CE - Sentencia 50001233300020140006101
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 50001233300020140006101
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Expediente: 500012333000201400061 01 (69.503)
Demandantes: Empresa de Transporte de Servicio Especial y
Escolar ESCOTURS S.A.S.
Demandado: Municipio de Acacías Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho Asunto: Sentencia de segunda instancia
TEMAS: NULIDAD DEL PLIEGO DE CONDICIONES – el interés para demandar este acto se ubica en un escenario de protección objetiva del ordenamiento jurídico / REQUISITOS QUE ATENTAN CONTRA LA TRANSPARENCIA Y SELECCIÓN OBJETIVA – aquellos que generan un direccionamiento a favor de unos oferentes determinados, sin que exista una razón justificativa / NULIDAD DEL ACTO DE ADJUDICACIÓN – no prospera cuando no se demuestra haber presentado la mejor propuesta en el proceso de selección.
Surtido el trámite de ley sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo actuado, la Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia que declaró probada la falta de legitimación en la causa de la parte actora y, como consecuencia, negó las súplicas de la demanda.
El centro de la controversia impone determinar si procede la declaratoria de nulidad del pliego de condiciones y del acto de adjudicación proferidos en el marco de una licitación pública, que incluyó un requisito de habilitación que el actor califica como
El centro de la controversia impone determinar si procede la declaratoria de nulidad del pliego de condiciones y del acto de adjudicación proferidos en el marco de una licitación pública, que incluyó un requisito de habilitación que el actor califica como “direccionado”.
I.LA SENTENCIA IMPUGNADA
1. Corresponde a la decisión adoptada el 1 de diciembre de 2022, por medio de la cual el Tribunal Administrativo del Meta profirió las siguientes determinaciones:
“PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por el magistrado CARLOS ENRIQUE ARDILA OBANDO, conforme se expuso en esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR PROBADA DE OFICIO LA EXCEPCI ÓN DE FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.
TERCERO: NEGAR las pretensiones de la demanda.
CUARTO: CONDENAR en costas a la parte actora”1.
1 Índice 8, SAMAI –Gestión en otras corporaciones, TA Meta–.Expediente 500012333000201400061 01 (69.503)
Demandantes: Empresa de Transporte de Servicio
Especial y Escolar ESCOTURS S.A.S.
Demandado: Municipio de Acacías Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
2
2. El anterior proveído decidió la demanda instaurada el 24 de septiembre de 20132 por la Empresa de Transporte de Servicio Especial y Escolar S.A.S. (en adelante Escoturs, la empresa o la demandante) contra el Municipio de Acacías (en adelante el Municipio, la entidad o el demandado).
20132 por la Empresa de Transporte de Servicio Especial y Escolar S.A.S. (en adelante Escoturs, la empresa o la demandante) contra el Municipio de Acacías (en adelante el Municipio, la entidad o el demandado).
3. Las pretensiones, hechos principales y fundamentos jurídicos se enuncian a continuación.
Pretensiones3
4. La empresa solicitó que se hicieran las siguientes declaraciones y condenas
(transcripción literal incluidos eventuales errores):
“DECLARATIVAS
1. DECLARAR la nulidad del pliego de condiciones definitivo de la LICITACIÓN PÚBLICA No. DOAC -LP-012-2013 mediante el cual el municipio de ACACIAS – META, (sic) invitó a ofertar el ‘SERVICIO DE
TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS
DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL
MUNICIPIO DE ACACIAS – META’.
2. DECLARAR la nulidad de la resolución No. 081 del 14 de agosto de 2013 de la Dirección Operativa de Apoyo a la Contratación del municipio de Acacías – Meta, mediante la cual se adjudicó la Convocatoria Pública No. DOAC-LP-012-201 (sic) a la empresa TRANSPORTES MORICHAL
S.A.
3. DECLARAR que la propuesta presentada por la EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO ESPECIAL Y ESCOLAR ESCOTUR (sic) S.A.S. presentaba mejores beneficios para el Municipio de Acacias en razón a que su valor es inferior.
DE CONDENA
1. SUBSIDIARIAMENTE, que se condene al municipio de Acacías –
Meta a pagar a la EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO
razón a que su valor es inferior.
DE CONDENA
1. SUBSIDIARIAMENTE, que se condene al municipio de Acacías – Meta a pagar a la EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO ESPECIAL Y ESCOLAR ESCOTUR (sic) S.A.S., las siguientes sumas:
2. TRESCIENTOS NUEVE MILLONES CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($309.042.875.00) , la cual corresponde a las utilidades que hubiera percibido si se adjudica a su nombre el contrato.
3. SEIS MILLONES DE PESOS ($6.000.000.00) correspondiente a los gastos administrativos y demás en que debió incurrir para atender los requerimientos del pliego de condiciones.
4. Los intereses de mora sobre las cifras referidas en las pretensiones 2 y 3, liquidados a la tasa máxima legal certificada para cada período por la Superintendencia Financiera de Colombia, desde el momento en que se adjudicó el contrato hasta la fecha en que efectivamente se haga el pago”4
(resaltado del texto original).
2 Índice 1, SAMAI –Gestión en otras corporaciones, TA META–, archivo “CUADERNO UNO”, fl. 13 3 Incluidos los cambios efectuados en la corrección de la demanda, presentada el 29 de noviembre de 2013 (índice 1, SAMAI –Gestión en otras corporaciones, TA META–, archivo “CUADERNO UNO”, fl. 134 a 143). 4 Índice 1, SAMAI –Gestión en otras corporaciones, TA META–, archivo “CUADERNO UNO”, fl. 137.Expediente 500012333000201400061 01 (69.503)
Demandantes: Empresa de Transporte de Servicio
4 Índice 1, SAMAI –Gestión en otras corporaciones, TA META–, archivo “CUADERNO UNO”, fl. 137.Expediente 500012333000201400061 01 (69.503)
Demandantes: Empresa de Transporte de Servicio
Especial y Escolar ESCOTURS S.A.S.
Demandado: Municipio de Acacías Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
3
Hechos
5. El Municipio abrió la licitación pública No. DOAC -LP-012-2013, cuyo objeto consistió en la prestación del “servicio de transporte escolar para los estudiantes de las diferentes instituciones educativas oficiales de Acacías – Meta”, por un presupuesto de $1.239’756.752 y un plazo de 173 días calendario (contabilizados a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato).
6. Dentro de los parámetros de evaluación, el relativo a la “Calidad (experiencia específica en la prestación del servicio de transporte)” , se contempló que si el proponente acreditaba su domicilio principal en el Municipio obtendría una calificación de 100 puntos o si tenía una sucursal en éste tendría un puntaje de 50.
7. La única empresa habilitada para prestar el transporte de pasajeros con domicilio principal en el Municipio era Transportes Morichal.
8. En escrito del 17 de julio de 2013, Escoturs puso de presente a la entidad tal situación, al considerarla ajena a los principios de transparencia e igualdad de los interesados en la selección para la prestación del servicio; frente a ello, el Municipio afirmó que era indispensable que el proponente se ubicara dentro de su jurisdicción
situación, al considerarla ajena a los principios de transparencia e igualdad de los interesados en la selección para la prestación del servicio; frente a ello, el Municipio afirmó que era indispensable que el proponente se ubicara dentro de su jurisdicción territorial para garantizar un servicio eficiente, eficaz y presto, al tener disponibles los vehículos dentro de su circunscripción ante posibles eventualidades.
9. Escoturs presentó oferta dentro de la licitación antes mencionada. Indicó que su propuesta fue la mejor en términos económicos y acreditó la capacidad jurídica, financiera y técnica para cumplir el objeto licitado; además, en años anteriores ya había prestado dicho servicio a los estudiantes del Municipio.
10. La entidad, mediante acta del 2 de agosto de 2013, rechazó el ofrecimiento de la demandante, por no cumplir con el requisito de “capacidad técnica ‘DOMICILIO DE LOS PROPONENTES’”, y, a través de la Resolución No. 81 del 14 de agosto de 2013, adjudicó el proceso de selección a Transportes Morichal S.A.
Fundamentos de derecho
11. Con la expedición de los actos enjuiciados, el Municipio vulneró los arts. 1 y 2 de la Constitución Política, 3, 29 y 30 de la Ley 80 de 1993 y 5 de la Ley 1150 de
2007. La empresa adujo que los parámetros de evaluación consagrados en el pliego desconocieron el mandato de selección objetiva.
12. Sostuvo que el demandado otorgó puntaje a la acreditación del lugar de domicilio del proponente, pese a que se trata de un aspecto vinculado a la capacidad
desconocieron el mandato de selección objetiva.
12. Sostuvo que el demandado otorgó puntaje a la acreditación del lugar de domicilio del proponente, pese a que se trata de un aspecto vinculado a la capacidad técnica; además, según el art. 5 de la Ley 1150 de 2007, el único factor de evaluación debía ser el precio, al tratarse del suministro de un servicio de características técnicas uniformes y de común utilización.
13. El Municipio, rechazó la oferta con base en una causal que no fue prevista en el pliego de condiciones, esto es, que los participantes no probaran tener como domicilio principal dicha entidad territorial.Expediente 500012333000201400061 01 (69.503)
Demandantes: Empresa de Transporte de Servicio
Especial y Escolar ESCOTURS S.A.S.
Demandado: Municipio de Acacías Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
4
Contestación de la demanda5
14. El Municipio se opuso a las pretensiones de la demanda. Afirmó que no es cierto que la entidad hubiese direccionado los requisitos de selección y, en todo caso, Escoturs aceptó tal requerimiento al dejar fenecer la oportunidad con la que contaba para hacer aclaraciones u observaciones frente al pliego, pues presentó estas últimas el 17 de julio de 2013, y el día anterior había vencido el plazo previsto en el cronograma para tal efecto.
15. Aseguró que era admisible que en la licitación se incluyeran parámetros de selección distintos al menor precio de los bienes o servicios a contratar.
16. Como medios de defensa planteó: la “caducidad del medio de control”6, por
selección distintos al menor precio de los bienes o servicios a contratar.
16. Como medios de defensa planteó: la “caducidad del medio de control”6, por cuanto el plazo para demandar venció el 31 de enero de 2014 y el libelo se radicó el 7 de febrero de ese año; e “indebido agotamiento del requisito de procedibilidad”7, pues la demandante omitió enviar copia de la solicitud de conciliación extrajudicial al convocado, contraviniendo lo previsto en el art. 6 del Decreto 1716 de 2009.
Alegatos en primera instancia
17. Surtido el debate probatorio8, en la continuación de la audiencia de pruebas celebrada el 16 de marzo de 20179, el a quo corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para emitir concepto, quien guardó silencio. El ente público reiteró las razones de su defensa10, mientras que Escoturs señaló que dentro de la logística requerida para la prestación del servicio de transporte se contempló la disponibilidad de vehículos para atender las eventualidades a las que hizo alusión el Municipio y recalcó que el requisito atinente al domicilio de l os proponentes constituyó un criterio discriminatorio11.
5 En auto del 14 de noviembre de 2013, el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Villavicencio inadmitió la demanda y concedió 10 días a la demandante para corregir las falencias que señaló, so pena de rechazo de la misma. La empresa presentó el escrito de subsanación del libelo y, posteriormente, a través de proveído del 12 de diciembre de ese año, el aludido juzgado se declaró incompetente para conocer del asunto, por el factor
la misma. La empresa presentó el escrito de subsanación del libelo y, posteriormente, a través de proveído del 12 de diciembre de ese año, el aludido juzgado se declaró incompetente para conocer del asunto, por el factor cuantía y remitió el litigio al Tribunal Administrativo del Meta. Esta última Corporación admitió la demanda, mediante providencia del 5 de septiembre de 2014 (índice 1, SAMAI –Gestión en otras corporaciones, TA META–, archivo “CUADERNO UNO”, fls. 129 a 131, 134 a 143, 152 a 153 y 157 a 158) 6 En la audiencia inicial, llevada a cabo el 20 de mayo de 2016, el a quo negó esta excepción, toda vez la empresa instauró la demanda el 24 de septiembre de 2013 (la actora presentó el libelo inicialmente ante los Juzgados Administrativos de Villavicencio), es decir, dentro del plazo previsto en la ley, pues éste se extendió hasta el 30 de enero de 2014. 7 También en el curso de la audiencia inicial, el Tribunal desestimó este medio de defensa. Adujo que si bien en la constancia emitida por el Ministerio Público, respecto del agotamiento del requisito de procedibilidad, se consignó que la convocante no probó que el Municipio, de forma previa a la realización de la audiencia, hubiere recibido la solicitud de convocatoria con anexos, lo cierto es que Escoturs, al subsanar la demanda, allegó la guía de transporte de los documentos enviados el 13 de septiembre de 2014 a la entidad territorial (con su respectivo recibido el 16 de ese mismo mes y año), por lo que el agotamiento del requisito de procedibilidad sí se efectuó de forma adecuada.
guía de transporte de los documentos enviados el 13 de septiembre de 2014 a la entidad territorial (con su respectivo recibido el 16 de ese mismo mes y año), por lo que el agotamiento del requisito de procedibilidad sí se efectuó de forma adecuada. 8 En audiencia inicial (fls. 221 a 228 del cuaderno 1) celebrada el 20 de mayo de 2016, el Tribunal incorporó como piezas documentales las aportadas por la empresa (fls. 11 a 107 del cuaderno 1) y por el demandado (fls. 1 a 183 del cuaderno 2), ofició al Municipio para que aportara los documentos que integran la licitación pública No. DOAC-LP-012-2013, negó el dictamen pericial solicitado por Escotur para el cálculo de la utilidad que dejó de percibir con ocasión del acto de adjudicación enjuiciado (esta dec isión no fue recurrida por las partes) y decretó los testimonios de los señores Jairo Chávez Rojas (declaración practicada en la continuación de la audiencia de pruebas del 26 de enero de 2017), Gustavo Salazar Saddy (testimonio rendido en la audiencia de pruebas, celebrada el 28 de octubre de 2016, fl. 256 y 257, c.1.) y Gina Paola García Guevara (continuación de la audiencia de pruebas, del 26 de enero de 2017, la demandante desistió de esta prueba, fl. 263 c.1.). 9 Índice 1, SAMAI –Gestión en otras corporaciones, TA META–, archivo “CUADERNO UNO”, fls. 271 a 275.
10 Índice 1, SAMAI –Gestión en otras corporaciones, TA META–, archivo “CUADERNO DOS B”, fls. 1 a 7. 11 Índice 1, SAMAI –Gestión en otras corporaciones, TA META–, archivo “CUADERNO DOS B”, fls. 8 a 15Expediente 500012333000201400061 01 (69.503)
Demandantes: Empresa de Transporte de Servicio
Especial y Escolar ESCOTURS S.A.S.
Demandado: Municipio de Acacías Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
5
Fundamentos de la sentencia impugnada12
18. El a quo señaló que la empresa carece de interés directo para demandar, comoquiera que no demostró haber presentado la mejor propuesta en el proceso de selección; para el efecto, arguyó que la demandante perdió la oportunidad de discutir los lineamientos de la licitación pública, toda vez que no se hizo presente en la audiencia de observaciones a los pliegos de condiciones. Si bien aportó un escrito contentivo de sus reparos, este fue allegado a la entidad cuando había vencido la oportunidad para el efecto –que era el 16 de julio de 2013–.
19. Afirmó que los reproches de Escotur giraron en torno a la exigencia del domicilio o sucursal en el municipio de Acacías, sin mencionar la modalidad de selección escogida y la calificación del servicio como uno de características técnicas uniformes y común utilización; precisó que la demanda se limitó a hacer una mera alusión a esta última censura, sin explicar razón alguna, por lo que manifestó que no se ocuparía de ésta, dado que la entidad no puede defenderse de dicho cargo.
uniformes y común utilización; precisó que la demanda se limitó a hacer una mera alusión a esta última censura, sin explicar razón alguna, por lo que manifestó que no se ocuparía de ésta, dado que la entidad no puede defenderse de dicho cargo.
20. Al margen de la falta de acreditación del domicilio en los términos del pliego, destacó que la demandante no demostró otros requisitos de varios de los vehículos ofrecidos para la prestación del servicio de transporte escolar, como: sus tarjetas de operación, revisión tecno mecánica y tarjetas de propiedad. Pese a que la empresa buscó subsanar tales falencias, no lo logró , puesto que presentó su escrito de corrección luego de la evaluación definitiva, es decir, de forma extemporánea.
21. Aseguró que no pudo constatar si Escoturs, al momento de presentación de la propuesta, cumplió todos los requisitos de los automotores, dado que no fue aportada la propuesta al sub examine, lo que impedía desvirtuar las razones de rechazo de la oferta esgrimidas por el demandado.
II.EL RECURSO DE APELACIÓN13
22. Escoturs pide revocar la sentencia de primer grado. Indica que presentó la propuesta más conveniente dentro de la licitación, puesto que tenía el menor precio.
23. Sostiene que el hecho de que los oferentes no hagan manifestaciones frente a las disposiciones del pliego de condiciones, no conlleva su validación. El supuesto silencio de los participantes, no cobija de validez a un acto que es ilegal.
24. Agrega que al margen de que Escoturs hubiese presentado la subsanación de la oferta dentro o fuera del término concedido para ello, esa solicitud de enmienda
silencio de los participantes, no cobija de validez a un acto que es ilegal.
24. Agrega que al margen de que Escoturs hubiese presentado la subsanación de la oferta dentro o fuera del término concedido para ello, esa solicitud de enmienda era improcedente ya que la documentación requerida sí reposaba en el expediente precontractual, adujo que lo que ocurrió fue un error de la entidad en la valoración de las piezas que componían la oferta, que no se puede trasladar al oferente.
25. Finalmente, aduce que, al contestar la demanda, el Municipio no se refirió a que no fuera cierto que tales documentos reposaban en el plenario, pues se limitó a indicar que el escrito de subsanación de la oferta se presentó fuera de tiempo;
12 Índice 8, SAMAI –Gestión en otras corporaciones, TA META–. 13 Índice 11, SAMAI –Gestión en otras corporaciones, TA META–.Expediente 500012333000201400061 01 (69.503)
Demandantes: Empresa de Transporte de Servicio
Especial y Escolar ESCOTURS S.A.S.
Demandado: Municipio de Acacías Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
6
además, la única causal que se aludió para rechazar la oferta de Escoturs, según la declaración de Gustavo Adolfo Salazar Saddy, fue que la empresa no acreditó tener su domicilio en la entidad territorial.
Trámite en segunda instancia
26. El Tribunal concedió el recurso de apelación14 y esta Corporación lo admitió en proveído del 13 de marzo de 202315. Como el recurso de alzada fue interpuesto
su domicilio en la entidad territorial.
Trámite en segunda instancia
26. El Tribunal concedió el recurso de apelación14 y esta Corporación lo admitió en proveído del 13 de marzo de 202315. Como el recurso de alzada fue interpuesto en vigencia de la Ley 2080 de 2021, no se corrió traslado a las partes para alegar, por cuanto no se decretaron pruebas en segunda instancia16.
27. El Ministerio Público guardó silencio17.
III.CONSIDERACIONES
Problema jurídico
28. La atención de la Sala en esta instancia se contrae a determinar si ¿el pliego de condiciones plasmó unos requisitos que desconocieron el principio de selección objetiva? y, en el escenario afirmativo, si ¿es cierto que la propuesta de Escoturs era la más conveniente para la entidad?. Para absolver estos interrogantes, se precisará (i) si se comparten o no los argumentos expuestos por el a quo en punto al examen de las censuras formuladas contra el pliego de condiciones; en caso de acreditarse la presunta ilegalidad de los requisitos consagrados en éste, (ii) se estudiará si con base en ello, se desvirtuó la legalidad del acto de adjudicación, y
(iii) si la propuesta del actor era la mejor y más conveniente para la Administración.
Cuestión previa
29. La primera pretensión de la demanda propugna por la nulidad del pliego de condiciones, base del proceso de selección sub lite. Sin embargo, al revisar la causa petendi y hallar que los motivos de hecho y de derecho formulados por el actor se limitaron a un aspecto específico –el requisito del domicilio del proponente en la jurisdicción del Municipio o contar con sucursal en éste último, como factor
petendi y hallar que los motivos de hecho y de derecho formulados por el actor se limitaron a un aspecto específico –el requisito del domicilio del proponente en la jurisdicción del Municipio o contar con sucursal en éste último, como factor habilitante y criteri o de calificación –, en caso de configurarse el supuesto de ilegalidad aducido, la declaración de nulidad se circunscribirá a los apartes del acto enjuiciado que contengan tal requisito, más no a la totalidad del pliego de condiciones, pues aún frente a la presencia del vicio aducido, esa circunstancia no lleva a desvirtuar la legalidad de las demás previsiones que integraron los términos del proceso de selección y del contrato. De no entenderse así, la nulidad de pliego haría nugatoria la pretensión de restablecimiento del actor, pues ningún proceso de selección se debió adelantar.
14 Índice 13, SAMAI –Gestión en otras corporaciones, TA META–. 15 Índice 4 de SAMAI. 16 El art. 247 del CPACA consagra: “ 5. Si fuere necesario decretar pruebas, una vez practicadas, el superior autorizará la presentación de alegatos por escrito, para lo cual concederá un término de diez (10) días. En caso contrario, no habrá lugar a dar traslado para alegar. El secretario pasará el expediente al despacho para dictar sentencia dentro de los diez (10) días siguientes de concluido el término para alegar o de ejecutoria del auto que admite el recurso”. 17 El art. 247 ibid. establece que “6. El Ministerio Público podrá emitir concepto desde que se admite el recurso
que admite el recurso”. 17 El art. 247 ibid. establece que “6. El Ministerio Público podrá emitir concepto desde que se admite el recurso y hasta antes de que ingrese el proceso al despacho para sentencia”.Expediente 500012333000201400061 01 (69.503)
Demandantes: Empresa de Transporte de Servicio
Especial y Escolar ESCOTURS S.A.S.
Demandado: Municipio de Acacías Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
7
Análisis de la Sala
(i) Estudio de los cargos de nulidad propuestos contra el pliego de condiciones
30. Con la entrada en vigor de la Ley 1437 de 2011 se introdujeron cambios a la forma de controlar por vía judicial los actos previos a la celebración del contrato estatal. El art. 14118 de esta obra procesal asignó autonomía a la impugnación que se formulara respecto de los actos precontractuales, en la medida que eliminó la previsión que establecía que una vez celebrado el contrato la ilegalidad de los mismos –los actos previos– sólo podía invocarse como fundamento de la solicitud de nulidad absoluta del contrato (art. 32 de la Ley 446 de 1998); por tanto, y aun en el escenario de la suscripción del negocio jurídico, el debate de los actos previos sólo procede a través de los medios de c ontrol de nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho, según corresponda, y en caso de que se pretenda la nulidad del contrato con fundamento en dichos actos, lo procedente es la acumulación de pretensiones, en los términos del art. 165 ib.19.
31. Tratándose del pliego de condiciones, esta Corporación lo ha considerado
nulidad del contrato con fundamento en dichos actos, lo procedente es la acumulación de pretensiones, en los términos del art. 165 ib.19.
31. Tratándose del pliego de condiciones, esta Corporación lo ha considerado como un acto pasible de control jurisdiccional, al constituir una manifestación de la Administración de contenido general que crea situaciones jurídicas impersonales, abstractas y objetivas20, y a voces de los arts. 74 y 75 del CPACA 21 es procedente
18 “ARTÍCULO 141. CONTROVERSIAS CONTRACTUALES. Cualquiera de las partes de un contrato del Estado podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad, que se ordene su revisión, que se declare su incumplimiento, que se declare la nulidad de los actos administrativos contractuales, que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios, y que se hagan otras declaraciones y condenas. Así mismo, el interesado podrá solicitar la liquidación judicial del contrato cuando esta no se haya logrado de mutuo acuerdo y la entidad estatal no lo haya liquidado unilateralmente dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo convenido para liquidar de mutuo acuerdo o, en su defecto, del término establecido por la ley. “Los actos proferidos antes de la celebración del contrato, con ocasión de la actividad contractual, podrán demandarse en los términos de los artículos 137 [nulidad] y 138 [nulidad y restablecimiento del derecho] de este Código, según el caso. “El Ministerio Público o un tercero que acredite un interés directo podrán pedir que se declare la nulidad absoluta del contrato. El juez administrativo podrá declararla de oficio cuando esté plenamente demostrada en el
este Código, según el caso. “El Ministerio Público o un tercero que acredite un interés directo podrán pedir que se declare la nulidad absoluta del contrato. El juez administrativo podrá declararla de oficio cuando esté plenamente demostrada en el proceso, siempre y cuando en él hayan intervenido las partes contratantes o sus causahabientes” (se subraya). 19 “ARTÍCULO 165. ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES. En la demanda se podrán acumular pretensiones de nulidad, de nulidad y de restablecimiento del derecho, relativas a contratos y de reparación directa, siempre que sean conexas y concurran los siguientes requisitos:
1. Que el juez sea competente para conocer de todas. No obstante, cuando se acumulen pretensiones de nulidad con cualesquiera otras, será competente para conocer de ellas el juez de la nulidad. Cuando en la demanda se afirme que el daño ha sido causado por la acción u omisión de un agente estatal y de un particular, podrán acumularse tales pretensiones y la Jurisdicción Contencioso Administrativa será competente para su conocimiento y resolución.
2. Que las pretensiones no se excluyan entre sí, salvo que se propongan como principales y subsidiarias.
3. Que no haya operado la caducidad respecto de alguna de ellas.
4. Que todas deban tramitarse por el mismo procedimiento”. 20 Al respecto, ver, entre otros pronunciamientos los siguientes: Consejo de Estado. Sección Tercera, auto del 10 de octubre de 1991; auto del 6 de noviembre de 1997; sentencia del 19 de septiembre de 2007.
Asimismo, esta Sección ha dicho: “13. Desde esa perspectiva, en materia de actos previos al contrato estatal
10 de octubre de 1991; auto del 6 de noviembre de 1997; sentencia del 19 de septiembre de 2007. Asimismo, esta Sección ha dicho: “13. Desde esa perspectiva, en materia de actos previos al contrato estatal se identifican como actos de carácter definitivo y por lo tanto, susceptibles de control jurisdiccional : el de adjudicación del contrato —parágrafo 1º del artículo 77 de la Ley 80 de 1993 —, el que declara desierta la licitación pública, el que hace efectiva la póliza constituida para garantizar la seriedad de la oferta –numeral 12 del artículo 30 ejusdem–, el que adopta el pliego de condiciones, entre otros. Estos actos comparten la característica de ser definitivos porque contienen un pronunciamiento que decide directa o indirectamente la selección del contratista ” ( Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, providencia del 17 de septiembre de 2018, radicación 11001032600020120000400 (42747)). 21 Se acude a estas normas, en virtud de la remisión normativa prevista en el art. 77 de la Ley 80 de 1993, esta última establece el artículo 77 de la Ley 80 de 1993 establece que a las actuaciones administrativas contractuales les son aplicables las normas que rigen los procedimientos y actuaciones administrativas, siempre que sean compatibles con la finalidad y principios del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.Expediente 500012333000201400061 01 (69.503)
Demandantes: Empresa de Transporte de Servicio
Especial y Escolar ESCOTURS S.A.S.
Demandado: Municipio de Acacías Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
8
Demandantes: Empresa de Transporte de Servicio
Especial y Escolar ESCOTURS S.A.S.
Demandado: Municipio de Acacías Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
8
el control judicial de los actos de carácter definitivo pues en ellos se expresa de manera cierta la manifestación de voluntad de la administración susceptible de enjuiciamiento.
32. En reciente pronunciamiento22, esta Corporación recalcó que los pliegos de condiciones no son simple s decisiones de impulso, en la medida que contienen determinaciones sustanciales y generales en relaci ón con el procedimiento de selección; y aunque no ponen fin al procedimiento precontractual, pues dan paso al mismo, revisten efectos definitivos al establecer las reglas de participación y del futuro contrato23.
33. Dada la naturaleza general y abstracta de este acto, su control por vía judicial corresponde al medio de control de nulidad (art. 137 del CPACA) en tanto persigue la preservación
Estás viendo una vista previa
Lee el documento completo con Ariel
Este es un fragmento de uno de los más de 1.2 millones de documentos de la biblioteca de Ariel. Crea tu cuenta para leerlo completo, descargarlo y consultarlo con Ariel, que siempre te lleva a la fuente exacta: Ariel NO alucina.