CE - Sentencia 17001233300020250006801

Consejo de Estado

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Título
CE - Sentencia 17001233300020250006801
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

Demandante: Armando Ramírez Olarte Demandado: presidente de la República

Radicación No.: 17001-23-33-000-2025-00068-01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Ocho (8) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO Radicación: 17001-23-33-000-2025-00068-01

Accionante: ARMANDO RAMÍREZ OLARTE

Accionado: PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Tema: Confirma – niega pretensiones.

.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala conoce de la impugnación presentada por la parte accionante contra la sentencia de 28 de noviembre 2024, dictada por la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Caldas.

I. ANTECEDENTES

1. Demanda

1. El señor Armando Ramírez Olarte promovió acción de cumplimiento contra el presidente de la República1. Con su solicitud pretende que se le ordene a la autoridad accionada el acatamiento de lo dispuesto en los artículos 6 y 189 .10 de la Constitución Política, así como el artículo 9 de la Ley 63 de 1923.

2. Como consecuencia del obedecimiento de las normas invocadas, solicitó que se le ordene al presidente de la República que se abstenga de realizar l as

de la Constitución Política, así como el artículo 9 de la Ley 63 de 1923.

2. Como consecuencia del obedecimiento de las normas invocadas, solicitó que se le ordene al presidente de la República que se abstenga de realizar l as sesiones del consejo de ministros de manera pública; esto es, mediante transmisión por radio, televisión o por cualquier medio digital, bien sean públicos o privados, de forma que los mismos sean realizados de manera reservada.

2. Hechos y fundamento de la demanda

3. La parte accionante manifestó qu e, el 4 de febrero de 2025, el señor presidente de la República , Gustavo Petro Urrego , ordenó la transmisión en directo por canales de televisión y radio pública y privada, del consejo de ministros convocado para ese día.

4. Refirió que la transmisión se efectuó desde las 5:20 pm hasta cerca de la media noche. Situación que tildó como un hecho notorio.

1 La demanda fue presentada a través de correo electrónico del 26 de febrero de 2025.Demandante: Armando Ramírez Olarte Demandado: presidente de la República

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5. Afirmó que tal acto contraría el contenido del artículo 9 de la Ley 63 de 1923, que dispone que las sesiones de los consejos de ministros son absolutamente reservadas. De ahí que, no puedan ser públicas.

6. Mencionó que el señor presidente de la República manifestó en su red

1923, que dispone que las sesiones de los consejos de ministros son absolutamente reservadas. De ahí que, no puedan ser públicas.

6. Mencionó que el señor presidente de la República manifestó en su red social «X» su intención de seguir realizando los consejos de ministros de manera pública. No obstante, consideró que, al ser un servidor público y primera autoridad administrativa del país, tiene la obligación de acatar y cumplir la Constitución y la Ley.

3. Actuaciones procesales en primera instancia

7. El asunto inicialmente correspondió al Juzgado 32 Administrativo de Bogotá, quien mediante providencia del 28 de febrero de 2025 declaró su falta de competencia funcional y territorial para conocer la demanda de la referencia.

Por consiguiente, dispuso la remisión del expediente al Tribunal Administrativo de Caldas.

8. Mediante providencia del 6 de marzo de 202 5, el Tribunal admitió la demanda. En consecuencia, ordenó la notificación personal del presidente de la República «o de quien hiciera sus veces» y le concedió el término de 3 días para intervenir en el proceso. También dispuso la notificación del agente del Ministerio Público, según lo previsto en el artículo 303 del CPACA.

4. Contestaciones e informes

4.1. Armando Ramírez Olarte

9. El accionante mencionó que dentro del trámite y presentación de la acción de cumplimiento de la referencia recibió respuesta por parte de Canal Caracol TV, Canal RCN y RTVC , a las solicitudes que presentó con anterioridad a la radicación de la demanda y en la s que pidió información relacionada con la trasmisión del evento del 4 de febrero de 2025 . Asimismo, informó que recibió

TV, Canal RCN y RTVC , a las solicitudes que presentó con anterioridad a la radicación de la demanda y en la s que pidió información relacionada con la trasmisión del evento del 4 de febrero de 2025 . Asimismo, informó que recibió respuesta de la Presidencia de la República, al requerimiento previo que realizó.

4.2. Presidencia de la República

10. En primer lugar, la autoridad expuso que la presente demanda es improcedente por falta de agotamiento del requisito de renuencia. Al respecto, afirmó que la solicitud de cumplimiento presentada por el señor Ramírez Olarte no dio cuenta de las razones en las que sustenta el presunto incumplimiento.

Además, indicó que le brindó una respuesta de fondo al actor en la que le explicó por qué la transmisión del consejo de ministros del pasado 4 de febrero de 2025 fue legal, de manera que no es cierto que hubiera guardado silencio.

11. En segundo lugar, la autoridad alegó la ausencia de incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 6 y 189.10 de la Constitución Política, así como 9 de la Ley 63 de 1923. Para el efecto, señaló que la transmisión pública de la sesión del consejo de ministros del 4 de febrero de 2025 fue legítima, dado que los asuntos allí tratados no están sujetos a reserva legal y su divulgación obedece a unDemandante: Armando Ramírez Olarte Demandado: presidente de la República

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ejercicio democrático para la apropiación de las políticas de gobierno por parte de la ciudadanía.

12. En este punto, afirmó que el contenido de lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley 63 de 1923 debía ser interpretado en armonía con la Constitución Política, la legislación y la jurisprudencia vigente a propósito de los principios de publicidad de la información y la libertad de expresión en un Estado social y democrático de derecho.

13. Bajo tal paradigma, señaló que la Ley 1712 de 2014 constituye el marco normativo para la limitación del derecho a la publicidad de la información, en concordancia co n lo establecido en el artículo 24 de la Ley 1437 de 2011.

También hizo referencia a lo expuesto por la Corte constitucional en la sentencia C-416 de 2024.

14. Afirmó que el anterior marco jurídico resulta relevante, máxime cuando la norma acusada de incumplida data del año 1923 y el legislador de la época no precisó qu é asuntos se consideraban bajo reserva, las circunstancias de temporalidad de la reserva, ni tampoco los bienes jurídicos que buscaba proteger con la prohibición legal.

15. Con ello, concluyó que la demanda no permite demostrar el incumplimiento del artículo 9 de la Ley 63 de 1923, dado que los asuntos tratados en tal sesión no representaban una amenaza al interés público, al no estar

con la prohibición legal.

15. Con ello, concluyó que la demanda no permite demostrar el incumplimiento del artículo 9 de la Ley 63 de 1923, dado que los asuntos tratados en tal sesión no representaban una amenaza al interés público, al no estar relacionados con la política de defensa y seguridad nacional o las operaciones militares y de policía, instrucciones en materia diplomática , negociaciones internacionales reservadas, datos de operaciones de crédito público ni , en general, bienes jurídicos protegidos por la reserva legal.

16. De otro lado, refirió que el artículo 9 de la Ley 63 de 1923 establece la reserva de las sesiones del consejo de ministros cuando este funja como cuerpo consultivo. Es decir, cuando se presentan asuntos para el estudio o la consulta de cada uno de los mini stros, caso en el cual existe la prohibición de divulgar información, incluyendo, el nombre del ministro al que se le hubiera presentado la consulta.

17. En tal sentido, precisó que, cuando el consejo de ministros fungía como cuerpo deliberativo o en otro contexto distinto al de cuerpo consultivo, no había prohibición legal de publicar o comunicar el contenido de las sesiones o el nombre de los ministros que participaban en la respectiva sesión.

18. Expuso que la sesión transmitida al público el pasado 4 de febrero de 2025 no se había desarrollado en el contexto de lo estipulado en el artículo 9 de la Ley 63 de 1923. Por lo tanto, no era cierto que se hubieran divulgado temas objeto de reserva legal como erradamente lo interpretaba el actor. Además, refirió que éste último tampoco justificó en su demanda ni en el escrito de renuencia, que la sesión se hubiera adelantado en los términos descritos por la norma.

de reserva legal como erradamente lo interpretaba el actor. Además, refirió que éste último tampoco justificó en su demanda ni en el escrito de renuencia, que la sesión se hubiera adelantado en los términos descritos por la norma.

19. En todo caso, mencionó que el presidente de la República está legalmente facultado para fijar las funciones especiales de los consejos de ministros y lasDemandante: Armando Ramírez Olarte Demandado: presidente de la República

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reglas necesarias para su funcionamiento, de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 47 de la Ley 489 de 1998. Esto, dada su calidad de jefe de Gobierno, Suprema Autoridad Administrativa y la naturaleza de los asuntos a tratar.

20. Concluyó que el accionante incurre en un yerro al afirmar que existe un incumplimiento de las disposiciones invocadas con la demanda, pues el señor presidente honró el principio democrático y la regla general de publicidad de la información, para poner en conocimiento del interés general temas que no están sujetos a reserva y amparado en la facultad que le otorga la ley para fijar las reglas del funcionamiento del consejo de ministros.

5. Fallo de primera instancia

21. En sentencia de 28 de marzo de 2025 , la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Caldas declaró la improcedencia de la acción de cumplimiento, en relación con los artículos 6 y 189.10 de la Constitución Política,

21. En sentencia de 28 de marzo de 2025 , la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Caldas declaró la improcedencia de la acción de cumplimiento, en relación con los artículos 6 y 189.10 de la Constitución Política, y negó las pretensiones de la demanda en relación con el artículo 9 de la Ley 63 de 1923.

22. Como fundamento de su decisión , el a quo afirmó que la acción fue prevista para exigir el cumplimiento de deberes consignados en normas aplicables con fuerza material de ley o de actos administrativos. En consecuencia, resultaba improcedente el ejercicio del medio de control de la referencia para exigir el acatamiento de artículos de orden constitucional, como lo pretendía el señor Ramírez Olarte.

23. De otro lado, consideró que el hecho de que el día 4 de febrero de 2024 se hubiera transmitido el consejo de ministros no demostraba el incumplimiento del artículo 9 de la Ley 63 de 1923.

24. Para el efecto, el Tribunal argumentó que dicha disposición tiene lugar en aquellos eventos en los cuales el consejo de ministros actúa como un cuerpo consultivo y se discute un asunto preciso de consulta . No obstante, de los elementos de juicio recaudados , no se advertía que la sesión celebrada el 4 de febrero de 2024 hubiera sido adelantada en calidad de cuerpo consultivo o que se hubieran presentado asuntos para el estudio de consultas a cargo de ministros determinados.

25. Incluso, señaló que lo único de lo que se tenía constancia era que de la franja horaria comprendida entre las 5:24 p.m. y 7:28 p.m. se transmitió una

determinados.

25. Incluso, señaló que lo único de lo que se tenía constancia era que de la franja horaria comprendida entre las 5:24 p.m. y 7:28 p.m. se transmitió una alocución presidencial, y de las 7:29 p.m. a 11 :23 p.m., el consejo de ministros, según las certificaciones allegadas al expediente por parte de distintos medios de comunicación, sin que se tuviera constancia del acta de la sesión, el orden del día, los asuntos debatidos y las decisiones allí adoptadas. Por ende, no estaba demostrado el incumplimiento del artículo 9 de la Ley 63 de 1923.Demandante: Armando Ramírez Olarte Demandado: presidente de la República

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6. Impugnación

26. El señor Armando Ramírez Olarte solicitó que se revocara el ordinal segundo de la providencia impugnada y, en su lugar, se accediera a las pretensiones de la demanda, de forma que se le orden e al señor presidente de la República , Gustavo Petro Urrego , que se abstenga de transmitir por los canales de televisión, radio o medios digitales privados y públicos el consejo de ministros, por tratarse de eventos que deben ser realizados de manera reservada.

27. En síntesis, el actor mencionó que la Ley 63 de 1923 se encuentra vigente.

También indicó que hay situaciones, decisiones, informaciones y un sinnúmero

reservada.

27. En síntesis, el actor mencionó que la Ley 63 de 1923 se encuentra vigente.

También indicó que hay situaciones, decisiones, informaciones y un sinnúmero de aspectos que son del resorte, manejo, conocimiento y administración del consejo de ministros del gobierno de turno y que no necesariamente deben ser de conocimiento público, por razones de prudencia, seguridad, tacto en el manejo de las relaciones con la ciudadanía, etc.

28. Precisó que, cuando se trata de una charla informal del consejo de ministros, no se impone ninguna dificultad. Situación distinta ocurre cuando se trata de asuntos de Estado o de gobierno, en los cuales debe primar el carácter reservado de la información.

29. Refirió que la norma establece que las sesiones del consejo de ministros son absolutamente reservadas. Por tanto, no debe hacerse una diferenciación entre la naturaleza consultiva o deliberativa de ellas, dado que el consejo de ministros per se tiene naturaleza consultiva y deliberativa. Además, indicó que la transmisión del 4 de febrero del presente año no fue una alocución presidencial, sino un consejo de ministros. E incluso, se han transmitido otras sesiones.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

30. Esta Sección es competente para resolver la impugnación presentada por el señor Armando Ramírez Olarte contra la sentencia de 28 de marzo de 2025, proferida por la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del Caldas.

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1252, 1503 y 2434 de la Ley 1437 de 20115, así como del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 de la

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1252, 1503 y 2434 de la Ley 1437 de 20115, así como del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado . Esta última disposición establece la competencia de la Sección Quinta de esta Corporación para conocer de «…las apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que se dicten

2 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 20. 3 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 26. 4 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 62. 5 Artículo 150.Artículo modificado por del artículo 615 de la Ley 1564 de 2012. Inciso modificado por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación. También conocerá del recurso de queja que se formule contra decisiones de los tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este código [..]Demandante: Armando Ramírez Olarte Demandado: presidente de la República

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por los Tribunales Administrativos en primera instancia en las acciones de cumplimiento».

2.2. Generalidades sobre la acción de cumplimiento

31. La finalidad de la presente acción, consagrada en el artículo 87 de la

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por los Tribunales Administrativos en primera instancia en las acciones de cumplimiento».

2.2. Generalidades sobre la acción de cumplimiento

31. La finalidad de la presente acción, consagrada en el artículo 87 de la Constitución Política, a la cual puede acudir cualquier persona natural o jurídica, es hacer efectivo el cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto administrativo que impone determinada actuación u omisión a la autoridad. Su objeto es la observancia del ordenamiento jurídico existente.

32. En desarrollo de este mandato constitucional, la Ley 393 de 1997, que reglamenta esta acción, exige como requisito de procedibilidad «la renuencia»

(artículo 8), esto es, haber reclamado en sede administrativa antes de ejercitar la demanda la atención de la norma o del acto administrativo que se considera desacatado, y que la autoridad no responda transcurridos 10 días o se niegue a atender su cumplimiento.

33. Para que la demanda proceda, se requiere:

(i) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes (artículo 1)6.

(ii) Que el mandato que se solicita atender esté radicado en cabeza de la autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas, encargado de ello (artículos 5 y 6).

(iii) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad o el particular accionado frente al obedecimiento del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción u omisión del exigido o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir

(iii) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad o el particular accionado frente al obedecimiento del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción u omisión del exigido o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su inminente incumplimiento. Excepcionalmente, se puede prescindir de este requisito «[…] cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio irremediable […]» caso en el cual deberá ser sustentado en la demanda (artículo 8).

(iv) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo, circunstancia esta que la hace improcedente, salvo el caso que, de no proceder, se produzca un perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción.

(v) Que la acción no persiga la protección de derechos fundamentales que puedan ser garantizados a través de la tutela (artículo 9), ni el acatamiento de normas que establezcan gastos a la administración (artículo 9).

34. En caso de que no se acredite el cumplimiento de la constitución en renuencia, procederá el rechazo de la demanda. Sin embargo, el incumplimiento

6 Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general consagran principios y directrices.Demandante: Armando Ramírez Olarte Demandado: presidente de la República

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de alguno de los otros requisitos de procedibilidad conlleva la declaratoria de improcedencia del medio de control.

2.3. De la renuencia

35. La procedencia de la acción de cumplimiento se supedita a la constitución en renuencia del accionado. Este requisito consiste en el reclamo previo y por escrito que debe elevarle el interesado a la autoridad o al particular que ejerce funciones públicas, exigiéndoles el acatamiento de un mandato legal o consagrado en acto administrativo con citación precisa de éste 7, sin que el demandado de respuesta en un plazo de diez días o se ratifique en el incumplimiento.

36. En efecto, el inciso segundo del artículo 8 de la Ley 393 de 1997 establece

lo siguiente:

Con el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o administrativo y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud.

37. Para el cumplimiento de este requisito de procedibilidad la Sala, ha señalado que «…el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de petición sino una solicitud expresamente hecha con el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la acción de cumplimiento»8.

38. Sobre este tema, esta Sección9 ha dicho que:

Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante

la renuencia para los fines de la acción de cumplimiento»8.

38. Sobre este tema, esta Sección9 ha dicho que:

Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.

El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que incumple la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no está sometida a formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos contener: La petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto administrativo; el señalamiento preciso de la disposición que consagra una obligación y la explicación del sustento en el que se funda el incumplimiento.

Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación

7 Sobre el particular esta Sección ha dicho: “La Sala también ha explicado que con el fin de constituir en renuencia a una entidad pública o a un particular que actúe o deba actuar en ejercicio de funciones públicas, es necesario haber reclamado de éste el cumplimiento del deber legal o administrativo, para lo cual se deberá precisar la norma o normas en que se consagró su deber inobjetable y, por ende, exigible, pues lo contrario conduce a la improcedencia de la acción por carecer del requisito de renuencia.(Negrita fuera de texto) 8 Consejo de Estado, Sección Quinta. Providencia del 20 de octubre de 2011. Radicado núm. 2011-01063, M.P. Mauricio Torres Cuervo.

acción por carecer del requisito de renuencia.(Negrita fuera de texto) 8 Consejo de Estado, Sección Quinta. Providencia del 20 de octubre de 2011. Radicado núm. 2011-01063, M.P. Mauricio Torres Cuervo. 9 Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 9 de junio de 2011 . Radicado núm. 201100024-01. M.P. Susana Buitrago Valencia.Demandante: Armando Ramírez Olarte Demandado: presidente de la República

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a la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la acción prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.

Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario del deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento reclamado. Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido de la petición de cumplimiento que previamente debió formular el demandante, pues, como se dijo, aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el procedimiento judicial para exig ir el cumplimiento de normas con fuerza material de ley o actos administrativos10”. (Énfasis de la Sala)

39. Por otra parte, para dar por satisfecho este requisito no es necesario que el solicitante, en su petición, haga mención explícita y expresa que su objetivo es

de ley o actos administrativos10”. (Énfasis de la Sala)

39. Por otra parte, para dar por satisfecho este requisito no es necesario que el solicitante, en su petición, haga mención explícita y expresa que su objetivo es constituir en renuencia a la autoridad, pues el artículo 8 de la Ley 393 de 1997 no lo prevé así . Por ello, basta con advertir del contenido de la petición que lo pretendido es el cumplimiento de un deber legal o administrativo y que, de este, pueda inferirse el propósito de agotar el requisito en mención.

40. En esa medida, el Consejo de Estado no ha dado por demostrado el requisito de procedibilidad cuando la petición «…tiene una finalidad distinta a la de constitución en renuencia»11.

41. En el caso concreto, la parte actora probó que el 8 de febrero de 2025 le dirigió una petición a la Presidencia de la Repúblic a en la que le solicitó el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 6 y 189 .10 de la Constitución Política, así como 9 de la Ley 63 de 1923. Ello, a fin de que el señor presidente de la República se abstuviera de realizar el consejo de ministros de manera pública.

42. También se tiene conocimiento de que la Presidencia de la República proporcionó respuesta a la solicitud previamente referida el día 27 de febrero del presente año mediante oficio OFI25 -00035270 / GFPU 13150000 12. Se resalta que, si bien le fue enviada al peticionario con posterioridad a la presentación de la demanda, la misma ocurrió en un término razonable y en los términos del artículo 14 de la Ley 1437 de 201113.

que, si bien le fue enviada al peticionario con posterioridad a la presentación de la demanda, la misma ocurrió en un término razonable y en los términos del artículo 14 de la Ley 1437 de 201113.

43. En esa oportunidad, la Presidencia le informó al solicitante que la reserva legal que rodea las sesiones del consejo de ministros, de conformidad con lo previsto en el artículo 9 de Ley 63 de 1923, debía ser interpretada con lo dispuesto por la legislación actual a propósito de la materia. También se refirió al contenido del artículo 6 ibidem, para precisar que el consejo de ministros tiene

10 Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24 de junio de 2004, Exp. 2003-00724. MP. Darío Quiñones Pinilla 11 Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencias del 21 de noviembre de 2002, EXP. ACU-1614 y del 17 de marzo de 2011, EXP. 2011-00019. 12 Véase: índice 13 – Exp: 17001-23-33-000-2025-00068-00. 13 «ARTÍCULO 14. TÉRMINOS PARA RESOLVER LAS DISTINTAS MODALIDADES DE PETICIONES. <Ver ampliación temporal de términos en Notas de Vigencia> <Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015. El nuevo texto es el siguiente:> Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción […]».Demandante: Armando Ramírez Olarte Demandado: presidente de la República

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(15) días siguientes a su recepción […]».Demandante: Armando Ramírez Olarte Demandado: presidente de la República

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dos funciones principales a efectos de resolver los asuntos referidos en el artículo 3 de la normativa: una como cuerpo consultivo y otra como cuerpo deliberativo.

44. Con ello, concluyó que la viabilidad de levantar la reserva prevista en la Ley 63 de 1923 para cada sesión del consejo de ministros, depende de un ejercicio de ponderación que haga el señor presidente de la República, en el que analice la calidad en que actuará dicho órgano; es to es, si como órgano consultivo o deliberativo, así como las materias que se van a tratar. Esto, también por disposición del artículo 47 de la Ley 489 de 1998, que le otorga la facultad al jefe de Estado de definir las reglas de funcionamiento de dichas sesiones.

45. En vista de lo anterior, no hay duda de que la parte actora agotó en debida forma el requisito de renuencia ante la autoridad accionada . Por tal motivo, se seguirá con el análisis de los requisitos de procedencia de la acción.

2.4. De la procedencia de la acción de cumplimiento

46. Conforme a lo expuesto, el señor Armando Ramírez Olarte solicitó que se le ordene al presidente de la República el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 6 y 189.10 de la Constitución Política , así como el artículo 9 de la Ley

46. Conforme a lo expuesto, el señor Armando Ramírez Olarte solicitó que se le ordene al presidente de la República el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 6 y 189.10 de la Constitución Política , así como el artículo 9 de la Ley 63 de 1923, para que se abstenga de realizar los consejos de ministros de manera pública y, por el contrario, los adelante de forma reservada.

47. En relación con las pretensiones encaminadas el acatamiento de los artículos 6 y 189.10 de la Constitución, la Sala confirmará la decisión de primera instancia, que declaró la improcedencia de la acción. Esto obedece a que este mecanismo procura por hacer efectiva la observancia de norma s con fuerza material de ley o de un acto administrativo que impone determinada actuación u omisión a la respectiva autoridad y no, disposiciones de mayor jerarquía14.

48. Ahora, en lo que respecta al

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