CE - Sentencia 76001233100020090103701

Consejo de Estado

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Título
CE - Sentencia 76001233100020090103701
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., cinco (5) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Radicación número: 76001-23-31-000-2009-01037-01 (63.040)

Actor: ADMINISTRADORA PÚBLICA COOPERATIVA DE

MUNICIPIOS – COOPMUNICIPIOS (EN LIQUIDACIÓN)

Demandado: MUNICIPIO DE JAMUNDÍ

Referencia: DECRETO 01 DE 1984 – ACCIÓN CONTRACTUAL

Temas: DESEQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO: quien lo alega debe acreditar una afectación grave de la equivalencia prestacional considerada por las partes al momento de contratar. BUENA FE OBJETIVA: resulta contrario al deber de buena fe objetiva solicitar y suscribir la terminación de mutuo acuerdo de un negocio, ocultando al cocontratante la intención de reclamar posteriormente el lucro cesante derivado de esa terminación anticipada.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en contra de la sentencia del 6 de abril de 2018 1, proferida por el Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 2, por medio de la cual se liquidó el convenio interadministrativo celebrado entre las partes y se reconoció un saldo a favor de Coopmunicipios.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El 5 de noviembre de 2009 , la Administradora Pública Cooperativa de MunicipiosCoopmunicipios, en liquidación 3presentó demanda4, en ejercicio de la acción de

saldo a favor de Coopmunicipios.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El 5 de noviembre de 2009 , la Administradora Pública Cooperativa de MunicipiosCoopmunicipios, en liquidación 3presentó demanda4, en ejercicio de la acción de controversias contractuales, en contra del municipio de Jamundí, con la pretensión de que se liquidara el convenio interadministrativo 005 de 2001 . Solicitó que en la

1 Fls. 422 – 463, c. ppl. 2 Este proceso fue remitido desde el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca hacia el Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en desarrollo de lo dispuesto por el artículo 1° del Acuerdo No. PSAA16 -10529 de 2016 en materia de descongestión (fl. 416, c1). 3 De acuerdo con el certificado de existencia y representación legal que obra a folios 224 – 228, c1. 4 Fls. 229 – 248, c1.2

Radicación número: 76001-23-31-000-2009-01037-01 (63.040)

Actor: Administradora Pública Cooperativa de Municipios – Coopmunicipios.

Demandado: Municipio de Jamundí.

Referencia: Decreto 01 de 1984 – Acción contractual. liquidación se le reconocieran valores por concepto de daño emergente, lucro cesante y desequilibrio económico de la relación negocial.

II. ANTECEDENTES

1. La demanda:

Mediante demanda radicada ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el 5 de noviembre de 2009, la Administradora Pública Cooperativa de Municipios (en adelante, Coopmunicipios o la cooperativa) en ejercicio de la acción de controversias

Mediante demanda radicada ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el 5 de noviembre de 2009, la Administradora Pública Cooperativa de Municipios (en adelante, Coopmunicipios o la cooperativa) en ejercicio de la acción de controversias contractuales, prevista en el artículo 87 del CCA, se dirigió en contra del municipio de Jamundí (en adelante, el municipio o la entidad), con el propósito de obtener las siguientes declaraciones y condenas (se transcriben de forma literal):

PRIMERA. Que se lleve a cabo la liquidación judicial del convenio interadministrativo No. 005 de 2001, cuyo objeto fue “operación y gestión de los procesos de responsabilidad de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Jamundí (Valle)”.

SEGUNDA. Que en el acta de liquidación se reconozca a favor de Coopmunicipios los siguientes valores:

  • La suma de doscientos treinta y dos millones ciento setenta y ocho mil seiscientos cincuenta y cinco pesos con 75/100 ($232’178.655,75), por concepto de daño emergente derivado de los ingresos dejados de percibir desde marzo de 2007 hasta septiembre de 200 8 (19 meses) a razón de $12’219.929,25 mensuales debido a la aplicación del Acuerdo 006 de 2007. - La suma de doscientos setenta y cuatro millones sesenta y tres mil doscientos setenta y cuatro pesos con 76/100 m/cte ($274’063.274,76), por concepto de lucro cesante derivado de las utilidades dejadas de percibir por la terminación anticipada del convenio , a razón de $8’304.947,72 por cada mes, desde octubre de 2008 hasta julio de 2011 (33 meses) fecha final del acuerdo

lucro cesante derivado de las utilidades dejadas de percibir por la terminación anticipada del convenio , a razón de $8’304.947,72 por cada mes, desde octubre de 2008 hasta julio de 2011 (33 meses) fecha final del acuerdo convencional. El valor reclamado es el resultado de multiplicar el promedio de ingresos brutos ($27’683.159,09) por el 30% durante 33 meses que se dejó de ejecutar el convenio por causas imputables al municipio de Jamundí derivadas de la entrada en vigencia del Acuerdo 006 de 2007. - La suma de treinta y dos millones seiscientos setenta mil pesos mcte ($32’670.000,00) por concepto de capital pagado por Coopmunicipios al Ministerio de Transporte, según los hechos narrados en el numeral décimo cuarto. - La suma de cincuenta millones trescientos siete mil setecientos ochenta pesos mcte ($50’307.780,00) por concepto de la operación de la Secretaría de Tránsito durante los meses de noviembre y diciembre de 2003, tal como se justifica en el numeral décimo quinto de los hechos.

El valor de las pretensiones económicas debe ser actualizado, debidamente indexado y liquidado de conformidad con lo establecido en el numeral 8 del artículo 4 de la Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios.3

Radicación número: 76001-23-31-000-2009-01037-01 (63.040)

Actor: Administradora Pública Cooperativa de Municipios – Coopmunicipios.

Demandado: Municipio de Jamundí.

Referencia: Decreto 01 de 1984 – Acción contractual.

1.1 Los fundamentos de hecho:

Actor: Administradora Pública Cooperativa de Municipios – Coopmunicipios.

Demandado: Municipio de Jamundí.

Referencia: Decreto 01 de 1984 – Acción contractual.

1.1 Los fundamentos de hecho:

La parte actora sustentó sus pretensiones en los fundamentos fácticos que, en síntesis, se expresan a continuación:

1. El municipio de Jamundí y Coopmunicipios, en liquidación, suscribieron el convenio interadministrativo 005 del 4 de julio de 2001 con el objeto de adelantar la “operación y gestión de los procesos de responsabilidad de la Secretaría de Tránsito y Transporte”. Se definió un porcentaje de participación de cada una de las partes por el recaudo que se efectuara en la ejecución de cada trámite, así:

Descripción del servicio Porcentaje de participación de la Cooperativa Porcentaje de participación del municipio

1. Registro automotor.

2. Registro de conductores.

3. Registro de infractores.

4. Registro de empresas y vehículos de transporte público.

5. Registro de tarjetas de operación.

6. Gestión de los procesos y administración de la información correspondiente a multas y comparendos por infracciones de tránsito y transporte en el municipio, de acuerdo con las normas legales vigentes al momento de la prestación efectiva de los servicios.

7. Gestión de los procesos y administración de la información correspondiente al impuesto unificado de vehículos y automotores.

49%

51%

8. Explotación del espacio público para parqueo.

70% 30%

de vehículos y automotores.

49%

51%

8. Explotación del espacio público para parqueo.

70% 30%

9. Explotación de los servicios de grúas y patios de inmovilización de vehículos.

78% 22%

10. Evaluación, control y seguimiento de las emisiones contaminantes por gases y ruido producido por fuentes móviles en el municipio de Jamundí.

78% 22%

3. Las tarifas que regían para el momento de celebración del negocio se encontraban en el Acuerdo 015 del 30 de mayo de 2001.

4. Para el desarrollo del convenio era necesario implementar aplicativos especializados que permitieran vincular al municipio al centro de información vehicular (CIV), lo que generó cargas adicionales para el demandante que hicieron

necesaria la suscripció n del otrosí No. 1 del 2 de abril de 2002, en el que se redefinieron los porcentajes de participación de la siguiente forma:4

Radicación número: 76001-23-31-000-2009-01037-01 (63.040)

Actor: Administradora Pública Cooperativa de Municipios – Coopmunicipios.

Demandado: Municipio de Jamundí.

Referencia: Decreto 01 de 1984 – Acción contractual.

Descripción del servicio Porcentaje de participación de la Cooperativa Porcentaje de participación del municipio

1. Registro automotor.

2. Registro de conductores.

3. Registro de infractores.

4. Registro de empresas y vehículos de transporte público.

5. Registro de tarjetas de operación.

6. Gestión de los procesos y administración de la información

1. Registro automotor.

2. Registro de conductores.

3. Registro de infractores.

4. Registro de empresas y vehículos de transporte público.

5. Registro de tarjetas de operación.

6. Gestión de los procesos y administración de la información correspondiente a multas y comparendos por infracciones de tránsito y transporte en el municipio, de acuerdo con las normas legales vigentes al momento de la prestación efectiva de los servicios.

7. Gestión de los procesos y administración de la información correspondiente al impuesto unificado de vehículos y automotores.

70,5%

29,5 %

8. Explotación del espacio público para parqueo.

70% 30%

9. Explotación de los servicios de grúas y patios de inmovilización de vehículos.

78% 22%

10. Evaluación, control y seguimiento de las emisiones contaminantes por gases y ruido producido por fuentes móviles en el municipio de Jamundí.

78% 22%

5. Mediante otrosí No. 3 del 1 de diciembre de 2006, las partes acordaron reducir el porcentaje de participación de Coopmunicipios en los ingresos derivados de los primeros siete trámites al 40%.

6. Al finalizar cada período fiscal, las tarifas de los trámites se incrementaban de acuerdo con las directrices impartidas por el municipio. Sin embargo, mediante Acuerdo 006 de 2007, estos valores disminuyeron en más del 43% para vehículos y 38% para motocicletas, lo que afectó el equilibrio económico del acuerdo.

acuerdo con las directrices impartidas por el municipio. Sin embargo, mediante Acuerdo 006 de 2007, estos valores disminuyeron en más del 43% para vehículos y 38% para motocicletas, lo que afectó el equilibrio económico del acuerdo.

7. Para el año 2006, el número de trámites se incrementó en un promedio del 40%, lo que generó mayores costos de operación, pero menores ingresos debido a la reducción de las tarifas.

8. El 31 de octubre de 2003, el alcalde del municipio presentó reclamación al Banco Megabanco por presuntas irregularidades en el recaudo de los dineros correspondientes a las licencias de conducción. Producto de estas irregularidades, el municipio no pagó las “especies venales” al Ministerio de Transporte, lo que ocasionó la “suspensión de rangos” para la entidad. En vista de esta situación, el ente territorial suscribió un acuerdo de pago con la cartera ministerial por valor de $181’961.053.5

Radicación número: 76001-23-31-000-2009-01037-01 (63.040)

Actor: Administradora Pública Cooperativa de Municipios – Coopmunicipios.

Demandado: Municipio de Jamundí.

Referencia: Decreto 01 de 1984 – Acción contractual.

9. A raíz del incumplimiento por parte del municipio de este acuerdo de pago, Coopmunicipios se vio obligada a pagarle al Ministerio de Transporte la suma de $32’670.000 con el fin de que se otorgaran los rangos de licencias de conducción y no paralizar la operación de la Secretaría de Tránsito.

10. Por otro lado, el municipio de Jamundí no pagó a Coopmunicipios la suma de

$32’670.000 con el fin de que se otorgaran los rangos de licencias de conducción y no paralizar la operación de la Secretaría de Tránsito.

10. Por otro lado, el municipio de Jamundí no pagó a Coopmunicipios la suma de $50’307.780, correspondiente a la operación de la Secretaría de Tránsito durante los meses de noviembre y diciembre de 2003, según consta en los oficios SH-0037 y SH0047 en los que el tesorero certificó la existencia de una deuda por valor de $57’741.770, que incluye dicha operación.

11. El 3 de junio de 2008, Coopmunicipios expuso a la Administración el desequilibrio económico por el que estaba atravesando, debido al Acuerdo 006 de 2007, por medio del cual se redujeron las tarifas que se encontraban vigentes para trámites ante la secretaría de tránsito municipal.

12. Mediante oficio del 10 de septiembre de 2008, la cooperativa le solicitó al municipio de Jamundí la terminación y liquidación del convenio, por lo que el 30 de septiembre del mismo año se suscribió el acta de terminación por mutuo acuerdo.

Esta terminación anticipada le impidió obtener la tasa de retorno proyectada para los 10 años de ejecución.

13. El 4 de noviembre de 2008, Coopmunicipios presentó a la entidad territorial un proyecto de acta de liquidación, pero no obtuvo ninguna respuesta.

1.2 Los fundamentos de derecho:

El actor invocó como fundamentos de derecho el artículo 6 de la Constitución Política, el 1602 del Código Civil, el 77 del CCA y los artículos 4, 5, 26 y 50 de la Ley 80 de

1.2 Los fundamentos de derecho:

El actor invocó como fundamentos de derecho el artículo 6 de la Constitución Política, el 1602 del Código Civil, el 77 del CCA y los artículos 4, 5, 26 y 50 de la Ley 80 de 1993.

2. Actuaciones procesales de primera instancia:

Mediante auto del 23 de noviembre de 20095, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca admitió la demanda, ordenó su notificación al municipio de Jamundí y al

5 Fls. 252 – 253, c1.6

Radicación número: 76001-23-31-000-2009-01037-01 (63.040)

Actor: Administradora Pública Cooperativa de Municipios – Coopmunicipios.

Demandado: Municipio de Jamundí.

Referencia: Decreto 01 de 1984 – Acción contractual.

Ministerio Público, así como la fijación en lista por el término de 10 días, de conformidad con el numeral 5° del artículo 207 del CCA.

El 22 de junio de 2016 6, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca dio cumplimiento al Acuerdo No. PSAA16 -10529 del 14 de junio del mismo año -por medio del cual se adoptaron unas medidas de descongestióny remitió el proceso al Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, para que profiriera sentencia.

2.1. Contestación de la demanda:

El 6 de mayo de 2010 , el municipio de Jamundí contestó la demanda 7 y se opuso a las pretensiones de la parte actora.

Argumentó que la terminación del convenio no fue consecuencia de algún

El 6 de mayo de 2010 , el municipio de Jamundí contestó la demanda 7 y se opuso a las pretensiones de la parte actora.

Argumentó que la terminación del convenio no fue consecuencia de algún incumplimiento por parte del ente territorial, pues obedeció a una solicitud presentada por Coopmunicipios, en la cual alegó un supuesto desequilibrio económico debido a las variaciones en las tarifas de los servicios prestados en la operación de los procesos de tránsito y transporte. Señaló que dicha variación obedeció a un estudio comparativo con otros municipios de la región, en el que se evidenció que las tarifas del ente territorial eran las más altas, y agregó que la expedición del Acuerdo 006 de 2007 no solo afectó a Coopmunicipios, sino que también disminuyó los ingresos percibidos por el municipio de Jamundí.

Formuló las excepciones de (i) cobro de lo no debido, fundamentado en que el municipio se limitó a dar cumplimiento al Acuerdo 006 de 2007 y (ii) falta de legitimación en la causa, sobre la base de que la deuda reconocida a favor de la cooperativa por valo r de $57’741.770 debía cobrarse a través de un proceso ejecutivo. En esta línea, informó que Coopmunicipios instauró una demanda ejecutiva en contra del municipio de Jamundí por las mismas razones que se debaten en el sub-lite8.

3. La sentencia impugnada:

6 Fl. 416, c1. 7 Fls. 271 – 276, c1. El auto admisorio se notificó personalmente el 5 de marzo de 2010 (fl. 263, c1). El

3. La sentencia impugnada:

6 Fl. 416, c1. 7 Fls. 271 – 276, c1. El auto admisorio se notificó personalmente el 5 de marzo de 2010 (fl. 263, c1). El término de fijación en lista transcurrió del 23 de abril al 6 de mayo de 2010 (f. 286, c1). 8 La parte demandante presentó sus alegatos de conclusión y reiteró los argumentos de la demanda (fls. 307 – 311, c1).7

Radicación número: 76001-23-31-000-2009-01037-01 (63.040)

Actor: Administradora Pública Cooperativa de Municipios – Coopmunicipios.

Demandado: Municipio de Jamundí.

Referencia: Decreto 01 de 1984 – Acción contractual.

El Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, por medio de la sentencia del 6 de abril de 2018 9, resolvió liquidar el convenio interadministrativo con un saldo de $101’229.904 a favor de Coopmunicipios.

Señaló que no había lugar a reconocer la suma de $274’063.274,76, reclamada por el demandante por concepto de lucro cesante derivado de las utilidades dejadas de percibir por la terminación anticipada del convenio, comoquiera que dicha terminación se dio p or mutuo acuerdo entre las partes, lo que supone que Coopmunicipios renunció a seguir prestando sus servicios por el término de ejecución restante.

Con relación al valor de $23’670.000 solicitado por el actor con motivo del capital pagado por Coopmunicipios al Ministerio de Transporte, el a quo estimó que tal

renunció a seguir prestando sus servicios por el término de ejecución restante.

Con relación al valor de $23’670.000 solicitado por el actor con motivo del capital pagado por Coopmunicipios al Ministerio de Transporte, el a quo estimó que tal prestación fue ejecutada por fuera del convenio, sin que mediara un pacto, orden o autorización de la entidad demandada, por lo que no fue incluida en el balance de cuentas.

En cuanto a la pretensión de daño emergente, correspondiente a $232’178.655,75 por los ingresos dejados de percibir desde marzo de 2007 hasta septiembre de 2008 debido a la aplicación del Acuerdo 006 de 2007, evidenció que el convenio no fijó los valores de los servicios que debía prestar la cooperativa ni el beneficio esperado, por lo que concluyó que la utilidad pactada era variable y dependía de la demanda de servicios y la tarifa, la cual era fijada por el concejo municipal dentro de su autonomía y competencias. En esa línea, no era posible determinar las condiciones iniciales del contrato [sic] en aras de restablecer la ecuación económica a un punto de no pérdida.

Sobre el pago de $50’307.780 por la operación durante los meses de noviembre y diciembre de 2003, comoquiera que en el proceso obra la factura que contiene dicha obligación y que la entidad territorial reconoció la deuda en la contestación de la demanda, e l convenio se liquidó con la inclusión de este valor debidamente actualizado desde enero de 2004.

Finalmente, consideró que no había lugar a condenar en costas debido a que no se evidenció temeridad ni mala fe en la actuación procesal.

9 Fls. 369 – 371, c. ppl.8

Finalmente, consideró que no había lugar a condenar en costas debido a que no se evidenció temeridad ni mala fe en la actuación procesal.

9 Fls. 369 – 371, c. ppl.8

Radicación número: 76001-23-31-000-2009-01037-01 (63.040)

Actor: Administradora Pública Cooperativa de Municipios – Coopmunicipios.

Demandado: Municipio de Jamundí.

Referencia: Decreto 01 de 1984 – Acción contractual.

4. Recurso de apelación:

El 3 de julio de 2018 10, el actor interpuso el recurso de apelación 11 en contra de la decisión anterior y solicitó que se concedieran los siguientes valores:

  • $274’063.274,76, por las utilidades dejadas de percibir debido a la terminación anticipada del convenio. - $232’178.655,75, correspondientes a los ingresos que no recibió en el lapso comprendido entre marzo de 2007 y septiembre de 2008 como consecuencia de la aplicación del Acuerdo 006 de 2007. - $32’670.000 a título del capital cancelado al Ministerio de Transporte como consecuencia del acuerdo de pago incumplido por el municipio.

Agregó que compartía la indexación efectuada por el tribunal, pero reclamó el reconocimiento de los intereses moratorios establecidos en el numeral 8 del artículo 4 de la Ley 80 de 1993 sobre todas las sumas reconocidas en primera y segunda instancia.

El recurrente sostuvo que el convenio interadministrativo 005 de 2001 sí fijó los valores de los servicios que debía prestar el contratista, pues para iniciar la ejecución del contrato el precio de los trámites se fijó mediante Acuerdo 015 del 30 de mayo de

El recurrente sostuvo que el convenio interadministrativo 005 de 2001 sí fijó los valores de los servicios que debía prestar el contratista, pues para iniciar la ejecución del contrato el precio de los trámites se fijó mediante Acuerdo 015 del 30 de mayo de 2001 y se pactó que Coopmunicipios recibiría un porcentaje del recaudo por su operación. Así, el valor que recibía el demandante se obtenía de multiplicar el total de ingresos del municipio por el porcentaje pactado en el convenio, lo que se podía evidenciar en la relación de ingresos desde enero de 2002 hasta noviembre de 2006 que arrojó un promedio histórico mensual de $27’683.159. Comoquiera que el promedio de ingresos a partir del 1 marzo de 2007 -fecha en la que empezó a regir el Acuerdo 006 de 2007fue de $15’463.229,84, consideró que se debía restablecer el equilibrio económico a razón de $12’219.929,25 dejados de percibir cada mes por los 19 meses en los que se ejecutó el negocio a partir de la entrada en vigor del acuerdo municipal.

10 El proceso fue devuelto al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 17 de mayo de 2018 para notificar la sentencia (fl. 465, c.ppl). Su notificación se surtió mediante edicto (art. 173 CCA), fijado por el término comprendido entre el 29 de junio y el 4 de julio de 2018 (fl. 485, c.ppl), por lo que el término para presentar el recurso de apelación transcurrió entre el 5 y el 18 de julio del mismo año. Comoquiera que el recurso se presentó el 3 de julio de 2018, cuando se encontraba fijado el edicto, s e evidencia

para presentar el recurso de apelación transcurrió entre el 5 y el 18 de julio del mismo año. Comoquiera que el recurso se presentó el 3 de julio de 2018, cuando se encontraba fijado el edicto, s e evidencia que fue oportuno. 11 Fls. 467 – 484, c. ppl.9

Radicación número: 76001-23-31-000-2009-01037-01 (63.040)

Actor: Administradora Pública Cooperativa de Municipios – Coopmunicipios.

Demandado: Municipio de Jamundí.

Referencia: Decreto 01 de 1984 – Acción contractual.

Para sustentar el desequilibrio, elaboró un cuadro comparativo de las tarifas vigentes en julio de 2001, en febrero de 2007 y los precios aprobados mediante el acuerdo referido, que se aplicaron a partir del 1 de marzo de 2007. Señaló que el promedio global de disminución de precios fue del 43% para trámites de automotores y 38% para motocicletas, lo que representó una disminución de ingresos para Coopmunicipios del 40,5%.

Sobre la expedición del citado acuerdo, señaló que la finalidad del concejo municipal fue afectar financieramente a Coopmunicipios sin ningún estudio previo y favorecer a la empresa encargada de la operación de licencias de conducción, pues el precio de este trámite no fue modificado.

Aseguró que, si bien el convenio se terminó por mutuo acuerdo, dicha decisión obedeció a causas imputables al municipio, debido a la “asfixia económica” que le impuso a la cooperativa durante los 19 meses que duró la operación luego de la expedición del acuerdo, por lo que reiteró la solicitud de reconocer las utilidades

obedeció a causas imputables al municipio, debido a la “asfixia económica” que le impuso a la cooperativa durante los 19 meses que duró la operación luego de la expedición del acuerdo, por lo que reiteró la solicitud de reconocer las utilidades dejadas de percibir por su terminación anticipada.

Refirió que dentro del proceso se practicó un dictamen pericial para verificar los ingresos de Coopmunicipios desde enero de 2002 hasta noviembre de 2006, pero dicha prueba no fue valorada en la decisión de primera instancia. Por lo tanto, solicitó su práctica en segunda instancia.

Finalmente, manifestó que el pago al Ministerio de Transporte se efectuó en el marco del convenio, porque para la operación de la Secretaría de Tránsito se generó una relación triangular permanente entre el municipio, el apelante y el ministerio, pues este último se encargaba de otorgar los rangos para las licencias de conducción y las especies venales para el desarrollo de las actividades convenidas. Por lo tanto, en vista de que el municipio no pagaba sus obligaciones con el ministerio, Coopmunicipios efe ctuó los pagos necesarios para evitar la paralización de la operación y el consecuente incumplimiento contractual. Por lo tanto, estos pagos constituían una obligación derivada del convenio, que se dirigía a evitar la suspensión de los servicios de la Secretaría de Tránsito.

5. Trámite en segunda instancia:10

Radicación número: 76001-23-31-000-2009-01037-01 (63.040)

Actor: Administradora Pública Cooperativa de Municipios – Coopmunicipios.

Demandado: Municipio de Jamundí.

Referencia: Decreto 01 de 1984 – Acción contractual.

Actor: Administradora Pública Cooperativa de Municipios – Coopmunicipios.

Demandado: Municipio de Jamundí.

Referencia: Decreto 01 de 1984 – Acción contractual.

Por medio del auto del 30 de octubre de 2018 12, el tribunal concedió el recurso de apelación, y ordenó remitir el expediente a esta Corporación para que decidiera sobre su admisibilidad.

Mediante proveído del 21 de enero de 201913, se admitió el recurso y en providencia del 29 de marzo siguiente 14 se negó la solicitud probatoria elevada por el apelante, toda vez que el dictamen pericial que solicitó fue decretado, practicado e incorporado al expediente durante el trámite de la primera instancia.

Luego, en auto del 24 de abril de 201915, se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para que alegaran de conclusión y rindiera concepto, respectivamente16.

Coopmunicipios presentó sus alegaciones finales 17 y reiteró los argumentos expuestos en la apelación. Por su parte, el municipio de Jamundí guardó silencio. El Ministerio Público emitió su concepto 18 y solicitó que se confirmara la decisión de primera instancia, pero con la liquidación de los intereses moratorios pretendidos por el apelante.

III. CONSIDERACIONES

1. Jurisdicción y competencia del Consejo de Estado:

Como la demanda se instauró ante esta jurisdicción en el año 2009, se rige por lo prescrito en el Código Contencioso Administrativo -Decreto 01 de 1984-, por cuanto la Ley 1437 de 2011, según su artículo 308, entró a regir el 2 de julio de 2012. Debe

prescrito en el Código Contencioso Administrativo -Decreto 01 de 1984-, por cuanto la Ley 1437 de 2011, según su artículo 308, entró a regir el 2 de julio de 2012. Debe recordarse que, en virtud del inciso tercero de la precitada disposición, “Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”.

12 Fls. 506, c. ppl. 13 Fl. 514, c. ppl. 14 Fl. 380, c. ppl. 15 Fl. 516, c. ppl. 16 El término para que las partes presentaran alegatos de conclusión transcurrió entre el 15 y el 28 de mayo de 2019. El 27 de mayo del mismo año, el Ministerio Público solicitó el traslado especial de que trata el artículo 210 del CCA para emitir su concepto, el cual podía ser presentado hasta el 12 de junio del 2019. 17 Fls. 518 – 527, c. ppl. 18 Fls. 528 – 542, c. ppl.11

Radicación número: 76001-23-31-000-2009-01037-01 (63.040)

Actor: Administradora Pública Cooperativa de Municipios – Coopmunicipios.

Demandado: Municipio de Jamundí.

Referencia: Decreto 01 de 1984 – Acción contractual.

De este modo, el Consejo de Estado es funcionalmente competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos en contra de las sentencias dictadas por los tribunales administrativos en primera instancia, en los términos del artículo 129 del CCA, modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998.

los recursos de apelación interpuestos en contra de las sentencias dictadas por los tribunales administrativos en primera instancia, en los términos del artículo 129 del CCA, modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998.

Por otra parte, el artículo 82 del CCA, modificado por el artículo 30 de la Ley 446 de 1998, y este por el artículo 1 de la Ley 1107 de 2006, estableció que la jurisdicción de lo contencioso administrativo juzgaría las controversias y los litigios originad os en la actividad de las entidades públicas, naturaleza que ostentan las partes en el sub-lite.

También le asiste competencia a la Sala para conocer del recurso de apelación interpuesto por Coopmunicipios, por tratarse de un proceso iniciado en ejercicio de la acción de controversias contractuales con vocación de doble instancia en razón de la cuantía, dado que la pretensión mayor 19 excede los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de presentación de la demanda20.

2. Legitimación en la causa:

La Administradora Pública Cooperativa de Municipios – Coopmunicipios se encuentra legitimada en la causa por activa, pues celebró el “convenio interadministrativo 005 de 2001” sobre el cual recaen las pretensiones invocadas. A su vez, el municipio de Jamundí está legitimado por pasiva en cuanto fue parte del denominado “convenio” objeto de la controversia.

3. Naturaleza del convenio interadministrativo 005 de 2001 y régimen jurídico

aplicable:

Antes de abordar la oportunidad del medio de control y la regla de caducidad aplicable al caso, se hace necesario establecer la naturaleza del “convenio” celebrado por las

aplicable:

Antes de abordar la oportunidad del medio de control y la regla de caducidad aplicable al caso, se hace necesario establecer la nat

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