CE - Sentencia 76001233301020170072901
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 76001233301020170072901
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá, D. C., siete (7) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 76001 23 33 010 2017 00729 01 (73.149)
Demandante: Ximena Patricia Gómez Rivera.
Demandado: Nación – Rama Judicial y otro
Referencia: Reparación directa
Temas: REPARACIÓN DIRECTA – CADUCIDAD - Daños causados por la administración de justicia – El término para demandar por error judicial se cuenta desde el día siguiente a la ejecutoria de la providencia de la que se predica el yerro – Si se trata de terceros no vi nculados al trámite o de menoscabos que surgen con posterioridad, el plazo se contará desde que el interesado estuvo en la posibilidad de conocer la situación o desde cuando surgió el detrimento / PROCEDENCIA – La reparación directa no es la vía idónea para controvertir la legalidad del retiro de un empleado público, por tratarse de un asunto propio de la nulidad y restablecimiento del derecho – La nulidad de un acto administrativo general que mod ifica la estructura de una entidad no modifica las situaciones previamente consolidadas en virtud de decisiones particulares amparadas por la presunción de legalidad – COSA JUZGADA – Se configura cuando concurren identidad de partes, objeto y causa con un proceso previamente fallado.
1. La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 18 de marzo de 2025, mediante la cual el Tribunal
con un proceso previamente fallado.
1. La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 18 de marzo de 2025, mediante la cual el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca declaró probada la excepción de caducidad frente a la Rama Judicial y concluyó que, en relación con el Distrito de Cali, la reparación directa era improcedente.
SÍNTESIS DEL CASO
2. La accionante adujo que fue desvinculada del empleo que ocupaba en el Concejo de Cali, en virtud de las determinaciones adoptadas por tal Corporación a través del Acuerdo 081 de 2001 y la comunicación del 6 de julio de la misma anualidad; actos que cuesti onó en sede de nulidad y restablecimiento del derecho, pero sus pretensiones fueron negadas a través de fallo del 3 de marzo de 2011, confirmado el 7 de febrero de 2013. Posteriormente, el Consejo de Estado, en virtud de una demanda de nulidad simple promovida por una organización sindical, en 2015, anuló el citado acuerdo. En su criterio, esta decisión evidenció la ilegalidad de su retiro y de las providencias que resolvieron sobre ese punto, de ahí que le asista responsabilidad patrimonial al distrito de Santiago de Cali y a la Rama Judicial.
ANTECEDENTES
La demanda y las razones de hecho y de derecho en las que se fundamentó
3. El 25 de mayo de 20171, la señora Ximena Patricia Gómez Rivera2, en ejercicio de la acción de reparación directa, presentó demanda contra el distrito de Santiago de
1 Folio 119 del archivo 1 del expediente digital (índice 32 de Samai). Las actuaciones de primera
la acción de reparación directa, presentó demanda contra el distrito de Santiago de
1 Folio 119 del archivo 1 del expediente digital (índice 32 de Samai). Las actuaciones de primera instancia obran en el aplicativo del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. El cuaderno digital 1 reposa en el índice 32. Cuando se trate de actuaciones registradas en otro índice, así se precisará. 2 En adelante, la demandante, la accionante, la actora, la interesada.Radicación: 76001 23 33 010 2017 00729 01 (73.149) Demandante: Ximena Patricia Gómez Rivera Demandado: Nación –Rama Judicial y otro
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Cali3 y la Rama Judicial, para que se les declare patrimonialmente responsables, respectivamente, por la expedición del Acuerdo 081 de 2001, por medio del cual se suprimió el empleo que desempeñaba en la primera de las entidades citadas, y por el error judicial contenido en las decisiones que negaron la nulidad de dicho acto administrativo y de la comunicación entregada el 9 de julio de la misma anualidad4. Al respecto, se formularon las siguientes pretensiones (transcripción en su tenor literal, con sus propios énfasis, errores ortográficos y de digitación):
“PRIMERO: Que se declare administrativamente responsable al MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI por los daños causados a XIMENA PATRICIA GÓMEZ por la expedición del Acuerdo N° 081 del 19 de abril de 2001 del Concejo Municipal de Santiago de Cali, ‘Por el cual se reduce la estructura administrativa, se adopta una
expedición del Acuerdo N° 081 del 19 de abril de 2001 del Concejo Municipal de Santiago de Cali, ‘Por el cual se reduce la estructura administrativa, se adopta una nueva planta de personal y se determina una nueva escala de remuneración en el Concejo Municipal de Santiago de Cali.
SEGUNDO: Que se declare administrativamente responsable a la NACIÓN RAMA JUDICIAL DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, por los daños causados a XIMENA PATRICIA GÓMEZ por el error judicial en el que incurrió el Juzgado Séptimo Contencioso Administrativo del Circuito de Cali y el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, al no declarar la nulidad y restablecimiento de derecho en el momento en que mi poderdante interpuso la acción.
TERCERO: Que se reparen los daños y perjuicios causados a XIMENA PATRICIA GÓMEZ, así.
RESUMEN: Lucro cesante debido : Salarios y prestaciones dejadas de percibir desde julio 10 de 2001 hasta el 30 de abril de 2017, SEICIENTOS SETENTA Y SEIS
MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL TRECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS
($676.056.375).
Más indexación: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES VEINTITRÉS MIL
CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS ($256.023.617).
Total salarios y prestaciones indexadas: NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TRES PESOS MCTE ($932.079.503). A fecha del 30 de abril de 2017. (…) LIQUIDACIÓN SUBSIDIARIA: Como se trata de una reparación directa por error
MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TRES PESOS MCTE ($932.079.503). A fecha del 30 de abril de 2017. (…) LIQUIDACIÓN SUBSIDIARIA: Como se trata de una reparación directa por error judicial la liquidación podría ser también de la siguiente forma: (…) Indemnización Debida o Consolidada: (…) $1.350.892.930,00 (…). Indemnización Futura: (…) $494’616.078 (…).
Además, lo correspondiente a los honorarios de abogado 30% de lo que se reconozca en la sentencia, asumidos dentro de la presente demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, según consta en el contrato de prestación de servicios que se aporta como prueba.
Perjuicios morales: Para XIMENA PATRICIA GÓMEZ se reconozca y pague por perjuicios morales 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes”5.
4.Como fundamentos fácticos, en síntesis, se indicaron los siguientes:
3 En lo sucesivo, el distrito de Cali, el distrito accionado, la entidad, la parte demandada o la parte accionada. 4 Fechada el 6 del mismo mes y año. 5 Folios 99 a 114 del archivo 1 del expediente digital, paginados como 86 a 101. Índice 32 de Samai.Radicación: 76001 23 33 010 2017 00729 01 (73.149) Demandante: Ximena Patricia Gómez Rivera Demandado: Nación –Rama Judicial y otro
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5.La señora Ximena Patricia Gómez Rivera desempeñó en el Concejo de Santiago de
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5.La señora Ximena Patricia Gómez Rivera desempeñó en el Concejo de Santiago de Cali, desde el 21 de febrero de 1997, el empleo de “ SECRETARIA TRANSCRIPTORA”, inicialmente, en provisionalidad y luego en carrera. Mediante comunicación recibida el 9 de julio de 2001, se le informó que su cargo había sido suprimido por tal Corporación a través del Acuerdo 081 del 19 de abril de 2001, el cual modificó la estructu ra administrativa de la Corporación y adoptó una nueva planta de personal.
6. Frente a lo anterior, la demandante promovió proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, en el que alegó la expedición irregular del acuerdo citado y la infracción de las normas jurídicas superiores, cargos que, por falta de acreditación, fueron desestimados por el Juzgado 7° Administrativo del Circuito de Cali, mediante sentencia del 3 de marzo de 2011, confirmada en segunda instancia el 7 de febrero de 2013.
7.Luego, en sede de segunda instancia, el Consejo de Estado, mediante sentencia del 27 de abril de 2015, proferida en el marco de un proceso de nulidad simple promovido por una organización sindical, anuló el citado Acuerdo 081 de 2001. Según la señora Gómez Rivera, esta decisión puso de presente el proceder irregular de las demandadas, al desconocer en sede administrativa y judicial la ilegalidad del acto administrativo general que llevó a su retiro del servicio.
8.Como sustento jurídico, la accionante, sin hacer referencia en concreto a alguna
de las demandadas, al desconocer en sede administrativa y judicial la ilegalidad del acto administrativo general que llevó a su retiro del servicio.
8.Como sustento jurídico, la accionante, sin hacer referencia en concreto a alguna providencia, indicó que la jurisprudencia ha sido clara en aceptar la procedencia de la reparación directa para reclamar la indemnización de los perjuicios causados por disposiciones de carácter general anuladas por esta jurisdicción.
Contestación de la demanda
9.El distrito de Cali se opuso a las pretensiones 6. Señaló que la reparación directa resultaba improcedente, en cuanto la desvinculación de la demandante no se ordenó mediante el Acuerdo municipal 081 de 2001 (anulado posteriormente), sino en virtud de un acto administrativo de carácter particular -el contenido en la comunicación del 6 de julio de 2001-, cuya ilegalidad fue desestimada en un proceso previo, que terminó con sentencia con fuerza de cosa juzgada.
10.Agregó que para la época de los hechos, conforme a lo previsto en el artículo 39 de la Ley 443 de 1998 7, la señora Gómez Rivera optó por recibir una indemnización administrativa en lugar de incorporarse a la nueva planta de personal, por ende, no se le causó daño antijurídico alguno. Asimismo, sostuvo que la demanda de la referencia fue presentada 14 años después de ocurridos los hechos.
6 Folios 161 a 171 del cuaderno digital 1. 7 “Artículo 39. Derechos del empleado de carrera administrativa en caso de supresión del cargo. Los empleados públicos de carrera a quienes se les supriman los cargos de los cuales sean titulares,
6 Folios 161 a 171 del cuaderno digital 1. 7 “Artículo 39. Derechos del empleado de carrera administrativa en caso de supresión del cargo. Los empleados públicos de carrera a quienes se les supriman los cargos de los cuales sean titulares, como consecuencia de la supresión o fusión de entidades, orga nismos o dependencias, o del traslado de funciones de una entidad a otra, o de modificación de planta, podrán optar por ser incorporados a empleos equivalentes o a recibir indemnización en los términos y condiciones que establezca el Gobierno Nacional” (se destaca).Radicación: 76001 23 33 010 2017 00729 01 (73.149) Demandante: Ximena Patricia Gómez Rivera Demandado: Nación –Rama Judicial y otro
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11.La entidad llamó en garantía a Mapfre Colombia Vida Seguros S.A. 8, con fundamento en la póliza de responsabilidad civil extracontractual No.
1501215001154. Una vez notificada, la aseguradora9 propuso la excepción de cosa juzgada y sostuvo que la sentencia de nulidad simple invocada por la actora carecía de efectos retroactivos frente a situaciones consolidadas, como la acá debatida.
Agregó que la contingencia objeto de la litis no se encontraba amparada y que, en todo caso, en el sub-lite se estructuró un esquema de coaseguro, por lo que su responsabilidad se limitaba al porcentaje de cobertura que le correspondía.
12.La Rama Judicial guardó silencio10.
Sentencia de primera instancia
13.El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia del 18 de marzo
responsabilidad se limitaba al porcentaje de cobertura que le correspondía.
12.La Rama Judicial guardó silencio10.
Sentencia de primera instancia
13.El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia del 18 de marzo de 202511, decidió (transcripción en su tenor literal, con sus propios énfasis):
“PRIMERO: DECLÁRESE INFUNDADA la excepción de cosa juzgada.
SEGUNDO: DECLÁRENSE FUNDADAS las excepciones de caducidad sobre la pretensión de responsabilidad por error judicial respecto de la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DESAJ; y de improcedencia de la Reparación Directa respecto de la falla en el servicio del DISTRITO DE CALI por la nulidad del Acuerdo 081 de 2001.
TERCERO: NIÉGUENSE las pretensiones de la demanda.
CUARTO: Sin condena en costas”.
14. El a quo consideró que este asunto no tenía identidad de objeto, causa, ni partes con el decidido en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por la señora Gómez Rivera ante el Juzgado 7° Administrativo del Circuito de Cali, bajo el radicado 76001-23-31-000-2001-05212-00, y tramitado en segunda instancia ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
15.Explicó que dicha actuación se debatió sobre la legalidad de la desvinculación de la accionante con el Distrito de Cali como accionado, a partir de las circunstancias que rodearon la reestructuración administrativa. Mientras que en el sub lite, además, se demandó a la Rama Judicial, para lo cual se reclamó indemnización por dos
accionante con el Distrito de Cali como accionado, a partir de las circunstancias que rodearon la reestructuración administrativa. Mientras que en el sub lite, además, se demandó a la Rama Judicial, para lo cual se reclamó indemnización por dos supuestos distintos: i) el error judicial derivado de la denegatoria de las pretensiones de legalidad formuladas en el aludido expediente 76001-23-31-000-2001-05212-00, y ii) por la expedición de un acto administrativo general (Acuerdo 081 de 2001 del Concejo de Cali) que fue anulado por esta Corporación.
16. Como consecuencia, el tribunal desestimó la excepción de cosa juzgada, pero declaró probada la de caducidad frente a la imputación inherente a los supuestos daños causados por la administración de justicia, dado que la demanda no fue
8 Folios 191 a 193 del cuaderno digital 1. 9 Folios 216 a 238 del cuaderno digital 1. 10 En el expediente no reposa memorial en ese sentido. Además, en el informe de paso al despacho pertinente solo se dejó constancia de la contestación presentada por el distrito de Cali (folio 194 del cuaderno digital 1). 11 Índice 55 de Samai.Radicación: 76001 23 33 010 2017 00729 01 (73.149) Demandante: Ximena Patricia Gómez Rivera Demandado: Nación –Rama Judicial y otro
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presentada dentro de los dos años siguientes a la ejecutoria de la sentencia que puso fin a la respectiva controversia. A su juicio, el cómputo no debía efectuarse a
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presentada dentro de los dos años siguientes a la ejecutoria de la sentencia que puso fin a la respectiva controversia. A su juicio, el cómputo no debía efectuarse a partir del fallo posterior que se dictó en el proceso de nulidad simple, porque ello equivaldría a revivir términos fenecidos y a supeditar la configuración del error judicial a lo decidido en un proceso independiente.
17.En relación con la segunda atribución de responsabilidad, concluyó que la reparación directa no era procedente frente al Distrito de Cali, toda vez que la desvinculación de la demandante se produjo mediante un acto administrativo particular (la comunicación del 6 de julio de 2001), cuya presunción de legalidad no fue desvirtuada en el proceso promovido para tal fin. Explicó que el fallo de 2015 del Consejo de Estado que declaró la nulidad del Acuerdo 081 de 2001 no tuvo incidencia en la situación de la acto ra, dada su consolidación previa. Añadió que, en su momento, la accionante optó por una indemnización administrativa, en lugar de incorporarse a la nueva planta, de modo que su retiro obedeció a la alternativa que eligió.
18.No se emitió condena en costas, por no encontrarse causadas.
Recurso de apelación
19. La parte actora apeló la sentencia de primer grado. Sostuvo que el término de caducidad respecto del error judicial debía contarse a partir de la decisión del Consejo de Estado que, en sede de nulidad simple, dejó sin efectos el Acuerdo 081 de 2001 del Concejo de Cali, pues fue esa providencia la que puso en evidencia el
caducidad respecto del error judicial debía contarse a partir de la decisión del Consejo de Estado que, en sede de nulidad simple, dejó sin efectos el Acuerdo 081 de 2001 del Concejo de Cali, pues fue esa providencia la que puso en evidencia el yerro en el que habría incurrido esta jurisdicción al negar sus pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho.
20.De otro lado, argumentó que l a acción de reparación directa era la idónea para reclamar la indemnización de los perjuicios del Acuerdo 081 de 2001 del Concejo de Cali, que resultó anulado. Explicó que, aunque existía un pronunciamiento judicial sobre este asunto, este no podía reputarse definitivo, dada las falencias en las que incurrieron las autoridades que definieron el caso.
Trámite de segunda instancia
21. El 8 de septiembre de 2025 12, esta Corporación admitió la apelación interpuesta por la accionante e informó a las partes y al Ministerio Público que podían intervenir hasta la ejecutoria del referido auto y el ingreso del expediente al despacho para fallo, respectivamente.
22.A juicio de la Procuraduría13, el recurso de apelación de la parte demandante carece de vocación de prosperidad, en cuanto la demanda por error judicial debió presentarse dentro de los dos años siguientes a la ejecutoria de la sentencia que la señora Gómez Rivera califica como contrar ia a derecho, pues a partir de allí tuvo conocimiento de la denegatoria de las pretensiones y de los fundamentos de tal determinación, sin que la nulidad ulterior del acto general reviviera los términos
12 Índice 4 de Samai.
tuvo conocimiento de la denegatoria de las pretensiones y de los fundamentos de tal determinación, sin que la nulidad ulterior del acto general reviviera los términos
12 Índice 4 de Samai. 13 Índice 11 de Samai.Radicación: 76001 23 33 010 2017 00729 01 (73.149) Demandante: Ximena Patricia Gómez Rivera Demandado: Nación –Rama Judicial y otro
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para accionar por daños derivados de la administración de justicia, como reiteradamente lo ha indicado la jurisprudencia. En todo caso, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho no se incurrió en yerro alguno, pues tal asunto se falló de conformidad con los criterios vigentes para ese momento.
23.En segundo lugar, la reparación directa no constituye un mecanismo para reabrir litigios ya decididos en sede de nulidad y restablecimiento del derecho. En este asunto, la afectada promovió con antelación a las diligencias de la referencia un proceso de le galidad frente a su desvinculación, el cual fue decidido de manera desfavorable, sin que el carácter inmutable de dicha decisión resultara alterado por un fallo sobreviniente dictado en un proceso independiente, so pena de desconocer la cosa juzgada.
24.Las partes guardaron silencio.
CONSIDERACIONES
25.Como no se advierte la configuración de causal de nulidad alguna que invalide lo actuado y evidenciado el cumplimiento de los presupuestos procesales de jurisdicción, competencia, agotamiento del requisito de conciliación extrajudicial, así
25.Como no se advierte la configuración de causal de nulidad alguna que invalide lo actuado y evidenciado el cumplimiento de los presupuestos procesales de jurisdicción, competencia, agotamiento del requisito de conciliación extrajudicial, así como legitimación en la causa14, la Sala procede a decidir la segunda instancia, en el marco de lo cual debe determinar lo atinente a la oportunidad de la demanda y la procedencia de la reparación directa.
Objeto de la apelación
26.Corresponde a la Subsección pronunciarse sobre los reparos concretos formulados en la apelación, los cuales, por regla general, delimitan la competencia del ad quem, para ventilar la controversia, salvo situaciones que se deban auscultar y definir de manera oficiosa.
27.En relación con la imputación dirigida a la Rama Judicial, se debe establecer si el término de caducidad debe contarse desde la ejecutoria de la providencia a la que se atribuye el error judicial, o si, por el contrario, resulta determinante la sentencia posterior de nulidad simple mediante la cual esta Corporación anuló el Acuerdo 081 de 2001, a través del cual el Concejo de Cali modificó su estructura administrativa y la planta de personal a la que se encontraba vinculada la demandante.
28.En cuanto al Distrito de Cali, corresponde determinar si la reparación directa resulta procedente para solicitar la indemnización de los perjuicios causados por la finalización del vínculo laboral de la señora Ximena Patricia Gómez Rivera. En caso de advertirse su falta de idoneidad, deberá definirse la consecuencia jurídica de tal
14 El proceso fue promovido por la persona que fungió como accionante en el litigio del que se predica
de advertirse su falta de idoneidad, deberá definirse la consecuencia jurídica de tal
14 El proceso fue promovido por la persona que fungió como accionante en el litigio del que se predica el error judicial, quien, a su vez, corresponde a aquella que resultó desvinculada del servicio público. Además, la demanda se dirigió contra la Rama Judicial y el Distrito de Cali. La primera entidad, por tener a su cargo la administración de justicia y haber proferido la decisión que se califica como contraria al ordenamiento jurídico. La segunda, por ser l a empleadora de la accionante y haber proferido el Acuerdo 081 de 2001, que, posteriormente, fue anulado, supuesto que, en criterio de la accionante, revela la falla en el servicio que se presentó en la finalización de su vínculo laboral.Radicación: 76001 23 33 010 2017 00729 01 (73.149) Demandante: Ximena Patricia Gómez Rivera Demandado: Nación –Rama Judicial y otro
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situación, y si esta configura una excepción que debe ser declarada de oficio por la Subsección, como la de cosa juzgada.
29. Previo a resolver los cargos citados, la Sala relacionará los hechos relevantes que resultaron acreditados, para, a partir de ellos, abordar los reproches de la parte apelante.
Supuestos fácticos acreditados
30.La señora Ximena Patricia Gómez Rivera se vinculó en provisionalidad al Concejo de Santiago de Cali el 21 de febrero de 1997, en el cargo de secretaria transcriptora, código 000100000001780 00, en el cual fue inscrita en carrera administrativa el 14
de Santiago de Cali el 21 de febrero de 1997, en el cargo de secretaria transcriptora, código 000100000001780 00, en el cual fue inscrita en carrera administrativa el 14 de abril de 199815.
31. A través del Acuerdo 081 del 19 de abril de 2001, la citada Corporación redujo su estructura administrativa y adoptó una nueva planta de personal16. Con fundamento en esta determinación, el 9 de julio de la misma anualidad 17, se le comunicó a la accionante la supresión de su cargo y se le indicó que, en atención a sus derechos
de carrera, podía optar entre la prelación para su reincorporación o una indemnización, para lo cual eligió lo segundo.
32.El 9 de noviembre siguiente, la accionante promovió proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el que cuestionó la legalidad del citado acuerdo y de la comunicación posterior, dado que el primero de los citados no fue aprobado por los votos mínim os que correspondía y no contó con un estudio previo 18. El asunto fue conocido en primera instancia por el Juzgado 7° Administrativo del Circuito de Cali, bajo el radicado 76001 33 31 007 2001 02551 00, despacho que dictó sentencia denegatoria el 3 de marzo de 2011, ante la evidencia de que no se aportó copia auténtica del reglamento del Concejo de Cali y “en todo caso los precedentes del Consejo de Estado han negado la prosperidad de este cargo sustentado en los mismos argumentos que se exponen en la demanda”19. Además, sí se contó con el análisis técnico establecido en la Ley 443 de 1998, según las
precedentes del Consejo de Estado han negado la prosperidad de este cargo sustentado en los mismos argumentos que se exponen en la demanda”19. Además, sí se contó con el análisis técnico establecido en la Ley 443 de 1998, según las pruebas allegadas. Como argumento adicional, el juzgado indicó que, si bien en otro
15 Según las certificaciones y el acta de posesión visibles a folios 9 y 10 del cuaderno digital 1). 16 Folios 11 a 22 del cuaderno digital 1. 17 En el expediente no obra tal documento; sin embargo, tal supuesto fáctico fue incluido dentro de los hechos probados en la sentencia de primera instancia del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que la accionante promovió con ocasión de su de svinculación. Al respecto, el Juzgado 7° Administrativo del Circuito de Cali señaló (transcripción literal): "Igualmente se acredita que mediante oficio de julio 6 del 2001 y con fecha de recibo del día 9 del mismo mes y año, se comunicó a la actora la supresión del cargo que venía desempeñado como Secretaria Transcriptora dentro de la planta de personal del Conce jo Municipal, a partir del día 9 de Julio de 2001 por efecto de lo dispuesto en el acuerdo No 081 del 18 de abril del 2001 (Fl.68 Cdno Ppal), poniéndole de presente que de conformidad con los artículos 44 y siguientes del Decreto 1568 de 1998, le asistía el derecho de optar entre un tratamiento preferencial para ser reincorporada a un empleo equivalente dentro de los seis (6) meses siguientes o recibir una indemnización, con la advertencia de que esta decisión debía ser comunicada a la administración en el término de cinco
de 1998, le asistía el derecho de optar entre un tratamiento preferencial para ser reincorporada a un empleo equivalente dentro de los seis (6) meses siguientes o recibir una indemnización, con la advertencia de que esta decisión debía ser comunicada a la administración en el término de cinco (5) días calendario luego de su recibo, optando la señora XIMENA PATRICIA GÓMEZ RIVERA por la indemnización, según lo señala de manera expresa en el HECHO TERCERO de la demanda propuesta" (folio 46 del cuaderno digital 1). 18 En las sentencias proferidas dentro de esa causa se reseñaron los cargos formulados por la parte actora (folios 53 a 56 del cuaderno digital 1). 19 Folio 38 del cuaderno digital 1.Radicación: 76001 23 33 010 2017 00729 01 (73.149) Demandante: Ximena Patricia Gómez Rivera Demandado: Nación –Rama Judicial y otro
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proceso se había accedido a la declaratoria de nulidad, ello obedeció a que en esa litis no se incorporó como prueba la documental técnica exigida y ello se traducía en la ausencia de un elemento establecido en la ley para proceder a la reestructuración.
33.En virtud de la apelación de la demandante, las diligencias fueron remitidas al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que las radicó con el consecutivo 76001 23 31 000 2001 05212 01, y confirmó el fallo de primer grado el 7 de febrero de 201320, dado que la omisión en el aporte del reglamento del Concejo, por ser un
23 31 000 2001 05212 01, y confirmó el fallo de primer grado el 7 de febrero de 201320, dado que la omisión en el aporte del reglamento del Concejo, por ser un requisito sine qua non, impedía el análisis de fondo del primer cargo de nulidad y, de otro lado, contrario a los dichos de la empleada, fue acreditado el soporte técnico que justificaba la modificación de la planta. Esta providencia quedó ejecutoriada el 30 de abril de la misma anualidad21.
34. Luego, el 27 de abril de 2015, la Sección Segunda de esta Corporación dictó sentencia de segunda instancia en el proceso de nulidad simple con radicado 76001 23 31 000 2001 02855 01, promovido por la Unión Sindical de Servidores Públicos y Contratistas con el fin de que se anulara el Acuerdo 081 de 2001 proferido por el Concejo de Cali. Tal Sala encontró fundado el reproche planteado en la demanda, en cuanto a la ausencia del estudio técnico, pues consideró que no bastaba con su elaboración, sino que esta debía estar acorde con las exigencias legales del caso, sin que ell as se agotaran en la necesidad de reducir gastos de funcionamiento
(transcripción en su tenor literal, con sus propios errores ortográficos y de digitación)22:
Para orientar el debate de acuerdo con la impugnación planteada por la parte actora, se determinará si en el presente asunto se obró de conformidad con el artículo 41 de la Ley 443 de 1998, en cuanto exige previamente la elaboración de estudios técnicos efectuados (…) que recomendaran la reestructuración del Concejo Municipal de Santiago de Cali (…).
artículo 41 de la Ley 443 de 1998, en cuanto exige previamente la elaboración de estudios técnicos efectuados (…) que recomendaran la reestructuración del Concejo Municipal de Santiago de Cali (…).
En lo referente a los estudios técnicos el artículo 154 del Decreto 1572 de 1998, prevé que (…) deben basarse en metodologías de diseño organizacional y ocupacional, e incluir por lo menos el análisis de alguno de los aspectos relacionados en la norma, es decir, que debe contener análisis de los procesos técnico-misionales y de apoyo, evaluación de la prestación de los servicios, y/o evaluación de las funciones asignadas, perfiles y las cargas de trabajo de los empleos.
En el presente asunto obra (…) una entrega parcial del estudio técnico elaborado por el señor JORGE PORTOCARRERO, que señala como necesidad de la reforma lo siguiente:
20 Folios 51 a del cuaderno digital 1. 21 La parte actora allegó la constancia de notificación por edicto fijado por el término de 3
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