CE - Sentencia 17001233300020250007201
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 17001233300020250007201
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
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CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D. C. siete (7) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de Tutela Radicado: 17001-23-33-000-2025-00072-01
Accionante: Andrés Grajales Delgado Accionado: Pagaduría de la Rama Judicial -Seccional Caldas y Fiscalía General de la Nación
Tema: Acción de tutela por la presunta vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso, la protección a la familia y el mínimo vital
Decisión: Se confirma la decisión de primera instancia en el sentido de declarar improcedente la acción de tutela por no agotar el requisito de subsidiariedad.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
I. ASUNTO
1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la impugnación formulada por la parte ac cionante contra la providencia del 27 de marzo de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Tercera de Decisión, mediante la cual se “negó por improcedente” la acción de tutela al no cumplir con el requisito de subsidiariedad.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos1
2. Al señor Andrés Grajales Delgado , quien ha laborado en la Rama Judicial
no cumplir con el requisito de subsidiariedad.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos1
2. Al señor Andrés Grajales Delgado , quien ha laborado en la Rama Judicial desde el año 2005, le fue concedida una licencia no remunerada 2 desde el 6 de diciembre de 2024 para ocupar otro cargo en la Fiscalía General de la Nación.
3. El 20 de febrero de 2025, a través de su correo electrónico, el actor elevó una solicitud a las autoridades accionadas para que le informaran acerca del pago proporcional de su bonificación por servicios prestados, considerando que su último año de servicio en la Rama Judicial se cumplió en esa fecha.
4. La Fiscalía General de la Nación le respondió a través de ese mismo medio , que según el Decreto núm. 021 de 2014, la bonificación solo aplica para quienes
1 Extraídos del escrito de tutela presentado el 12 de marzo de 2025. Índice 2 del aplicativo SAMAI, exp. núm. 11001-03-15-000-2025-00072-00. 2 Mediante la Resolución núm. 244 del 4 de diciembre de 2024: “Por medio de la cual se reconoce una licencia no remunerada renunciable.”, concedida hasta por el término de tres años a partir del 6 de diciembre de 2024, para ocupar otro cargo en la Fiscalía General de la Nación.Acción de Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-00072-01
Accionante: Andrés Grajales Delgado
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2 han trabajado un año ininterrumpido en esa entidad, salvo en el caso de vacaciones, por lo que no era posible acceder a su solicitud.
5. Por su parte, la Dirección Seccional de Administración Judicial de Manizales3, le indicó que tampoco le era posible acceder a su requerimiento para el pago proporcional de la bonificación solicitada, toda vez que esta se causa por un año completo de servicio y el solicitante ha laborado en la Fiscalía desde diciembre de 2024.
6. Asimismo, le aclaró que en el caso de que decidiera vincularse de forma permanente a la Fiscalía General de la Nación, en la liquidación definitiva se incluiría el concepto de bonificación por servicios y que si decidía regresar a su cargo en propiedad en la Rama Judicial se correría la fecha de causación para el pago de la bonificación por servicios.
2.2. Fundamento jurídico
7. El profesional del derecho invocó como sustento de su acción , sin realizar ningún tipo de argumentación al respecto, más allá de afirmar que : “De lo anteriormente expuesto se concluye que la bonificación por año que fue causada el día 20 de febrero de 2025, debe ser reconocida y pagada por considerarse que la ley lo ordena claramente”, la siguiente normativa y jurisprudencia:
8. El artículo 86 constitucional y el Decreto 2591 de 1991, así como los Decretos
la ley lo ordena claramente”, la siguiente normativa y jurisprudencia:
8. El artículo 86 constitucional y el Decreto 2591 de 1991, así como los Decretos 306 de 1992 y 1382 de 2000 4. Asimismo, los artículos 10 y 45 la Ley 1042 de 1978 referentes a la bonificación por servicios , y las sentencias T -716 de 2017 referente al mínimo vital y C-163 de 2019, relacionada con los derechos al debido proceso y el acceso a la administración de justicia.
2.3. Pretensiones
9. La parte accionante solicitó:
«[…] Con fundamento en lo anteriormente expuesto le solicito señor juez de la república que se tutelen mis derechos fundamentales invocados como amenazados, violados y vulnerados de debido proceso, protección a la familia, seguridad social, entre otros por part e de la RAMA JUDICIAL Y/O LA
FISCALIA GENERAL DE LA NACION.
Que se ordene a la entidad que corresponda, reconozca y pague a mi favor la bonificación por año de servicios que se encuentra causada el día 20 de febrero de 2025. […]». (sic en toda la cita)
2.4. Intervenciones
10. La acción de tutela fue admitida por el Tribunal Administrativo de Caldas mediante auto del 14 de marzo de 202 55, en el que ordenó notificar como
3 A través de correo electrónico remitido el 20 de febrero de 2025 por el jefe del área de Talento Humano. 4 Decretos 306 de 1992 y 1382 de 2000 compilados en la Ley 1069 de 2015.
3 A través de correo electrónico remitido el 20 de febrero de 2025 por el jefe del área de Talento Humano. 4 Decretos 306 de 1992 y 1382 de 2000 compilados en la Ley 1069 de 2015. 5 Índices 4 y 7 del aplicativo SAMAI, exp. núm. 11001-03-15-000-2025-00072-00.Acción de Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-00072-01
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3 accionadas a la Pagaduría de la Rama Judicial Seccional Caldas y a la Fiscalía General de la Nación.
2.4.1. La Fiscalía General de la Nación - Subdirección Regional de Apoyo Eje Cafetero6, a través de su subdirectora, solicitó su desvinculación de la acción al no haber vulnerado los derechos fundamentales invocados por el actor. Indicó que la bonificación por servicios no le fue reconocida, pues el servidor no ha cumplido un año continuo en la entidad y su causación solo se dará hasta el 5 de diciembre de la presente anualidad.
2.4.2. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Manizales -Caldas del Consejo Superior de la Judicatura 7, a través de la directora seccional , solicitó negar las pretensiones de la acción y declararla improcedente al no presentarse en el asunto ninguna vulneración ius fundamental ni existir un perjuicio irremediable.
11. Sostuvo que no era posible acceder a lo pretendido por el accionante pues
presentarse en el asunto ninguna vulneración ius fundamental ni existir un perjuicio irremediable.
11. Sostuvo que no era posible acceder a lo pretendido por el accionante pues si bien la bonificación se venía cancelando el día 25 de febrero de cada año, con la nueva situación administrativa de la licencia, el actor no cumplió con el año completo de prestación de servicios para su reconocimiento, por lo que esa entidad no puede incumplir con la disposición legal al respecto.
12. Adicionalmente, puso de presente que, con ocasión de la licencia, el vínculo con la Rama Judicial no ha finalizado, por lo que no se podría manejar como una liquidación definitiva de una prestación económica y/o un posible reconocimiento proporcional de la prestación.
13. En ese sentido recordó que, como se le manifestó en la respuesta del 20 de febrero de 2025 el jefe del Talento Humano al accionante, no es posible acceder a dicho reconocimiento, no solo por no existir retiro de la entidad, sino porque no se ha dado cumplimiento al año de prestación de servicios, lo que posteriormente conllevaría solo a la modificación de la fecha de causación, una vez finalice la licencia.
2.5. Sentencia Impugnada8
14. El Tribunal Administrativo de Caldas negó la acción interpuesta por el señor Grajales Delgado por improcedente, toda vez que existen otros mecanismos judiciales para reclamar la bonificación por servicios prestados. En ese entendido, sostuvo que la tutela no es el medio idóneo para resolver controversias sobre derechos económicos. Además, indicó que el accionante no ha probado una vulneración grave de sus derechos fundamentales, como el debido proceso o el mínimo vital ni aportó evidencia de un perjuicio irremediable
controversias sobre derechos económicos. Además, indicó que el accionante no ha probado una vulneración grave de sus derechos fundamentales, como el debido proceso o el mínimo vital ni aportó evidencia de un perjuicio irremediable que justifique la intervención del juez constitucional mediante tutela.
6 Índice 10 del aplicativo SAMAI. 7 Índice 16 del aplicativo SAMAI. 8 Índice 13 del aplicativo SAMAI.Acción de Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-00072-01
Accionante: Andrés Grajales Delgado
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4 2.6. Impugnación9
15. El 28 de marzo de 2025 la parte ac cionante se limitó a remitir un correo electrónico en el que indicó que impugnaba el fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Caldas, pero no realizó ningún comentario adicional.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
16. La Sala de Subsección es competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes.
3.2. Problema jurídico
17. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a determinar si la Fiscalía General de la Nación - Subdirección Regional de Apoyo Eje Cafetero - y la Pagaduría de la Rama Judicial -Seccional Caldas, incurrieron en la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, la protección
determinar si la Fiscalía General de la Nación - Subdirección Regional de Apoyo Eje Cafetero - y la Pagaduría de la Rama Judicial -Seccional Caldas, incurrieron en la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, la protección a la familia y el mínimo vital, del señor Andrés Grajales Delgado, con ocasión de la respuesta negativa a su solicitud de pago de la bonificación por servicios prestados.
3.3. Procedencia de la acción de tutela
18. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015. Fue creada para proteger los derechos constitucionales fundamentales de las personas, cuando est os sean vulnerados o amenazados por parte de las autoridades o por particulares en los casos expresamente señalados en el primer decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de otro medio de defensa judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede afirmar que aquella tiene el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a operar cuando no exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
19. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello, en atención a qu e el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa
decisiones judiciales. Ello, en atención a qu e el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potesta d de administrar justicia, es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando desborda los límites que la Carta le impone.
20. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se
9 Índice 16 del aplicativo SAMAI.Acción de Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-00072-01
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5 inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las controversias que allí su rjan son subsanables en el contexto del proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que t ienen como sano propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.
3.3.1. Del requisito de subsidiariedad
la autonomía e independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.
3.3.1. Del requisito de subsidiariedad
21. El inciso 3º del artículo 86 de la Constitución consagró el requisito de subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y determinó que «[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial» , precepto reglamentado por el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991.
22. Así las cosas, cuando existen otros mecanismos de defensa judicial que resultan idóneos y eficaces para solicitar la protección de los derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y no a la tutela.
23. Al respecto, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una persona recurre a la administr ación de justicia con el fin de que le sean protegidos sus derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones paralelas a las del funcionario que conoce de un determinado asunto radicado bajo su competencia10.
24. No obstante, es claro que en determinadas oportunidades el enfoque bajo el cual se resuelven no es suficiente para precaver la vulneración de derechos fundamentales, puesto que los recursos pueden ser ineficientes o inadecuados, momento en el cual la tutel a se torna procedente para precaver la eventual conculcación de estas garantías de orden superior.
3.3.2. Análisis del caso concreto
momento en el cual la tutel a se torna procedente para precaver la eventual conculcación de estas garantías de orden superior.
3.3.2. Análisis del caso concreto
25. Al respecto, esta Sala considera, como lo hizo el Tribunal Administrativo de Caldas en la providencia de primer grado, que la presente acción de tutela es improcedente, porque el actor no agotó todos los recursos ante las entidades accionadas y las instancias judiciales ordinarias antes de acudir a la acción de tutela.
26. En ese entendido, se advierte que el actor elevó ante las entidades accionadas unas peticiones en interés particular solicitando el pago de la bonificación por servicios prestados, prestación que le fue negada por el mismo
10 En sentencia T-313 de 1 de abril de 2005, se estableció: «En efecto, la Constitución y la ley estipulan (sic) un dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como objetivo común garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en consonancia con el cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior. Por tanto, una comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía el contenido de las mencionadas competencias y, en consecuencia, es contraria a las disposiciones de la Carta Política que regulan los instrumentos de protección de los derechos dispuestos al interior de cada una de las jurisdicciones».Acción de Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-00072-01
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6 medio electrónico.
27. Así las cosas, ante la negativa de su petición el actor debió insta urar los recursos procedentes en sede administrativa , y agotados los mismos, o por lo menos el recurso obligatorio de apelación si fuere procedente , y en caso de mantenerse la situación desfavorable, podría acudir a la jurisdicción contenciosoadministrativa para debatir su legalidad a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho establecido en el artículo 138 de la Ley 1437 de
2011.
28. Así las cosas, dado que la acción de tutela es un mecanismo subsidiario que permite reconocer la validez y viabilidad de los medios y recursos ordinarios de protección judicial como dispositivos legítimos y prevalentes para la salvaguarda de los derechos, ese reconocimiento obliga a los asociados a incoar los recursos jurisdiccionales con los que cuenten para conjurar la situación que estimen lesiva de sus derechos.
29. Adicionalmente, se recuerda a la parte ac cionante que la jurisprudencia constitucional11 ha sido clara en reiterar que las personas deben hacer uso de todos los recursos ordinarios y extraordinarios que el sistema judicial ha dispuesto para conjurar la situación que amenaza o lesiona sus derechos, de tal manera que se impida el uso indebido de la acción de tutela como vía preferente o instancia judicial adicional de protección.
30.. De tal modo, al no comprobarse la inminencia, ni existencia de un perjuicio
manera que se impida el uso indebido de la acción de tutela como vía preferente o instancia judicial adicional de protección.
30.. De tal modo, al no comprobarse la inminencia, ni existencia de un perjuicio irremediable, no resulta procedente un estudio de fondo cuando la parte accionante no ha hecho uso de los medios de defensa judicial que son idóneos y efectivos para obtener el amparo de sus derechos, razón por la cual se declarará improcedente la presente acción de tutela.
31 . Por l as razones expuestas , la Sala confirmará la sentencia de primera instancia que “negó por improcedente” la presente acción, en el sentido de declarar su improcedencia, pues, se reitera, dentro de las facu ltades del juez constitucional no se encuentra la de sustituir las herramientas judiciales idóneas para obtener la protección iusfundamental quebrantada, porque de lo contrario, la acción de tutela se convertiría irremediablemente en un medio de protección alternativo que lejos de amparar un derecho vulnerado, propiciaría un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones que le encomendó la Carta a los jueces constitucionales.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Confirmar la sentencia de primera instancia del 27 de marzo de 2025
11 Sentencia T-375 de 2018. Corte Constitucional.Acción de Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-00072-01
Accionante: Andrés Grajales Delgado
11 Sentencia T-375 de 2018. Corte Constitucional.Acción de Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-00072-01
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7 proferida por Tribunal Administrativo de Caldas , en el sentido de declarar la improcedencia de la acción de tutela presentada por el señor Andrés Grajales Delgado, por las razones expuestas en la presente providencia.
Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero: Remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.