CE - Sentencia 76001233300120160080901

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Detalles

Título
CE - Sentencia 76001233300120160080901
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., cinco (5) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Radicación número: 76001-23-33-001-2016-00809-01 (71265)

Actor: Jhon Edwin Girón Solarte y otros Demandado: Nación-Rama Judicial y otro Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo

Temas: Concepto de grupo / Condiciones uniformes – causa del daño / Falta de legitimación en la causa por activa / Derecho de acción – pretensión / Ausencia de nexo causal con el grupo.

Sin que se observe causal de nulidad que impida dictar sentencia, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia que negó las pretensiones de la demanda.

Se demanda la reparación de los daños causados al grupo demandante por la representación judicial por una defensora pública que no contaba con el título de profesional del derecho.

I. SENTENCIA APELADA

1. Corresponde a la proferida el 19 de enero de 2022, mediante la cual el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó las pretensiones de la demanda presentada el 10 de junio de 2016 1, por los señores Jhon Edwin Girón Solarte, Aleyda Solarte Medina y otros2, en contra de la Nación-Defensoría del Pueblo y la Rama Judicial, con el fin de que se les declare patrimonialmente responsables por el daño

Medina y otros2, en contra de la Nación-Defensoría del Pueblo y la Rama Judicial, con el fin de que se les declare patrimonialmente responsables por el daño ocasionado al haber sido representados en varios procesos penales por un defensor público que no era abogado.

2. Las pretensiones, fundamentos de hecho y de derecho sobre los que se pronunció el Tribunal, son los siguientes,

Pretensiones

3. Los actores solicitaron como indemnización el pago de perjuicios materiales e inmateriales derivados de la ausencia de defensa técnica que hicieron consistir en el pago de 100 SMMLV por perjuicios morales, 200 SMMLV por el daño a bienes jurídicos de “especial protección, libertad, buen nombre” , y 250 SMMLV por lucro cesante en favor de sus grupos familiares 3. Para estos efectos, e n la demanda se

1 Folio 25 del cuaderno de primera instancia. El expediente digital obra en el índice 46 del aplicativo Samai del Tribunal. 2 Mileidy Girón Solarte, Sergio Javier Muñoz Solarte, Alejandra Girón, Eduar Alexis Muños Solarte, Jhonny Fernández Holguín, Duvan Andrés Jaramillo Damián, Lina Marcela Baena Villafañi, Nancy Damián Bravo, John Eider, Carlos Estevan, Angie Katerine Jaramillo Damián, Samuel, Valeria Jaramillo Baena, Héctor Fabio Torres, Eneine Andrea Agudelo Ríos, Olga Torres, Adriana María Muñoz Torres, Juan José Torres Agudelo y José Alirio Cuero Angulo. 3 El grupo estaba conformado por todos aquellos representados indebidamente por el defensor público, entre

Eneine Andrea Agudelo Ríos, Olga Torres, Adriana María Muñoz Torres, Juan José Torres Agudelo y José Alirio Cuero Angulo. 3 El grupo estaba conformado por todos aquellos representados indebidamente por el defensor público, entre los cuales se distinguió de aquellos que se tenía noticia y, los demás, que se indicaron en 137 procesados más y sus grupos familiares.Radicación: 76001-23-33-001-2016-00809 01 (71265)

Actor: Jhon Edwin Girón Solarte y otros Demandado: Nación-Rama Judicial y otros Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo

2 distinguió entre quienes fueron vinculados a los procesos penales, sus familiares, y aquellos de los que no se tenía noticia, pero que podían integrar el grupo4.

Hechos

4. Como fundamento fáctico de las pretensiones se narró que la Defensorí a del Pueblo, Regional Valle del Cauca, entre los meses de enero del año 2005 y noviembre del 2014, contrató bajo la modalidad de prestación de servicios a Myriam Becerra Saldarriaga, como defensora de oficio.

5. En el mes de noviembre de 2014, el Defensor Regional del Valle del Cauca informó a la Dirección Nacional que la señora Myriam Becerra Saldarriaga, no contaba con título de abogada. Esta última dependencia verificó en el certificado 1330, que la referida señora “no se encuentra inscrita como abogada”.

6. Mediante sentencia T-1127 de 2003, la Corte Constitucional, dejó sin efectos una sentencia que había amparado los derechos de la citada señora ordenando

1330, que la referida señora “no se encuentra inscrita como abogada”.

6. Mediante sentencia T-1127 de 2003, la Corte Constitucional, dejó sin efectos una sentencia que había amparado los derechos de la citada señora ordenando otorgarle el título de abogada. En esa decisión, la Corte verificó que la accionante no había aprobado los exámenes preparatorios exigidos por el ente universitario5.

Fundamentos de derecho

7. Según la demanda, la Defensoría del Pueblo es responsable por falla en el servicio, dado que contrató por “más de 9 años” con la señora Becerra Saldarriaga sin realizar la verificación de validez y vigencia de su tarjeta profesional, tal como lo exigía su propio manual de contratación. Por ello, todos aquellos procesados que depositaron su confianza legítima en la Defensoría del Pueblo se vieron afectados, al limitarse su defensa técnica.

8. Igualmente, se indicó que era reprochable la actuación de la Rama Judicial, en tanto la señora Becerra Saldarriaga actuó como defensora pública en aproximadamente 142 procesos penales deri vados de delitos de homicidio, tráfico de estupefacientes, porte de armas, hurto calificado y agravado, entre otros, sin que se verificara si su tarjeta profesional estaba vigente.

La defensa

9. La Defensoría del Pueblo6 se opuso a las pretensiones. Manifestó que no estaba acreditado el daño ni su nexo causal, pues la señora Becerra Saldarriaga fue contratada cuando su tarjeta profesional estaba vigente y, una vez la entidad se enteró de su cancelación, procedió a desvinc ularla y a reasignar los procesos que

acreditado el daño ni su nexo causal, pues la señora Becerra Saldarriaga fue contratada cuando su tarjeta profesional estaba vigente y, una vez la entidad se enteró de su cancelación, procedió a desvinc ularla y a reasignar los procesos que

4 “Primero. Declarar administrativamente responsables a la Nación -Defensoría del Pueblo y Nación -Rama Judicial, de todos los daños y perjuicios materiales e inmateriales que se le han ocasionado a cada uno de los demandantes como consecuencia de la omisión en la verificación de los requisitos de idoneidad profesional que deben cumplir los defensores públicos del Estado. Segundo. Condenar al pago de perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales a la (…) al grupo A Jhon Edwin Girón Solarte, Alejandra Girón Gallego (…) la suma de 1050 SMLMV (…) Tercero. Condenar al pago por perjuicios (…) por los daños ocasionados al grupo B Jhonny Fernández Holguín, la suma de 550 SMLMV (…). Octavo. Condenar al pago por perjuicios (…) al grupo de los 137 procesados quienes en su mayoría desconocen de la irregularidad presentada en su defensa técnica, la suma de 102750 SMLMV (…)”. 5 En síntesis, co nviene precisar que el amparo constitucional se inició para que se protegieran el derecho al trabajo, dignidad humana, entre otros, pues la accionante aseguró que la imposición de los preparatorios como requisito de grado era desproporcionada. Para la Cort e, aquellos requisitos devenían de la autonomía universitaria y no significaban una imposición desproporcionada que ameritara conceder el amparo.

requisito de grado era desproporcionada. Para la Cort e, aquellos requisitos devenían de la autonomía universitaria y no significaban una imposición desproporcionada que ameritara conceder el amparo. 6 Folios 144-151 del cuaderno 1.Radicación: 76001-23-33-001-2016-00809 01 (71265)

Actor: Jhon Edwin Girón Solarte y otros Demandado: Nación-Rama Judicial y otros Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo

3 tenía a su cargo. Propuso las excepciones de: i) “falta de requisitos de la acción de grupo”, porque la demanda no identificó los criterios para definir el grupo y solo se trataba de una acumulación subjetiva de preten siones; ii) “inexistencia de nexo causal de causalidad (sic) entre la actuación de la Defensoría del Pueblo y el perjuicio alegado”, en tanto que fueron los integrantes del grupo los que dieron lugar al proceso penal; y, iv) “prescripción y caducidad” , dad o que la actuación de la señora Becerra Saldaña había cesado “hace años”.

10. La Rama Judicial7 pidió que se negaran las pretensiones. Indicó que no estaba demostrado el daño ni había certeza de éste. Indicó que sus agentes no actuaron de forma dolosa o cul posa; por el contrario, fueron víctimas de la conducta de la señora Becerra Saldarriaga. Como excepciones propuso las de: i) inexistencia de nexo de causalidad, en tanto que no había daños imputables a su actuar; ii) falta de legitimación en la causa , dado que no podía hacerse cargo de los hechos de la

nexo de causalidad, en tanto que no había daños imputables a su actuar; ii) falta de legitimación en la causa , dado que no podía hacerse cargo de los hechos de la Defensoría del Pueblo; y, iii) habérsele dado a la demanda el trámite de un proceso diferente al que corresponde, pues el caso debió llevarse a través del medio de control de reparación directa.

Alegatos de conclusión

11. Surtido el debate probatorio8, en la oportunidad para alegar, la parte demandante precisó que se demostró la omisión de las entidades en la verificación de los requisitos mínimos para contratar y actuar como abogada de la señora Becerra Saldarriaga, por lo que se probó la defraudación a la confianza legítima de los procesados penalmente.

12. La Defensoría del Pueblo indicó que no estaba demostrado el “perjuicio”, pues de los únicos sindicados que se trajeron pruebas a este proceso, se eviden ciaba que fueron absueltos.

13. Para la Rama Judicial no se demostró que la ausencia de condición de abogado influyera en las resultas de los procesos penales, dado que estos se iniciaron por las conductas de los investigados. Así mismo, no existía certeza del daño debido al alea de los sumarios penales9.

14. El Ministerio Público guardó silencio.

15. En su intervención, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado mencionó que la contratación de la señora Becerra Saldarriaga se dio de buena fe y con el lleno de los requisitos, pues par a ese momento tenía tarjeta profesional vigente. Además, precisó que no existía daño antijurídico, dado que fue la conducta

mencionó que la contratación de la señora Becerra Saldarriaga se dio de buena fe y con el lleno de los requisitos, pues par a ese momento tenía tarjeta profesional vigente. Además, precisó que no existía daño antijurídico, dado que fue la conducta de los investigados la que motivó su vinculación a los procesos penales10.

7 Folios 117-119 del cuaderno 1. 8 Mediante auto de 14 de febrero de 2017, se abrió el periodo probatorio, dentro del cual se decretaron los siguientes medios de prueba: 1. Testimoniales de los señores Fabian Satizabal Campaz, José Hernando Solarte Velasco, Carlos Emilio Rodríguez Estrada, Johan Steven Portilla Benítez, María Ja neth Carabalí Molina, Arístides de Jesús Cardona Atheortua, José Ignacio Bazante Salazar, Gloria Díaz Gómez y María Leída Ramírez García. 2. Oficios a cada uno de los juzgados penales que llevaron los casos en los cuales participó indebidamente la señora B ecerra Saldarriaga como defensora. En audiencia llevada a cabo el 20 de junio de ese mismo año, se practicó el testimonio de los señores Fabián Satizabal Campáz, José Hernando Solarte Velasco y Carlos Emilio Rodríguez Estrada, dado que el magistrado sustan ciador limitó la recepción de los demás, por constatar que estaban suficientemente demostrados los hechos objeto de la prueba. Folios. 161164, 218, 226-229, 231 del cuaderno 1. 9 Índices 233-240, 241-244, del cuaderno 1. 10 Folios 248-254 del cuaderno 1.Radicación: 76001-23-33-001-2016-00809 01 (71265)

9 Índices 233-240, 241-244, del cuaderno 1. 10 Folios 248-254 del cuaderno 1.Radicación: 76001-23-33-001-2016-00809 01 (71265)

Actor: Jhon Edwin Girón Solarte y otros Demandado: Nación-Rama Judicial y otros Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo

4 La sentencia recurrida

16. Como se indicó, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca 11 negó las pretensiones de la demanda, al considerar que no se demostró el daño antijurídico, pues no se allegaron medios de prueba que permitieran establecer que la defensa técnica estuvo indebidamente ejercitada en los p rocesos penales. Precisó que los testimonios no daban cuenta de la certeza del daño, no conocían a la señora Becerra Saldarriaga, ni tenían conocimiento de los delitos imputados a los procesados, sin considerar, además, que sus dichos fueron de oídas.

17. El Tribunal hizo énfasis en que el daño era eventual, pues la evidencia mostraba que a varios de los demandantes se les precluyó la investigación, otros fueron absueltos y suscribieron pre-acuerdos, al paso que varios tuvieron otros defensores de oficio o in cluso nombraron apoderado de confianza, razones suficientes para considerar la ausencia del referido menoscabo12.

II. EL RECURSO INTERPUESTO

18. En su apelación13, la parte actora cuestionó que el a quo erró al considerar que no había daño, pues este devino del quebrantamiento de la confianza legítima de

II. EL RECURSO INTERPUESTO

18. En su apelación13, la parte actora cuestionó que el a quo erró al considerar que no había daño, pues este devino del quebrantamiento de la confianza legítima de los procesados cuando se demostró su falta de defensa técnica. Por esta razón, no tenían el deber jurídico de soportar que la Defensoría del Pueblo les designara un defensor que no estaba autorizado para ejercer como abogado, máxime cuando la mayoría eran desconocedores de tal situación.

19. Discutió que el a quo se equivocó al valorar las pruebas testimoniales, pues omitió buscar “puntos de convergencia” en los dichos para establecer la vulneración a la confianza legítima y el perjuicio moral que produjo el irregular funcionamiento de la Defensoría del Pueblo. También, debatió que no se discurrió acerca de la falla en el servicio derivada de la indebida c ontratación de una persona que no era profesional del derecho.

20. Al pronunciarse sobre el recurso14, la Defensoría del Pueblo y la Rama Judicial insistieron en los argumentos esbozados a lo largo del proceso, mientras que el Ministerio Público guardó silencio. Por su parte, la ANDJE mencionó que el recurso no presentó un reparo concreto contra el fallo de instancia, pues pretendió modificar la causa de la demanda, la que estaba relacionada con la falta de idoneidad de la defensora pública sin que esta situación se hubiera vinculado a una vulneración a la confianza legítima15.

III. CONSIDERACIONES

21. Para la Sala la sentencia de primera instancia debe ser confirmada 16, por lo que se permite resaltar varios hechos probados para fundamentar su decisión, así:

la confianza legítima15.

III. CONSIDERACIONES

21. Para la Sala la sentencia de primera instancia debe ser confirmada 16, por lo que se permite resaltar varios hechos probados para fundamentar su decisión, así:

11 Índice 34 del Samai del Tribunal. 12 Esto lo concluyó en relación con algunos de los miembros del grupo, dado que no obraban elementos de prueba suficiente para establecerlo respecto de cada uno. 13 Índice 39 del Samai del Tribunal. 14 En los términos del art. 12 de la Ley 2213 de 2022, se corrió traslado del recurso de apelación a las partes y al Ministerio Público, mediante auto del 31 de julio de 2024. Índice 29 del Samai. 15 Índices 27, 34 y 35 del Samai. 16 En los términos de la causa petendi, el daño se atribuye a la indebida representación que tuvieron los procesos representados por la señora Becerra Saldarriaga, mismo del que se tuvo noticia en el mes de “noviembre de 2014” cuando el Registro Nacional de Abogados certificó que no contaba con el t ítulo para ejercerlo. Por loRadicación: 76001-23-33-001-2016-00809 01 (71265)

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22. La señora Myriam Becerra Saldarriaga, mediante tutela, alegó que a pesar de haber aprobado todas las materias del pensum de derecho, el consultorio jurídico y tres exámenes preparatorios, los altos costos de los exámenes preparatorios le

de haber aprobado todas las materias del pensum de derecho, el consultorio jurídico y tres exámenes preparatorios, los altos costos de los exámenes preparatorios le afectaban sus derechos al trabajo e igualdad. Por ello, el Juzgado Décimo Penal del Circuito de Cali en sentencia del 4 de julio de 2003, confirmó el fallo de primera instancia que concluyó que se le estaban exigiendo requisitos adicionales a los estipulados por la ley, por lo que ordenó al ente universitario realizar los trámites para concederle el título17.

23. A través de la sentencia T -1127 del 27 de noviembre de 2003, la Corte Constitucional revocó las decisiones que habían amparado los derechos que le concedieron el título de abogada a la señora Becerra Saldarriaga. La decisión ponderó la autonomía universitaria con los de rechos que alegó fueron vulnerados, para concluir que no era una exigencia que trasgrediera la Ley.

24. Para la Sala está demostrado que la Defensoría del Pueblo, a través de la resolución 1622 del 11 de noviembre de 2014, liquidó unilateralmente el contrato de servicios profesionales que había suscrito con la señora Becerra Saldarriaga, cuyo plazo se había pactado por 12 meses, entre el 1° de octubre de 2014 y el 30 de septiembre de 2015. La causa de la terminación se consignó por la “imposibilidad” de que la contratista continuara ejecutando el contrato debido a que su tarjeta profesional había sido cancelada18.

25. En el expediente obra el oficio 1330 del 4 de noviembre de 2014, mediante el cual la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Ju sticia

profesional había sido cancelada18.

25. En el expediente obra el oficio 1330 del 4 de noviembre de 2014, mediante el cual la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Ju sticia certificó que la señora Becerra Saldarriaga no estaba inscrita como abogada; no obstante, dejó constancia de que fue titular de la tarjeta profesional 123823, expedida el 28 de julio de 2003, pero que a la fecha “no se encuentra vigente por tener la tarjeta cancelada”19.

26. También obra el listado del módulo de gestión de procesos de la Defensoría del Pueblo, en el que constan los sumarios en los que fue asignada como defensora de oficio a la señora Myriam Becerra Saldarriaga, entre el periodo de 1° d e enero de 2005 hasta el 12 de diciembre de 201420 -aproximadamente 142 procesos-. Entre otros, se observa que a la fecha del reporte la mayoría de ellos se encontraban inactivos, los sumarios se iniciaron por delitos como lesiones culposas, hurto, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, homicidio, inasistencia alimentaria, constreñimiento y estafa. En la columna de “actuación” se dejó consignado que en varios de ellos “no hubo objeción, solicitud de suspensión de la audiencia, participa r en la verificación del allanamiento y/o preacuerdo, recuso contra la decisión de decretar prueba de oficio, no oponerse a la declaratoria de persona ausente”21.

anterior, la demanda presentada el 10 de junio de 2016 fue oportuna, pues se presentó dentro del término de 2

contra la decisión de decretar prueba de oficio, no oponerse a la declaratoria de persona ausente”21.

anterior, la demanda presentada el 10 de junio de 2016 fue oportuna, pues se presentó dentro del término de 2 años establecido en el literal h, numeral 2° del art. 164 del CPACA. 17 El expediente digital obra al índice 46 del Samai del Tribunal. 18 Folios 36 a 37 del cuaderno del Tribunal. 19 Folio 138 del cuaderno del Tribunal. 20 Entre los procesados se encuentran, entre muchos otros, los señores Héctor Fabio Torres, Doris Tatiana Concha Figueroa, Lloyd Erick Mena Cometa, Efraín Lozano Figueroa, César Augusto Villafañe Pérez, Jairo Andrés España, Duban Andrés Jaramillo Damian, Andrés Felipe Rivas Vásquez, Jhonatan Luligo Mabuscay, Alonso de Jesús Escalante Villa, Didier Alberto, Gaviria Chito, Elkin David Rondó n, Sandra Viviana Ortega Hurtado, Estefanía Ruiz Moreno, José Yilber Ríos Rincón, Erika Caicedo González, Brenda Tatiana Mallarino Mosquera, José Edilberto Grisales Ramírez, Luis Albeiro Cabrera Cruz, Herney Libardo Velásco,Edwin Stwiney Castañeda Marín, R ubiela Carabali Quintero, Fernando Montezuma Flórez, Jhon Daniel Sandoval Valencia, Arcesio Bastidas Narváez, etc.… 21 Folios 41 - 49 del cuaderno del Tribunal.Radicación: 76001-23-33-001-2016-00809 01 (71265)

Actor: Jhon Edwin Girón Solarte y otros Demandado: Nación-Rama Judicial y otros Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo

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27. Está demostrado que la señora Becerra Saldarriaga fue denunciada penalmente por la Defensoría del Pueblo el 14 de noviembre de 201422 . Igualmente, tal y como se constató con los certificados de 4 de septiembre de ese mismo año de la Procuraduría, Contraloría, Consejo Superior de la Judicatura y la Policía Nacional, la citada ciudadana no contaba c on sanciones disciplinarias, fiscales, penales, y la tarjeta profesional que había presentado para ser contratada, estaba vigente23.

28. La prueba también muestra que la señora Becerra Saldarriaga ejerció como defensora de oficio vinculada a la Defensoría del Pueblo y que, por virtud de esa vinculación, entre los años 2005 a 2014 actuó como tal en al menos 142 procesos penales. Solo hasta el año 2014 la entidad pública se percató de la ausencia de la tarjeta profesional, pues en los registros de varias autorida des hasta ese instanteseptiembreaparecía con dicha tarjeta vigente.

En relación con los procesos penales

29. En sentencia de 5 de junio de 2012, el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Cali, condenó al señor Jhon Edwin Girón Solarte, a la pena privativa de la libertad de 48 meses de prisión por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, dado que hubo allanamiento a cargos. Dicha decisión fue confirmada en segunda instancia el 30 de agosto de ese mismo año24. El sindicado

de 48 meses de prisión por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, dado que hubo allanamiento a cargos. Dicha decisión fue confirmada en segunda instancia el 30 de agosto de ese mismo año24. El sindicado tuvo defensor de confianza, el señor Luis Fernando Ortega, dos años antes de conocerse la irregularidad de la señora Becerra Saldarriaga25.

30. En sentencia de 18 de agosto de 2016, el Juzgado Diecinueve Penal del Circuito de Cali condenó al señor José Alirio Cuero Angulo a la pena privativa de 32 meses de prisión por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, la cual se produjo por virtud de un preacuerdo26.

31. En oficio 745 del 19 de abril de 2017, el Juzgado Promiscuo Municipal de Vijes informó que el proceso por el delito de lesiones personales dolosas llevado en contra del señor Duvan Andrés Jaramillo Damian culminó con preclusión, pero que no contó con defen sor de confianza. En oficio 746, certificó que el señor Héctor Fabio Torres no contó con defensor de confianza, pero tuvo la defensa de oficio ofrecida por el abogado Ferley Oliveros Melo y el proceso culminó con absolución27.

32. En la declaración del señor Fabián Satizabal Campáz28 manifestó conocer al señor Héctor Fabio Torres, y dijo que fue su conocido el que le “comentó” que tuvo una abogada que no era idónea para defenderlo, pero no sabía sobre el delito por el cual se le investigó; adujo no conocer a la señora Myriam Becerra Saldarriaga y

una abogada que no era idónea para defenderlo, pero no sabía sobre el delito por el cual se le investigó; adujo no conocer a la señora Myriam Becerra Saldarriaga y no sabía si ella fue o no quien lo representó.

33. El testigo José Hernando Solarte Velasco, quien dijo conocer al señor Héctor Fabio Torres, manifestó que sabía por “comentarios en la familia” que la abogada

22 Folios 182 - 206 del cuaderno del Tribunal. 23 Folios 134 – 137 del cuaderno del Tribunal. 24 Folios 5 – 16, 17-37 del cuaderno del Tribunal. 25 Folios 18 – 20 del cuaderno 1 del proceso penal del señor Girón Solarte. 26 Folios 123-129 del cuaderno del Tribunal. 27 Folios 211 – 212, 213 – 214 del cuaderno del Tribunal. 28 Audiencia de pruebas del 20 de junio de 2017. Recepción de testimonios de los señores Fabián Satizabal Campáz, Carlos Emilio Rodríguez y José Hernando Solarte. Acta de audiencia obrante a folios 226 – 229 del cuaderno del Tribunal.Radicación: 76001-23-33-001-2016-00809 01 (71265)

Actor: Jhon Edwin Girón Solarte y otros Demandado: Nación-Rama Judicial y otros Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo

7 “no era apta para llevar el caso porque estaba inhabilitada”, pero no sabía cuál fue el proceso penal en el que se le vinculó. Afirmó no conocer a la señora Myriam Becerra Saldarriaga ni sobre sus actuaciones como defensora de oficio.

34. En el testimonio del señor Carl os Emilio Rodríguez Estrada, dijo conocer al

el proceso penal en el que se le vinculó. Afirmó no conocer a la señora Myriam Becerra Saldarriaga ni sobre sus actuaciones como defensora de oficio.

34. En el testimonio del señor Carl os Emilio Rodríguez Estrada, dijo conocer al señor Héctor Fabio Torres, y que por sus dichos manifestó que fue representado por una abogada “no apta”, pero que no sabía sobre el proceso penal por el que se le investigó; tampoco conocía a la señora Myriam Becerra Saldarriaga.

35. A juicio de la Sala, si bien en un principio es posible considerar los testimonios como de oídas al tiempo que sospechosos, por su relación con el señor Héctor Fabio Torres, y que por ello pueda deducirse algún grado de interés en las resultas del proceso para reducir su credibilidad, ciertamente sus dichos no introducen ningún aspecto relevante a la contienda, en la medida en que no solo se limitaron a reiterar la situación de uno de los integrantes del grupo, sino que no sabían las resultas del proceso penal ni conocían a la señora Becerra Saldarriaga29.

36. En suma, en el sub examine obran solo los sumarios penales de los señores Jhon Edwin Girón Solarte, José Alirio Cuero Angulo y Jhony Fernández Holguín 30, respecto de los cuales, en rel ación con el primero, se demostró que culminó por allanamiento y lo representó un abogado de confianza. El segundo y tercero, suscribieron preacuerdo. En lo que hace al señor Héctor Fabio Torres éste fue absuelto y lo representó un defensor de oficio, pero no fue la señora Becerra Saldarriaga. Respecto del señor Duván Andrés Jaramillo el sumario punitivo culminó

absuelto y lo representó un defensor de oficio, pero no fue la señora Becerra Saldarriaga. Respecto del señor Duván Andrés Jaramillo el sumario punitivo culminó con preclusión31.

37. Para este cuerpo colegiado es relevante que en ninguno de los procesos penales tuvo injerencia la defensora de oficio sin título , pues de ellos se establece que culminaron de manera favorable a los sindicados y/o ejercitaron actuaciones con el ánimo de beneficiarse en relación con la pena, incluso uno de ellos tuvo defensor de confianza.

La causa uniforme

38. A partir de la demanda y las pruebas recaudadas, para la Subsección no existe fundamento fáctico ni causal que permita vincular al grupo con un causa única y concreta del supuesto daño, por lo que materialmente no se encuentra legitimado para conformar el extremo activo según lo alegado y controvertido 32. Esta circunstancia amerita la confirmación del fallo de primera instancia, pero por la razón antes indicada y que pasa a explicarse a continuación.

29 Código de General del Proceso. Artículos 176. Apreciación de las pruebas. Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos. El juez expondrá siem pre razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba. Artículo 211. Imparcialidad del testigo. Cualquiera de las partes podrá tachar el testimonio de las personas que se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en razón de parentesco, dependencias, sentimientos o interés en relación con las partes o sus

tachar el testimonio de las personas que se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en razón de parentesco, dependencias, sentimientos o interés en relación con las partes o sus apoderados, antecedentes personales u otras causas (…) El juez analizará el testimonio en el momento de fallar de acuerdo con las circunstancias de cada caso. 30 Se deja constancia de que fue representado por la defensora de oficio, señora Clara Inés Cuero Obregón. 31 Vale precisar que esta prueba no fue solicitada en la demanda, estos procesos penales fueron decretados y traídos al procesos por solicitud de la Defensoría del Pueblo en la contestación de la demanda. En relación con los demás investigados no obran los procesos penales en el expediente. 32 De conformidad con el art. 282 del CGP, el operador judicial en cualquier tipo de proceso debe declarar oficiosamente las excepciones, salvo las de prescripción, compensación y nulidad relativa.Radicación: 76001-23-33-001-2016-00809 01 (71265)

Actor: Jhon Edwin Girón Solarte y otros Demandado: Nación-Rama Judicial y otros Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo

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39. La demanda delimita el grupo afectado en relación con aquellas personas -y sus familiaresque fueron afectadas en su confianza legítima al verse privados de una adecuada defensa técnica como consecuencia de

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