CE - Sentencia 23001233300020200048701
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 23001233300020200048701
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá, D.C., cinco (05) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Expediente: 23001233300020200048701 (70.476)
Demandante: Heriberto Enrique Aldana Arias Demandado: Instituto Geográfico Agustín Codazzi y otro Medio de control: Protección de los derechos e intereses colectivos Asunto: Sentencia de segunda instancia
TEMAS: DERECHO COLECTIVO A LA MORALIDAD ADMINISTRATIVA - la configuración de la vulneración exige, además de un componente objetivo, la acreditación de un elemento subjetivo, expresado en comportamientos deshonestos, corruptos o, en general, orientados al beneficio particular y contrarios al interés general / DELIMITACIÓN DE LAS COMPETENCIAS DEL JUEZ POPULAR Y DEL JUEZ DE LA LEGALIDAD - el juez popular no puede suplantar al juez de lo contencioso-administrativo en el control de la legalidad de los actos administrativos. La indagación sobre el quebrantamiento de normas jerárquicamente superiores en una actuación administrativa no constituye, por sí sola, el objeto del proceso diseñado para la tutela de derechos colectivos
Surtido el trámite de ley, sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo actuado, la Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia que negó las pretensiones de la demanda.
La controversia se refiere a la presunta vulneración del derecho colectivo a la moralidad administrativa, que el actor atribuye a las acciones y omisiones
negó las pretensiones de la demanda.
La controversia se refiere a la presunta vulneración del derecho colectivo a la moralidad administrativa, que el actor atribuye a las acciones y omisiones desplegadas en el año 2011 por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), en desarrollo del procedimiento de actualización de la formación catastral de los predios rurales y centros poblados del municipio de Ayapel, Córdoba.
I. LA SENTENCIA IMPUGNADA
1. El 25 de agosto de 2023, el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Primera,
profirió la siguiente decisión:
“Primero: NEGAR las pretensiones de la demanda conforme a lo expuesto en la parte motiva.
Segundo: Ejecutoriada la sentencia, remitidas por Secretaría las comunicaciones a las partes, al Defensor del Pueblo para los efectos del artículo 80 de la Ley 472 de 1998 y hechos los registros de rigor, se archivará el expediente”1.
2. La anterior providencia resolvió la demanda presentada por Heriberto Enrique Aldana Arias en contra del IGAC, cuyas pretensiones, hechos principales y
fundamentos de derecho son los siguientes2:
1 Exp. digital, Documento 58, p. 16. 2 La demanda se presentó el 16 de diciembre de 2020 (Exp. digital, Documento 08).Radicación: 23001233300020200048701 (70.476)
Actor: Heriberto Enrique Aldana Demandado: Instituto Geográfico Agustín Codazzi Referencia: Protección de derechos e intereses colectivos
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Pretensiones
Actor: Heriberto Enrique Aldana Demandado: Instituto Geográfico Agustín Codazzi Referencia: Protección de derechos e intereses colectivos
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Pretensiones
3. El demandante formuló las siguientes pretensiones (se transcriben literalmente,
incluso con errores):
“Declarar vulnerado el derecho colectivo a la Moralidad Pública por parte de las autoridades catastrales del Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGACdurante las labores realizadas para la actualización de la formación Catastral de los predios rurales y centros poblados de las cabeceras de los corregimientos, a tra vés de la persona contratada para esos efectos.
ORDENAR al representante legal del Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAC-, o a quien haga sus veces, para que, a partir de la ejecutoria del fallo que declare la vulneración del derecho colectivo a la Moralidad Pública, restituya el proceso de actualización de la formación catastral de los predios de las zonas rurales del Municipio de Ayapel al estado anterior a la violación del derecho y, consecuencialmente, lleve a cabo dicha actualización atendiendo imperativamente las obligaciones y prohibiciones establecidas por las normas técnicas vigentes establecidas para esos efectos.
ORDENAR al representante legal del Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAC-, o quien haga sus veces, que mientras se determine el avalúo catastral, en el marco de la actualización de la formación catastral, se tenga como valor del mismo de los distintos predios rurales y de los de la cabecera municipal de los corregimientos y veredas rurales, aplicables para las vigencias de 2011 y posteriores hasta el año en que entre en vigencia
actualización de la formación catastral, se tenga como valor del mismo de los distintos predios rurales y de los de la cabecera municipal de los corregimientos y veredas rurales, aplicables para las vigencias de 2011 y posteriores hasta el año en que entre en vigencia el avalúo catastral corregido en el proceso de actualización de la formación, el vigente para el año 2010 con sus respectivas actualizaciones conforme a la ley.
ORDENAR al representante legal del Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAC-, o quien haga sus veces, COMUNICAR el resultado de los avalúos catastrales anteriores al señor Alcalde Municipal de Ayapel (Córdoba) para lo de su competencia.
ORDENAR al representante legal del Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAC-, o quien haga sus veces, ASUMIR el valor del excedente del IMPUESTO PREDIAL cancelado al Municipio de Ayapel p or cada propietario de los predios afectados por sus OMISIONES durante las labores que debió realizar para la actualización de la formación Catastral de los predios rurales y centros poblados de las cabeceras de los corregimientos y que condujeron a la fijación de un avalúo catastral, base de la liquidación del precitado IMPUESTO PREDIAL, que no corresponde con los del mercado inmobiliario de Ayapel (Córdoba), como lo disponen la normas legales reguladoras de los mismos, previa liquidación por parte de la autoridad administrativa Municipal competente”3.
Hechos
4. En apoyo de sus pretensiones, el demandante relató que el 13 de diciembre de 2010, el IGAC y el municipio de Ayapel suscribieron el Convenio Interadministrativo
Hechos
4. En apoyo de sus pretensiones, el demandante relató que el 13 de diciembre de 2010, el IGAC y el municipio de Ayapel suscribieron el Convenio Interadministrativo No. 5354-2010, cuyo objeto era la actualización de las formaciones catastrales de la zona rural y los centros poblados de la entidad territorial.
5. El 18 de febrero de 2011, la Dirección Territorial del IGAC de Córdoba expidió la Resolución No. 23 -000-0019-2011, mediante la cual ordenó la actualización de la formación catastral de Ayapel, en cumplim iento del convenio firmado. Para cumplir esta decisión, el 10 de junio de del mismo año, el IGAC celebró el contrato de prestación de servicios No. 09083600 con July Marcela Rodríguez Mustafá, por un valor de $28’000.000. El objeto de este contrato consist ía en elaborar el estudio de
3 Exp. digital, Documento 58, p. 9.Radicación: 23001233300020200048701 (70.476)
Actor: Heriberto Enrique Aldana Demandado: Instituto Geográfico Agustín Codazzi Referencia: Protección de derechos e intereses colectivos
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zonas homogéneas físicas y geoeconómicas dentro del programa de actualización catastral del municipio de Ayapel.
6. Entre agosto y diciembre de 2011, la contratista presentó varios informes sobre la ejecución del contrato, los cu ales fueron recibidos por la Dirección Territorial Córdoba del IGAC y el interventor del proyecto, el ingeniero Luis Durante Caraballo.
Dichos informes contenían la información recopilada sobre las zonas homogéneas
la ejecución del contrato, los cu ales fueron recibidos por la Dirección Territorial Córdoba del IGAC y el interventor del proyecto, el ingeniero Luis Durante Caraballo. Dichos informes contenían la información recopilada sobre las zonas homogéneas físicas y geoeconómicas. En diciembre de 2011, se liquidó de común acuerdo el contrato de prestación de servicios.
7. A inicios de 2020, Heriberto Enrique Aldana Arias formuló varias peticiones al IGAC, solicitando información sobre la metodología utilizada en la determinación de las zonas homogéneas geoeconómicas y los criterios aplicados para la fijación de los avalúos catastrales. En sus respuestas, la entidad indicó que los avalúos se determinaron con base en encuestas a peritos. El 7 de abril de 2020, el demandante elevó una nueva solicitud requiriendo la identificación de los peritos encuestados. El establecimiento público respondió que la información se basó en consultas a cinco peritos, pero no proporcionó detalles sobre su metodología de selección ni la forma de verificación de sus conocimientos sobre el mercado inmobiliario de Ayapel.
8. El 15 de mayo de 2020, el demandante solicitó al IGAC aclarar si se había solicitado información a entidades como notarías y oficinas de registro de instrumentos públicos sobre los valores de mercado de los predios analizados. El 28 de mayo del mismo año, la entidad respondió que no efectuó tales solicitudes, argumentando que la normatividad vigente no lo exigía de manera imperativa.
Posteriormente, el demandante pidió a la Notaría Pública de Ayapel certificar que había recibido requerimientos de información sobre valores inmobiliarios, obteniendo como respuesta que no recibió solicitud alguna del IGAC sobre dichos datos.
Posteriormente, el demandante pidió a la Notaría Pública de Ayapel certificar que había recibido requerimientos de información sobre valores inmobiliarios, obteniendo como respuesta que no recibió solicitud alguna del IGAC sobre dichos datos.
9. El 2 de julio de 2020, Heriberto Enrique Aldana Arias presentó una petición formal ante la Dirección Territorial del IGAC en Córdoba, solicitando que se declarara que hubo un vicio en el procedimiento administrativo de actualización catastral y, por tanto, que se retrotrajeran sus efectos. El 18 de agosto de 2020, la entidad negó la solicitud, argumentando que el estudio cumplió con los procedimientos establecidos en materia catastral.
Fundamentos de derecho
10. El demandante afirmó que las actuaciones del IGAC vulneraron el derecho colectivo a la moralidad administrativa. Sostuvo que la entidad desconoció las normas legales, reglamentarias y técnicas que regulan la actualización catastral, entre ellas la Ley 14 de 1983, el Decreto 3496 de 1983, la Resolución IGAC 070 de 2011 y el documento técnico M50100 -02, aplicable a la elaboración del estudio de zonas homogéneas físicas y geoeconómicas, así como a la determinación del valor unitario por tipo de construcción. En particular, argumentó que el IGAC contravino estas normas superiores al incurrir en las siguientes irregularidades:Radicación: 23001233300020200048701 (70.476)
Actor: Heriberto Enrique Aldana Demandado: Instituto Geográfico Agustín Codazzi Referencia: Protección de derechos e intereses colectivos
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(i) No realizó avalúos comerciales individualizados para cada punto de investigación
Actor: Heriberto Enrique Aldana Demandado: Instituto Geográfico Agustín Codazzi Referencia: Protección de derechos e intereses colectivos
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(i) No realizó avalúos comerciales individualizados para cada punto de investigación basándose en métodos de valoración objetivos, como la comparación de mercado, la capitalización de rentas, el costo de reposición o la técnica residual.
(ii) No solicitó información a las notarías y oficinas de registro de instrumentos públicos para contrastar los datos obtenidos en las encuestas con registros objetivos del mercado inmobiliario. En este punto, sostuvo que, según certificación expedida por la Notaría Única de Ayapel, entre 2011 y 2012 se otorgaron más de 600 escrituras públicas, incluyendo múltiples contratos de compraventa de bienes raíces, lo que evidencia la existencia de información que debió ser considerada en el proceso de valoración.
(iii) Se basó exclusivamente en encuestas a peritos, lo que contravino la prohibición de determinar el valor catastral únicamente con este insumo y sin un análisis técnico complementario.
(iv) No verificó la idoneidad de los peritos encuestados, pese a que la normativa exige que estos provengan de la zona donde se desarrollan las actividades de avalúo.
(v) No verificó que los peritos contaran con conocimiento suficiente sobre las características específicas de los predios y los factores que influían en su valoración, incluyendo limitaciones legales o condiciones físicas particulares.
(vi) No realizó pruebas de los avalúos comerciales con un cubrimiento mínimo del 50% de los predios que se utilizaron como puntos de investigación.
incluyendo limitaciones legales o condiciones físicas particulares.
(vi) No realizó pruebas de los avalúos comerciales con un cubrimiento mínimo del 50% de los predios que se utilizaron como puntos de investigación.
11. Por otra parte, afirmó que la actuación del IGAC fue arbitraria, ya que la entidad desconoció deliberadamente y sin ninguna justificación las reglas técnicas que regulan la actualización catastral . En esta línea, adujo que la Administración debe respetar los principios de la función pública, lo cuales fuero n ignorados al avalar un estudio que carecía de rigor técnico y no aseguraba una valoración equitativa de los predios rurales de Ayapel.
12. Además, sostuvo que la contratista encargada del estudio obtuvo un provecho económico indebido, puesto que, a pesar d e que las normas violadas exigían la aplicación de métodos técnicos rigurosos, la valoración se fundamentó exclusivamente en encuestas. Esto permitió una reducción significativa de los costos y esfuerzos requeridos para la ejecución del contrato. Afirmó qu e esta situación no solo benefició a la contratista, sino que también generó un perjuicio patrimonial a los propietarios de los predios, ya que incrementó artificialmente los valores catastrales y, por tanto, la base imponible del impuesto predial.
Contestación de la demanda
13. El IGAC se opuso a las pretensiones de la demanda 4. En su defensa, sostuvo que cumplió las normas técnicas aplicables a la actualización catastral y que el
4 Exp. digital, Documento 21.Radicación: 23001233300020200048701 (70.476)
Actor: Heriberto Enrique Aldana Demandado: Instituto Geográfico Agustín Codazzi Referencia: Protección de derechos e intereses
4 Exp. digital, Documento 21.Radicación: 23001233300020200048701 (70.476)
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procedimiento seguido se ajustó a los parámetros definidos en la normat ividad vigente. Además, señaló que el demandante no aportó pruebas que permitan demostrar que los valores fijados en la actualización catastral del municipio de Ayapel son inconsistentes con los avalúos comerciales. En este sentido, manifestó que la carga de la prueba recae sobre el actor, quien debía presentar elementos de juicio que permitieran acreditar la supuesta diferencia entre el avalúo catastral y el valor comercial de los predios. En ausencia de tales pruebas, consideró que no existe fundamento para cuestionar la validez de los avalúos realizados.
14. Finalmente, afirmó que las presuntas inconsistencias u omisiones señaladas por el demandante carecen de impacto sustancial y tienen un carácter meramente formal.
Invocó el principio de instrumentalidad de las formas y argumentó que las posibles irregularidades no generaron un perjuicio concreto ni afectaron la validez del proceso de actualización catastral. En este sentido, reiteró que el actor no acreditó que se haya generado un daño a los sujetos pasivos del impuesto predial en el municipio de Ayapel.
Vinculación del municipio de Ayapel
15. Mediante auto del 27 de abril de 2022, con fundamento en el artículo 18 de la Ley 472 de 1998, el Tribunal Administrativo ordenó la vinculación del municipio de Ayapel al proceso y le corrió traslado de la demanda presentada por el actor popular5. En su
472 de 1998, el Tribunal Administrativo ordenó la vinculación del municipio de Ayapel al proceso y le corrió traslado de la demanda presentada por el actor popular5. En su contestación, la entidad territorial se opuso a las pretensiones y formuló la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, argumentando que el municipio no es titular de competencias administrativas en mate ria catastral y, por tanto, no puede atribuírsele responsabilidad por la presunta vulneración de derechos colectivos derivada del procedimiento de actualización catastral.
Alegatos en primera instancia
16. Declarada fallida la audiencia para la celebración d el pacto de cumplimiento 6 y dentro del término de traslado concedido por el Tribunal, las partes presentaron sus
5 Exp. digital, Documento 43. 6 Exp. digital, Documento 42. Mediante auto del 21 de octubre de 2022 (Exp. Digital, Documento 49), el Tribunal Administrativo de Córdoba decretó como pruebas los documentos aportados con la demanda y la contestación. En relación con el actor, Heriberto Enrique Aldana Arias, se incorporaron: (i) copia del contrato de prestación de servicios No. 09083600 de 10 de junio de 2011; (ii) informe dirigido a la Dirección Territorial Córdoba y al interventor Luis Durante Caraballo, fechado en agosto de 2011; (iii) informe de revisión de zonas homogéneas físicas y geoeconómicas del municipio de Ayapel, sin fecha ni autor; (iv) informe de ejecución del Convenio Interadministrativo No. 5354 de 13 de diciembre de 2010; (v) memoria descriptiva de la determinación de zonas homogéneas físicas y geoeconómicas de l municipio de Ayapel con sus
ejecución del Convenio Interadministrativo No. 5354 de 13 de diciembre de 2010; (v) memoria descriptiva de la determinación de zonas homogéneas físicas y geoeconómicas de l municipio de Ayapel con sus respectivos anexos, entre ellos los formatos F50100-11/10.V1 al F50100-24/10.V1 que comprenden, entre otros, planeación, alistamiento, zonificación física urbana y rural, relación de puntos de investigación económica, estudios estadísticos del mercado inmobiliario, estimaciones de precios unitarios y protocolos de validación; (vi) escritos radicados por el actor los días 2 de julio y 25 de septiembre de 2020; (vii) oficios proferidos por el IGAC los días 18 de agosto, 31 de marzo, 27 de abril y 28 de mayo de 2020; (viii) respuesta de la Notaría Única de Ayapel a solicitud del actor; (ix) el documento técnico M50100 -02/10 de diciembre de 2010 sobre metodología para estudios de zonas homogéneas; (x) la Resolución 070 de 2011 sobre formación y actualización catastral; (xi) la Resolución 2555 de 1988 que reglamenta el catastro nacional; y (xii) copia del envío de la demanda y sus anexos al correo del IGAC, conforme al artículo 6 del Decreto 806 de 2020. Por su parte, respecto de los aportados por el IGAC, se decretaron como pruebas: (i) la Resolución No. 23-000-0019-2011 del 18 de febrero de 2011, mediante la cual se ordenó la actualización catastral de la zona rural y centros poblados de Ayapel; (ii) informe de avance de actividades presentado por la
No. 23-000-0019-2011 del 18 de febrero de 2011, mediante la cual se ordenó la actualización catastral de la zona rural y centros poblados de Ayapel; (ii) informe de avance de actividades presentado por la contratista; (iii) acta del comité de avalúos de 5 de diciembre de 2011; (iv) concepto favorable de laRadicación: 23001233300020200048701 (70.476)
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alegatos de conclusión. El demandante reiteró los argumentos de su demanda y sostuvo que las pruebas aportadas acreditan la vulneración del de recho colectivo a la moralidad administrativa7. El IGAC, por su parte, reafirmó las defensas expuestas en su contestación8. El Ministerio Público y el municipio de Ayapel guardaron silencio.
Los fundamentos de la sentencia impugnada
17. El Tribunal negó las pretensiones 9. Sostuvo que las bases técnicas de la actualización catastral fueron consignadas en la memoria descriptiva elaborada por July Marcela Rodríguez, a la cual se anexó un estudio estadístico del mercado inmobiliario y una investigación respaldada por el concepto de peritos. En esta línea, indicó que las normas que regulan los procedimientos catastrales permiten la aplicación de diversas metodologías técnicas, siempre que estas aseguren la adecuada identificación física, jurídica , fiscal y económica de los inmuebles. Así, concluyó que una eventual divergencia entre los resultados obtenidos con la metodología aplicada por el IGAC y los valores del mercado inmobiliario respondía a
adecuada identificación física, jurídica , fiscal y económica de los inmuebles. Así, concluyó que una eventual divergencia entre los resultados obtenidos con la metodología aplicada por el IGAC y los valores del mercado inmobiliario respondía a los insumos estudios utilizados para su implementaci ón, sin que ello implicara un desconocimiento de la normativa vigente.
18. Agregó que la omisión del IGAC en consultar directamente al Banco Agrario, la Notaría Única de Ayapel y la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos tampoco implicaba un quebrantami ento del ordenamiento jurídico, dado que ninguna norma impone la obligación de realizar dicha consulta. Finalmente, advirtió que los afectados por esta situación podían solicitar la revisión del avalúo conforme a lo previsto en la Ley 14 de 1983.
19. Por otra parte, el Tribunal sostuvo que, fuera del dicho del demandante, no existía prueba de que la conducta de los funcionarios del IGAC hubiera sido arbitraria o estuviera alejada de los fines de la función pública. En este sentido, señaló que no se acr editó ningún hecho que indicara que la entidad buscara aumentar el valor catastral de los inmuebles para perjudicar a sus propietarios ni que actuara con propósitos corruptos, más aún cuando dicha actualización redundaba en el incremento de los recaudos tr ibutarios para la entidad territorial por concepto de impuesto predial. Por otra parte, señaló que tampoco existía respaldo probatorio de la afirmación según la cual la contratista del IGAC, July Marcela Rodríguez Mustafá, habría actuado con la intención d e reducir los costos en que incurrió durante la ejecución del contrato de prestación de servicios, en detrimento de la calidad de su trabajo.
habría actuado con la intención d e reducir los costos en que incurrió durante la ejecución del contrato de prestación de servicios, en detrimento de la calidad de su trabajo.
Subdirección de Catastro emitido el 13 de diciembre de 2011; (v) Resolución No. 23-000-0350-2011 del 20 de diciembre, por la cual se ap robaron los estudios y se ordenó la liquidación de avalúos; (vi) Resolución No. 23-000-0353-2011 del 20 de diciembre de 2011, que ordenó la renovación de la inscripción catastral; (vii) acta de recibo final de 21 de diciembre de 2011; (viii) memoria del estudio de zonas homogéneas físicas y económicas del municipio; y (ix) oficio No. 1232020EE6144 del 18 de agosto de 2020 suscrito por la directora territorial. El municipio de Ayapel no solicitó ni aportó pruebas. 7 Exp. digital, Documento 50. 8 Exp. digital, Documento 51. 9 Exp. digital, Documento 58.Radicación: 23001233300020200048701 (70.476)
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II. EL RECURSO DE APELACIÓN
20. El demandante solicitó que se revoque la sentencia. Sostuvo que el Tribunal Administrativo omitió analizar varias acciones y omisiones imputadas al IGAC, que habrían implicado el desconocimiento de normas superiores: (i) la determinación del valor catastral exclusivamente con base en encuestas a peritos, sin la aplicación de
Administrativo omitió analizar varias acciones y omisiones imputadas al IGAC, que habrían implicado el desconocimiento de normas superiores: (i) la determinación del valor catastral exclusivamente con base en encuestas a peritos, sin la aplicación de metodologías técnicas complementarias; (ii) la omisión en la verificación de la idoneidad de los peritos encuestados; (iii) la falta de comprobación de que los peritos contaran con conocimiento suficiente sobre las características específicas de los predios y los factores que influían en su valoración, incluyendo limitaciones legales o condiciones físicas particulares; y, (iv) el incumplimiento de la obligación de realizar pruebas de los avalúos comerciales con un cubrimiento mínimo del 50% de los puntos de investigación.
21. También sostuvo que el Tribunal valoró indebidamente las pruebas al concluir que los anexos incluidos en la memoria descriptiva de la investigación realizada por la contratista demostraban la aplicación de los métodos técnicos establecidos en l a Resolución 070 de 2011. En esta línea, señaló que las fichas técnicas anexas contienen declaraciones como la siguiente: “ no se registran ofertas durante el recorrido efectuado por el profesional de zonas, la información de valores se obtiene a través de investigación directa ”. Afirmó que la supuesta inexistencia de transacciones no justificaba que la contratista del IGAC prescindiera de los métodos establecidos en las normas técnicas y basara la determinación del valor catastral exclusivamente en encuesta s. Por el contrario, debía consultar fuentes oficiales, como notarías, entidades financieras y oficinas de registro de instrumentos públicos.
Además, destacó que el Tribunal omitió valorar el documento titulado
exclusivamente en encuesta s. Por el contrario, debía consultar fuentes oficiales, como notarías, entidades financieras y oficinas de registro de instrumentos públicos. Además, destacó que el Tribunal omitió valorar el documento titulado “METODOLÓGICO Cod. M50100 -02/10 Fecha Dic. de 2010. Versión 1 ”, el cual prohíbe la determinación del valor catastral basada únicamente en encuestas, metodología que, según el demandante, fue la aplicada por el IGAC a través de su contratista.
22. Finalmente, sostuvo que el carácter arbitrario y caprich oso de la actuación del IGAC se acreditó con los documentos del expediente y se manifestaba en la inexactitud de las afirmaciones consignadas en los informes que sustentaron la actualización de los avalúos. En dichos informes se aseveró que “ el municipio n o presenta transacciones de compraventas representativas durante los últimos años, no cuenta con puntos de oferta o transacciones recientes ”. Sin embargo, indicó que la certificación emitida por la Notaría Única de Ayapel acreditaba el otorgamiento de más de 600 escrituras públicas entre 2011 y 2012, incluyendo múltiples contratos de compraventa. El apelante concluyó que esta distorsión de la realidad evidenciaba un direccionamiento indebido de la actuación administrativa y, por tanto, su carácter arbitrario.
Trámite en segunda instancia
23. Dentro del término previsto en el numeral 6 del artículo 247 del CPACA, el Ministerio Público presentó su concepto y solicitó confirmar la sentencia impugnada.
arbitrario.
Trámite en segunda instancia
23. Dentro del término previsto en el numeral 6 del artículo 247 del CPACA, el Ministerio Público presentó su concepto y solicitó confirmar la sentencia impugnada.
Argumentó que no se acreditó el elemento subjetivo de la violación, pues las pruebasRadicación: 23001233300020200048701 (70.476)
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del expediente no demostraban que la contratista del IGAC hubiese actuado con la intención de favorecer intereses particulares o de obtener un beneficio indebido. Por otra parte, sostuvo que, en última instancia, el actor popular pretendía la anulación de los actos a dministrativos mediante los cuales se ordenó la actualización de las formaciones catastrales de los predios rurales de Ayapel y la liquidación de los avalúos, por lo que sus pretensiones debieron formularse a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho10.
24. El IGAC y el municipio de Ayapel no se pronunciaron sobre el recurso de apelación.
III. CONSIDERACIONES
Objeto de la apelación
25. Corresponde determinar si los reparos del apelante evidencian errores en la justificación de la decisión impugnada sobre la inexistencia de una lesión al derecho a la moralidad administrativa y si, en consecuencia, dicha decisión debe revocarse.
26. La formulación del problema en clave de una supuesta vulneración al derecho colectivo a la moralidad administrativa permite anticipar el sentido de la decisión que
a la moralidad administrativa y si, en consecuencia, dicha decisión debe revocarse.
26. La formulación del problema en clave de una supuesta vulneración al derecho colectivo a la moralidad administrativa permite anticipar el sentido de la decisión que la Sala anuncia ab initio: confirmar la sentencia de primera instancia, que negó las pretensiones de la demanda. La razón de esta decisión radica en que la confrontación propuesta por el apelante entre (i) las normas superiores que regulan el procedimiento de actualización de las formaciones catastrales y (ii) los actos administrativos expedidos por el I GAC, es propia de un juicio de legalidad —que escapa a la competencia del juez popular — y no es suficiente para concluir la vulneración del derecho colectivo alegado. Para ello, es necesario acreditar elementos de naturaleza subjetiva que, en este caso, no fueron probados.
27. Para justificar la decisión anunciada, la Sala abordará los siguientes puntos: (i) la legitimación en la causa por pasiva del municipio de Ayapel; (ii) el contenido del derecho colectivo a la moralidad administrativa; (iii) las implicaciones de esta caracterización en la delimitación de las competencias del juez popular y del juez de la legalidad; y (iv) l
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