CE - Sentencia 25000233700020210011101
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 25000233700020210011101
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., trece (13) de noviembre de dos mil veinticinco (2025) Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación 25000-23-37-000-2021-00111-01 (28452)
Demandante YARA INDUSTRIAL COLOMBIA S.A.S.
Demandada DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN Temas Impuesto sobre la renta. Año 2013. Depreciación acelerada. Obsolescencia. Sanción por rechazo y/o disminución de pérdidas. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 19 de octubre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Sub-Sección B1, que resolvió lo siguiente: “PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda presentada por la sociedad Yara Industrial Colombia S.A.S. contra la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: No se condena en costas por no haberse causado. (…)”.
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA El 14 de abril de 2014, Yara Industrial Colombia S.A.S. (en adelante, Yara) presentó la declaración del impuesto sobre la renta y complementario del año gravable 2013, con pérdida líquida y saldo a favor, la cual fue objeto de corrección el 5 de mayo de
declaración del impuesto sobre la renta y complementario del año gravable 2013, con pérdida líquida y saldo a favor, la cual fue objeto de corrección el 5 de mayo de 2015, disminuyendo el saldo a favor. Previa emisión del requerimiento especial y su respuesta, la DIAN expidió la liquidación oficial de revisión nro. 312412019000047 del 13 de septiembre de 2019, que modificó la declaración de corrección en el sentido de desconocer gastos operacionales de administración (deducción por depreciación acelerada). A partir de esto, disminuyó la pérdida líquida, impuso la sanción de inexactitud prevista en el artículo 647-1 del Estatuto Tributario, y redujo el saldo a favor. El 18 de noviembre de 2019, el contribuyente interpuso recurso de reconsideración y el 21 de septiembre de 2020 la Administración emitió la resolución nro. 992232020000148 que confirmó la liquidación oficial. ANTECEDENTES DEL PROCESO Demanda En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 1 Samai Tribunal, índice 33.Radicado: 25000-23-37-000-2021-00111-01 (28452)
Demandante: Yara Industrial Colombia S.A.S.
2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), el demandante formuló las siguientes pretensiones2:
www.consejodeestado.gov.co Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), el demandante formuló las siguientes pretensiones2:
“A. A TÍTULO DE NULIDAD.
Respetuosamente solicito a los Honorables Magistrados que se declare la Nulidad Absoluta de: (i) la Liquidación Oficial de Revisión No. 312412019000047 del 13 de septiembre de 2019, por medio de la cual la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes modificó la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios presentada por la Compañía por el período gravable 2013; y (ii) la Resolución No. 992232020000148 del 21 de septiembre de 2020, por medio de la cual la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, resolvió el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Demandante en contra de la Liquidación Oficial de Revisión. En caso de que se acepten parcialmente los argumentos expuestos por la Demandante durante este proceso judicial, solicito respetuosamente a su Honorable Despacho se sirva declarar la Nulidad Parcial de los Actos Administrativos demandados, derivada de los fundamentos aceptados, liquidando el saldo a pagar correspondiente a la Compañía.
B. A TÍTULO DE RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO.
Respetuosamente solicito a su Honorable Despacho que, como consecuencia de la Nulidad
fundamentos aceptados, liquidando el saldo a pagar correspondiente a la Compañía.
B. A TÍTULO DE RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO.
Respetuosamente solicito a su Honorable Despacho que, como consecuencia de la Nulidad de los Actos Administrativos demandados, se declare como Restablecimiento del Derecho que la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios presentada por la Compañía correspondiente al período gravable 2013 se encuentra en firme. Subsidiariamente, en caso de que su Honorable Despacho declare la Nulidad Parcial de los Actos Administrativos demandados, y no obstante considere que en el presente caso mi representada no declaró correctamente el impuesto sobre la renta y complementarios para el período gravable 2013, solicito respetuosamente que como Restablecimiento del Derecho se sirva determinar y liquidar el impuesto sobre la renta y complementarios del período gravable 2013 a cargo de la Compañía, de conformidad con los presupuestos debidamente acreditados en el presente caso.” A los anteriores efectos, el demandante3 invocó como normas violadas los artículos 29, 83 y 223 de la Constitución Política; 26, 107, 128, 129, 647-1 y 777 del Estatuto Tributario; 264 de la Ley 223 de 1995; 1.6.1.5.7 del Decreto 1625 de 2016; y 64 del Decreto 2649 de 1993. Preliminarmente, relató que, el 12 de junio de 1996, la sociedad suscribió con Indumil un contrato de coproducción de material explosivo destinado a la industria minera. No obstante, en julio de 2012 intentó renegociar el precio pactado en el
Indumil un contrato de coproducción de material explosivo destinado a la industria minera. No obstante, en julio de 2012 intentó renegociar el precio pactado en el contrato y el 8 de noviembre de 2013, dado que no se llegó a un acuerdo, este se terminó.
1. Interpretación errada del artículo 129 del Estatuto Tributario Explicó que el artículo 129 del Estatuto Tributario establece que el presupuesto fáctico y jurídico de la obsolescencia se configura con la modificación de las circunstancias económicas en la explotación de los activos adquiridos para desarrollar un negocio jurídico. Sin embargo, la DIAN limitó la obsolescencia a tres casos: i) el cumplimiento de la vida útil del bien, ii) el desarrollo de nuevas tecnologías que deriven en deficiente funcionamiento de este y iii) la imposibilidad de encontrar repuestos adecuados. 2 Samai Tribunal, índice 11 (reforma demanda). 3 Se pone de presente que el actor allegó reforma de la demanda “integrando la misma al texto inicial en un solo documento”
(Samai Tribunal, índice 11. Página 5), que se resume a continuación.Radicado: 25000-23-37-000-2021-00111-01 (28452)
Demandante: Yara Industrial Colombia S.A.S.
3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Consideró que los actos desconocieron que la compañía demostró que los activos adquiridos para el acuerdo de coproducción eran inutilizables para la sociedad,
www.consejodeestado.gov.co Consideró que los actos desconocieron que la compañía demostró que los activos adquiridos para el acuerdo de coproducción eran inutilizables para la sociedad, dada la inviabilidad económica de la ejecución del contrato, lo que permitió tomar la deducción por depreciación acelerada, debido a que la obsolescencia se generó por motivos económicos. Reseñó que la jurisprudencia4 ha aceptado que la deducción por obsolescencia es un hecho que incide en la determinación de la renta y que tiene diversos requisitos tales como: i) acreditar con documentos los motivos del retiro de los bienes antes de la terminación de la vida útil señalada y ii) establecer las explicaciones que evidencien el cambio de situación. Dijo que la sociedad cumplió los requisitos reseñados dado que soportó la inutilidad súbita de los bienes por motivos de índole jurídico-económico en los estados financieros de los años 2012 y 2013, el estudio técnico del contrato de coproducción y el acta 11 del comité de conciliación efectuada por Indumil. Agregó que, la imposibilidad de renegociar el precio del contrato llevó al abandono de los activos, porque habían sido adquiridos para la coproducción del material explosivo, actividad que solamente puede realizar el Estado colombiano. Cuestionó los argumentos de la DIAN frente al hecho de que los activos no se utilizaran en la actividad productora de renta de la sociedad, pues consta en el acta nro. 01.575.650 del 6 de agosto de 2014, que los activos se transfirieron a Indumil en su totalidad a través de una diligencia de posesión, situación que hacía nugatoria su
nro. 01.575.650 del 6 de agosto de 2014, que los activos se transfirieron a Indumil en su totalidad a través de una diligencia de posesión, situación que hacía nugatoria su utilización, ya que no eran parte de los activos de la actora. Adicionó que, el certificado de revisor fiscal demostró que los bienes se encontraban directa y exclusivamente relacionados con la ejecución del acuerdo de coproducción suscrito con Indumil, de suerte que ante su finalización los activos devinieron obsoletos. Concluyó que la terminación del acuerdo generó la imposibilidad física y económica de usar los bienes ya que solo podían ser utilizados por el Estado y fueron entregados a Indumil.
2. Falta de aplicación del artículo 128 del Estatuto Tributario Dijo que la deducción por depreciación cumple los requisitos del artículo 128 del Estatuto Tributario, que se concretan en i) el desgaste, deterioro normal u obsolescencia del activo, sustentado en el cargo anterior, y ii) que el bien hubiere sido utilizado en el año gravable, como en este caso, ocurrió durante el período
2013. Como sustento, presentó un cuadro con las pruebas allegadas para demostrar la operación, el cambio en la situación económica, la terminación del contrato, la depreciación ajustada y la transferencia de los activos.
Anotó que el estudio técnico demostró que la totalidad de los activos depreciados corresponden al acuerdo de coproducción, “bienes sobre los cuales la Demandada aceptó la procedencia de la depreciación hasta noviembre de 2013, con lo cual, carece de asidero y
Anotó que el estudio técnico demostró que la totalidad de los activos depreciados corresponden al acuerdo de coproducción, “bienes sobre los cuales la Demandada aceptó la procedencia de la depreciación hasta noviembre de 2013, con lo cual, carece de asidero y fundamento señalar que dichos bienes se utilizaron hasta noviembre de 2013 y al mismo tiempo que no se utilizaron durante el 2013”. Agregó que, los activos sí generaron renta, como se desprende de la depuración del impuesto de renta de 2013. Y, concluyó que, dado el cambio de las condiciones económicas y jurídicas que impidieron utilizar los bienes, “era procedente depreciar en el año 2013 lo que restaba depreciar de los activos”. 4 Citó las sentencias del 18 de junio de 2015, exp. 18792, del 11 de noviembre de 2009, exp. 16944, del 18 de junio de 2015, exp. 18792, del 30 de septiembre de 2010, exp. 17097, del 13 de junio de 2011, exp. 17934 del Consejo de Estado.Radicado: 25000-23-37-000-2021-00111-01 (28452)
Demandante: Yara Industrial Colombia S.A.S.
4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
3. Violación de los principios de buena fe, confianza legítima y respeto por los actos propios Aseveró que la DIAN aceptó la procedencia de la depreciación por línea recta de los activos CT 151250, CT 151250 tolvas y tornillos, ANS 150810, adecuación taller
los actos propios Aseveró que la DIAN aceptó la procedencia de la depreciación por línea recta de los activos CT 151250, CT 151250 tolvas y tornillos, ANS 150810, adecuación taller (15169500), estructura metálica (15169500 otros), y soporte trabajo en altura (15169500 otros), por los meses de enero a noviembre de 2013. No obstante, en la resolución que resolvió el recurso de reconsideración, desconoció la que correspondía a los mismos activos para efectos de la depreciación por obsolescencia. Lo cual constituye una violación del principio confianza legítima, la buena fe y el respeto por los actos propios, pues desde un inicio la DIAN había determinado que los bienes depreciados corresponden a los relacionados con el contrato de coproducción.
4. Infracción del artículo 223 de la Constitución Política Insistió en que es improcedente que se rechace la obsolescencia porque los bienes no se usaron durante todo el año 2013, pues desde la terminación del contrato de coproducción, la planta de fabricación de explosivos era inutilizable, debido a que el monopolio de armas, municiones de guerra y explosivos radica en cabeza del Gobierno (artículo 223 de la Constitución Política).
5. Pretermisión del artículo 107 del Estatuto Tributario Explicó que la deducción por depreciación acelerada tenía relación de causalidad con su actividad productora de renta, en particular, la elaboración de productos requeridos para la industria minera, porque recae sobre activos adquiridos para la ejecución del contrato suscrito con Indumil, hecho aceptado por la DIAN.
Agregó que la depreciación fue una erogación: (i) necesaria dado el cambio de
requeridos para la industria minera, porque recae sobre activos adquiridos para la ejecución del contrato suscrito con Indumil, hecho aceptado por la DIAN. Agregó que la depreciación fue una erogación: (i) necesaria dado el cambio de condiciones económicas del contrato y la imposibilidad sobreviniente de utilizar los activos que derivaron en que se dieran de baja, (ii) proporcional pues es razonable a la luz de la situación económica de la actora y el acuerdo suscrito con Indumil. Narró que adquirió activos técnicos y especializados para producir emulsión matriz y elaborar “Anfo y Mezclas”, incurriendo en un gasto del 5,54% de la renta bruta. Adicionó que la necesidad y la proporcionalidad fueron aceptadas por la DIAN cuando señala que la deducción era procedente hasta noviembre de 2013.
6. Transgresión de los conceptos DIAN 013816 de 2006 y 22392 de 2010
Invocó el concepto DIAN 013816 de 2006 que, a su juicio, avala tomar como deducible la totalidad de la depreciación pendiente de un activo, antes del vencimiento de la vida útil, en los casos en que deba ser abandonado por inadecuado. Y con fundamento en el concepto DIAN 22392 de 2010, sostuvo que acreditó los requisitos de la deducción por obsolescencia en el estudio técnico y el acta que dio de baja para hacer el respectivo registro contable, sin embargo, la administración desconoció sus propios conceptos.
7. Inaplicación de los artículos 26 del Estatuto Tributario y 1.6.1.5.7. del Decreto 1625 de 2016
administración desconoció sus propios conceptos.
7. Inaplicación de los artículos 26 del Estatuto Tributario y 1.6.1.5.7. del Decreto 1625 de 2016
Censuró que la DIAN adujera que el período gravable del impuesto sobre la renta no debía ser analizado en forma anual, como lo prevén los artículos 26 de Estatuto Tributario y 1.6.1.5.7. del Decreto 1625 de 2016, sino que se tenía que cedularRadicado: 25000-23-37-000-2021-00111-01 (28452)
Demandante: Yara Industrial Colombia S.A.S.
5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co según cada circunstancia económica ocurrida en forma independiente durante el respectivo año gravable. Por esta razón, debido a que los activos solo fueron utilizados hasta el 15 de noviembre de 2013, la Administración omitió que sí se usaron durante el período 2013 y rechazó la deducción por depreciación. Reconoció que si bien, los hechos económicos deben registrarse en la contabilidad en el momento de su ocurrencia, no es menos cierto que para fines fiscales una vez materializada la obsolescencia, por la imposibilidad de utilizar el bien, entre otras, se podrá tomar la totalidad de la depreciación restante.
8. Inaplicación del artículo 64 del Decreto 2649 de 1993
Sostuvo que la vida útil de los bienes depreciables puede variar por razones distintas a “las condiciones de ser utilizados”, como equivocadamente lo adujo la DIAN, pues también atiende a los cambios económicos o jurídicos, como lo prevé el
Sostuvo que la vida útil de los bienes depreciables puede variar por razones distintas a “las condiciones de ser utilizados”, como equivocadamente lo adujo la DIAN, pues también atiende a los cambios económicos o jurídicos, como lo prevé el artículo 64 del Decreto 2649 de 1993.
9. Falta de aplicación del artículo 777 del Estatuto Tributario Afirmó que el certificado de revisor fiscal aportado con el recurso de reconsideración era prueba conducente, pertinente y útil al demostrar que los bienes objeto de depreciación, como “CT 151250, CT 151250 tolvas y tornillos, ANS 150810, adecuación taller, estructura metálica y soporte trabajo en altura” guardan relación con el acuerdo de coproducción. Dijo que con la reforma a la demanda allega estudio técnico en el que se explica el detalle de los bienes y el motivo de la obsolescencia, así como un certificado que acredita la dada de baja. Y acusó a la demandada de no realizar una valoración sistemática de las pruebas.
10. Improcedencia de la sanción por rechazo de pérdidas Estimó que la sanción era improcedente dada la ausencia de hecho sancionable ante la veracidad de la información registrada. Alegó una diferencia de criterios como causal eximente de la sanción, en cuanto a la interpretación de los artículos 128 y 129 del Estatuto Tributario, la jurisprudencia del Consejo de Estado, y los conceptos DIAN 013816 de 2006 y 22392 de 2012.
Oposición de la demanda La DIAN controvirtió las pretensiones de la reforma de la demanda, así5: Mencionó que la obsolescencia de los activos se encuentra relacionada con su
Oposición de la demanda La DIAN controvirtió las pretensiones de la reforma de la demanda, así5: Mencionó que la obsolescencia de los activos se encuentra relacionada con su desgaste natural o por la ocurrencia de un imprevisto que modifique sus características físicas o económicas que lo pongan en condiciones de abandono por inutilidad, y no con la finalización anticipada de un contrato, hecho en virtud del cual no puede entenderse que los bienes perdieran su vida útil, pues en este caso, está probado que los activos pasaron a ser de Indumil y podían seguir siendo utilizados. Advirtió que para probar la obsolescencia es necesario aportar un estudio técnico que justifique la razón por la cual el activo se considera obsoleto y además debe quedar registrado mediante un acta que el bien fue dado de baja, pues de no efectuarse su destrucción no tendría sentido afirmar que este perdió su vida útil; sin embargo, la deducción solicitada por la actora no se respalda en dichos soportes. 5 Samai Tribunal, índice 24.Radicado: 25000-23-37-000-2021-00111-01 (28452)
Demandante: Yara Industrial Colombia S.A.S.
6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Precisó que el certificado de revisor fiscal aportado en la reforma de la demanda solo prueba el tratamiento contable aplicado a los activos entregados a título gratuito a Indumil por la terminación anticipada del contrato, y no que los bienes fueron dados de baja. Anotó que el cambio de condiciones económicas debe predicarse frente a los
solo prueba el tratamiento contable aplicado a los activos entregados a título gratuito a Indumil por la terminación anticipada del contrato, y no que los bienes fueron dados de baja. Anotó que el cambio de condiciones económicas debe predicarse frente a los bienes, y no a las decisiones que adopte la sociedad en sus relaciones contractuales. Advirtió que, en medio de la renegociación del acuerdo de coproducción, el contribuyente siguió adquiriendo activos para el desarrollo del contrato, el cual finalizó solo unos meses después, aun sabiendo que, según lo pactado, los bienes iban a ser entregados a título gratuito a Indumil. De manera que, esa decisión no es oponible al fisco, ni da derecho a la deducción por obsolescencia. Añadió que, desde noviembre de 2013, los activos no fueron utilizados en la actividad productora de renta de la sociedad. En consecuencia, lo que debía tomarse era el valor normal de depreciación del activo, y no el remanente. Resaltó que frente a los bienes que fueron objeto de depreciación acelerada identificados como tolvas y tornillos, adecuación de taller, estructura metálica y soporte de trabajo en altura, nunca se demostró su exclusividad en la ejecución del contrato de coproducción que había suscrito Yara con Indumil, así como tampoco, se acreditó la vida útil de cada uno, por lo que ello impidió a la Administración establecer la naturaleza jurídica de los bienes relacionados y el tratamiento fiscal de los mismos. Observó que la actora no aportó un documento soporte que evidenciara los bienes que se adquirieron para la ejecución del acuerdo, para constatar su utilización y
establecer la naturaleza jurídica de los bienes relacionados y el tratamiento fiscal de los mismos. Observó que la actora no aportó un documento soporte que evidenciara los bienes que se adquirieron para la ejecución del acuerdo, para constatar su utilización y participación en la generación de ingresos. Añadió que, uno de los medios probatorios de la deducción es el acta de los bienes dados de baja, debidamente suscrita, la cual nunca fue allegada. A partir de la definición de obsolescencia de la Real Academia Española concluyó que si la sociedad consideraba que los bienes eran obsoletos debió destruirlos. Dijo que no tienen lugar los argumentos de la reforma de la demanda relativos al artículo 107 del Estatuto Tributario, pues en este caso, se discute la deducción especial por obsolescencia, cuya procedencia atiende a unos presupuestos específicos contemplados en el artículo 129 ibidem. Clarificó que, en todo caso, los requisitos de la primera norma no se cumplen, en particular frente a la necesidad de la expensa pues los bienes fueron entregados voluntariamente y a título gratuito, de modo que, no contribuyeron a la actividad generadora de renta ni trajeron algún beneficio. Advirtió que la compañía pretende llevar una depreciación acelerada de activos que no se dieron de baja, y que, desde el mes de noviembre de 2013, continuaron su vida útil en manos de un tercero -Indumil-, quien quedó con la posesión de los bienes debido a que se utilizan en la fabricación de explosivos, que es una labor exclusiva del Estado. Y, concluyó que el manejo del contrato no puede afectar los intereses del fisco.
debido a que se utilizan en la fabricación de explosivos, que es una labor exclusiva del Estado. Y, concluyó que el manejo del contrato no puede afectar los intereses del fisco. Desestimó la aplicación del artículo 128 del Estatuto Tributario dado que no es el caso de un contribuyente que hubiese deducido cantidades razonables por depreciación, sino el de uno que decidió llevarse la totalidad de la depreciación por considerar que ésta debía acelerarse con ocasión de la supuesta obsolescencia de los bienes, la cual no se demostró.Radicado: 25000-23-37-000-2021-00111-01 (28452)
Demandante: Yara Industrial Colombia S.A.S.
7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Estimó procedente la sanción por disminución de pérdidas dado que se registraron deducciones a las que no se tenía derecho. Que, el rechazo de los gastos operacionales de administración es un debate probatorio y no de interpretación normativa, de manera que no hay una diferencia de criterios. Sentencia apelada El Tribunal6 negó las pretensiones de la demanda y no condenó en costas, con fundamento en las siguientes consideraciones: Definió la depreciación e hizo referencia a los artículos 128, 129 y 138 del Estatuto Tributario para establecer que una de sus causas es la obsolescencia, que ocurre cuando un bien empleado en la actividad productora de renta pierde su función y se convierte en inutilizable por la modificación en sus condiciones físicas o
Tributario para establecer que una de sus causas es la obsolescencia, que ocurre cuando un bien empleado en la actividad productora de renta pierde su función y se convierte en inutilizable por la modificación en sus condiciones físicas o económicas. Y que la vida útil de un bien puede ser menor a la autorizada en el reglamento, siempre que se rindan las explicaciones necesarias7. Transcribió apartes del acuerdo suscrito entre la actora e Indumil, el cual consistió en la coproducción de productos explosivos destinados a la industria minera en Colombia. Dijo que, de conformidad con la adición 2 del contrato numeral 13.3, la empresa acordó con Indumil la cesión de la propiedad de la planta y equipos usados en el mismo, incluyendo los saldos pendientes de depreciación cuando sucediera la terminación anticipada de la negociación, sin importar la causa. Relacionó los bienes adquiridos para la ejecución del contrato, con fecha de compra, valor y cuotas a depreciar, para señalar que la compra fue registrada contablemente junto con la depreciación, como se refleja en el libro de movimiento de cuentas de 2008 a 2013 y el certificado de revisor fiscal. Relató que el 23 de septiembre de 2013, Yara manifestó la imposibilidad de seguir ejecutando el contrato, a menos de que se renegociara, so pena de darlo por terminado y que, en virtud de ello, la sociedad aceleró la depreciación de los bienes durante los meses noviembre y diciembre de 2013, invocando su obsolescencia. Aceptó que acelerar la depreciación era posible ante el cambio de las condiciones económicas del contrato, pues “se justifica en el desequilibrio económico que acarreaba la
diciembre de 2013, invocando su obsolescencia. Aceptó que acelerar la depreciación era posible ante el cambio de las condiciones económicas del contrato, pues “se justifica en el desequilibrio económico que acarreaba la continuación del contrato para la demandante, en tanto el precio pactado no fue modificado por Indumil”. Sin embargo, no obraba en el expediente acta que diera cuenta de que los bienes adquiridos para el contrato se dieron de baja, ni su descripción y monto para tener certeza de la identificación de los activos y dilucidar si éstos en realidad podían calificarse como obsoletos. Añadió que solo se allegó la certificación de Deloitte, la cual era una prueba insuficiente pues solo acreditaba el tratamiento contable de los activos, y no que fueron dados de baja. Agregó que, la decisión del Tribunal de Arbitramento sobre la terminación anticipada del contrato con Indumil se adoptó en 2015, con posterioridad al año fiscalizado. Advirtió que, según quedó establecido en la adición del contrato, con la terminación anticipada, los bienes adquiridos por la actora fueron cedidos a Indumil sin costo alguno, incluyendo el saldo susceptible de ser depreciado. Esto último se constata en el estudio técnico aportado con la reforma a la demanda que indica que Indumil tomó posesión de la planta de producción en noviembre de 2013. 6 Samai Tribunal, índice 33. 7 Sobre el tema citó la sentencia del 12 de marzo de 2009, exp. 16242, C.P. Ligia López Díaz del Consejo de Estado.Radicado: 25000-23-37-000-2021-00111-01 (28452)
Demandante: Yara Industrial Colombia S.A.S.
8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co A partir de lo anterior, consideró que de acuerdo a lo pactado entre las partes, la consecuencia de la terminación anticipada del contrato no daba lugar a que la demandante acelerara el proceso de depreciación de los bienes adquiridos bajo la figura de la obsolescencia porque, de un lado, éstos fueron cedidos gratuitamente a Indumil para ser empleados en la planta, hecho que indica que a partir de ese momento debió cesar todo registro contable de la depreciación a cargo de la demandante, y del otro, tampoco podía la empresa incluir en su contabilidad un gasto por obsolescencia, una vez los bienes salieron de su propiedad. Añadió que el proceso de aceleramiento de la depreciación no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 139 del Estatuto Tributario toda vez que, de acuerdo con las notas a los estados financieros, los bienes adquiridos en cumplimiento del contrato suscrito con Indumil dejaron de producir ingresos desde marzo de 2012, lo que implica que durante el periodo 2013 objeto de fiscalización, éstos no fueron empleados para el desarrollo de la actividad productora de renta. Estimó procedente la sanción por disminución de pérdidas ya que se comprobó que la sociedad declaró una deducción por depreciación de activos que no se encuentra debidamente soportada, lo que condujo, a su vez, a liquidar una pérdida fiscal superior a la que correspondía. Ordenó no condenar en costas, al no encontrarlas demostradas en el expediente. Recurso de apelación
encuentra debidamente soportada, lo que condujo, a su vez, a liquidar una pérdida fiscal superior a la que correspondía. Ordenó no condenar en costas, al no encontrarlas demostradas en el expediente. Recurso de apelación El demandante apeló la decisión de primera instancia, 8 advirtiendo que el a quo omitió pronunciarse sobre la totalidad de los diez cargos propuestos en la reforma de la demanda, e instó a que se protegiera la tutela judicial efectiva, mediante pronunciamiento sobre todos los reparos planteados. Manifestó que, contrario a lo señalado por el tribunal, los artículos 128 y 129 del Estatuto Tributario no obligan a sustentar la obsolescencia a partir de un acta o una prueba en particular que describa los bienes obsoleto s. Por el contrario, la libertad probatoria facultaba a identificarlos a través de cualquier medio de prueba conducente, pertinente y útil9, sin que fuera dable imponer una tarifa legal que es del resorte del legislador. Observó que demostró los bienes dados de ba
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