CE - Sentencia 50001233300020240031901
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 50001233300020240031901
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., siete (7) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: PÉRDIDA DE INVESTIDURA Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00319-01
Accionante: Manuel Ricardo Rey Vélez Accionada: María Cristina Ángel Ángel Tema: Violación del régimen de conflicto de intereses como causal de pérdida de investidura de los concejales - reiteración de jurisprudencia
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide el recurso de apelación presentado por la parte accionada contra la sentencia de 28 de noviembre de 2024 , proferida por la Sala Plena d el Tribunal Administrativo del Meta.
I. ANTECEDENTES
I.1.- La demanda1
1. El ciudadano Manuel Ricardo Rey Vélez, actuando en nombre propio y en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 143 de la Ley 1437 de 18 de enero de
20112, solicitó:
“[…] PRETENSIONES
1. Declarar la Pérdida de Investidura de la ciudadana MARIA CRISTINA ANGEL ANGEL, mayor de edad, vecino (sic) de la ciudad de San Martín de los Llanos (Meta) (…) en su calidad de CONCEJAL DE SAN MARTÍN DE LOS LLANOS (META), por el PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE - ASI, para el periodo constitucional 2024-2027.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se decreten:
el PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE - ASI, para el periodo constitucional 2024-2027.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se decreten:
2.1. La anulación de la respectiva credencial.
2.2. La muerte política de la ciudadana en mención.
3. En caso de oposición, se condene al demandado a las costas procesales y a las agencias en derecho. […]” (negrilla del texto).
1 Cfr. Índice 1, SAMAI. Expediente digital 50001233300020240031900. 2 “[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. […]”.2
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00319-01
Accionante: Manuel Ricardo Rey Vélez
I.1.1.- Los hechos
2. Manifestó que la señora María Cristina Ángel Ángel fue elegida, en las elecciones territoriales realizadas el 29 de octubre de 2023, concejal del municipio de San Martín de los Llanos (Meta), para el período 2024-2027.
3. Mencionó que la acusada recibió, el 5 de noviembre de 2023, la credencial que la acreditaba como concejal del mencionado municipio y el 2 de enero de 2024 tomó posesión del cargo.
4. Indicó que en el Concejo Municipal de San Martín de los Llanos se dio trámite al Proyecto de Acuerdo núm. 011, el cual fue aprobado y pasó a ser el Acuerdo núm. 11 de 12 de agosto de 2024, por medio del cual se concedió un beneficio temporal
Proyecto de Acuerdo núm. 011, el cual fue aprobado y pasó a ser el Acuerdo núm. 11 de 12 de agosto de 2024, por medio del cual se concedió un beneficio temporal respecto de los impuestos predial unificado y de industria y comercio.
5. Aseveró que la accionada aprobó el mencionado acuerdo, a pesar de tener un interés económico directo , al ser “[…] deudora morosa […]” del impuesto predial unificado, puesto que, para la fecha de aprobación del acuerdo, por concepto de esa obligación tributaria, debía a la administración municipal la suma de
$12.694.507.
6. Apuntó que la accionada, luego de aprobar el acuerdo, sin declararse impedida y teniendo un interés económico directo, obtuvo un beneficio económic o pues su deuda se redujo a la suma de $4.973.923, por lo que obtuvo un descuento por valor de $7.720.584.
7. Subrayó que la accionada incumplió el deber que le imponía su cargo de declararse impedida en los asuntos en que tuviera interés particular, directo “[…] o indirecto […]” consistente en la aprobación de beneficios para sí misma “[…] así como desviar el interés general de la comunidad San Martinera, sobreponiendo el interés particular pues era deudora de impuesto predial (sic) unificado y no se declaró impedida, obteniendo un provecho personal con su voto […]”.
I.1.2. La causal de pérdida de investidura
8. El accionante, como fundamento de la solicitud, invocó:
“[…] como causales de pérdida de la investidura del ciudadana (sic) MARIA
I.1.2. La causal de pérdida de investidura
8. El accionante, como fundamento de la solicitud, invocó:
“[…] como causales de pérdida de la investidura del ciudadana (sic) MARIA CRISTINA ANGEL ANGEL, (…) las contenidas en el numeral 2 del artículo 55 de la ley 136 de 1991 (sic), en concordancia con el numeral 1 del artículo 48 de la Ley 617 del 2000, pues vulneró lo dispuesto en el artículo 70 ibídem (sic) e incumplió el deber propio del cargo establecido en el numeral 1 del artículo 11 de la Ley 1437 de 2011 […]” (negrilla del texto).
9. Manifestó que, durante el trámite del Acuerdo núm. 11 de 12 de agosto de 2024, la accionada era conocedora de que era “[…] deudora morosa del impuesto predial3
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Accionante: Manuel Ricardo Rey Vélez
unificado […]” pues adeudaba a la administración municipal la suma de $12.694.507.
10. Anotó que la accionada, en la sesión de la Comisión Segunda de Hacienda y Crédito Público del Concejo Municipal de San Martín de los Llanos, realizada el 8 de agosto de 2024, participó activamente sin declararse impedida, pese a que era “[…] deudora morosa de impuesto predial unificado y al estarse tramitando en dicho proyecto un beneficio para los deudores morosos, su interés era particular, actual y directo contrario al interés general. […]”.
11. Consideró que la accionada no se encontraba en igualdad de condiciones con la
proyecto un beneficio para los deudores morosos, su interés era particular, actual y directo contrario al interés general. […]”.
11. Consideró que la accionada no se encontraba en igualdad de condiciones con la ciudadanía en general puesto que no todos los ciudadanos eran contribuyentes del impuesto predial unificado ni todos esos contribuyentes eran deudores.
12. Apuntó que el proyecto de acuerdo no generó beneficios tributarios para los contribuyentes en general, pues creó una amnistía tributaria para los deudores, lo cual, en su concepto, era inconstitucional por violación al principio de igualdad tributaria.
13. Hizo referencia a las sentencias de 27 de agosto de 20223, 23 de marzo de 20034, 21 de noviembre de 20135 y 14 de diciembre de 20186, proferidas por el Consejo de Estado, que consideró aplicables al presente asunto.
14. Destacó, con sustento en la sentencia de 27 de agosto de 2022, que , en el presente asunto, la concejal accionada, encontrándose en causal de impedimento porque la decisión la afectaba personalmente de manera directa, no se declaró impedida y tampoco fue recusada, participando y votando positivamente en la Comisión Segund a de Hacienda y Crédito Público y en la plenaria del Concejo Municipal de San Martín de Llanos, el proyecto de acuerdo que se convertiría en el Acuerdo núm. 11 de 12 de agosto de 2024, por m edio del cual se concedió un beneficio temporal respecto de los impuestos predial unificado y de industria y comercio.
15. Indicó, con sustento en la sentencia de 23 de marzo de 2003, que la accionada
beneficio temporal respecto de los impuestos predial unificado y de industria y comercio.
15. Indicó, con sustento en la sentencia de 23 de marzo de 2003, que la accionada tenía un interés particular puesto que conocía de su condición de deudora del impuesto predial unificado en la suma de $12.694.507, obligación que, luego de la
3 “[…] Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia de 27 de agosto de 2002, Rad. 2002 -00446 (PI043), MP. Olga Inés Navarrete Barrero. […]”. (Negrilla del texto). 4 “[…] Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia de 23 de marzo de 2003, Rad. 2009-00198(PI). […]”. (Negrilla del texto). 5 “[…] CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION PRIMERA, Consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA, Bogotá, D.C., veintiuno (21) de noviembre de dos mil trece (2013), Radicación número: 25000-23-27-000-2012-00093-01(PI) […]”. (Negrilla del texto). 6 “[…] CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA, Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS, Bogotá, D.C., catorce (14) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), Radicación número: 13001-23-33-000-2016-01192-01(PI) […]”. (Negrilla del texto).4
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00319-01
Accionante: Manuel Ricardo Rey Vélez
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00319-01
Accionante: Manuel Ricardo Rey Vélez
aprobación del acuerdo, se redujo a $4.973.923, con lo cual recibió un beneficio personal por valor de $7.720.584.
16. Frente a los elementos objetivo y subjetivo, subrayó, con sustento en sentencia de 1.º de febrero de 20187 y 15 de diciembre de 20238, que la accionada:
16.1. Era concejal del municipio de San Martín de los Llanos y que existía un interés particular y directo en cabeza suya como deudora del impuesto predial unificado en la suma de $12.694.507.
16.2. No se declaró impedida en el trámite del proyecto de acuerdo que dio origen al Acuerdo 11 de 12 de agosto de 2024, por medio del cual se concedió un beneficio temporal respecto de los impuestos predial unificado y de industria y comercio, ni fue recusada.
16.3. Hizo parte cuórum y votó positivamente el proyecto de acuerdo que dio origen al Acuerdo 11 de 12 de agosto de 2024, en la Comisión Segunda de Hacienda y Crédito Público como en la plenaria del Concejo Municipal de San Martín de los Llanos.
16.4. Era una persona con la capacidad de determinar el grado de ilegalidad de su conducta, es decir, que tuvo la intención de beneficiarse del descuento de los intereses del impuesto del cual era deudora, a lo que sumó que:
“[…] actuó de manera negligente y sin prudencia, ya que debió declararse impedida y no lo hizo y terminó de manera intencional beneficiándose de manera directa,
intereses del impuesto del cual era deudora, a lo que sumó que:
“[…] actuó de manera negligente y sin prudencia, ya que debió declararse impedida y no lo hizo y terminó de manera intencional beneficiándose de manera directa, poniendo su interés propio, por encima del interés general de la población de San Martín de los Llanos (Meta) […]”.
I.2. Contestación de la solicitud de pérdida de investidura9
17. La accionada, a través de apoderado , dio contestación a la solicitud formulada en su contra y se opuso a sus pretensiones al no advertir la configuración de la causal de pérdida de investidura por violación del régimen de conflicto de intereses.
18. Manifestó que de lo expuesto por el accionante no podía advertirse cuál era el beneficio o provecho particular de la accionada en la aprobación del Acuerdo núm.
7 “[…] Consejo de Estado, Sala de Lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C. P. Oswaldo Giraldo López. Sentencia del 1 de febrero de 2018. Expediente radicación nro. 66001-23-33-000-2017-00089-01(PI). Reiterada en sentencia del 30 de mayo de 2019. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. Expediente radicación nro. 05001-23-31-000-20170253801 (PI) […]”. 8 “[…] CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA, CONSEJERO
PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ, Bogotá, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintitrés (2023), Referencia: PÉRDIDA DE INVESTIDURA, Radicación: 50001-23-33-000-2023-00007-01, Solicitante: JOSÉ ENRIQUE MOLINA ROJAS, Concejal acusado: CARLOS HOYOS MALABERT, (iii) CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA, CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ, Bogotá, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintitrés (2023), Referencia: PÉRDIDA DE INVESTIDURA, Radicación: 50001-23-33-000-202300006-01, Solicitante: JOSÉ ENRIQUE MOLINA ROJAS, Concejal acusado: ORLANDO GRANADOS ACEVEDO, […]”. 9 Cfr. Índice 11, SAMAI. Expediente digital 50001233300020240031900.5
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00319-01
Accionante: Manuel Ricardo Rey Vélez
11 de 12 de agosto de 2024, puesto que en su contenido no se previó beneficio particular para esta ni podía acreditarse que lo recibió toda vez que el mencionado acuerdo era de carácter general, impersonal y abstracto, presentado por iniciativa del alcalde municipal, el cual surtió primer debate en la Comisión Segunda de Hacienda y Crédito Público, de la cual hacía parte, y posteriormente en la plenaria del Concejo Municipal de San Martín de los Llanos, siendo aprobado por los trece
del alcalde municipal, el cual surtió primer debate en la Comisión Segunda de Hacienda y Crédito Público, de la cual hacía parte, y posteriormente en la plenaria del Concejo Municipal de San Martín de los Llanos, siendo aprobado por los trece (13) concejales.
19. Estimó que no podía configurarse la violación del régimen de conflicto de intereses en asuntos que afectan a la accionada en igualdad de condiciones a la ciudadanía en general, como en efecto aconteció, conforme los fundamentos legales expuestos en el Acue rdo núm. 11 de 12 de agosto de 2024, en los cual es se hizo referencia al beneficio del acuerdo para el municipio en general.
20. Insistió en que el beneficio tributario creado en el Acuerdo núm. 11 de 12 de agosto de 2024 era para todas las personas contribuyentes de los impuestos predial unificado e industria y comercio que no se habían puesto al día y destacó que, para el caso del impuesto predial, ascendía a 7967 contribuyentes que adeudaban cerca de $15.833.717.334, conforme a la información proveniente de la administración municipal.
21. Mencionó que el Acuerdo núm. 11 de 12 de agosto de 2024, beneficiaba, igualmente, a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio.
22. Apuntó que adquirió con su hijo un inmueble en el municipio de San Martín de los Llanos, producto de un subsidio de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía y adujo ser madre cabeza de hogar y responsable de la manutención de tres (3) hijos, de los cuales dos (2) eran menores de edad, y de sus padres adultos
Policía y adujo ser madre cabeza de hogar y responsable de la manutención de tres (3) hijos, de los cuales dos (2) eran menores de edad, y de sus padres adultos mayores, las cuales dependerían moral y económicamente de sus ingresos.
23. Agregó que devengaba una pensión mensual de “[…] menos de un salario mínimo mensual […]” como pensionada del Ministerio de Defensa Nacional y que era codeudora del crédito educativo de su hijo, copropietario del inmueble involucrado en este medio de control, quien se encontraba estudiando en la ciudad
de Bogotá, en la Fundación Universitaria San Martín.
24. Aseveró que el medio de control de pérdida de investidura tiene carácter sancionatorio, en el que se realiza un juicio de responsabilidad subjetivo, lo cual
quiere indicar que para establecer si:
“[…] un concejal incurrió en las causales que se le imputan, se requiere analizar, inicialmente, la tipicidad de la conducta, lo que implica establecer si los hechos invocados en la solicitud y que se le atribuyen al servidor público se adecúan a la causal endilgada […]”.
25. Puso de presente que se debía evaluar si había actuado en forma dolosa o gravemente culposa en la aprobación del Acuerdo núm. 11 de 12 de agosto de 2024,6
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00319-01
Accionante: Manuel Ricardo Rey Vélez
para lo cual señaló que el beneficio otorgado en este era temporal para los contribuyentes de los impuestos predial y de industria y comercio.
26. Formuló como excepciones las de falta de prueba de la causal e inexistencia del
para lo cual señaló que el beneficio otorgado en este era temporal para los contribuyentes de los impuestos predial y de industria y comercio.
26. Formuló como excepciones las de falta de prueba de la causal e inexistencia del conflicto de intereses.
27. Insistió, respecto de la excepción de falta de prueba de la causal, que no obtuvo beneficio ni provecho por el Acuerdo núm. 11 de 12 de agosto de 2024, pues, a la fecha de presentación de la contestación a la solicitud de pérdida de investidura, tenía pendiente la obligación tributaria, para las vigencias 2010 -2022, por la suma de $12.862.916, conforme al documento expedido el 17 de octubre de 2024 por la Secretaría de Hacienda Municipal de San Martín de los Llanos, en el cual constaría que tampoco ha solicitado la aplicación del beneficio previsto en ese acuerdo.
28. Reiteró que devenga una pensión mínima junto con la remuneración como concejal y que las obligaciones con sus hijos y padres, quienes depend ían económicamente de ella, no le permiten tener la solvencia económica para “[…] ponerse al día en el pago del impuesto predial de su vivienda familiar , y no lo hará porque desafortunadamente para ella como se ha dicho no cuenta con el músculo financiero para hacerlo […]”.
29. Alegó que su situación económica tampoco le permitió acogerse al beneficio tributario decretado por el Gobierno Nacional en el artículo 6. ° del Decreto núm. 678 de 20 de mayo de 2020 10, conforme la certificación expedida por la Dirección Financiera de Impuestos de la Alcaldía Municipal de San Martín de los Llanos y
678 de 20 de mayo de 2020 10, conforme la certificación expedida por la Dirección Financiera de Impuestos de la Alcaldía Municipal de San Martín de los Llanos y destacó que el inmueble de su propiedad, conforme el certificado de tradición y libertad, no ha sido objeto de proceso de jurisdicción coactiva por parte del municipio ni por otra entidad o persona.
30. Subrayó, respecto de la excepción de inexistencia del conflicto de intereses, que el Acuerdo núm. 11 de 12 de agosto de 2024 era un acto de carácter general, impersonal y abstracto, luego no estaba referido a persona natural o jurídica en particular.
31. Resaltó que no se acreditó que hubiese participado en la discusión y aprobación del Acuerdo núm . 11 de 12 de agosto de 2024 impulsada por un interés directo, particular y actual y recordó que el proyecto fue presentado por el alcalde municipal de San Martín de Llanos con respaldo en un análisis de impacto fiscal.
32. Expuso que, teniendo en consideración los impuestos que están involucrados en el Acuerdo núm. 11 de 12 de agosto de 2024, “[…] la gran mayoría o todos los concejales se hubiesen declarado impedidos porque cualquiera de ellos, su familia, su cónyuge, podrían tener un inmueble gravado con impuesto predial unificado, o
10 “[…] Por medio del cual se establecen medidas para la gestión tributaria, financiera y presupuestal de las entidades
territoriales, en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada mediante el Decreto 637 de 2020. […]”.7
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Accionante: Manuel Ricardo Rey Vélez
fueran propietarios de un establecimiento de comercio […]” e insistió en que no estaba demostrado que actuó en interés propio o de su familia.
33. Reiteró que:
“[…] el Acuerdo 011 de 2024 es impersonal, general y abstracto, nunca se surtieron efectos individuales, directos, patrimoniales en favor de mi prohijada o en el de alguno de sus parientes y que su intervención estuvo enmarcada dentro del principio de la buena fe, toda vez que los recaudos que se obtienen con la aprobación del acuerdo contribuyen al mejoramiento de la vida de los habitantes del municipio es decir para el pueblo Sanmartinero y esta es la razón de ser y para lo cual fue elegida democráticamente la concejala, para ejercer el control político de la Administración Municipal y el estudio de los proyectos de acuerdo que beneficien a la población. […]”.
I.3. Trámite del proceso
34. Mediante auto de 8 de octubre de 2024 11 se admitió la solicitud de pérdida de investidura y i) se ordenó la notificación personal a la accionada y al agente del Ministerio Público y ii) se le hizo saber a la accionada que contaba con el término de cinco (5) días para referirse por escrito a la solicitud, aportar pruebas o pedir la práctica de las que considerara conducentes.
Ministerio Público y ii) se le hizo saber a la accionada que contaba con el término de cinco (5) días para referirse por escrito a la solicitud, aportar pruebas o pedir la práctica de las que considerara conducentes.
35. El accionado se pronunció frente a la solicitud de pérdida de investidura 12, así como el agente del Ministerio Público13.
36. En auto de 5 de noviembre de 202414 se decretó la práctica de pruebas y se fijó para el día 12 de noviembre de 2024, hora 9:00 A.M., la realización de la audiencia pública a la que se refieren los artículos 11 y 12 de la Ley 1881 de 15 de enero de
201815.
37. Mediante auto de 8 de noviembre de 202416 se fijó para el día 18 de noviembre de 2024, hora 2:30 P.M., la realización de la audiencia pública a la que se refieren los artículos 11 y 12 de la Ley 1881.
38. La audiencia prevista en los artículos 11 y 12 de la Ley 1881, fue realizada el día 18 de noviembre de 202417, con la asistencia e intervención del accionante, del agente del Ministerio Público y del apoderado de la accionada.
11 Cfr. Índice 4, SAMAI. Expediente digital 50001233300020240031900. 12 Cfr. Índice 11, SAMAI. Expediente digital 50001233300020240031900. 13 Cfr. Índice 9, SAMAI. Expediente digital 50001233300020240031900.
12 Cfr. Índice 11, SAMAI. Expediente digital 50001233300020240031900. 13 Cfr. Índice 9, SAMAI. Expediente digital 50001233300020240031900. 14 Cfr. Índice 14, SAMAI. Expediente digital 50001233300020240031900. 15 “[…] Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los Congresistas, se consagra la doble instancia, el término de caducidad, entre otras disposiciones. […]” 16 Cfr. Índice 22, SAMAI. Expediente digital 50001233300020240031900. 17 Cfr. Índice 38, SAMAI. Expediente digital 50001233300020240031900.8
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I.4. La sentencia de primera instancia18
39. El Tribunal Administrativo del Meta, mediante sentencia de 28 de noviembre de
2024, resolvió:
“[…] 1. DECLARAR la pérdida de investidura de la señora María Cristina Ángel Ángel, Concejal del municipio de San Martín de los Llanos, conforme a lo expuesto . […]” (negrilla del texto).
40. Expuso que los presupuestos para la configuración de la causal de pérdida por violación del régimen de conflicto de intereses eran: i) la calidad de concejal; ii) la existencia de un interés directo, particular y actual; iii) la no manifestación de impedimento; iv) la participación activa en el asunto; y iv) que el asunto sea de competencia funcional del concejal.
existencia de un interés directo, particular y actual; iii) la no manifestación de impedimento; iv) la participación activa en el asunto; y iv) que el asunto sea de competencia funcional del concejal.
41. Indicó que el Proyecto de Acuerdo núm. 11 de 2024 tuvo como finalidad otorgar un beneficio a los contribuyentes, mediante la implementación temporal de una disminución en el porcentaje de la tasa de interés moratorio aplicado a las obligaciones tributarias vencidas, respecto de los impuestos predial y de industria y comercio.
42. Señaló que el documento de análisis de impacto fiscal del proyecto de acuerdo señalaba que el beneficio incluiría los intereses que se causaran en los procesos de cobro coactivo existentes y los acuerdos celebrados antes de la entrada en vigor del beneficio propuesto.
43. Puso de presente que la Dirección Financiera de Impuestos del municipio de San
Martín de los Llanos certificó que:
“[…] 2. El predio con ficha catastral No 01010000014700100000000 a nombre de la señora María Cristina Angel Angel tiene un proceso de cobro coactivo del año 2019 con la liquidación oficial número 2019-603 del mes de mayo del 2019, de las vigencias 2014 al 2016 y se envió con número de guía 1400169866; con una citación de mandamiento de pago del 26 de julio del 2023 con recibido maría ángel (…) y numero de guía 1405382 y mandamiento de pago número 603 del 24 de julio del 2023 con numero de guía 1470141, con const ancia de publicación a página web y constancia de ejecutoriada del día 20 de febrero del 2024.
de guía 1405382 y mandamiento de pago número 603 del 24 de julio del 2023 con numero de guía 1470141, con const ancia de publicación a página web y constancia de ejecutoriada del día 20 de febrero del 2024.
De igual forma, en el año 2022 se realizó la liquidación oficial número 2022-0353 del 20 de abril, de las vigencias 2017 al 2020 con número de guía 0375161.
3. Que la señora MARIA CRISTINA ANNGEL ANGEL (sic) identificada con número de cedula 40.421.997 aparece únicamente como contribuyente que de acuerdo a la información que reposa por ser titular del derecho de dominio del predio en mención en nuestra base de datos, la cual es suministrada por el INSTITUTO GEOGRAFICO
AGUSTIN CODAZZI. […]”.
44. Indicó que en la sesión de 8 de agosto de 2024 correspondiente a la Comisión Segunda de Hacienda y Crédito Público del Concejo Municipal de San Martín de los
18 Cfr. Índice 41, SAMAI. Expediente digital 50001233300020240031900.9
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Llanos, se dio primer debate al Proyecto de Acuerdo núm. 11 de 2024, por medio del cual se concedió un beneficio temporal respecto de los impuestos predial unificado y de industria y comercio, sesión en la cual la accionada estuvo presente y votó el trámite y aprobación de ese proyecto de acuerdo.
45. Aseguró que la accionada, igualmente, aprobó, en segundo debate, el citado
unificado y de industria y comercio, sesión en la cual la accionada estuvo presente y votó el trámite y aprobación de ese proyecto de acuerdo.
45. Aseguró que la accionada, igualmente, aprobó, en segundo debate, el citado proyecto de acuerdo, en la sesión de 12 de agosto de 2024.
46. Analizó los requisitos objetivos para considerar vulnerado el régimen de conflicto de intereses y subrayó que estaba acreditado que la señora María Cristina Ángel Ángel fue electa concejal del municipio de San Martín de los Llanos para el período
2024-2027.
47. Señaló que la accionada tenía un interés específico, directo y potencial en la expedición del Acuerdo núm. 11 de 12 de agosto de 2024 por tener la condición de demandada en un proceso coactivo promovido por la Secretaría de Hacienda del municipio de San Martín de los Llanos, con el propósito de hacer efectivo el recaudo de los impuestos prediales que esta adeudaba, cuya cuantía podría r educirse sustancialmente al entrar en vigor el citado acto administrativo.
48. Consideró que:
“[…] Paralelamente al interés particular antes señalado, es claro que la medida de alivio tributario contenida en el Acuerdo 011 de 2024 también se aplica a los demás propietarios de inmuebles del municipio que estuviesen en mora en el pago del impuesto predial.
Por lo anterior, puede afirmarse que esa determinación, además de favorecer en forma directa a la demandada, por ser deudora morosa del impuesto predial en el municipio, también favorecía de manera concurrente y en igualdad de condiciones a los demás deudores de ese tributo municipal.
forma directa a la demandada, por ser deudora morosa del impuesto predial en el municipio, también favorecía de manera concurrente y en igualdad de condiciones a los demás deudores de ese tributo municipal.
Si bien el artículo 48, ordinal 1.º, de la Ley 617 de 2000 establece que « No existirá conflicto de intereses cuando se trate de considerar asuntos que afecten al concejal o diputado en igualdad de condiciones a las de la ciudadanía en general», no puede ignorarse que el artículo 70, ordinal 2.°, de la Ley 136 de 1994 prevé puntualmente que cuando un concejal tiene un interés personal y directo en la decisión que debe adoptar la Corporación a la cual pertenece, «[…] deberá declararse impedido de participar en los debates o votaciones respectivas».
Así, para la sala, en este caso concurre el presupuesto de configuración de un interés directo, particular y actual o inmediato en cabeza en la concejal demandada. […]”.
49. Constató que, una vez revisadas las actas de las sesiones del Concejo Municipal de San Martín de los Llanos realizadas el 8 y 12 de agosto de 2024, en las cuales se dio primer y segundo debate al Proyecto de Acuerdo núm. 11 de 2024, la accionada participó activamente en la discusión y aprobación de dicho acuerdo, sin que haya manifestado su impedimento, al ser potencial y directa beneficiada con el alivio tributario contenido en el proyecto de acuerdo, por lo que consideró que se10
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00319-01
Accionante: Manuel Ricardo Rey Vélez
cumplió el requisito consistente en no haber manifestado impedimento frente al asunto objeto de decisión.
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00319-01
Accionante: Manuel Ricardo Rey Vélez
cumplió el requisito consistente en no haber manifestado impedimento frente al asunto objeto de decisión.
50. Aseveró que la concejal conformó el cuórum para la votación del Proyecto de Acuerdo núm. 11 de 2024, según las actas mencionadas, y resaltó que la participación de la concejal accionada en la discusión, votación y aprobación del Acuerdo 11 de 12 de agosto de 2024 se dio dentro del marco de las func iones que la ley les atribuye a los concejales, conforme la Ley 136 de 2 de junio de 199419.
51. Encontró que se cumplieron los requisitos objetivos de la causal de pérdida de investidura por violación del régimen de conflicto de intereses, por lo que analizó la presencia del elemento subjetivo.
52. No compartió la argumentación de la accionada, quien sostuvo que participó en la votación del Proyecto de Acuerdo núm. 11 de 2024 sin dolo ni culpa grave.
53. Destacó que el hecho de que alegara que su conducta no constituía conflicto de intereses no la eximía del deber de declarar su impedimento para participar en la votación de un proyecto de acuerdo que creaba beneficios tributarios de los cuales podría ser beneficiaria , omisión que consideró una violación grave al principio de imparcialidad y que reforzaba la existencia de un comportamiento culposo.
I.5. El recurso de apelación20
54. La accionada, in
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