuro, y son tan solo probabilidades o esperanzas que no constituyen derechos subjetivos consolidados y pueden ser modificadas legítimamente por el legislador, con el fin de cumplir con objetivos constitucionales.
(…).
Esta Corporación ha evidenciado que el contrato de concesión para la explotación de recursos naturales no renovables tiene dos11
Expediente: 11001-03-26-000-2022-00019-00 (67.930) Actor: María Antonieta Grijalba Aponte Nulidad y restablecimiento del derecho – CPACA Sentencia de única instancia
aspectos primordiales, (i) el derecho de explotación que nace con la
Actor: María Antonieta Grijalba Aponte Nulidad y restablecimiento del derecho – CPACA Sentencia de única instancia
aspectos primordiales, (i) el derecho de explotación que nace con la inscripción del acto que otorga el título minero en el registro minero correspondiente, de conformidad con el código de minas , y (ii) la actividad propiamente dicha de exploración o explotación del bien público” (resalta la Sala).
- En relación con las peticiones de legalización de la minería tradicional, el artículo 165 de la Ley 685 de 2001 dispuso, con carácter temporal, que los explotadores de minas de propiedad estatal sin título inscrito en el Registro Minero Nacional podían solicitar el otorgamiento de un contrato de concesión en el término improrrogable de tres (3) años, contados a partir del 1º de enero de 2002, siempre que el área solicitada estuviese libre para contratar y cumpliera con los requisitos para tal efecto; posteriormente, el artículo 12 de la Ley 1382 de 2010 dispuso que los grupos y asociaciones de minería tradicional que explotaran minas de propiedad estatal sin título inscrito en el Registro Minero Nacional podían solicitar en el término improrrogable de dos (2) años, contados a partir del 9 de febrero de 2010, que la mina correspondiente le s fuera otorg
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