CE - Sentencia 76001233300020160144101
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 76001233300020160144101
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Radicación número: 76001-23-33-000-2016-01441-01 (70571)
Actor: ARCENIO CHIRIPUA CHAMARRA Y OTROS
Demandado: NACIÓN -MINISTERIO DE DEFENSA -EJÉRCITO NACIONAL Y
OTROS
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DE PERJUICIOS
CAUSADOS A UN GRUPO
Temas: DAÑOS DERIVADOS DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS – Desplazamiento forzado de los miembros de la comunidad indígena Wounaan ubicados en el río San Juan, entre los departamentos del Valle del Cauca y Chocó / MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A UN GRUPO - La integración del grupo y los efectos vinculantes de la sentencia / DERECHO DE EXCLUSIÓN - La sentencia proferida vincula a todos sus miembros, excepto cuando el medio de control de carácter individual se hubiera interpuesto antes de la admisión del medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo / COSA JUZGADA - Probada al existir identidad jurídica de partes, causa y objeto.
La Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 25 de septiembre de 2023, por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual declaró probada la
La Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 25 de septiembre de 2023, por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual declaró probada la excepción de cosa juzgada.
I. SÍNTESIS DEL CASO
En septiembre de 2014, los miembros de la comunidad indígena Wounaan, quienes ocupaban una zona a orillas del río San Juan, entre los departamentos del Valle del Cauca y Chocó, fueron víctimas de desplazamiento forzado. Los demandantes pretenden que se declare la responsabilidad de las entidades demandadas, porque no adoptaron ninguna medida para garantizar sus derechos, ni realizaron acciones para neutralizar a los grupos al margen de la ley, a pesar de las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo para que evitaran un inminente desplazamiento forzado.Radicación número: 76001-23-33-000-2016-01441-01 (70571) Actor: Arcenio Chiripua Chamarra y otros Demandado: Nación-Ministerio de Defensa Nacional y otros Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
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II. ANTECEDENTES
1.- La demanda
En escrito presentado el 20 de septiembre de 2016 (fls. 157 a 183 c. 1), la señora Marden Chirimia Chapurro, quien actúa en nombre propio y en representación de los menores de edad Marvin Chirimia Chiripua, Aníbal Chirimia Chiripua, Jhoni Chirimia Chiripua y Lucely Chirimia Chiripua; Wilfrido Chamapuro Opua y Luz Edith Valencia Chocho, quienes actúan en nombre propio y en representación de los
Chirimia Chiripua y Lucely Chirimia Chiripua; Wilfrido Chamapuro Opua y Luz Edith Valencia Chocho, quienes actúan en nombre propio y en representación de los menores de edad Carmen Yelisa Chamapuro Valencia y Ana Sirley Chamapuro Valencia; Cenico Chamapuro Peña, quien actú a en nombre propio y en representación de los menores de edad José Neitor Chamapuro Opua, María Inés Chamapuro Opua, Edilsa Chamapuro Opua, Yurley Chamapuro Opua, Tatiana Chamapuro Opua y Holmero Chamapuro Opua; Tiverio Maya Chocho, quien actúa en nombre propio y en representación de los menores de edad Laura Marcela Maya Chiripua y Nelly Jazmín Maya Chiripua; Arcenio Chiripua Chamarra y Javier Ismare, miembros de la comunidad indígena Wounaan, por conducto de apoderado judicial (fl. 2 c. 1), interpusieron demanda en ejercicio del medio de control de reparación de perjuicios causados a un grupo contra la Nación -Ministerio de Defensa-Ejército Nacional-Policía Nacional-Armada Nacional-Fuerza Aérea, con el fin de que se les declarara patrimonialmente responsabl es por el desplazamiento forzado del que fueron víctimas en septiembre de 2014 en las orillas del Río San Juan, en la jurisdicción del Distrito de Buenaventura.
Como consecuencia de la anterior declaración, solicitaron a título de indemnización de perjuicios morales una suma equivalente a cien (100) SMLMV, para cada uno de los integrantes del grupo identificado en la demanda y para los que concurran al proceso. Por concepto de afectación o vulneración relevante a bienes o derechos
de perjuicios morales una suma equivalente a cien (100) SMLMV, para cada uno de los integrantes del grupo identificado en la demanda y para los que concurran al proceso. Por concepto de afectación o vulneración relevante a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados pidieron una suma de cien (100) SMMLV, para cada uno.
Como fundamentos fácticos de la demanda se narraron, en síntesis, los siguientes:
Los demandantes eran miembros de la comunidad indígena Wounaan, quienes ocupaban desde tiempo atrás una zona a orillas del río San Juan, en la jurisdicción del Distrito de Buenaventura, cerca de la frontera con el departamento del Chocó.
Desde hace más de una década la población de esta región fue víctima de actos de violencia por parte de grupos armados como las FARC-EP, el ELN y los bloques Calima y Pacífico de las autodefensas, entre ellos, restricciones de la movilidadRadicación número: 76001-23-33-000-2016-01441-01 (70571) Actor: Arcenio Chiripua Chamarra y otros Demandado: Nación-Ministerio de Defensa Nacional y otros Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
3 fluvial y terrestre, amenazas, reclutamiento forzado de jóvenes, masacres, homicidios selectivos, entre otros.
A pesar de las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo para que evitaran un inminente desplazamiento forzado de estas personas, las entidades accionadas no adoptaron ninguna medida para garantizar los derechos de los residentes de esta zona, ni realizaron acciones para neutralizar a los criminales.
inminente desplazamiento forzado de estas personas, las entidades accionadas no adoptaron ninguna medida para garantizar los derechos de los residentes de esta zona, ni realizaron acciones para neutralizar a los criminales.
En septiembre de 2014 se presentaron en esa zona hostigamientos, extorsiones y reclutamientos contra las comunidades indígenas que habitaban en las orillas del río San Juan, lo que causó el desplazamiento forzado de un grupo de más de 300 personas.
Según la demanda, el desplazamiento forzado trajo como consecuencia sufrimiento e intenso dolor, una reiterada vulneración de sus derechos fundamentales y la grave alteración de su proyecto de vida, puesto que los actores dejaron de ejercer sus labores cotidianas de agricultura y no pudieron disfrutar de su estilo de vida en la región del pacífico.
2.- Trámite en primera instancia
2.1. La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante auto de 4 de octubre de 2016, que se notificó en debida forma a las entidades demandadas, la Defensoría del Pueblo y al Ministerio Público (fl. 185 c. 1).
La Policía Nacional contestó la demanda dentro de la respectiva oportunidad procesal y, en síntesis, adujo que la seguridad de esas comunidades estaba a cargo de la Infantería de Marina que pertenecía a la Armada Nacional, la cual disponía de patrimonio independiente para el pago de eventuales condenas.
Adicionalmente, manifestó que no era admisible declarar la responsabilidad del Estado por hechos cometidos por un grupo armado al margen de la ley, en los cuales no se evidenciaba un actuar negativo de la institución policial (fls. 197 a 218
Adicionalmente, manifestó que no era admisible declarar la responsabilidad del Estado por hechos cometidos por un grupo armado al margen de la ley, en los cuales no se evidenciaba un actuar negativo de la institución policial (fls. 197 a 218 c. 1).
El Ministerio de Defensa -Ejército Nacional -Armada Nacional -Fuerza Aéreacontestó oportunamente la demanda y sostuvo que los hechos se ocasionaron por grupos al margen de la ley, lo cual constituía la causal de exoneración de responsabilidad del hecho de un tercero.Radicación número: 76001-23-33-000-2016-01441-01 (70571) Actor: Arcenio Chiripua Chamarra y otros Demandado: Nación-Ministerio de Defensa Nacional y otros Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
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Afirmó que la parte actora no demostró que la causa que dio origen al desplazamiento fue consecuencia directa de la acción u omisión de la entidad, ni se vislumbraba alguna negligencia frente a alguna alerta temprana, denuncias o similares que dieran cuenta de una situación de riesgo particular.
Adicionalmente, formuló la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, porque no fue esa entidad la que propició el desplazamiento forzado de la Comunidad Indígena Wounaan, cuyos hechos eran atribuibles a un tercero (fls. 316 a 384 c. 2).
2.2. El 18 de junio de 2019, a raíz de la petición del Ministerio de Defensa, el Tribunal ordenó la vinculación del departamento del Valle del Cauca, el distrito de
a 384 c. 2).
2.2. El 18 de junio de 2019, a raíz de la petición del Ministerio de Defensa, el Tribunal ordenó la vinculación del departamento del Valle del Cauca, el distrito de Buenaventura, el Departamento para la Prosperidad Social y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. No se vinculó a la Fiscalía General de la Nación porque sus competencias se orientaban a la investigación de los delitos, entre ellos el desplazamiento forzado, pero no tenía facultades para controlar ese flagelo social (fls. 453 a 454 c. 2).
Al contestar la demanda, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas expresó que, si bien para 2014 ya había sido creada, no le correspondía la ejecución de medidas de prevención del desplazamiento. Además, que existía ausencia de respo nsabilidad e inexistencia de nexo de causalidad, porque el desplazamiento fue causado por grupos armados al margen de la ley, lo cual configuraba el eximente de responsabilidad del hecho de un tercero (fls. 464 a 488 c. 2).
Por su parte, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social -DPSpropuso las siguientes excepciones:
Falta de legitimación en la causa por pasiva, porque no era la encargada del restablecimiento del orden público, ni de combatir a los grupos alzados al margen de la ley, funciones que eran propias de la Fuerza Pública.
Hecho exclusivo de un tercero, en consideración a que los daños reclamados fueron ocasionados por grupos armados al margen de la ley (fls. 501 a 514 c. 2).
Hecho exclusivo de un tercero, en consideración a que los daños reclamados fueron ocasionados por grupos armados al margen de la ley (fls. 501 a 514 c. 2).
El distrito de Buenaventura, en el escrito de contestación de la demanda, propuso la excepción del hecho exclusivo de un tercero, habida cuenta de que elRadicación número: 76001-23-33-000-2016-01441-01 (70571) Actor: Arcenio Chiripua Chamarra y otros Demandado: Nación-Ministerio de Defensa Nacional y otros Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
5 desplazamiento forzado no fue originado en acciones u omisiones de la entidad, sino que fue causado por un grupo armado ilegal (fls. 521 a 543 c. 2).
El departamento del Valle del Cauca contestó la demanda de manera extemporánea (fl. 589 c. 2).
2.3. El 24 de febrero de 2022, se celebró la audiencia de conciliación, de conformidad con lo establecido en el artículo 61 de la Ley 472 de 1998, la cual se declaró fallida (Samai-índice 61 Tribunal).
2.4. El 30 de junio y el 28 de julio de 2022, se llevó a cabo la audiencia de pruebas de que trata el artículo 62 de la Ley 472 de 1998 y se corrió traslado las partes para que presentaran sus alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que emitiera su concepto (Samai-índices 104 y 116 Tribunal).
La parte demandante sostuvo que se encontraba acreditado el daño con las resoluciones mediante las cuales se reconoció a todos los demandantes en el
su concepto (Samai-índices 104 y 116 Tribunal).
La parte demandante sostuvo que se encontraba acreditado el daño con las resoluciones mediante las cuales se reconoció a todos los demandantes en el Registro Único de Víctimas – RUV – por el hecho victimizante del desplazamiento forzado. Alegó, asimismo, que se encontraba demostrada la imputación, porque la Defensoría del Pueblo alertó a la Fuerza Pública desde el año 2008 y hasta el año 2013 de la situación de riesgo por la que atravesaba la Comunidad Wounaan, lo cual revelaba una flagrante falla del servicio, pues las demandadas omitieron tomar medidas tendientes a evitar el desplazamiento forzado (Samai-índice 119 Tribunal).
El Ministerio de Defensa -Ejército Nacional-Armada Nacional-Fuerza Aéreaindicó que en el presente caso se configuró la excepción de cosa juzgada, toda vez que sobre estos mismos hechos existía una “acción de grupo” , radicada bajo el No. 76001-23-33-000-2017-01845-01 (64094) (AG), en la cual el Consejo de Estado había proferido sentencia de segunda instancia, mediante la cual condenó a las entidades demandadas.
Explicó que los afectados del presente proceso eran los mismos que fueron cobijados por la referida sentencia, esto es, los indígenas de la Comunidad Wounaan que habitaban la cuenca baja del río San Juan y que fueron desplazados en el año 2014, quienes en ningún caso probaron que hubieran solicitado expresamente su exclusión en la oportunidad legal y que adelantaron acciones individuales antes de la admisión de la “ acción de grupo” (Samai-índice 118
en el año 2014, quienes en ningún caso probaron que hubieran solicitado expresamente su exclusión en la oportunidad legal y que adelantaron acciones individuales antes de la admisión de la “ acción de grupo” (Samai-índice 118 Tribunal).Radicación número: 76001-23-33-000-2016-01441-01 (70571) Actor: Arcenio Chiripua Chamarra y otros Demandado: Nación-Ministerio de Defensa Nacional y otros Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
6 El distrito de Buenaventura refirió que en el asunto objeto de controversia se configuró la causal eximente de responsabilidad del hecho de un tercero, porque, según la demanda, el desplazamiento forzado fue ocasionado por un grupo al margen de la ley (Samai-índice 121 Tribunal).
El departamento del Valle del Cauca argumentó que no tenía legitimación en la causa por pasiva, porque una vez ocurrido el desplazamiento forzado, correspondía al Distrito de Buenaventura prestar el alojamiento y la alimentación transitoria a la comunidad que se asentó en su territorio, a lo que agregó que ni por acción u omisión causó el desplazamiento forzado (Samai-índice 122 Tribunal).
El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social señaló que no era su función mantener el orden público ni combatir a los grupos armados al margen de la ley, luego no era responsable del desplazamiento forzado (Samai -índice 128 Tribunal).
La Policía Nacional y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas reiteraron los argumentos expuestos en la contestación de la demanda
Tribunal).
La Policía Nacional y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas reiteraron los argumentos expuestos en la contestación de la demanda (Samai-índices 120 y 125 Tribunal).
El Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal (Samai-índice 132 Tribunal).
2.4. El 5 de septiembre de 2022, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca decretó como prueba de oficio, la incorporación al proceso de la sentencia proferida el 2 de marzo de 2022 por el Consejo de Estado, en el medio de control de reparación de perjuic ios causados a un grupo radicado bajo el No. 76001 -23-33000-2017-01845-01 (64094) (AG) (Samai-índice 134 Tribunal). Allegada la prueba documental correspondiente, se corrió traslado a las partes, oportunidad en la que guardaron silencio.
4.- Sentencia de primera instancia
Mediante sentencia del 25 de septiembre de 2023, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca declaró probada la excepción de cosa juzgada.
Para arribar a la anterior conclusión, consideró que el litigio planteado fue resuelto en la sentencia del 2 de marzo de 2022, proferida en segunda instancia por el Consejo de Estado, en el proceso radicado bajo el número 76001-23-33-000-201701845-01.Radicación número: 76001-23-33-000-2016-01441-01 (70571) Actor: Arcenio Chiripua Chamarra y otros Demandado: Nación-Ministerio de Defensa Nacional y otros Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
Actor: Arcenio Chiripua Chamarra y otros Demandado: Nación-Ministerio de Defensa Nacional y otros Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
7 Para sustentar su posición, explicó que, por medio de la referida providencia, el Consejo de Estado revocó la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y, en su lugar, declaró la responsabilidad del Ministerio de DefensaEjército Nacional, el Distrito de Buenaventura y la UARIV, por el desplazamiento forzado padecido por el pueblo indígena Wounaan de las comunidades de Chachajo, Chamapuro y Aguaclara. Como consecuencia, condenó a las entidades a pagar los perjuicios inmateriales causados en un monto de 50 SMLMV para cada indígena. En este sentido, ordenó entregar al fondo para la protección de los derechos colectivos el equivalente a 20.250 SMLMV dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de la sentencia, para pagar las ind emnizaciones de los integrantes del grupo.
Puntualizó que en la sentencia que profirió el Consejo de Estado el 2 de marzo de 2022, se consideró que el riesgo de desplazamiento forzado estuvo latente durante años en el pueblo Wounaan, en atención a que se materializaron las alarmas advertidas por la Corte Constitucional en el auto 004 de 2009, entre otras, el asesinato selectivo de líderes o autoridades propias con el fin de aterrorizar o desplazar a la comunidad, el confinamiento impuesto por distintos grupos armados al margen de la ley y los contro les de comportamiento y de las pautas culturales, prácticas que elevaban la probabilidad de su exterminio.
desplazar a la comunidad, el confinamiento impuesto por distintos grupos armados al margen de la ley y los contro les de comportamiento y de las pautas culturales, prácticas que elevaban la probabilidad de su exterminio.
Bajo el mismo hilo argumentativo, razonó que las fuerzas armadas estaban al tanto de la situación y la constataron durante años desde la Comisión Intersectorial de Alertas Tempranas -CIATque expidió la alerta temprana 032 de 2008, en la que se advirtió q ue las comunidades demandantes estaban en riesgo inminente de desplazamiento. Durante varios años, esa alerta temprana se mantuvo vigente por decisión de la misma CIAT. En 2013, poco antes del desplazamiento, esa comisión también decidió mantener la alerta temprana y lo hizo por varios años después, incluso hasta después del retorno.
En línea con lo expuesto, concluyó que había identidad de causa, porque ambos procesos se originaron en el desplazamiento de los habitantes de la comunidad indígena Wounaan, ubicados en la cuenca baja del río San Juan, ocurrido en septiembre de 2014, ante la omisión de evitar el desplazamiento masivo, por el riesgo existente y el incumplimiento de las obligaciones específicas de prevención y protección por parte de la Nación – Ministerio de Defensa.
Al lado de lo anterior, recalcó que existía identidad de partes por pasiva, puesto que los demandados fueron la Nación -Ministerio de Defensa -Ejército Nacional, elRadicación número: 76001-23-33-000-2016-01441-01 (70571) Actor: Arcenio Chiripua Chamarra y otros Demandado: Nación-Ministerio de Defensa Nacional y otros
Actor: Arcenio Chiripua Chamarra y otros Demandado: Nación-Ministerio de Defensa Nacional y otros Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
8 Distrito de Buenaventura y la UARIV; asimismo, identidad de partes por activa, en atención a que los gobernadores de las comunidades indígenas de las comunidades de Unión Agua Clara, Chamapuro y Chachajo otorgaron poder para que se actuara en su nombre y representación y en el de sus “comuneros individual y colectivamente considerados”.
Finalmente, razonó que existía identidad de objeto, porque en ambos procesos se pretendía la declaratoria de responsabilidad estatal por el desplazamiento ocurrido, así como la indemnización de perjuicios inmateriales, y en la sentencia proferida por el Co nsejo de Estado se resolvieron estas pretensiones (Samai -índice 165 Tribunal).
5El recurso de apelación
Inconforme con la anterior decisión, la parte demandante interpuso recurso de apelación y como sustento manifestó que no era procedente la declaratoria de cosa juzgada “muy a pesar de la identidad entre ambos procesos” , pues existía una excepción a sus efectos cuando se “hubieren ejercido acciones individuales antes de la admisión de la acción de grupo”, como ocurrió en el presente caso1, de modo que la “acción de grupo” de la cual conoció el Consejo de Estado sólo vinculaba a los aquí demandantes en la medida en que expresamente lo hubieran solicitado.
En adición a lo dicho, argumentó que, de conformidad con el artículo 53 de la Ley 472 de 1998, se informó a través de medio de comunicación masivo acerca de la
los aquí demandantes en la medida en que expresamente lo hubieran solicitado.
En adición a lo dicho, argumentó que, de conformidad con el artículo 53 de la Ley 472 de 1998, se informó a través de medio de comunicación masivo acerca de la existencia del presente medio de control, por lo cual los miembros del grupo o los apoderados que ejercieran acciones futuras eran quienes debían ser sujetos a la presente “acción” por haberse interpuesto inicialmente y excluirse o apegarse a sus resultas.
Finalmente, sostuvo que el Tribunal debió aplicar la excepción de inconstitucionalidad respecto del artículo 66 de la Ley 472 de 1998, que establecía el efecto de cosa juzgada de la sentencia de “acción de grupo” frente a quienes “perteneciendo al grupo no manifestaron oportuna y expresamente su decisión de excluirse del grupo y de las resultas del proceso” , en atención a que se vulneraba el derecho fundamental de los demandantes a la reparación integral como víctimas del conflicto armado, fundamentada además en su condición de sujetos de especial
1 Indicó que la demanda que dio origen a la presente acción de grupo -2016-01441se radicó el 21 de septiembre de 2016 y el auto admisorio fue proferido el 04 de octubre de 2016. Por su parte, la demanda que dio origen a la acción de grupo -2017-01845se radicó el 30 de noviembre de 2017 y el auto admisorio fue proferido el 14 de diciembre de 2017.Radicación número: 76001-23-33-000-2016-01441-01 (70571) Actor: Arcenio Chiripua Chamarra y otros Demandado: Nación-Ministerio de Defensa Nacional y otros Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
Actor: Arcenio Chiripua Chamarra y otros Demandado: Nación-Ministerio de Defensa Nacional y otros Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
9 protección -como miembros de un grupo indígena y desplazados - (Samai-índice 170 Tribunal).
6El trámite en segunda instancia
6.1. En proveído de 4 de diciembre de 2023, esta Corporación admitió el recurso de apelación interpuesto y, por auto de 25 de abril de 2024, corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto (Samai – índices 3 y 11 CE).
En esta oportunidad procesal, la parte demandante planteó que la “acción de grupo” del presente proceso se ejerció primero que la “acción de grupo” del radicado 201701845 (64094) (AG), razón que hacía improcedente la declaratoria de cosa juzgada, lo que significaba que los aquí demandantes ejercieron una acción individual antes de la admisión de la “acción de grupo” fallada por el Consejo de Estado. En consecuencia, señaló que debía analizarse el fondo del asunto y accederse a las pretensiones, teniendo en cuenta que ya fue declarada la responsabilidad del Estado en la acción de grupo radicada con el No. 2017-01845 (64094) (AG) (Samai – índice 18 CE).
El Ministerio de Defensa-Ejército Nacional-Armada Nacional-Fuerza Aéreasostuvo que los actores no probaron que hubieran solicitado expresamente su exclusión en la oportunidad legal dentro de la “acción de grupo” 76001-23-33-000-2017-01845que los actores no probaron que hubieran solicitado expresamente su exclusión en la oportunidad legal dentro de la “acción de grupo” 76001-23-33-000-2017-0184501 (64094) (AG), no demostraron que sus intereses no fueron representados en forma adecuada por el representante del grupo o que hubo graves errores en la notificación y tampoco probaron que adelantaron acciones individuales ant es de la admisión de la “acción de grupo”, por lo que indudablemente debían acogerse a las resultas de la sentencia proferida por el Consejo de Estado (Samai – índice 17 CE). El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social -DPSseñaló que se configuró la excepción de cosa juzgada, por cuanto estaba probado la existencia de un medio de control fundado en los mismos hechos, con identidad de objeto y causa que también c obijaba a los miembros de la comunidad indígena demandante. Destacó que dicho medio de control fue igualmente ejercido en nombre de sus comuneros individual y colectivamente considerados (Samai – índice 15 CE). En su concepto, el Ministerio Público solicitó que se confirmara la sentencia de primera instancia, porque el fallo proferido por el Consejo de Estado el 2 de marzoRadicación número: 76001-23-33-000-2016-01441-01 (70571) Actor: Arcenio Chiripua Chamarra y otros Demandado: Nación-Ministerio de Defensa Nacional y otros Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
10 de 2022, dentro del radicado 76001 -2333-000-2017-01845-01 (64094) AG, guardaba con el presente caso identidad de causa, partes y objeto.
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
10 de 2022, dentro del radicado 76001 -2333-000-2017-01845-01 (64094) AG, guardaba con el presente caso identidad de causa, partes y objeto. Precisó que, si bien el presente medio de control fue admitido antes que el radicado con el número (64094) AG, no versaba sobre una acción individual sino grupal, además los aquí demandantes no solicitaron la exclusión del grupo frente al cual se profirió la sentencia de 2 de marzo de 2022 por parte del Consejo de Estado, luego los efectos de ese fallo también los cobijaban, como quiera que en este se ordenó la reparación para aquellos que no siendo parte del grupo demandante eran parte del grupo afectado (Samai – índice 16 CE). La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Samai – índice 19 CE) y el Departamento del Valle del Cauca (Samai – índice 20 CE) reiteraron los argumentos expuestos a lo largo del presente medio de control.
La Policía Nacional y el Distrito de Buenaventura guardaron silencio en esta etapa procesal.
III. C O N S I D E R A C I O N E S
1.- Competencia
Esta Corporación es competente para conocer de los procesos que se susciten con ocasión de las acciones de grupo originadas en la actividad de las entidades públicas y de las personas privadas que desempeñen funciones administrativas, según lo establecido en el artículo 50 de la Ley 472 de 1998, “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones” 2.
según lo establecido en el artículo 50 de la Ley 472 de 1998, “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones” 2.
Debe precisarse, además, que le asiste competencia a la Sala para conocer del recurso de apelación promovido contra el fallo de 25 de septiembre de 2023 proferido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por tratarse de un juicio con vocación de doble instancia surtido ante esta Corporación, debido a que se discute la reparación de daños causados al grupo demandante, tal y como lo prevén los artículos 1503 y el numeral 16 del artículo 152 de la Ley 1437 de 2011, “Por la
2 “(…) JURISDICCIÓN. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocerá de los procesos que se susciten con ocasión del ejercicio de las acciones de grupo originadas en la actividad de las entidades públicas y de las personas privadas que desempeñen funciones administrativas (…)”. 3 “COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA Y CAMBIO DE RADICACIÓN. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos (…)”Radicación número: 76001-23-33-000-2016-01441-01 (70571) Actor: Arcenio Chiripua Chamarra y otros Demandado: Nación-Ministerio de Defensa Nacional y otros Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
11 cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”4.
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa Nacional y otros Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
11 cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”4.
La Sala también es competente para conocer de este proceso en segunda instancia, toda vez que la cuantía de la demanda, fijada por la sumatoria de las pretensiones5, supera la exigida por la norma vigente para la fecha de su presentación -20 de septiembre de 2016-.
Inclusive, en los estrictos términos del numeral 12 del artículo 13 del Acuerdo 80 de 20196, por medio del cual se expidió el Reglamento Interno del Consejo de Estado, le corresponde a la Sección Tercera resolver, en segunda instancia, sobre las apelaciones de las sentencias proferidas por los tribunales administrativos en materia de acciones de grupo.
2. El ejercicio oportuno del medio de control
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