CE - Sentencia 76001233300820140056601
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 76001233300820140056601
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá, D.C., siete (7) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Expediente: 76001233300820140056601 (72.945)
Demandante: Consorcio Malay
Demandado: Fondo Rotatorio de la Policía Acción: Controversias contractuales Asunto: Sentencia de segunda instancia
Temas: CONTRATO MODALIDAD LLAVE EN MANO Y PRECIO GLOBAL – el contratista asume la ejecución de todas las prestaciones necesarias para cumplir el objeto pactado – el precio cubre todos los costos directos, indirectos y la utilidad.
Surtido el trámite de ley, sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo actuado, la Sala procede a resolver el recurso de apelación presentado contra la sentencia que negó las pretensiones de la demanda.
La controversia versa respecto del reconocimiento de unas mayores cantidades de área de diseño en el marco de un contrato celebrado bajo la modalidad de precio global.
LA SENTENCIA IMPUGNADA
1. Corresponde a la decisión adoptada el 21 de febrero de 2025, por medio de la cual la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca resolvió declarar probadas las excepciones de “ falta absoluta de causa y cobro de lo no debido” y “contrato no cumplido”; consecuencialmente, negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas al demandante1.
resolvió declarar probadas las excepciones de “ falta absoluta de causa y cobro de lo no debido” y “contrato no cumplido”; consecuencialmente, negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas al demandante1.
2. El anterior proveído decidió la demanda presentada2 por el Consorcio Malay3, integrado por las sociedades Construclinicas S.A. y GYG Construcciones Ltda. (en adelante, el consorcio, el contratista o el demandante) , en contra del Fondo Rotatorio de la Policía (en adelante, el Fondo, el Forpo, la entidad o el demandado), cuyas pretensiones, hechos principales y fundamentos jurídicos se enuncian a continuación.
Pretensiones
3. El consorcio solicitó que se declare que el Fondo incumplió el contrato 0573-2010 por no pagar el valor correspondiente a la mayor área diseñada.
Consecuencialmente, pidió que se declare que se alteró el equilibrio económico del contrato y que se ordene s u liquidación con un saldo a su favor de la suma de novecientos veintiún millones trescientos setenta y un mil ochocientos setenta y tres
1 Índice 70, SAMAI T.A. 2 La demanda se presentó el 5 de junio de 2014. Se subsanó y reformó el 17 de julio de 2015 (fls. 134, c. 1 y 142 a 159, c. 2) 3 Constituido el 28 de mayo de 2010 (c. 2, fls. 162 a 164). La participación en el consorcio se distribuyó de la
siguiente manera: Construclinicas S.A. 30% y GYG Construcciones Ltda. 70%. Se designó como representante principal a Carlos Urías Rueda y como suplente a Gustavo Enrique Gil Garay.Expediente 76001233300820140056601 (72.945)
Demandante: Consorcio Malay
Demandado: Fondo Rotatorio de la Policía
Acción: Controversias contractuales
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pesos ($921.371.873) correspondientes a la mayor ejecución de diseños, más el pago de intereses moratorios4.
Hechos
4. Como soporte de sus pretensiones, el demandante presentó los hechos que
se sintetizan a continuación:
5. El 9 de julio de 2010, el Fondo y el consorcio celebraron el contrato 057 -32010, cuyo objeto consistió en la elaboración de los diseños, estudios técnicos y la construcción de la primera etapa de la Clínica Regional de Occidente de la Policía Nacional, en la ciudad de Cali, bajo la modalidad de precio global 5 (en adelante, el contrato). El plazo se estipuló inicialmente en trece (13) meses contados a partir del acta de inicio, la cual se suscribió el 19 de julio de 2010. Debido a las prórrogas que se pactaron6, el contrato finalizó el 15 de diciembre de 2011.
6. Las partes convinieron diseñar un área máxima de 12.821,36 m 2. El consorcio diseñó 31.782,21 m 2 debido a modificaciones del Programa Médico Arquitectónico (en adelante, el PMA).
7. El 5 de marzo de 2011, se suscribió la primera prórroga por un periodo de
consorcio diseñó 31.782,21 m 2 debido a modificaciones del Programa Médico Arquitectónico (en adelante, el PMA).
7. El 5 de marzo de 2011, se suscribió la primera prórroga por un periodo de cuatro meses, cuya justificación consistió en que la entidad requirió al contratista mayores compromisos de los pactados.
8. En Resolución 121 del 18 de febrero de 2011, por medio de la cual se revocó una multa que se había impuesto a través de Resolución 1092 del 2 de diciembre de 2010, el Fondo reconoció que entregó el PMA de manera tardía e incompleta, puesto que contenía un borrador de áreas básicas en el cual no estaban contempladas áreas de acceso, puntos fijos, parqueaderos, áreas de apoyo a la clínica, urbanismo ni áreas de desarrollo requeridas en virtud de la normatividad de la ciudad de Cali, lo que impuso la necesidad de ejecutar mayores cantidades de diseño que, según concepto de interventoría, ascendieron a 10.810,60 m2.
9. El 17 de enero de 2012 se suscribió el acta de recibo a satisfacción de obra y el 24 de julio de 2012 se firmó el acta de liquidación bilateral del contrato,
4 “1. Que se declare el incumplimiento del contrato por parte de la Nación – Fondo Rotatorio de la Policía Nacional al no haber pagado al contratista los valores correspondientes a la mayor ejecución de diseños debidamente autorizados, aprobados y recibidos por la entidad e interventoría.
2. Que como consecuencia del incumplimiento se declare la ruptura del equilibrio económico del contrato de obra y consultoría No 057-3-2010.
debidamente autorizados, aprobados y recibidos por la entidad e interventoría.
2. Que como consecuencia del incumplimiento se declare la ruptura del equilibrio económico del contrato de obra y consultoría No 057-3-2010.
3. Que se proceda a liquidar en sede judicial las prestaciones pendientes del contrato conforme a la real ejecución del mismo aprobadas y recibidas por la entidad e interventoría, de acuerdo a las constancias dejadas en la liquidación bilateral.
4. Que se declare responsable a la Nación – Fondo Rotatorio de la Policía Nacional a pagar los perjuicios ocasionado (sic) al Consorcio MALAY.
5. Que se condene a la Nación – Fondo Rotatorio de la Policía Nacional a pagar al consorcio MALAY, el valor de los perjuicios de orden material y a la reparación del daño causado lucro cesante que le fueron ocasionados, los cuales equivalente a la suma de NOVECIENTOS VEINTIÚN MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS ($921.371.873) M/legal, correspondientes a los Dieciocho Mil Novecientos Sesenta y Un Metros Cuadrados (18.961) de mayor ejecución de diseños del contrato 057-3-2010, de conformidad con lo que resulte probado en el proceso; junto con los interés (sic) moratorios a la tasa máxima legal permitida desde la fecha de liquidación del contrato hasta que se haga efectivo el pago efectivo previa su indexación conforme a lo previsto en el artículo 187 del C.P.A.C.A.
6. A la sentencia que le ponga fin al proceso se le dará cumplimiento en los términos de los artículos (sic) 192 del C.P.A.C.A.
7. Se condene en costas al demandado”.
6. A la sentencia que le ponga fin al proceso se le dará cumplimiento en los términos de los artículos (sic) 192 del C.P.A.C.A.
7. Se condene en costas al demandado”. 5 En la demanda no se referenció el precio pactado. Inicialmente correspondió a 4.278.120.920. A través del acuerdo 4 el presupuesto de obra se incrementó en $108.290.046 y mediante el acuerdo 6 el valor del contrato se aumentó en $195.786.780. 6 El contrato se prorrogó en seis oportunidades: i) acuerdo 1, hasta el 5 de marzo de 2011, ii) acuerdo 2, hasta el 15 de marzo de 2011 para la entrega de los estudios y diseños, y hasta el 30 de mayo de 2011 para la ejecución de la obra; iii) acuerdo 3, hasta el 30 de septiembre de 2011; iv) el acuerdo 4, hasta el 20 de noviembre de 2011; v) acuerdo 5, hasta el 30 de noviembre de 2011; y vi) acuerdo 6, hasta el 15 de diciembre de 2011.Expediente 76001233300820140056601 (72.945)
Demandante: Consorcio Malay
Demandado: Fondo Rotatorio de la Policía
Acción: Controversias contractuales
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documento en el que el consorcio consignó la salvedad de que ejercería las acciones legales pertinentes para reclamar el reconocimiento de los mayores metros cuadrados que diseñó (18.961 m 2), los cuales se respaldan con la certificación expedida por la entidad, las actas de comité de obra y los diseños entregados, en los que se dejó expresa constancia de que el área diseñada correspondió a 31.782,21 m2 aprobados por el Fondo.
certificación expedida por la entidad, las actas de comité de obra y los diseños entregados, en los que se dejó expresa constancia de que el área diseñada correspondió a 31.782,21 m2 aprobados por el Fondo.
10. De conformidad con la propuesta presentada por el demandante, el valor de $623.020.920 acordado para el diseño correspondía a un área de 12.821,36 m2, por lo cual el mayor valor adeudado asciende a $921.371.873 M/te, producto de multiplicar el valor del m2 por la cantidad de m2 efectivamente diseñados.
Fundamentos de derecho
11. El consorcio señaló que el Fondo vulneró los artículos 2, 6, 25, 83 y 124 constitucionales; 2, 9, 18, 23, 28 (numerales 1, 2 y 4), 50 y 51 de la Ley 80 de 1993; 1602 del Código Civil, así como las cláusulas contrato. Como fundamento expresó
los argumentos que se sintetizan a continuación:
12. Al exigir una mayor área de diseño, la entidad modificó unilateralmente el objeto del contrato, por tanto, quedó obligada a restaurar su equilibrio económico, reconociendo al contratista el valor adicional del área que fue aprobada y recibida, sobre la cual se tramitaron las licencias de urbanismos y construcción y se ejecutó la obra.
13. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, en la fase de la liquidación se debían incluir las mayores cantidades ejecutadas con sujeción a los valores asignados a cada uno de los rubros pactados; sin embargo, la entidad se negó a reconocerlos.
liquidación se debían incluir las mayores cantidades ejecutadas con sujeción a los valores asignados a cada uno de los rubros pactados; sin embargo, la entidad se negó a reconocerlos.
14. Aunque el contrato establecía un precio global para 10.810,60 m2 de diseños, se ejecutaron 31.782,21 m2. El Fondo debe asumir el exceso de metraje, ya que fue consecuencia de errores en la planificación que condujeron a la corrección del PMA para adecuarlo a las necesidades reales del proyecto.
15. A pesar de que no se firmó un contrato adicional ni se asignaron recursos para pagar los metros ejecutados en exceso, la entidad está obligada a reconocer y pagar los diseños extra que ordenó, aprobó, recibió y usó en las obras.
La contestación
16. El Fondo contestó la demanda y se opuso a todas las pretensiones con
sustento en que7:
17. El contrato se pactó bajo la modalidad de precio global, por lo cual el contratista no tiene derecho al reconocimiento de obras adicionales o mayores cantidades de obra no previstas.
18. Las pretensiones del consorcio son contrarias al principio de buena fe, ya que para presentar ofertas los contratistas del Estado deben estar informados sobre los proyectos y necesidades de la administración, por lo cual, después de celebrado
7 C. 2, fls. 564 a 578.Expediente 76001233300820140056601 (72.945)
Demandante: Consorcio Malay
Demandado: Fondo Rotatorio de la Policía
Acción: Controversias contractuales
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el negocio jurídico no pueden hacer reclamaciones fundadas en el desconocimiento de tales condiciones.
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Acción: Controversias contractuales
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el negocio jurídico no pueden hacer reclamaciones fundadas en el desconocimiento de tales condiciones.
19. En las prórrogas que acordaron las partes el demandante no presentó reclamaciones, observaciones o salvedades, por lo cual no era procedente hacerlo con posterioridad.
20. Con base en lo anterior, propuso las excepciones que denominó “inexistencia de violación a la obligación del deber de planeación ”, “falta absoluta de causa y cobro de lo no debido ”, “de los contratos de obra celebrados bajo la modalidad de precio global”, “de la ejecución de los contratos de obra y de la conducta asumida por el contratista”, y la genérica.
Alegatos en primera instancia
21. Surtido el debate probatorio 8, mediante auto del 20 de enero de 2020, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca corrió traslado a las partes para que presentaran sus alegatos de conclusión9. El Fondo se pronunció para insistir en sus argumentos. El consorcio y el Ministerio Público guardaron silencio.
Los fundamentos de la sentencia impugnada
22. Como soporte de su decisión10, el a quo expresó que en el acta de liquidación el consorcio consignó las reservas que delimitaban la controversia y, por tanto, que era procedente el estudio de las pretensiones de la demanda.
23. Señaló que el contrato se pactó a precio global, por lo cual, salvo que se acreditara que hubo falencias atribuibles a la entidad contratante o que surgieron imprevistos durante la ejecución, no había lugar al reconocimiento de obras
23. Señaló que el contrato se pactó a precio global, por lo cual, salvo que se acreditara que hubo falencias atribuibles a la entidad contratante o que surgieron imprevistos durante la ejecución, no había lugar al reconocimiento de obras adicionales o mayores cantidades de obra no previstas, pues bajo la modalidad pactada el contratista asumió ese riesgo.
24. Indicó que el consorcio manifestó haber realizado un examen completo y cuidadoso de las condiciones del contrato, de sus riesgos y que declaró que conocía todos los factores determinantes de los costos necesarios para cumplir el objeto pactado. Con base en ello, señaló que el área total a construir era 10.799 m2 y que tendría un costo de $4.278’120.920, por lo cual no podía apartarse de esas manifestaciones para reclamar el reconocimiento de valores adicionales.
25. Agregó que las modificaciones que se realizaron al PMA no podían dar lugar a reconocimientos adicionales porque este documento fue conocido por el consorcio durante la fase de selección, sin que presentara ninguna observación al respecto, además de que lo que se pactó fue que el programa debía ser ajustado por él y, en todo caso, no acreditó que los cambios realizados hubieren sido necesarios para el
8 En audiencia inicial del 14 de septiembre de 2017 (fl. 365, c.1), el Tribunal decretó las pruebas documentales, negó los oficios solicitados por el demandante y los testimonios, y decretó el dictamen pericial que se pidió con el objeto de que se determinara el total del área diseñada y el valor a pagar al contratista (C.1, fl. 157). La pericia
negó los oficios solicitados por el demandante y los testimonios, y decretó el dictamen pericial que se pidió con el objeto de que se determinara el total del área diseñada y el valor a pagar al contratista (C.1, fl. 157). La pericia fue rendido y aportado en el proceso (C.1, fls. 367 anverso y 395 y ss.). Las audiencias de pruebas se llevaron a cabo el 15 de noviembre de 2018, el 18 de julio de 2019, el 31 de octubre de 2019 y el 20 de enero de 2020. En la audiencia del 18 de julio de 2019 el despacho requirió a la demanda para que aportara todos los documentos de la etapa precontractual y de interventoría, los cuales fueron allegados el 3 de sep tiembre de 2019 en un Cd, y solicitó la rendición de un informe por parte del interventor y supervisor del contrato respecto de las áreas diseñadas, los cuales fueron aportados al proceso (C.1., fls. 532 y 533, 439 a 540, 548 a 553, 570 a 573, 604 a 616 y 669 y 670) 9 C. 1, fls. 669 a 670. 10 Índice 70, SAMAI T.A.Expediente 76001233300820140056601 (72.945)
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cumplimiento del objeto convenido y tampoco que hubieren sido autorizados por la entidad.
26. De conformidad con el PMA ajustado por el consorcio, se aprobó diseñar un área de 11.347 m². Sin embargo, en el acta de comité de obra No. 23, llevado a
entidad.
26. De conformidad con el PMA ajustado por el consorcio, se aprobó diseñar un área de 11.347 m². Sin embargo, en el acta de comité de obra No. 23, llevado a cabo el 22 de diciembre de 2010 y en la cual participaron contratante, contratista e interventor, se registró que el contratista la aumentó sin consultar, lo que impidió aprobar el proyecto. El interventor reiteró el 24 de diciembre de 2010 que se excedió el metraje con espacios, terrazas, camas y parqueaderos no justificados ni necesarios.
27. Añadió que en el acto administrativo que revocó la imposición de una multa en contra del contratista se mencionó que la interventoría certificó que el área diseñada superó la indicada en el contrato, lo que daba cuenta de que se desconoció la cláusula séptima en la que se estipuló que todo cambio en los planos y especificaciones debían ser aprobados por la interventoría y por el Fondo, y que de resultar afectados el plazo y/o el precio, antes de su ejecución, debía suscribirse un contrato adicional.
28. Reseñó que, en escrito del 20 de enero de 2011, el consorcio solicitó que se ampliara el término de ejecución del contrato en 115 días con fundamento en que se desarrollaron mayores áreas en la cubierta y de urbanismo y que en ese tiempo se comprometía a r ealizar el proyecto en las condiciones que fueron aprobadas arquitectónicamente por la supervisión y la interventoría, sin que implicara mayores costos para el Fondo. Enseguida destacó que los acuerdos modificatorios 4 y 6 no
se comprometía a r ealizar el proyecto en las condiciones que fueron aprobadas arquitectónicamente por la supervisión y la interventoría, sin que implicara mayores costos para el Fondo. Enseguida destacó que los acuerdos modificatorios 4 y 6 no se limitaron a prorrogar el plazo del contrato, sino que se aumentó su valor para cubrir gastos adicionales.
29. Por último, advirtió que el demandante incumplió el contrato en cuanto al avance y ejecución del proyecto. Indicó que todas las prórrogas se suscribieron por causas imputables a él, por lo que no podía alegar la excepción de contrato no cumplido para justificar su conducta.
EL RECURSO DE APELACIÓN
30. El consorcio interpuso recurso de apelación con el fin de que se revoque la sentencia de primera instancia y se acceda a las pretensiones de la demanda 11.
Como fundamento de su oposición arguyó que:
31. i) El contratista dejó salvedades en el acta de liquidación, por lo que el argumento del a quo que desconoció ese hecho y que dio lugar a que se negaran las pretensiones de la demanda es errado.
32. ii) El Tribunal analizó incorrectamente la modalidad de precio global, toda vez que cuando el precio se pacta bajo este esquema no significa que por el mismo valor se deba ejecutar toda actividad adicional, sino solamente las previamente establecidas y contratadas por ese monto. En consecuencia, tampoco era posible sostener que en virtud de esa modalidad el Fondo quedara exonerado de reconocer y pagar las modificaciones sustanciales en la cantidad de diseños que se dieron durante la ejecución del contrato, las cuales no obedecieron a una decisión del
sostener que en virtud de esa modalidad el Fondo quedara exonerado de reconocer y pagar las modificaciones sustanciales en la cantidad de diseños que se dieron durante la ejecución del contrato, las cuales no obedecieron a una decisión del contratista, sino a las necesidades del proyecto y a lo solicitado por el Fondo.
11 Índice SAMAI 76 T.A.Expediente 76001233300820140056601 (72.945)
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33. iii) El a quo interpretó erróneamente las obligaciones derivadas del contrato
por las siguientes razones:
34. a) Analizó el caso como si se tratara de un contrato de obra pactado a precio global, sin tener en cuenta que también se convino un componente de consultoría. Precisó que lo que se pretendía era el reconocimiento de la mayor cantidad de área diseñada, por lo cual debía analizarse el contrato en el apartado referente a ese aspecto, en el que se dijo que se tendría como criterio interpretador que el diseño sería de 12.000 m 2, de donde se deduce que el precio global solo cubría ese metraje, por lo cual cualquier cantidad adicional debía ser cubierta por el Fondo. Afirmó que no podía remunerarse de la misma forma un trabajo que duplica y casi triplica el área de diseño convenida.
35. b) La causa de los contratos adicionales la constituyó la mayor cantidad de diseño, pero tales acuerdos no versaron sobre su remuneración, sino que se limitaron a la ampliación del plazo que devino de la necesidad de ejecutarlos; además de que en ellos no se consignó una renuncia expresa para reclamar el
diseño, pero tales acuerdos no versaron sobre su remuneración, sino que se limitaron a la ampliación del plazo que devino de la necesidad de ejecutarlos; además de que en ellos no se consignó una renuncia expresa para reclamar el reconocimiento de ese mayor valor.
36. iv) El consorcio no conoció la formulación del PMA desde la fase previa a la celebración del contrato, ya que los estudios en los que se sustentó no fueron publicados por la entidad12.
37. v) No se tuvo en cuenta que el demandante actuó bajo el principio de confianza legítima, en tanto elaboró los diseños según las instrucciones del Fondo y de la interventoría; de manera que, si la entidad los aprobó, supervisó y recibió, no puede desconocer su obligación de pago.
38. vi) Las prórrogas no fueron imputables al contratista, ni exoneraron de responsabilidad al demandado. Todas las modificaciones se justificaron en el hecho de que el consorcio estaba cumpliendo con la obligación de incorporar dentro del diseño todas las áreas requeridas para el funcionamiento de la clínica, situación que derivó en que el proyecto tuvo un alcance mayor al inicialmente estimado, lo cual no significaba que debiera desconocerse un derecho al pago por mayor valor en el diseño.
39. vi) El Tribunal no podía afirmar que el consorcio incumplió el contrato, toda vez que el acto administrativo que así lo declaró fue revocado.
Trámite en segunda instancia
40. Mediante auto del 7 de mayo de 2025 13, el a quo concedió el recurso de apelación y esta corporación lo admitió 14 mediante el proveído del 17 de junio de
202515.
Trámite en segunda instancia
40. Mediante auto del 7 de mayo de 2025 13, el a quo concedió el recurso de apelación y esta corporación lo admitió 14 mediante el proveído del 17 de junio de
202515.
12 Señaló que el PMA fue realizado por la entidad contratante con base en un estudio de perfiles epidemiológicos y en un estudio de mercado, según lo establece la ley 1438 de 2011, la resolución 1536 de 2015, ley 1751 de 2015 (ley estatutaria de la salud), decreto 780 de 2016, entre otros, pero que esos documentos no se publicaron porque eran internos y confidenciales para la elaboración de sus estudios previos. 13 Índice SAMAI 082 T.A. 14 De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 2080 del 25 de enero de 2021, la vigencia de las modificaciones introducidas al CPACA rigen desde el momento en que se publicó la aludida norma. Así pues, como el recurso de apelación materia de análisis se presentó el 12 de marzo de 2025, es evidente que la reforma a la Ley 1437 de 2011 sí le resulta aplicable, salvo las normas que modifican la distribución competencial entre juzgados, tribunales administrativos y Consejo de Estado. La conclusión antecedente se apoya en los siguientes términos: “Artículo 86. Régimen de vigencia y transición normativa . La presente ley rige a partir de su publicación, con excepción de las normas que modifican las competencias de los juzgados y tribunales administrativos y del Consejo de Estado, las cuales solo se aplicarán respecto de las demandas que se presenten un año después de publicada esta ley […]” (resaltado fuera de texto)
publicación, con excepción de las normas que modifican las competencias de los juzgados y tribunales administrativos y del Consejo de Estado, las cuales solo se aplicarán respecto de las demandas que se presenten un año después de publicada esta ley […]” (resaltado fuera de texto) 15 Índice SAMAI 003, C.E.Expediente 76001233300820140056601 (72.945)
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41. Dado que al presente asunto le son aplicables las previsiones de la Ley 2080 de 202116, que modificó el artículo 247 del CPACA, no se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión, comoquiera que no se decretaron pruebas en segunda instancia. Dentro del término previsto por el artículo 247 del CPACA, la demandada no se pronunció so bre el recurso de apelación. El Ministerio Público no emitió concepto.
CONSIDERACIONES
El objeto de la apelación
42. Corresponde a la Sala determinar si: i) el a quo negó las pretensiones de la demanda porque no se dejaron salvedades en el acta de liquidación; ii) la conclusión de que las mayores áreas diseñadas quedaron cubiertas por el precio global pactado se fundó en una interpretación errónea de esta modalidad y de las cláusulas del contrato; iii) las modificaciones al PMA no eran atribuibles al consorcio porque no conoció el documento en la fase previa de selección; iv) el hecho de que los diseños se hubieren realizado por instrucciones de la parte demandada, que los
del contrato; iii) las modificaciones al PMA no eran atribuibles al consorcio porque no conoció el documento en la fase previa de selección; iv) el hecho de que los diseños se hubieren realizado por instrucciones de la parte demandada, que los supervisó, aprobó y recibió, otorga derecho al consorcio para obtener el pago de las mayores cantidades de diseño; v) las causas que dieron lugar a las prórrogas no fueron imputables al contratista y en ellas no se renunció a reclamar el mayor valor de diseños.
Análisis del caso
43. El primer cargo de la apelación no está llamado a prosperar. El Tribunal no negó las pretensiones de la demanda bajo la premisa de que no se dejaron salvedades en el acta de liquidación; al contrario, indicó que la que se consignó fijaba el marco de la controversia y convalidaba el estudio de la demanda, a lo que procedió17.
44. El segundo cargo de la impugnación tampoco prospera porque no es cierto que el a quo hubiere interpretado erróneamente la modalidad del precio global fijo ni las cláusulas del contrato. La demanda parte de una premisa equivocada respecto de este concepto.
45. La realización de un proyecto de obra concibe dos fases: la confección de los diseños y su ejecución material. Ambas labores pueden encargarse a sujetos distintos pues, aunque son sucesivas, no son indivisibles, o a uno solo a través de tipologías como la de llave en mano, por medio del cual el contratista se obliga, a cambio de una contraprestación, a asumir la obra de manera integral desde su concepción y diseño para entregarla lista para su uso al contratante. Un aspecto
tipologías como la de llave en mano, por medio del cual el contratista se obliga, a cambio de una contraprestación, a asumir la obra de manera integral desde su concepción y diseño para entregarla lista para su uso al contratante. Un aspecto caracterizador y definitorio de este tipo de contratación estriba en la responsabilidad que asume el contratista en la ejecución completa del encargo, en virtud del cual se obliga a crear el proyecto (diseñarlo), suministrar los materiales y maquinaria, proveer el transporte, efectuar las obras civiles y, en generar, en realizar todo lo que
16 El recurso de apelación se interpuso el 12 de marzo de 2025, esto es, en vigencia de la Ley 2080 de 202125 de enero de 2021-. 17 En el acta de liquidación se consignó la siguiente salvedad: “ SALVEDAD REALIZADA HECHA POR EL CONTRATISTA: El contratista hace la salvedad que en la cláusula tercera se declara a paz y salvo, pero con la excepción de la siguiente reclamación. Nos reservamos el derecho a reclamar por los daños y perjuicios derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato No. 057-32010, el cual liquidamos en esta acta y en especial con la mayor cantidad de M 2 diseñados por orden directa del FORPO y recibidos a conformidad en el acta de terminación de los diseños, que difiere de lo contratado de acuerdo con lo estipulado en la página 18 de contrato de la referencia y cuyo monto equivale al valor correspondiente de multiplicar la diferencia entre los M2 contratados inicialmente y los M2 realmente diseñados a los precios actualizados al día de hoy. Incluyendo
18 de contrato de la referencia y cuyo monto equivale al valor correspondiente de multiplicar la diferencia entre los M2 contratados inicialmente y los M2 realmente diseñados a los precios actualizados al día de hoy. Incluyendo todos los sobrecostos que tuvo que asumir el contratista por la razón y las demoras en los pagos” (fl. 121, c. 1).Expediente 76001233300820140056601 (72.945)
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sea necesario para poner en funcionamiento la obra (ejecución material). Es decir: por el precio convenido, se compromete a entregar un producto terminado, por tanto, tiene el deber de realizar todas las prestaciones necesarias, coadyuvantes o complementarias que se requieran para cumplirlo.
46. Por sus características, los contratos llave en mano se asocian con la modalidad de precio global en la que el contratante conviene pagar al contratista una suma única por la ejecución del objeto, la cual remunera todos los costos, directos e indirectos, en los que se incurra para lograr el objeto pactado, así como las utilidades a recibir. Este esquema impide que el contratista cobre sumas adic
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