CE - Sentencia 17001233300020190008902

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Título
CE - Sentencia 17001233300020190008902
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá, D. C., siete (7) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 17001-23-33-000-2019-00089-02 (73.066)

Demandante: Unión Temporal Tenorio García y Cía. Ltda.

Demandado: Municipio de Anserma

Referencia: Controversias contractuales

Temas: CONTRATO DE CONCESIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO – se rige por las normas del EGCAP vigentes al momento de su celebración. / CAUSA PETENDI – No puede modificarse con posterioridad a la fijación del litigio con la inclusión de argumentos no pl anteados en la demanda. / DESEQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO – El interesado debe demostrar cuál fue el sinalagma de prestaciones construido por las partes, así como el supuesto configurativo de desequilibrio de la ecuación contractual que alega. / LIQUI DACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO – El interesado debe acreditar los saldos que pide incorporar en el balance final de cuentas y allegar los insumos suficientes para elaborarla. / CARGA DE LA PRUEBA – El demandante debe demostrar los supuestos de hecho en que f unda sus pretensiones. / CONDENA EN COSTAS – Se impone frente a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación. / AGENCIAS EN DERECHO – su fijación se establece según los

CONDENA EN COSTAS – Se impone frente a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación. / AGENCIAS EN DERECHO – su fijación se establece según los parámetros y montos establecidos en el Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016 para el caso concreto.

1. La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la demandante en contra de la sentencia del 2 de mayo de 2025, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Quinta de Decisión, negó las pretensiones de la demanda.

SÍNTESIS DEL CASO

2. La controversia gira en torno al presunto desequilibrio económico del contrato de concesión suscrito entre la Unión Temporal Tenorio García y Cía. Ltda. 1 (en adelante, la demandante, concesionaria o contratista ) y el municipio de Anserma

(en lo sucesivo, la demandada, concedente o contratante), cuyo objeto consistió en la prestación del servicio de alumbrado público en el área urbana y rural de la entidad territorial. La figura asociativa indicó que ha tenido que asumir el déficit financiero del negocio por la insuficiencia de la remuneración recibida mensualmente. Asimismo, reprochó el incumplimiento de su contrayente por no designar interventor desde el año 2017, lo que supuestamente contribuyó a la ruptura de la ecuación contractual. Como consecuencia, solicitó que se reconozca en su favor la suma de $1.521’522.370.

ANTECEDENTES

La demanda

3. El 1 de marzo de 2019, la Unión Temporal Tenorio García y Cía. Ltda. presentó

en su favor la suma de $1.521’522.370.

ANTECEDENTES

La demanda

3. El 1 de marzo de 2019, la Unión Temporal Tenorio García y Cía. Ltda. presentó demanda de controversias contractuales en contra del municipio de Anserma, con

1 Conformada inicialmente por (i) Tenorio García y Cía. Ltda. y (ii) Industrias Eléctricas Schreder Ltda. -según su documento de constitución. Posteriormente, mediante acuerdo del 20 de junio de 2007, la participación de la segunda de las sociedades enunciadas fue cedida en favor de Torres Vivas y Cía. Ltda.Radicación: 17001-23-33-000-2019-00089-02 (73.066)

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el fin de que se declare el desequilibrio económico y financiero del contrato de concesión suscrito el 2 de septiembre de 1998. Como consecuencia, pidió que se termine y liquide el negocio en sede judicial para que se reconozca el desbalance de la ecuación contractual.

4. Las pretensiones de la demanda corresponden a las siguientes (se transcriben de

forma literal):

“1. Se ordene l a terminación y liquidación[2] del contrato de Concesión del Servicio de Alumbrado Público de fecha 02 de septiembre de 1998 suscrito entre la Unión Temporal Tenorio García Y Cía. Ltda. y el municipio de Anserma.

2. Se ordene el restablecimiento del equilibrio financiero del contrato de Concesión del

Tenorio García Y Cía. Ltda. y el municipio de Anserma.

2. Se ordene el restablecimiento del equilibrio financiero del contrato de Concesión del Servicio de Alumbrado Público de fecha 02 de septiembre de 1998 suscrito entre la Unión Temporal Tenorio García Y Cía. Ltda. y el municipio de Anserma.

3. Como consecuencia de lo anterior se ordene el pago a favor del concesionario Unión Temporal Tenorio García Y Cía. Ltda. de la suma de mil cuatrocientos veinun (sic) millones quinientos cincuenta y dos mil trescientos setenta pesos con trece centavos (1.421.552.370,63) m/cte.

El valor anteriormente mencionado se constituye en el déficit total asumido por el concesionario y surge del resultado de la suma de los siguientes factores.

  • Déficit de transferencia (Cd Room anexo tablo flujo de caja a diciembre de 2018, pestaña déficit de transferencia).
  • Déficit reconocido y aceptado en el año 2015 (Cd Room anexo tablo flujo de caja, noviembre 2018, pestaña déficit de total).
  • Inversión del Otrosí 3 con su respectivo interés de mora (Cd Room anexo tablo flujo de caja. pestaña déficit total)”.

5. Como fundamentos fácticos, en síntesis, se mencionaron:

6. El 2 de septiembre de 1998, la Unión Temporal Tenorio García y Cía. Ltda. y el municipio de Anserma suscribieron un contrato de concesión mediante el cual la figura asociativa, en calidad de concesionaria, se comprometió a prestar el servicio de alumbrado público en el territorio municipal. El plazo del negocio se fijó por un

municipio de Anserma suscribieron un contrato de concesión mediante el cual la figura asociativa, en calidad de concesionaria, se comprometió a prestar el servicio de alumbrado público en el territorio municipal. El plazo del negocio se fijó por un término de 20 años contados desde el acta de inicio y su valor sería determinado con los siguientes documentos: (i) registro de la propuesta y (ii) flujo financiero proyectado.

7. Las partes incorporaron al negocio la oferta presentada por el contratista, en la que incluyó el modelo financiero y proyectó un flujo mensual de recursos que correspondían al valor del contrato, por lo que, según el demandante, tiene derecho al pago de los montos allí reflejados como retribución por la prestación del servicio de alumbrado público.

8. El contratista indicó que, la cláusula décima del contrato, se estableció que se le pagaría mensualmente con el remanente del recaudo de la tasa3 de alumbrado público y, además, en caso de que no fuera suficiente para cumplir con los valores

2 En el libelo no se detalla a qué sujeto se solicitó ordenar esos ejercicios, ni la forma propuesta para efectuar la liquidación. 3 Imprecisión de la parte demandante que se aclarar á más adelante, en el acápite de “Régimen jurídico del contrato de concesión del 2 de septiembre de 1998 y naturaleza del cobro realizado por la prestación del servicio de alumbrado público”.Radicación: 17001-23-33-000-2019-00089-02 (73.066)

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establecidos en la propuesta del concesionario, la entidad concedente se comprometió a mantener el equilibrio económico del contrato a través de (i) la ampliación del plazo de la concesión y/o (ii) el incremento tarifario según lo establecido en el Ley 143 de 1994. Sin embargo, señaló que lo recibido no se corresponde con las proyecciones del modelo financiero del negocio.

9. También adujo que, desde el año 2017, el contrato de concesión no cuenta con un interventor y que la entidad contratante se ha relevado de su deber de designar a alguien para ejercer la interventoría del negocio, lo cual ha impedido que se deje constancia o que quede en evidencia el déficit económico padecido por el concesionario, lo que dificultó el correcto desempeño del negocio y contribuyó a los perjuicios económicos padecidos por la concesionaria.

10. La parte demandante, asimismo, indicó que, de conformidad con el artículo 141 del CPACA, en ejercicio de la acción contractual, la pretensión de desequilibrio económico del contrato de concesión de alumbrado público supone un juicio de responsabilidad en c ontra de la entidad contratante con el consecuente reconocimiento de los perjuicios causados al concesionario. Adicionalmente, alegó que la responsabilidad de las entidades públicas se deriva del artículo 90 de la Constitución Política y el Estatuto Genera l de Contratación de la Administración

Pública -EGCAP-.

que la responsabilidad de las entidades públicas se deriva del artículo 90 de la Constitución Política y el Estatuto Genera l de Contratación de la Administración Pública -EGCAP-.

11. Con ocasión de lo anterior, indicó que se debe tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 80 de 1993 respecto de los contratos sinalagmáticos y conmutativos con el objeto de proteger al concesionario de las alteraciones de la ecuación contractual.

Contestación de la demanda

12. El municipio de Anserma se opuso a las pretensiones. Inicialmente alegó que, frente a la pretensión de liquidación del negocio, no se agotó el requisito de conciliación extrajudicial4. Además, estimó que la petición era improcedente porque la demanda se presentó durante la vigencia del plazo contractual y, por ende, no había iniciado la etapa prevista para que las partes realizaran el balance final de cuentas.

13. Seguidamente, manifestó que no se acreditó el desbalance financiero alegado por la parte demandante y que la reclamación económica es inexacta porque existe una inconsistencia entre la cifra esbozada en letras y números.

14. También indicó que fue el concesionario quien incumplió sus obligaciones de modernización del sistema de alumbrado público y reposición de luminarias. Para probar sus afirmaciones, aportó dos dictámenes periciales con el fin de acreditar técnicamente el estado del contrato de concesión.

15. Por último, propuso la excepción de existencia de cláusula compromisoria pactada en el acuerdo de voluntades5.

4 La resolución de esta excepción fue diferida para el momento en el que se profiriese la sentencia de primera

15. Por último, propuso la excepción de existencia de cláusula compromisoria pactada en el acuerdo de voluntades5.

4 La resolución de esta excepción fue diferida para el momento en el que se profiriese la sentencia de primera instancia en auto del 1.° de febrero de 2021 (archivo 28 de la anotación 42 de Samai de primera instancia). 5 El Tribunal declaró no probado este medio de defensa por medio de auto del 1.° de febrero de 2021, al encontrar que: “el arbitraje pactado no fue en derecho sino técnico con ocasión de las diferencias que pudieranRadicación: 17001-23-33-000-2019-00089-02 (73.066)

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Alegatos de conclusión en primera instancia

16. La demandante indicó que el desequilibrio económico se demostró con los siguientes argumentos: (i) las tarifas de alumbrado público fueron fijadas por el alcalde mediante Decreto 070 de 1998, lo cual vulneró el artículo 338 de la Constitución Política y la Ley 93 de 1913; (ii) el monto de la interventoría asumido por el concesionario generó una carga adicional; (iii) la expedición del Acuerdo 11 de 2010 proferido por el Concejo Municipal de Anserma, por medio del cual se creó el impuesto de alumbrado público, excluyó a los habitantes de la zona rural del cobro por la prestación del servicio; (iv) la administración municipal ordenó la il uminación de vías no pertenecientes al municipio lo que aumentó el costo de la inversión

el impuesto de alumbrado público, excluyó a los habitantes de la zona rural del cobro por la prestación del servicio; (iv) la administración municipal ordenó la il uminación de vías no pertenecientes al municipio lo que aumentó el costo de la inversión realizado por el concesionario; (v) el valor de comisión por facturación y recaudo de la energía destinada al alumbrado público; (vi) hubo negligencia en la función coactiva de la entidad concedente; así como (vii) ausencia de pago de la rentabilidad de los recursos.

17. El municipio de Anserma ratificó los argumentos por los cuales se opuso a las pretensiones de la Unión Temporal. Por su parte, el Ministerio Público no se pronunció en esta etapa procesal.

Sentencia de primera instancia

18. El Tribunal Administrativo de Caldas, mediante providencia del 2 de mayo de 2025, negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte actora.

19. En primera medida, advirtió que, según lo manifestado en el escrito inicial, los hechos en que se fundó el desequilibrio económico del contrato consistieron en: (i) la no implementación de las tarifas de la “tasa” de alumbrado público presentadas en la oferta y aceptadas en el contrato; y (ii) el incumplimiento por parte del municipio, de la obligación de asignar el interventor del contrato de concesión desde el año 2017. Por ende, estimó que las causas adicionales incluidas en el escrito de alegatos no podían ser examinadas, porque no fueron planteadas en el momento en que se trabó la litis y se fijó el litigio, por lo cual la entidad demandada no pudo defenderse de dichos argumentos.

alegatos no podían ser examinadas, porque no fueron planteadas en el momento en que se trabó la litis y se fijó el litigio, por lo cual la entidad demandada no pudo defenderse de dichos argumentos.

20. Bajo ese contexto, el a quo indicó que le correspondía definir si se había demostrado el desequilibrio económico y financiero del contrato, para lo cual detalló el alcance de dicha figura jurídica y precisó que no cualquier afectación del contratista es susceptible de ajustarse mediante el instituto del equilibrio contractual. Al respecto estimó que, según los elementos probatorios aportados al proceso, no demostró la afectación del sinalagma entre las partes, de manera grave, que diera lugar a adoptar medidas para restablecer las condiciones de igualdad acordadas. Como sustento de ello, argumentó que la propuesta presentada el 11 de agosto de 1998, aportada al sub lite, “no contiene las supuestas tarifas con base en las cuales se construyó todo el ejercicio financiero del proyecto”, y que, “analizado el contrato de

surgir en relación con la ejecución del contrato. || Lo anterior significa que no cualquier diferencia entre las partes podía ser sometida a un tribunal de arbitramento, sino sólo aquellas que revistieran la connotación de técnicas, que no jurídicas. Es claro que tampoco puede acudirse a dicho mecanismo alternativo en todas las etapas del contrato, sino sólo en la ejecución del mismo” (archivo 28 de la anotación 42 de Samai de primera instancia).Radicación: 17001-23-33-000-2019-00089-02 (73.066)

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concesión, tampoco se observa que en él quedaran contenidas unas tarifas determinadas para el impuesto de alumbrado público ”. Se estableció que, al no existir claridad sobre las tarifas ni el número de usuarios, no era posible corroborar el recaudo que se esperaba, ni el valor al que ascendería el presunto déficit, pues no se aportaron soportes consistentes del consumo de ener gía ni del recaudo efectivo. Además, consideró que la accionante presentó una serie de cifras en que fundó el alegado desequilibrio que no contaron el debido respaldo probatorio.

21. Con relación al alegado incumplimiento por la falta de interventor del contrato desde el año 2017, el a quo concluyó que no obra ninguna prueba en el expediente que permita determinar que dicha afirmación es cierta. Por último, efectuó la tasación de las agencias en derecho en favor de la accionada por $42’646.571,12, correspondiente al 3% de la cuantía estimada en este proceso.

22. Por otra parte, en relación con la liquidación del contrato objeto de este proceso, se deja constancia de que, a pesar de haber sido considerado en la fijación del litigio y contemplado en el último problema jurídico, este tópico no fue abordado, como tampoco lo fue la excepción atinente a la ausencia del trámite conciliatorio en torno a esa pretensión.

El recurso de apelación

23. La Unión Temporal Tenorio García y Cía. Ltda. cuestionó la sustentación y las

a esa pretensión.

El recurso de apelación

23. La Unión Temporal Tenorio García y Cía. Ltda. cuestionó la sustentación y las conclusiones a las que arribó el Tribunal, pidió que se revoque en todas sus partes la providencia impugnada y, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda, con fundamento en las siguientes razones:

24. Alegó que el a quo no valoró las pruebas en conjunto, lo que impidió que evidenciara la ruptura del equilibrio económico del contrato. Particularmente, mencionó que la decisión dejó de analizar: (i) los informes financieros y el flujo de caja aportados por el concesionario , que demuestran el déficit financiero; (ii) las comunicaciones dirigidas al municipio de Anserma por la no aplicación de los valores pactados en el contrato y la exclusión del sector rural del cobro del impuesto de alumbrado público;

(iii) el acta de la re unión realizada en febrero de 2015 , en la que la entidad concedente reconoció que existía un desbalance del recaudo que ascendía a $380’682.450; y (iv) los informes de la Contraloría General de la República en los que se identificaron hallazgos relacionados con fallas en la gestión del alum brado público y la implementación de tarifas.

25. Adicionalmente, cuestionó que la providencia apelada desconoció los artículos 4, 27 y 28 de la Ley 80 de 1993 que regulan la figura del equilibrio económico y financiero del contrato estatal. Al respecto, indicó que la ruptura de la ecuación contractual se produjo debido a: (i) la fijación de tarifas a través del Decreto 070 de

financiero del contrato estatal. Al respecto, indicó que la ruptura de la ecuación contractual se produjo debido a: (i) la fijación de tarifas a través del Decreto 070 de 1998 proferido por el alcalde de Anserma, sin competencia para ello, además de la omisión en la aplicación del IPC mensual a dichos valores, conforme al índice vigente a marzo de 199 9; (ii) la exclusión del sector rural del cobro del “ impuesto” de alumbrado público, a pesar de estar expresamente incluido en la propuesta adjudicada; y (iii) la imposición al contratista de los costos de interventoría por decisión unilateral de la entidad contratante y sin ajustarse a los valores presentadosRadicación: 17001-23-33-000-2019-00089-02 (73.066)

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en la propuesta inicial del concesionario. También esgrimió que se omitió valorar la ocurrencia de la teoría de la imprevisión con fundamento en las señaladas circunstancias.

26. Adicionalmente, adujo que el Tribunal había negado la pretensión de liquidación judicial bajo el argumento de que dicho corte de cuentas es un acto posterior a la terminación del contrato, frente a lo cual la apelante refutó que el a quo omitió considerar que el concesionario solicitó reiteradamente al municipio la convocatoria a una mesa para realizar ese ejercicio, sin que diera respuesta efectiva.

Seguidamente, estimó que, en aplicación de la carga dinámica de la prueba, correspondía a la parte demandada -concedenteacreditar la designación del

a una mesa para realizar ese ejercicio, sin que diera respuesta efectiva. Seguidamente, estimó que, en aplicación de la carga dinámica de la prueba, correspondía a la parte demandada -concedenteacreditar la designación del interventor, la implementación del valor de las tarifas y el monto del recaudo.

27. Añadió que se produjo una serie de hechos que generaron el incumplimiento de parte del municipio, dado que: (i) la UT fue obligada a instalar luminarias en vías que no debían ser cubiertas por el objeto contractual; (ii) nunca se ha establecido un procedimiento de contratación para la adquisición de la energía eléctrica, lo que ha encarecido el costo de dicho suministro destinado al alumbrado público; (iii) ha habido negligencia de parte de la entidad en el “cobro de la cartera dejada de pagar”;

(iv) no se han desembolsado intereses derivados de la mora en el pago de la remuneración del concesionario; y (v) la administración nunca implementó el nuevo acuerdo municipal proferido en el 2012 en torno a las tarifas a cobrar para la prestación del servicio.

28. Finalmente, cuestionó la condena en costas por considerar que el derecho de acción se ejerció de manera legítima, con sustento en hechos probados y argumentos jurídicos razonables, sin que se hubiera incurrido en temeridad o mala fe, e indicó que el monto impuesto por concepto de agencias en derecho, correspondiente al 3% de las pretensiones (para un total de $42’646.571,12) fue desproporcionado en relación con la complejidad del litigio y la actividad llevada a cabo por la parte demandada.

Trámite relevante en segunda instancia

3% de las pretensiones (para un total de $42’646.571,12) fue desproporcionado en relación con la complejidad del litigio y la actividad llevada a cabo por la parte demandada.

Trámite relevante en segunda instancia

29. El recurso de apelación fue admitido mediante auto del 17 de septiembre de 20256.

En esta instancia, las partes ni el Ministerio Público se pronunciaron.

CONSIDERACIONES

30. Como no se advierte la configuración de causal de nulidad alguna que invalide lo actuado y evidenciado el cumplimiento de los presupuestos procesales relativos a la jurisdicción, competencia, oportunidad de la demanda, conciliación extrajudicial7,

6 Índice 09 de Samai. 7 La Unión Temporal Tenorio García y Cía. Ltda. radicó la solicitud de conciliación extrajudicial, el 18 de diciembre de 2018 (expediente digital, visible en el índice 42 del Samai del Tribunal. Folios 37 a 39 del documento “10_EXPEDIENTEDIGI_C01PRINCIP_002ANEXOSDEMANDAPDF_20240410153508”); sin embargo, ante la no acreditación de la audiencia dentro de los 3 meses siguientes, el requisito se agotó al vencimiento de este plazo, según consagra el artículo 21 de la Ley 640 de 2001 -vigente al momento en que se adelantó dicha etapa prejudicial-.Radicación: 17001-23-33-000-2019-00089-02 (73.066)

Demandante: Unión Temporal Tenorio García y Cía. Ltda.

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legitimación por activa y por pasiva ; y verificados los requisitos de la demanda en forma, la Subsección procede a decidir la segunda instancia de la presente litis8.

El objeto del recurso de apelación y los problemas jurídicos para solucionar la controversia

31. Para resolver el recurso de apelación, a la Sala le corresponde referirse sobre los reparos específicos presentados en contra de la sentencia de primer grado, los cuales, por regla general, establecen la competencia del ad quem para ventilar la controversia, salvo situaciones que se deban auscultar y definir de manera oficiosa, en virtud de lo establecido en el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP).

32. En adición a lo anterior, se precisa que no es viable pronunciarse sobre las modificaciones a la causa petendi que se busquen introducir con posterioridad a las oportunidades establecidas en la ley9, es decir, la presentación de la demanda y el término previsto para la reforma de la demanda10, en virtud del derecho fundamental al debido proceso y el principio de congruencia, que imponen fallar de forma coherente con los hechos y las pretensiones formulados en la demanda, y con las excepciones planteadas en la contestación, con lo que se busca “impedir que se sorprenda a las partes con decisiones que recaigan sobre aspectos que no fueron objeto de debate en el curso del proceso, salvo los que, de conformidad con la ley, deban ser resueltos de oficio”11.

33. En el presente asunto, la apelante concretó sus motivos de inconformidad con la

objeto de debate en el curso del proceso, salvo los que, de conformidad con la ley, deban ser resueltos de oficio”11.

33. En el presente asunto, la apelante concretó sus motivos de inconformidad con la sentencia de primera instancia en lo siguiente: (i) falta de valoración en conjunto de los elementos probatorios que demostrarían la ruptura de la ecuación contractual;

8 Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia del 6 de abril de 2018, expediente 46.005, C.P. Danilo Rojas Betancourth. En esta providencia, se indicó: “ si se apela un aspecto global de la sentencia, el juez adquiere competencia para revisar todos los asuntos que hacen parte de ese aspecto más general (…) desde luego, sin perjuicio de la potestad que tiene el juzgador de pronunciarse oficiosamente sobre todas aquellas cuestiones que sean necesarias para proferir una decisión de mérito, tales como la caducidad, la falta de legitimación en la causa y la inde bida escogencia de la acción, aunque no hubieran sido propuestos por el apelante como fundamentos de su inconformidad con la providencia censurada”. 9 Ley 1564 de 2012, artículo 117 “Los términos señalados en este código para la realización de los actos procesales de las partes y los auxiliares de la justicia, son perentorios e improrrogables, salvo disposición en contrario. Disposición aplicable de conformidad con la remisión expresa dispuesta en el artículo 306 de la Ley 1437 de 2011: “En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”.

1437 de 2011: “En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”. El juez cumplirá estrictamente los términos señalados en este código para la realización de sus actos. La inobservancia de los términos tendrá los efectos previstos en este código, sin perjuicio de las demás consecuencias a que haya lugar. A falta de término legal para un acto, el juez señalará el que estime necesario para su realización de acuerdo con las circunstancias, y podrá prorrogarlo por una sola vez, siempre que considere justa la causa invocada y la solicitud se formule antes del vencimiento”. 10 Ley 1437 de 2011, artículo 173. “El demandante podrá adicionar, aclarar o modificar la demanda, por una sola vez, conforme a las siguientes reglas:

1. La reforma podrá proponerse hasta el vencimiento de los diez (10) días siguientes al traslado de la demanda.

De la admisión de la reforma se correrá traslado mediante notificación por estado y por la mitad del término inicial. Sin embargo, si se llama a nuevas personas al proceso, de la admisión de la demanda y de su reforma se les notificará personalmente y se les correrá traslado por el término inicial.

2. La reforma de la demanda podrá referirse a las partes, las pretensiones, los hechos en que estas se fundamentan o a las pruebas.

3. No podrá sustituirse la totalidad de las personas demandantes o demandadas ni todas las pretensiones de la demanda. Frente a nuevas pretensiones deberán cumplirse los requisitos de procedibilidad.

fundamentan o a las pruebas.

3. No podrá sustituirse la totalidad de las personas demandantes o demandadas ni todas las pretensiones de la demanda. Frente a nuevas pretensiones deberán cumplirse los requisitos de procedibilidad.

La reforma podrá integrarse en un solo documento con la demanda inicial. Igualmente, el juez podrá disponer que el demandante la integre en un solo documento con la demanda inicial”. 11 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencias del 24 de septiembre de 2020, exp. 44707, C.P. José Roberto Sáchica Méndez; y del 12 de julio de 2024, exp. 70692, C.P. Fernando Alexei Pardo Flórez.Radicación: 17001-23-33-000-2019-00089-02 (73.066)

Demandante: Unión Temporal Tenorio García y Cía. Ltda.

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(ii) desconocimiento de los artículos 4, 27 y 28 de la Ley 80 de 1993, en relación con el desequilibrio económico; (iii) en aplicación de la carga dinámica de la prueba, correspondía al municipio de Anserma acreditar el valor de las tarifas y el recaudo de las mismas; (iv) la procedencia de la liquidación judicial del negocio, dado que la entidad contratante ha sido renuente a elaborar el balance final de cuentas; y (v) la condena en costas debe ser revocada porque no se acreditó la mala fe ni temeridad de la demandante, y en atención a que el monto fijado por el a quo -3% de las pretensiones de la demanda - no se correspondió con la complejidad del litigio y la

de la demandante, y en atención a que el monto fijado por el a quo -3% de las pretensiones de la demanda - no se correspondió con la complejidad del litigio y la actuación de la parte demandada en la primera instancia.

34. Previo a formular los problemas jurídicos que deben resolverse en esta instancia, la Sala considera pertinente realizar unas precisiones respecto de los argumentos planteados en el recurso de apelación.

35. Con la finalidad de mantener la cohesi

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